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Trabajo y sociedad

versión On-line ISSN 1514-6871

Trab. soc.  no.19 Santiago del Estero jul./dic. 2012

 

ACCION COLECTIVA

Trabajo, asociatividad y acción colectiva: el caso de las cooperativas de recuperadores urbanos.

Work, associativism and collective action: the case of the recovery and classification of solid waste cooperatives

 

Johanna Maldovan Bonelli*

* Lic. en Sociología, Universidad de Buenos Aires. Profesora en Enseñanza Media y Secundaria en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Doctoranda en Ciencias Sociales - UBA. Becaria Doctoral Tipo 1- CONICET / Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL). Profesora Ayudante en la Facultad de Ciencias Sociales. Carrera de Relaciones del Trabajo. UBA. Correo: johannamaldovan@gmail.com o jmaldovan@ceilpiette-conicet.gov.ar  

 


Resumen

El presente artículo analiza el proceso de consolidación de cooperativas de recuperación y clasificación de residuos sólidos urbanos de la Ciudad de Buenos Aires como un actor diferenciado en el circuito productivo del reciclaje que, a partir del despliegue de una estrategia colectiva basada en la conformación de organizaciones asociativas ha logrado mejorar sus condiciones laborales e insertarse en el sistema público de higiene urbana. Este proceso es presentado en un recorrido de tres momentos establecidos a partir de la conformación de las organizaciones cooperativas y su relación y formas de articulación con las políticas públicas referidas a la actividad.

Palabras clave: Asociatividad; Acción colectiva; Cooperativismo; Reciclaje

Abstract

This article analyzes the consolidation process of the recovery and classification of solid waste cooperatives as a distinctive actor in the recycling production chain in Buenos Aires City. I analize how the deployment of a collective strategy based on associative organizations has been a way to improve working conditions and to integrate themselves into the urban hygiene public system. This process is presented in three different moments established from the conformation of cooperative organizations and their interaction with the public policies related to the activity.

Keywords: Associativism; Collective action; Cooperativism; Recycling


 

Sumario

Introducción. 1. La asociatividad como estrategia colectiva de acción. 2. Los tres momentos del desarrollo de la actividad: el proceso de consolidación de las organizaciones asociativas en el sistema público de higiene urbana. 2.1 Primer momento: la aparición masiva del cartoneo como recurso de subsistencia y el surgimiento de las primeras cooperativas. 2.2 Segundo momento: de la prohibición del cirujeo al reconocimiento de los cartoneros como trabajadores del sector. 2.3 Tercer momento: ampliación de los beneficios sociales y surgimiento de nuevas cooperativas en el marco de la licitación de los nuevos pliegos. Conclusión. Referencias.

Introducción

En el presente artículo me propongo analizar el proceso de consolidación de cooperativas de recuperación y clasificación de residuos sólidos urbanos (RSU) como un actor diferenciado en el circuito del reciclaje, que a partir del despliegue de una estrategia colectiva basada en la conformación de organizaciones asociativas ha logrado mejorar sus condiciones laborales e insertarse en el sistema público de higiene urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En este sentido, lo que se busca es dar cuenta del modo en el cual los sujetos desplegaron acciones en un campo de fuerzas dado que les permitieron posicionarse en el mismo como actores legítimos a la vez que apropiarse de recursos tanto materiales como simbólicos que contribuyeron a su consolidación.
Las políticas de corte neoliberal adoptadas en la década del ´90 en Argentina modificaron sustancialmente los patrones de acumulación y distribución a partir de la transformación de la estructura productiva, la reducción del gasto fiscal, la mayor concentración económica y la privatización de gran parte de los servicios públicos. Ello generó un impacto en la estructura social, modificando los patrones tradicionales de integración social, basados otrora en el empleo asalariado y los derechos ligados a éste. El crecimiento en los índices de desigualdad así como el aumento de los niveles de desempleo, pobreza e indigencia fueron algunas de las consecuencias más visibles de este proceso. En respuesta a ello, surgieron desde los sectores sociales empobrecidos, distintos tipos de estrategias orientadas a la generación de ingresos, entre las cuales diversas formas asociativas han aparecido como nuevas formas de respuesta organizada a las necesidades imperantes (Haeringer, Laville, Sainsaulieu, 1997).
Entre estas estrategias, la recolección de residuos reciclables en la vía pública se incrementó notablemente desde mediados de los ´90. En los grandes centros urbanos la aparición de miles de cartoneros1 en las calles fue el paso inicial hacia el desarrollo de una actividad que logró tener entidad propia a través del tiempo generando impactos no sólo a nivel económico sino también en lo respectivo a política ambiental. De allí en más, la cuestión de la basura volvió a erigirse sobre la escena pública en un debate que aún no se encuentra saldado. En el caso de la Región Metropolitana, hacia principios del año 2000 se calculaba la existencia de unos 25.000 hogares (100.000 personas) viviendo de la recolección informal, en su mayoría residentes del Gran Buenos Aires (GBA), que realizaban sus tareas de manera individual o familiar (Schamber y Suárez, 2002).
La actividad cobró un nuevo impulso en el 2002 a partir de la devaluación de la moneda y el consecuente fin de la paridad cambiaria2, lo cual condujo a un fuerte aumento de los precios de las materias primas provenientes de importación que eran utilizadas por las industrias. El aumento de los costos de producción orientó a distintas ramas industriales (principalmente el plástico, el vidrio y el papel-cartón) a utilizar materiales reciclables como medio para sostener sus ganancias. La mayor demanda de materiales condujo a elevar los precios y a partir de allí a la aparición de nuevos intermediarios en la cadena. Se dio por ende, una mayor diversificación y especialización de los actores. En este sentido, el 2002 marcó un punto de inflexión en la actividad: con la combinación de la desocupación más alta del período y la devaluación, el número de personas que encontraron en la recuperación de residuos una opción frente al desempleo alcanzó niveles extremos convirtiéndose en una de las actividades de mayor crecimiento del período (Di Marco, 2005).
Fue partiendo de este contexto que, en el transcurso de una década, parte de la población abocada a la actividad logró consolidarse como un actor diferenciado en el circuito productivo del reciclaje generando distintas formas organizativas y articulando sus acciones tanto con organizaciones políticas y sociales como así con el Estado. En este proceso, el desarrollo de formas asociativas para el trabajo se constituyó como la estrategia fundamental para lograr insertarse económicamente en el mercado, articular acciones sociales, ambientales y políticas con distintos tipos de organizaciones y obtener beneficios sociales y económicos de diversa índole. En el sector se consolidaron dos tipos de organizaciones asociativas que he definido a partir de la actividad principal que realizan: cooperativas de clasificación y comercialización de residuos y cooperativas de recolección de RSU en la vía pública. Paralelo a ello, la transformación de la legislación tendiente a reconocer e incluir a los recolectores y cooperativas en el sistema de higiene pública urbana permitió potenciar las capacidades organizativas del sector y consolidar su papel en la cadena de recuperación de residuos.
A partir de aquí, para el análisis propuesto realizaré un recorrido del proceso transcurrido en la última década diferenciando al mismo en 3 momentos establecidos a partir de la conformación de las dos modalidades cooperativas mencionadas y su relación y formas de articulación con las políticas públicas referidas a la actividad. El recorte establecido parte de la significación que tienen ambas modalidades de cooperativas en la organización del actual circuito de los RSU y de la importancia que tuvo la modificación de la legislación en el desarrollo organizativo de las cooperativas de recuperadores urbanos.

