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Trabajo y sociedad

versión On-line ISSN 1514-6871

Trab. soc.  no.22 Santiago del Estero jun. 2014

 

PERSONAJES DE UNA CRISIS SOCIAL: EMPRESARIOS, TRABAJADORES Y POLÍTICOS

Corporaciones empresarias, alianzas sociales y disputas políticas en el retorno del peronismo (1969-1974)1

Corporations, entrepreneurs, social alliances and political disputes in the return of peronism (1969-1974) 

 

Gonzalo Sanz Cerbino** y Verónica Baudino***

** Doctor en Historia - Universidad de Buenos Aires - Becario Postdoctoral - Pertenencia Institucional: Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IEALC- CONICET). E-mail: camilogx@yahoo.com.
*** Doctora en Historia - Universidad de Buenos Aires - Becaria Postdoctoral - Pertenencia Institucional: - Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IDIHCS- CONICET). E-mail: veronicabaudino@yahoo.com.ar.

 


RESUMEN

El período de la historia argentina que se extiende entre el Cordobazo y el retorno de Perón ha sido particularmente turbulento. A la crisis de acumulación que se arrastraba desde la década de 1950, se sumó una activación popular que derivó en una crisis de régimen y forzó la apertura democrática. En este terreno convulsionado se gestó el retorno de Perón, proscrito durante 18 años. Además de los apoyos que su retorno suscitó en la clase obrera y la pequeña burguesía, el Peronismo contó con el respaldo de distintos sectores de la clase dominante. En muchos casos, se trató de los mismos sectores que habían avalado el golpe de 1955 y la proscripción de los años subsiguientes. En este artículo nos proponemos analizar, a partir de la reconstrucción de la intervención política de las principales corporaciones empresarias, las disputas en el seno de la clase dominante en torno al retorno del Peronismo. Observaremos el resurgimiento de la alianza reformista, sus enfrentamientos con el polo "liberal" y la atracción que despertó el Peronismo sobre distintos núcleos empresarios. Esperamos contribuir al conocimiento de uno de los aspectos menos estudiados de este proceso.

Palabras clave: Empresarios; Peronismo; Estrategia; Alianzas.

ABSTRACT

The period in Argentina's history that extends between Cordobazo and Perón's return was particularly turbulent. A crisis of accumulation that had dragged on since the 1950s, together with popular activism led to a regime crisis and forced an opening to democracy. In this troubled landscape Perón's return, banned for 18 years, was conceived. In addition to the support his return elicited from the working class and the petty bourgeoisie, Peronism was also supported by various sectors of the ruling class. In many cases, it was the same sectors that had supported the coup of 1955 and the prohibition of the following years. In this paper we analyze, based on the reconstruction of political interventions by major interest groups, the disputes within the ruling class about the return of Peronism. We study the resurgence of the reformist alliance, their confrontations with the "liberal" pole and the attraction that Peronism held for many entrepreneurs. We hope to contribute to the knowledge of one of the least studied aspects of this process.

Keywords: Burgeoisie; Peronism; Strategy; Alliances.


 

SUMARIO

Introducción. 1. Crisis hegemónica y restauración democrática. 2. La resurrección de la alianza reformista. 3. La Unión Industrial: de la reacción al reformismo. 4. La disolución del frente agropecuario. 5. El retorno de Perón

*****

 

Introducción

La crisis política que siguió al estallido del proceso insurreccional a fines de la década de 1960 en la Argentina, cuya máxima expresión fue el Cordobazo, llevó a una serie de realineamientos en el campo corporativo burgués. Muchas de las fracciones del empresariado que hasta ese momento habían sostenido el régimen dictatorial, o que lejos estaban de abonar una salida democrática y reformista, fueron modificando sus posiciones y reubicándose en el campo de alianzas. Estos movimientos no han sido abordados en profundidad por la bibliografía existente. Los estudios clásicos sobre el retorno del Peronismo se han concentrado en otros aspectos de la transición, como los alineamientos de las fuerzas políticas o la coyuntura económica.2 Incluso quienes destacan la participación de la burguesía en la alianza peronista no han realizado una reconstrucción minuciosa de los apoyos en este terreno.3 La bibliografía sobre corporaciones empresarias, al centrarse en estudios de caso, no avanzó en la reconstrucción de los movimientos de conjunto.4 En el otro extremo, algunos trabajos que han intentado dar cuenta de los alineamientos de las alianzas sociales en términos más generales, no se detuvieron en las particularidades del proceso.5 El resultado concreto es que, o bien el apoyo empresario al retorno del Peronismo se circunscribe a aquellos ligados a la Confederación General Económica (CGE). O, cuando se reconocen otros sustentos (la Unión Industrial Argentina -UIA-, o las corporaciones agrarias), se les da a estos un carácter circunstancial y "oportunista". Consideramos que una reconstrucción exhaustiva de este problema es imprescindible para entender en su totalidad cómo y por qué el Peronismo, condenado al ostracismo durante 20 años, asomó en la coyuntura de 1971-1973 como única alternativa para conjurar la crisis social. A ello nos abocaremos en las páginas que siguen.

