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Trabajo y sociedad

On-line version ISSN 1514-6871

Trab. soc.  no.17 Santiago del Estero winter 2011

 

CONFIGURACIONES DEL PODER Y DEL ESTADO

Repensando la estructura de dominación juarista a la luz de la violencia estatal
Notas sobre la imbricación de las fuerzas de seguridad en la política santiagueña durante el primer juarismo*.

Rethinking juarista´s domination structure throug the perspective of state violence
Notes about the imbrication of the security forces in Santiago del Estero politics during the first Juarismo.

 

Celeste Schnyder**

* Las reflexiones que presento en este trabajo forman parte del trabajo de investigación que me encuentro desarrollando en el marco de la tesis de doctorado y abonan a uno de sus objetivos específicos. Una versión preliminar fue presentada en el seminario "Teoría y análisis de los Partidos Políticos Argentinos 1945-1983" dictado en octubre de 2008 por el Dr. Cesar Tcach en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR.
** Licenciada en Sociología (UNSE). Becaria de Postgrado CONICET. Integrante del proyecto "Política y Ciudadanía en Santiago del Estero" (CICyT-UNSE) dirigido por María Isabel Silveti. Doctoranda en Ciencia Política (UNR). Correo electrónico: celesteschnyder@gmail.com

 


RESUMEN

Este trabajo explora el proceso de imbricación institucional entre las prácticas políticas y fuerzas de seguridad para re-pensar la continuidad de prácticas no democráticas instaladas en algunos regímenes políticos sub-nacionales. Desde el enfoque de las interpretaciones extra-céntricas sobre el peronismo periférico y a partir del estudio del caso del juarismo en Santiago del Estero, este trabajo explora la conformación de una matriz nacional-católica en el campo político provincial de la cual el juarismo será un emergente y reconstruimos la re-organización del estado provincial realizada durante el primer gobierno juarista a fin de identificar las funciones crecientes de control político que irá adquiriendo la Policía. Se trabajó en base al análisis de investigaciones historiográficas locales y fuentes bibliográficas.

Palabras clave: Peronismo periférico; Juarismo; Fuerzas de seguridad; Práctica política.

ABSTRACT

This paper explores institutional imbrication process between political practices and security forces to rethinking the non-democratical practices installed into some sub-national political regimes. From the perspective of extra-centric interpretations about periferic peronism and since case studies of juarism in Santiago del Estero, this paper explores a national-catholic matrix conformation into the provincial political field from which emerged the juarism and we re-build provincial state re-organization during the first juarism to identify increasing functions of political control that police will be acquiring. We analized local historiographical investigations and bibliographical sources.

Keywords: Periferic peronism; Juarism; Security forces; Political practice.


 

SUMARIO

Presentación. 1. Nacionalismo católico y peronismo en los orígenes del juarismo. 2. Primer juarismo: reorganización del estado provincial y articulación de un dispositivo de vigilancia y control político. Notas provisorias a modo de cierre. Bibliografía

PRESENTACIÓN

En América Latina la vida en democracia se ha tornado una experiencia sumamente contrastante tanto entre categorías sociales como en términos territoriales. En efecto, nuestro sistema político asume una gran cuota de heterogeneidad al poner en relación gobiernos provinciales que exhiben grados de democratización desiguales en sus regímenes políticos1. Nos interesa centrarnos en las prácticas políticas no democráticas observables en algunos regímenes políticos provinciales. En este trabajo analizamos, a la luz del caso del juarismo en Santiago del Estero, cómo la violencia policial puede imbricarse en las prácticas políticas regulares de un modo de dominación2.

En la última década, la política comparada ha definido a estos regímenes políticos sub-nacionales como casos de "autoritarismo sub-nacional" (Gibson 2004 y 2006; Gervasoni 2005). El término, en principio, refiere a aquellos regímenes políticos que surgieron de procesos eleccionarios post-dictadura pero en donde ciertos derechos civiles y políticos no están garantizados. En el registro de la politología y la sociología política de los años noventas encontramos diferentes abordajes sobre la problemática pero que comparten el supuesto teórico que define al autoritarismo como lo opuesto de la democracia. Ellos constituirían "enclaves" del régimen autoritario que subsisten al interior de un régimen democrático en el nivel nacional3; o serían configuraciones institucionales resultantes de la ausencia o reemplazo de la legalidad estatal por reglas informales4; o la expresión de déficits de calidad democrática ya sea en su componente procedimental (funcionamiento de las instituciones de la poliarquía)5 y/o del componente normativo (estado de derecho y rendición de cuentas)6. Durante la década del ochenta estas parejas de opuestos fueron los ejes ordenadores de la discusión académica y política. Si bien el uso antinómico de tales conceptos fue efectivo para establecer diferencias entre los dos regímenes políticos, instalar socialmente representaciones consensuales de la política, evaluar el comportamiento de los actores políticos, ha terminado por reducir la complejidad del mundo político (Lesgart, 2003) y la historicidad de sus prácticas.

En ese sentido, pensamos que este uso binario ha invisibilizado el hecho que la violencia, lejos de ser un rasgo exclusivo de un régimen autoritario, constituye una presencia paradojal porque, mientras que el Estado se instituye como tal por el monopolio de la violencia legítima, el problema la violencia policial sigue siendo un problema irresuelto que históricamente ha tensionado a la vida política y a nuestras democracias. En parte, muchas lesiones a los derechos civiles y políticos que la politología atribuye a un mal desempeño de las instituciones formales, por el contrario, pueden ser consideradas la manifestación de la violencia institucional. "Luego de la reinstauración de la democracia, la mayoría de los hechos de violencia y las graves violaciones a los derechos humanos, son protagonizadas por las distintas policías" (CELS, 2001:3). Este problema social y político que permanece opaco para los estudios preocupados por la problemática del autoritarismo sub-nacional, desde el campo de lo social ha dado lugar a la formación de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), al monitoreo permanente del Centro Estudios Legales y Sociales (CELS) y a la formación de equipos de investigación de antropología jurídica (UBA)7. Recientemente, Auyero (2007) ha puesto en relación violencia colectiva8, las prácticas partidarias y de las fuerzas represivas bajo la metáfora de la "zona gris" donde "las actividades de aquellos que perpetran la violencia y aquellos que presumiblemente tratan de controlarla, se unen". Entonces, pueden ser las propias agencias estatales las que se instituyan en la principal fuente de inseguridad jurídica para sus ciudadanos. Entendemos que la tensión entre política y violencia puede ser más útil para re-pensar ciertas prácticas no democráticas instaladas en algunos regímenes políticos sub-nacionales en lugar de la imprecisa noción de autoritarismo. El caso del juarismo en Santiago del Estero9 constituye un espacio de observación privilegiado dado que se constató la existencia de un complejo dispositivo de vigilancia y control político que involucró el funcionamiento de determinados organismos de la policía provincial10 con determinadas prácticas rutinarias del PJ-juarista. Relación que ha llevado a caracterizar a "la institución policial como un eficaz instrumento de dominación política"11. Inclusive del campo social emergieron organismos diocesanos, organizaciones sociales y movilizaciones de protesta que denunciaron e hicieron visible la problemática de la violencia ejercida por el aparato policial12.

En el espacio de este artículo nos limitaremos a analizar el proceso por el cual se produjo la imbricación entre ejercicio del poder político y fuerzas de seguridad en la provincia. Indagamos, a partir del análisis de investigaciones historiográficas locales y fuentes bibliográficas, la formación de una matriz ideológica en el campo político provincial de la cual el juarismo será un emergente y reconstruimos la re-organización del estado provincial operada durante el primer gobierno juarista a fin de identificar las funciones crecientes de control político que irá adquiriendo la Policía.

1. NACIONALISMO CATÓLICO Y PERONISMO EN LOS ORÍGENES DEL JUARISMO.

El vínculo entre política y violencia que observado desde el presente -en el que se ha consolidado como visión dominante acerca de lo político la metáfora del consenso o la deliberación- puede parecer una anomalía, si reconstruimos la larga tradición existente en Latinoamérica de imbricación entre ejercicio del poder y fuerzas de seguridad para imponer la hegemonía de un grupo sobre el conjunto social, descubriremos que dicho vínculo no es novedoso.