1. La asociatividad como estrategia colectiva de acción

La construcción de un sector relativamente unificado les posibilitó a los actores involucrados legitimarse como trabajadores cuya acción se orienta a fines sociales, ambientales y económicos. De este modo, el trabajo sobre un bien público como lo es el medio ambiente, a partir de la recuperación de residuos que en otro caso serían enviados a entierro sanitario3; la autogeneración de empleo que posibilitó la inclusión social de un vasto sector a partir de la obtención de un ingreso relativamente estable; y la generación de materias primas para la industria local y externa a través de la recuperación de mercancías susceptibles de ser reutilizables en el proceso productivo, fueron tres de las dimensiones en base a las cuales parte del sector cartonero legitimó sus estrategias de acción colectiva.
En este caso, el concepto de estrategias es entendido como el "despliegue de líneas de acción objetivamente orientadas y que obedecen a regularidades y conforman patrones coherentes y socialmente inteligibles aún cuando no sigan reglas concientes o apuntan a las metas predeterminadas por un estratega" (Bourdieu, 2005, p. 56). Es decir que, si bien la estructura objetiva tiene un papel condicionante en la conformación de prácticas, sentidos y expectativas de los actores, ello no necesariamente supone una limitación o impedimento a la capacidad de agencia de los sujetos que, en el marco de las reglas de integración aceptadas, son capaces de "improvisar" cursos de acción con resultados inciertos. De allí que el cambio puede ser entendido como un proceso de creación colectiva en el cual se produce un aprendizaje conjunto por parte de los miembros de una colectividad que inventan y determinan nuevas formas de jugar el juego social de la cooperación y el conflicto, y adquieren las capacidades cognitivas, de relación y organizativas correspondientes (Crozier y Friedberg, 1990). Es en síntesis, un nuevo modo de estructuración de los campos.
En este proceso la conformación de organizaciones asociativas, generalmente formalizadas como cooperativas, ha sido una estrategia colectiva que permitió la mejora de las condiciones laborales del sector a partir de su legitimación como sujeto trabajador en el circuito del reciclaje de residuos. La asociatividad, por ende, puede entenderse como una estrategia adoptada por los sujetos que, en la búsqueda del acceso al trabajo y a partir de la movilización de saberes técnicos y fundamentalmente de aptitudes relacionales, encuentran en ella una vía de resolución a sus problemáticas más urgentes. El origen de estas asociaciones se encuentra entonces basado en una protesta implícita o explícita a faltas o insuficiencias percibidas por los agentes de la sociedad, lo que las lleva frecuentemente a ser concebidas en reacción a las instituciones existentes (Laville, Sainsaulieu, 1997).
En este caso, la problemática principal a la que se apuntó resolver fue la mejora de las condiciones laborales entre las cuales los niveles de ingresos se presentaban como una instancia primordial. El factor trabajo (Razeto, 1987) se constituyó por ende como el factor central de organización de estas formas asociativas, dado que por una parte, los sujetos que las construyen se proponen sostener su fuente de trabajo y, por otro, es el trabajo - bajo una relación asociada - lo que sostiene a estas iniciativas. De este modo, el trabajo constituye aquí tanto un fin como un medio. Asimismo, la racionalidad de su propia lógica de funcionamiento sitúa a estas organizaciones de forma diferenciada respecto de la lógica capitalista, teniendo como base relaciones de solidaridad y reciprocidad en las cuales los sujetos participan de la construcción de los objetivos y las reglas de ordenamiento interno.
Para la consecución de sus objetivos, estas organizaciones adoptan arreglos colectivos en la posesión de los medios de producción, en el proceso de trabajo y en la gestión del emprendimiento, minimizando la presencia de relaciones asalariadas. Por ende, una de las características más relevantes en estas modalidades asociativas es la indivisión que presentan entre el capital y el trabajo. Su racionalidad se asienta en la comunidad de trabajo, fundada en vínculos de reciprocidad de fuerte contenido simbólico y proyectivo que pasan a determinar los comportamientos y a diluir las fronteras entre los intereses individuales y los colectivos (Gaiger, 2004).
Siguiendo a Laville y Sainsaulieu (1997) la legitimidad asociativa, a diferencia de las organizaciones productivas capitalistas, no se basa en la producción de bienes y servicios sino que ésta es indisociable del lazo social que supone la construcción de reglas que rigen las relaciones entre sus miembros. La diferenciación organizacional entre la asociación y la empresa remite justamente a la producción de bienes y servicios: mientras que en la empresa el bien o el servicio es el que genera el lazo social, en la asociación es el lazo social el que genera el bien o el servicio.
Es por esto que la organización de las experiencias asociativas tanto como las decisiones que se toman en ella debe ser creada y consensuada por los sujetos involucrados. Esto significa una constante negociación, puesta en común y discusión de las formas de (auto)-gestión y cooperación del colectivo las cuales remiten a un componente fundamental de estas experiencias que es la solidaridad recíproca generada por el involucramiento y el compromiso en el proyecto (Maldovan, Dzembrowski, 2009).

2. Los tres momentos del desarrollo de la actividad: el proceso de consolidación de las organizaciones asociativas en el sistema público de higiene urbana.

2.1 Primer momento: la aparición masiva del cartoneo como recurso de subsistencia y el surgimiento de las primeras cooperativas.