1. Crisis hegemónica y restauración democrática

Entre 1953 y 1976 el capitalismo argentino se debatió en una crisis que se expresó a varios niveles. En el plano económico, nos encontramos frente a una crisis de acumulación: un devenir errático, con fases de crecimiento que rápidamente trocaron en bruscos descensos de todas las variables, empujadas por una crisis crónica del sector externo. Esto dio lugar a violentas pujas sociales. La lucha de clases se intensificó, expresándose claramente en dos niveles: la disputa entre burguesía y proletariado, y hacia el interior de la burguesía. El incremento de los enfrentamientos sociales explica la inestabilidad política que caracterizó al período.6 La dictadura encabezada por el General Onganía, que contó con amplio respaldo, se dispuso a restablecer la hegemonía y las condiciones generales de acumulación de capital. Aunque en una primera etapa buscó posicionarse por encima de los enfrentamientos sociales, rápidamente se reubicó como representante general de los intereses del capital. Las primeras medidas del gobierno de facto comulgaron con el objetivo de reestablecer el orden: se disolvieron los partidos políticos y el parlamento, y se intervinieron las universidades, único foco opositor. Las corporaciones empresarias respaldaron abiertamente el golpe que habían impulsado. La Confederación General del Trabajo (CGT), dominada por el Peronismo, que en un primer momento buscó un acercamiento a las nuevas autoridades, fue rápidamente derrotada y perseguida. El gobierno comenzó a poner en práctica una política de racionalización del gasto y la administración pública, y mediante un nuevo plan de estabilización, logró congelar salarios por dos años. El paso previo imprescindible fue el avance represivo sobre el movimiento obrero, que garantizó una pax militar que se mantuvo por casi tres años7.
Pero la estabilidad conquistada a sangre y fuego pereció pronto. Las contradicciones sociales reprimidas estallaron en 1969, reabriendo la crisis política e inaugurando un nuevo ciclo de enfrentamientos. La insurrección en Córdoba de mayo de 1969 imprimió un quiebre en el proceso político. No fue un hecho aislado, sino el emergente de una activación política de distintas fracciones de la clase obrera y de la pequeña burguesía, que se manifestó en movilizaciones, huelgas, tomas de fábricas, acciones armadas e insurrecciones locales. La confluencia de estos sectores, que impugnaban violentamente el régimen político y en muchos casos, el conjunto del orden existente, tuvo un denominador común: la tendencia a la acción directa, difícil de encausar dentro de los marcos del sistema. Podemos hablar de la constitución de una nueva alianza, en la que obreros, profesionales y estudiantes comenzaron a desplegar una acción independiente de las distintas fracciones de la clase dominante y disputaban, en la práctica, el poder social. La Argentina se encontraba ante la apertura de un proceso revolucionario.8
El Cordobazo también abrió una crisis de régimen político. Tras la insurrección, Onganía se vio obligado a desprenderse de su alfil, el ministro de Economía Krieger Vasena. En un intento por contener el ascenso de la lucha de clases, debió anunciar la apertura del "tiempo social", habilitando la discusión sobre aumentos salariales y otras concesiones, como la Ley de Obras Sociales. La inflación volvió a la palestra y se acentuaron los cuestionamientos de distintas fracciones de la burguesía. Al
calor de la suba de precios, se desató nuevamente la puja por mejorar los salarios, acompañada por una reactivación sindical que empujaba a la CGT hacia la lucha económica. Las internas en las FF.AA. se reabrieron. Onganía fue depuesto por un golpe interno un año después del Cordobazo, y su sucesor, Levingston, duró en el cargo apenas unos meses. Un nuevo golpe interno, en marzo de 1971, puso al frente del Ejecutivo a Alejandro Agustín Lanusse, quien sin más aire para resucitar el régimen, abrió el proceso de transición democrática que dos años después pondría al Peronismo nuevamente en el gobierno.9
La apertura de un proceso revolucionario y la crisis de régimen afectaron profundamente a la burguesía, reabriendo enfrentamientos internos que se arrastraban desde los '50, protagonizados por la CGE y ACIEL (Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres). La primera corporación, creada durante las presidencias peronistas, nucleaba a los empresarios afines al proyecto reformista. Aunque tenía cierta inserción en el agro y en el comercio, hacía pie fundamentalmente en los industriales orientados a la producción para el mercado interno. La supervivencia de estos sectores dependía fuertemente de la protección estatal, financiada con los ingresos provenientes de la renta de la tierra. La crisis económica, que ponía en cuestión la capacidad del Estado para seguir sosteniendo a estas capas, las llevaba a un movimiento defensivo en el cual, apoyándose en la alianza con la clase obrera, buscaban impedir la aplicación de medidas que abrieran un proceso de concentración y centralización del capital, que los llevaría a la quiebra. Cerca de este polo podemos ubicar también a la Federación Agraria Argentina (FAA) y a CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria). Ambas reunían a la burguesía agraria de menor tamaño, propietaria y no propietaria, que mantenían un enfrentamiento con la gran burguesía agraria en lo referente a dos cuestiones: la forma de resolver el conflicto por los arriendos congelados desde los '40, y la distribución interna de la carga impositiva que pesaba sobre el sector.
Del otro lado se ubicaban la gran burguesía terrateniente, nucleada en SRA (Sociedad Rural Argentina) y CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), los grandes industriales que militaban en la UIA, y el gran capital comercial y financiero (representados por la Bolsa de Comercio y por la Cámara Argentina de Comercio -CAC-). Estas corporaciones, en 1958, dieron forma a ACIEL, en respuesta a la restitución de la personería gremial a la CGE. Las unían sus concepciones "liberales", con los límites que ello tenía, sobre todo para corporaciones como la UIA, que por la baja competitividad de sus capitales demandaban ciertos niveles de protección del mercado interno. En la Argentina de ese momento, reivindicarse "liberal" implicaba una acérrima oposición a la restauración del reformismo peronista, que adquiría una clara expresión en el programa original del frondicismo, su acuerdo electoral con Perón y la legalización de la CGE.
En líneas generales, asistimos al combate entre dos programas que se proponían como solución a la crisis: el programa reaccionario (o "liberal") y el programa reformista, que tuvieron carnadura en dos fuerzas sociales. El primero, que se expresaba, no sin contradicciones, en ACIEL, postulaba que laúnica alternativa consistía en "sanear" la economía. Esto implicaba, en primer lugar, eliminar o recortar drásticamente las transferencias destinadas a sostener los capitales menos eficientes. Es decir, reducir la protección del mercado interno, abriendo parcialmente la importación y bajando las barreras cambiarias y arancelarias. A su vez, postulaba un recorte en los gastos improductivos del Estado: los subsidios a la industria mercado-internista y el salario indirecto. De esta manera, se liberaba a la burguesía agropecuaria e industrial más grande de sostener mediante distintos mecanismos (impuestos, retenciones, sobreprecios pagados en el mercado interno por los efectos de la protección), el lastre de la industria no competitiva. Este programa planteaba, en síntesis, abrir un proceso de concentración y centralización del capital, que permitiera relanzar sobre nuevas bases la acumulación. También implicaba un avance sobre la clase obrera, a través de la baja del salario real y de transferencias estatales. Este avance cobraba forma en el ataque a las conquistas obtenidas bajo el Peronismo y a la organización sindical. A su vez, la eliminación de los capitales más chicos implicaba quiebras y cierres
de plantas, que abrían las puertas a un sinceramiento de la población sobrante para el capital. Así, la consumación del programa reaccionario contenía la posibilidad de un aumento sustantivo de la desocupación, alimentando el ejército industrial de reserva que operaría, a su vez, llevando los salarios a la baja.
El programa de esta alianza fue asociado a los postulados del liberalismo, aunque observamos que no encaja claramente allí. Aunque esta corriente suele levantar como bandera el retiro del Estado, por las características altamente impopulares de su propuesta demandaba un Estado fuerte, para contener y reprimir las reacciones al plan. Por otro lado, porque los intentos de aplicación concreta del programa nunca avanzaron decididamente hacia una eliminación total de la protección a la industria. El problema es que en la Argentina casi la totalidad del capital industrial, tanto nacional como extranjero, era incapaz de competir a escala internacional y demandaba protección y transferencias. La burguesía industrial más concentrada a escala local, al ingresar en la alianza, impedía desarrollar el programa hasta sus últimas consecuencias.
Este programa encontró un freno, al decir de O' Donnell, en la estructuración de una "alianza defensiva" identificada con el Peronismo, que a pesar de no poder relanzar la acumulación de capital, tenía la fuerza suficiente para evitar la expropiación de las fracciones atacadas por la alianza reaccionaria. Su programa se estructuraba en torno a la defensa del mercado interno. Por un lado, postulaba la necesidad de mantener o aumentar las transferencias de renta destinadas a subvencionar a los capitales más débiles, en todas sus formas. O sea, sostener un nivel elevado de gastos estatales que impulsara la demanda y subvencionara al capital ineficiente, y la protección de la competencia externa mediante un tipo de cambio alto y aranceles a la importación. A su vez buscaba, a través del Estado, imponer un freno a la concentración, impidiendo la absorción de los capitales débiles por los más fuertes. Por último, planteaba como concesión a la clase obrera la defensa del salario real y las conquistas sindicales, que servían para recrear el mercado interno y sostener la demanda. En el interior de esta alianza, la disputa pasaba por la forma en que se distribuían los ingresos entre sus componentes: la burguesía industrial chica se enfrentaba a la clase obrera, y ambos a la burguesía agropecuaria más pequeña, que aspiraba a que sean sus pares de mayor tamaño los que paguen los platos rotos.
A diferencia de la fuerza social reaccionaria, la reformista contaba con un programa que permitía aglomerar una masa crítica capaz de imponerse políticamente. Se reservaba una carta decisiva: el poder de movilización de una clase obrera organizada y homogénea que mayoritariamente adscribía aél. Por esa razón, sus antagonistas debieron imponerse de la mano de las intervenciones militares y la represión, o sostenerse precariamente con una democracia restringida, que vedaba la participación de la expresión política de la alianza reformista: el Peronismo. Esta capacidad de movilización permitió a los componentes de la alianza reformista impedir la aplicación del programa reaccionario, que ante cada intento explotó sumido en contradicciones sociales. Sin embargo, la debilidad del programa reformista radicaba en su incapacidad para dar una salida a la crisis económica. Ante la caída de los precios agrarios internacionales, no había manera de sostener las transferencias hacia la burguesía ineficiente y la clase obrera. Si la aplicación del programa "concentrador" terminaba abortándose por la reacción popular, el programa reformista, que parecía viable cuando la renta subía, fracasaba con el estallido de la inflación, la crisis de balanza de pagos y el déficit fiscal, cuando ésta caía.
El arribo de Onganía atenuó el conflicto entre estas alianzas. La CGE, que apoyó el golpe y mantuvo cierta influencia en el gabinete hasta el arribo de Krieger Vasena, no alzó su voz contra la política desplegada por los "liberales" y eligió mantenerse en un segundo plano, que convalidaba por omisión la política oficial. Tampoco salió en defensa de la CGT golpeada por la ofensiva represiva, lo que mostraba la virtual desaparición de la alianza reformista. Los respaldos más decididos hacia el flamante ministro de Economía provenían del campo reaccionario, que hacia pie en ACIEL. Sin embargo, las posiciones aquí tampoco fueron homogéneas. Su pata agraria, representada por la Sociedad Rural y CRA, cuestionó, por derecha, la política de Krieger Vasena, asentada en importantes
transferencias del agro a la industria que se verificaban en el restablecimiento de las retenciones, ciertas iniciativas en materia fiscal y, posteriormente, los controles de precios. Estas corporaciones demandaron una profundización del rumbo "liberal", exigiendo un mayor control de los gastos estatales, la eliminación de subsidios y transferencias y el despido de empleados públicos. Ese era elúnico camino visualizado para que en el mediano plazo se redujera al mínimo la presión fiscal sobre la actividad agropecuaria. El reclamo fue compartido por la burguesía rural pequeña y mediana, representada por Federación Agraria y CONINAGRO. Ambas entidades se sumaron al coro de protestas de los grandes terratenientes, compartiendo el diagnóstico y las soluciones propuestas. Pero este mapa de alianzas volvería a sufrir modificaciones luego del Cordobazo, como veremos en las páginas que siguen.

2. La resurrección de la alianza reformista

Aunque las críticas de la CGE a las políticas implementadas por Krieger Vasena se hicieron sentir tempranamente, cuestionando particularmente las medidas que tendían a "desproteger" a la pequeña y mediana industria cuya representación se arrogaba,10 es recién con el Cordobazo que emerge una impugnación global al programa económico de la Revolución Argentina. La dirigencia de la entidad aprovechó el espacio político que abría la creciente conflictividad social para comenzar a plantear una alternativa que la tuviera como protagonista. Abonando a la construcción de esa alternativa, la CGE buscó restablecer los lazos con la CGT y con el Peronismo.
Su balance del Cordobazo, que coincidía con el de la CGT, cargaba las tintas sobre la gestión de Krieger Vasena, adjudicando la explosión social a la política económica "liberal", "extrajerizante" y carente de "contenido social" promovida por el entonces ex ministro.11 La crítica se hizo extensiva al sucesor de Krieger Vasena, Dagnino Pastore, denunciando que ponía la estabilidad monetaria como "fin primordial y a cualquier costo".12 Como principal problema ubicaban el "proceso de concentración en todos los órdenes y [el] desnivel en la distribución de ingresos entre regiones y sectores [que] se agudiza". Esta política económica sería la causa central de los estallidos sociales: "las expresiones inquietantes que llegan del interior están enraizadas también en la ya impostergable necesidad del país de enfrentar su desarrollo". Para resolver la crisis proponían un programa de "desarrollo planificado" elaborado con la plena participación de "todos los sectores".
Esta propuesta, que prefiguraba el "Pacto Social" implementado por el máximo dirigente de la CGE, Gelbard, en 1973, ya había sido esbozada poco después del Cordobazo, en junio de 1969. En esa oportunidad, en medio de la crisis gubernamental, llamaron a un "diálogo institucional con la participación de las entidades representativas".13 Apuntaban, por un lado, a acaudillar a ciertos sectores de la burguesía nacional que se nucleaban por fuera de la entidad; y por otro, a atraer a su campo a la CGT. Esa sería la base del proyecto político de la CGE, que confluiría con el de Perón.
Tras el Cordobazo, la CGE comenzó a buscar restablecer las relaciones con la CGT, que se habían "enfriado" con la ofensiva represiva de Onganía. El contexto socio-político abría una serie de alternativas para el movimiento obrero organizado: por un lado, su radicalización, a la que la llevaba el recurso a la acción directa impuesto desde 1969. Por esta vía, el enfrentamiento al gobierno y al régimen dictatorial podía derivar en una confrontación abierta con la burguesía, que llevaría a la clase obrera a un cuestionamiento del sistema social capitalista en su conjunto. Pero esa activación social podía canalizarse también dentro de los marcos del sistema, en un proyecto reformista que postulara la distribución de la riqueza social y la conciliación entre trabajadores y empresarios. A esto último apuntaba la CGE, que militaba para materializar esta alternativa e impedir la profundización de los
conflictos entre capital y trabajo. Esta posición quedó plasmada en el cierre del encuentro empresario de Bariloche de octubre de 1969, en donde la dirigencia de la CGE sostuvo:

"La presente circunstancia estructural y coyuntural del país no es de enfrentamiento entre obreros y empresarios. Por lo contrario son coincidentes en profundidad los intereses del sector laboral y del empresariado nacional. La coincidencia se manifiesta fundamentalmente en el reclamo de definiciones claras sobre decisiones y objetivos auténticamente nacionales. [...] La CGE no teme un movimiento laboral sindical unido y poderoso. Jamás, como argentinos, nos hemos considerado enfrentados a ningún sector nacional"14.

