La obra de Bartolomé Yun-Casalilla se propone el desafiante objetivo de comprender las relaciones entre la globalización y los imperios antes del siglo XIX. Un ciclópeo propósito que la obra afronta con solidez y claridad a lo largo de sus ocho capítulos, agrupados en tres partes que organizan al libro y le confieren una amena legibilidad. En ellos, el autor coloca a los imperios ibéricos en el centro -y ya no en la periferia- de la temprana globalización, discutiendo algunos de los principales estereotipos arraigados en la caracterización sobre la sociedad y la economía ibéricas durante la modernidad temprana, mediante un minucioso análisis que conecta distintos niveles de la realidad social, económica, política y cultural.

La obra ofrece una caracterización pormenorizada sobre los procesos económicos, políticos y sociales que colocaron a los imperios ibéricos al frente de una primera globalización europea durante la temprana modernidad. Para ello, el libro recorre un arco cronológico de largo plazo que comienza en 1415 y finaliza en 1668: desde la conquista de Ceuta, que expresaba a un mismo tiempo el inicio de la expansión ibérica más allá de sus costas y los primeros síntomas de recuperación de la crisis del siglo XIV, hasta la definitiva separación de las coronas de Castilla y Portugal con el Tratado de Lisboa, que ponía fin a la guerra de secesión portuguesa iniciada en 1640 y marcaba el fin de la unidad política sostenida desde 1580. Un recorrido de imponentes magnitudes que el autor vuelve transitable gracias a una minuciosa explicación, en la que logra conjugar la escala global con la local, desafiando modelos interpretativos establecidos y proponiendo claves de explicación alternativas.

El libro de Yun-Casalilla sugiere tres bloques históricos para comprender el proceso que hizo de las sociedades ibéricas los motores de la expansión europea y de una primera globalización, apuntalada en la creciente interconexión de intercambios mercantiles que serían decisivos para la construcción de espacios económicos a través de los cuales movilizar la transferencia de recursos entre Europa y sus dominios ultramarinos (^{Yun-Casalilla, 2019: 145}). Un primer período, que comienza con la salida de la crisis del siglo XIV y concluye con la inflexión de 1521, permite comprender que las sociedades medievales se encontraban sujetas a una dinámica de tensiones internas entre sus élites que impulsó la necesidad de obtener mayores recursos por la vía expansiva, y cuya inestabilidad política pudo resolverse mediante coaliciones dominantes que consolidaron un sistema político distintivamente ibérico: monarquías que, aún incapacitadas para imponer una forma irrestricta de absolutismo, lograron emplear la guerra y el crecimiento económico para negociar con las élites una estabilidad política durable (^{Yun-Casalilla, 2019: 28, 35}). Castilla y Portugal lograban así atenuar las tensiones internas y expandirse para establecer sus respectivos imperios, sobre una estabilidad endeble cuyos límites habrían de expresare en las rebeliones de las Germanías y de las Comunidades hacia 1519-1521. Se abría así un segundo período, en el cual el desarrollo de una monarquía compuesta global lograría incidir sobre las tensiones sociales estructurales inherentes a las élites peninsulares (^{Yun-Casalilla, 2019: 155}). El crecimiento experimentado durante el siglo XVI demostraba que Castilla y sus recursos americanos se convertían en la columna vertebral del imperio de la dinastía Habsburgo y en el sostén de los recursos para la guerra (^{Yun-Casalilla, 2019: 162-163}). Y aún con sus efectos inflacionarios corrosivos, la plata americana y la reconfiguración de la administración financiera del erario darían lugar a una nueva estabilidad institucional (^{Yun-Casalilla, 2019: 187}). El inicio del gobierno de Felipe III hacia 1598 abriría entonces un tercer período, durante el cual las diferentes unidades políticas que constituían la monarquía compuesta de los Habsburgo afrontarían los desafíos que la globalización imponía al mantenimiento de su unidad (^{Yun-Casalilla, 2019: 270}). El siglo XVII testimoniaría entre tanto la agudización del ciclo malthusiano en Europa (que condujo a desacelerar los impulsos de crecimiento agrario y urbano experimentados durante el siglo XVI), ante el cual Castilla se encontró en desventaja frente a otras potencias europeas como Inglaterra, Francia, las Provincias Unidas o Italia, que tuvieron la capacidad de aprovechar más eficientemente su inserción en el esquema global; en ese contexto, Castilla no lograría direccionar hacia sus arcas el crecimiento económico que América experimentó hasta mediados del siglo XVII (^{Yun-Casalilla, 2019: 311, 367}).