La recuperación de RSU en la vía pública se incrementó notablemente entre fines de la década del ´90 y principios del 2000 producto de los altos niveles de desempleo y pobreza existentes. En la CABA, la actividad realizada por sujetos provenientes de la Ciudad y del Gran Buenos Aires, tendió a concentrarse en los principales centros comerciales. A principios del año 2000 la falta de organización en el sector se combinaba con políticas represivas provenientes de los poderes públicos que tendían a desalentar la presencia de los cartoneros en las calles porteñas. En este primer momento, económicos ligados a la actividad, cuyas ganancias se vieron reducidas por la labor de los recolectores4.
El universo de los recolectores informales se constituyó a partir de dos orígenes sociales diferenciados. Por un lado, por un sector con una larga trayectoria en la actividad, los cirujas tradicionales (Schamber, 2008) y, por otro, por los llamados nuevos pobres (Minujin y Kessler, 1995) producto de la crisis de los ´90 que encontraron en la actividad un medio transitorio para dar respuesta al desempleo. El primer registro realizado a los recuperadores urbanos realizado por el Gobierno de la CABA (GCABA) en el año 2004 registró a 9.000 recolectores de los cuales un 70,9% eran hombres, aproximadamente un 30% menores de 30 años y un 60% había alcanzado apenas un nivel de instrucción primaria. Por otra parte, más del 70% de los cartoneros provenía del Gran Buenos Aires y llegaba a la ciudad mayoritariamente en tren (aproximadamente un 75%), en segundo lugar en camiones y finalmente por su propia cuenta. De ahí que los furgones de las distintas líneas (TBA, Sarmiento, Metropolitano) comenzaron a traer cada vez más cartoneros a las estaciones situadas en la Ciudad (Retiro, Once, Constitución). La formación de la empresa TBA (José Leon Suárez-Retiro) comenzó a ser denominada Tren Blanco en este período.
Hacia mediados de la década, los datos del CEAMSE mostraban que de 5360,3 toneladas diarias generadas en la CABA 601,8 eran recuperadas, mientras que el resto se destinaban a relleno sanitario. Respecto a ello, un estudio realizado por el gobierno porteño mostró que del 11% de los materiales recuperados, un 97% es recuperado por los cartoneros. En este sentido, el peso del sector tanto en la promoción de políticas ambientales como así en la generación de una economía ligada a la reutilización de los RSU como insumos para la producción de nuevas mercancías se tornó cada vez más visible. El incremento de la demanda de materiales reciclables por parte del último eslabón de la cadena (debido al aumento de los precios de importación tras la devaluación) impulsó el aumento de los precios generando a partir de ello una mayor diversificación de los actores.
En este primer momento, los actores del circuito del reciclaje podían diferenciarse a grandes rasgos en 3 tipos: en primer lugar, los recolectores informales (cuya actividad principal se centra en la recuperación de RSU en la vía pública y un primer nivel de clasificación), luego, los galponeros (abocados al acopio y a distintos grados de clasificación de los materiales) y finalmente las industrias (consumidoras de los materiales previamente clasificados que son reinsertados en el circuito productivo a través de distintos procesos de transformación). De esta manera, "las cadenas de recuperación contribuyen tanto a lógicas de reproducción predominantemente vitales, de supervivencia, como a lógicas de acumulación de grandes grupos empresariales" (Schamber y Suárez, 2007, p. 35).
Los distintos grados de intermediación existentes entre el recolector y la industria dependen de la capacidad de acopio de los mismos, dado que es principalmente la cantidad (así como la especialización y el nivel de clasificación) de materiales lo que permite acceder a la comercialización con el último eslabón y por ende a mayores precios de compra-venta. La imposibilidad de los recolectores de lograr tales cantidades (sea por falta de espacio de acopio o por necesidad inmediata del dinero) impulsó el desarrollo del primer tipo de organizaciones asociativas que hemos definido en la introducción de este trabajo: las cooperativas de clasificación y comercialización de RSU.
Surgidas en un primer momento con el objetivo de reducir intermediarios en la comercialización para la mejora de los precios de venta, estas organizaciones han desarrollado distintas acciones orientadas a la generación de empleo, la promoción ambiental y el apoyo a instituciones comunitarias y barriales. Durante este primer período, las cooperativas se encontraban en una situación marginal en la actividad, compitiendo directamente con los distintos tipos de intermediarios, aunque difiriendo en sus objetivos por el carácter social de los emprendimientos.
La formalización cooperativa puso a los grupos en una situación de tensión permanente dada por el carácter dual de este tipo organizacional. Las cooperativas, en su dimensión económica, se constituyen como iniciativas privadas, en tanto que trabajan sobre el mercado a la vez que, en su dimensión organizacional, se basan en la pertenencia voluntaria de sus miembros (Michelsen, 1997). Esta dualidad entre ser empresas que actúan en el mercado a la vez que asociaciones de miembros civiles (Bager, 1992) conlleva el desarrollo de un proyecto empresario con eje en las personas y no en los capitales, sustentando su capacidad de iniciativa colectiva en los propios actores convertidos de ese modo en protagonistas centrales de las realizaciones de las entidades en las que se nuclean (Castreje Suárez, 2006). Esta tensión se intentó a resolver a partir del despliegue de estrategias que implicaron principalmente la articulación con el Estado y otras organizaciones sociales y políticas orientadas al reconocimiento de los emprendimientos como proveedores de un servicio para la comunidad. Para ello, durante los primeros años de la década las cooperativas comenzaron a participar en las instancias de diálogo con el Estado a fin de modificar las regulaciones del tratamiento de los residuos reciclables en la Ciudad. De este modo, durante los primeros años de la década las cooperativas comenzaron a consolidarse como un actor diferenciado en la cadena del reciclaje a partir de combinar la inserción en el mercado con modalidades autogestivas de organización y una distribución equitativa de los ingresos (Angélico, Maldovan, 2008).
Para este primer momento podían contabilizarse aproximadamente 14 cooperativas en el AMBA5, en su mayoría asociadas al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (Paiva, 2007). Esta experiencia implicó el primer intento de las organizaciones de trabajar en conjunto a través de generar acuerdos para la comercialización. Si bien el proyecto impulsado por el IMFC no prosperó, puede encontrarse aquí uno de los espacios de intercambio de saberes y experiencias que nucleó a gran parte de las organizaciones del Área Metropolitana. Entre ellas, en la CABA eran entre 5 y 7 las cooperativas en actividad. Ello abarcaba a unas 80 personas que en la ciudad habían optado por la asociatividad como medio para sortear intermediarios en la comercialización. Estas organizaciones se presentaban como un ejemplo de la nueva composición socioeconómica del sector que reunía a los cirujas tradicionales con los nuevos. En esta etapa de gestación las organizaciones se abocaron a la búsqueda de financiamientos tanto públicos como privados con el fin de obtener un capital inicial para realizar las tareas de acopio y clasificación.
Sin embargo, la gran mayoría de los cartoneros continuaba ejerciendo la actividad por cuenta propia. No había, a su vez, ningún tipo de reconocimiento a su labor. La recolección informal (denominada cirujeo por la legislación vigente) se encontraba prohibida en el ámbito porteño a través de una ordenanza municipal dictada en el año 1977 durante la dictadura militar instaurada en el año precedente. La misma decretaba que quedaba prohibida la

