CONFIGURACIONES DEL PODER Y LA POLITICA

La prevención como contraprestación: la instrumentalidad de la asistencia en la intersección de la política social y la política criminal 

Prevention as workfare: welfare since the intersection between social policies and crime policies. 

 

Emilio Jorge Ayos*

* Becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires). Licenciado en Sociología (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires), Magíster en Políticas Sociales (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires). Integrante del Programa de Estudios del Control Social y del Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo, ambos en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Director del Proyecto de Reconocimiento Institucional "Emergencia y modos de construcción de la (in)seguridad: objeto de conocimiento de las ciencias sociales y objeto de intervención de las políticas públicas en la Argentina contemporánea" (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires). Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

 

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RESUMEN

El objetivo de este artículo es analizar las formas en que se han articulado los campos de la política social y la política criminal en las estrategias de prevención social del delito en Argentina durante el período 2000-2010, específicamente, las modalidades en que dichas estrategias problematizaron su relación con las intervenciones sociales, en particular con el "sector" de la asistencia ligada al desempleo. Los resultados que aquí desarrollamos forman parte de una investigación mayor que, desde un enfoque metodológico cualitativo, se plantea como objetivo analizar los modos en que fue reconstruida la relación entre condiciones de vida y delito en las políticas de prevención social del delito, entendiendo a éstas como espacios de intersección entre los campos de la política social y la política criminal. El marco histórico-político que atraviesa estos procesos muestra al clivaje seguridad-inseguridad como uno de los ejes fundamentales a partir de los cuales se organizan ambos campos de políticas aludidos, permeando sus discusiones, sus principios y racionalidades, sus modalidades de intervención. Sostenemos que dicha relación ha sido problematizada en términos de una exterioridad e instrumentalidad de la política social con respecto a las estrategias preventivas, centrada en la idea de contraprestación laboral o de capacitación laboral.

Palabras clave: Prevención del delito; Política social; Contraprestación; Asistencia; Seguridad.

ABSTRACT

The aim of this article is to analyze the ways of articulations between two social fields: social policies and crime policies. We describe such articulation looking at strategies for social crime prevention in Argentina during the period 2000-2010. Specifically we focus on the ways such strategies put in question their ties with social intervention, particularly with the area of unemployment attendance. The findings we present are part of a broader research. Such research use a qualitative approach in order to accomplish its objective: to analyze the ways in which the link between living conditions and crime was reconstructed on social crime prevention. We understand these linking as "overlap spaces" between social policies and crime policies. The historical and political context that goes through these processes illustrates how the cleavage security-insecurity is one of the foundations axis from which both camps are organized. This situation permeate discussions, principles, rationalities, and methods of intervention. We argue that this association has become problematic in terms of an exterior and instrumentality of social policy regarding to preventive strategies focused on the idea of labor compensation (workfare) or job training.

Keywords: Crime prevention; Social policy; Workfare; Welfare; Security.

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SUMARIO

Introducción; 1. El clivaje seguridad-inseguridad: entre los campos de la política social y la política criminal; 1.1. Seguridad, política criminal y prevención del delito; 1.2. Seguridad y política social: seguridad social, asistencia y sus reorganizaciones; 1.3. Cuestión social, clases peligrosas y seguridad; 2. Abordaje metodológico e intervenciones analizadas; 3. El lugar de la política social en la prevención "social" del delito; 4. Algunas reflexiones finales; Bibliografía.

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Introducción

En este artículo nos proponemos analizar las formas en que se han articulado los campos de la política social y la política criminal en las estrategias de prevención social del delito que se desarrollaron en Argentina durante la primera década del nuevo siglo. En este sentido, presentamos las modalidades en que dichas estrategias problematizaron su relación con las intervenciones sociales, en particular con el "sector" de la asistencia ligada al desempleo. Los resultados que aquí desarrollamos forman parte de una investigación mayor que se plantea como objetivo analizar los modos en que fue reconstruida la relación entre condiciones de vida y delito en las políticas de prevención social del delito, entendiendo a éstas como espacios de intersección entre los campos de la política social y la política criminal. El marco histórico-político que atraviesa estos procesos muestra al clivaje seguridad-inseguridad como uno de los ejes fundamentales a partir de los cuales se organizan ambos campos de políticas aludidos, permeando sus discusiones, sus principios y racionalidades, sus modalidades de intervención.
En el apartado siguiente desarrollaremos estos lineamientos, que hacen a la construcción socio-histórica de nuestro problema de investigación. Luego presentaremos el abordaje metodológico de nuestra investigación y sus referentes empíricos, es decir, las políticas específicamente analizadas. En el tercer apartado estará dedicado a analizar los resultados de investigación sobre las formas de articulación entre los programas de prevención social del delito y las políticas sociales. Por último ofreceremos algunas conclusiones sobre nuestro trabajo.