De acuerdo a Ugarte (2001), la adopción de funciones extra-militares por parte de las fuerzas de seguridad latinoamericanas constituye una herencia que se remonta a los orígenes mismos de la Nación. La tradición española -portuguesa en el caso de Brasil- que recibieron las antiguas colonias españolas gravitó con fuerza al interior de la Fuerzas Armadas de la región, influyendo en la adopción de funciones ajenas a las militares. Fue el modelo del Ejército del absolutismo español que, en contraste a la tradición anglosajona, francesa o norteamericana13, planteaba subordinación de tipo personal al Jefe de Estado que se conseguía mediante el establecimiento de una jerarquía en la que regía el principio de obediencia ciega a las órdenes del superior. Asimismo, en los Virreinatos o Capitanías Generales y en las plazas militares, el Ejército además de funciones propiamente militares, desempeñó funciones de administración, gobierno y de tipo judicial. En suma, durante la época colonial se asentó en la región una tradición por la cual los roles de las autoridades civiles y militares quedaron confundidos y la presencia del Ejército trascendió los tiempos de guerra para involucrarse en las actividades de gobierno. En ese orden, recordemos que las fuerzas militares no sólo tuvieron un rol fundamental en los movimientos independentistas latinoamericanos. Posteriormente, la dificultad de las elites para imponer hegemonía política hizo que el recurso a la fuerza siguiera presente. En efecto, unitarios y federales se disputaron el control político y económico a través del enfrentamiento armado. Con el triunfo federal y la conquista de las autonomías provinciales los gobernadores, generalmente caudillos militares, organizaron sus propios ejércitos. Concluida la etapa de guerras civiles, los posteriores gobiernos del conservadorismo aseguraron su poderío en el apoyo militar y económico de la clase terrateniente.

Aquella tendencia a la expansión sobre funciones extra-militares tomará otro nivel con la crisis de la hegemonía liberal y conservadora que comenzó a atisbarse ya en 1916 y se profundizó con la crisis de 1929. Como contrapartida, en la década del treinta asistiremos a la emergencia de proyectos de reemplazar aquél consenso liberal por uno nuevo basado en el nacionalismo. En efecto, la década del treinta comienza a construirse la relación catolicismo y nacionalismo que estrechará vínculos entre Ejército y la Jerarquía eclesial que dio lugar al proyecto de una "Nación Católica" (Zanatta, 1999). Dentro de esa metáfora el catolicismo pasaba a cumplir, de acuerdo a Mallimaci (2008) la función de un "nacionalismo de sustitución" orientado a reducir la conflictividad social derivada de una base social heterogénea, con un alto porcentaje de población inmigrante que difundió las corrientes anarquistas y socialistas entre la clase obrera. Los actores militares y eclesiales impusieron una construcción de sentido por la cual la verdadera identidad de los argentinos enraizaba en la tradición hispana y valores cristianos, en consecuencia, sólo el catolicismo podía constituirse en el basamento de la nacionalidad. De este modo se irá constituyendo una matriz nacionalista desde la cual se criticará a las tradiciones políticas modernas como el liberalismo, el anarquismo, el socialismo percibidos como elementos de extranjerización y disgregación de la sociedad y se pondrá en duda los mecanismos de representación que incluía la democracia y los partidos políticos. La alianza cívico-militar que llevó adelante el golpe de 1930 daría inicio a un proceso de cristianización del Estado y de la vida social (Mallimaci, 2008). De aquí en adelante, el ejercicio del poder político se irá imbricando progresivamente con las fuerzas de seguridad con el objeto de imponer orden social.

En este proceso de transición desde un Estado liberal hacia una Nación Católica materializado en la revolución militar de 1943 primero y después por el peronismo hasta su ruptura con la Iglesia, se forjará un nuevo clima político y social del que la provincia no estará exenta. En dicho contexto nacional, cobró visibilidad un modo de construcción de dominación política y, a su interior, la fortaleza de la matriz católica.

I.I- La matriz nacional-católica en la provincia

Una mirada retrospectiva a la trayectoria del juarismo arroja como espacio de observación significativo la militancia católica. Las representaciones sociales, de acuerdo a Bourdieu, son estructuradas de acuerdo a la posición que ocupa el agente en el espacio social. Conocer la posición estructural del agente nos dará pistas sobre el conjunto de valores y fines que organizan disposiciones a la acción.

Carlos Juárez nació en La Banda, la segunda ciudad más poblada de la provincia, en febrero de 1916. Era el menor de cuatro hermanos nacidos en el seno de una familia de clase media baja, sin influencia política, constituida por un profesor y una católica practicante. Hizo sus estudios en el Colegio Nacional y alcanzó el título de abogado en la Universidad de Tucumán. De modo paralelo a sus estudios universitarios inició su militancia dentro de los grupos juveniles de la Acción Católica Argentina (ACA) en donde, con 24 años, alcanzó la presidencia de la Mesa Nacional en 1940.

La militancia dentro de la Acción Católica no resulta un dato irrelevante si atendemos a la profunda raigambre que tiene la religiosidad popular entre los santiagueños14 y a la larga presencia de jerarquía eclesial como actor institucional en la provincia15. Esa larga presencia se remonta al periodo colonial y se encuentra íntimamente relacionada con su modo de dominación social: el sistema patronal16. De acuerdo a Tasso (2007) el patronazgo se sustentó tanto en el uso de la fuerza militar como en una instrucción cívico-religiosa que articuló las nociones de Dios y Estado en una síntesis que fundía principios religiosos con el nuevo marco jurídico. La autoridad política no puede escindirse de la Iglesia y el Ejército en el ejercicio de la dominación. Este modo de construir relaciones de dominación propia del modelo patronal, como ha señalado el autor, logró trascender el complejo institucional que lo originó para reactualizarse, ya en el SXIX, como un modo de legitimación política.

Como señalábamos en el apartado anterior, no existía separación entre autoridades civiles y militares en aquel modelo. Esta tendencia se trasladó a la nueva etapa inaugurada con la formación del Estado provincial, donde los gobernadores fueron también caudillos militares17:

"el patronazgo es un complejo institucional que fue especialmente eficaz en el marco de dos organizaciones centrales durante el siglo XIX: el ejército y la estancia (...) es típico de esta etapa que los roles jerárquicos y subordinados de ambas instituciones se comunicaran entre sí, operando alternativamente como organizaciones de guerra y paz respectivamente. Así como es típica la figura del militar-estanciero, su contracara es la del soldado-peón" (Tasso, 2007:233)

Esta relación co-constitutiva entre poder político, fuerzas de seguridad y religión configuraron el campo político santiagueño. En ese terreno de relaciones de fuerza que estaban sedimentadas en la arena política se inscribe la irrupción de la Acción Católica.

La Acción Católica había sido creada a principios del siglo XX bajo los lineamientos de Pio X y del Concilio Vaticano II. La encíclica Il fermo proposito (1905) establecía "Instaurare omnia in Christo" (instaurar a Cristo en todas las cosas) y disponía para ello la reorganización del movimiento católico italiano. Pero sería Pio XI quién dispondría las bases para la constitución de la Acción Católica (1928). Ésta planteaba la participación de los laicos en el apostolado subordinada a la autoridad episcopal con el objeto de "situar de nuevo a Jesucristo en la familia, en la escuela, en la sociedad". Ante el proceso de laicización creciente de las sociedades industriales emergentes, la Acción Católica se propuso re-cristianizar la vida pública y construir un nuevo orden integralmente católico y de carácter nacionalista. La formación de la Acción Católica representa entonces una reacción a las transformaciones de sociedades europeas signadas por el ingreso a la vida política y social de masas antes excluidas, la secularización de las costumbres, el avance de la democracia de masas. Puede ser considerada una reacción ideológica que se oponía tanto al liberalismo como a otras ideologías seculares modernas como el socialismo y el comunismo consideradas como extranjerizantes.