A través de estos tres períodos, el libro explica que la creación de los imperios ibéricos, y el proceso de globalización que protagonizaron, constituyeron un medio para afrontar la consolidación de las élites y articular una negociación cambiante con éstas, incidiendo en mutaciones institucionales y en los patrones de desempeño económico (^{Yun-Casalilla, 2019: 152}). Una negociación que desde 1600 se demostró incapaz para fomentar el crecimiento económico en la Península, toda vez que fortaleció la capacidad de las élites para absorber recursos antes que para retroalimentar con ellos la innovación y el crecimiento de la economía doméstica (^{Yun-Casalilla, 2019: 444-445}). Desde la segunda mitad del siglo XVII los sistemas ibéricos consistieron en élites enriquecidas, gobiernos débiles y economías que encontraban dificultades para expandirse, mientras que otras potencias como Inglaterra comenzaron a desarrollar instituciones formales más eficientes en la protección de sus mercados (^{Yun-Casalilla, 2019: 448}). Con ello, los imperios ibéricos no lograron conservar durante el siglo XVII la primacía que tuvieron durante el XVI en el sistema global cuya creación dinamizaron.

En cuanto al abordaje de los diseños institucionales que caracterizaron a los imperios ibéricos y a las formaciones políticas del período, Yun-Casalilla advierte la importancia central de instituciones implícitas o no siempre formalizadas jurídicamente (a las que propone denominar informales), sostenidas sobre reglas personales y apoyadas en la familia, las relaciones de afinidad, el patronazgo, la amistad, la reciprocidad o el prestigio. En ellas se apoyaba la organización política y la economía política, así como los principales mecanismos que regulaban la asignación de recursos. Esto ratifica la dificultad de distinguir ente instituciones formales e informales, en acuerdo con lo sugerido por Regina Grafe, en lo que puede identificarse como correlato de la porosa demarcación entre lo público y lo privado en sociedades de Antiguo Régimen (^{Yun-Casalilla, 2019: XXV}). Este es, por lo tanto, un elemento central para comprender los modos en los cuales los marcos institucionales afectaron la asignación de recursos e incidieron en el crecimiento económico o en la recesión. De esta manera, y a diferencia de los postulados del nuevo institucionalismo económico, la expansión económica que tuvo lugar en los reinos ibéricos durante el siglo XVI prescindió de la definición de unos derechos de propiedad exclusivos: la propiedad comunal, combinada con la regulación de los concejos o en un contexto de abundante tierra, podía tener un efecto positivo para la expansión agraria (^{Yun-Casalilla, 2019: 141-142}). Entre tanto, la movilización de recursos entre escenarios distantes estaba en manos de redes interpersonales de banqueros y comerciantes, desplegadas en el seno del complejo político de la monarquía compuesta y constituidas primordialmente por familias germanas y luego genovesas, que garantizaban la disponibilidad de recursos en los teatros de guerra a cambio no sólo de beneficios económicos sino de capital social y político (^{Yun-Casalilla, 2019: 166}).

El autor explica con detenimiento la lógica con la que operaban estas instituciones desplegadas por la familia, las relaciones parentales, clientelares o de patronazgo: una economía de la legitimación que habilitaba la canalización del patrimonio de maneras habitualmente identificadas como antieconómicas, irracionales o, aún, como una “traición de la burguesía” (tal como la definiese Braudel) (^{Yun-Casalilla, 2019: 213}). Yun-Casalilla explica con claridad la racionalidad que subyace a estos comportamientos, sólo comprensibles mediante su inserción en una cultura en la cual la obtención de capital político constituía un medio necesario para la promoción social, lo cual implicaba el empleo del capital económico en la construcción de redes de recursos relacionales.¹ Sólo teniendo en consideración esa dimensión no explicitada del contexto institucional “formal” es posible calibrar el rol de la ley oficial y de las instituciones jurídicamente formalizadas (^{Yun-Casalilla, 2019: 214-215}). La racionalidad económica de los actores y el accionar de aquellas instituciones “informales” se encontraban orientadas, así, por la necesaria reconversión del capital entre sus distintas formas, en una interpretación que aproxima al autor a la matriz explicativa de Pierre Bourdieu.