1. El clivaje seguridad-inseguridad: entre los campos de la política social y la política criminal

1.1. Seguridad, política criminal y prevención del delito

Una de las transformaciones fundamentales que muestra la reorganización de las políticas criminales durante la década de 1970 es la progresiva introducción de noción de seguridad como forma de problematización general sobre la cuestión del delito y su administración. La desarticulación de lo que Garland llamó el complejo penal-welfare abre un conjunto de tendencias (divergentes, con múltiples racionalidades) que tematizan la vieja "cuestión criminal" en términos del clivaje seguridad-inseguridad. La estructura formada por el solapamiento de las instituciones tradicionales del campo del control del delito (la policía como institución especializada, los tribunales, el ministerio público y las prisiones) y los principios penales liberales por un lado, con el desarrollo en su interior de una estructura más reciente, ligada a finalidades correccionalistas como la rehabilitación, el tratamiento individualizado o las condenas indeterminadas, durante los años setenta entra en crisis a partir de un proceso, que desde la noción de seguridad, se presenta como una "ampliación" de las políticas de control del delito. La noción de seguridad participa en un proceso de desanclaje de la administración del delito con respecto de la "justicia criminal" y de incorporación de nuevas agencias (estatales y no estatales) que son llamadas a participar bajo esta nueva racionalidad, que abrevó en las concepciones de claro corte neoliberal acerca del fracaso de las intervenciones estatales de posguerra y la necesidad de su reorganización (el diagnóstico de "Nothing Works" en el campo de la política criminal) y la emergencia de una nueva retórica de la sociedad civil, las comunidades y los ciudadanos (Garland, 1985, 2005; Crawford, 1998, 2009; Boutellier, 2001). Uno de los ejes fundamentales en los que se manifiesta esta extensión de la problematización del delito y su administración en términos de seguridad es la proliferación de la "nueva prevención" del delito. La característica que configura como "nueva" a la nueva prevención es fundamentalmente la proliferación de estrategias que se ubican por afuera del ámbito de lo penal, es decir, que son extra-penales, las cuales frente a la concepción pasiva e indirecta de la prevención penal, oponen un modelo que intenta configurarse como directo y pro-activo (Selmini, 2009). Esto no significa que se desconozca que ya las criminologías correccionalistas que proliferaron con la formación del complejo "penal-welfare" a finales del siglo XIX y principios del XX confiaban en la capacidad de "la reforma social" para atenuar la comisión de delitos, es decir, en los mecanismos extra-penales. Sin embargo, el control gubernamental del delito continuó centrándose en el sistema penal (Garland, 2005). Estos desarrollos en acciones proactivas comparten dos características: por un lado, el ingreso de la comunidad local como protagonista de este tipo de estrategias, reflejado en la pluralidad de organismos que participan en sus distintos niveles de implantación (Pavarini, 2009). Por otro lado, la extensión de las acciones preventivas más allá de las que se dirigen a conductas que infringen la ley penal, alcanzando aquellas denominadas incivilités, no formalmente delictivas (Baratta, 1997; O' Malley, 2004). Existe una forma preponderante de estructurar las diferencias entre las distintas intervenciones concretas que se desarrollan bajo la noción de prevención del delito, y es la que separa o diferencia dos grandes grupos: la prevención situacional-ambiental, y la prevención social. A su vez, podemos señalar un proceso posterior de autonomización de otras dos formas, la prevención comunitaria y la "prevención del desarrollo" (developmental crime prevention) (Crawford, 1998, 2009; Sozzo, 2000; O' Malley, 2004; Selmini, 2009). La táctica situacional-ambiental se diferencia fundamentalmente por estar orientada hacia las víctimas potenciales, y esta orientación se evidencia a partir organizar todo un conjunto diverso de intervenciones sobre las situaciones y los ambientes para reducir las oportunidades de que se cometan delitos en ellos. El marco conceptual de referencia del cual parten estas intervenciones hace hincapié, no en el delito entendido como una predisposición individual, sino como consecuencia de factores que favorecen las oportunidades delictivas de actores presentados como racionalmente motivados (Cohen, 1985; Baratta 1998; Sozzo, 2000, Selmini, 2009). Estas corrientes, que David Garland (2005) conceptualizó como criminologías de la vida cotidiana, integran tanto las teorías del delito como elección racional, la teoría de las actividades rutinarias y el delito como producto de la oportunidad. Su supuesto básico es que el delito no responde a una disposición individual particular, a una patología o anormalidad, sino que es un evento que se encuentra inscripto en las rutinas de la vida social contemporánea. Por su parte, el modelo de prevención social se distingue por intentar influir en las supuestas causas sociales-estructurales que estarían por detrás de los comportamientos delictivos; es decir, a diferencia de las anteriores se orienta fundamentalmente hacia los potenciales ofensores. Este modelo contiene ciertos resabios positivistas, tanto respecto del tipo de interpretación que propone acerca de los "fenómenos delictivos" (en términos de su orientación etiológica, pues se centra en la búsqueda de las causas del delito), como de su disposición hacia la "reforma social" como método ex - ante de prevención (Baratta 1998; Sozzo, 2000, Selmini, 2009). Esta reelaboración del ideal rehabilitador pone a la prevención social en un lugar "paradojal" frente a las transformaciones que consignamos en el campo de la política criminal, y abre el espacio para la recuperación de la prevención por parte de sectores socialdemócratas y progresistas como una alternativa a la intensificación punitiva, posicionamiento sustentado teóricamente en la producción del "realismo de izquierda" británico y el diálogo que con esta corriente establecieron diferentes perspectivas "críticas" en contextos nacionales particulares, complejizando la relación prevención-neoliberalismo-teoría criminológica (Lea, Matthews y Young, 1993; Crawford, 1998, 2009; Sozzo, 2000; O' Malley, 2004; Pavarini, 2009; Lea y Young, 2008; Selmini, 2009; Hope, 2009; Edwards y Hughes, 2009; Wyvekens, 2009; Melossi y Selmini, 2009).
La problematización de la cuestión del delito a partir del clivaje seguridad-inseguridad emerge en la Argentina en la segunda mitad de la década de 1990. A partir de este proceso, la cuestión de la seguridad ciudadana ha sido analizada destacando un conjunto diverso de problemas y tendencias, que van desde la reorientación de las agencias penales y las fuerzas policiales, la proliferación de nuevas formas de delito urbano y los diferentes entramados en las culturas juveniles de los sectores populares que en ellas se expresan, hasta la cuestión de la "sensación" de inseguridad (Font, 1999; Sozzo, 1999; Pegoraro, 2001, Kessler, 2002, 2004, 2008, 2009; Sain, 2002, 2008; Guemureman, 2002; De Marinis, 2002; Daroqui, 2003, 2009; Daroqui y Guemureman, 2004; Kaminsky, 2005; Ciafardini, 2006; Isla, 2007 Rangugni, 2009;; Miguez e Isla, 2010; Galvani, et al, 2010). El aumento de su participación en los debates públicos mostró niveles de politización inéditos en las campañas de la elecciones nacionales y provinciales de 1999, cuando el discurso de la "mano dura" frente al delito se radicaliza en persona del candidato y futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf (Sozzo, 2003). Las "nueva prevención" del delito en la Argentina surge en este campo de enfrentamientos: el Plan Nacional de Prevención del Delito surge en el año 2000 como un posicionamiento"progresista" en términos de una "política democrática de seguridad" por parte del Poder Ejecutivo Nacional en oposición a la "mano dura" del ya gobernador bonaerense (Ayos, 2010). Sin embargo, no podemos sostener que se produzca un "giro preventivo" en la política criminal argentina, dado que en ella también se observa una marcada intensificación punitiva, estructurando cierta polarización de las políticas de control del delito (Rangugni, 2004). Esta intensificación de las respuestas punitivas se expresa en los niveles crecientes de personas privadas de la libertad por el sistema penal, producto de las reformas penales y procesales. Al respecto se observan dos significativos momentos: las reformas en la provincia de Buenos Aires luego del triunfo de Ruckauf en el año 1999 y las que se desataron luego del homicidio de Axel Blumberg en el año 2004 (Saín, 2007; Ayos et al, 2010). Intentando una mirada de conjunto, Saín (2011) sostiene que si bien en el inicio del gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003 se observan un discurso y un conjunto de acciones institucionales inscriptas en una orientaciónprogresista (entre las que destaca la despolicialización de las protestas sociales y las medidas tendientes hacia un control político de las fuerzas policiales), el pasaje del control de delito hacia el Ministerio del Interior en el año 2004 y aquel conjunto de reformas penales marcaron el fin de esta corta etapa, y abrieron el paso a la continuidad del "desgobierno político y policialización de los asuntos de la seguridad" (Saín, 2007: 24). Sin embargo, la creación en el año 2010 del Ministerio de Seguridad se organizará en torno a este diagnóstico: la necesidad de establecer una política democrática de seguridad a partir del control político de las fuerzas policiales. Luego del asesinato del militante Mariano Ferreyra en octubre de 2010 y de la represión policial ante un conflicto social acerca de toma de tierras en el Parque Indoamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en diciembre del mismo año, y a partir del debate sobre el accionar de las fuerzas policiales y su relación con el poder político que estos hechos dispararon, el Poder Ejecutivo Nacional crea el Ministerio de Seguridad (Decreto 1993/2010), organizando un conjunto de medidas tendientes al control político de las fuerzas policiales para conjurar su "autogobierno".