...selección de residuos domiciliarios, su recolección, adquisición, venta, transporte, almacenamiento o manipuleo en contravención a las normas reglamentarias pertinentes o la remoción de los residuos que se depositen en la vía pública, en sus respectivos recipientes, para su retiro por parte del personal afectado a tales tareas (Ordenanza Nº 33581/ MCBA / 1977 - Art º 6).

Asimismo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se establecía la prohibición de

...la realización de cualquier tipo de tarea de recuperación de residuos, aún por parte de quienes tengan la adjudicación de la concesión por recolección de residuos. Tal prohibición comprende también al denominado "CIRUJEO", aún en terrenos de propiedad de particulares (Decreto-Ley 9.111/78, Provincia de Buenos Aires, artº 11)

La derogación de dichas legislaciones fue producto de la puesta en conflicto entre lo allí establecido, con un fenómeno social que al momento había cobrado gran relevancia. Fue este conflicto el que permitió iniciar el segundo momento en el proceso de consolidación de las organizaciones cooperativas de recuperación y comercialización de RSU. En este segundo momento se dictaron las dos legislaciones marco que incorporan a los recuperadores y a las organizaciones cooperativas al sistema de higiene urbana, reconociendo su labor como trabajadores del sector.

2.2 Segundo momento: de la prohibición del cirujeo al reconocimiento de los cartoneros como trabajadores del sector

En la Ciudad de Buenos Aires la sanción de La ley 992, en diciembre del 2002, habilitó la recuperación de materiales reciclables en la vía pública. Los principales objetivos de la ley apuntan a la concepción de un plan de gestión integral de los RSU orientado a disminuir la cantidad de materiales destinados a rellenos sanitarios. Para ello se reconoció la existencia de cooperativas abocadas a la actividad previendo priorizar la asignación de zonas de trabajo en función de su labor vigente. Con el fin de mejorar las modalidades de recolección de residuos se estipuló el diseño de un plan de separación en origen junto a la implementación de campañas de concientización ambiental orientadas a tal fin.
La ley preveía a su vez, la incorporación de los recolectores informales dentro del sistema de Higiene Pública de la Ciudad. A partir de ello, se creó el Registro Único de Recuperadores Urbanos (RUR) destinado a su formalización. Dicho registro debía proveer a los recolectores de una credencial habilitante para el ejercicio de su labor así como vestimentas adecuadas, guantes y cintas refractarias. Asimismo quedaban establecidas distintas instancias de capacitación destinadas a todos los inscriptos con miras a "proteger la salud, la higiene y la seguridad laboral durante el ejercicio de la actividad, como así también, promocionar una adecuada planificación de la actividad, evitando que el desarrollo de la misma redunde en menoscabo de la limpieza e higiene de la Ciudad" (Ley 992/02, art. 6).
Por otra parte, la legislación establecía la creación de un Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPYME) destinado a la inscripción de todas las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la comercialización, reuso y reciclado de materiales en la CABA6.
Asimismo, durante el 2002 el GCABA dispuso mediante decreto que los edificios públicos pertenecientes al mismo deberían separar las fracciones de residuos de papel y cartón que fueran destinados a desecho7. Luego de la licitación de empresas realizada en el 2004 se estableció que éstas debían realizar la recolección en cada una de las 6 zonas establecidas en la Ciudad de Buenos Aires. La quinta zona, conformada por los barrios más empobrecidos del sur de la ciudad continuaba a cargo de la gestión estatal8. La licitación de los pliegos que otorgaban la concesión para la realización del servicio correspondía al período 2004 - 2008, aunque a partir del año de vencimiento del mismo debieron realizarse varias extensiones del contrato debido a los diversos conflictos que se sucedieron en torno a la confección de los nuevos pliegos tras la sanción de la Ley 1.854/20059.
En dicha legislación se instalaba el concepto de Basura Cero como principio de acción de las políticas de higiene pública de la ciudad, entendiendo por éste a la "reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado" (Ley 1854/05, Art. 2). El objetivo de la ley apuntaba al establecimiento de pautas, principios, obligaciones y responsabilidades destinadas a la gestión integral de RSU generados en la CABA con el fin de proteger el medio ambiente, los seres vivos y los bienes.
La consideración de la problemática de forma integral implicaba tener en cuenta a los distintos actores del circuito económico como parte de un sistema que según la ley comprende "generación, disposición inicial selectiva, recolección diferenciada, transporte, tratamiento y transferencia, manejo y aprovechamiento" (Ley 1854, art. 3). A partir de la implementación de la ley se preveía un cronograma de reducción progresiva en la cantidad de RSU destinados a entierro en la cual se estipulaba un 30% menos de residuos enterrados para el año 2010, un 50% para el 2012 llegando a un 75% para el 2017, tomando como base de cálculo a los niveles enviados al CEAMSE en el año 2004. Finalmente, en el año 2020 quedaría prohibida la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables10.
Si por un lado la incorporación de los recolectores se realizaría, en una primera instancia, a partir de su formalización en el RUR, la incorporación de cooperativas estaba prevista a partir de la entrega de la gestión de los llamados centros verdes. Su creación apuntaba a cumplir objetivos ambientales, económicos y sociales entre los cuales se destacan el apoyo a la autogestión de los recuperadores para la mejora de las utilidades de la actividad, la generación de empleo, el ordenamiento del mercado de productos reciclables, el fortalecimiento de lazos sociales entre los vecinos de la ciudad, la mejora de la higiene urbana, la promoción de la separación en origen y la disminución de la cantidad de RSU enviados a relleno sanitario. Para ello, cada empresa licitante del sistema de higiene pública porteño debería encargarse de la construcción de un centro de separación, clasificación y acopio, que le sería brindado a las organizaciones cooperativas inscriptas en el REPYME.
