DIMENSIONES DEL TRABAJO: IMAGENES Y MAGNITUDES

De pobrezas y persistencias… Un estudio de caso sobre la pobreza urbana en Gran San Miguel de Tucumán (Argentina) en los inicios del siglo XXI*

Of Poverty and Persistences ... A case study on urban poverty in Gran San Miguel de Tucuman (Argentina) at the beginning of the XXI century 

De pobrezas e persistências… Um estudo de caso sobre a pobreza urbana em San Miguel de Tucumán (Argentina) nos inícios do século XXI 

 

Alejandra Carolina del Castillo**

** Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Tucumán. Instituto Superior de Estudios Sociales (CONICET-UNT). E-mail: delcale@hotmail.com

 

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RESUMEN

El Gran San Miguel de Tucumán, la ciudad intermedia más importante del Noroeste Argentino, atravesó un acelerado crecimiento poblacional junto a un proceso de expansión de la pobreza, que se hizo significativo durante los primeros años del siglo XXI. El devenir de la agroindustria azucarera -principal actividad económica de la provincia- y las políticas económicas de corte neoliberal implementadas en las tres últimas décadas del siglo XX incidieron, entre otros, sobre dicho proceso.
En este contexto se seleccionó una de las áreas de mayor incidencia de la pobreza del aglomerado - el barrio denominado Juan Pablo II-, para indagar las características que asumen sus privaciones, los factores estructurales y la intervención del Estado en este entramado de persistencias de la pobreza.
Se utilizan como fuentes de información el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de los años 2001 y 2010, y las respuestas de entrevistas semiestructuradas, realizadas a una muestra de hogares en dicho barrio.
Los resultados evidencian las dificultades estructurales de la población estudiada para superar las condiciones de pobreza frente a las restricciones del mercado de trabajo y la ausencia de políticas habitacionales. El Estado se hace presente -como resultado de las críticas condiciones de vida y la demanda de sus habitantes- mediante distintos programas, que no revierten el deterioro social, sino que sólo consiguen la satisfacción de umbrales mínimos de necesidad.

Palabras clave: Pobreza urbana; Gran San Miguel de Tucumán; Problemas de empleo; Hábitat

ABSTRACT

The Great San Miguel de Tucumán, the most important of Northwest Argentina intermediate city experienced rapid population growth, with an expansion of poverty, which was significant in the early years of the century XXI. The development of the sugar industry, the main economic activity of the province, and neoliberal economic policies implemented in the last three decades of the twentieth century affected, among others, on this process.
In this context, was selected one of the areas with the highest incidence of poverty of the aglomeratte, the neighborhood called John Paul II to investigate the characteristics of these deprivations, structural factors and intervention in this framework of persistence of poverty .
They are used as sources of information to the National Census of Population and Housing 2001 and the results of semi-structured interviews with a sample of households in that neighborhood.
The results show the structural difficulties of the study population to overcome poverty facing restrictions in the labor market and the lack of housing policies . The state is present as a result of the critical conditions of life and the demands of its citizens through various programs that do not solve the social deterioration and only ensure the minimum thresholds of need.

Keywords: Urban poverty; Gran San Miguel de Tucumán; Employment problems; Hábitat

RESUMO

Gran San Miguel de Tucumán, a cidade intermédia mais importante do Noroeste Argentino, atravessou um acelerado crescimento da povoação junto a um processo de expansão da pobreza que se tornou significativo nos primeiros anos do século XXI. O devir da agroindústria açucareira, principal atividade econômica da província, e as políticas econômicas de corte neoliberal implantadas nas três últimas décadas do século XX incidiram, entre outros, nesse processo.
Neste contexto foi selecionada uma das áreas de maior incidência da pobreza, o bairro chamado João Paulo II, para pesquisar as características que assumem suas privações, os fatores estruturais e a intervenção do Estado nesta persistência da pobreza.
São utilizados como fonte de informações o Censo Nacional de Povoação, Lares e Moradas do ano 2001 e os resultados de entrevistas semi-estruturadas realizadas a uma amostra de lares nesse bairro.
Os resultados evidenciam as dificuldades estruturais da povoação pesquisada para superar as condições de pobreza face às restrições do mercado de trabalho e a ausência de políticas habitacionais. O Estado está presente, como resultado das condições críticas de vida e a demanda de seus moradores, através de distintos programas que não revertem o deterioro social, mas só atingem a satisfação de umbrais mínimos de necessidade.

