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Trabajo y sociedad

versión On-line ISSN 1514-6871

Trab. soc.  no.15 Santiago del Estero dic. 2010

 

MUNDOS DEL TRABAJO: TEORIAS Y EXPERIENCIAS

La lucha contra la privatización de YPF en Tartagal y Mosconi.  
1988-1991*

The struggle against the privatization of YPF in Tartagal and Mosconi. 
1988-1991 

José Daniel Benclowicz**

* Este trabajo es una versión acotada de parte de mi tesis doctoral, titulada "Genealogía del movimiento piquetero de Tartagal-Mosconi". Contó con la contribución del Programa Regional de Becas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que resultó fundamental para llevarlo adelante. Deseo agradecer a los trabajadores y pobladores de Tartagal y Mosconi que aportaron información básica para el desarrollo de este trabajo, y a Pablo Pozzi, mi director de tesis, por sus valiosos comentarios y sugerencias.
** Doctor en Historia. UBA/CONICET. Correo electrónico: jd.benclowicz@gmail.com

RESUMEN

Este artículo analiza las luchas que se desarrollaron en Tartagal y Mosconi (provincia de Salta) entre 1988 y 1991, contra la privatización de YPF. Esas luchas fueron muy importantes, y concluyeron en septiembre de 1991 con una pueblada que figura entre las primeras del país contra las políticas neoliberales. El estudio de esas protestas indica la existencia de una tradición combativa entre los trabajadores petroleros, en la que la izquierda ocupó un papel destacado, y que el apoyo de la dirección sindical oficialista a la privatización de YPF en la zona se dio a pesar de que existía una importante oposición dentro y fuera del sindicato.

Palabras Clave: Tartagal y Mosconi; Privatización de YPF; Luchas de los trabajadores

ABSTRACT

This paper analyzes the struggles against the privatization of YPF in Tartagal and Mosconi (Salta province), between 1988 and 1991. Those struggles were very important, and concluded in September 1991 with a popular rising, one of the first in the country against the neoliberal policies. The study of those protests indicates the existence of a combative tradition between the oil workers, where the left sectors played an important role. Besides, it indicates that the support towards the privatization of YPF of the pro-government union direction in the region occurred despite an important opposition inside and outside the union.

Keywords: Tartagal y Mosconi; Privatization of YPF; Workers´ struggles

SUMARIO

Introducción. Primeros intentos de privatización y organización de los trabajadores. El pacto entre el sindicato y el gobierno peronistas. La lucha contra la privatización bajo la égida menemista. El primer gran corte de ruta-pueblada de Tartagal-Mosconi. Últimos destellos de la lucha contra la privatización. Reflexiones finales.

Introducción

Las localidades de Tartagal y General Mosconi se convirtieron en el centro de la atención pública en 1997, cuando se produjo la conocida pueblada del mes de mayo, y comenzó a organizarse el movimiento de trabajadores desocupados. En los años subsiguientes se produjeron nuevas e importantes protestas, la zona adquirió creciente visibilidad y se desarrollaron distintos estudios académicos sobre esas luchas y sobre el impacto de las políticas neoliberales en la zona, que fue particularmente afectada por la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).1 Sin embargo, no se ha investigado el período previo, en el que se pueden encontrar antecedentes significativos. Con la intención de aportar en ese sentido, este artículo analiza las luchas contra la privatización de YPF que se desarrollaron en Tartagal y Mosconi entre 1988 y 1991.

Entre las políticas neoliberales implementadas por el gobierno de Carlos Saúl Menem, la privatización de las empresas del Estado figura entre las más importantes, no sólo por el tamaño de la transferencia de activos y riqueza que implicó, sino porque no había sido impulsada seriamente por ninguno de los gobiernos que lo precedieron. Durante la década de 1990 esa política se desplegó ampliamente, transfiriendo al sector privado ramas que, como en el caso de los hidrocarburos, fueron excluidas de la agenda de privatizaciones de otros países que impulsaban medidas del mismo corte. Como han mostrado distintos autores, buena parte de la dirigencia sindical, vinculada al partido de gobierno, apoyó esas medidas, a cambio de distintas concesiones. El caso del Sindicato Unido de Petroleros del Estado (SUPE), que representaba a los trabajadores de YPF, no fue la excepción,2 y eso influyó fuertemente en el curso de la lucha contra la privatización en Tartagal y Mosconi, donde el sindicalismo peronista tradicional siempre fue dominante.