En este marco fue que se inauguró la primera planta de clasificación en el año 2006 en el barrio del Bajo Flores ubicado en la zona sur de la Ciudad, la cual fue entregada en comodato de usufructo a la Cooperativa CERBAF. Posteriormente, en el año 2007 se realizó la entrega de un Centro Verde en la misma zona, para gestión conjunta a las cooperativas Reciclando Sueños y Del Oeste, ubicado en el barrio de Villa Soldati. Hacia fines del mismo año se finalizó la construcción del Centro Verde del barrio de Retiro, otorgado a la cooperativa El Ceibo y posteriormente se hizo entrega de un predio también ubicado en el Bajo Flores a la Cooperativa El Álamo. Quedaron así incorporadas 5 cooperativas al sistema de reciclaje que comprendía a aproximadamente 250 trabajadores del sector.
A partir de aquí tanto parte de los recuperadores urbanos como de las cooperativas fueron parcialmente incorporadas dentro del sistema de reciclaje de la ciudad de Buenos Aires. En el primero de los casos a partir de un intento de regularización del sector de los trabajadores independientes a los cuales se inscribió en el RUR y se les otorgó credenciales y en ocasiones materiales para la realización del trabajo en mejores condiciones. En el segundo caso a partir del otorgamiento de plantas de clasificación y maquinarias en comodato que contribuyeron a mejorar las condiciones de ejercicio de la actividad.
La incorporación de las cooperativas quedó entonces dada a partir de la gestión que éstas comenzaron a hacer de los centros verdes. Estas organizaciones conforman el primer tipo de cooperativas que he definido como de clasificación y comercialización de RSU. Estas
organizaciones juegan un papel intermedio dentro del circuito de reciclaje funcionando como sistemas abiertos que operan bajo la modalidad de inputs y outputs a través del cual reciben entradas (materiales reciclables) y elaboran salidas (materiales clasificados y procesados) que son luego reinsertadas como inputs para otras organizaciones (acopiadores e industrias) que continúan con la actividad dentro de la cadena productiva hasta convertir a las mismas en productos finales (Angélico, Maldovan, 2008). Estas cooperativas obtienen los insumos a través de un convenio realizado con el GCABA, mediante el cual las empresas recolectoras de la ciudad deben entregar los materiales diferenciados en origen en los grandes generadores a las organizaciones. Asimismo, parte de las cooperativas que integran esta modalidad ha desarrollado un programa de separación diferenciada en los barrios en los cuales trabajan a fin de que vecinos, comerciantes y empresas colaboren con el desarrollo de la organización y con el cumplimiento de la Ley Basura Cero. De este modo, han logrado fortalecer su rol en la comunidad, desplegando lazos de carácter solidario con distintos actores que colaboran en la consolidación de los emprendimientos a través de la entrega de los residuos reciclables. Estas acciones les han permitido a las organizaciones aumentar notablemente el volumen de materiales recolectados, incrementando así los ingresos y el número de trabajadores11. Finalmente, algunas de estas organizaciones en un primer momento compraban materiales a los recolectores informales. En esta primera etapa las cooperativas comenzaron a diferenciarse de los galponeros dado que promovían el establecimiento de mejores precios por kilo de material y fundamentalmente de transparencia en la relación de compra venta12.
Una vez obtenidos los materiales, el proceso de trabajo es realizado en un mismo espacio en el cual se les agrega valor mediante su clasificación y enfardado. Tanto el espacio como las máquinas que las organizaciones utilizan fueron brindados por el GCABA en comodato. Para ello cuentan con una cinta transportadora, una tolva, una balanza, al menos un autoelevador, al menos una prensa para realizar el enfardado y en ocasiones con una camioneta para realizar las tareas de logística de la separación diferenciada en origen. En la planta los trabajadores clasifican los distintos materiales que luego son depositados en un bolsón para ser enfardados y luego comercializados. Los materiales son vendidos o bien a galpones especializados en un tipo de material o bien a industrias directamente. La logística en estos casos está a cargo de los compradores, con los cuales suelen establecerse acuerdos previos de entrega.
En cuanto a las tareas que los socios realizan éstas pueden dividirse a grandes rasgos en dos tipos. Por un lado, aquellas referidas a la separación y enfardado de materiales y, por otro, aquellas relacionadas con la administración y la gestión del emprendimiento. Generalmente son los socios con mayor antigüedad quienes se dedican a éstas últimas siendo parte al mismo tiempo de las comisiones directivas de las cooperativas. Estas cooperativas están integradas por un promedio de 60 socios, aunque la cantidad de asociados que efectivamente trabaja en las organizaciones está determinada por la cantidad de materiales que cada una logre obtener en relación a los acuerdos logrados. Respecto a la jornada laboral ésta es de 8 horas diarias, de lunes a sábados, con un ingreso aproximado de $1500 (Usd. 350), aunque éste varía en función de las tareas realizadas y de las horas trabajadas. A su vez, en aquellos meses en los cuales los excedentes aumentan se suele otorgar un plus a los trabajadores que es distribuido equitativamente entre éstos. Asimismo, las cooperativas poseen un fondo de reserva destinado a inversiones e imprevistos referidos tanto a la organización como así a accidentes, enfermedades o problemas personales de los socios.

2.3 Tercer momento: ampliación de los beneficios sociales y surgimiento de nuevas cooperativas en el marco de la licitación de los nuevos pliegos.

