Diego-Fernández, Rafael; Bernal, Graciela y Alcauter, José Luis (coords.) (2019). Subdelegaciones novohispanas. La jurisdicción como territorio y competencia. Zamora: El Colegio de Michoacán / Universidad de Guanajuato / Universidad Autónoma de Zacatecas, 333 pp.

Antes de abordar esta obra quiero destacar algunas características del grupo de trabajo que la concibió y llevó a buen puerto: la “Red de Estudios del Régimen de Subdelegaciones en la América Borbónica” (RERSAB), formalizada en México en 2011. Además de la convergencia en sus intereses de investigación, los cohesionó su intención de cuestionar un excesivo peso que la historiografía ha dado al tema de las Cortes de Cádiz, a los movimientos independentistas y al papel que la legislación gaditana jugó en devenir de varios Estados nacionales hispanoamericanos.

Desde el momento de su fundación, la RERSAB ha organizado eventos académicos como congresos, talleres y seminarios, además de realizar proyectos de investigación que han dado como resultado interesantes discusiones, muchas de ellas materializadas en libros colectivos. En relación a esto último, Rafael Diego-Fernández Sotelo, María Pilar Gutiérrez Lorenzo y Luis Arrioja Díaz Viruell coordinaron: De reinos y subdelegaciones. Nuevos escenarios para un nuevo orden en la América borbónica, publicado en 2014.

“Una de las ventajas que ofrece el acercamiento a las subdelegaciones, explican los miembros de la RERSAB, radica en que se trata de pequeños escenarios de una enorme complejidad y riqueza desde todos los puntos de vista que se les contemple … Al poner la mirada histórica en estas jurisdicciones … es posible descubrir, conocer y comprender fenómenos sociales, procesos políticos, realidades económicas y culturales, y singularidades históricas que de otra manera pasarían totalmente desapercibidas.”¹

Entrando de lleno al libro Subdelegaciones novohispanas, Rafael Diego-Fernández hace en la “Presentación” una precisión que marca la pauta y señala los ejes torales de toda la obra: cuando se piensa en “Antiguo Régimen”, el concepto de jurisdicción es entendido en un sentido doble: 1) como potestad misma de juzgar y 2) como territorio o escenario sobre el cual estaban autorizados a actuar. Dicho lo anterior, el autor enfatiza que los trabajos del libro buscan diferenciar y analizar “lo correspondiente a la competencia y a la demarcación dentro de la cual se ejercía ésta … a la cantidad de jurisdicciones que en un momento dado llegaron a coincidir”, así como a los problemas de gobernabilidad que se generaban (p. 12).

Y así es. A lo largo de sus diez capítulos se abordan las dinámicas mediante las cuales operaron y se reconfiguraron los poderes políticos, sistemas económicos, sociales y culturales en el último tercio del siglo XVIII. Diversos espacios regionales cobran un lugar nada marginal en estos procesos. Desde esta óptica, concentrarse en particularidades regionales nos brinda pautas para comprender los derroteros de actores, procesos y escenarios; terna indisociable en este complejizado relato histórico.

Al central el foco de su atención en la coyuntura que representó el cambio en el orden jurídico, nuestros autores profundizan en una comprensión local y regional de la recepción, asimilación e implementación de los cambios en sistema político en el mundo hispánico. De este modo, el estudio insiste en construir una estrecha relación entre las regiones y sus diversas expresiones económicas, políticas, militares, financieras, sociales y culturales.

Una virtud de los trabajos radica su interés por acercarse a los espacios de estudio desde el punto de vista de su trayectoria en el tiempo. Es decir, en el análisis de las transfomaciones, rupturas y permanencias permea una perspectiva de larga duración. En este sentido, debilitan seculares y esquemáticas periodizaciones de una historiografía a la que cuestionan constantemente.

En los abordajes –algunos textos con mayor, otros con menos énfasis– se incorporan dinámicas de índole económica y social como elementos imprescindibles de las relaciones que establecieron las autoridades novohispanas. Esta ruta es sin duda un camino correcto para la exploración de espacios políticos complejizados y por ende, mejor explicados. En efecto, alienta encontrar obras que apunten a la visualización de una gran cantidad de actores políticos (individuales y colectivos), a su compleja estructura relacional y a sus diferentes niveles de interacción.