Pero a diferencia de lo que se ha planteado hasta el momento, la lucha contra la privatización de la petrolera estatal fue muy importante, y el apoyo de la dirección sindical oficialista a esa política privatista, al menos en Tartagal y Mosconi, se dio a pesar de que existía una importante oposición dentro y fuera del sindicato que amenazaba seriamente con desplazar a la dirección gremial,3 y al propio Partido Justicialista (PJ) de la gobernación -de hecho, ambas cosas terminaron por suceder-. La orientación que tuvieron esas acciones sólo se puede discernir mediante un análisis específico que tenga en cuenta las tradiciones históricas y la dinámica local de los acontecimientos. En esa línea, este trabajo comienza repasando la situación del sindicato petrolero de la zona durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, período en el que se produjeron las primeras luchas importantes contra las políticas de privatización petrolera. Luego se evalúan los cambios introducidos a partir del ascenso de Carlos Menem a la presidencia y el curso que siguieron las luchas a partir de ese momento hasta su derrota a fines de 1991, después del levantamiento del primer gran corte de ruta-pueblada de Tartagal y Mosconi, prácticamente desconocido hasta el momento. En ese recorrido, salen a la luz actores, organizaciones y tendencias que no fueron tenidos en cuenta pero que guardan relación directa con las protestas populares que estallaron a partir de 1997 en adelante y contribuyen a comprenderlas.4

Primeros intentos de privatización y organización de los trabajadores

El estudio de la historia de Tartagal y Mosconi que encaré durante los últimos años reveló la existencia de importantes luchas en las que distintos sectores de izquierda jugaron un importante papel.5 Esas luchas fueron gestando una tradición combativa que se mantuvo a la sombra de una tendencia conocida y predominante, regida por las pautas burocráticas del sindicalismo peronista tradicional y la lógica del clientelismo político. Con el regreso de la democracia, la tradición combativa se expresó entre los trabajadores de YPF a través del triunfo en 1984 en las elecciones del SUPE-Vespucio -la seccional local del gremio de trabajadores petroleros-, de la lista blanca, antiburocrática y opuesta al sindicalismo peronista tradicional que dirigía el gremio a nivel nacional. En ella participaban mayormente justicialistas disidentes, aunque también había comunistas, socialistas, radicales e independientes. Orientada por las posiciones de los sectores de izquierda, la lista blanca rechazó la concertación que negociaban por ese entonces el gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT),6 y planteó tempranamente una posición combativa ante el deterioro del salario debido al proceso inflacionario, y frente a los rumores que ya empezaban a circular en torno a la desregulación petrolera y la privatización de YPF.

Cuando en 1985 Raúl Alfonsín instrumentó el Plan Houston,7 que ofertó al capital privado 165 áreas para la exploración y la explotación, el peronismo a nivel nacional manifestó su oposición. Tres años más tarde, ante el fracaso de esa política,8 el gobierno radical impulsó, a través de su Ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, el Petroplan, que planteaba la creación de "Uniones Transitorias de Empresas" para la explotación en las áreas marginales, la creación de joint ventures de YPF con el capital privado en las áreas centrales, y la desregulación del mercado petrolero. Esas fueron las medidas que implementó poco después el gobierno justicialista, cuando inició el proceso de privatización de YPF. Sin embargo, hacia 1988 la oposición del peronismo y de algunos sectores del propio radicalismo, fue muy vigorosa, y el Petroplan no se llegó a implementar. Lo cierto es que la oposición del justicialismo a las políticas petroleras del gobierno de Alfonsín contribuyó a liberar las trabas para la acción de los sectores antiburocráticos de SUPE-Vespucio, que desplegaron una intensa actividad.

Según surge de las entrevistas realizadas y de las fuentes escritas relevadas, una de las acciones de lucha más radicalizadas de ese período fue la toma del aeropuerto de Mosconi en oportunidad del arribo de un avión que trasladaba a autoridades de YPF y del gobierno. En efecto, en junio de 1988 centenares de trabajadores petroleros ocuparon la pista de aterrizaje e impidieron el descenso de los funcionarios que venían a inspeccionar las instalaciones de las áreas comprometidas en el Petroplan.9 La acción es recordada con nitidez por distintos activistas involucrados:

"[...] tomamos el aeropuerto en un momento en que venían funcionarios de Buenos Aires, [...] no recuerdo bien quién venía pero era gente importante que estaba en la entrega de la empresa. Tomamos el aeropuerto, primero no íbamos a dejar bajar el avión que trae a los funcionarios pero después bajaron con la condición de que dialoguen con nosotros para decirle nuestras verdades. Un poco como que se... se tomó el avión, se los tomó a los tipos estaban rodeados y estaban muy asustados [...]".10