Luego de remarcar las coincidencias, y la necesidad de confluir con la CGT, no dejaron de señalar la peligrosa brecha que abría el Cordobazo. El proyecto reformista se presentaba entonces, no solo como una alternativa sectorial para las empresas pequeñas y medianas, sino como expresión de un interés general de la nación. Resultaba imperioso implementar una política económica y social alternativa, para conjurar el fantasma de los enfrentamientos sociales.
El golpe interno que depuso a Onganía, en junio de 1970, marcaba la profundidad de la crisis de régimen. Se abría en el horizonte la posibilidad de una apertura democrática, y esto aceleró las negociaciones entre fuerzas políticas y corporativas para preparar ese proceso. En este marco, se acentuó la confluencia entre la CGE y la CGT. En julio de 1970, delegados de la CGT participaron de la Reunión Regional del Noroeste del Congreso Nacional de la Economía organizado por la CGE. Allí, el secretario regional de la CGT, Salvador Avallay, expresó las coincidencias de la central obrera con el diagnóstico que el titular de la CGE, José Ber Gelbard, hizo sobre la situación socio-económica.15 A partir de ese momento, representantes de ambas entidades comenzaron a reunirse periódicamente para estudiar en conjunto los problemas económicos y sociales del país.16 A su vez, ambas entidades comenzaron a hacer pública la confluencia, con muestras de solidaridad como el repudio de la CGE al asesinato del dirigente gremial José Alonso. Además del obligado comunicado, la CGE llamó a las empresas afiliadas a permitir a sus trabajadores cumplir con el paro de quince minutos decretado por la central obrera para condenar el hecho.17 Los dirigentes de la Confederación Económica también comenzaron a manifestarse públicamente en favor de conceder aumentos salariales para reactivar el mercado interno, en un evidente guiño a sus flamantes aliados.18
Esta confluencia en el terreno corporativo de la CGE y la CGT era la primera manifestación de la resurrección de la alianza reformista, relegada a posiciones marginales en los años previos. En el terreno político, el lanzamiento de "La hora del pueblo" ponía nuevamente en carrera al Peronismo para asumir la dirección de esa alianza, y de la transición democrática que comenzaba a abrirse paso. "La hora del pueblo" fue el título de la declaración conjunta en que peronistas y radicales, junto a otras fuerzas políticas menores, se pronunciaron a favor de una rápida restauración democrática, llamando a elecciones "sin proscripciones ni vetos". La declaración fue emitida el 11 de noviembre de 1970, y dio nombre a la coalición de partidos políticos que, bajo esa misma denominación, comenzó a operar para conseguir encauzar la agitación social tras la apertura electoral. En su primera declaración, el agrupamiento abogó, a su vez, por una distribución equitativa del ingreso y la reactivación de la industria local, mostrando que en sus objetivos estratégicos coincidía con los planteos defendidos en el plano corporativo por la CGE y la CGT. En estos sectores se apoyó el General Lanusse para derrocar a su predecesor en marzo de 1971. Desde la presidencia, recogiendo el guante, lanzó el Gran Acuerdo Nacional, un plan de transición democrática que contemplaba (con algunas restricciones) la participación electoral del Peronismo, hasta ese momento proscrito.19 Demostrando su voluntad de
poder, tras asumir Lanusse, la CGE y la CGT asistieron a una entrevista conjunta con el nuevo mandatario, a la que llevaron su propuesta de establecer una "tregua social" en la que empresarios, trabajadores y gobierno acordaran las condiciones para sobrellevar la transición.20 Era una propuesta similar a la que, de la mano de ambas corporaciones, puso en marcha el gobierno peronista en 1973.
El ascenso de la alianza reformista desató distintas reacciones al interior de la clase dominante. Por un lado, algunos sectores del empresariado comenzaron a acercarse a la CGE. Ese fue el caso de algunas cámaras provinciales y líneas internas de la UIA. Por otro lado, el ascenso de la CGE encontró la oposición de algunos de los sectores más concentrados de la burguesía local. Su protagonismo político creciente desató reacciones hostiles en los sectores del capital rural, comercial y financiero que dominaban ACIEL, y también dentro de la UIA, en donde la rivalidad entre "reformistas" y "liberales" pronto derivó en una crisis interna. Un hecho significativo, que da cuenta de las tensiones que generaba el ascendiente de CGE, se produjo a fines de 1970. El 5 de diciembre de ese año, en Corrientes, se llevó a cabo un encuentro de industriales del que participaron los máximos dirigentes de la UIA y la CGE. Era una confluencia sin precedentes, ya que nunca habían coincidido ambas entidades en un congreso. El acercamiento a la UIA era un objetivo que la dirigencia de la CGE venía alentando desde los llamados al diálogo de 1969. A su vez, los sectores internos económicamente más débiles dentro de la UIA veían con buenos ojos un acercamiento que podía derivar en un polo favorable a una política de protección del mercado interno. Por otro lado, los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas, de los que provenía el entonces presidente Levingston, impulsaban una confluencia de la que podía surgir una base de apoyo a sus planes políticos.21 Aunque en la reunión ambas entidades manifestaron coincidencias en los diagnósticos y las propuestas, el presidente de la UIA, atendiendo a las posibles consecuencias en su frente interno, se negó a suscribir un documento conjunto.22 No obstante, la sola realización del encuentro era una señal de los nuevos tiempos que corrían. Así lo interpretaron los dirigentes de ACIEL: su presidente, Fernández Riva (que provenía de la UIA), presentó a raíz de este hecho su renuncia, que no fue aceptada.23 Luego del escándalo suscitado, y ante la posibilidad de una ruptura de ACIEL, la dirigencia de la UIA minimizó el encuentro, señalando que solo habían asistido a él ante la insistencia del gobernador de Corrientes. Aclararon, a su vez, que el hecho no expresaba ningún tipo de acercamiento a la CGE.24
En julio de 1971 un nuevo escándalo tuvo como protagonistas a CGE y ACIEL. En el marco de un intento de acercamiento al reformismo, el presidente Lanusse designó a José Ber Gelbard, titular de la CGE, como delegado empresario a la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra. El viaje fue aprovechado por Gelbard para estrechar los vínculos con Perón, con quien se reunió en Madrid. Ambos hechos fueron repudiados por ACIEL, que objetó tanto la designación de Gelbard como delegado (argumentando que la CGE no era una entidad representativa), como que se desvirtuara una misión oficial para alimentar ambiciones políticas personales.25 En su respuesta, la CGE no solo defendió la reunión con Perón, y su "permanente vocación de diálogo", sino que acusó a ACIEL de obstruir la organización del empresariado nacional y de expresar los intereses del capital extranjero.26
En estos enfrentamientos la alternativa representada por CGE a los empresarios "liberales" iría cobrando fuerza y haciendo mella en su rival. Las posiciones expresadas por CGE postulando una salida reformista, con reactivación del mercado interno a través de los aumentos salariales y una amplia protección de las industrias más débiles, eran un canto de sirena para buena parte de los capitales integrados a la UIA, una de las cuatro columnas de ACIEL. Esta corporación, bajo una dirección representativa de los capitales más grandes de la industria argentina, escondía un extenso
mar de capitales más débiles, a los que seducía particularmente la alternativa propuesta por Gelbard.27 En este contexto, la CGE se fortaleció con el ingreso de nuevas cámaras regionales que se incorporaron a ella. Fue el caso de las Entidades Empresarias de la Provincia de Córdoba, dominada por los metalúrgicos de la provincia, que en 1970 solicitaron el ingreso a la CGE.28 La Confederación también se nutrió, como veremos, de las escisiones de la UIA.
Aprovechando la crisis de régimen, y con la transición democrática ya en marcha, CGE comenzó a batallar abiertamente por la alternativa reformista, que se apoyaría en la alianza con la CGT y políticamente se consumaría con el retorno de Perón. En mayo de 1971, la CGE de Capital Federal envió una nota al secretario de Industria y Comercio Interior solicitando "el establecimiento de una política de ingresos concertada mediante un acuerdo estatal, laboral y empresario, para que a través de una política fiscal, crediticia y de precios posibilite una justa distribución del ingreso".29 A su vez, criticaron "la orientación que tuvo la programación iniciada en marzo de 1967 [que] desestimó [...] la importancia del mercado interno como factor que posibilite la absorción de la producción nacional, a la vez de estimular la inversión privada ante una segura colocación de esa producción."30
Las soluciones propuestas claramente provendrían de la aplicación de un programa económico asentado en dos pilares: expandir la capacidad adquisitiva de la población mediante una mejor distribución del ingreso, y proteger e incentivar a la industria nacional. Esas eran las bases del proyecto que agitaba la CGE, cada vez más claramente asociado al retorno del Peronismo. Por eso, paralelamente, se siguió insistiendo en la necesidad de una pronta restauración democrática. Así lo ponía de manifiesto Gelbard en un acto, en septiembre de 1971:

"Así como a los empresarios no nos son indiferentes los problemas económicos y sociales, tampoco nos deben ser los problemas políticos, en sus más elevadas aceptaciones; es decir, la trayectoria político institucional del país. Y esa trayectoria no puede ser otra que la plena vigencia de la democracia representativa, republicana y federal, el único camino que permitirá una estabilidad permanente para el desenvolvimiento de la actividad privada en toda su plenitud creadora"31.

Al mismo tiempo, la CGE estrechaba el vínculo con la CGT. Luego de una reunión conjunta, en septiembre de 1971, la entidad empresaria anunció nuevamente la intención de iniciar un ciclo de reuniones periódicas con la cúpula de la central obrera para "analizar" la situación económica y social.32 En esas reuniones comenzaron a elaborarse una serie de documentos conjuntos. El primero de ellos, de noviembre de 1971, señalaba:

"Ambas partes aspiran a una total renovación, modernización y transformación de las estructuras para hacer realidad las posibilidades otorgadas al país por la generosidad de su naturaleza, su pasado histórico y el destino a que está llamado. Por ello y aceptando los reclamos de la hora presente, se hace necesario imprimir al quehacer económico y social una dinámica fundada en la intervención protagónica de los trabajadores y de los empresarios nacionales y en la realización de un proceso destinado a obtener una justa distribución de los ingresos"33.

