PERSONAJES DE UNA CRISIS SOCIAL: EMPRESARIOS, TRABAJADORES Y POLÍTICOS

En torno a la política como "problema moral". El clivaje corrupción-anticorrupción como principio de diferenciación  política en la centroizquierda de los noventa. 

Concerning the politics as a "moral problem". The corruption- anticorruption division as a principle of political differentiation in the center-left of the 1990s 

 

 Damián Corral*

* Licenciado en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y magister en Ciencias Sociales con orientación en Política por FLACSO. Obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales coorganizado por la Universidad Nacional de General Sarmiento y el instituto de Desarrollo Económico y Social. Actualmente se desempeña como docente e investigador en el área de Sociología de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ha investigado y publicado sobre liderazgos, comunicación política y sobre la experiencia de la centroizquierda en la Argentina durante los años noventa. Correo: corral.damian@gmail.com

 

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RESUMEN

El propósito de este trabajo es analizar cómo la corrupción se transformó en un problema público relevante en Argentina durante los años noventa y cómo se incorporó en la agenda política de la oposición de centroizquierda al gobierno nacional. En particular, nos interrogaremos sobre la forma en que fue conceptualizada por parte del "Grupo de los Ocho" como primer antecedente del posicionamiento de ese espacio político sobre el tema. Asimismo, exploraremos una particular "lectura moral" sobre la política presente ya en el Frente Grande y desarrollada por el Frepaso que le otorgó predominancia al eje corrupción-anticorrupción como principio de diferenciación política y núcleo organizador de la estrategia opositora al gobierno de Menem, contribuyendo de esta forma a fortalecer una moralidad exterior a la política que evaluó a ésta desde estándares negativos.

Palabras clave: Centroizquierda; Corrupción; Tematización; Comunicación política.

ABSTRACT

The intention of this work is to analyze how corruption was transformed into a relevant public problem in Argentina during the 1990s and how it was incorporated in the political agenda of the center-left opposition to the national government. Specifically, we will pose the question of the form in which it was conceptualized on the part of the "Group of Eight" as the first precedent of the positioning of this political space on the topic.
Likewise, we will explore a particular "moral reading" of politics already present in the Frente Grande and developed by the Frepaso that granted predominance to the corruption-anti-corruption axis as a principle of political differentiation and the organizational core of opposition strategy against the government of Menem, thus constributing to a strengthening of a morality external to politics which evaluated the latter based on negative standards.

Keywords: Center-left; Corruption; Thematisation; Political communication.

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SUMARIO

Introducción. La corrupción en el enfoque de los medios de comunicación. La lucha contra la corrupción al interior del campo político: el antecedente del Grupo de los Ocho. Moral(idades) y política. Observaciones finales. Bibliografía.

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Introducción

Al mismo tiempo que se instalaba como tema relevante y motivador de "políticas de transparencia" a nivel internacional, incluso en los programas de entidades financieras como el Banco Mundial, la corrupción se convertía en un problema público central en la agenda de los años noventa en nuestro país, promovido por los medios de comunicación, por actores de la sociedad civil como Ongs y desplegado en el propio ámbito político-institucional. Fue un núcleo temático importante en el discurso presidencial durante la primera etapa de su gobierno y también de su principal gestor económico, Domingo Cavallo. Desde los lenguajes tecnocráticos que fueron permeando las áreas claves de la política gubernamental, la corrupción fue utilizada para confrontarla con la racionalidad y eficiencia de las políticas macroeconómicas de desregulación, liberalización y recorte de las capacidades estatales (Pereyra, 2010). En tanto, desde el enfoque promovido por los medios de comunicación la instalación de la corrupción como problema prioritario contribuyó a desarrollar un género que permitió la "autonomización de los periodistas como profesión mediadora" entre la política y la sociedad: el periodismo de investigación (Vommaro, 2007: 37). Desde la capacidad de escrutar prácticas "desviadas", "deshonestas" de la política y los políticos, se fue construyendo una narrativa que reforzaba el componente melodramático del problema: la oscuridad, truculencia o extravagancia de los personajes involucrados.
En este marco y luego de referenciar algunos análisis sobre el tratamiento de la corrupción en los medios de comunicación, examinaremos de qué modo la problemática de la corrupción se incorporó a la agenda política de la oposición de centroizquierda al gobierno nacional. En particular, la forma en qué fue conceptualizada por parte del "Grupo de los Ocho" como primer antecedente del posicionamiento de ese espacio político sobre el tema. Asimismo, nos interrogaremos por un tipo de moralidad política que la fuerza frentista fue desarrollando mediante la cual el eje corrupción-anticorrupción se fue convirtiendo en el más relevante principio de diferenciación política y núcleo organizador de la estrategia opositora al gobierno de Menem.