En esa oportunidad, los trabajadores de YPF-Vespucio se declararon en huelga de hecho, tomaron un aeropuerto y coordinaron el bloqueo de las demás pistas de aterrizaje del Yacimiento Norte, ubicadas en Martínez de Tineo, cerca de Mosconi, y en Palmar Largo, provincia de Formosa. La movilización de los trabajadores, que en caso analizado superó ampliamente los límites que habitualmente procura establecer la burocracia sindical, contribuyó al fracaso de las políticas alfonsinistas. Pero las acciones obreras se desarrollaron en el marco de la oposición de la dirección sindical nacional del SUPE a los plantes del gobierno, así, las diferencias políticas más profundas que persistían al interior de SUPE-Vespucio y que habían llevado al triunfo de la lista blanca en 1984 tendieron a desdibujarse. Incluso a en el nivel de los pronunciamientos, los discursos tendían a coincidir.11 Eso, sumado al peso del sindicato en el orden nacional, contribuye a explicar que en 1988, la lista blanca no triunfase nuevamente en los comicios sindicales. Aún así, varios de sus miembros fueron elegidos como delegados, y el reconocimiento del que gozaban entre sus compañeros permitió que el sindicato se viera forzado a aceptar la creación y financiación de una Comisión especial para el estudio, seguimiento y esclarecimiento de los planes de privatización de YPF, integrada por parte de esos activistas:

"En el ‘88 se conformaron un grupo de delegados que se convencieron casi todos salvo algunos viejos delegados peronistas que siempre eran complacientes, bueno, y trataban de torcer las decisiones que querían tomar la mayoría de los delegados. Pero ahí en ese momento sí se conformó una oposición seria, fuerte [...] Ellos no querían conformar el Cuerpo de Asesores así que, como te decía en un principio, nosotros obligamos a que autorizaran con recursos del sindicato para que se pudieran mover, vehículos, todo, toda la infraestructura del sindicato tenía que estar al servicio. Eso se logró porque se había conformado un cuerpo de delegados este... muy contrario a lo que era la dirección del sindicato. 12

En el orden nacional, la relación de fuerzas era menos dudosa: la asunción de Carlos Saúl Menem a la Presidencia de la Nación marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha contra la privatización de YPF.

El pacto entre el sindicato y el gobierno peronistas

Hacia mediados de 1989, Carlos Saúl Menem se hizo cargo del gobierno en el marco de una profunda crisis económica, política y social,13 y contaba con un fuerte respaldo del conjunto de la sociedad. Las condiciones de vida de los sectores populares se habían deteriorado como consecuencia de la inflación monetaria producida durante el gobierno de Alfonsín, y Menem era el representante del partido que había cosechado tradicionalmente el apoyo de la mayor parte de los trabajadores. En ese contexto, y bajo el auspicio del líder peronista, se instaló un clima de ideas tendiente a la hegemonía del neoliberalismo, presentándose las medidas inspiradas en esa corriente como la única alternativa de cambio social.14 Dentro de las políticas implementadas la privatización de YPF fue la que más impacto produjo en Tartagal y Mosconi.

Un conjunto de leyes y decretos ofrecieron el marco legal necesario para la implementación de esas contrarreformas. Las principales normativas fueron la Ley Nº 23.696/89 de Reforma del Estado, que impulsó la "Reforma del Estado", autorizó las privatizaciones y la concreción de sociedades mixtas en las áreas petroleras centrales, y la Ley Nº 23.697/89 de Emergencia Económica, que permitió la suspensión de los subsidios a las empresas estatales, ambas aprobadas el mismo año de la asunción del mandatario peronista.15 En 1990, el gobierno nombró a José Estenssoro, un conocido empresario petrolero, como interventor de YPF,16 y dictó el Decreto Nº 2.778/90 que transformaba a la petrolera estatal en una Sociedad Anónima.17

Con Diego Sebastián Ibáñez como Secretario General a nivel nacional, y Fernando Jurado como Secretario General en Vespucio, el SUPE procuró alinearse a la política del gobierno nacional. En 1990 el sindicato firmó el Convenio Colectivo Nº 30/90, que introdujo importantes cambios con relación al que regía la actividad desde 1975. En el viejo convenio, se garantizaba la estabilidad laboral y se establecía el derecho de intervención sindical ante acontecimientos que la pusiesen en peligro. En cambio, el de 1990 no incorporó esas garantías, y condicionaba los beneficios contemplados en su propio texto a la situación económica de la empresa.18 A partir de ese momento, se instrumentó una política de despidos y "retiros voluntarios" o "jubilaciones anticipadas" masivos.