Buscando presionar a Lanusse para evitar cualquier limitación a la candidatura de Perón, en marzo de 1972 ambas corporaciones convocaron a una reunión a los dirigentes políticos de la mayoría de los partidos, que suscribieron un documento que se pronunció a favor de acelerar la convocatoria a elecciones "sin restricción ni condicionamiento alguno".34 En septiembre de 1972, ambas entidades celebraron un pacto en el que se comprometían a propiciar la reactivación de la industria nacional y la recuperación de la capacidad adquisitiva del mercado interno.35 El documento suscripto, un verdadero programa económico, sentaban las pautas de la política industrial, salarial y agropecuaria que serían puestas en práctica poco tiempo después por Gelbard, al asumir como Ministro de Economía del gobierno peronista. El programa apuntaba a concretar una reactivación del mercado interno, contener la inflación y proteger el entramado industrial mercado-internista. Intentando ampliar las bases de sustentación para el proyecto reformista, a fines de 1972 la CGE y la CGT promovieron un nuevo encuentro con diversas fuerzas políticas. Los participantes -la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el Partido Demócrata Progresista (PDP), y varios partidos provinciales y fuerzas de menor envergadura-, suscribieron el acuerdo denominado "Coincidencias programáticas del Plenario de Organizaciones Sociales y Partidos Políticos".36 Ese documento reiteraba los puntos del programa elaborado por la CGE y la CGT, con lo que ambas entidades, y el futuro gobierno, se aseguraron un amplio respaldo que sobrepasaba su caudal electoral.
A la par que se buscaba ampliar la alianza propia, también se intentó desgastar a los rivales. Esta es la clave para entender las medidas de protesta a las que convocó la CGE a comienzos de 1972.37 Aunque el descalabro económico afectaba particularmente a la industria más débil, la situación no era mucho peor a la de los años de Krieger Vasena, en que la CGE se cuidó muy bien de enfrentar abiertamente al gobierno. Por otro lado, ya estaba en marcha el proceso electoral y el gobierno de Lanusse no se caracterizaba por cerrar las puertas al diálogo con la Confederación Empresaria como si lo habían hecho sus predecesores. Los actos de protesta convocados por la CGE en enero de 1972, solo podían entenderse entonces, como denunció ACIEL, por su "clara intencionalidad política".38 Eran una respuesta a los planes de Lanusse para imponer restricciones al proceso democrático en marcha, evitando la candidatura de Perón.
El otro blanco de los ataques de CGE en su ofensiva eran los empresarios reunidos en ACIEL. Esta asociación había sido el bastión más sólido de la burguesía reaccionaria y antiperonista, pero ante la nueva coyuntura, signada por una activación popular que socavaba el régimen militar, ACIEL comenzaba a resquebrajarse. El eslabón más débil, la mediana industria mercado-internista que se agrupaba en la UIA, era particularmente susceptible a las propuestas proteccionistas de CGE. Por esa razón, en la disputa con ACIEL, los voceros de CGE buscaron enfatizar que sus rivales no defendían los intereses de la burguesía nacional sino del capital extranjero.39 Apuntaban a acentuar la crisis interna que ya carcomía a los empresarios "liberales". Sin embargo, los rivales de la CGE no se encontraban solo a la derecha del espectro político. El principal problema para la alianza reformista no era la reacción en retirada, sino los peligros que emanaban de la creciente conflictividad social y la radicalización de las masas. Como en 1966, el principal temor para la burguesía era el fantasma de la revolución social, que parecía acechar en cada huelga, en cada "pueblada". Para Gelbard, el reformismo no era solo una política adecuada a los intereses de los capitales nacionales, sino, ante todo, la única manera de contener la activación popular y evitar el colapso político del capitalismo local:

"[...] a la derecha de nosotros no hay nada, a lo sumo un símbolo gastado al que nadie quiere regresar. La única otra posibilidad es lo que tenemos a la izquierda y el fracaso que sobrevendrá si no permanecemos apegados a los principios que hemos sostenido y al movimiento que la CGE y sus líderes han construido a través de la historia. Eso podría provocar una situación con consecuencias imprevisibles"40.

3. La Unión Industrial: de la reacción al reformismo

Como señalamos, las tenciones políticas de la etapa que avivaron el conflicto interburgués afectaron particularmente a la UIA. Dentro de esta corporación, la puja entre reaccionarios y reformistas activó disputas internas que enfrentaban a la dirección, compuesta por los capitales más grandes a escala nacional que podían beneficiarse de ciertos grados de apertura comercial por la posibilidad de importar bienes de capital, y a una base de capitales mucho más débiles, que demandaban protección. Entre 1966 y 1969 había primado la estrategia de los capitales grandes, plasmada en la permanencia de la UIA en ACIEL, que respaldó el programa de Krieger Vasena. Tras el Cordobazo, ésta línea siguió siendo dominante, aunque al poco tiempo comenzaron a aflorar los cuestionamientos de los capitales más débiles que a la larga terminaron imponiéndose, forzando la ruptura de ACIEL.
La insurrección en Córdoba modificó la relación de fuerzas entre capital y trabajo. Aunque tibiamente, el gobierno militar comenzó, a partir de 1969, a realizar algunas concesiones al movimiento obrero para reencauzar la situación. La UIA, al igual que ACIEL, comenzó a impugnar cualquier atisbo de "cambio de rumbo". En este marco se inscriben las críticas de la entidad a los aumentos salariales concedidos tras el Cordobazo. En su Memoria y Balance de marzo de 1970 cuestionaron los aumentos otorgados el año anterior, señalando que iban más allá "del deterioro sufrido por el salario real", y que así se hacía "difícil el mantenimiento de una política salarial compatible con la contención de la inflación."41 A su vez criticaron los "fuertes incrementos" en las asignaciones familiares, ya que creaban "una estructura de remuneraciones divorciada de la productividad que no puede menos que tener un efecto netamente inflacionario."42 Para ACIEL, una apertura de negociaciones paritarias debía ser precedida de una corrección de "la estructura jurídica de las asociaciones profesionales", ya que su poder de negociación sindical mantenía un elemento "distorsivo" que hacía inviable la convocatoria. Demandaban establecer la libertad de asociación, una "modificación sustancial" de las normas que regían las convenciones colectivas y la fijación de "reglas justas" para la sustanciación de los conflictos de ese orden. O sea, un profundo avance sobre la organización sindical de los trabajadores que les quitara las herramientas de presión que les permitirían obtener mejoras. Sin estas medidas, no habría "condiciones aptas para asegurar el éxito de la discusión paritaria".43
Por las mismas razones, la UIA criticó el proyecto para crear un régimen de obras sociales, que otorgaba a los sindicatos el manejo de sus fondos. Aunque todas las corporaciones empresarias cuestionaron el proyecto (incluso la CGE), la UIA fue más allá. Mientras que la corporación reformista, que intentaba recomponer relaciones con la cúpula sindical, fue cautelosa en su crítica, la UIA señaló que el sistema que se estaba barajando fortalecería a los sindicatos, desequilibrando la relación de fuerzas entre capital y trabajo. Por esa razón, el proyecto tendría "más contenido político que verdaderamente social o gremial".44 En un documento remitido al gobierno señalaron que:

"Sólo se contribuirá a otorgar un desmesurado poderío a las organizaciones sindicales, llegándose así a la conclusión objetiva de que estamos en presencia de un hecho de neto corte político [...] Las consecuencias de esta medida atentarán, en el futuro próximo, contra el justo equilibrio que debe existir entre los diferentes sectores de la sociedad [...]"45.

El desarrollo de la crisis de régimen acentuó los coqueteos oficiales con el reformismo. Ante la profundización de los conflictos sociales, Onganía fue forzado a dimitir y su lugar fue ocupado por Levingston, un general de filiación nacionalista que buscó revivir un proyecto populista. Su gestión comenzó con una devaluación de la moneda y el aumento de las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios. Caracterizando que la devaluación apuntaba a aumentar los ingresos del fisco, que serían destinados a incrementar los gastos sociales, la UIA condenó el rumbo que tomaba Levingston:

"[La medida constituye una] distinta versión de la política redistributiva de ingresos. Una política social de esta índole merece la calificación de suicida para el futuro del país, puesto que su duración dependerá del debilitamiento de los sectores productivos que forjan la riqueza nacional"46.

A poco de asumir, Levingston colocó en el ministerio de Economía a Aldo Ferrer, intelectual desarrollista hostil a los intereses representados por ACIEL y la dirección de la UIA. Esta última entidad, aunque resaltó las coincidencias respecto a la necesidad de preservar y defender la industrial nacional,47 no tardó volcar sus críticas al flamante ministro. La Memoria y Balance publicada en marzo de 1971 sirvió para realizar un balance del curso económico y político de la Revolución Argentina desde sus inicios a esa fecha. Allí expresaron su rechazo a lo que caracterizaron como un "cambio de rumbo". Hasta 1970 el balance era positivo: se había logrado contener la inflación y se habían restablecido los niveles de reservas. Si algo había para criticar, era que no se avanzó suficientemente en un recorte de los gastos estatales y la "racionalización" de la administración pública.48 Pero todo había cambiado con el arribo de Levingston: aumentaba la inflación, crecía el déficit fiscal y se resentía la producción.

"La política de marzo [de 1967] fue destruida, sin que nada se haya colocado en su lugar. En vez de perfeccionar, completar y profundizar la línea económica mencionada, se prefirió su suplantación, no por otra concepción coherente en sus fundamentos, sino sencillamente por la aplicación de criterios demagógicos y agresivos en las cuestiones económicas y sociales"49.

La crítica, coincidente con la que realizaba ACIEL, cuestionaba el acercamiento al reformismo, calificado como "demagogia". Se objetaban los aumentos salariales y del gasto público, que generaban inflación y amenazaban la estabilidad conquistada en 1967. La UIA tomaba distancia a su vez de la alternativa propuesta por la CGE y el Peronismo, que cuestionaban el "giro reformista" del régimen por insuficiente. Coincidiendo también con ACIEL, la dirección de la UIA criticó el "intervencionismo exagerado que limita, cuando no anula, la iniciativa privada, principal motor [del] progreso".50 A ello se sumaba "la aplicación de criterios abiertamente discriminatorios contra las inversiones extranjeras", que diagramaban un cuadro que juzgaban "hostil a la inversión y a la empresa privada como tales."51
La cuestión salarial no solo importaba en cuanto aumentaba los costos de producción, sino en tanto incrementaba el poder de los representantes de los trabajadores. En una clara disputa por cercenar la fortaleza adquirida por el movimiento sindical, el cariz que tomaron las negociaciones salariales fue repudiado por la entidad:

"Si bien es cierto que con motivo de las últimas negociaciones colectivas no se produjeron huelgas dignas de mención, no se puede pasar por alto el hecho de que por causas que en el fondo nada tuvieron que ver con cuestiones laborales propiamente dichas, hubo que lamentar la ocupación de fábricas como medio de acción gremial directa. Estos episodios, atentatorios del orden y del derecho de propiedad, se han repetido, y si bien no fueron tolerados por las autoridades, resultó evidente que no se puso el empeño y la energía necesaria para desbaratarlos definitivamente. Parece que se temiera ejercer debidamente y como corresponde, en cada caso, el poder de policía reservado a la nación y a las provincias"52.