Palavras-chave: Pobreza urbana; Gran San Miguel de Tucumán; Problemas de emprego; Habitat

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SUMARIO: 1. Introducción; 2. Aspectos teóricos y metodológicos; 3. Barrio Juan Pablo II en el Gran San Miguel de Tucumán; 4. ¿Vivir siempre en la precariedad habitacional?; 5. Cuando con el trabajo no alcanza; 6. Conclusiones; 7. Bibliografía; 8. Anexo

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1. Introducción

Las transformaciones socioeconómicas que tuvieron lugar en las ciudades latinoamericanas durante las últimas décadas del siglo XX provocaron la expansión e intensificación de la pobreza¹. Este proceso implicó la propagación de asentamientos informales en las áreas periféricas, principalmente, junto al deterioro del parque habitacional de zonas habitadas por la clase media empobrecida².
Asimismo, los cambios operados en el mundo del trabajo -mediante la precarización de las condiciones laborales- y la orientación que adquirieron las políticas sociales -cobrando preeminencia lo asistencial- desempeñaron también un rol central en este deterioro de las condiciones de vida.
Las ciudades intermedias fueron las que experimentaron una mayor expansión de la pobreza, en tanto se constituyeron en receptoras de la población afectada por las crisis de las actividades agrarias en las economías regionales y por el desmantelamiento de la trama productiva que afectó, en gran medida, a las grandes ciudades (Vapñarsky, 1994; Velázquez, 2001). La presión ejercida por los desplazamientos poblacionales puso en cuestión sus debilidades en términos de capacidad de acogida -vivienda, infraestructuras de todo tipo, etcétera- (Michelini y Davies, 2009).
En este escenario, el Gran San Miguel de Tucumán (GSMT), la ciudad intermedia más importante del Noroeste Argentino, atravesó un proceso con características similares a las mencionadas para el escenario latinoamericano, definido por un acelerado crecimiento poblacional a la par de un proceso de expansión de la pobreza. El devenir de la agroindustria azucarera - principal actividad económica de la provincia- y las políticas económicas de corte neoliberal, implementadas durante las tres últimas décadas del siglo XX, incidieron en su progresivo crecimiento y en el deterioro de las condiciones de vida³.
Frente a estos problemas seleccionamos el barrio denominado Juan Pablo II -identificado como una de las áreas de pobreza crítica del aglomerado- para desarrollar un análisis de caso que nos permita indagar, por un lado, sobre las características de la pobreza y sus factores estructurales, y por otro, cómo interviene el Estado en este proceso. Respecto del último interrogante, se indaga la incidencia de las políticas habitacionales y de los programas de transferencia de ingresos.
El estudio se sitúa -a partir de la información relevada- en las dos últimas décadas del siglo XX, y avanza sobre la primera de década del siglo XXI. Durante este último período, con posterioridad a la crisis del año 2001, se reorientaron algunos caracteres de las políticas económicas y sociales de corte neoliberal, que dieron lugar a una importante recuperación de la economía y a un mejoramiento de los críticos niveles de pobreza. Se indaga de qué manera estas medidas modificaron el cuadro preexistente.
Los resultados evidencian las dificultades estructurales de la población estudiada para superar las condiciones de pobreza frente a las restricciones del mercado de trabajo y a la ausencia de políticas habitacionales. El Estado se hace presente -como resultado de las críticas condiciones de vida y la demanda de sus habitantes- por medio de distintos programas, que no revierten el deterioro social, sino que sólo consiguen la satisfacción de umbrales mínimos de necesidad.