En Argentina, la crisis de la década del treinta dará lugar la conformación de un clima anti-liberal. Si bien el nacionalismo no era un fenómeno novedoso, los efectos de la crisis económica y del Golpe militar de Uriburu, consolidaron la percepción de un agotamiento del liberalismo, identificado con los intereses del imperialismo británico, como principio rector del desarrollo histórico (Plotkin, 2007). En el plano intelectual, el revisionismo histórico buscó elaborar una visión del pasado nacional alternativa a la historia liberal, recuperando las tradiciones políticas no liberales. Organizó un programa que tenía como eje articulador la Nación y a la soberanía nacional como valor político supremo. Dentro de esta perspectiva, la orientación positivista de la clase dirigente causó la profunda crisis moral que estaba en la base del fracaso económico de 1930. De acuerdo a este diagnóstico, solo una renovación espiritual de contenido religioso podría contrarrestar las tendencias negativas que había originado el liberalismo (Terán, 2008:231). En el plano religioso, con el desarrollo de la segunda Guerra Mundial se conformó el frente fascismo-antifascismo que profundizó la brecha entre intelectuales católico-integristas y el grupo de intelectuales conformado por liberales, izquierdistas y católicos democráticos. En el plano político, la revolución militar del 4 de junio de 1943 encarnó al nacionalismo católico, coronando el largo proceso de "reconquista cristiana" de las Fuerzas Armadas para, a través de ellas, conquistar el Estado (Zanatta, 1999). La intervención militar representó la conformación de un bloque político e ideológico anti-liberal aglutinado alrededor de la Iglesia Católica y el Ejército. Bloque cívico-militar amalgamado por el "mito de la nación católica" apuntalado en una amplia red de alianzas institucionales, personales, ideológicas y culturales. Su proyecto de transformación del Estado Liberal a uno clerical-militar suponía la transformación radical del sistema político bajo principios corporativos en la que subyacía una vocación universalista hostil con el concepto liberal-democrático de la representación. Los partidos políticos del sistema político liberal eran sindicados como los responsables de la división y el conflicto social. Esta concepción de los partidos políticos había inducido a la Iglesia a descartar la formación de un partido católico y a optar por la presión directa institucional o informal sobre los poderes públicos y, en el plano social, la estrategia de la ACA.

Como ha señalado Tenti (2004), a principios del SXX, la Iglesia inició un proceso de reconstrucción eclesial ante la laicización creciente llevada a adelante durante la hegemonía liberal. Para ello se crearon nuevas diócesis, entre ellas, la Diócesis de Santiago del Estero (1910), con el fin de fortalecer la organización interna a través de una serie de medidas que comprendían al clero secular como al laicado. En ese marco, se conformó la ACA el 30 de septiembre de 1931y reunió a un conjunto de organizaciones laicas pre-existentes -como la Liga de Damas Católicas, la Asociación de Hombres Católicos, la Liga de la Juventud Femenina Católica y la Federación de la Juventud Católica- y adoptó una organización en ramas - seminaristas, hombres, mujeres y jóvenes- cada una dirigida por un Consejo Diocesano y presidido por una Junta Diocesana18. La investigación de Tenti señala que la ACA tuvo un fuerte predicamento en los niveles populares, clases medias y grupos intelectuales.

No obstante, la puesta en funcionamiento de estas organizaciones laicas, la jerarquía eclesial ya había comenzado a desarrollar estrategias de penetración en la arena social a través de la formación en Círculo Católico de Obreros, fundado en la provincia en 189719. Organizado bajo los principios de la primera encíclica social Rerum Novarum de León XIII20, antecede a la formación de otras asociaciones gremiales no confesionales, como el Centro Socialista de Obreros (1898), la Federación Obrera Ferrocarrilera (1912) y la Federación Obrera Santiagueña (1939). Si bien, la temprana formación del Círculo Católico de Obreros respecto a las organizaciones sindicales, no es un dato exclusivo a la provincia, la baja densidad y diversificación de la sociedad civil local y la profunda religiosidad que caracterizaba a la provincia, sugiere que la influencia eclesial en el entramado social debía ser significativa. En la arena política, ya en 1939 se registra la participación formal en la arena politica del Obispo Audini Rodríguez y Olmos como convencional de la reforma de la constitución provincial21.

Con el GOU en el gobierno "la mayor parte de los católicos, entusiasmados por la transición argentina liberal a la argentina católica, consideraba que por fin se estaba viviendo el momento tan esperado, en el que la única doctrina verdadera, la de las encíclicas sociales, iba a poder aplicarse en condiciones similares a las de un laboratorio, sin estorbos electorales y sin ruidosas oposiciones o inoportunos conflictos entre las clases sociales" (Zanatta, 1999: 15). El proyecto de Estado Clérico-Militar guardaba un profundo carácter anti-político. Suponía la "supresión del intermediario político, social y económico" y un Estado "regulador de la riqueza, director y armonizador social". Esto implicaba la desaparición del político tradicional y su reemplazo por "hombres jóvenes, hombres nuevos y limpios" (Zanatta, 1999:19).

La dirigencia formada en el seno de la ACA se inscribe en las necesidades de esa transformación. Durante lo que llamaban "semanas de la cultura" y "semanas económico-sociales" los militantes católicos debatían temas de la agenda eclesiástica y la "afirmación del modelo a plasmar en la esfera provincial" (Tenti, 2004). A nivel nacional, un elevado número de militantes y dirigentes católicos fueron designados en importantes cargos gubernamentales. De los cuadros provinciales de la ACA surgieron dos gobernadores: Carlos Juárez y quien fuera nombrado como interventor durante la dictadura de Onganía (1970-1973) y la última dictadura militar (1982-1983). Durante ese largo proceso de confluencia entre Ejército y jerarquía eclesial en la burocracia estatal que transcurre entre 1930 y 1943, Juárez se formará como dirigente en los grupos juveniles de la ACA. Su experiencia como militante católico llegó a un punto máximo cuando alcanzó la conducción de la Mesa Nacional en 1939 dando cuenta del grado de compromiso con esta organización y sus fines. La importancia de la militancia en la ACA, aunque puede parecer irrelevante si nos atenemos a los años que permaneció en la misma, radica en que fue un espacio pensado para formar cuadros dirigentes, en general jóvenes profesionales, formados en la fe católica que renovaran la dirigencia de los partidos políticos y trasladaran al campo político los criterios católicos sobre el Estado y el orden social.

I.II- El posicionamiento en el campo político provincial: de la militancia católica a gobernador peronista.

Analizaremos el proceso por el cual Carlos Juárez, un joven dirigente católico sin experiencia partidaria, logró integrar el primer gobierno del laborismo en la provincia e instituirse como candidato oficial a gobernador para los comicios de 1949. Para ello, reconstruimos el proceso de formación del partido laborista y el trayecto de Juárez desde una posición marginal en el campo político a candidato oficial a gobernador por el partido peronista.

Existe en la actualidad un creciente interés por investigar el proceso formativo del peronismo en las provincias no industrializadas y que no detentan una matriz socio- económica similar a los grandes centros urbanos. Los estudios de Darío Macor y Cesar Tcach (2003) se han tornado de referencia obligada al proponer la incorporación del estudio de los factores de poder -por ejemplo los grupos conservadores, los caudillos, la jerarquía eclesial, grupos de propietarios- en los procesos formativos del peronismo en las provincias. En ese sentido y respecto a Santiago del Estero, las investigaciones realizadas por Martínez (2007 y 2008) son de gran importancia para comprender dicha coyuntura y en particular para los objetivos de este trabajo. Las mismas identifican la participación de dirigentes del conservadurismo y del radicalismo anti-personalista en la formación del partido laborista en noviembre de 1945.

"Desde el momento en que empieza a organizarse el laborismo (...) se pasa de un partido que parecía orientado a seducir y cooptar el movimiento obrero y gremial, a una aglomeración política pragmáticamente construida, heterogénea en sus miembros, con predominio del radicalismo concordancista (...) y apoyada en aliados locales denunciados como pertenecientes a la 'oligarquía' " (Martínez, 2008 a:8).

La visibilidad de estos actores no necesariamente se corresponde con el equilibrio de fuerzas existente en el campo político. Efectivamente, el análisis de la autora sobre el proceso electoral para gobernador de febrero de 1946 ilumina -además de las negociaciones entre los actores locales y la dirección nacional del Laborismo- la debilidad de dichos actores al describir cómo la conducción nacional impuso sus decisiones sobre los planteos de las convenciones partidarias locales. Fruto de la debilidad en la negociación de los caudillos radicales fue posible la designación de un actor extra-provincial como candidato gobernador: el Coronel Aristóbulo Mittelbach. La autora ha interpretado esta designación como una solución de conveniencia frente a las dificultades para constituir una fuerza homogeneizadora (Martínez, 2008-b: 15). Sostenemos que la designación del coronel más que una solución de conveniencia, representó los intereses de una de las fuerzas en pugna por apropiarse del campo político local y que pensamos son explicativas del posterior crecimiento de la figura de Juárez.