Nada más alejado de la estrategia esbozada por la CGE, que buscaba, en este mismo momento, consolidar su alianza con la CGT. Así como la UIA exigía intensificar la represión en los conflictos sindicales, saludaba el accionar contrainsurgente de las FF.AA. Frente al accionar guerrillero, la Unión Industrial hacía causa común con la política represiva del gobierno, pronunciándose a favor de la erradicación del accionar de las organizaciones armadas.53 Sus posiciones contrastaban, nuevamente, con las de la CGE, que adjudicaba la radicalización de las masas a los efectos de las políticas "liberales", y por lo tanto, reconocían que había allí un reclamo legítimo. Una nueva insurrección en Córdoba, el Vivorazo, que forzó el desplazamiento de Levingston y el anuncio de una apertura democrática, fue, para la UIA, producto de una "crisis de autoridad":

"Los sucesos de Córdoba y otros hechos fueron también expresión concreta de que se había debilitado el principio de autoridad. Aunque se dictaron normas penales para reprimir se debieron adoptar otras para prevenir el enfrentamiento reiterado entre los dos poderes existentes: el del Estado y el Sindical, fortalecido por la ley política de Asociaciones Profesionales que niega al trabajador su libertad de agremiarse"54.

Mientras la CGE, junto a la CGT, operaba para forzar la salida electoral que diera contención a la efervescencia social, la UIA demandaba mayores dosis de represión, apuntando, más que a los grupos guerrilleros, al movimiento obrero.
Ya bajo la presidencia de Lanusse, y con la transición democrática en marcha, la dirección de la UIA continuó su batalla contra la "política redistributiva". A fines de 1971, cuestionó el intento gubernamental de instaurar una "tregua social", consistente en un aumento salarial y el congelamiento de precios. A su juicio:

"Lo que ha elaborado el Poder Ejecutivo no es la instrumentación de un acuerdo social, que esta entidad patrocinó desde un primer momento, sino una redistribución de ingresos tendiente a mejorar artificialmente el salario real y a financiar el crecimiento incontenible de los gastos públicos"55 .
Su posición ante los aumentos salariales llevaba a la UIA a confrontar abiertamente con el programa propuesto por el tándem CGE-CGT, y por extensión, con el Peronismo. En respuesta al documento elaborado por las corporaciones reformistas en septiembre de 1972, la UIA suscribió un documento elaborado en conjunto con sus aliados de ACIEL (SRA, CAC y la Bolsa de Comercio), que presentaron ante Lanusse. Allí rechazaron, en particular, la propuesta de elevar los salarios, argumentando que la espiral inflacionaria desatada provocaría el quiebre de muchas empresas, generando desocupación:

"un simple aumento de los salarios nominales tendrá el efecto contrario y automático en contra de [los] objetivos [propuestos por el programa de la CGE y la CGT]. Además quedará absorbido en menos de un mes, con lo cual la situación del asalariado al término de mismo será peor que al comenzar, con la agravante de haber empeorado la situación general del país. De esta manera se terminará en el caos social, que impedirá el llamado a elecciones y en una situación parecida a la de Alemania en la posguerra de 1918, en que la moneda y la capacidad adquisitiva del salario perdían valor hora a hora [...]"56.

A raíz de este documento haría eclosión una crisis interna que se venía procesando en el interior de la UIA. El centro de la disputa pasaba por un conjunto de capitales que venían pujando por acercar a la UIA a los postulados reformistas encarnados en la alianza CGE-CGT, que disputaban la dirección a los grandes capitales que bregaban por mantenerse dentro de la fuerza social reaccionaria que tenía en ACIEL su punta de lanza. Un primer momento de conflicto se disparó a raíz de un proyecto de promoción industrial promovido por el gobierno en 1971, cuyo eje era la atracción de inversiones extranjeras. El presidente de la UIA, Elvio Coelho, se mostró favorable a la iniciativa.57
Sin embargo, una de las cámaras más poderosas en el seno de la entidad manifestó sus temores ya que el proyecto encerraría "una peligrosa acentuación del intervencionismo estatal".58 El planteo, proveniente de ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina.), también cuestionaba la posibilidad de suspender la importación de bienes de capital que compitieran con las industrias nacionales promocionadas, porque ello implicaría encarecer los costos en las ramas demandantes. El desacuerdo no era menor, ya que comenzaron a correr rumores de que los metalúrgicos estarían analizando escindirse de la UIA.59 Este cuestionamiento iba en sintonía con los planteos reaccionarios encarnados en ACIEL, y demuestra que la dirección de la UIA intentaba conciliar en su seno dos tendencias contrapuestas: la de los capitales más débiles que demandaban protección del mercado interno, y la de los más grandes, que exigían "liberalizar" la economía para importar sin restricciones maquinarias e insumos. Por esa razón, los cuestionamientos "por derecha" tuvieron su contraparte "por izquierda".
En una línea opuesta a ADIMRA, y en clara discusión con la dirección nacional, se posicionó un nutrido grupo de empresarios que objetaban la promoción de capitales extranjeros. A raíz de este desacuerdo se produjo, en agosto de 1971, la desafiliación de la Cámara Argentina de la Industria Electrónica (CADIE), que abandonó la UIA para sumarse a la CGE. En marzo de 1972, la regional Santa Fe envió una nota a la central advirtiendo que las declaraciones de la dirección en torno a la necesidad de promocionar la inversión de capital extranjero cuestionaban lo suscripto por el conjunto de los industriales en el "Acta de Santa Fe".60 En su réplica, la dirección nacional consideró que la nota de los santafesinos constituía "un agravio a la institución" y calificó las críticas como una"absurda imputación".61 La virulenta respuesta demuestra que no se trataba solo de un simple intercambio de opiniones: la dirección nacional intuía que detrás de los cuestionamientos existía unánimo secesionista y estaba dispuesta a enfrentarlo.
Otro núcleo disidente estaba encabezado por la Asociación de Industriales de Córdoba (ADIC), que agrupaba a capitales importantes como Arcor o Kaiser, y contaba con un círculo de economistas que ya gravitaban en la esfera pública, como Domingo Cavallo, Aldo Dadote y Edmundo del Valle Soria. Las disputas con la dirección de la UIA comenzaron con las discusiones sobre promoción industrial de fines de 1971. En este contexto de debate interno, la asociación cordobesa elaboró un proyecto propio, que contemplaba incentivos para compensar los mayores costos de las empresas radicadas en el interior.62 Los cordobeses comenzaron a discutir sus propuestas en asambleas y reuniones con empresarios de distintas provincias, lo que motivó enfrentamientos con la dirección de la UIA, que
rechazó el proyecto.63 Esta situación provocó el alejamiento de ADIC de la central empresaria nacional e incitó a la asociación cordobesa a conformar la Comisión Coordinadora de Entidades Industriales del Interior, en 1972. La misma tenía como perspectiva la reforma estatutaria de la UIA para posibilitar a todas las agremiaciones tener igual representación.
En agosto del mismo año, en Mendoza, otro núcleo acordó conformar una entidad independiente que bregara por los intereses de los empresarios del interior, desoídos por los dirigentes capitalinos.64 Coelho, presidente de UIA, contraatacó expresando que el programa votado por los mendocinos no difería del de la UIA. A su vez, justificó la ausencia de políticas diferenciales para los empresarios del interior por la falta de interés del gobierno, que habría desatendido las gestiones realizadas en ese sentido.
En este contexto, la declaración suscripta por la UIA junto a otras corporaciones de ACIEL, que cuestionaba la propuesta de aumento salarial propiciada por la CGE en septiembre de 1972, terminó precipitando la crisis. Pocos días después de esta declaración, se desafilió de la UIA la Unión Industrial de Santa Fe, asumiendo una postura similar a la de CGE: solicitó aumentos salariales urgentes, para recomponer el mercado interno y brindar posibilidades de expansión a las empresas. Solo este tipo de medidas permitirían, a su entender, transitar el camino hacia la institucionalización"en un clima de paz social".65 La precipitada escisión, y la amenaza de nuevos desgajamientos, llevaron a la dirección de la UIA a un replanteo de sus alianzas y a una revisión de sus posiciones:

"La UIA, debilitada por la secesión de centrales empresarias del interior, presionada internamente por la Asociación de Industriales Metalúrgicos, temerosa de quedar con sus relaciones oficiales totalmente cortadas, acosada por sus bases empresarias -que necesitan que el gasto estatal no cese, y que el crédito no se restrinja- realizó un 'retroceso táctico' desde las posiciones conjuntas mantenidas ante Lanusse"66.

Tras el cisma, la UIA se inclinó hacia la propuesta de "aumentos razonables de salarios", y se hizo pública su voluntad de abandonar ACIEL.67 Su salida terminó formalizándose a comienzos de octubre,68 y sus posiciones posteriores, demandando aumentos salariales y "reconsiderando" positivamente la intervención del Estado en la economía, dieron cuenta de la ruptura con la alianza "liberal" y el acercamiento al campo reformista.69
La salida de la UIA de ACIEL fue, sin dudas, la disidencia más importante que sufrió la alianza liberal, aunque no fue la única. A mediados de octubre de 1972, un sector de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), dominada por los importadores, sufrió un desmembramiento. Esa ruptura dio lugar a la conformación de la Unión Comercial Argentina, que nucleaba a capitales comerciales más pequeños que operaban en el mercado interno. Aunque no se alineó tras CGE, sus diferencias con ACIEL, por las medidas que tendían a congelar el mercado interno, la acercaban a los postulados reformistas, al igual que en el caso de la UIA.70