1.2. Seguridad y política social: seguridad social, asistencia y sus reorganizaciones

Una de las claves interpretativas en que puede analizarse los procesos históricos de transformación que comienzan a estructurarse durante la década de 1970 en el plano de las modalidades de regulación estatal, y en particular en el campo de la política social, es el descentramiento de la noción de la seguridad social, como grilla discursiva organizadora de lógicas de intervención. Esta noción emerge del campo conflictivo que se conformó en torno a la cuestión social, en la cual es problematizada la relación entre desigualdad social e igualdad política en la construcción del trabajo asalariado desde la segunda mitad del siglo XIX, tematizando de esta manera las inseguridades y riesgos que conforman las condiciones de vida de los trabajadores en las sociedades modernas capitalistas. La seguridad social se estructura como un eje organizador de un conjunto heterogéneo de instituciones y arreglos estatales orientados hacia la socialización de los riesgos antes mencionados que, de manera dispar en su intensidad y en sus modalidades, y atravesados por procesos socio-políticos específicos en las diferentes sociedades, marcaron la conformación histórica de los Estados de Bienestar (Himmelfarb, 1983; Offe, 1990; Polanyi, 1992; Castel, 1997, 2004; Topalov, 2004, De Marinis, 2004; Donzelot, 2007; Danani, 2009). Esta configuración de un "sector" de políticas sociales de seguridad social (orientado a contener los riesgos de salud, previsión, desempleo o los vinculados a la vida familiar de los trabajadores) se organizó históricamente a partir de la "invención" de derechos sociales (Donzelot, 2007).
Los orígenes de la seguridad social en la Argentina se remontan a principios del siglo XX (principalmente en cuanto a previsión y accidentes de trabajo) surgiendo del entramado de enfrentamientos sociales y políticos que marcaron la época: fuerte conflictividad de los diferentes sectores del naciente movimiento obrero, las respuestas represivas de la elite gobernante y la emergencia en su interior de voces que señalaban la necesidad de "resolver" la "cuestión social" a partir de políticas sociales, en un contexto de "modernización" de las instituciones políticas (sufragio universal masculino, estructuración de partidos políticos modernos) (Isuani, 1988). A partir de la década del '40, con la llegada del peronismo, comienza un proceso de expansión de las políticas de seguridad social organizadas bajo la extensión de derechos sociales segmentados asentados fundamentalmente en la figura del trabajador asalariado formal, las cuales alcanzan grados considerables de protección (probablemente los más altos de la región) pero bajo una recurrente lógica de fragmentación en su interior. Sin embargo, su extensión marcará la centralidad de la seguridad social como sector (junto a las políticas universales de educación y salud) frente a las políticas de asistencia al interior del campo de las políticas sociales durante este período (Isuani, 1988; Grassi, Hintze y Neufeld, 1994; Soldano y Andrenacci, 2006; Barbeito y Lo Vuolo, 1998; Belmartino, 2007; Golbert, 2008; Danani y Hintze, 2011).
Como dijimos, una de los ejes de la reorientación neoliberal de las modalidades de intervención estatales que comienza en la década de 1970 es desandar este proceso de extensión de derechos sociales, descentrando a la seguridad social en el campo de la política social, en una tendencia hacia la des-socialización de los riesgos. Mutaciones que organizaron un verdadero cambio epocal, conceptualizado a partir de las elaboraciones sobre la emergencia de sociedades del riesgo, de la inseguridad social o postsociales (Castel, 1997; 2004; Beck, 1998; Rose, 1996; De Marinis, 1998, 2004). Este proceso adquiere en la Argentina particular radicalidad durante la década de 1990 reconfigurando las modalidades de intervención del Estado (Thwaites Rey, 1999; Oszlak, 2000). La nueva estrategia económica delineó los principios de la "reforma social" estableciendo al sector de la seguridad social como "área clave" para su desarrollo, siendo la reforma previsional del año 1993 paradigmática en sus contenidos: pasaje de un régimen de reparto a partir de cajas colectivas hacia un régimen de capitalización individual mediante la modalidad de un seguro privado (Cortés y Marshall, 1999; Danani y Grassi, 2008). Este descentramiento del principio de la seguridad social en el campo de las políticas sociales es el correlato de la nueva centralidad que adquiere la asistencia, no sólo como "sector" de políticas, sino como grilla discursiva organizadora de formas de intervención que retoma una tradición asentada en el principio de la necesidad, centrada en los sujetos, sus características y comportamientos, es decir, alejada - aunque experiencias históricas intentaron reconfigurar esta lógica - de una noción de derechos. La asistencialización de las políticas sociales que se produce en este período se expresa tanto en la colonización por esta racionalidad de ámbitos de política sociales en los que primaban racionalidades diferentes (como el caso de la reforma previsional al que aludíamos), así como en la proliferación de múltiples programas asistenciales focalizados, que mediante la búsqueda de la eficiencia a partir de la técnica de la focalización, recortan sus poblaciones objetivo sobre sus específicas carencias individuales. La lógica de la condicionalidad como principio del merecimiento que organizaron estas intervenciones se articuló en la experiencia argentina, con la noción de contraprestación laboral o de capacitación laboral de los destinatarios, inscribiendo a las mismas como programas tipo workfare (Grassi, Hintze y Neufeld, 1994; Soldano y Andrenacci, 2006; Grassi, 2003; Cortés y Marshall, 1999; Álvarez Leguizamón, 2006; González, 2008; Danani y Hintze, 2011; Grondona, 2012).
Desde mediados de la década del 2000 se observan algunos procesos tendientes hacia una recentralización de la seguridad social en el campo de las políticas sociales. En él pueden observarse una mayor intensidad en las tendencias de contrarreformas, en el sentido políticas que basan su legitimidad en una confrontación de los sentidos que organizaron las políticas neoliberales de la década anterior (Danani y Grassi, 2008). En el ámbito de la previsión, primero con una intensa ampliación de la cobertura (fundamentalmente a partir de lo que se conoció como la "Moratoria Previsional") y con el incremento en el nivel de los beneficios, a partir de la sanción de diferentes aumentos del haber mínimo y con la sanción de la Ley de Movilidad Previsional en el año 2008. Pero fundamentalmente con la eliminación del régimen de capitalización y la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino en el mismo año, bajo la modalidad de reparto y contraponiendo una orientación "garantista" acerca de la responsabilidad pública y estatal sobre la seguridad social frente a los contenidos individualizantes y privatistas de la reforma del año 1993 (Danani y Hintze, 2011). Por otro lado, la tendencia hacia una recentralización de la seguridad social puede observarse en la reforma del sistema de asignaciones familiares que implicó la creación en el año 2009 de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social - AUHPS (Decreto 1602/9), la cual extiende una intervención de la seguridad social que hasta el momento alcanzaba a los trabajadores asalariados formales, hacia los trabajadores informales y desocupados. Sin detenernos aquí sobre los sentidos que la política repuso en los debates acerca de la tensión trabajo - ciudadanía, ella reconfiguró la relación entre seguridad social y asistencia, proponiendo una racionalidad de la protección y los derechos sociales para amplios sectores sociales que anteriormente eran reconstruidos por las políticas asistencialistas y minimalistas como población careciente, atados a las contraprestaciones que establecían como condicionalidad (Hintze y Costa, 2011; Lo Vuolo, 2010; Álvarez Leguizamón, 2006).