Durante el gobierno de la revolución de junio muchos oficiales del GOU fueron enviados a gobernar las provincias y a establecer vínculos con los titulares de las diócesis locales (Zanatta 1999: 46). En el caso del coronel no sólo había sido uno de los miembros fundadores del GOU22 sino que había sido el Jefe Interino de la Policía de Buenos Aires que se abstuvo de reprimir la movilización popular sobre la capital del 17 de octubre. "Los obreros de los suburbios y de los barrios periféricos situados del otro lado del riachuelo convergían hacia el centro de la ciudad. La policía, dirigida hasta el 16 de octubre por gente allegada al antiguo vicepresidente, los dejaba pasar; más aún, muchos policías de uniforme, cansados de las escaramuzas cotidianas con los estudiantes demócratas, expresaban una activa simpatía por los manifestantes. Las fuerzas del orden gritaban: Viva Perón!". Al día siguiente fue reemplazado por un coronel antiperonista (Rouquié, 1986:69).

Con la decisión de Perón de articular una salida política el proyecto revolucionario fue asumiendo un perfil cada vez cada vez más secular. Ampliar la base de consenso suponía construir alianzas con los actores políticos tradicionales y particularmente ciertos sectores del radicalismo. En este nuevo escenario, la institución eclesial a nivel nacional fue perdiendo posiciones ya que tampoco había formado cuadros suficientes que protagonizaran la buscada renovación política.

"Desde el punto de vista eclesiástico, no había motivos para recibir con entusiasmo el pasaje de la fase "militar y confesional" a la "política" de la revolución (...) ello determinó un cambio de rol de la Iglesia en la revolución (...) el papel de guía que ella había ejercido hasta entonces debía necesariamente dejar paso a la dialéctica entre el gobierno y los actores políticos tradicionales con cuya exclusión la Iglesia había ganado inmensamente" (Zanatta, 1999:95).

A pesar del cierre de la fase clerical del programa revolucionario la política social y la estrategia industrialista, en los intereses de la iglesia, todavía parecía ajustarse a los principios del catolicismo social y nacionalista. Como señala Zanatta, esta percepción se veía re-afirmada por "la procedencia de sus colaboradores, sus vínculos con el mundo católico y su inequívoco perfil de 'hombre de junio' " (1999: 129). A su vez, para "los cuadros del Ejército, cualesquiera que fueran sus reticencias o sus prevenciones, Perón encarnaba el proyecto político de junio de 1943" (Rouquié, 1986:74). El Ejército en el primer peronismo tuvo un lugar preponderante no sólo por la política de expansión y modernización de las Fuerzas Armadas sino fundamentalmente por la participación directa de los militares en el poder. "Los funcionarios gubernamentales incluían un elevado número de militares retirados o de oficiales en actividad (...) en las funciones más altas ministros y gobernadores" (Rouquié, 1986:78).

En el plano local, la debilidad del actor sindical dada la estructura productiva predominantemente rural y el bajo nivel de sindicalización, había puesto en relieve a los caudillos radicales -como Santiago Corvalán, Justiniano de la Zerda, Rosendo Allub- como interlocutores ineludibles en la construcción de alianzas.

"Cobró importancia el papel del dirigente local capaz de conducir voluntades en dirección del partido (...) un sector de comerciantes, obrajeros, terratenientes y maestros, todos residentes en las zonas rurales y con relación directa con los pobladores, constituyó el eslabón local en el que se apoyó el aparato político del periodo peronista a partir de la década del 40´" (Tasso 2007, 245-246).

Pero, como señalamos en el apartado anterior, la iglesia estuvo estrechamente vinculada a la legitimación de los poderes locales. Ya sea durante los gobiernos conservadores (1898-1920)23, en menor medida durante la etapa de gobernadores radicales inscriptos en el antipersonalismo (1920-1943) que no descartaron aliarse al poder central pese que representaba una restauración conservadora24. La relación de las Autoridades Eclesiales con el gobierno radical se hizo visible durante la reforma de la Constitución Provincial de 1939, que posibilitó la participación formal del Obispo como candidato a convencional por el oficialismo, la UCR Unificada25.

No obstante, en el proceso de formación del laborismo el clero local había asistido pasivamente al avance de los caudillos radicales. La designación de Mittelbach, en el marco de la confluencia ideológica e institucional entre Ejército e Iglesia, aseguraba un representante nacional en el gobierno provincial, al clero nacional un hombre de junio y el clero local la conservación de un espacio en el nuevo gobierno provincial integrado predominantemente por la sospechada dirigencia de los partidos tradicionales.

Por su parte, el radicalismo santiagueño se vio forzado a ceder ante lineamientos nacionales (Alén Lascano, 1996:591) y, en ese sentido, aceptar la imposición de la candidatura del coronel peronista y "hombre de junio". La distribución de los candidatos a diputados se realizó "según los grupos de seguidores de caudillos aportantes de dinero para las campañas y votos más o menos cautivos" que habría dado lugar a una "aglomeración política pragmáticamente constituida" (Martínez, 2008 a: 8).

Con la formación del partido peronista y la disolución del partido laborista, el equilibrio de fuerzas quedó modificado. La secularización creciente que estaba experimentando la doctrina peronista así como su expansión sobre un terreno que había sido monopolizado por la iglesia (la acción social), provocará un distanciamiento paulatino de la Iglesia hasta su quiebre definitivo en 1954 y una división al interior del Ejército en torno a la cuestión peronista.

Como consecuencia de la disolución del Partido Laborista, el oficialismo en la legislatura provincial quedó dividido entre adherentes a Perón (fundamentalmente los diputados del radicalismo anti-personalista) y los diputados alineados con el gobernador. En ese marco, Juárez fue designado Ministro de Gobierno en noviembre de 194626. Designación interpretada como estrategia de conciliación entre los sectores del oficialismo en pugna (Tenti 1998, Martínez, 2008). Pero ¿por qué sería tolerada la designación de quién por entonces, en términos de Bourdieu, era un "recién llegado" al campo político? ¿Cómo un recién llegado podría conciliar las tensiones en el seno del oficialismo? ¿porqué un dirigente católico que no había participado en la formación del laborismo y que aparentemente carecía de capital político necesario accedía a uno de los ministerios más importantes?27. No disponemos de estudios que profundicen en cuales fueron los vínculos que permitieron que el dirigente de la ACA arribara al Ministerio de Gobierno de una alianza caracterizada, más que por el pragmatismo, por inestabilidad en los acuerdos entre Perón, la Iglesia y las Fuerzas Armadas.

En lugar de pensar el juarismo en términos de opciones y acciones individuales resulta más fértil inscribirlo como una expresión de las relaciones de fuerza presentes en el campo político provincial. Su pertenencia a la ACA, espacio de origen cristiano pero que buscó instalarse en el campo político en plena transformación, lo construyó como un actor político que encarnó las aspiraciones políticas del factor de poder local constituido fundamentalmente por la Jerarquía eclesial. Sus años de militante en la ACA lo habían dotado no sólo popularidad en los círculos de jóvenes católicos, sino también de vínculos con el clero nacional, contactos personales con otros militantes católicos pertenecientes a familias tradicionales e influyentes de la provincia que más tarde devendrían en referentes de la Democracia Cristiana y contactos estratégicos que favorecerían su retorno como gobernador en 1973 y 1983.