4. La disolución del frente agropecuario

La histórica división entre las corporaciones agrarias, entre pequeños capitales arrendatarios y grandes terratenientes, era, hacia mediados de los '60, cosa del pasado. Una serie de transformaciones estructurales habían atenuado las diferencias entre las explotaciones de mayor y menor tamaño. En primer lugar, estaba operando desde la década de 1940 una tendencia a la desaparición del arriendo"tradicional". Muchos pequeños arrendatarios habían logrado acceder en esos años a la propiedad de la tierra, mientras que una cantidad no menor había sido expulsada de la producción. Hacia los '60, se había reducido considerablemente el número de arrendatarios "puros", es decir, de aquellos que solo accedían a la tierra mediante el arriendo, predominando aquellos que combinaban la propiedad de la explotación con superficies arrendadas para aumentar su escala. A su vez, por efecto de la concentración de la producción, se había reducido el número de las pequeñas explotaciones: los"chacareros" habían aumentado la superficie en explotación (o debieron retirarse de la actividad). Sin embargo, la concentración no determinó un aumento de las grandes explotaciones, sino una mayor presencia de los estratos medios. Es que las grandes propiedades también estaban en un proceso de desaparición por efecto de la herencia y de la reconversión hacia la agricultura, que demandaba menos superficie que la ganadería.71
A raíz de estos procesos, las explotaciones agropecuarias habían adquirido mayor homogeneidad, desapareciendo muchas de las contradicciones que antaño habían enfrentado internamente a las diferentes capas de la burguesía rural. A nivel corporativo, esto se expresó en una tendencia a la confluencia de las organizaciones rurales, que cristalizó por diversos factores durante la Revolución Argentina. El plan Krieger Vasena, que estableció retenciones a las exportaciones agropecuarias que compensaban los beneficios de la devaluación, generó la oportunidad política para una confluencia potencialmente inscripta en las transformaciones estructurales. La defensa de la renta diferencial de la tierra, un ingreso extraordinario que la burguesía agropecuaria se arrogaba para si, fue lo que soldó la unidad corporativa del agro. Entre 1967 y 1969, las entidades agrarias comenzaron a manifestar coincidencias en sus reclamos contra los distintos mecanismos con que el gobierno intentó apropiarse de esa renta para distribuirla hacia los sectores urbanos. Los reclamos contra las retenciones, los impuestos o los controles de precios se convirtieron en moneda corriente. A lo largo del período, las demandas comunes fueron abonando un camino que llevó a las cuatro corporaciones nacionales (SRA, FAA, CRA y CONINAGRO) a una confluencia más orgánica. Primero fueron las reuniones de dirigentes, luego los documentos conjuntos hasta que, a comienzos de la década de 1970, comenzó a discutirse la integración de las cuatro corporaciones en un frente agropecuario. Luego de dos asambleas multitudinarias, en las que delegados de las cuatro corporaciones discutieron un programa común, a fines de 1970 terminó conformándose la Comisión de Enlace. El acuerdo programático que los unía se centraba en combatir cualquier intento de apropiación de renta, por la vía de retenciones, impuestos, sobrevaluación cambiaria o controles de precios.72 Como la industria local, incapaz de competir por sus propios medios en el mercado mundial, dependía de las transferencias de renta para su sustento, el programa agrario apuntaba a una profunda concentración del capital. Abogaba por la liquidación de las industrias más débiles, por el achicamiento de la estructura burocrática del Estado y por el fin de las transferencias hacia la clase obrera. Era, en si, un programa profundamente anti-popular y opuesto a cualquier forma de reformismo, que solo podría imponerse de la mano de una profunda ofensiva represiva.73 Sin embargo, la unidad que le daba vida no sobrevivió al proceso de crisis de régimen y al ascenso de la alianza reformista. Frente a la nueva coyuntura política, la burguesía agraria se dividió nuevamente.
Los caminos divergentes que tomaría la burguesía agropecuaria comenzaron a insinuarse en los balances contrapuestos que hicieron de las insurrecciones de 1969. Sin embargo, no fue hasta que se puso en marcha la transición democrática, en 1971, que la división se concretó. En particular para Federación Agraria, el Cordobazo habilitó un giro en las posiciones políticas sostenidas por la entidad. Hasta ese momento, el eje de su crítica a la política económica de Onganía y Krieger Vasena había pasado por la necesidad de profundizar el rumbo "liberal", acentuando el ajuste de los gastos estatales, manteniendo a raya a los sindicatos y avanzando en la eficiencia del entramado industrial. Detrás de ello, y coincidiendo en este punto con el resto de las corporaciones agrarias, se encontraba la exigencia de una reducción sustantiva de las transferencias de renta hacia otros sectores. Pero el balance hecho tras la insurrección de Córdoba difería sustancialmente con estos planteos. En un documento elevado a Onganía a principios de julio de 1969, FAA criticaba la orientación económica "monetarista", que impuso una estabilización con altos costos sociales, a la que achacaba el estallido social. Demandaba un giro hacia el "estructuralismo" y la puesta en marcha del demorado "tiempo social".74
No es casualidad que haya sido FAA la primera en renegar de su apoyo a la política "liberal". Era su forma de reaccionar ante el proceso de concentración y centralización de la economía, que afectaba particularmente a las capas más débiles de la burguesía agraria, nucleadas en su seno, expulsándolas de la producción. La crítica a la línea "monetarista" de Krieger Vasena y sus sucesores, escondía la demanda de una intervención para contener estas tendencias. A ello se sumaba el temor frente al peligro de eclosión social, que políticas de corte reformista podrían ayudar a contener. Una editorial de su periódico, La Tierra, señalaba:

"Persistir en la misma filosofía orientadora haría más grave el reclamo social, expresado ya con formas contundentes que a veces se alejan de nuestra idiosincrasia. No se propone un viraje rotundo en la conducción, que nos lance al reparto de una riqueza aún no creada, sino aprovechar los pasos al frente que dio el país (aunque haya pagado precios demasiado altos) para lanzarlo hacia su expansión, promoviendo el crecimiento de todas las actividades útiles"75.

En esta lectura del proceso, la "violencia social" creciente era un resultado de una política económica que sería necesario revertir: "el problema no se circunscrib[e] a los episodios de violencia [...] Como trasfondo de la cuestión [hay] un adverso panorama económico cuya modificación en profundidad [es] el único medio de conjurar futuros alzamientos."76 Sin embargo, como se desprende de la primera cita, ese temor no era aún tan profundo como para auspiciar un giro radical hacia el reformismo. El "tiempo social" que propiciaba FAA era aún bastante tibio y dejaba en claro que el gobierno no debía lanzarse a aventuras "demagógicas" sobre la base de una mayor presión fiscal sobre el agro.77
Muy distinto era el balance que hacía SRA de los estallidos insurreccionales. A diferencia de lo que caracterizaba FAA, la protesta sería "injustificada" y producto de "extremistas" y "provocadores".78 O sea, la violencia era externa a la sociedad, y no el resultado de un pueblo cansado de los costos que imponía la política económica. ACIEL, en la misma sintonía, evaluaba que los hechos de violencia respondían "a un plan determinado de carácter extremista y extensión internacional que, llevándonos al caos, pretende sustituir nuestro régimen institucional y el estilo de vida que nos caracteriza como nación civilizada."79 Esta lectura de la "violencia política" y de la protesta social se conectaba íntimamente, como en el caso de FAA y CGE, con su posición respecto de la política económica. Tras el alejamiento de Krieger Vasena, la Sociedad Rural y CRA, junto a sus socios de ACIEL, demandaron que se mantuviera el rumbo económico, y criticaron a quienes propiciaban el abandono de los lineamientos seguidos hasta ese momento en pos de un "estatismo" que terminaría derivando en
el "colectivismo" que promovía el desorden y la protesta social.80 Los coqueteos con el nacionalismo de Levingston y Lanusse fueron denunciados como un "proceso de socialización económica". En consonancia, demandaron que "se vuelva a la fórmula de la libre iniciativa privada."81 Plegándose al reclamo de ACIEL y la UIA, la Sociedad Rural también demandó el disciplinamiento salarial y el control de los gastos estatales para contener la escalada inflacionaria.82
Pero Federación Agraria, que había compartido la crítica "liberal" hasta 1969, comenzaban a tomar distancia de estos planteos. Más allá de la ambigüedad, tímidamente se iba arrimando a la alianza reformista que se reconstituía y cobraba fuerza. Hacia 1971 ese acercamiento se consumó. El proceso de restauración democrática estaba definitivamente lanzado, y el ascenso peronista parecía irrefrenable, no solo por las alianzas que había sabido construir en el trayecto, sino por la profundización de un proceso revolucionario que solo el retorno de Perón y el reflote de las ilusiones reformistas parecía capaz de contener. Frente a ello, FAA terminó abandonando a sus socios en la burguesía agraria para jugarse de lleno por la fuerza social encabezada por el Peronismo y la CGE.
Con su nuevo presidente, Humberto Volando, FAA incorporaba nuevos tópicos que reforzaban un discurso nacionalista y reformista que encajaba perfectamente con los vientos que comenzaban a soplar. En los primeros meses de 1972 demandó el retorno a los cauces democráticos y criticó la orientación económica "liberal", que beneficiaría exclusivamente a los grandes capitales nacionales. Demandó el control sobre las empresas extranjeras y pidió estímulos a la industria nacional, particularmente a la radicada en el interior del país.83 En contraste a los reclamos contra los controles de precios que había efectuado en la etapa anterior, planteó su oposición a la "libre comercialización, proponiendo en cambio, la planificación a través de organismos del Estado, con la complementación del movimiento cooperativo".84 Manifestó también su coincidencia con los dirigentes de CGE, CGT y diversos partidos políticos, que serían expresión de que "el país reclama un cambio de política económica".85 También propugnó, de la mano de los planteos que expresaba la alianza CGE-CGT, por aumentos salariales.86 El cambio de etapa económica, motorizado por el ascenso de los precios internacionales de las mercancías agrarias, dio consistencia y viabilidad al giro reformista que se profundizaba en los planteos de la entidad.87
Atención particular recibió en este período la violencia política creciente. Continuando con una línea marcada por intervenciones anteriores, FAA enfatizó en que, para erradicar la violencia, había que apuntar a desmontar las causas que la engendraban, en particular, la orientación económica del gobierno. A su vez, destacaba la importancia del diálogo entre sectores, y sobre todo, la necesidad de hacer concesiones para contener la radicalización de las masas. Los sectores empresarios deberían"resignar algunas de las cosas que legítimamente poseen, si con ello facilitan el acuerdo que en definitiva servirá para bien de todos."88 Así, de la mano de un proyecto reformista que instrumentara las concesiones, podría encauzarse la violencia política dentro de los marcos del sistema.
Sin duda, el reclamo se relacionaba con la discusión acerca de la necesidad de recomponer salarios, impulsada por CGE y CGT, posibilidad que algunos integrantes de ACIEL negaban de plano. FAA sostenía que había que fortalecer el desarrollo económico general, que al mismo tiempo estimulara el crecimiento del empresariado y elevara el standard de vida de los trabajadores. Las "minorías"
empresarias que resistían esa política serían, en última instancia, las responsables de la violencia social:

"Las poderosas minorías divorciadas de la realidad nacional que entorpecen el cumplimiento de una verdadera transformación económico-social que el país unánimemente reclama, mucho hacen también para que la violencia perdure. Terminemos con sus nefastas influencias rectificando el rumbo económico que equivocadamente al país le hicieron tomar, y habremos creado condiciones distintas para que nuestro pueblo pueda desenvolverse con bienestar y en libertad [...] el fuego de la violencia dejará de arder cuando no tenga el combustible que lo alimente"89.