Por otra parte, si bien la dirección sindical afirmaba oponerse a la privatización, defendía la necesidad de "reestructurar" la empresa y de convertirla en una Sociedad Anónima.19 Distintos autores han analizado los términos de la negociación establecida entre el gobierno y el sindicato, consistente en la reducción de la conflictividad laboral y el apoyo a la política del Poder Ejecutivo a cambio de una serie de concesiones. Sobre el primer punto, cabe mencionar que de un promedio de 4,6 huelgas anuales entre los años 1984 a 1988, realizadas contra la política petrolera de Alfonsín, se pasó a 1,4 entre 1990 y 1994.20 Entre las concesiones más importantes, se pueden mencionar el Programa de Propiedad Participada, que destinaba 10 por ciento del paquete accionario para los trabajadores; los subsidios para la compra del equipamiento de YPF y para capacitación del personal con miras a la formación de cooperativas que prestarían servicios a la empresa privatizada; la obtención de subsidios para la Obra Social sindical; y el monopolio garantizado de la representación sindical sobre YPF S.A. y las cooperativas que se formasen para prestarle servicios.21 De ese modo, los dirigentes sindicales iniciaban la transformación de representantes de los trabajadores a empresarios protegidos por el Estado, modelo de sindicalismo de negocios que fue impulsado por casi todos los gremios pertenecientes a la Confederación General del Trabajo (CGT) oficial.22

En ese contexto, los sectores que se oponían a la privatización reclamaron en numerosas oportunidades la convocatoria a una Asamblea General del gremio para discutir la situación. Ante la negativa de la dirección, a principios de enero de 1991 se organizó una movilización a la sede de SUPE-Vespucio para exigir una Asamblea extraordinaria,23 y se realizó un acto en Mosconi contra la privatización, con la participación del Partido Obrero e Izquierda Unida.24 La Comisión que había formado el cuerpo de delegados hacia 1988 y que estaba vinculada a la izquierda, debió soportar el asedio de la dirección sindical oficialista, que finalmente logró disolverla, al igual que al cuerpo de delegados.

"[...] el tiempo que ganó Menem, [...] se renovó también la comisión directiva del SUPE, ahí terminaron de entregar todo, porque no había nadie que se oponga. Ganaron ellos, disolvió el cuerpo de asesores, también esa nueva comisión ¿no?, disolvió el grupo ese de asesores que hacía la oposición a la entrega, y disolvió también el cuerpo de delegados, nos despedazaron".25

Antes de eso, sin embargo, el cuerpo de delegados convocó a una asamblea para el 18 de marzo de 1991, "[...] para discutir un plan de acción por el salario y para oponerse al plan de entrega del petróleo",26 a partir de la cual los activistas que se oponían a la privatización lograron reagruparse, constituyendo en abril de ese año, la Agrupación de Trabajadores Ypefianos contra la Privatización.27 La Agrupación permitió la confluencia de todos los sectores que se oponían activamente a la privatización de YPF,28 y procuró difundir entre todos las secciones de YPF Vespucio las intenciones privatistas del gobierno nacional, -que en un principio relativizaba el alcance del proyecto en curso-, y las previsibles consecuencias de ese proyecto.

La lucha contra la privatización bajo la égida menemista

Para intentar romper el aislamiento a la que se veía sometida, los miembros de la Agrupación de Ypefianos establecieron contactos e intercambiaban información con filiales opositoras, lo que agravó el acoso de la dirección sindical. En el siguiente pasaje, uno de los dirigentes de la Agrupación relata con detalle el desarrollo de una de las actividades que impulsaron y las dificultades que debieron vencer.

"[...] nosotros teníamos una compañera [...] en el hospital, [...] ellos conocían sí la acción social de YPF pero tenían muchísimos profesionales ya, muchos médicos, y el profesional ya se veía de otra... se creía y se pensaba de otra manera, muchos creían que eran dioses entonces costaba llegar a esa gente y más que tenían entre personal subalterno, digamos así el 80 por ciento celeste, así que era muy difícil, muy difícil. En una oportunidad nos jugamos con esta chica porque nosotros teníamos un contacto con algunas organizaciones sindicales, por ejemplo con el sur. En Santa Cruz fue al revés, allá casi siempre fueron azules, eran radicales, normalmente radicales y disidentes de la conducción nacional así que ellos ya tenían una visión similar a la nuestra, [...] de vez en cuando nos llegaba un volante de ellos, o nosotros le mandábamos algo. Entonces, del sur a nosotros nos llega una conferencia de prensa, no una conferencia, una exposición que realiza Silenzi de Stagni29, uno de los grandes luchadores también eh... por... el tema este de YPF. Entonces convenimos con esta chica, como ellos tenían televisores y qué sé yo... en el hospital [...] Entonces la chica va y se presenta, pero ella se presenta como delegada del sector porque ella era delegada del sector: ´Doctor, mire vamos a hacer esto´... Entonces el director tomó que era delegada la que pedía permiso por lo tanto la delegada tenía una autorización gremial y nada de esto, nosotros pateábamos en contra del gremio. [...] cuando largamos el video y ya uno... y se empezó a reunir gente, los compañeros empezaron a reunir al final el salón no daba abasto, [...] pero no se terminó de iniciar la película cuando ya: teléfono, la organización sindical. [...] pasamos la conferencia [...] y hacemos el comentario sobre la privatización y todos quedan con los ojos abiertos. [...] Bueno, llego a mi sector y me estaban esperando: ´negro, ahí te llama el jefe´: No, que ustedes han ido al hospital, ya saben todo y el sindicato va a pedir la cabeza de usted [...] El director del hospital nos autorizó, por eso no nos botaron, porque el primero que iba a caer era el director del hospital y más que nada al director lo han hecho de arriba pa’ abajo, de abajo pa’ arriba, al director lo han hecho de goma, lo han trasladado, lo trasladaron y esta chica todos los días llorando y sufriendo porque le habían dicho que la iban a botar".30