1.3. Cuestión social, clases peligrosas y seguridad

En esta investigación proponemos entender a las formas de problematización de la seguridad como espacio privilegiado para dar cuenta de las reorientaciones históricas contemporáneas de los modos de relación y espacios de intersección entre los campos de la política criminal y la política social y de los procesos de producción de sujetos sociales de los que ellas participan. Entendemos a las políticas sociales como el campo de las intervenciones sociales del Estado que encuentran su especificidad en orientarse de manera directa a las condiciones de vida y su reproducción, especialmente en el momento de la distribución secundaria del ingreso; intervenciones que históricamente han cumplido una función indirectamente reguladora de las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo (Danani, 1996; 2004). De esta manera, las políticas sociales se plantean como la instancia estatal de constitución de la "cuestión social", la cual surge en el siglo XIX problematizada a partir de la cuestión de la pobreza o el pauperismo. Ésta última refleja la relación entre asistencia y trabajo en la naciente sociedad industrial, y por ello da cuenta de manera constante de las tensiones sociales y políticas que ponen en juego la misma cohesión social. En este sentido, y esto es central para nuestro planteo, la construcción de la "cuestión social" estuvo históricamente ligada a los procesos de construcción de la noción de"clases peligrosas", es decir, a la condensación en grupos, categorías o espacios sociales de todas las representaciones amenazantes hacia la sociedad (Himmelfarb, 1983; Offe, 1990; Polanyi, 1992; Danani, 1996; Castel, 1997; Grassi, 2003; Topalov, 2004). Por otro lado, entendemos a las políticas criminales como la instancia estatal de la administración diferencial de los ilegalismos (Foucault, 1999). Esta administración supone una criminalización de las clases subalternas, conjugada con un solapamiento de los delitos del poder (Pegoraro, 1999), puesto que del conjunto total de los ilegalismos, solo algunos son construidos como delitos por las agencias estatales y esta construcción está directamente ligada a las estructuras políticas y sociales establecidas en una sociedad determinada (Pavarini, 1983; Baratta, 1986).
En este sentido, tanto la producción social de las condiciones de vida, en esta tensión entre trabajo y pobreza que reelabora constantemente la cuestión de la autovalía y la dependencia como forma de dirimir la pertenencia legítima de los sujetos dentro de las sociedades capitalistas; como la producción social del delito, en tanto administración diferencial de los ilegalismos que constituye a los sujetos de la peligrosidad, tienen un punto álgido de elaboración en las políticas que hacen foco en dichos procesos: las políticas sociales y las políticas criminales, respectivamente. Por ello, en esta investigación nos preguntamos acerca de las modalidades históricas en las que nuestras sociedades reconstruyen el viejo problema de la peligrosidad de las clases populares, a partir de los procesos de producción de sujetos sociales de los que participan las políticas criminales y las políticas sociales.

2. Abordaje metodológico e intervenciones analizadas

La investigación que llevamos adelante se organizó a partir de un abordaje metodológico cualitativo, siguiendo los lineamientos y procedimientos propuestos por la teoría fundada en los datos (Grounded theory) (Glaser y Strauss, 1967; Soneira, 2004). Los referentes empíricos de nuestra investigación son intervenciones estatales que se han inscripto en el paradigma de la "nueva prevención" del delito, en particular en relación al tipo de prevención "social". A su vez, estos programas comparten el haberse articulado en su implementación con el Programa de Empleo Comunitario (PEC en adelante), intervención laboral asistencial que se otorgó a los destinatarios de los programas de prevención social del delito como beneficio por la contraprestación de su participación en las actividades que estos prescribían. EL PEC es creado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTySS) en el año 2003, como cristalización de experiencias originadas en el interior del "Programa de Emergencia Laboral" (PEL) iniciado en 1999 y en el marco de la aparición del "Programa Jefas y Jefes de Hogar" en el año 2002. En el contexto de la declaración de la emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria por parte del gobierno nacional, el MTySS decide abrir la incorporación al PEL a sectores que quedaban por fuera de la delimitación de la población-objetivo del Programa Jefas y Jefes de Hogar, especialmente los jóvenes. En ese sentido, se dispone un monto del beneficio similar al programa anterior, y como contraprestación la realización de actividades "comunitarias" de carácter mensual, para 300.000 beneficiarios.
Uno de estos programas es la experiencia más importante de políticas inscriptas en el campo de la "nueva prevención" del delito en el ámbito argentino, en tanto intervención de prevención social orientada hacia jóvenes: el Programa "Comunidades Vulnerables" (PCV), surgido en el año 2001 en el marco del Plan Nacional de Prevención del Delito (Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos) que se pusiera en marcha en el año 2000. Decimos que es la experiencia más importante dado que en primer lugar fue una política que intentó alcanzar un verdadero desarrollo nacional: se aplicó en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, como Morón, Avellaneda, Tres de Febrero, San Isidro, además de hacerlo en otras provincias: Río Negro, Neuquén, Chubut, Mendoza y Santa Fe. Aunque es para destacar que el grueso de su población objetivo se encontró en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Por otro lado, hasta el momento no se desarrolló ninguna otra estrategia de prevención social alcance la cantidad de jóvenes que participaron enél (promedió los 1400 destinatarios) y los años que extendió su desarrollo: desde el 2001 hasta el año 2008. El PCV junto al PEC demarcaron una población destinataria conformada por jóvenes de 16 a 30 años de edad, entendidos como jóvenes en conflicto con la ley penal, categoría que no necesariamente implicaba el contacto formal con el sistema penal. Las intervenciones que caracterizaron a este programa, en una dinámica que se definió como "territorial", a partir del trabajo de operadores en las diferentes zonas (generalmente villas o barrios populares), fue por un lado el trabajo grupal con los jóvenes, tanto en la forma de los "proyectos" productivos, culturales o recreativos como en los "talleres" de discusión y tratamiento de temáticas diversas, como adicciones, violencia o proyecto de vida. Por otro lado se configuró a las entrevistas individuales de los jóvenes y los operadores como una intervención regular del PCV, aunque no estaba presente en las formulaciones originales del mismo. La participación en estas actividades era la condición para el mantener el beneficio del PEC. En segundo lugar, analizaremos las intervenciones que a nivel municipal, luego de la finalización del PCV en el año 2008, continuaron con las estrategias de prevención social del delito articuladas con el PEC presentando fuertes continuidades aunque también significativas diferencias, como luego observaremos (En el análisis nos referiremos a ellas como PostPCV). Por último, incluimos en nuestra investigación el Programa "Intervención multiagencial para el abordaje del delito en el ámbito local" (en adelante PIM) (Secretaría de Seguridad Interior / PNUD) que se implementó desde agosto de 2008 hasta agosto de 2010. El mismo tuvo como objetivo "...promover la implementación de políticas integrales de seguridad con énfasis en la prevención que, sin desvalorizar los aportes que pueden realizar las instituciones policiales, incluyan y comprometan a otras agencias gubernamentales y actores no gubernamentales en el abordaje y resolución del problema". Se enfocó originalmente sobre tres ciudades medianas: Santa Fe, Neuquén y Resistencia. Luego se desarrolló sólo en las dos primeras ciudades y sólo en Santa Fe logró establecer estrategias concretas de intervención sobre jóvenes. Se estructuró en dos etapas: una primera abocada al diagnóstico de la situación a partir del análisis documental de los programas estatales sobre la materia y de entrevistas en profundidad con actores claves, tanto estatales como de la sociedad civil. En una segunda etapa, tomando dicho diagnóstico, se elaboró una estrategia multiagencial de abordaje de problemas prioritarios de seguridad para dichas ciudades. El mismo fue construyó como la violencia altamente lesiva en hechos delictivos para la ciudad de Santa Fe. Y de la misma manera se delimitó una población objetivo: la mayor parte de los protagonistas de la violencia altamente lesiva, configurada como el problema prioritario de seguridad en la ciudad de Santa Fe, son jóvenes varones de barrios populares. Las intervenciones realizadas (durante el breve período de trabajo territorial con jóvenes) fueron el trabajo grupal, los proyectos recreativos, particularmente el llamado "Vacaciones Compartidas" donde los jóvenes destinatarios accedían en grupo a las instalaciones de clubes provinciales donde compartían los espacios con otros jóvenes destinatarios de diferentes políticas e instituciones provinciales. Por otro lado, planteó experiencias de proyectos productivos, ligados a la reparación de bicicletas y sillas de ruedas provistas por el gobierno provincial. Para esta actividad el programa estableció la misma articulación que el PCV con el campo de la política social: otorgó el beneficio del PEC.
El criterio que sustentó la selección es el de relevancia teórica (Glaser y Strauss, 1967) y se basó en el trabajo realizado, el cual indicaba que el hecho de ser diferentes unidades político-territoriales y de gestión y de tener una diferente filiación político-partidaria los gobiernos locales, nos permitía una rica generación de propiedades acerca de la relación entre lo delictivo y las condiciones de vida, utilizando el método de comparación constante a fin de ubicar regularidades y diferencias (Glaser y Strauss, 1967; Soneira, 2004). La estrategia de investigación combinó el uso de fuentes primarias y fuentes secundarias. En cuanto a las primeras, se realizaron entrevistas abiertas a funcionarios e integrantes de los equipos profesionales encargados de la implementación de los programas bajo estudio. En relación a las fuentes secundarias, se conformó un corpus con los documentos provenientes de los propios programas y de las agencias gubernamentales de las cuales dependen. En cuanto a la construcción de la muestra, se utilizó la estrategia del muestreo teórico (Glaser y Strauss, 1967). Para ello se adoptó el criterio de saturación teórica, es decir, se incluyeron distintas unidades de relevamiento hasta el momento en que las construcciones de sentido en torno a la problematización de la relación entre las prácticas delictivas y las condiciones de vida que surgieron de ellos no aportaron particularidades nuevas (Glaser y Strauss, 1967; Soneira, 2004).