La corrupción en el enfoque de los medios de comunicación

Si los estudios sobre agenda setting han certificado la capacidad de los medios de comunicación para instalar la agenda de temas en la opinión pública, la sociología de las noticias examinó con detenimiento el contexto de producción de la información, tomando en cuenta la importancia de las condiciones sociales de acceso al espacio de los medios y las lógicas de producción de los contenidos (Marchetti, 2008). Emparentada con estos enfoques teóricos, la teoría del framing retomó la perspectiva de la agenda setting pero enfatizando el encuadre (frame), es decir, no sólo interrogándose sobre qué temas se priorizan en detrimento de otros sino sobre cómo son definidos y abordados en su presentación noticiosa (Aruguete, Zunino, 2010: 50). Esto implica valorizar la información contextual sobre los asuntos examinados y la interacción que se produce entre los frames noticiosos y los propios encuadres, competencias y criterios de decodificación de los receptores, quienes configuran una percepción de la realidad no solamente desde una interpretación selectiva de la información provista por los medios sino también desde la propia memoria y experiencia personal así como de las múltiples interacciones y redes interpersonales, factores éstos que pueden ejercer influencia en la importancia que los grupos sociales le otorgan a determinados temas (Sábala, 2008: 81).
Adoptando la teoría del framing como perspectiva conceptual, Belén Amadeo (1999) analizó la cobertura que los medios de comunicación realizaron sobre la corrupción en la Argentina durante el período 1991-1996, en un estudio que incorporó tanto las investigaciones sobre cultura política como aquellas que indagaron en los fenómenos de corrupción política y escándalo. Amadeo selecciona tres casos resonantes de corrupción convertidos en escándalos políticos que involucraron a los tres poderes del Estado -el yomagate al poder ejecutivo (1991), el diputrucho al poder legislativo (1992) y el caso Trovato al poder judicial (1996) - a la luz de los encuadres construidos por los diarios Clarín, La Nación y Página 12, y por la revista semanal Noticias. Desde una perspectiva que considera determinados escándalos políticos como símbolos que condensan el imaginario de la sociedad sobre la corrupción política en función de las narrativas y los frames construidos por los medios de comunicación, la autora incluye como variables en su análisis las valoraciones que reciben las instituciones y los personajes implicados, la forma de contextualizar la información, la relación que se establece entre corrupción y escándalo y la ironía empleada en la narración. Del análisis surgen dos frames predominantes en el tratamiento de la corrupción: la "tematización" y la "dramatización". Mientras el primer frame contextualiza, vincula con otros temas, propone líneas de acción y asume la corrupción y el escándalo como temas en sí, como problemas políticos, el frame de la dramatización focaliza el día a día, personaliza y utiliza la ironía para abordar el funcionamiento de las instituciones. El abordaje de los casos estudiados revela que los medios tienden más a dramatizar que a tematizar, más a la construcción de la trama y la focalización de los personajes que a los casos.¹
La empresa de posicionar a la corrupción como problema de principal prioridad para la opinión pública en la que convergieron el periodismo de investigación, expertos y ONGs como PoderCiudadano (Pereyra, 2006) contó con el apoyo de uno de los principales actores del periodismo televisivo en los años noventa, una suerte de intelectual orgánico del poder real en la Argentina durante décadas: Mariano Grondona. El columnista político de La Nación y conductor de Hora Clave publica en 1993 "La Corrupción", un libro que obtuvo un considerable nivel de ventas. Allí considera que el "horror de la corrupción" es el nuevo desafío que debe enfrentar la sociedad argentina, habiendo superado la inestabilidad política mediante el respeto a las instituciones democráticas y la inestabilidad económica al saber "rechazar el populismo" (Grondona, 1993: 14). Exacerbada en los países subdesarrollados y con el Estado como principal matriz generadora de sus prácticas, la corrupción pasa a representar el núcleo rector de los problemas argentinos: la ley no se orienta por el interés público sino por intereses empresariales privados y de "funcionarios corruptos"; la ineficacia y el derroche impiden la orientación estatal de la economía; ahuyenta la inversión; falsifica la representación democrática; debilita al Estado y vuelve a la nación premoderna; aumenta la desigualdad social; promueve un clima de cinismo generalizado, se vuelve endémica y generalizada (íbid, 94). Con largas referencias a los casos de Collor de Melo en Brasil, Alberto Fujimori en Perú y la emergencia del coronel Hugo Chávez en Venezuela, Grondona advierte sobre los riesgos que pueden conllevar el apoyo societal a líderes "moralizadores" que ganan la opinión pública con un discurso anticorrupción. El cambio tiene que provenir desde la sociedad civil, que debe sostener como requisito más importante a la hora de elegir gobernantes la honestidad. Alienta la movilización social contra la corrupción y retoma una propuesta vertida en su programa televisivo por el diputado Juan Pablo Cafiero: la formación de una Comisión Especial para investigar la corrupción similar a lo que ocurrió con la CONADEP.

La lucha contra la corrupción al interior del campo político: el antecedente del Grupo de los Ocho.