Los autores de los diez capítulos se propusieron revisar contenidos de algunos relatos históricos y sus primeras preguntas suelen apuntar a desmontar muchos de los presupuestos heredados. En “Gobierno intermedio y cohesión territorial con la Real Ordenanza de Intendentes”, José Luis Alcauter nos ofrece a manera de amplio escenario, un análisis de larga duración a partir del análisis de la legislación hispana del sigo XIII, la organización gubernamental y el papel que llegaron a jugar las autoridades intermedias. El texto de Alcauter da paso a nueve estudios de caso que recorren diversas latitudes novohispanas.

Se abordan geografías tan amplias, diversas y complejas entre las que encontramos que la definición de fronteras de las nuevas jurisdicciones fueron problemáticas recurrentes no sólo para establecer los límites territoriales, sino para la administración política, las actividades económicas y la logística de defensa. En relación a esto último encontramos el papel estratégico que tuvo Veracruz, capítulo en el que Luis García se concentra en el proceso de militarización que experimentó la costa atlántica del virreinato.

A través de una institución fundamental como lo fue la Diputación de Minería, Concepción Gavira y Carmen Alonso abordan los conflictos ocurridos entre las intendencias de Valladolid y de Guadalajara. Otra disputa entre dos intendencias es abordada por Marcelino Cuesta y Martín Escobedo al adentrarse en el sinuoso proceso en el que desde Zacatecas se buscó que la subdelegación de Juchipila, perteneciente a Guadalajara, formara parte de aquella intendencia. Víctor Gayol recurre a un padrón levantado en Tlaxcala en 1791, y a partir de su análisis abordar de una manera novedosa el enfrentamiento jurisdiccional entre el gobernador de dicho espacio y el intendente de Puebla. Habrá que destacar el estatus de Tlaxcala, pues la legislación no la consideró como intendencia.

Las dinámicas y conflictos no solamente se presentaron entre intendencias distintas. Graciela Bernal nos muestra los avatares que hubo en la intendencia de Guanajuato para el establecimiento de las subdelegaciones. A partir de tal problemática, se aproxima a ciertas formas en que las autoridades discutían en torno a la aplicación de la “Real Ordenanza de Intendentes”. Una problemática semejante es analizada por Laura Machuca, quien para el caso de la intendencia de Yucatán incorpora a una institución central: el cabildo. De este modo, nos muestra la oposición que tuvo el cabildo de Campeche ante la creación de subdelegaciones y el nombramiento de nuevas autoridades. En esta misma línea, Ana María Parrilla se adentra en la intendencia de Ciudad Real, un escenario predominantemente indígena, para preguntarse por el proceso de reconfiguración territorial.

La noción de jurisdicción es analizada de un modo sugerente por Rafael Diego-Fernández y Pilar Gutiérrez. A partir del tenientazgo de Teuchitlán, un pequeño poblado de la intendencia de Guadalajara y de un hecho aparentemente irrelevante como lo es el robo de una vaca, los autores muestran el ámbito de las competencias en relación a la impartición de justicia. Este último tópico también es el interés de José Antonio Gutiérrez para el estudio de un espacio de frontera, como lo fue Colotlán.

Es indudable que la geografía es un elemento esencial que ayuda a comprender las particularidades de lo político, de lo económico y de lo social. La geografía no es un mero escenario que permanece estático a lo largo del tiempo. La geografía vive con la gente. En este sentido, un gran acierto e invaluable aporte de la obra es la elaboración e incorporación de mapas en prácticamente todos los capítulos del libro, cuya autoría es de uno de sus coordinadores: José Luis Alcauter Guzmán.

En conjunto, los trabajos muestran desde diferentes ópticas, y posicionados en distintas localidades, dinámicas y mecánicas generadas durante el establecimiento del régimen de intendencias y el consiguiente nombramiento de autoridades. Todos los autores ubican los principales vacíos historiográficos de sus respectivos objetos de estudio, y quedan planteados diversos interrogantes para futuros trabajos.