3. El lugar de la política social en la prevención "social" del delito

Aquí analizaremos la forma en que estas intervenciones, dada su construcción como políticas de prevención social del delito, elaboraron su relación con el campo de las políticas sociales. Y más específicamente, la manera en que construyeron el papel de las políticas sociales en las políticas preventivas. Con esta relación nos referimos al hecho de que toda política de prevención social del delito produce una definición sobre los efectos de las políticas sociales sobre los procesos de criminalización de ciertas conductas y en este sentido, reelabora en su desarrollo concreto, una forma de relacionar las condiciones de vida de los sujetos y los procesos de criminalización (tanto en términos de conducta criminal como en cuanto al accionar de las agencias de política criminal).

a) La exterioridad y la instrumentalidad de la política social

La construcción de sentido que estructura fundamentalmente la relación que establecen estos programas de prevención del delito con el campo de las políticas sociales es la de una exterioridad de estas últimas con respecto a las intervenciones preventivas. Esta concepción de una exterioridad de las intervenciones sociales con respecto a lo que se problematiza como las estrategias preventivas del delito propiamente dichas, se elabora tanto en el PCV como en los programas locales PostPCV, y aunque el PIM presente algunos matices que luego repasaremos, también podemos observarla en él.
Como dijimos, las políticas de prevención social del delito se presentan como poniendo en juego o articulándose en su desarrollo con políticas sociales, y en este sentido, sus propias formas de intervención se conforman como estrategias sociales (Crawford, 1998), es decir, como políticas que tienen por objeto de intervención las condiciones de vida de los sujetos y los grupos sociales (Danani, 1996; 2004). Sin embargo, lo que caracteriza a estos programas es entender a las políticas sociales como una entidad exterior a los tipos de acciones construidos como su intervención. En el caso del PCV y los programas PostPCV, la articulación central con el campo de las políticas sociales se produce con el PEC y esta es la forma en que el mismo es construido. La manera de referirse al PCV con la noción de programa que circula en sus agentes de gestión y en sus documentos, se elabora a partir de su distinción explícita con respecto al PEC. Así, aunque desde el punto de vista del funcionamiento, el PCV y el PEC se presentan integrados como intervención sobre una población-objetivo que "recortan" de manera mutua, la construcción del "programa" de prevención del delito surge como un espacio diferenciado del PEC. La prevención del delito y la puesta en marcha de sus mecanismos preventivos específicos suceden en un campo más allá del PEC, y en algún sentido luego de él.
"En el programa nunca fue importante. Siempre ponemos en primera instancia el espacio que brindamos, antes que el PEC. (...) Porque es así, el PEC es una cosa que viene del Ministerio, y nuestro programa es otra cosa. Entonces siempre tratamos de separar eso" (Entrevista Nº 4- Operadora PCV).
De esta manera, la forma en que es problamatizada la relación entre políticas sociales y prevención del delito queda marcada por esta escisión que separa el programa, ese espacio de intervención configurado por las actividades organizadas como preventivas del delito y que como vimos conjugaban de manera flexible reuniones grupales, proyectos y entrevistas individuales, del PEC y su transferencia de ingresos como forma de impactar en las condiciones de vida. Esta exterioridad de la política social que se construyó acerca de la confluencia entre el PEC y el PCV, se mantiene en los programas municipales PostPCV.
Ahora bien, la idea de exterioridad de la política social se conjuga con otra construcción de sentido que organiza extendidamente a estas estrategias en su articulación con el campo de las intervenciones sociales: esta es la idea de instrumentalidad de la política social. La política social, y en el caso específico del PCV y los programas PostPCV el PEC, es entendida como un instrumento, como una herramienta que los programas preventivos utilizan con un fin específico, el de hacer ingresar a los destinatarios en los espacios de intervención que organizan para tal fin. En este sentido, la política social es reconstruida como un instrumento para que los jóvenes se incorporen a las formas de intervención: los trabajos grupales, en las formas de reuniones o proyectos y en las entrevistas individuales.
"Entonces, para nosotros siempre lo que tuvimos en claro es que era una herramienta... (...) La idea es que sirva como una herramienta para acceder a otros aspectos de la vida de ese joven que nos preocupa y creemos que tenemos que trabajar más en ese punto..." (Entrevista Nº 8 - Autoridad Local PCV).
"A ver, a nosotros nos sirvió como la manzana, para atraerlos; como la zanahoria, digamos. Como decía una compañera mía, es la zanahoria para atraerlos y poder trabajar" (Entrevista Nº 5 - Operadora PCV).
"El PEC me parece que funciona para la convocatoria de los jóvenes y para el crecimiento del grupo. Si no hubiese PEC no sé si funcionaría directamente" (Entrevista Nº 27 - Operador PostPCV)
De esta manera, el PEC es construido como el "atractivo" que seduce a la población objetivo de los programas preventivos. Esta noción presenta entonces al ingreso de los jóvenes y su participación de las actividades como la moneda de cambio que ceden para ser beneficiarios del PEC entendido como un valor. Este valor, que los jóvenes otorgan al PEC y a su transferencia de ingresos condicionada a la participación en las actividades configuradas como preventivas, es construido por las intervenciones como valor material pero también como valor simbólico. Los agentes de intervención de estos programas, aunque reconociendo el módico monto de la transferencia de ingresos que otorga el PEC ($150 que al no actualizarse desde el año 2003 ha sido desvalorizado constantemente por la inflación) entienden que las condiciones de vida de estos jóvenes atravesadas por la pobreza hacen todavía "atractiva" la transferencia de ingresos del PEC en términos materiales. Sin embargo, en el mismo movimiento, argumentan que hay otros elementos que cimientan la instrumentalidad del PEC, de orden simbólico: el PEC es vinculado por los jóvenes al mundo del trabajo (según la elaboración de los operadores), en una representación que asimila esta transferencia de ingresos con la remuneración por el trabajo asalariado: "Es como un sueldo. Vengo a hacer este trabajo y después tengo esto" (Entrevista Nº 22 - Operadora PostPCV). El valor simbólico del PEC se relaciona con su ligazón con el trabajo y su inscripción a la formalidad y regularidad que otorga socialmente la relación salarial. Y esto en ese doble sentido: como ingreso regular, también como ingreso legal, pero fundamentalmente como ingreso legítimo socialmente. El PEC como valor simbólico aparece así como dinero "legal", que tiene un plusvalor con respecto a los ingresos ilegales, en cuanto a su capacidad de otorgar una inscripción social legítima (Castel, 2004) en una referencia también a sus relaciones familiares: "Legalidad también en la familia: 'Traigo esta plata que fui al banco a hacer la cola'" (Entrevista Nº 19 - Operadora PostPCV).
Por otro lado, el PEC es presentado como portando un valor simbólico ligado a la idea de regularidad en el marco de las estrategias económicas de los jóvenes, en la que prima una lógica sumamente precaria de "recolección" de formas variadas e inestables de obtención de recursos, como changas u otros planes sociales. En este esquema, el PEC es valorado como un ingreso fijo, regular y estable, que aunque módico, otorga cierta previsión en un horizonte de vida sumamente incierto. A su vez, esta dimensión del PEC es presentada en términos de sus cualidades preventivas, en términos de que el PEC los "ordena":
"Para ellos, yo lo veo más como un valor simbólico (...) Les permite sostener. Yo cobro 150 pesos, todos los meses puedo pagar por una cama 30 pesos, acá tenés el recibo. Encuentran de repente un orden y sumar esta cantidad los ordena. Ellos necesitan mucho esto del orden. Cosas que tengan continuidad y que los ordene" (Entrevista Nº 20 - Operadora PostPCV).
El PEC inserta a los jóvenes en un régimen de premios y castigos que tiene efectos de organizar la subjetividad, que como luego desarrollaremos, se estructura a partir de la noción de compromiso. Pero también está ligada a la producción de un intento de activación de las capacidades subjetivas, que aquí se reflejan en la dimensión simbólica del PEC en tanto autovaloración: "Yo creo que también que [lo importante es que] se lo están ganando [al ingreso que aporta el PEC]. Están viniendo durante la semana" (Entrevista Nº 20 - Operadora PostPCV).