La impronta que adquiría la salida reformista influyó también sobre algunos posicionamientos de CRA, que coqueteaba con el reformismo y tomaba distancia de ACIEL y SRA, sin alinearse abiertamente con sus antagonistas. Ello se evidenció en algunas de las medidas propuestas a mediados de diciembre de 1971, "ante el agudo proceso de deterioro económico". Proponía por ejemplo "reactivar la expansión económica", "promover la descentralización industrial" y el "mantenimiento de los salarios reales como condición para fortalecer el consumo interno, permitiendo el crecimiento de la actividad de la empresa nacional a niveles óptimos".90 Las posiciones asumidas por la entidad contrastaban notoriamente con las de ACIEL y coincidían con la línea propuesta por Lanusse, a la que CRA se acercaba.
Lo que hasta 1971 fueron balances contrapuestos, se convirtió en un enfrentamiento abierto al año siguiente. En el marco de una disputa que cruzaba la sociedad por las características que asumiría la transición, en enero de 1972 la CGE lanzó una ofensiva convocando a medidas de fuerza que escondían, detrás de los reclamos corporativos, el intento de imponer una restauración democrática sin restricciones. Tras realizar un balance crítico de la coyuntura política y económica, FAA respaldó abiertamente las medidas convocadas por CGE, coincidiendo en la necesidad de fortalecer a las pequeñas industrias y "elevar el poder adquisitivo de los sectores populares".91 Frente a las objeciones provenientes del arco liberal, FAA defendió a la CGE de sus detractores, señalando que quienes criticaban las medidas de fuerza "prefieren resguardar sus privilegios de hoy a salvaguardar en su integridad el cuerpo social".92 Acompañando la ofensiva de la CGE, en marzo de 1972 Federación Agraria se lanzó a convocar medidas de fuerza, realizando actos y asambleas en distintos puntos del país.93
Otro punto que dividía aguas entre reaccionarios y reformistas era el de la propiedad privada de la tierra. El programa elaborado por la CGT y la CGE, en sintonía con los planteos del Peronismo, contemplaba realizar una "reforma agraria" para poner en producción las "tierras ociosas" o "deficientemente explotadas". Se ponía en cuestión la propiedad privada de la tierra, anteponiéndole el principio de su "función social". De esta manera, la fuerza que gobernaría el país se arrogaba la potestad de expropiar terrenos si sus propietarios no cumplían con la premisa de hacerlos producir a su máximo potencial. FAA, que había relegado el reclamo de la "reforma agraria" a segundo plano en su "etapa liberal", lo retomó en 1972 con la presentación de un proyecto para atacar el problema de las tierras ociosas. El instrumento establecía que todo propietario estaba obligado a "realizar una explotación racional" de la tierra, a fin de elevar su productividad. Y frente a la existencia de predios que no cumplieran con esta condición, se facultaba al Poder Ejecutivo para disponer de esas propiedades y entregarlas forzosamente en arriendo94. El derecho de propiedad privada quedaba así
subordinado al principio de la "función social de la tierra", "en la medida en que esta atienda a los superiores intereses de la comunidad"95.
El problema de la tierra estaba íntimamente conectado con la transición democrática en marcha: en él se jugaba la profundidad del giro reformista que asumiría el futuro gobierno y la magnitud de las concesiones a hacer para evitar el desborde de las masas que giraban a la izquierda. No por casualidad buena parte de los partidos que se preparaban para la contienda electoral habían levantado la consigna de la reforma agraria en sus programas. Como expresó el presidente de Federación Agraria, su proyecto apuntaba abiertamente a dar contención a la conflictividad social: "soy un pequeño propietario [pero] prefiero esta solución a que mañana me sorprenda una invasión de campos por parte de trabajadores sin tierras"96. La reforma agraria, en los términos propuestos por Federación Agraria, era una concesión fundamental en pos de obtener la "estabilidad política". Es decir, una forma de conjurar la radicalización de las masas. Quienes, como Sociedad Rural, se negaban a realizar estas concesiones serían por ello responsables de la crisis política y social que vivía el país: "la difícil situación por la que estamos atravesando es la resultante del manejo del poder por grupos minoritarios no dispuestos a despojarse por su propia voluntad de sus privilegios"97.
Los dirigentes de CRA y SRA salieron a cuestionar el proyecto, acusando a FAA de incentivar un debate que dividiría el frente agrario. Se posicionaron por una defensa irrestricta de la propiedad privada de la tierra y acusaron a los partidos políticos que apoyaban el proyecto de "generar incertidumbre" y perturbar la actividad privada98. En una conferencia de prensa celebrada en septiembre, Luis Firpo Miró, presidente de SRA, manifestó sus temores a que un futuro gobierno de tinte reformista avanzara sobre la propiedad privada en el campo, asimilando estas posiciones a la revolución social:

"Para nosotros la propiedad privada, tal como la garantiza la Constitución Nacional es fundamental para el desarrollo y la producción [...] Estamos absolutamente convencidos que la implantación de la reforma agraria en nuestro país haría caer verticalmente la producción, como ocurre en Chile [...] y en Rusia [...] En ese sentido nos alarma y preocupa que la mayoría de los partidos políticos incluya en sus programas la reforma agraria, tal vez sin meditar sobre sus consecuencias"99.

El tema había adquirido tal relevancia que hasta se coló en la interna de la Sociedad Rural, con la presentación de una lista opositora a las elecciones en las que se renovaría la comisión directiva y la presidencia, un hecho inédito en la vida institucional de la entidad. Más aún lo eran los términos en los que se planteó la disputa, en la que la lista opositora retomaba propuestas esbozadas por Federación Agraria, como la "función social de la tierra" o la necesidad de una "economía concertada", elementos del programa reformista que agitaba a su vez el Peronismo. En solicitadas y actos públicos la lista opositora había planteado la necesidad de que los productores asumieran "mayor responsabilidad social", para dar respuesta a las necesidades de las masas y satisfacer los reclamos de "justicia social".100 Las entidades gremiales empresarias y obreras debían comportarse "no como grupos de poder para lograr beneficios sectoriales sino como armonizadoras del esfuerzo al servicio del interés general". De allí se derivaba un planteo que sintonizaba con la "política concertada" obrero-patronal planteada desde el Peronismo: "la concertación entre todos los sectores y regiones de la comunidad nacional con el Estado, para la elaboración de planes de política económica y social aceptados y luego apoyados por todos."101 La lista opositora cuestionaba también la defensa incondicional de la propiedad de la tierra, enfatizando la necesidad de anteponer su "función social".102
Aunque en los comicios se impuso la lista oficial, eso no restaba importancia a la formalización de una oposición "reformista" a la dirección de SRA, que se alzó con tres vocalías suplentes en la Comisión Directiva.103 Las elecciones tuvieron una alta participación: votaron 5.314 socios de los 9.700 habilitados, un número considerablemente mayor a los 3.000 ó 4.000 de una elección "normal". La lista oficial obtuvo 3.147 escaños, contra 2.126 de la oposición.104 Es decir que un 40% de los votantes respaldaron un cambio de dirección que hubiera ubicado a la Sociedad Rural en el campo del reformismo. Es imposible no ligar este hecho absolutamente excepcional a una coyuntura política en la que, la profundización del proceso revolucionario ubicaba al Peronismo como única alternativa viable para contener la radicalización social, que ponía en peligro la continuidad de las relaciones de producción capitalistas.

5. El retorno de Perón

Como hemos visto, la crisis de régimen abierta en 1969, y la radicalización de las masas que amenazaba las bases del capitalismo argentino, reabrieron la fractura de la clase dominante que pareció clausurar la dictadura de Onganía. La alianza reformista, barrida del escenario político por la "ofensiva liberal" de 1966, resucitó para constituirse en la alternativa de buena parte de la burguesía local al "caos social" que perfilaba en el horizonte. La CGE, "pata empresaria" de la coalición, abandonó el segundo plano para salir a batallar por el programa reformista, la restauración democrática y el retorno de Perón. La alianza trazada con la CGT, que elaboró el núcleo del programa de gobierno peronista, constituyó la base de la fuerza social que se alzó con el gobierno en 1973.
La nueva coyuntura política, y la ofensiva del reformismo, socavaron las bases de la fuerza reaccionaria en la que se apoyó la dictadura de Onganía. Los elementos más débiles de esa alianza, golpeados por la política liberal, fueron abandonando el campo de la reacción para sumarse al reformismo. La crisis de la alianza reaccionaria comenzó con cuestionamientos internos en la UIA, que ante la amenaza de su desmembramiento, terminó abandonando ACIEL para acercarse a las posiciones reformistas. Ya en 1973, la entidad respaldó abiertamente el Pacto Social implementado por Gelbard, defendió al gobierno peronista e hizo propio el discurso reformista. Su acercamiento a ese polo quedó plasmado en la fusión con la CGE, que terminó concretándose a comienzos de 1974. Su adscripción al reformismo se mantuvo hasta que la caída de los precios internacionales de los precios agrarios, que comenzó a fines del '74, hizo naufragar el Pacto Social. Para ese momento, incluso algunos sectores empresarios nucleados históricamente en la CGE comenzaron a abandonar el reformismo para sumarse a la ofensiva que desembocó en el golpe de 1976.
En la burguesía agraria, la crisis de régimen y la ofensiva reformista fracturaron el frente formado para combatir por derecha la política de Krieger Vasena. FAA y CONINAGRO modificaron sustancialmente su discurso para hacer propias las banderas del reformismo y acercarse a la CGE. Para 1972, ambas corporaciones se habían sumado abiertamente a la alianza peronista, lo que le valió la conquista de puestos claves en la administración de Cámpora. Como en el caso de la UIA, la ofensiva reformista avivó conflictos internos que afectaron incluso a la "oligarquía" tradicionalmente antiperonista, nucleada en CRA y SRA. En estas corporaciones aparecieron líneas internas filo-reformistas, que aunque no lograron conquistar la dirección, tuvieron influencia suficiente para forzar el respaldo de estas corporaciones al plan económico de Gelbard. No sin resquemores, SRA y CRA saludaron la implementación del Pacto Social y aceptaron la rebaja de los precios agropecuarios como
"contribución" al sostenimiento del plan. Incluso llegaron a suscribir un Acta de Compromiso con el gobierno peronista que avalaba las principales medidas para el agro, como la estatización del comercio de granos y las reformas tendientes a promover la "función social de la tierra". Aunque no faltaron cuestionamientos internos a este giro, ni siquiera en FAA y CONINAGRO, el gobierno peronista había conseguido el apoyo (condicionado y parcial) de una parte no menor de la "oligarquía".
Resulta imposible explicar el retorno del peronismo prescindiendo de estos realineamientos en el seno de una clase dominante que avaló la proscripción durante casi 20 años. A su vez, estos movimientos no se pueden explicar sin tener en cuenta algunos elementos de la coyuntura. En primer lugar, el ascenso de la lucha de clases, imposible de contener dentro de los marcos del sistema sin habilitar concesiones políticas y económicas: la apertura democrática sin proscripciones y la implementación de políticas reformistas. Pero a su vez, estas "concesiones" no hubieran sido posibles sin una coyuntura económica que las hiciera viables: el ingreso de una masa de renta producto del fuerte aumento de los precios internacionales agrarios registrados entre 1971 y 1973.