El sistema descrito comenzó a complejizarse a principios del 2008 cuando, tras sucesivos conflictos con los cartoneros provenientes del sur del GBA, el gobierno porteño decidió prohibir el ingreso de los camiones en los cuales arribaban a la ciudad. Los camiones eran gestionados en la mayoría de los casos por dueños de pequeños depósitos que comenzaron a transportar a los cartoneros a cambio del abono de un pasaje diario o semanal. En ocasiones, los camiones poseían una balanza en su interior por lo cual no sólo funcionaban como transporte sino también como espacios de comercialización. El desarrollo del conflicto implicó sucesivos cortes en uno de los principales accesos a la ciudad por parte de los cartoneros afectados que, tras la intervención de un grupo de estudiantes y militantes sociales perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), empezó a organizarse para reclamar su derecho a trabajar. Los primeros reclamos en relación a esta situación comenzaron a mediados del 2005 y se basaron principalmente en la mejora de las condiciones laborales de los recolectores.
El conflicto por el acceso a la ciudad se agudizó cuando la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) decidió suspender el servicio que utilizaban los cartoneros provenientes de distintas zonas del conurbano bonaerense13. Hasta el momento se calculaba que el tren era utilizado diariamente por aproximadamente 1000 cartoneros que llegaban tanto a la Estación Retiro (Línea Mitre) como a la Estación de Once (Línea Sarmiento). La suspensión del servicio imposibilitó el acceso de los cartoneros a sus lugares de trabajo, por lo cual un grupo significativo de ellos comenzó a instalarse en plazas y espacios públicos de la ciudad, en los cuales dormían y acopiaban lo recolectado durante la semana.
Tras diversas negociaciones entre la empresa, el Gobierno de la Ciudad, el MTE y los delegados del Tren Blanco, se decidió resolver la problemática a través de la concesión de camiones para el traslado de los carros hacia los puntos de recolección, cuyo costo estaría a cargo del municipio porteño. Este proceso posibilitó dar un salto cuali y cuantitativo a diversas agrupaciones que se encontraban en proceso de organización interna. Surgieron así 3 nuevas cooperativas14 nucleadas en torno a las zonas que abarcan distintos puntos de encuentro.
Ello marcó el inicio de la tercera etapa en la consolidación del sector de trabajadores y cooperativas abocados a la recuperación de residuos. A fines del 2007 comenzó el proceso de formalización de los trabajadores pertenecientes a la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros-MTE y luego continuó con la inclusión del resto de las cooperativas que desarrollan su actividad bajo esta modalidad. El programa acordado entre las cooperativas y el gobierno de la Ciudad incluyó la entrega de camiones para el traslado de los carros, la compra de micros para el traslado de los cartoneros, la confección de credenciales habilitantes, la entrega de uniformes y bolsones para la recolección y el pago de un incentivo monetario a cambio de cumplir una serie de reglas preestablecidas15. Posteriormente, el GCABA realizó un convenio con la Universidad Interamericana mediante el cual los trabajadores que perciben el incentivo pueden acceder a la obra social de la misma. A partir de allí se han formalizado aproximadamente a 2500 recuperadores (nucleados en distintas cooperativas) que trabajan con uniforme, credencial, recursos y logística provistos por el Gobiernos de la Ciudad a la vez que perciben el incentivo.
Este grupo de cooperativas se diferencia del tipo mencionado anteriormente (cooperativas de clasificación y comercialización de RSU), principalmente por la actividad que realizan. A partir de ella es que las he denominado cooperativas de recolección en la vía pública. La
característica distintiva de estas organizaciones es el espacio en el cual desarrollan sus tareas: la calle. A diferencia de las cooperativas de clasificación, estas cooperativas combinan modalidades de trabajo autónomo con acciones coordinadas por el colectivo de trabajo. La obtención de insumos se da a partir de la recuperación que hace cada recolector en la vía pública en la cual establecen acuerdos con distintos clientes16 a fin de que éstos entreguen materiales reciclables. Es durante el recorrido que los cartoneros clasifican los materiales, para luego ser comercializados de forma individual en galpones cercanos a sus residencias. En este caso los ingresos obtenidos dependen de la cantidad de materiales que cada recolector recupera y de los precios negociados con los compradores.
Es decir que la forma en la cual los recolectores trabajan en estas cooperativas es similar a la que realizan los recolectores no formalizados, aunque difiere en los beneficios sociales a los que acceden por pertenecer a la organización. En primer lugar porque actualmente el traslado de los carros desde las zonas de residencia a los puntos de recolección (y viceversa) es realizado por camiones específicamente acondicionados, lo cual reduce la carga de trabajo de los recolectores. En segundo lugar porque la realización del trabajo con uniformes y credenciales identificatorias marca una diferencia cualitativa tanto en la representación de los recolectores sobre su propia tarea como así del resto de la comunidad, contribuyendo a mejorar su imagen. En tercer lugar, porque el acceso a un incentivo monetario mensual (el cual varía entre 50 y 125 usd. en relación a la antigüedad del recolector en la organización) permite una reestructuración de los presupuestos de los sujetos a través de brindar un ingreso fijo que, por más acotado que sea, contribuye a organizar la reproducción de los hogares. Finalmente, porque la participación en organizaciones de este tipo les ha permitido a los socios desplegar estrategias colectivas orientadas a mejorar las condiciones del sector y a promover la participación activa de los miembros en la toma de decisiones en los mismos. En este sentido, algunas de las estrategias principales que las organizaciones han diseñado para ello pueden observarse en la conformación de fondos colectivos para solventar gastos ante imprevistos o problemáticas de los socios, el armado de guarderías para el cuidado de los niños de los trabajadores, la organización de ollas populares, el armado de talleres para el arreglo y acondicionamiento de los carros, el despliegue de estrategias comunicacionales orientadas a fortalecer a las cooperativas en los barrios en los que trabajan y de esta forma conseguir más clientes que entreguen materiales reciclables y la coordinación de acciones de ayuda mutua ante demandas al Estado para el cumplimiento de la legislación vigente y la ampliación de los beneficios sociales y económicos de los socios.
A su vez, otra de las características que distingue a estas organizaciones es la continua articulación que sostienen con organizaciones externas al circuito del reciclaje, que generalmente han funcionado como impulsoras de la asociación entre los cartoneros. En este punto pueden mencionarse movimientos sociales y organizaciones sindicales que han apoyado la cooperativización de los trabajadores y que colaboran activamente con asesoramiento técnico y de gestión social de los emprendimientos para mejorar su desarrollo. Estos grupos han apoyado sus acciones en referentes preexistentes de los grupos de cartoneros que anteriormente colaboraban en la organización y negociación con las empresas de trenes así como con los dueños de los camiones en los cuales llegaban a la Ciudad.
De este modo, si bien la cooperativización de este sector surgió principalmente como un medio para la obtención de recursos económicos y sociales a través del apoyo de grupos externos, es posible afirmar que en el proceso de consolidación organizativa los sujetos despliegan prácticas de base solidaria orientadas a la ayuda mutua, a la construcción de un colectivo de trabajo en el cual se busca la participación y al compromiso de los socios trabajadores en un proyecto común. En este sentido, los beneficios a los cuales la asociatividad permite el acceso, se relacionan tanto con dimensiones objetivas como subjetivas.
La otra característica definitoria de este tercer momento se relaciona con el cambio en la licitación de los pliegos de higiene urbana de la ciudad. El debate en torno al armado de los mismos tiene su origen en la sanción de la leyes 992 y 1854 en las cuales, como mencionamos
anteriormente, tanto las cooperativas como los recuperadores urbanos se reconocen como los actores legítimamente constituidos para llevar a cabo el tratamiento de los RSU. El debate por la incorporación de ambos actores en la licitación de los pliegos lleva ya varios años, pero ha sido recién a inicios del 2010 cuando se ha presentado la primer propuesta de incorporación efectiva de los mismos como potenciales gestores del servicio de higiene urbana. Al momento se han presentado dos borradores de los posibles pliegos, los cuales han entrado en una instancia de negociaciones entre el poder público, distintas ONGs y organizaciones relacionadas, las empresas, cooperativas y agrupaciones de recolectores involucradas en la materia. Si bien no es el objetivo del presente trabajo analizar el diseño de las políticas públicas, cabe mencionar respecto a ello que el cambio radical que se presenta en esta instancia es la separación del sistema de recolección, tratamiento y disposición de los residuos húmedos respecto del de residuos secos. En este sentido, la última propuesta presentada establece que "el servicio a prestar durante la vigencia del contrato estará a cargo exclusivamente de Cooperativas de Recuperadores Urbanos" (Expediente Nº 350.165/2010, p. 3). De aprobarse esta propuesta las cooperativas deberán encargarse de la recolección de residuos puerta a puerta, su traslado a un centro verde para su comercialización en concepto de beneficio patrimonial, de la incorporación de los recolectores independientes en las organizaciones y de la ejecución de políticas de concientización ambiental y de eliminación de trabajo infantil. Algunos de los puntos hasta aquí mencionados han sido criticados por las organizaciones cooperativas en las audiencias públicas realizadas, debido a la falta de claridad en las propuestas y a la inexistencia de financiamiento público para llevarlas a cabo. Sin embargo, cabe destacar que si bien el debate acerca de los derechos y obligaciones de las partes se encuentra aún en proceso, la propuesta presentada marca un hito fundamental en el proceso de consolidación y reconocimiento del sector cartonero.