b) La prevención como contraprestación

En esta dinámica de intercambio en donde el valor tanto material como simbólico que es atribuido al PEC es "puesto en juego" por el programa para que los jóvenes presten su conformidad a la participación en las actividades preventivas, estas últimas son problematizadas a partir de una noción propia del ámbito de las políticas sociales asistenciales: contraprestación. La participación en las actividades que son entendidas como propias del programa de prevención del delito son construidas como la contraprestación que caracterizaron las condicionalidades de las políticas sociales asistenciales, centrales en la reorientación neoliberal de la política social desde fines de los años ochenta, retomando la tradición de las intervenciones tipo workfare (Grondona, 2012). Así, una de las condiciones para ser destinatarios del PEC (y la forma institucional del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos presentan el mismo sentido) era la contraprestación de la participación en las actividades prescriptas por el PCV y luego por los programas PostPCV.
"Me parece que al efecto del subsidio nosotros lo trabajamos más como contraprestación. Y la contraprestación también tiene que ver con la cultura de trabajo. Ellos vienen y por eso reciben tanto y a eso lo pueden perder. Y en la cultura del trabajo es similar: uno va, trabaja y si uno no cumple con determinadas rutinas del trabajo, no va a recibir lo que recibe por ir a trabajar" (Entrevista Nº 26 - Operador PostPCV).
Como observamos, la construcción de sentido acerca de la contraprestación, también es recuperada como forma de instalar en los jóvenes el compromiso del juego de premios y castigos propios de la cultura del trabajo, volviendo a la idea de compromiso ligada a la producción de un límite en la subjetividad de los jóvenes.