El conflicto entre bloques oficialistas culminó con la intervención federal al gobierno y al partido peronista de la provincia. Las elecciones generales, convocadas para mayo de 1949 fueron precedidas por la votación de convencionales para la reforma de la Constitución Nacional que consagró, entre otros, a Carlos Juárez. En el transcurso de dos años pasó de ser un ignoto funcionario, de pasado católico, a referente principal de un peronismo cuyo liderazgo estaba en pugna. Su contendiente por el liderazgo peronista fue Orestes Di Lullo, un destacado intelectual vinculado también a los grupos católicos locales. También había sido convencional constituyente de la reforma de 1939 donde batalló por "la restauración cristiana y mostraba una aversión manifiesta a las ideas liberales y socialistas" (Tenti, 2004). Lo significativo de este proceso es que ambas alternativas representaban los intereses del movimiento nacionalista católico en la provincia. Esto es ilustrativo de que la iglesia buscaba instalarse en el campo político provincial y, particularmente, de la densidad del proyecto integrista de Estado en la provincia. Finalmente, la intervención del PJ proclamó a Juárez como candidato oficial, desconociendo a los sectores que impulsaban a Di Lullo. El rechazo que despertaba la decisión de la intervención partidaria obligó a hacer el anuncio oficial por transmisión radial, cerca de las 23 horas y con custodia de la policía montada y la infantería28.

El hecho de que los dos candidatos a liderar el peronismo provincial fueran, o bien, un cuadro de la ACA o un intelectual de ideas nacionalistas católicas, revela que la presencia de una matriz anti-liberal que luchó, a través de diversas estrategias, por hegemonizar el campo político.

2. PRIMER JUARISMO: REORGANIZACIÓN DEL ESTADO PROVINCIAL Y ARTICULACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE VIGILANCIA Y CONTROL POLÍTICO.

La ocupación duradera de una posición genera la incorporación principios de visión y división del mundo social en los agentes sociales. La trayectoria iniciada en el ámbito de la ACA, en un contexto histórico de crisis del consenso liberal y auge del nacionalismo católico, no sólo tendió puentes hacia su incorporación en el gobierno laborista y lo posicionó como candidato central del peronismo. Supuso además la transferencia de un principio de visión y división estructurado en un espacio de formación integrista a un campo político en construcción. El nacionalismo católico aspiraba a la formación de un Estado de características corporativas. En realidad, como consecuencia de la crisis económica y el conflicto social que acompañó a la irrupción de la clase obrera, en este nuevo escenario pasaron a formar parte del debate político la ampliación del rol del Estado y las reformas sociales tendientes a prevenir los peligros de una revolución social. Como señaló Plotkin (2007:40) "la democracia liberal ya no era percibido como el único sistema político legitimo y diversos grupos políticos coincidían en propugnar algún sistema de tipo corporativo". El proyecto de Estado clérico-militar de la Revolución Militar de 1943 aspiraba a una reorganización estatal de este tipo. En aquel clima de ideas, que penetró profundamente a la Iglesia y guió sus estrategias políticas entre ellas a la ACA, el juarismo comenzó a construir un sistema de ideas que trasladó a su primer gobierno.

El primer peronismo profundizó un proceso de reorganización del Estado Nacional que, de acuerdo a Campione (2007), se venía operando desde 1943. Proceso que introdujo una serie de transformaciones en los organismos públicos y, por esa vía, de la burocracia estatal. De modo similar, el estado provincial sufrirá una serie de transformaciones que reforzarán el tono fundacional que buscó imprimir el juarismo a este primer gobierno a partir del uso político del pasado para apropiarse simbólicamente del campo político en formación. Analizamos el informe del primer año de gobierno "Santiago trabaja por su redención" publicado en 1950 por la Oficina de Información y Prensa de la Gobernación. Dicho documento condensa, por un lado, la re-elaboración construida por el juarismo sobre el pasado y su lugar en el campo político provincial y, por otro, resume las transformaciones en la burocracia estatal.

Es sabido que el peronismo buscó construir su lugar en el desarrollo histórico como ruptura con la tradición liberal. A partir de una re-apropiación simbólica del pasado nacional buscó instituirse en representante de una verdadera nacionalidad. En esta construcción el peronismo solo reconocía antecedentes en la gesta independista, negando de ese modo la historia comprendida entre la declaración de la independencia y el surgimiento del peronismo. El juarismo adhiere a esta lectura del pasado nacional:

"El calendario de la política argentina marca una fecha de relieves que perdurará a través de los tiempos. Es el 17 de octubre de 1945. Renovando una histórica epopeya, el pueblo argentino se congregó para exaltar y proclamar un hombre: Juan Perón. Allí expresó su firme voluntad de luchar por su liberación total (...) Así quedó estereotipado un sistema político, económico, social y filosófico de negación y afirmación. Negación de lo caduco y anacrónico. Afirmación de un ideal de justicialismo, de independencia, de soberanía".

En consonancia con esa relectura del pasado nacional, en el plano provincial, el gobernador planteaba el inicio de "una era de trabajo, de concordia y de justicia", autodefiniéndose como un punto a partir del cual comienza a registrarse la historia. Los gobiernos conservadores y radicales simbolizaban "lo caduco y anacrónico" en la nueva era política protagonizada por la misión redentora que asumía el peronismo.

"El pueblo de Santiago recupera su fe en sus gobernantes. Es como una resurrección del alma santiagueña, embebida de realidad y esperanzas nuevas por efectos de la obra constructiva y alentadora del Gobernador Dr. Carlos Arturo Juárez. Sus promesas se cumplen bajo los signos de la redención peronista"29

Las referencias a la fe, la resurrección, la esperanza, la obra redentora, las que aparecen todas articuladas alrededor de la figura del líder, formaba parte de la retórica peronista del periodo. Pero en el caso estudiado, no sólo se trataba de una estrategia discursiva, formaban parte de una cosmovisión religiosa que lejos de secularizarse, fue consolidándose. En 1982, Juárez volvía a afirmar que "la pureza de la doctrina peronista" radicaba en su "contenido humanista y cristiano"30. El caudillo santiagueño definía su obra de gobierno en términos de una "gran cruzada redentora a que tan empeñosa y patrióticamente se halla entregado el Presidente de los argentinos, General Perón, su señora esposa, fundadora de la benemérita institución de "Ayuda Social" y como colaborador eficaz el actual gobernador de la provincia"31.

En la segunda mitad de la década del cuarenta asistimos, como ya dijimos, a una re-estructuración del Estado Nacional. Campione (2007) ha señalado que se logró un Estado más autónomo y técnico que el Estado político y pre-burocratizado de la década anterior, no pretendía "neutralidad o imparcialidad, sino identificación con el bien común".

En la provincia, bajo el lema "Agua y Caminos" se llevó adelante un proceso de reorganización del estado provincial. Se crearon una serie de organismos que, en conjunto, van a racionalizar la burocracia estatal al formar áreas especializadas. Un área sensible dentro de la reorientación de las competencias del Estado del periodo es la economía. En esa dirección es creado el Ministerio de Hacienda, Industria y Comercio encargado de "los manejos de los bienes del estado, de la previsión del régimen impositivo, percepción de la renta fiscal, atención de las finanzas, control de las finanzas y efectividad de la previsión social, así como de los problemas fundamentales del comercio, el fomento agrícola-ganadero e industrial". La Junta de Control de Abastecimiento y Precios se creó como instrumento para regular el comercio y el cumplimiento de las disposiciones legales nacionales. Se crearon importantes organismos complementarios de la actividad económica y que se orientaron a: 1) proveer de infraestructura necesaria como el Consejo Provincial de Vialidad y la Dirección Provincial de Transportes, 2) producir información para el diseño de políticas sociales y económicas como la Dirección General de Estadística y Censo, 3) organizar el sistema jurídico a través de la creación del Superior Tribunal de Justicia como órgano independiente de las cámaras de apelaciones, la Justicia de Paz Letrada, Juzgados de Instrucción en ciudades del interior (La Banda, Añatuya, Frías) y Tribunales de Trabajo. Estos nuevos organismos constatan la ampliación y cierto grado de especialización de la burocracia estatal. No se registra la creación de organismos encargados de regular la relación entre capital y trabajo. Si encontramos medidas aisladas tales como aumentos de salarios a los empleados públicos o de jubilaciones y pensiones. Salvo la implementación del beneficio del salario familiar a los empleados de la administración pública, llama la atención la ausencia de políticas orientadas a producir más empleo o mejorar la situación precaria de los obreros santiagueños. Esto puede estar relacionado con, y aquí citamos a Martínez (2007), la centralidad que tuvo, al menos hasta 1950, el obraje forestal. Actividad que concentraba la mayor cantidad obreros en condiciones de trabajo extremadamente precarias, rayanas con la esclavitud pero que constituía la principal fuente de ingresos para el sostenimiento del Estado provincial.