Como se desprende del fragmento citado, las condiciones de posibilidad para el desarrollo de la campaña no fueron fáciles. Aún así, este tipo de actividades, que derivaban en choques permanentes con los directivos de la empresa y del sindicato se repitieron en numerosas oportunidades durante 1991 en las distintas dependencias del Yacimiento Norte. Trabajadores de distintos sectores contribuyeron a extender la campaña en diferentes medios, poniendo en riesgo su fuente laboral en numerosas oportunidades. Por ejemplo, para comunicarse con otros grupos que impulsaban o podían difundir los planteos en cuestión se recurrió al sistema de comunicaciones de la empresa:

"[...] ¿sabés qué hacían los changos? ´Che, necesitamos comunicarnos con Santa Cruz. Bueno, mirá a las 10 de la noche yo les hago el enganche´. Ellos trabajaban en telefonía, y hablábamos, y nos enganchábamos, nos enganchábamos pa’ todos los lados y así difundíamos. Me acuerdo una vez no sé como... una radio, una FM de Buenos Aires porque YPF bajaba satelitalmente, la escuchaban aquí en la zona, así que nos conectamos a Buenos Aires..."31

La privatización de YPF avanzó rápidamente. En abril de 1991 se aprobó el decreto 643/91 que adjudicó la primer área de la zona.32 Sin embargo, la idea predominante de que la privatización fue aceptada sin que mediasen luchas y denuncias por parte de los trabajadores no se ajusta a la realidad. Según la información disponible, la Agrupación de Trabajadores Ypefianos contra la Privatización se conformó formalmente ese mismo mes, en abril de 1991, y a partir de ese momento desplegó una intensa actividad. De ahí que resulte necesario rescatar esas luchas del "olvido". Otro miembro del grupo recuerda:

"[...] cuando asume Menem... La lucha se dio, se dio permanentemente, hicimos movilizaciones todo, pero cuando asume el peronismo nos damos con que fueron los primeros en entregar todo, el sindicato se plegó completamente a Menem y adhirió a todo lo que hizo Menem que fue la entrega del petróleo y nuestra zona fue la peor castigada porque se entregó todo, todo, no quedó nada acá..."33

A pesar de la adversidad del contexto, los sectores que se oponían a la privatización alcanzaron una influencia considerable, logrando incluso la adhesión de distintos funcionarios y representantes provinciales. El 23 de abril de 1991 se reunieron 2000 personas en la plaza principal de Mosconi para protestar contra la privatización de YPF. Además de la Agrupación de Ypefianos, participó el intendente de esa localidad.34 El 4 de mayo, 1500 personas asistieron a un acto contra la privatización en el estadio de Tartagal.35 El acto se convirtió en una Asamblea Popular, que se pronunció por la renuncia de Diego Ibáñez, la convocatoria de un Congreso de trabajadores petroleros de todo el país y el impulso de un plan de lucha a nivel regional.36 Uno de los elementos fundamentales del estado de movilización de la zona tiene que ver con la militancia de la izquierda, lo que se vio reflejado en el tradicional acto del 1º de Mayo que ese año convocaron conjuntamente el Partido Obrero, el Partido Comunista y el Movimiento al Socialismo, al cual según Prensa Obrera asistieron 2000 personas, el mismo número de asistentes que había tenido el acto contra la privatización de YPF convocado pocos días antes en Mosconi.37