c) La instrumentalidad en un nuevo contexto

Este carácter exterior e instrumental que es otorgado al PEC se muestra fuertemente en los programas PostPCV en el contexto de finalización del PEC y de su incompatibilidad con las nuevas intervenciones sociales que se ponen en marcha a partir del año 2009, en especial, la AUHPS y el Programa de Ingreso Social con Trabajo o "Argentina Trabaja"^†. En este marco en donde se suspenden las "altas" del PEC entrando en su proceso de finalización^‡, y en donde la incompatibilidad de este con las nuevas intervenciones sociales hacen mermar a la población objetivo ante la elección de los jóvenes por estas últimas, el carácter instrumental de la política social se expresa en su falta: la imposibilidad de mantener las intervenciones sin esa "herramienta". A esto se suma la cuestión de que se dificulta la posibilidad de dar "bajas" porque la lógica de proyectos grupales del PEC que establece un mínimo de destinatarios, que al traspasarlo da de baja al proyecto y a todos los integrantes.
"La idea, en realidad, del cobro del PEC a nosotros nos servía cuando existía la posibilidad de suspender [destinatarios]" (Entrevista Nº 28 - Operadora PostPCV).
"Ahora con el tema de la asignación universal, que por un lado es un avance muy importante, por el otro, a nosotros actualmente nos está jorobando, porque no es compatible con el cobro, por ejemplo, del PEC. Entonces, se fueron cayendo, no podemos dar altas, con lo cual también al espacio grupal en un punto lo empobrece, porque después los pibes van haciendo su propio camino por el grupo y hay algunos que ya no están para venir y no se puede reponer quizás este lugar, se pierde ese espacio. En relación al cobro, digamos. Todo aquel que quiera venir, obviamente, sin cobrar, mejor. La realidad es que cuesta" (Entrevista Nº 28 - Operadora PostPCV).
En este sentido se plantea que estas nuevas intervenciones conspiran contra la dinámica del programa de prevención del delito. Así, se plantea que la AUH y el programa AT son transformaciones en el campo de la política social que entran en tensión con las formas de intervención que planteaban estos programas preventivos, las cuales se articulaban con la dimensión condicional del PEC planteándose como contraprestación. Si esa dimensión hacía compatibles al PEC y al PCV, las nuevas intervenciones sociales no revisten tal compatibilidad, y son presentadas como un obstáculo en el desarrollo de la mecánica preventiva propuesta. Consideramos que uno de los puntos centrales de esta tensión es justamente la cuestión de las condicionalidades en términos de contraprestación: el PEC es un programa laboral asistencial que plantea la contraprestación en proyectos comunitarios para trabajadores desocupados con el fin de "...que mejoren su empleabilidad y faciliten su inserción laboral", es decir, una actividad centrada en la transformación individual del sujeto en la forma de la capacitación. El PCV encauza esa lógica de intervención e instituye sus actividades como la contraprestación que el destinatario debe realizar para calificar en la intervención social. De ahí que para el PCV, el PEC aparece en su dimensión instrumental, es decir, como "herramienta" para hacer ingresar a los sujetos y mantenerlos en los dispositivos previstos por la intervención: el trabajo grupal, los proyectos, las entrevistas individuales. En las nuevas intervenciones que surgen en el año 2009, la idea de la condicionalidad y de contraprestación, aunque no eliminada, aparece trastocada. En el caso del AT, la transferencia de dinero, que en el momento de su lanzamiento era escasamente menor que el valor del salario mínimo, alejan a las actividades cooperativas que establece el AT con la noción de contraprestación. Por otro lado, la AUHPS se plantea como extensión del componente de asignaciones familiares de la seguridad social hacia sectores no incluidos anteriormente, en especial los trabajadores informales. Salvo el cumplimiento del calendario sanitario y la escolarización de los niños, la intervención no establece otro tipo de contraprestación en términos de actividades o realizaciones que los padres deben emprender. Esta transformación en las formas de la condicionalidad en la asistencia, la idea de contraprestación es debilitada y aparece como una de las claves para entender el significado de la tensión que plantean los operadores entre la dinámica de su intervención de prevención del delito y dichas intervenciones sociales. Consideramos que el debilitamiento de la idea de contraprestación vuelve incongruente un proceso de confluencia entre prevención del delito y políticas sociales en la manera que articuló al PEC y al PCV y a los programas PostPCV.

d) La crítica a la asistencia

La construcción de la prevención del delito como contraprestación, reproduciendo las formas de la condicionalidad que organizaron los programas asistenciales laborales de claros rasgos neoliberales, como el PEC, se produce y a la vez se sustenta en una crítica a la asistencia. La prevención como contrapretación es valorada como actividad en el sentido que la diferencia de los programas asistenciales, es decir, como plus sobre la mera transferencia de ingresos. Este plusvalor que es reivindicado residía en la dimensión performativa de la subjetividad de los sujetos, que como analizaremos se vinculan a la construcción de la noción de límite y la producción de capacidades subjetivas, fuertemente vinculado a la cuestión del trabajo. Si esta dimensión es construida como motor de una activación subjetiva, la sola asistencia es presentada como una forma de reproducir la pasividad y la dependencia de las políticas sociales.
R: "...por ejemplo, una bolsa de comida, entregar una bolsa de comida. En lugar de entregar una bolsa de comida, tratar de ubicar a la persona desde lo laboral. (...) Entonces bueno, hacer un poco más de hincapié a eso, que entraría dentro de una política social. Eso es un poco más... Porque sino volvemos al dar, al asistencialismo, que muchas veces lo criticamos (porque lo criticamos muchísimo), sin embargo se sigue haciendo. Entonces me parece que habría que apuntar un poco más..."
P: "¿Y Comunidades Vulnerables te parece que iba en ese sentido o tenía también rasgos de lo asistencial?"
R: "No, desde mi experiencia yo te digo que no porque vos fijate, muchos chicos... Mira, sí podía ser como una política asistencial pero sin embargo tendías a trabajar, no salir con trabajo porque nosotros no teníamos bolsa de trabajo, pero de repente recibieron la posibilidad de salir y presentarse al mundo del trabajo. Entonces no es tan asistencia social. En su momento era el aquí y ahora pero se siguió trabajando a largo plazo. [...] Me parece que no nos quedábamos con que el chico obtuviera los 150 pesos. Se trataba de trabajar desde las entrevistas, de trabajar un poquito. El que, de repente, destine esos 150, a ver qué es lo que se puede hacer. Entonces me parece que desde ahí..." (Entrevista Nº 5 - Operadora PCV).
En este pasaje observamos la referencia a la noción de asistencialismo. Sin embargo, entendemos que lo que organiza esta producción de sentido no es la crítica al asistencialismo, sino la crítica a la asistencia. Las discusiones en el campo de la política social construyeron una crítica al asistencialismo, como forma de asistencia arraigada en una evaluación de las características individuales de los sujetos desde una perspectiva moral (ver Alayón, 2000; Grassi, 2003) que se extiende en el ámbito de las políticas sociales al calor de las reformas neoliberales de los últimas décadas. Este ejercicio de crítica intentaba diferenciar a dicho concepto de una noción de asistencia legítima centrada en la idea de derechos. Ahora bien: la construcción de sentido que circula en estos programas es justamente inversa: critica a la asistencia por afianzar las características subjetivas pasivas y demandantes de los jóvenes y valora la condicionalidad de la contraprestación preventiva centrada su capacidad de transformación de aquellos componentes subjetivos. Así, no presenta la estructura de la crítica al asistencialismo, sino un reforzamiento de este a partir de una crítica a la asistencia.
"...egresar del programa con otro tipo de herramientas, otros recursos que ellos tengan. No depender tampoco toda su vida de que estén en el programa. La idea siempre es esa (...) La idea es que ellos tengan una herramienta como para seguir adelante y ayudarlos en este paso, trabajar con ellos en este paso para otro lado" (Entrevista Nº 19 - Operadora PostPCV).
Esta construcción de sentido se expresa a su vez en la idea de la productividad de la generación de una falta. Con ciertas reminiscencias psicoanalíticas, el PEC es presentado como operador o productor de la falta como forma de activación subjetiva a partir de lo módico de su transferencia de ingresos: es muy poco, pero tampoco sería útil que sea mucho, siempre debe ser un valor "incómodo", porque la falta potencia el deseo y activa la búsqueda, la transformación, el cambio.
"Tampoco sería bueno que fuera muy alta [la transferencia de ingreso del PEC], porque lo que genera es cierto acomodamiento en esa situación, cierto acostumbramiento al subsidio y es más complicado. Fuerza a los beneficios secundarios de la situación (...) Que esté haciendo falta. Vos sabés que se tapan ciertos... que no hay falta, entonces: 'Está todo bien'. Esto quieren escuchar. 'A mí, techo y comida no me faltan'. Y es una abulia total. Está bueno que se pueda jugar algo de la falta. La falta tiene que ver con el deseo" (Entrevista Nº 26 - Operador PostPCV).
Pero podemos observar que en este sentido el PEC es ambivalente; si por lo reducido de su monto, es productivo porque pone en juego la falta, como política asistencial es problemática porque induce al "acomodamiento". Una de las paradojas que plantea el PEC: al mismo tiempo y en un mismo punto, se configura como herramienta y como obstáculo. Si bien es una herramienta útil, como analizamos, el "dar algo" reproduce un posicionamiento pasivo, demandante y contrario al cambio, a la activación subjetiva, al deseo de otros caminos y al autocontrol.

e) El PIM y la idea del "enlace" como construcción diferencial.