También desde el propio campo político la corrupción se fue consolidando como un problema público de relevancia y como un eje organizador de la oposición al gobierno de Menem. Si bien en la "campaña moralizadora de la actividad política" se puede leer una de las claves de legitimación que le permitió a la Alianza entre el Frepaso y la UCR tener éxito electoral y acceder al gobierno (Vommaro, 2008), la tematización sobre la corrupción por parte de los actores políticos es un proceso muy anterior a la constitución de dicha coalición. En efecto, en 1991 Hugo Barcia y Norberto Ivanchich publican "La carpa de Ali Baba. El Grupo de los Ocho contra la corrupción", una recopilación de proyectos de ley, de resolución, pedidos de informes y presentaciones ante la justicia durante un año parlamentario por parte de los diputados justicialistas disidentes, más conocidos como Grupo de los Ocho.² Se destacaban, entre otros, los proyectos de ley para reprimir el tráfico de influencias, la obligatoriedad de la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos y legisladores, la derogación de las jubilaciones de privilegio y el proyecto para la constitución de una comisión especial de "Lucha contra la corrupción". Dicha lucha se concebía como un "trabajo colectivo", que despegara a la política del entramado de poder y la resituara "entre la gente". Se presentaba en el libro un diagnóstico sombrío sobre la política, colonizada por profesionales que acumulan poder en su seno "abandonando el verdadero sentido de la política, la construcción de un orden social justo". Las "prácticas clientelares", los "funcionarios sospechados" y el "clima de decadencia moral" que imbuía a la política volvían a la sociedad "descreída", "hastiada, dolorida y escéptica". Así, la batalla contra la corrupción renovaría el vínculo de credibilidad en la política, en la militancia y en los ideales, resituaría la práctica política en el "espacio social de una nueva moral", siempre y cuando la sociedad logre percibir que existe una nueva dirigencia política, "con autonomía de los grandes intereses y capaz de cargar de ideales y compromisos la acción política". La apuesta es por "restituir una moral pública y la transparencia de la acción política". (Barcia-Ivanchich, 1991: p. 11-13).
El abordaje de la problemática de la corrupción por parte de este grupo de diputados justicialistas disidentes reenvía al proceso político-económico en el cual este fenómeno se inscribe. Giulio Sapeli (1998) concibe la corrupción como una "variante de la ilegalidad económico-política", es decir, como un proceso que da cuenta de la compenetración entre el sistema político y el sistema económico. La creación de "comunidades cerradas" se convierte en el sostén del moderno "neopatrimonialismo invisible" extralegal. En esta clave Sapeli examina el fenómeno italiano de corrupción, que denomina "mecanismo único", es decir la constitución de un poder paralelo al legal por parte del poder político que controla los recursos estatales y las"tendencias colusivas" de las empresas (1998: 137).
Desde una perspectiva también tributaria de la interpenetración entre política y economía, José María Simonetti vincula el fenómeno de la corrupción con la emergencia de nuevas "fracciones de clase" que se desarrollaron trasladando prácticas "irregulares", "mafiosas" y una "cultura criminal" a la esfera política y al Estado. Tomando como espejo el caso argentino, Simonetti percibe en la corrupción un medio predominante de acumulación económica en términos de"cuasi renta monopólica" o "de privilegio" obtenida mediante el acceso o la influencia sobre las políticas públicas estatales por parte de unos pocos actores económicos y que desplaza de este modo a la renta generada por procesos de desarrollo con innovación tecnológica e inversión en conocimiento (Simonetti, 1998). En suma, al igual que Sapelli, el análisis de Simonetti se centra en la capacidad de coacción que ha desarrollado el weberiano "capitalismo aventurero" sobre la política y el Estado. La permanente validación política de sus intereses daría cuenta del carácter sistémico de la corrupción.
Podríamos retomar aquellos frames sobre la corrupción que Belén Amadeo subraya como predominantes en el análisis de la cobertura sobre casos de corrupción por parte de la prensa argentina para examinar qué enfoques sobre la corrupción están presentes en la crítica que efectúa el "Grupo de los Ocho". En este caso, la tematización y la dramatización informan diferentes concepciones sobre el fenómeno de la corrupción política. Mediante la tematización, los diputados del grupo conciben la corrupción como un engranaje central del proceso de desarticulación de las capacidades estatales para fijar un rumbo económico y para disciplinar los actores empresariales. Así, la corrupción habría que examinarla a la luz del proceso de privatizaciones, de las múltiples concesiones a los grandes grupos económicos, de la negociación con los acreedores externos; transformaciones que revelaban la "privatización de la política" y el repliegue del Estado sobre los intereses del poder económico concentrado. Como afirma Sebastián Pereyra (2010, 313), la corrupción estructural pero en un sentido inverso a cómo es definida por el discurso de Menem y Cavallo. En referencia a la privatización de Entel y a la concesión de las rutas nacionales para implementar el sistema de peajes (primera y segunda cita respectivamente), se vislumbra esta concepción más estructural sobre la corrupción:

La inexperiencia y la primera vez aparecen como justificación de las desprolijidades, cuando lo que se oculta es la urgencia política de subordinarse a los poderosos y tratar de encontrar una nueva doctrina de legitimidad que es la eficacia. (Barcia e Ivancich, 1991: 23)
La dicotomía entre empresa privada eficiente y empresa pública ineficiente, aparece, en principio como simplista, ya que con la aparición de la patria contratista, a determinados capitales privados el Estado les garantizaba las ganancias sin que corrieran ningún tipo de riesgo. Aclaremos que el riesgo de la inversión es uno de los principios básicos en los que debería asentarse cualquier economía que pretenda tildarse de sana y capitalista. El actual gobierno dice tener este objetivo y considera que la patria contratista es uno de los obstáculos a vencer. Justamente en el proceso licitatorio de adjudicación de las rutas vemos que se produce una reconversión empresaria que tendería a la creación de una nueva patria: la patria concesionaria. Es decir, las ganancias ya no están aseguradas en términos de los contratos de previsión de obras, productos y servicios, sino por el pingüe negocio que el estado le asegura a una empresa privada a partir de que impone a los usuarios determinados costos que van a convertirse en la ganancia privada. Antes el que garantizaba la ganancia era el estado como comprador. Pero quiénes llenan de recursos al estado? Ninguna duda: los usuarios. Ahora se ha superado esta intermediación estatal. Las empresas le cobran directamente al usuario. Los actores empresarios no han cambiado, lo que ha cambiado es su metodología (ibid., pp. 97-8).

Asimismo, por momentos y según el caso examinado, el abordaje sobre la corrupción "enquistada en el gobierno menemista" se emparenta más al tratamiento mediático donde prima el frame de la dramatización: la corrupción es un asunto de funcionarios deshonestos y se despliega en una trama que exuda frivolidad, exhibicionismo e impunidad: las prácticas fraudulentas y los ilegalismos políticos portan los rostros de Menem, Barrionuevo, Manzano, Grosso, Estenssoro, María Julia Alsogaray, Dromi, entre los más emblemáticos habitantes de laCarpa de Alí Babá. Si en el primer caso la corrupción es un mecanismo necesario para concretar una transformación en el modelo de acumulación de sesgo neoliberal, en el segundo la corrupción es un fin en sí mismo que toca el nervio de la ejemplariedad en la función pública, poniendo en crisis la propia representatividad. La política carcomida por la "inmoralidad".
El libro incluye una entrevista al por entonces ex fiscal Aníbal Ibarra quien considera a la participación y la denuncia como los mecanismos más importantes para ejercer un control efectivo en los diferentes niveles institucionales. Pero no cualquier denuncia, si no aquella que logra resonancia y atención de la opinión pública:

Cuando me refiero a la denuncia no me remito solamente a la denuncia limitada al marco judicial, sino también a una denuncia política en donde juegan al mismo tiempo, y de manera importante, los medios de difusión. (...) Hay que tener presentes que muchos hechos de corrupción que han tenido que dar marcha atrás porque fueron descubiertos y quedaron a la luz, fueron justamente a través de esas denuncias públicas. Cuando la opinión pública toma conocimiento de estos hechos de corrupción ya se torna más sencillo detener estos hechos (ibid., p. 113).

Ibarra menta la eficacia de los controles de la sociedad en el pasaje de la denuncia de la corrupción al escándalo político. Dos años después, él mismo será protagonista, en este caso ya como concejal del Frente Grande, de una denuncia contra Matilde Menéndez por cobro de sobornos a prestadores de servicios de psiquiatría como directora del PAMI, encontrando el espacio más adecuado para que la denuncia de la corrupción se anudara en la tela melodramática del escándalo: la televisión, más particularmente el programa político predominante en la década de los 90: Hora clave, cuyo conductor Mariano Grondona abogaba por la llegada de los "políticos honestos" y la nueva etapa del transparentismo político que debía acoger la Argentina. La denuncia contra funcionarios deshonestos en un tema tan sensible al humor social como los servicios de salud para los jubilados apelaba al componente emocional como insumo infaltable en el espectáculo político televisivo.
La paulatina convergencia entre discurso periodístico y estrategia de la oposición frentista en relación a colocar al problema de la corrupción como medular en el funcionamiento político sería refrendada por el "saber autorizado" de los consultores de opinión, en particular por el enfoque del consultor más cercano al establishment político y económico: Manuel Mora y Araujo. En una columna de opinión publicada en la Segunda Sección del matutino Clarín pocos días después de las elecciones constituyentes de abril de 1994, el sociólogo señalaba:

El país está demandando equilibrio de fuerzas. El resultado del domingo no asusta ni genera desconfianza; ni siquiera la Bolsa tambaleó. Lo que atrae es un arco con mayor pluralidad de fuerzas políticas, ningún predominio definido, candidatos que desdibujan el perfil ideológico para resaltar sus propuestas inmediatas. La exigencia sobre los gobernantes tiende a ir en aumento. El electorado no quiere sacrificar la estabilidad, que es un bien apreciado por la gran mayoría de la población y no cuestionado por la gran mayoría de los candidatos; pero quiere que se sienten a la mesa otros comensales y que sus puntos de vista sean tenidos en cuenta, porque además de la estabilidad hay otros temas. El primero de esos temas es la corrupción. Es la gran demanda que surge de las expectativas sociales de hoy*, después de la primera ola que llevó como prioridad a la democracia y de la segunda ola de la estabilidad y la reforma económica. La demanda de hacer algo con el problema de la corrupción viene unida a un creciente rechazo a los partidos, a la política de comité, al internismo y al estilo político manipulativo, renuente a rendir cuentas e insensible a las voces de los representados. El 10 de abril la ciudadanía votó demandando que, de alguna manera, la preservación de la democracia y de la estabilidad se aún en a las respuestas a otros problemas y a la renovación de los dirigentes y de su manera de hacer política. (Mora y Araujo, 1994: 20).

Clara similitud entre la reflexión de Mora y Araujo y la de Grondona en cuanto a perfilar la lucha contra la corrupción como el desafío más importante que tiene la democracia argentina habiendo ya superado los obstáculos de la inestabilidad política y la inestabilidad económica. La demanda por "políticos honestos", por reformas orientadas a "bajar los costos de la política" por la "rendición de cuentas" y por la "eficiencia" formó parte de una de las premisas centrales del discurso neoliberal que mediante la exigencia de "racionalidad" fue acotando y erosionando los significados y la legitimidad de la política como horizonte de acción transformadora. Sobre el telón de fondo de la experiencia hiperinflacionaria de fines de los ochenta, el gobierno de Menem construyó una narrativa que evaluaba moralmente en términos dramáticos aquel episodio asociándolo a la "crisis del estado" y reforzando las virtudes del mercado para resolver problemas y asignar recursos con eficiencia. Profesionalizar la política era el llamado de la época.

Moral(idades) y política

Las categorizaciones y clasificaciones que organizan la percepción del mundo social (Bourdieu, 1993) suelen operar como "evaluaciones morales" en la medida en que recurren a valores vinculados con lo correcto o incorrecto, justo o injusto, bueno o malo, decente o impúdico, apropiado o inapropiado (Visacovsky, 2009: 253); evaluaciones que se construyen a partir de experiencias compartidas y que están contextualizadas históricamente (Sautu, 2000: 111). En función de ello, se proyectan sobre -y al interior de- la escena política, sus actores y el funcionamiento del Estado calificaciones valorativas explicitadas en términos de eficiencia-ineficiencia, justicia-injusticia, honestidad-deshonestidad, compromiso-indiferencia, libertad-autoritarismo, igualdad-desigualdad u otras. Como sostiene Eduardo Archetti, la política se analiza mediante evaluaciones morales porque "es a través de la moralidad que los actores sociales se posicionan en la esfera política. La presencia de valores e ideales es parte del funcionamiento del poder y está detrás del soporte de la autoridad" (Archetti, 2006). Desde esta perspectiva de análisis, Sabrina Frederic (2004) cuestiona aquellas miradas que, ancladas en los medios de comunicación, las ONGs o en algunas corrientes de las ciencias políticas locales, proponen pensar el problema moral de la política a partir de la "inmoralidad de los políticos", miradas que al evaluar desde estándares morales externos a la política sus propias conductas y comportamientos proyectan una despolitización de la moralidad propia de la política. Si los políticos no son sujetos morales, es decir si no son portadores de valores, creencias, ideales sino sólo de la ambición y el cálculo, entonces desde la "sociedad civil", desde "la justicia", se les debe poner límites, controlarlos y exigirle "transparencia". Frederic propone otra lectura: pensar una moralidad propia de la política, esto es, indagar en las tensiones propias del entrecruzamiento, las superposiciones entre la moral y la política. Dado que, en la medida en que son heterogéneas y contradictorias, las evaluaciones morales se inscriben conflictivamente dentro del proceso político.
Para el caso que nos ocupa, el propio "Grupo de los Ocho" efectuó una lectura moral sobre el gobierno de Menem en un doble sentido: por un lado, su constitución como grupo disidente respondió a la consideración de que Menem había traicionado las banderas del "verdadero peronismo" siendo la traición, como analiza Fernando Balbi (2003), un valor caro al sentimiento y la tradición justicialista. Por otra parte, el "Grupo de los Ocho" decide renunciar al justicialismo a principios de 1990 por su desacuerdo con los indultos del gobierno aplicados a los jefes de las juntas militares responsables del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. En esta decisión primó el rechazo a la injusticia inherente a una medida que garantizaba impunidad a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el período señalado. La evaluación moral que gira en torno al eje justicia-injusticia es abarcativa: puede remitir no sólo a la ponderación positiva o negativa de la política de derechos humanos sino también a otras esferas del accionar estatal, por ejemplo la asociada a un valor preponderante cuando se evalúa la calidad de la política y de la vida democrática: la igualdad. La justicia o el "ideal distribucionista de igualdad" (Sautu, 1998) ocupó un lugar relevante en los marcos interpretativos tanto del peronismo disidente como de otros grupos sociales y sindicales que se opusieron enfáticamente a las políticas neoliberales en los años '90. Aunque también estuvo presente de manera muy nítida en una porción importante de la clase media porteña (Sautu, 1998), el más importante soporte electoral tanto del Frente Grande como del Frepaso.
Pero no fue el eje igualdad-desigualdad el que terminó afianzándose como predominante en las evaluaciones morales sobre la política promovida por los principales dirigentes del Frente Grande y del Frepaso sino aquel que examinaba la honestidad o deshonestidad de los políticos. De este modo, el énfasis puesto en la lucha contra la corrupción amplificaba, hacia el campo de la comunicación política y en interlocución con los poderes reales, la agenda temática más conveniente de oposición al gobierno que rápidamente el principal referente de ese espacio, Carlos "Chacho" Álvarez, se encargó de instalar aprovechando la performance electoral exitosa y su arribo a las grandes ligas de la política nacional. Un día después de su triunfo en Capital Federal en las elecciones para constituyentes, Álvarez reconocía que el discurso contra la corrupción tuvo rédito en las urnas:

Ganamos por tres cosas: una fue el pacto de Olivos que en capital tuvo un efecto negativo: hay una porción significativa del radicalismo que es profundamente antipacticta. La otra es una demanda de oposición en la capital para frenar los abusos del menemismo. Y tercero, un cansancio moral de un espectro político ideológico muy amplio, que incluye a los liberales democráticos que quieren más control para frenar los abusos de poder y que votaron más liberados que en otras ocasiones en las que pensaba mucho la defensa de la estabilidad económica. Nuestro triunfo es un señal muy fuerte para el gobierno, que pensaba que la gente votaba desde el bolsillo aun frente a un tema institucional (...) si uno analiza la campaña electoral ve que tuvo una dureza inusitada por parte del gobierno a partir de la denuncia del PAMI, porque eso destapó el tema de la plata negra, el financiamiento ilegal de la política y el sistema de coimas y retornos. Y en el sistema bipartidista de eso no se hablaba. Nosotros empezamos a hablar de las cosas censuradas, vulneramos las reglas de juego entre oficialismo y oposición (Página 12, 11-4-94).

A partir de entonces, el discurso de Álvarez se orientaría cada vez más a proyectar una imagen de desconfianza sobre la política anclada fundamentalmente en torno de la denuncia contra la corrupción en el gobierno de Menem -"el menemismo es una asociación ilícita". Pero a la vez, el despliegue de la crítica a la corrupción alcanzaba al otro actor del bipartidismo: el eslogan de campaña para la constituyente era "Por una constitución sin mafias", extendiendo la sospecha del fraude de confianza, de la prebenda o la "transa" al radicalismo. Solamente desde afuera del bipartidismo "cómplice", pero más allá, desde afuera de la "clase política", se podía renovar las prácticas y "restaurar la confianza en la representación política". De esta forma, el concepto de "mafia" va a comenzar a formar parte del entramado discursivo con el cual el Frepaso apostó, con mayor intensidad después de los comicios presidenciales de 1995, a pivotear sobre el eje corrupción-anticorrupción como estrategia de antagonismo con el gobierno. La "nueva forma de hacer política" se cifraba en orden a la "honestidad" de los funcionarios, la "transparencia" administrativa y la "austeridad" en la gestión pública en contraposición a la "ostentación", el "gasto dispensioso" y el "prebendarismo" que caracterizarían desde su percepción el gobierno menemista y que explicaban en gran parte las desigualdades económicas y sociales que padecía la Argentina (Charosky, 2002: 40).
En esta clave puede leerse la reunión mantenida en agosto de 1995 por Álvarez y Fernández Meijide con el por entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, para que el funcionario ampliara sus denuncias en torno a la existencia de "mafias enquistadas en el gobierno", acusación que tendía a personalizarse en la figura del empresario postal Alfredo Yabrán. Según Cavallo, Yabrán mantendría negocios ilegales con el Estado que alcanzaban al propio Carlos Menem, con la protección de algunos de sus funcionarios y la presión del Poder Ejecutivo a los jueces encargados de investigar las denuncias que involucraban al empresario. Actuando como interlocutores de Cavallo, Álvarez y Fernández Meijide legitimaban al ícono de la "racionalidad de mercado" en la empresa de "purificar" la política. Culminada la reunión, Álvarez comenzó a promover un acuerdo parlamentario con el radicalismo para constituir una comisión que investigara casos de corrupción. Retomando aquella propuesta de Juan Pablo Cafiero que había reflejado en su libro Grondona, publicitó la necesidad de conformar una Conadep de la corrupción. Las "mafias enquistadas en el Estado" no develaban tanto una compleja trama de intereses, lobbyes y penetraciones capilares de grandes grupos económicos -y de la embajada de los Estados Unidos- en las estructuras de decisión estatal, sino que asumían más bien el formato de caso emblemático de delito o de corrupción al que debía darse la sanción ejemplificadora.³ Esta abordaje del caso funcionaba así en correlato con el frame de dramatización construido por los medios de comunicación para abordar e instalar, con periodicidad y en forma personalizada, el tema en el interés de la opinión pública. La Conadep de la Corrupción debía estar integrada por "notables que despierten confianza" y elegida por "la gente" mediante una consulta popular.⁴
La moralización de la política basada en un discurso anticorrupción no sólo fue patrimonio de Álvarez sino que se constituyó en una clara señal identitaria de Graciela Fernández Meijide, la figura política más exitosa en términos electorales que tuvo el Frepaso y quien con más insistencia apeló a los tópicos tradicionales del liberalismo político tanto para subrayar los"déficits institucionales" que formaban parte de las "incomprensiones" del peronismo como para dar cuenta del ideal "republicano" en virtud del cual debía organizarse el sistema democrático. Para la ex dirigente de Derechos Humanos, la democracia "republicana es permanentemente corroída por los "poderes paralelos" que remiten a la trama "mafiosa" en el ejercicio del poder:

Estos poderes deberían gobernar la sociedad y lo que advertimos es que se los reemplaza por factores de poder no institucionalizados que anidan en el seno de las instituciones. Como ilegales y clandestinos que son, esos factores paralelos de poder no respetan las reglas institucionales legítimas ni las funciones establecidas, formando redes invisibles que controlan recursos y resortes de poder. Me refiero, por supuesto, a la corrupción y las mafias enquistadas en las agencias públicas y gubernamentales. Su afianzamiento y despliegue de su acción mina la seguridad jurídica y por lo tanto las posibilidades de crecimiento en un marco legal. (...) A esta altura ya resulta más que evidente que la corrupción ha tomado en el país tal magnitud que atenta también contra el crecimiento económico, pues es una forma de inseguridad legal que encarece los costos de la transacción hasta el punto de que hace muy difícil un capitalismo sano y competitivo. Estamos, como es de público conocimiento, ante un "estado paralelo" gobernado por una mafia que ha construido su propia legalidad y trata de imponerla sobre el orden republicano. (Fernández Meijide, 1997, p. 174).

Por último querríamos formular una breve reflexión en torno a la operatoria discursiva que escinde lo político y lo social para examinar un ejemplo concreto donde se proyecta con fuerza la evaluación moral externa sobre la política del discurso frepasista. El 21 de diciembre de 1996, el Frepaso organizó un evento donde se otorgaron distinciones a personas anónimas destacadas por su compromiso, esfuerzo y solidaridad en diferentes actividades y organizaciones, elegidas en el marco de la campaña "Argentina tiene ejemplos". Para publicitar esta campaña se editó un libro con el mismo slogan de la convocatoria, con la autoría de Álvarez y Fernández Meijide.⁵ El libro comienza con una afirmación contundente: "los honestos somos mayoría". Sin embargo, esa "mayoría" está preocupada por la patología que atrapa a la política y parece expandirse por el cuerpo social:

Existe la sensación de que la Argentina está enferma de corrupción y que la plaga desatada en la cúspide ha contagiado a todo el cuerpo social. Agobiada por una sucesión de escándalos, la sociedad entera se siente agredida y sólo ve a su alrededor lo que parece una epidemia: sobornos, tráfico de armas, reuniones fastuosas en donde procesados por la justicia se codean con el poder político, narcotraficantes y estafadores que se mueven con la soberbia de la impunidad, enriquecimientos de sospechosa rapidez que emparenta servidores públicos con los ricos y famosos. (Fernández Meijide, Graciela, Álvarez, Carlos, 1996: 7)

Frente a la política "enferma" hay una "sociedad que se resiste a ser contaminada y a abandonar sus hábitos de honradez", que "no ha perdido la sensibilidad, que la solidaridad existe y la practican millones de personas desconocidas". "Un país solidario, trabajador, honesto, con un fuerte sentido de la ética, "un país al que no se escucha porque hoy sólo se escucha el ruido del escándalo". Un país que "se siente manipulado" al "ver cómo se falsea la voluntad popular". De este modo, "la política, por lo tanto, cae bajo el manto de una generalizada sospecha que produce un desánimo moral colectivo y la incertidumbre acerca del cambio" (ibid., p. 10). La sociedad frente a la política; dos esferas diferenciadas y, más aún, antagónicas en cuanto a la encarnación de moralidades: "trabajadora", "esforzada", "altruista" una; "corrupta", "mafiosa", "impune" la otra. La renovación de la política mentada por Álvarez y sus principales dirigentes debía provenir no ya desde las militancias ni desde los cuadros que durante años sostenían organizaciones colectivas de diferente tipo, sino "de lo social", "de la gente", de "ejemplares" comportamientos individuales que no están carcomidos por las plagas de la política: la corrupción y el "clientelismo".