2. Aspectos teóricos y metodológicos

Consideramos de importancia abordar la pobreza desde un enfoque dinámico, que analice no sólo el estado de carencia y de insatisfacción de necesidades en el que viven individuos y grupos de población, sino también la confluencia de procesos que inciden en su producción y reproducción. En este sentido la pobreza no es la suma o el agregado, más o menos independiente, de dimensiones o de aspectos parciales de privación, sino que constituye una situación estructural en la cual se encuentran determinadas familias, producto de su particular inserción en la estructura socioproductiva. Esta posición determina, en mayor o en menor medida, las posibilidades de acceder a determinados bienes y servicios (Moreno, 2009).
Esta noción implica analizar la pobreza como resultado de procesos sociohistóricos y estructurales de más larga data, y no como consecuencia de fuerzas individuales o contingentes (Álvarez Leguizamón, 2008). Esta autora sitúa las causas de su producción masiva -aunque no de manera exclusiva- en la dinámica económica de acumulación de riqueza. En su reproducción intervienen, a diferencia, factores contingentes o contextuales que permiten que ésta se mantenga y/o incremente en un ciclo continuo y persistente
"[…]en estos últimos tiempos, las causas de la pobreza masiva en América Latina se deben a: 1) la imposibilidad de generar ingresos por la vía de la condición de asalariado formal, ante el creciente uso del capital intensivo en la producción y los procesos de desjuridización de las relaciones laborales (Castel, 1999); 2) la reforma del mercado de trabajo, la flexibilización laboral o, lo que es lo mismo, la falta de cobertura de derechos vinculados al trabajo, como la seguridad social, y c) la imposibilidad de acceso a otros medios de subsistencia básicos para generar medios para la reproducción de la vida, como lo son el acceso a la tierra, el agua o el crédito" (Álvarez Leguizamón, 2007: 39-40).
Al centrarnos en la pobreza urbana resulta necesario analizar las peculiaridades de este entorno, en tanto las condiciones de privación, su devenir y las maneras de enfrentarlas difieren respecto del medio rural.
Las privaciones en las ciudades latinoamericanas se vinculan, principalmente, a las restricciones que encuentran amplios sectores de población para insertarse plenamente en el sistema productivo y las dificultades de acceso al suelo urbano y a la vivienda. Siendo el trabajo el principal medio de manutención en las ciudades, "[…] su carencia, precariedad o bajos ingresos son aspectos fundamentales para la producción de la pobreza" (Álvarez Leguizamón, 2005: 22). Por otra parte, a los pobres urbanos se les dificulta el acceso a la tierra y a la vivienda y la respuesta al problema fue -y sigue siendo- el asentamiento informal en las zonas más degradadas de las ciudades -generalmente, la periferia- en condiciones de inseguridad legal -respecto de la tenencia de la tierra- y de hacinamiento (Arriagada, 2000; Mac Donald, 2004; Ziccardi, 2008).
A nivel de las condiciones de reproducción de la pobreza urbana incorporamos el análisis de la incidencia de las políticas sociales. Estas forman parte de lo que se denomina "salario indirecto", en referencia a los gastos públicos que realiza el Estado para compensar o para complementar lo que el trabajador no logra con su ingreso personal (Barbeito y Lo Vuolo, 1992)⁴. Estas intervenciones estatales cobran creciente centralidad en la reproducción ampliada de la vida de vastos segmentos poblacionales (Soldano, 2008). Según los períodos históricos, tienen mayor o menor alcance en la gestión de la pobreza.
A nivel metodológico, en un primer momento, para analizar la magnitud de la pobreza y su distribución en el Gran San Miguel de Tucumán, y para identificar el caso de estudio, se utiliza el Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH). Esta metodología -que toma como fuente de información los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001- tiene la virtud de reconocer diferencias al interior de los hogares afectados⁵. Se emplea la intensidad del IPMH, medida que dimensiona la gravedad de las privaciones en relación al total de hogares carenciados⁶.
Una vez localizado el barrio bajo estudio, se analizan variables sociodemográficas y habitacionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHyV) 2001 y 2010 -a nivel de los radios que se corresponden con esta área- para caracterizar el contexto de privaciones, los cambios y las persistencias⁷. Cabe destacar que determinadas variables e indicadores no resultan comparables entre ambos censos debido a cambios metodológicos o porque no se encuentran disponibles. Se introducen y discuten también datos del relevamiento realizado en 2009 por el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) de la zona -denominado Eva Duarte-. Esta última fuente, cabe aclarar, no se circunscribe estrictamente a los límites barriales, comprendiendo barrios contiguos (o porciones de estos), que presentan semejanzas en cuanto a sus características socioeconómicas. Las formas de medición de las variables sociodemográficas y habitacionales son diferentes a las del CNPHyV, pero su análisis permite complementar el estudio sobre las manifestaciones de la pobreza⁸.
Finalmente, para analizar las condiciones laborales y la incidencia de las políticas sociales se realizaron entrevistas semiestructuradas a un conjunto de hogares del barrio. Se implementó una muestra probabilística y como resultado, en el año 2011, se realizaron 40 entrevistas semiestructuradas, lo cual representa el 10% de los hogares del barrio. Por las características del muestreo, cabe destacar que los resultados que se presentan y se discuten en este nivel constituyen una aproximación relativa.