Esta forma de problematizar el vínculo de las intervenciones preventivas y las políticas sociales, centrado en la idea de exterioridad e instrumentalidad es la que ha caracterizado al PCV y a los programas locales PostPCV. El PIM presenta algunas diferencias, como también ciertas continuidades, que es necesario desarrollar aquí. La noción que estructura la relación con la política social que presenta el PIM es la de enlace. Bajo el diagnóstico de que los jóvenes varones de los barrios populares (tal es la delimitación de su población objetivo) no son alcanzados por las estrategias sociales estatales, la concepción que organizó la articulación del PIM con las políticas sociales fue la de actuar como enlace, como puente que haga ingresar a los jóvenes en esos espacios institucionales de los que eran excluidos. Como analizamos, el objetivo del "enlace" con otras instituciones para realizar el abordaje socio-cultural, fundamentalmente el proyecto "Vacaciones Compartidas", es construido como mecanismo para quebrar el aislamiento o la exclusión de estos jóvenes, tanto a nivel "comunitario" como también en el sentido de estar aislados de otras intervenciones sociales para jóvenes. Así, el PIM se presenta como forma de quebrar las fronteras que los separan de las intervenciones sociales destinadas al resto de los jóvenes: como una manera en que los jóvenes transiten otros espacios simbólicos, espacios públicos estatales.
"Este trabajo de enlace permitía no sólo la posibilidad de acceso de estos jóvenes a espacios físicos recreativos - demandados en la mayoría de los casos por ellos mismos - sino además la posibilidad de que estos jóvenes transiten nuevos espacios simbólicos, sobre todo teniendo en cuenta que eran espacios construidos a partir de políticas gubernamentales, o sea espacios públicos estatales. Esto a su vez propició comenzar a discutir condiciones de participación en estos espacios "públicos estatales" y establecer acuerdos de convivencia tanto con los jóvenes como con quienes coordinaban técnicamente y políticamente dichos espacios, que hasta el momento no eran accesibles a los jóvenes" (Documento Nº 11 - PIM).
Esta forma de elaboración de la relación entre prevención y política social dada en la noción de enlace se distancia de una articulación fundada en la idea de exterioridad, tal como observamos en el PCV y en los PostPCV. En la idea de enlace la política social no se construye como algo exterior y en oposición a la estrategia preventiva, sino que plantea como su propia intervención, es decir, como formando parte de la política de prevención del delito. En este sentido, el hacer ingresar a los jóvenes destinatarios del PIM a los dispositivos recreativos del estado provincial es entendido como la primera intervención del programa: Vacaciones Compartidas. Esta diferencia plantea que la intervención sobre las condiciones de vida de estos jóvenes (aquí en relación a sus posibilidades de recreación) es entendida como mecanismo preventivo del delito.
Ahora bien, aunque observamos este distanciamiento, al mismo tiempo se encuentra presente en el PIM una dimensión instrumental de la política social que también implica cierto reenvío hacia la idea de exterioridad. En este programa el tratamiento de las intervenciones sociales, tanto los proyectos recreativos como los de incentivo a los emprendimientos productivos, son a su vez valorados como instancias que hacen participar a los sujetos destinatarios en los juegos de la delimitación de reglas de conducta, construcción de compromisos y el fomento de la responsabilización de sí. Es decir, la valoración de las políticas sociales como formas de ingresar en el campo de las operaciones tendientes a una transformación subjetiva. Así, las estrategias de emprendimientos productivos se presentan como tratando de aportar alternativas"más allá de lo laboral", permitiendo "trabajar, en clave de reducción de violencia y prevención del delito, las condiciones de participación en las propias actividades y el compromiso necesario para sostenerlas" (Documento Nº 11 - PIM). En este sentido, el PIM conjuga continuidades y discontinuidades en cuanto a la relación entre política social y prevención que establecieron los programas anteriores: plantea puntos de tensión con respecto a la cuestión de la exterioridad y reconstruye elementos ligados a un carácter instrumental de la política social.

4. Algunas reflexiones finales

Como desarrollamos, unas de las líneas de fuerza organizadoras de la relación entre políticas sociales y prevención del delito se caracterizó por su paradojal ambivalencia: en el mismo momento en que cimentaban su confluencia, los programas preventivos reconstruían a las políticas asistenciales laborales en tanto exterioridad. Exterioridad que a su vez era problematizada en términos de instrumentalidad: la política asistencial era entendida como una herramienta para hacer ingresar a los destinatarios dentro de los espacios de intervención que los programas preventivos prescribían, con las diferencias que la noción de enlace mostró para el caso del PIM. Esta forma de problematización entendía a dicho trabajo "preventivo" con los jóvenes en tanto contraprestación laboral o de capacitación, típica de los programas sociales que retomaban la modalidad del workfare, como el PEC. Por otra parte, observamos cómo esta forma de articulación entre políticas sociales y políticas criminales era conjugada en las estrategias preventivas con una construcción de sentido que adquiría la forma de una crítica a la asistencia, dados sus efectos empobrecedores de la subjetividad, con especial énfasis en las capacidades ligadas al mundo del trabajo.
Este entramado, que caracteriza a las modalidades de intervención que adoptaron las estrategias de prevención social del delito en Argentina durante la última década, se hace a su vez evidente en el momento de su falla: las reorientaciones en el campo de la política social que debilitan la idea de la contraprestación laboral o de capacitación laboral son tematizadas como disrupciones en el desarrollo de dichas estrategias preventivas. Consideramos que este emergente del trabajo de investigación nos abre una clave interpretativa acerca de la confluencia entre política criminal y política social en el período histórico bajo estudio. Nos parece pertinente preguntar si esta confluencia no encontró su punto de articulación estratégica en el proceso de asistencialización del campo de la política social que describimos en la primera parte de nuestro trabajo, particularmente en el caso argentino a través de la idea de contraprestación de las intervenciones tipo workfare. Siendo el punto de contacto la centralidad que estas estrategias de política social otorgan a las capacidades y comportamientos individuales de los sujetos. Esta es una línea interpretativa productiva para dar cuenta de las formas en que se ha problematizado la relación entre condiciones de vida de los sujetos y el delito en la Argentina de la última década, uno de los ejes fundamentales del clivaje seguridad-inseguridad que ha atravesado los campos de la política social y la política criminal.

Notas

^† Creado por la Resolución Nº 3182 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en agosto 2009, prevé la organización de cooperativas de trabajo para 140 mil trabajadores, con el objetivo de ejecutar obras de mediana y baja complejidad (ver Hintze, Deux Marzi y Costa, 2011).
^‡ El cual en cierta medida no fue absoluto y estuvo abierto a la negociación, como lo muestran la apertura de algunas decenas de altas para la intervención PostPCV en el Municipio 2 y para el PIM a mediados de 2010.

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Recibido: 03.10.12
Aprobado: 24.2.13