Lo cierto es que ni la dirección sindical ni las autoridades provinciales se pronunciaban explícitamente a favor de la privatización. En su lugar, se planteaba la idea de la "reestructuración" de la empresa. Así, a principios de mayo, tanto los dirigentes de SUPE como Roberto Romero -por entonces diputado nacional y presidente del PJ salteño- y Juan Carlos Romero -senador nacional-, entre otros funcionarios, participaron del acto contra la privatización de YPF en Tartagal. Además de estar alineados con el gobierno de Menem, Juan Carlos Romero desempeñaba funciones legislativas centrales con respecto al proceso de contrarreformas neoliberales: fue Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Vicepresidente de la Comisión de Economía, Secretario de la Comisión de Combustible y Secretario de la Comisión Bicameral de la Reforma del Estado. Aún así, el senador se permitió afirmar en esa oportunidad que "este proyecto no pasa del Senado".38 La práctica del doble discurso en los distintos niveles del poder político y sindical fue sistemática,39 en ese contexto los dirigentes de SUPE reivindicaban el papel de Roberto y Juan Carlos Romero;40 y los sectores movilizados lo rechazaban: los legisladores del PJ no pudieron terminar sus discursos, abucheados por buena parte de los asistentes.41

Al igual que la poderosa oligarquía salteña de la primera mitad del siglo XX, quienes rigieron la provincia durante la década de 1990 continuaron -aunque a una escala más reducida- ejerciendo su poder a nivel nacional. El proyecto de privatización de YPF fue acompañado por la provincialización de los recursos hidrocarburíferos, quedando a mediano plazo las regalías bajo su control.42 Roberto Romero, en el acto contra la privatización de mayo de 1991, alcanzó a plantear que "las provincias somos una vez más víctimas de lo que se piensa en Buenos Aires". La reivindicación federalista fue utilizada para responsabilizar al poder central por la privatización de YPF y por las consecuencias que esa medida produciría en la zona, construyéndolo como algo ajeno, y ocultando el interés de buena parte de los sectores dirigentes provinciales en la concreción de esa medida.43

Esos hechos demuestran que en un principio predominaba en la zona un fuerte posicionamiento en torno a la defensa de la propiedad estatal de YPF; los sectores que acompañaron la política de privatización debieron moverse cautelosamente para evitar un rechazo generalizado que los pusiese a ellos mismos en cuestión. En el caso de los Romero, ese tema resultaba especialmente delicado teniendo en cuenta que ese mismo año se producirían elecciones a nivel provincial, y que Roberto Romero se presentaría como candidato a gobernador en el marco de un enfrentamiento con el gobernador justicialista en funciones Hernán Hipólito Cornejo, miembro de otra familia de la oligarquía provincial,44 y del ascenso del Partido Renovador.45 De ahí que el diario El Tribuno, propiedad de la familia Romero, se esforzara por hacer aparecer a sus dueños como opositores a la privatización.46

A su vez, no es difícil pensar que esos mismos sectores procurasen aprovechar el descontento de la población local y su potencial movilización como arma de negociación política con el gobierno nacional. Así, el doble discurso alcanzó ribetes insospechados como cuando El Tribuno aseguró que "Es inminente el tratamiento de un proyecto de ley en la Legislatura Provincial que entre otras medidas dispondría el corte de suministro de gas al sur del país, como protesta ante el plan de privatización del Yacimiento Norte". El artículo también comentaba que la iniciativa "partió del SUPE filial Vespucio y se espera el respaldo de los legisladores provincial, descartándose la de senadores y diputados que representan a Salta en el Congreso".47

El doble discurso sindical muestra, a su vez, que la acción llevada adelante por el núcleo de luchadores no resultó inocua, y obligó a la dirección del gremio a mostrarse contraria a parte de las iniciativas del gobierno nacional para conservar algo de su predicamento entre las bases.48 Aún así, no impulsó ninguna medida de fuerza concreta, excepto cuando se vio superada por el primer corte de ruta, como se verá más adelante. Sus reclamos se ubicaron en el nivel coloquial, enfatizando la necesidad de mantener las fuentes de trabajo, y solicitando al gobierno que "[...] en lo posible elaboren un plan de transferencia de personal a las compañías que se hagan cargo en las distintas cesiones o concesiones".49 De ese modo, los planteos eran compatibles teóricamente con la conformación de las cooperativas de servicios propiciadas tanto por el sindicato como por el directorio de la empresa. Así, con el apoyo de las autoridades provinciales, se promovió oficialmente esa perspectiva: entre otras actividades, en el mes de junio la Dirección General de Cooperativas de la Provincia organizó, junto a la Administración del Yacimiento Norte de YPF, unas Jornadas para promocionar las cooperativas.50