En el periodo, el Estado Nacional se expandió también sobre la arena social. En contraste, la provincia que sostenía que "en el orden de la ayuda social, se inspira en los nobles preceptos del cristianismo que preconiza la igualdad de derechos y justicia para todos", no se produce legislación en esa dirección. De las reformas introducidas en la Constitución Provincial de 1949 que replicaban en algunos aspectos las reformas introducidas en la Constitución Nacional (como el re-establecimiento de la enseñanza católica suprimida diez años antes), quedan en relieve aquellas referidas al sistema político. Como vimos, la hostilidad a los partidos identificados con el sistema representativo liberal que había caracterizado al integrismo católico, puede advertirse la búsqueda de homogeneizar la diferencia política. En ese sentido, ubicamos la supresión de la elección de intendente municipal que en la ciudad Capital, las adhesiones del electorado oscilaba entre la UCR y el Partido Comunista. Respecto a la legislación electoral, quedó modificado el criterio de representación proporcional de las minorías por el de minoría homogeneizando las diferencias y reduciendo, de este modo, las posibilidades de acceso a los escaños legislativos de los partidos de oposición. A estas regulaciones que indirectamente incidían sobre el funcionamiento de los partidos políticos, se añaden otros mecanismos que denominamos de producción activa de orden. En esa dirección interpretamos la formación de la Dirección Provincial de Defensa Nacional y dentro de la Jefatura de Policía, de la División de Investigaciones y la Inspección General de Jefaturas Políticas.

La primera tuvo como objetivo "colaborar con el plan general a desarrollar por el ministerio de Defensa de la Nación en bien de la seguridad del pueblo y el territorio de la Nación"32. En el informe no se explicitan las actividades concretas de este organismo, no obstante, su organización fue coincidente con la implementación de la Ley Nacional 13.234 sancionada en septiembre de 1948 por la cual se crea el Consejo Nacional Defensa para la "preparación de la Nación en tiempo de paz para tiempos de guerra". En su artículo Nº1 establecía "las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación y ejecución de la defensa nacional, con el fin de lograr y mantener la seguridad nacional necesaria para el desarrollo de las actividades del país, en procura de sus objetivos nacionales". La seguridad nacional era definida como "la situación en la cual los intereses vitales de la Nación se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales"33. De ello se desprende que esas interferencias podían ser virtualmente cualquier expresión que desafiara a los objetivos nacionales. Más allá del carácter ambiguo de las nociones de defensa y seguridad, esta disposición nacional impactó en la organización institucional y funcional en las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad e instituciones policiales. En el caso particular que nos ocupa, este lineamiento nacional se tradujo en la formación de la División de Investigaciones (1950) para "la importantísima función de seguridad y defensa" con competencia sobre delitos contra la propiedad, contravenciones de distinto orden, la elaboración de informes administrativos y policiales. Cabe preguntarse por el sentido de una Dirección Provincial de Defensa siendo que éste es un concepto inherente a las relaciones internacionales pero, en todo caso, revela el corrimiento de la percepción de la amenaza al plano interno. Amenaza que, en el contexto de ascenso de un clima nacionalista y anti-liberal que comenzará a quebrarse con la segunda posguerra, estaba identificada con las tradiciones políticas seculares o modernas -liberalismo, socialismo, comunismo- entendidas como factores de división y de conflictividad social.

En cambio, la Inspección General de Jefaturas Políticas, instrumentada por la Policía de Campaña en cada uno de los departamentos provinciales, tuvo como misión principal "el control más estricto del personal que comprenden las 27 Jefaturas Políticas" a fin de "uniformar los procedimientos respecto a la vigilancia y sistemas de control" enfocando particularmente en "tareas de orden público emanadas de las luchas de carácter gremial". En contraste a la Dirección Provincial de Defensa Nacional y a la División de Investigaciones, su área de intervención fue estrictamente provincial y funcional a los intereses del Ejecutivo Provincial. El Estado provincial en toda esta etapa va a ensanchar las funciones de seguridad desarrollando un complejo entramado de organismos que, en conjunto, conforman un primer intento de articulación de un dispositivo de vigilancia y control político. Esto se condice con el aumento del personal policial y de la provisión de armas que dispuso el Ejecutivo Provincial.

En suma, las doctrinas existentes en torno a defensa y seguridad nacional, van a ir delineando el montaje dentro de la estructura del estado provincial de dispositivos de vigilancia y control político.

El conflicto entre Perón y la Iglesia determinó el fracaso del proyecto clerical-militar y marcó la modificación en las relaciones de fuerzas existentes en el campo político. Mientras se deterioraban los apoyos y alianzas que habían acompañado y sostenido al juarismo en el peronismo provincial, en contrapartida, creció el predominio de la CGT que instaló como candidato a un dirigente del gremio de los empleados bancarios Francisco González.

Esta primera etapa concluye con la conformación, dentro del peronismo provincial, de un liderazgo con contornos ideológicos definidos, fortalecido a partir de su función como gobernador en un periodo de bonanza económica, grandes obras públicas, de re-organización de la estructura del Estado. Durante el periodo inaugurado por la autodenominada Revolución Libertadora los dos primeros gobernadores peronistas de la provincia quedaron detenidos. Con los dirigentes detenidos o en la clandestinidad, se abrió paso a una nueva dirigencia, antagonista al juarismo, que producirá la renovación ideológica al interior del peronismo provincial. Francisco López Bustos, médico alineado al peronismo sindical; Abraham Abdulajab médico de filiación socialista militante de la resistencia peronista y Amílcar Santucho abogado militante del PC, conformaron la primera mesa directiva del partido justicialista santiagueño. Mientras avanzaban estos nuevos sectores en la dirección del partido, Juárez preparaba su retorno bajo la estrategia neoperonista.

NOTAS PROVISORIAS A MODO DE CIERRE.

La comprensión de las prácticas partidarias que habitan la política contemporánea, antes que evaluaciones de supuestos estándares de calidad, demanda, como primer paso, el reconocimiento de su historicidad. Que ellas se inscriben en procesos de largo plazo que han ido configurando patrones de conducta arraigados en los modos en que se ejerce el poder político. Nos centramos en una práctica en particular: la violencia estatal extra-legal y en el caso del Juarismo en Santiago del Estero. Bajo la idea de la historicidad de las prácticas políticas, reconstruimos el proceso de formación del juarismo -abarcando desde los inicios en la militancia católica al primer mandato como gobernador- para indagar cómo se articuló la violencia estatal como un componente de la dominación política.

Tradición que, como vimos, pude remontarse al pasado colonial que hereda al SXIX un solapamiento en las funciones de autoridades políticas y militares. En la tercera década del SXX, el quiebre del consenso que había sostenido al Estado Liberal, dio paso al ascenso del nacionalismo católico que propició un proceso de militarización del Estado y la política que, en general, perdurará hasta la década del ochenta. Estos procesos van a facilitar la expansión de la burocracia del estado, en particular dentro de las fuerzas de seguridad, sobre funciones de vigilancia política sobre el cuerpo social y el sistema político. A su vez, se observa en la provincia la existencia de una matriz que ligó a la jerarquía eclesial, ejército y civiles en los planos de la legitimación y en el plano del ejercicio del poder político. Matriz heredada de la estructura de dominación colonial, que trasciende y reactualiza en el SXIX y que ya sin el ejército, hacia los años treinta y cuarenta del SXX, aspira a estructurar el campo político en formación. Consideramos que el juarismo constituyó una forma de dominación emergente de aquella matriz. El caudillo comenzó a conformarse como actor político en una coyuntura clave de la historia política nacional: la crisis del consenso liberal que se tradujo en una alianza entre "la cruz y la espada". Y se forjó como dirigente en el espacio de la ACA, organización vigorosamente comprometida con un proyecto de Estado de rasgos corporativos. Allí comienza a cobrar densidad un núcleo de ideas que el máximo referente del peronismo provincial definió como netamente "cristiana y humanista" que encierra un carácter profundamente anti-liberal, que comporta visiones particulares sobre el Estado, los partidos políticos, el orden público. Durante su primer gobierno, se llevará adelante la re-organización del estado provincial en consonancia con la re-estructuración del Estado Nacional operada en el primer peronismo. Se produjo la expansión del Estado a la vez que su burocracia logró ciertos niveles de especialización, al crear organismos específicos, en particular, en torno a la esfera económica y social. Sin embargo, no se traducen ni en diversificación de la estructura productiva provincial, ni en mejoras en materia de legislación social. En paralelo a este proceso, comienza a articularse nociones de defensa y seguridad nacional que impactarán en la estructura y funcionamiento de las fuerzas de seguridad, incluidas las policías provinciales. En ese sentido ubicamos a la creación de organismos dentro de la estructura policial vinculados a funciones de control político.