Como he tratado de mostrar, en lugar de considerar a las intendencias como una vasta estructura imperial sobre la que deben hacerse reflexiones generales, resulta evidente la gran variedad de implicaciones que tuvo su implantación en diversos contextos. La existencia de tales particularidades regionales, así como las normas institucionales y los marcos legales, brindan pautas para comprender y comenzar a explicar los derroteros de un régimen tan heterogéneo como complejo.

Se evidencia también que son insuficientes las explicaciones centradas en las acciones de las élites. En su lugar, aciertan en concentrarse en las relaciones sociales, en las condiciones y fluctuaciones del mercado y en los movimientos demográficos. Un rasgo de vital importancia es el papel que se le da a la negociación. Trascender explicaciones simplistas en las que solamente se presentan confrontaciones, permite adentrarse en espacios pletóricos de capacidad de agencia, acción y cultura política.

Entiendo que se trata de investigaciones incipientes, así que me aventuro a suponer que dentro de la RERSAB se interesarán en generar más rutinas de comparación horizontal entre las diferentes intendencias e incluso entre subdelegaciones de una misma intendencia, pues algunos de los trabajos carecen de ello.

También es notorio en los estudios un manifiesto interés por transitar desde los enfoques “macro” hasta la óptica de lo “local”. Es decir, el análisis de las provincias, alcaldías mayores, intendencias, subdelegaciones, cabildos, comunidades indígenas y los pueblos. En efecto, el interés por entender a la jurisdicción como territorio y como competencia los lleva a reducir la escala de análisis a los espacios locales. Así, dan muestra de una gran diversidad en su naturaleza y configuración. Por ejemplo, dependen de la conformación territorial de las comunidades políticas, de las tradiciones jurídicas y sociales heredadas, y de muchas variables más. Siendo así ¿cómo reconstruir a través de “lentes locales” diferentes conexiones, relaciones, consensos y disensos entre instituciones, marcos normativos, lealtades, culturas políticas, intereses económicos, estrategias militares, conservación de status quo, entre otras de las dinámicas abordadas en los diferentes estudios de caso?

Desde mi punto de vista, la disminución de escala permite observar las prácticas políticas de actores en concreto y cuestionar, revalorar o matizar presupuestos asumidos en enfoques institucionales. En este orden de ideas, Israel Arroyo ha observado que “más que un asunto de escalafones, el tema de las prácticas políticas debe comprenderse en su dinámica transversal. La disminución de la escala no implica quedarse en la escala misma, sino pensarla como un vehículo que permite revelar las interacciones con los otros espacios de lo político.”² Esto me incita a lanzar las siguientes preguntas: ¿Qué papel tendrá en futuras investigaciones vincular conceptual y metodológicamente el estudio de todas estas prácticas políticas con la “escala de análisis” a lo local?, ¿Hasta dónde disminuir la escala? ¿Cómo evitar el riesgo de detenerse en el “localismo” por el “localismo” mismo?

La discusión acerca de las bondades y los peligros en la reducción de escala trasciende los alcances de esta reseña. Empero, coincido en la conveniencia de trabajar en esa línea siempre y cuando se tenga presente que reducir la escala de observación a los espacios locales no debe implicar dividir el campo entre quienes hacen, por ejemplo, “historia social” e “historia política”. El abordaje de la implementación del sistema de intendencias y subdelegaciones deberá incluir necesariamente a diversos segmentos sociales, a sus intereses, formas de negociación, conexiones y a la incidencia que tienen sobre ellos los marcos institucionales vigentes.

Por último, considero que vendría muy bien a los trabajos concentrados en estas temáticas, que los miembros de la RERSAB retomen una línea que trazaron en su primer libro colectivo; a saber, inscribir los planteamientos, discusiones y resultados en horizontes más amplios; debatir preguntas comunes con autores que aborden otros espacios hispanoamericanos.

En fin, por su renovada propuesta esta obra habrá de sumarse al elenco de referentes historiográficos que aporten conocimiento y mejor comprensión de nuestras trayectorias como naciones de herencia hispanoamericana.