Al mismo tiempo se procuraba intimidar a los sectores que luchaban contra la privatización. A fines de junio, la Agrupación de Trabajadores Ypefianos denunció la actividad de servicios de inteligencia que operaban en Vespucio interceptando comunicaciones e intimidando al personal.51 Por su parte, con la complicidad de la dirección gremial, las propias autoridades de YPF presionaban a los trabajadores para que aceptaran el retiro desplegando una importante campaña de acción psicológica, que buscaba instalar la idea de que el traspaso de la empresa a manos privadas era irreversible. Esa campaña se desarrolló sistemáticamente tanto informal como formalmente. La acción informal era ejercida por las jefaturas en las distintas áreas y seccionales, que hostigaban cotidianamente al personal sugiriendo que la única opción era aceptar el retiro voluntario. Uno de los tantos testimonios de ese momento señala que "[...] todos los días estamos recibiendo presiones de los representantes de las distintas áreas, quienes dicen al personal que ´aquí no queda nadie´ y que hay que retirarse de la empresa".52 Las acciones formales partieron del directorio de YPF y se basaron en el alejamiento del personal de su lugar de trabajo mediante la implementación de distintos "Cursos de Capacitación" y en la paralización parcial de la capacidad operativa empresa, además de la instrumentación oficial del hostigamiento.

Los Cursos de Capacitación, a los cuales eran derivados discrecionalmente los trabajadores de distintas áreas, se extendían por el lapso de un año o más,53 y eran financiados por la empresa para favorecer, supuestamente, la posterior inserción laboral de los trabajadores desvinculados. De ese modo, además de dar por hecho su retiro bajo la modalidad "voluntaria" o forzosa del despido directo, estos cursos alejaban a los obreros de su lugar de trabajo dificultando la organización de los sectores opuestos a la privatización. Por otra parte, la paralización parcial de las actividades de la empresa en el Yacimiento Norte estuvo vinculada a la inminente transferencia del yacimiento a manos privadas. A mediados de agosto de 1991 se aprobó la concesión de la importante área de Puesto Guardián;54 en los sectores que seguían bajo la órbita de YPF los directivos contrataban servicios en áreas donde la empresa contaba con personal efectivo, que quedaba inactivo, al tiempo que se insistía con la idea de la ineficacia de YPF.

Los trabajadores eran conminados a adoptar la modalidad de los contratos tercerizados, para lo cual debían retirarse de la empresa y formar las cooperativas. Para alentar esa política, se permitió la venta de equipos e insumos de YPF a un valor muy inferior al real, y se ofrecieron contratos garantizados por un lapso determinado, al término del cual competirían en el mercado. Cada sector podía, siguiendo el discurso de la gerencia, formar su propia cooperativa para prestar servicios de operaciones y mantenimiento, transporte de productos petrolíferos, transporte de personal, vialidad y movimiento de suelos, construcciones, contaduría, minería, exploración, electricidad, etcétera:

"[...] es imprescindible generar empresas privadas periféricas para cuya constitución se da oportunidad prioritaria a los propios agentes de la empresa. Es así como el personal se va agrupando en varias cooperativas que cubrirán las necesidades de todos los servicios de apoyo."55

La propuesta, sumada al monto indemnizatorio por el retiro, resultaba sumamente atractiva, especialmente en un contexto ideológico de hegemonía del neoliberalismo en el que la iniciativa privada era visualizada como la mejor opción y las ansias de consumo conquistaban a amplias franjas de la población.56 Muchos trabajadores de YPF encontraron pocos motivos para rechazar el retiro voluntario y la propia privatización de la empresa que alentaba el movimiento político y sindical al cual siempre habían adherido:

"Ahora, si vienen [...] y te dicen ponele, ´escuchame boludo, vas a ganar 10 mil pesos por mes, hacé un toco de guita, nunca en la perra vida has tenido, vas a dejar de ser empleado para pasar a ser patrón, pero dejate de joder, ¿cómo no vas a entender esto, hermano?, vamos a seguir con el mismo trabajo. Y ahí el tipo... [...] Entonces los tipos, te imaginas: 300 mil pesos, 500 mil pesos, tener un laburo que vas a cobrar el doble de lo que cobrabas en YPF, vas a ser dueño de todas estas cosas, ¡bah, papá, aquí estoy! Y bueno, y aquí estoy".57

Sin embargo, los sectores que impulsaban la privatización debieron reforzar aun más la acción psicológica sobre los trabajadores, elevando el hostigamiento cotidiano a un nivel formal. A principios de septiembre de 1991 la gerencia envió circulares internas al personal con el siguiente contenido:

"La futura ley de empleo y el retiro voluntario.
Como es de público conocimiento la futura sanción de la ley de empleo que en estos momentos se encuentra en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, determina entre otras cosas la disminución de los topes indemnizatorios por despidos. Por otra parte, cabe recordar que la empresa está abocada a un plan de reestructuración global tendiente a consolidar los objetivos fijados por el gobierno nacional. Dentro de la política trazada y en curso de ejecución, un aspecto trascendente lo constituye el hecho que (sic.) las estructuras organizativas se deberán adecuar ineludiblemente a las nuevas pautas, disminuyendo las actuales dotaciones de personal, tornándolas compatibles con las necesidades empresariales en esta materia.