Por último, la conceptualización clásica del Estado Moderno, que anuda la legitimidad de la violencia a la constitución misma del Estado, ha relegado la crítica de la legitimidad de una violencia estatal que puede ser arbitraria e ilegal. En términos de Benjamin, la violencia no sólo es fundadora del Estado, de un orden jurídico político, puede ser conservadora de ese orden así establecido. Con el avenimiento de la democracia, las Fuerzas Armadas fueron denunciadas, investigadas, enjuiciadas, condenadas y su estructura progresivamente reformada. En cambio, la violencia policial ha permanecido refractaria a la crítica democrática y a controles externos. En contextos como el santiagueño, esta es una problemática que debe ser contemplada a la hora de comprender las estructuras de dominación política.

Notas

1 Las diferencias observables a nivel de las instituciones del régimen político se ubican, por ejemplo, en los sistemas de partidos, de los sistemas electorales, el nivel de competencia partidaria. desarrollo de la sociedad civil, etc. A su vez, en las tres últimas décadas se registra un proceso de "desnacionalización de la competencia partidaria" o territorialización del sistema de partidos que ha implicado que el comportamiento tanto de los partidos como de los votantes respondan de modo creciente a dinámicas políticas estrictamente locales y que la arena política provincial adquiera grados mayores de autonomía respecto a los procesos políticos nacionales.

2 En el caso estudiado nos referimos a actividades de espionaje ilegal que el Estado provincial ejecutó a través de la D-2 sobre funcionarios públicos, autoridades religiosas y gremiales, dirigentes y militantes de partidos políticos (incluido el propio PJ), de organizaciones sociales, eclesiales, campesinas, estudiantiles, profesionales y periodistas por ejemplo. Esta actividad se constató a principios de marzo de 2004 cuando se produjeron dos allanamientos en las oficinas de la División de Investigaciones de la Policía de Santiago del Estero (D2), uno ordenado por el juez de instrucción René Achával y el segundo por orden del juez federal Ángel Jesús Toledo. Allí se encontraron 20 ficheros metálicos que contenían aproximadamente 40 mil carpetas de espionaje.
Por otra parte, como ha señalado el CELS en su Informe Anual del año 2001, la violencia policial y la falta de independencia del Poder Judicial configuraron una situación de ausencia de seguridad jurídica y respeto de las garantías básicas para los ciudadanos de la provincia.

3 La noción de enclave autoritario fue acuñada por Manuel Antonio Garretón y alude a los obstáculos estructurales -constituidos por factores de tipo institucional, actoral, ético-simbólico y socio-cultural- que el sistema político debe enfrentar para acceder a la consolidación democrática. Ver en "La democracia entre dos épocas: América Latina en 1990". Foro Internacional, México, Vol.XXXII. Julio-Septiembre 1991. No.1.

4 Nos referimos al concepto "zonas marrones". Ver en O'Donnell Guillermo (1999) "Contrapuntos: ensayos escogidos sobre el autoritarismo y la democratización". Buenos Aires. Editorial Paidós

5Aquí ubicamos las investigaciones basadas en la noción de poliarquía de Dahl (2002) como por ejemplo el trabajo de Corbettta José y Pérez-Liñán Aníbal (2001) "Calidad de la democracia: un análisis de la trayectoria argentina" en Instituciones y Desarrollo.

6 Al respecto se puede consultar O´Donnell Guillermo (1998) "Accountabilitty horizontal" en Revista Agora. Cuaderno de Estudios Políticos. Año 4, Nº8; O´Donnell (2002) "Las poliarquías y la (in)efectividad de la ley en América Latina", Paidos; Peruzzotti Enrique y Smulovitz Catalina Controlando la política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias latinoamericanas. Temas Grupo Editorial, Buenos Aires; Levine Daniel y Molina, José (2007) "La calidad de la democracia en América Latina: una visión comparada", en América Latina Hoy.

7 Nos referimos al Equipo de Antropología Política y Jurídica creado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en 1993 y coordinado por Sofía Tiscornia, Victoria Pita y María Josefina Martínez. Sus temas de investigación son el análisis de la violencia estatal y de la trama burocrática -administrativa y judicial- que la configura, así como en el estudio de las diversas formas en que las acciones de movimientos y colectivos sociales buscan limitarla e impugnarla o, por el contrario, la demandan y legitiman. www.antropojuridica.com.ar

8 Concretamente analiza los saqueos por alimentos producidos en diciembre de 2001.

9 Por juarismo hacemos referencia al conjunto de gobernaciones ganadas por el PJ-juarista y ejercidas tanto por su máximo líder Carlos Juárez: 1949-1952, 1973-1976, 1983-1987, 1995-1999, 1999-2001), por candidatos impuestos por el caudillo: Carlos Díaz (diciembre de 2001 a noviembre de 2002) y Mercedes "Nina" Aragonés de Juárez (diciembre de 2002- al 31 de marzo de 2004), como el gobierno interino del vice-gobernador Darío Moreno (noviembre de 1998 a diciembre de 1999).

10 Nos referimos a la Sub-secretaría de Informaciones del Gobierno de la provincia y al Departamento de Informaciones Policiales (D-2).

11 Cita extraída del "Informe Santiago del Estero" de Pablo Lanusse y Eduardo Luis Duhalde. A fines del año 2003, el Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, realizó un importante trabajo de entrevistas y recopilación de documentación que luego publicó como "Informe Santiago del Estero". Allí se señala que se constató "la violación de los derechos humanos, el atropello a las libertades republicanas, la persecución de organismos de inteligencia sobre la población civil, y el mantenimiento de estructuras de avasallamiento a las garantías individuales" destacando que "son la manifestación de un problema sistemático y recurrente, tal cual lo han señalado diversas expresiones de la sociedad santiagueña, que van desde el Colegio Público de Abogados, hasta el Obispado local, pasando por expresiones cívicas como Las Madres del Dolor y los movimientos campesinos". Pág.: 40.

12 Nos referimos a la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos del Obispado y a Madres del Dolor. El primero surgió a partir de las constantes denuncias que llegaban de modo informal al Obispado que decide en diciembre de1997 crear este nuevo organismo diocesano. La organización social Madres del Dolor se crea en julio de 2008 para reclamar contra la impunidad en casos de crímenes que involucran violencia policial.

13 Al respecto, Ugarte (2001) señala que Estados Unidos, en la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 se manifestó contrario a la organización de ejércitos permanentes. El Congreso, una vez concluida la guerra por la independencia, dispuso disolver en 1784 la fuerza regular militar de 700 hombres sosteniendo que los ejércitos permanentes en tiempo de paz son inconsistentes con los principios de los gobiernos republicanos, peligrosos para las libertades de la gente, y generalmente convertidos en máquinas destructivas para establecer el despotismo.
Gran Bretaña, concluido el absolutismo monárquico y asentada la autoridad del Parlamento, el Bill of Rights de 1689 estableció en su declaración VI Que el reclutamiento o mantenimiento de un ejército dentro de las fronteras del reino en tiempo de paz, sin la autorización del Parlamento, son contrarios a la ley. A partir de esta disposición, se estableció la práctica de la Mutiny Act anual, que contenía la autorización parlamentaria anual para el sostenimiento del ejército.
En Francia, el derrocamiento del absolutismo monárquico por la Revolución Francesa trajo consigo la desaparición del ejército profesional hasta entonces existente y su sustitución por un ejército ciudadano, considerando por el título I del Decreto de la Asamblea Nacional del 6-12 de diciembre de 1790 como la reunión de las fuerzas de todos los ciudadanos. Dicho Decreto, como la posterior Constitución del 3 de septiembre de 1791 distinguió dentro de la fuerza pública tres elementos claramente diferenciados: el ejército, los cuerpos armados para el servicio interior, y la guardia nacional. A estos cuerpos permanentes, se añadían conforme al artículo 2, título IV de la Constitución de 1791, los ciudadanos activos y sus hijos en estado de llevar armas inscritos en la lista de la guardia nacional.