Conclusión

A lo largo del presente artículo hemos dado cuenta del proceso transcurrido en la última década en las cooperativas de recuperadores urbanos que, surgidas como un medio para resolver necesidades inmediatas, han logrado consolidarse en el circuito productivo del reciclaje como un actor diferenciado con características propias. En este sentido, la asociatividad ha funcionado como una estrategia colectiva mediante la cual parte de los recolectores informales ha logrado mejorar sus condiciones de trabajo a partir de obtener beneficios sociales y económicos. La articulación entre las distintas organizaciones cooperativas así como entre éstas y otros grupos externos se ha constituido en un punto nodal para impulsar demandas colectivas en pos del fortalecimiento del sector. Asimismo, el reconocimiento dado a los recolectores independientes y a las cooperativas en el diseño de las nuevas políticas de higiene urbana, les ha permitido acceder a distintos beneficios que funcionaron como una vía de consolidación económica y social.
En este sentido, la cooperativización de una parte de la población cartonera ha sido una vía para insertarse en mejores condiciones en el mercado, aumentar los niveles de ingresos, acceder a beneficios sociales, formalizar la situación de aproximadamente 3000 cartoneros y generar espacios de discusión y diálogo promoviendo la participación y el involucramiento de los sujetos partícipes. En este proceso han surgido liderazgos en las organizaciones que se han consolidado como interlocutores válidos en las distintas mediaciones existentes entre las cooperativas y el Estado. La participación en las instancias de negociación y discusión sobre el diseño de las políticas públicas de higiene urbana ha significado una posibilidad de mejorar la inserción de las organizaciones en el circuito productivo del reciclaje así como de legitimar el rol del primer eslabón de la cadena en tanto generador de valor.
Ahora bien, destacar las mejoras en las condiciones laborales de los recolectores a partir de su cooperativización, no excluye sin embargo, el tener en cuenta algunos de los obstáculos principales que aún existen en este proceso. Son dos las dimensiones bajo las cuales podemos agrupar las principales limitaciones que existen para la consolidación del sector. Por un lado, aquellas cuestiones referidas a la organización interna y, por otro, aquellas relacionadas con su incorporación plena al sistema público de higiene urbana.
Respecto al primer punto, es posible mencionar varios factores que inciden en ello. En primer lugar, las características intrínsecas de la recolección tienden a dificultar el trabajo asociado. El tratarse de una actividad principalmente individual, realizada de manera autónoma, dificulta el proceso organizativo en este tipo de emprendimientos. La forma de decisión de los recorridos, la estrecha dependencia existente entre el esfuerzo invertido, la zona de recolección y los acuerdos previos con comerciantes y/o vecinos respecto a los ingresos a obtener y la escasa trayectoria de los trabajadores en organizaciones asociativas tienden a obstaculizar la organización colectiva.
De este modo, estas cooperativas se constituyen como un tipo particular de organización que, por las características propias del contexto y las necesidades que las impulsan, se diferencian del cooperativismo clásico. Ello es, fundamentalmente, porque éstas no se encuentran guiadas (al menos en sus inicios) por los valores que tradicionalmente se asignan al movimiento cooperativo. Es en el transcurso del desarrollo organizativo que las cooperativas deben consensuar las formas de organizar el trabajo, distribuir los ingresos y establecer los mecanismos para resolver las problemáticas del día a día. La apropiación colectiva del proyecto cooperativo suele ser entonces, un camino prolongado en el cual la existencia de liderazgos internos como así de grupos políticos y sociales externos que orienten el mismo hacia prácticas participativas juega un papel fundamental.
En relación al segundo punto, la incorporación plena de los recolectores al sistema público de higiene urbana remite al papel del Estado en la promoción de los emprendimientos asociativos así como en el reconocimiento de los trabajadores del sector. Ello ha resultado hasta ahora una situación problemática debido a los intereses en juego en el sector que han instalado una concepción de mercado sobre el uso de los residuos, en la cual la basura aparece como propiedad privada de los empresarios licitantes del servicio de recolección y limpieza urbana. Si bien dicha concepción ha sido modificada en parte tras la sanción de las leyes 992 y 1854 aún se encuentra en discusión la licitación de los pliegos del servicio, en los cuales la efectiva incorporación de la totalidad de los recolectores tras su formalización por medio de la cooperativización marcaría un cambio radical en la organización del circuito del reciclaje. El debate en cuestión pone en disputa a dos concepciones acerca del rol de las cooperativas, situando la tensión entre su rol económico y su rol social como centro del conflicto. La capacidad de articulación y acción conjunta de las distintas organizaciones existentes será en este momento, un factor clave para la mejorar el posicionamiento de los recuperadores urbanos en el sistema público de higiene urbana.
De aquí en más, cabe considerar que el análisis del caso presentado permite pensar en las nuevas modalidades organizativas que han asumido los grupos excluidos en nuestro país, teniendo en cuenta el rol que la asociatividad puede asumir como estrategia para mejorar la calidad de vida de esta población. En estas organizaciones, la cooperativización no surge bajo los preceptos del cooperativismo clásico, y se encuentra, generalmente desligada de la adscripción a sus valores. Sin embargo, es en el proceso de consolidación grupal de las mismas, que los actores despliegan acciones de base solidaria que interpelan a un colectivo en formación y que, por la propia dinámica de su funcionamiento, tienden a generar el compromiso de sus miembros. Sea entonces, a través del impulso de grupos externos al circuito o propios a él, la estrategia asociativa se presenta como un medio eficaz para dar respuesta a necesidades inmediatas y promover una situación de cambio social.