Observaciones finales

La corrupción no sólo fue conceptualizada como él problema a resolver por expertos, periodistas y actores legitimados de la sociedad civil durante los años noventa, sino que también fue utilizada en términos de denuncia como estrategia electoral por parte de la centroizquierda. Abordamos el posicionamiento del "Grupo de los Ocho" frente a este tema: habitaba en su tratamiento y en su acción política una tensión en la conceptualización de la corrupción como problema estructural que reenviaba al proceso de desestructuración de la matriz estatal y la penetración de la lógica económica neoliberal y, por otro lado, la corrupción como práctica que connotaba la inescrupulosidad y los abusos de los dirigentes frente a la sociedad, la irracionalidad de la política. A medida que el Frente Grande fue ganando legitimidad como fuerza de oposición y consiguió sucesivos apoyos electorales, no fue el eje igualdad-desigualdad o el de justicia/injusticia (asociado con la política de derechos humanos del gobierno) los que se erigieron como dominantes en las evaluaciones morales sobre la política sino aquel que examinaba la honestidad o deshonestidad de los políticos. Se abandonaba así la concepción más estructural sobre la corrupción y se abonaba la tesis de que era un problema de la propia política, de sus dirigentes inescrupulosos y de su afán por el poder y los negocios. De esta forma, el concepto de "mafia" va a comenzar a formar parte del entramado discursivo con el cual el Frepaso apostó de forma nítida a partir de las elecciones presidenciales de 1995 a pivotear sobre el eje corrupción-anticorrupción como principio de diferenciación política y estrategia de antagonismo con el gobierno.
La especificidad de la política, como nos enseñaron entre otros Weber y Durkheim, reside en su condición de proceso social a partir del cual se producen y expanden representaciones sociales -valores, creencias, símbolos, reglas, etc-. (Balbi-Rosato, 2003: 14). La política no se constituye entonces en un campo o esfera delimitada, dominio especializado y diferenciado de lo social, sino en el entrecruzamiento permanente con otras esferas de la vida social. Esta incapacidad de los dirigentes frepasistas de pensar lo político y la política como trama y no como "dominio" o como "clase" contribuyó a consagrar una perspectiva despolitizadora sobre la política en la segunda parte de los años noventa y a modelar una nueva promesa de alcances módicos sin necesidad de esfuerzos transformadores: honestidad y transparencia, dos requisitos que no anticipaban tensiones con los poderes reales.

Notas

¹ Así, el Yomagate representa la corrupción del entorno del Presidente, la impunidad, el amiguismo y la incidencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. El Diputrucho, por su parte, simboliza la corrupción en el poder legislativo: representa la falta de cumplimiento del deber que tienen los diputados de representar los intereses de los ciudadanos por encima de sus intereses personales o partidistas. Porúltimo, el caso Trovato. Este simboliza no sólo la ostentación y falta de sobriedad de los miembros del Poder Judicial sino también el delito de cohecho: es el ejemplo más conocido de la posibilidad que un juez se deje sobornar para fallar a favor de una de las partes de una contienda judicial. Estos tres casos constituyen, por lo tanto, símbolos del mal funcionamiento de las instituciones políticas. No obstante, en los tres casos, el desprestigio de la institución es menor que el de los individuos, son estos quienes quedan estigmatizados como corruptos: en algunos casos sus meros nombres constituyen, de por sí, símbolos de corrupción". Amadeo, Belén (1999), La aplicación de la teoría del Framing a la cobertura de la corrupción política en Argentina (1991-1996), tesis de doctorado, Universidad de Navarra, Facultad de Comunicación, p. 338.

² Entre ellos, investigaciones sobre privatizaciones de Entel, Aerolíneas Argentinas, el sistema ferroviario y las concesiones de peajes; sobre la privatización de la actividad minera en La Rioja, de Galerías Pacífico y sobre las sospechas de corrupción en el gestión municipal de Carlos Grosso, especialmente en el caso de contratación de la empresa de limpieza Manliba.

³ Además del caso Yabrán, los casos IBM-Banco Nación, el desvío de armas a Croacia y la explosión de Río Tercero y la "mafia del oro" pueden inscribirse en esta categorización.

⁴ Poco tiempo, Álvarez presentó un documento en el mismo sentido fiscalizador de la política. En "Argentina sin ley" relevaba diferentes denuncias en las que se incorporaban las acusaciones contra Yabrán.

⁵ Quienes figuran en la tapa de "Argentina tiene ejemplos. Otro país es posible".

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Recibido: 13.12.12
Revisión editorial: 07.04.13
Aprobado definitivamente: 12.07.14