14 En el artículo de Amalia Gramajo de Martínez Moreno y Hugo N. Martínez Moreno (2007) "La religiosidad popular en Santiago del Estero", señalan la existencia de una fuerte tradición de religiosidad popular, similares en general a las de todo el Noroeste y Noreste argentino y que se entronca con las particularidades del catolicismo latinoamericano. Este tiene como uno de sus rasgos centrales la mixtura de las tradiciones de las culturas indígenas locales con las creencias y prácticas cristianas impuesta por la conquista española. Esta religiosidad popular se manifiesta en las festividades, culto a santos paganos, peregrinaciones, creencias populares, por ejemplo.

15 La existencia de la Iglesia como institución data de 1570, cuando fue creada en Tucumán la primera Diócesis del territorio argentino por la Bula Super Spécula Militantis Eclesiae por Pío V respondiendo así al pedido del rey de España Felipe II. La misma establecía la ciudad de Santiago del Estero como sede episcopal, siendo así su catedral la primera del país hasta 1699 cuando la sede fue trasladada a la ciudad de Córdoba. En 1907, por bula de Pío X fue creada la Diócesis de Santiago del Estero. Fuente: Obispado de Santiago del Estero.

16 El sistema colonial instituye de hecho la figura patronal mediante la encomienda, que pone a la tierra y la población residente bajo la tutela de un administrador o patrón (...) patrones y clientes (terratenientes y trabajadores agropecuarios) establecieron un pacto de alianza de clases que otorgaba beneficios a ambos, aunque esos beneficios hoy nos puedan parecer muy desiguales. Al trabajador le conferían protección, ocupación, identificación social y localización residencial. El patrón, por su parte, obtenía mano de obra, lealtad y el prestigio social que provenía del número de subordinados" Tasso, 2007:233-234.

17 Desde la declaración de la autonomía provincial el 27 de julio de 1820, durante el S XIX los gobernadores fueron en su mayoría caudillos militares, es el caso de Juan Felipe Ibarra y Manuel Taboada.

18 http://www.obispadosgo.org.ar

19 La Federación de Círculos Católicos de Obreros (FCCO) fue fundada por el Padre Federico Grote el 2 de febrero de 1892. Su objetivo fundacional fue "promover y defender el bienestar espiritual y material de los trabajadores, de acuerdo a las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia". A través de los Círculos Grote pretendía abordar la "cuestión obrera argentina" a fin de armonizar la convivencia entre clases sociales a través de un mejoramiento de la vida de los trabajadores y sus familias: "la acción social a favor de los obreros, es decir, los esfuerzos para promover con toda clase de medios lícitos el bienestar temporal y moral de los trabajadores no era, pues, en mi intención el fin último que me proponía, sino más bien un medio para alejar a los obreros de los antros de perdición y ponerlos bajo el influjo saludable de la Iglesia". Cita de Federico Grote extraída de http://www.fcco.com.ar/historia/

20 Es la primera encíclica social de la Iglesia promulgada por el Papa León XIII en 1891 como respuesta al avance de las corrientes socialistas y anarquistas en los sindicatos.

21 Este tema puede ampliarse en Tenti María Mercedes (2004) "La reforma de la constitución santiagueña de 1939 y la cuestión religiosa" en Nuevas Propuestas. UCSE.

22 "Los fundadores que formaron el núcleo inicial (diecisiete oficiales) eran amigos que habían decidido encontrarse regularmente, ya en lo del coronel Saavedra, ya en el departamento del coronel Mittelbach, porque compartían las mismas inquietudes, concluyendo que era necesario organizar y unificar los oficiales de todas las guarniciones" Rouquié, 1986:23.

23 De acuerdo a Alén Lascano (1996), durante el gobierno de Pedro Barraza se promulgó y dio cumplimiento definitivo de la reforma constitucional por la cual "la provincia coopera al sostenimiento y protección del Culto Católico Apostólico Romano" art 10 rectificatorio de la virtual separación entre Estado e Iglesia, establecida en 1884. Pág.: 464.
En 1910, la legislatura provincial eligió como gobernador a Manuel Argañaras, ex legislador nacional y ministro, adscribía a un catolicismo liberal. Durante su gestión, logró la restauración del obispado, consiguió una partida presupuestaria de la nación para el Obispado y solicitó que la presidencia elevara al Vaticano una terna de candidatos a Obispo. Pág.:476

24 Por ejemplo, el gobernador radical Santiago Maradona prestó apoyo oficial a la inauguración del seminario conciliar reabierto por el Obispo Audini Rodríguez y Olmos, encomendó a la Dirección de Obras Públicas la terminación del seminario, el anteproyecto de un gran templo destinado a conservar intacta la celda - capilla de San Francisco Solano, la construcción de una escuela de la Asociación Católica San Vicente de Paul y numerosas medidas efectivas de protección al culto católico. Alén Lascano 1996:538.

25 Reforma que, de acuerdo al historiador santiagueño Alén Lascano, dio nueva significación al periodo gubernativo dado que transparentó que el gobernador Montenegro ofreció al sector católico participación en la reforma de la que se abstuvieron radicales y conservadores. La incorporación en la lista de candidatos del oficialismo del Obispo Audini Rodríguez y Olmos grafica esto último. Allí se debatía la inclusión de la enseñanza laica, cuestión que finalmente fue sancionada en junio de 1939.

26 Previamente se había desempeñado como Contador General de la Provincia durante el año 1946.

27 Incluso versiones periodísticas señalan que Carlos Juárez habría rechazado participar en el laborismo diciendo:"mi función de dirigente católico es incompatible con la actividad política" cuando, en 1946, el dirigente Francisco López Bustos le propuso trabajar para la primera presidencia de Perón.

28 Martínez en "Estado, economía y política en Santiago del Estero 1943-1949. Exploración de algunas condiciones estructurales de la cultura política" apunta que mientras "la candidatura de Di Lullo a la gobernación había sido anunciada" en contraste "la candidatura de Juárez, llamativamente, no habría sido proclamada en un acto público sino en el auditorio de LV11 Radio del Norte (como intentando ignorar los convulsionados grupos urbanos y dirigirse a un público más lejano en el espacio)". Esta situación fue rechazada por el sector de Di Lullo que "tres horas antes de la proclamación radial estaba convocada una marcha en la plaza central". Un orador de la marcha de repudio dijo que "el acto constituía una reacción de los hijos de Santiago contra las intervenciones foráneas en la dirección de su política y elección de candidatos". Pág: 13.

29 Informe "Santiago trabaja por su redención" publicado por la Oficina de Información y Prensa de la Gobernación. Impreso en los Talleres de El Liberal.1950. Pág. 115

30 Juárez Carlos Arturo (1982) "Hora Crucial en Argentina". Editorial Peña Lilo, Buenos Aires. Pág.: 44 y 178.

31 Informe "Santiago trabaja por su redención" publicado por la Oficina de Información y Prensa de la Gobernación. Impreso en los Talleres de El Liberal.1950. Pág.:36.

32 Había sido creada por decreto de la intervención federal del 2 de septiembre de 1948. El 28 de febrero de 1950 el poder ejecutivo dispuso la organización de esa dependencia.

33 El artículo 2° establecía "Las previsiones necesarias para la organización de la Nación en tiempo de guerra, deberán ser adoptadas desde tiempo de paz de acuerdo con las directivas fijadas por el Consejo de Defensa Nacional. La preparación y ejecución de los planes y programas destinados a satisfacer esas previsiones hasta en sus menores detalles, corresponderá a los ministerios o secretarías de Estado por intermedio de sus organismos dependientes y de aquellos que, a los efectos de la coordinación, creare especialmente el Consejo de Defensa Nacional". Legislación citada en Ugarte (2001) Op. Cit.

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Recibido 1.9.10
Aprobado definitivamente: 4.12.10