Notas

1 A mediados de la década del ´90 comenzó a denominarse cartoneros a los recolectores informales de los grandes centros urbanos de Argentina. El vocablo proviene del material principal que estos trabajadores recuperan: el cartón.

2 En enero del 2002 se dio fin al denominado Plan de Convertibilidad, el cual establecía una política cambiaria basada en la paridad del peso argentino respecto al dólar estadounidense.  

3 En el año 1977 los gobiernos militares de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de Buenos Aires acordaron la creación del Cinturón Ecológico del Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) a fin de implementar un nuevo método de disposición final de residuos en rellenos sanitarios.  

4 La licitación del pliego de recolección de residuos del año 2004 modificó las premisas del pliego anterior incorporando el concepto de "Ciudad Limpia". A partir de allí se buscó modificar el interés de los contratistas, pasando de maximizar el peso de los residuos recogidos por el de mantener el área licitada limpia  

5 El Área Metropolitana de Buenos Aires comprende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los 24 partidos que conforman al Gran Buenos Aires.  

6 Dicho registro se reglamentó en el año 2006 estableciendo la obligatoriedad de inscripción en 3 categorías sucesivas: Postulantes, inscriptos y certificados.

7 Bajo esta modalidad se incorporaban a distintos organismos tales como el Mercado Central de Buenos Aires, Autopistas Urbanas S.A., Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., Corporación Buenos Aires Sur S.E., Coordinación Ecológica Área Metropolitana S.E. (CEAMSE), Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires S.E. Se invitaba a su vez a adherir a la disposiciones del decreto al Ente Regulador de Servicios Públicos, al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, al resto de los entes descentralizados de la Ciudad y a los Poderes Legislativo y Judicial de dicho ámbito.

8 El Ente de Higiene Urbana fue creado en el año 2000 por la Ley Nº 462. El mismo actúa sobre el área correspondiente con los CGP Nº 8 y 9, que abarca los barrios de Liniers, Villa Lugano, Mataderos, Villa Riachuelo y parte de Villa Soldati, Flores y Villa Luro.

9 Al momento, se ha presentado una propuesta desde el GCABA que apunta a licitar dos pliegos por separado: por un lado, aquel correspondiente a la gestión de residuos húmedos y por otro aquel correspondiente a los residuos secos/reciclables. En este último se propone que las cooperativas sean quienes se encarguen de brindar el servicio en la ciudad.  

10 Para alcanzar dichas metas el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería encargarse de la implementación de programas y medidas pertinentes orientados a reducir los niveles de generación de basura, promover la separación y el reciclaje de los productos susceptibles de serlo así como la separación, el compostaje y/o la biodigestión de residuos orgánicos y promover el reemplazo gradual de envases descartables por retornables y la separación de embalajes y envases para ser recolectados por separado a cuenta y cargo de las empresas que los utilizan.  

11 Un ejemplo de ello resulta el caso de la cooperativa El Ceibo, ubicada en el Barrio de Palermo. A partir de la implementación del programa de diferenciación en origen en los barrios han realizado acuerdos con 651 generadores a Julio del 2009, entre los cuales se contabilizan 138 edificios, 157 PH, 219 comercios, 124 casas, 4 hoteles, 4 escuelas, 1 supermercado y 3 fundaciones. De los mismos se extrajeron aproximadamente 2000 bolsones de 10 kg. cada uno.

12 Ello resultaba importante dado que una de las principales quejas de los cartoneros estaba referida a los distintos engaños sufridos en la comercialización debido a que los intermediarios generalmente no respetaban el peso del material entregado, pagando menos por éste. Ante esta situación, se optaba por distintas estrategias como mojar el material para aumentar su precio o mezclar distintos tipos de materiales haciéndolos pasar por aquellos de mayor valor.  

13 Si bien el núcleo principal del grupo que utilizaba el llamado Tren Blanco proviene de la zona Oeste de la Provincia de Buenos Aires, en dicho tren también viajaba una parte importante de cartoneros de las zonas norte y sur de la misma. El primer servicio suspendido fue, en junio del 2006, el correspondiente a la Línea Sarmiento. Luego, a comienzos del 2008, se suspendió aquel que provenía desde José León Suárez y de Tigre hasta la Estación Retiro.

14 Madreselvas, Recuperadores del Oeste y Cartoneros del Sur.

15 Para acceder al incentivo monetario los cartoneros deben concurrir a trabajar al menos 3 veces por semana, comprometerse a no romper las bolsas depositadas en la vía pública, no consumir alcohol ni drogas y no estar acompañados por menores de edad.  

16 Se denomina "clientes" a los vecinos y comerciantes que entregan los residuos previamente separados a los recolectores. Los acuerdos en estos casos se basan en lazos de confianza establecidos por la permanencia en un mismo recorrido.  

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Recibido: 6.6.11
Aprobado definitivamente: 12.4.12