Esta medular importancia de instituciones y organizaciones que el autor denomina “informales” condujo, por lo tanto, a una administración militar caracterizada por la descentralización, que redundaría en el largo plazo en un pobre desempeño defensivo y en fraudes articulados por las autoridades locales (^{Yun-Casalilla, 2019: 197-198}). La resolución de los conflictos internos no derivó, de este modo, en la creación de un estado fiscal-militar centralizado, lo cual representa otro desafío del libro a las claves de interpretación historiográfica establecidas (^{Yun-Casalilla, 2019: 155}).²

La descentralización de los recursos para la guerra retroalimentaría así el poder de las élites desde 1580, un elemento sólo comprensible en la medida en que se advierta la importancia de las instituciones implícitas o “informales” como puntales del desempeño económico (^{Yun-Casalilla, 2019: 209, 212}).³ Descentralización y negociación devuelven, así, una imagen distante del absolutismo ibérico de control irrestricto descripto por Acemoglu, Johnson y Robinson, demostrando que el absolutismo como práctica política no era incompatible con la multiplicación y fortalecimiento de poderes corporativos descentralizados (^{Yun-Casalilla, 2019: 263, 264}).

De esta manera, durante el siglo XVI el monarca había ganado capacidad para regular las relaciones sociales y hacer cumplir los compromisos mediante sus reglas (autopostulándose como árbitro para legitimar la defensa de sus propios intereses en el juego) (^{Yun-Casalilla, 2019: 237}). Sin embargo, la pervivencia de un espacio jurídica y económicamente heterogéneo dio lugar a una pluralidad de pactos entre la corona y cada uno de sus reinos, afectando los costos de transacción en operaciones realizadas a través de sus fronteras políticas (^{Yun-Casalilla, 2019: 243}). Recaía así en instituciones informales, tales como las familias y las redes de relaciones de afinidad, la articulación de mecanismos para reducir aquellos costos de transacción, aún allí cuando las instituciones formales atentasen contra ello (^{Yun-Casalilla, 2019: 255}). Hacia 1600, las redes interpersonales y las distintas instituciones informales adquirieron un mayor margen de maniobra que el que detentaron hasta entonces respecto del poder del monarca y la expansión de esas redes globales en los territorios más distantes de la monarquía sirvió como canal para la transferencia de productos y la difusión de pautas culturales, y desde el primer cuarto del siglo XVII la relación entre el rey y las oligarquías urbanas comenzaría a atomizarse, desintegrando el carácter corporativo en concordancia con el sistema descentralizado (^{Yun-Casalilla, 2019: 286, 289, 395}). Ya hacia 1668 la península ibérica se encontraba, entonces, gobernada por un sistema en el cual las negociaciones entre la corona y las élites dejaban de canalizarse a través de corporaciones como las Cortes, acentuando una creciente tensión entre el rey y una miríada de actores sociales, (que perseguían a su vez intereses contradictorios), socavando el horizonte de crecimiento económico (^{Yun-Casalilla, 2019: 433}).

América ocupa un rol medular en el esquema explicativo, integrándose en clave colonial al proceso de construcción del sistema imperial ibérico de largo plazo. En efecto, las remisiones del tesoro americano garantizaban los asientos concertados entre la corona y sus acreedores, brindándole al rey acceso a financiamiento con el respaldo de recursos cuyo gasto quedaba fuera del alcance de las Cortes (quienes, entre tanto, lograrían dar a las ciudades y corporaciones el control sobre otros recursos fiscales, como las alcabalas que garantizaban el servicio de deuda implicada en juros de largo plazo, que usualmente consolidaban deudas originalmente de corto plazo, contraídas mediante asientos). De este modo, el tesoro americano estaba en la base de lo que Yun-Casalilla identifica como una primitiva revolución financiera (que anticipaba aquella que terminaría de delinearse durante la segunda mitad del siglo XVII en Holanda para consolidarse en Inglaterra después de 1688), que permitió al rey contar con financiación a bajas tasas de interés (en efecto, los juros representaron el instrumento de deuda pública más barato de Europa durante el período) (^{Yun-Casalilla, 2019: 167, 169}). Y cuando la deuda de Castilla comenzó a crecer más rápidamente que sus ingresos, la confiscación de las remesas particulares de riqueza americana se sumaban a préstamos forzosos, como acciones coactivas que la Corona empleaba no sólo para afrontar la bancarrota sino como puntapié para el inicio de un proceso de negociación con sus grandes acreedores (lo cual terminaría debilitando al sistema fiscal castellano desde el siglo XVI, dada la enajenación del patrimonio real y de su jurisdicción) (^{Yun-Casalilla, 2019: 173}). El control del gasto quedaba así progresivamente en manos de una red de acreedores que tocaba Génova y América que operaba en ausencia de un sistema bancario, consolidando la descentralización de la administración de los recursos para la guerra en manos privadas de asentistas y acreedores que intervenían en función de sus propios intereses privados y desde las periferias de la monarquía compuesta (^{Yun-Casalilla, 2019: 193-194}).