Frente a este contexto, la empresa advierte a aquellos agentes que deseen desvincularse de la misma en forma voluntaria que no dilaten su decisión toda vez que en los próximos días podría producirse una sensible disminución en los montos indemnizatorios a percibir.5
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Si bien en esos momentos se debatía en el Congreso la instrumentación de topes indemnizatorios -introducidos finalmente a través de Ley de Empleo sancionada el 13 de noviembre de 1991,59 el "recordatorio" sobre la reestructuración en curso, y la "advertencia" para que se produzcan los retiros de inmediato, tenían la obvia finalidad de presionar a los trabajadores y empujarlos al retiro, bajo la amenaza de que luego serían despedidos de todos modos con una indemnización mínima. Llama la atención este tipo de comunicación formal de la dirección, por escrito, redactada sobre la base de especulaciones acerca de lo que "podría producirse", lindante con la extorsión.60 Si bien los montos compensatorios ofrecidos en los retiros voluntarios eran considerables, implicaban la pérdida de la fuente laboral para miles de trabajadores. Eso otorgó una clara ventaja a los inversores que compraron YPF, que no precisaron pagar indemnizaciones por despidos y pudieron contratar nuevos trabajadores sometidos al nuevo marco regulatorio neoliberal, que instauró la flexibilidad laboral y la extensión de la jornada laboral. Sin embargo, la corriente privatizadora debió sortear todavía un obstáculo más: poco después de enviada la circular mencionada, se produjo el primer corte de ruta masivo en la historia de al región.

El primer gran corte de ruta-pueblada de Tartagal-Mosconi

En el mes de septiembre, el proceso de privatización de YPF en el Yacimiento Norte había alcanzado un punto sumamente álgido. A las redobladas presiones sobre los trabajadores, se sumaron la efectivización de la concesión del área de Puesto Guardián,61 y los anuncios de la próxima transferencia a manos privadas de todo el yacimiento, incluida la destilería de Campo Durán. En ese contexto, y mientras la legislatura provincial discutía un proyecto de provincialización de las reservas -que fue concedida finalmente por la propia ley de privatización de YPF-, la Agrupación de Ypefianos realizó una Asamblea el día 5 de ese mes,62 y luego junto al Partido Obrero63 y los intendentes de zona, convocó a otra de mayor envergadura en el Complejo Municipal de Mosconi para el 11 de septiembre, donde se reunieron entre 4.000 y 5.000 personas de Mosconi, Tartagal, Aguaray y Pocitos. La Asamblea, que fue transmitida en directo por radio en Tartagal,64 se pronunció contra la dirección del SUPE, forzó la renuncia de la Comisión Directiva y del Secretario General de la filial Vespucio,65 y resolvió cortar la ruta nacional Nº 34 a la altura de Mosconi y de Aguaray, donde se encuentra la destilería de Campo Durán, para rechazar la privatización de YPF.66

De ese modo se inició una de las primeras puebladas contra las políticas neoliberales en todo el país.67 La ruta permaneció cortada toda la noche, buena parte de los trabajadores de YPF Vespucio suspendieron las tareas realizando un paro de hecho, y se convocó a una Asamblea Popular en la ruta para el día siguiente. En el ínterin, comenzaron las presiones del poder para lograr el levantamiento del corte y se presentó un oficial de la Gendarmería Nacional con una orden de desalojo. La dirección nacional del SUPE propuso el levantamiento del corte y la convocatoria a un paro en todo el país para el 13 de septiembre.68

Desde la mañana del día 12, la población de la zona comenzó a volcarse a la ruta. La adhesión de las comunidades de Tartagal y de Mosconi fue masiva: en Tartagal, Mosconi, Aguaray y Pocitos, se produjo un cierre total de los comercios en apoyo a la protesta.69 La Asamblea reunió miles de personas,70 y se pronunció por la continuidad del corte. Mientras tanto, se produjo el arribo de tropas de la Gendarmería Nacional con instrucciones de desalojar la ruta. La Agrupación de Ypefianos, que jugaba un papel central en la dirección del corte, se vió intimidada por los sectores del poder que venían participando de la protesta y que ahora procuraban disolverla, y superada por la magnitud que había alcanzado la lucha. En ese contexto, y temiendo las consecuencias de una eventual represión, sus miembros se entrevistaron junto a representantes del SUPE, de la CGT Regional, del comercio y de los gobiernos municipales con los oficiales de Gendarmería y acordaron el levantamiento del corte, contradiciendo la decisión de la Asamblea.71 Uno de sus dirigentes rememora el desarrollo de esa jornada:

"Invitamos a todos a la reunión. José, yo te digo el error más grande, sinceramente, hasta el día de hoy me arrepiento porque teníamos aquí en la esta