Notas

1 Agradecemos la colaboración de Dara Costas en el relevamiento documental.

2 De Riz, Liliana: Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista, Hyspamérica, Buenos Aires, 1987;         [ Links ] Di Tella, Guido: Perón-Perón, 1973-1976, Hyspamércia, Buenos Aires, 1985.         [ Links ]

3 Sidicaro, Ricardo: Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002;         [ Links ] Peralta Ramos, Mónica: La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006), FCE, Buenos Aires, 2007.         [ Links ]

4 Palomino, Mirta: Tradición y Poder: La Sociedad Rural Argentina (1955 - 1983), CISEA-GEL, Buenos Aires, 1988;         [ Links ] Palomino, Mirta: Organizaciones corporativas del empresariado argentino. CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) 1955-1983, CISEA, Buenos Aires, 1989;         [ Links ] Schvarzer, Jorge: Estructura y comportamiento de las grandes corporaciones empresarias argentinas (1955-1983). Un estudio desde dentro para explorar su relación con el sistema político, CISEA, Buenos Aires, 1990;         [ Links ] Brennan, James: "Industriales y 'bolicheros': la actividad económica y la alianza populista peronista, 1943-1976", Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", Tercera Serie, Nº 15, 1er. Semestre de 1997.         [ Links ]

5 O'Donnell, Guillermo: "Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976", en Catacumbas, Prometeo, Buenos Aires, 2008;         [ Links ] O'Donnell, Guillermo: El estado burocrático autoritario, Prometeo, Buenos Aires, 2009;         [ Links ] Acuña, Carlos: "Las contradicciones de la burguesía en el centro de la lucha entre el autoritarismo y la democracia (1955 - 1983)", Realidad Económica, Nº 138, 1996.         [ Links ]

6 Los distintos niveles de crisis han sido analizados por varios autores, entre los que se destaca O'Donnell, El Estado..., op. cit., pp. 37-59.

7 O' Donnell, El Estado..., op. cit., pp. 111-151.

8 Los fundamentos de esta caracterización han sido expuestos por varios autores, entre los que se destacan: Portantiero, Juan Carlos: "Clases dominantes y crisis política en la Argentina", en Braun, Oscar: El capitalismo argentino en crisis, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973;         [ Links ] Marín, Juan Carlos: Los hechos armados. Un ejercicio posible, La Rosa Blindada/PICASO, Buenos Aires, 2003;         [ Links ] Balvé, Beba y Beatriz Balvé: El '69. Huelga política de masas, Ediciones RyR, Buenos Aires, 2005.         [ Links ]

9 O' Donnell, El Estado..., op. cit.

10 La Nación, 28/1/1968,         [ Links ] 19/1/1969 y 23/4/1969.

11 O' Donnell, El estado burocrático..., p. 235; Brennan, op. cit, pp. 131-132.

12 Cronista Comercial, 13/1/1970.         [ Links ]

13 O'Donnell, El estado burocrático..., p. 236.

14 La Nación, 28/10/1969.         [ Links ]

15 La Nación, 12/7/1970.         [ Links ]

16 La Nación, 14/8/1970.         [ Links ]

17 Cronista Comercial, 28/8/1970.         [ Links ]

18 Cronista Comercial, 6/11/1970.         [ Links ]

19 O'Donnell, El estado burocrático..., pp. 292-308.

20 Ibid., pp. 319-320.

21 Cronista Comercial, 4/12/1970.         [ Links ]

22 Cronista Comercial, 9/12/1970.         [ Links ]

23 Ibid.

24 Cronista Comercial, 11/12/1970.         [ Links ]

25 Cronista Comercial, 6/7/1971.         [ Links ]

26 Cronista Comercial, 7/7/1971.         [ Links ]

27 Baudino, Verónica: La estrategia de la Unión Industrial Argentina 1966-1976, Tesis de Doctorado en Historia, FFyL-UBA, 2012, pp. 214-230.         [ Links ]

28 Brennan, op. cit., p. 127.

29 La Nación, 29/5/1971.         [ Links ]

30 Ibid.

31 La Nación, 10/9/1971.         [ Links ]

32 La Nación, 22/9/1971;         [ Links ] Cronista Comercial, 29/9/1971.         [ Links ]

33 La Nación, 27/11/1971.         [ Links ]

34 O'Donnell, El estado burocrático..., op. cit., p. 350.

35 Ibid.

36 Lázzaro, Silvia: "La política agraria del peronismo a comienzos de la década 1970. Estado, políticas sectoriales y corporaciones", ponencia presentada en el VII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Recife-Pernambuco (Brasil), noviembre de 2010; Crisis, año 2, Nº 20, diciembre de 1974.         [ Links ]

37 La Nación, 11/1/1972 y 26/1/1972.         [ Links ]

38 Cronista Comercial, 26/1/1972.         [ Links ]

39 Cronista Comercial, 15/4/1972.         [ Links ]

40 Citado en Brennan, op. cit., p. 134.

41 UIA: Memoria y Balance, 1969/1970.         [ Links ]

42 Ibid.

43 Cronista Comercial, 26/8/1969.         [ Links ]

44 La Nación, 29/1/1970.         [ Links ]

45 La Nación, 30/1/1970.         [ Links ]

46 La Nación, 23/6/1970.         [ Links ]

47 Cronista Comercial, 10/12/1970.         [ Links ]

48 UIA: Memoria y Balance, 1970-1971, pp. 9 y ss.         [ Links ]

49 Ibid., p. 11.

50 La Nación, 24/3/1971.         [ Links ]

51 UIA: Memoria y Balance, 1970-1971, p. 32.         [ Links ]

52 Ibid., p. 54.

53 La Nación, 4/7/1970.         [ Links ]

54 La Nación, 24/3/1971.         [ Links ]

55 La Nación, 17/9/1971.         [ Links ]

56 La Nación, 11/9/1972.         [ Links ]

57 La Nación, 3/7/1971.         [ Links ]

58 Cronista Comercial, 5/7/1971.         [ Links ]

59 Primera Plana, 24/8/1971.         [ Links ]

60 La Nación, 21/3/1972.         [ Links ]

61 Cronista Comercial, 22/3/1972.         [ Links ]

62 N'Haux, Enrique: Menem-Cavallo. El poder mediterráneo, Corregidor, Buenos Aires, 1993.         [ Links ]

63 Ramírez, Hernán: La Fundación Mediterránea y de cómo construir poder. La génesis de un proyecto hegemónico, Editorial Ferreira, Córdoba, 2000, p. 164.         [ Links ]

64 Cronista Comercial, 2/8/1972.         [ Links ]

65 Cronista Comercial, 14/9/1972.         [ Links ]

66 La Opinión, 15/9/1972.         [ Links ]

67 Cronista Comercial, 15/9/1972.         [ Links ]

68 La Opinión, 11/10/1972;         [ Links ] Cronista Comercial, 11/10/1972.         [ Links ]

69 Cronista Comercial, 31/12/1972.         [ Links ]

70 Cronista Comercial, 11/10/1972;         [ Links ] La Nación, 25/10/1972.         [ Links ]

71 Estos procesos han sido documentados por una profusa bibliografía, en la que se destaca Barsky, Osvaldo (Ed.): El desarrollo agropecuario pampeano, GEL, Buenos Aires, 1991.         [ Links ]

72 CRA, SRA, FAA, CCEA y CONINAGRO: "El agro y el desarrollo nacional. Conclusiones", Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.         [ Links ]

73 Hemos desarrollado este proceso en el artículo "La historia negra de Federación Agraria Argentina. La intervención política de los 'chacareros' entre Onganía y Videla (1966-1976)", en Razón y Revolución, nº 24, diciembre de 2012.         [ Links ]

74 La Tierra, 2/7/1969.         [ Links ]

75 Ibid.

76 La Tierra, 28/10/1969.         [ Links ]

77 La Tierra, 2/7/1969.         [ Links ]

78 Memoria de la Sociedad Rural Argentina 1968-1969, p. 63.         [ Links ]

79 La Nación, 3/6/1970.         [ Links ]

80 Cronista Comercial, 4/7/1969;         [ Links ] La Nación, 23/7/1970.         [ Links ]

81 Cronista Comercial, 4/5/1971.         [ Links ]

82 Memoria de la Sociedad Rural Argentina 1970-1971, pp. 9-13.         [ Links ]

83 La Nación, 9/1/1972.         [ Links ]

84 La Tierra, 24/1/1972.         [ Links ]

85 La Nación, 20/3/1972.         [ Links ]

86 La Tierra, 4/5/1972.         [ Links ]

87 Iñigo Carrera, Juan: La formación económica de la sociedad argentina, Imago Mundi, Buenos Aires, 2007, pp. 51-85.         [ Links ]

88 La Tierra, 30/3/1972.         [ Links ]

89 Ídem.

90 La Nación, 15/12/1971.         [ Links ]

91 La Tierra, 27/1/1972.         [ Links ]

92 La Tierra, 3/2/1972.         [ Links ]

93 La Nación, 1/4/1972 y 9/4/1972;         [ Links ] La Tierra, 6/4/1972.         [ Links ]

94 La Tierra, 18/5/1972.         [ Links ]

95 La Tierra, 6/7/1972.         [ Links ]

96 La Tierra, 20/7/1972.         [ Links ]

97 La Tierra, 3/8/1972.         [ Links ]

98 Cronista Comercial, 29/7/1972.         [ Links ]

99 Cronista Comercial, 6/9/1972.         [ Links ]

100 Palomino, Tradición y poder..., op. cit., p. 67.

101 Citado por Palomino, Tradición y poder..., op. cit., p. 67.

102 La Nación, 1/9/1972.         [ Links ]

103 Palomino, Tradición y poder..., op. cit., p. 68.

104 Cronista Comercial, 28 y 29/9/1972.         [ Links ]

Recibido: 15.05.13
Revisión editorial: 12.06.13
Aprobado definitivamente: 21.11.13