Esa descentralización tomaba forma asimismo en América: la importancia de los situados, destinados a transferir recursos entre distritos fiscales americanos, permitía a la corona descargar el costo de la defensa de sus territorios en la riqueza que éstos producían (^{Yun-Casalilla, 2019: 411}). Y ello era posible en la medida en que dichos situados también representaban una fuente de beneficios económicos para los agentes locales involucrados en su movilización. La confluencia de intereses representada en esa negociación financiera condujo a una “renovación del pacto colonial con América” hacia el siglo XVII: los grandes comerciantes de ciudades neurálgicas, como Lima y México, terminarían de consolidar su autonomía mediante la obtención de privilegios que retroalimentaban su capital político, como contraprestación por la concesión de donativos y otros mecanismos de provisión de recursos a la corona (^{Yun-Casalilla, 2019: 409}).⁴

Todo ello era posible, desde luego, gracias a una economía americana cuyo crecimiento se aceleró entre 1580 y 1630 gracias al ciclo minero y al desarrollo de economías de plantación orientadas a la exportación, lo cual dinamizó el comercio con la Península y, de igual modo, el contrabando (^{Yun-Casalilla, 2019: 362}). La caída de remisiones de plata americana hacia Castilla a cuenta del rey entre 1600 y 1640 expresa, por lo tanto, la capacidad de retención de esas élites locales americanas, que a partir de las dificultades que la Hacienda del rey experimentaba para cubrir las necesidades generadas por la reanudación de la guerra en 1621 contaban entonces con una favorable correlación de fuerzas para negociar con el poder central la obtención de privilegios y retroalimentaron su autonomía (^{Yun-Casalilla, 2019: 367, 375}). Por lo tanto (y en este punto el libro reabre el debate con los arquetípicos argumentos neoinstitucionalistas), el crecimiento que experimenta América hasta mediados de siglo XVII no deriva de instituciones formales que representaban un obstáculo, sino del desarrollo de un sector informal de la economía que producía creciente riqueza. Entre tanto, aquel crecimiento de la economía americana sólo era posible en última instancia a expensas de una creciente desigualdad y explotación de las mayorías (^{Yun-Casalilla, 2019: 414, 418}). Tal como lo señala el autor, en América la sociedad ibérica demostró una capacidad sin precedentes para destruir ecosistemas, proceso ante el cual las instituciones ibéricas se demostraron ineficientes para reponer los recursos destruidos (^{Yun-Casalilla, 2019: 149}).

La monumental obra de Yun-Casalilla recorre, de esta manera, el complejo y extendido proceso de globalización europea que durante la modernidad temprana protagonizaron los imperios ibéricos, atendiendo no sólo a la estructuración institucional de sus economías sino a la naturaleza culturalmente singular de esas instituciones, cuya justa ponderación requiere atender a sistemas de reglas y organizaciones reticulares no siempre formalizadas con arreglo a los dispositivos visibles del andamiaje político. Da cuenta de la importancia del capital político como factor que orientaba la racionalidad operativa de esas instituciones implícitas, así como de la capacidad que los actores de estas redes tuvieron para controlar de manera descentralizada la administración de recursos financieros de la corona, tanto en Europa como en América. Ello redundaba en un sistema que habría distado de condecirse con las tradicionales caracterizaciones absolutistas o con los modelos de estados fiscales-militares centralizados. Un sistema que durante ese largo plazo experimentó modulaciones en la construcción de consensos entre la corona y las élites locales, que el autor identifica como una de las claves explicativas del desempeño económico.

El cuidadoso desarrollo de cada una de sus hipótesis y una clara formulación de los interrogantes, establecidos en base a prolijos estados del arte, permiten advertir a sus lectores y lectoras la existencia de las discusiones historiográficas que pueblan cada uno de los capítulos del libro (volviendo a la obra no sólo una herramienta seminal para su campo de investigación sino, asimismo, un insumo bibliográfico para la enseñanza académica de los procesos históricos allí abordados y los debates historiográficos que los atraviesan). Y permite volver a pensar críticamente, desde la solidez de los datos empíricos y la erudita reposición de las variables socioculturales, los presupuestos y asunciones que permean la aproximación a este proceso clave para la comprensión de la economía global moderna.