3. Barrio Juan Pablo II en el Gran San Miguel de Tucumán

Los niveles críticos de privación que atraviesan los hogares localizados en el barrio Juan Pablo II forman parte de un cinturón de pobreza que envuelve al GSMT junto a algunas áreas dispersas no tan periféricas. El aglomerado comprende un conjunto de localidades distribuidas entre cinco departamentos de la provincia, incluyendo distintos municipios y comunas rurales, cuyo núcleo es la capital provincial. Su población alcanzaba en el año 2010, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), unos 800.000 habitantes. Si bien es la ciudad intermedia más importante del Norte Grande Argentino, su crecimiento y desarrollo no ha redundado en bienestar para su población. El estudio de Bolsi y Mignone (2009) identifica al GSMT en el grupo de aglomerados de esta región que concentra mayores niveles de pobreza convergente y la más baja proporción de hogares sin privación. En el año 2001 los datos censales reflejaban que aproximadamente la mitad de los hogares del aglomerado presentaban algún tipo de privación y, dentro de ese conjunto, los hogares con privación patrimonial y de ingresos eran los predominantes (Longhi, 2012)⁹.
El desarrollo de la agroindustria azucarera -principal actividad económica de la provincia-, si bien le permitió convertirse en una de las ciudades más dinámicas del interior del país, también incidió en el deterioro de las condiciones de vida de su población. Ni en los períodos de auge – mucho menos en los críticos– la economía sustentada sobre el azúcar pudo sostener a la población provincial. La gran crisis azucarera, acaecida durante la década de 1960, acentuó esta situación y produjo un proceso de migración desde las áreas afectadas por el cierre de once ingenios al GSMT, entre otros destinos menos importantes (Bolsi y Ortiz D´Arterio, 2001; Osatinsky, 2011). Como consecuencia de ello, se agravaron los problemas de empleo y de pobreza preexistentes en el referido núcleo urbano.
No obstante, la crisis azucarera no sería el único factor que habría incidido en la acentuación de los problemas mencionados. Las altas tasas de crecimiento natural de la población, tal como lo afirma Paolasso et al. (2013), también influyeron en la dinámica de la expansión urbana. Como corolario de esta situación, las políticas neoliberales implementadas desde la dictadura de 1976, pero con mayor profundidad durante la década de 1990, provocaron una expansión y una intensificación de la pobreza, que alcanzó niveles inusitados (Osatinsky, 2011).
En el crecimiento urbano del GSMT se produjeron fenómenos típicos de otras ciudades de América latina. La expansión hacia la periferia provocó, entre otras cosas, la aparición de grandesáreas ocupadas por barrios de escasos recursos -surgieron bajo la forma de asentamientos informales-, que contrastan con los barrios de las clases alta y media alta -hoy bajo la forma de urbanizaciones cerradas- (Longhi, 2012). Si bien en la actualidad muchos de estos asentamientos se encuentran consolidados -es decir, mejoraron sus condiciones habitacionales- continúan disociados, en términos socioespaciales, de la trama urbana debido a que su población tiene un acceso limitado a ciertos servicios básicos.
La figura 1 expone la distribución espacial de la pobreza teniendo en cuenta su intensidad. Se observa que en la periferia del aglomerado prevalece un cinturón de pobreza crítica, junto a la presencia de algunas islas, con umbrales que superan el 50%. Esta condición contrasta con el área central del aglomerado y con algunos sectores que se expanden en forma radial, los cuales concentran la mayor cantidad de hogares sin privación.

Figura 1. Gran San Miguel de Tucumán. Intensidad del IPMH. 2001.

Como se explicará más adelante, el barrio Juan Pablo II -denominado por sus habitantes como "El Sifón"-, pese a su antigüedad mayor a cincuenta años, se localiza en este sector de pobreza crítica. Si bien el IPMH no fue calculado en 2010, si se considera el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) este territorio tiene un 30% de hogares con alguna condición de pobreza, lo que implica una disminución del 5%, respecto de 2001¹⁰. Se ubica igualmente entre las áreas más críticas, en tanto el porcentaje de población con NBI del GSMT es de un 10%¹¹.

3.1. Historia y espacialidad
El barrio Juan Pablo II se encuentra emplazado en la zona noroeste de la ciudad, paralelo al trazado de las vías del ferrocarril Belgrano (límite norte) entre las calles Ecuador y Venezuela, extendiéndose hasta calle San Miguel (Ver Figura 1 y 2). Originalmente formaba parte de la periferia de San Miguel de Tucumán, pero por su antigüedad, quedó incorporado a la trama urbana, aunque continúa disociado en función de la accesibilidad a ciertos equipamientos, infraestructura y servicios urbanos.

Fuente: Centro de Atención Primaria de la Salud Eva Duarte. Año 2011.
Elaboración: Laboratorio de Cartografía Digital. Instituto Superior de Estudios Sociales (UNT-CONICET).
Figura 2. Mapa Barrio Juan Pablo II

El barrio Juan Pablo II surgió como una villa dentro del GSMT en tanto su ocupación respondió a la suma de prácticas individuales y diferidas en el tiempo que dio como resultado una trama muy irregular. Como numerosos barrios de la ciudad, su desarrollo se enmarca en el proceso de expansión del GSMT y de las estrategias habitacionales que despliegan los sectores peor posicionados en la estructura social para acceder al suelo urbano y a la vivienda. Los estigmas que recaen sobre su población son otro factor que incide en este proceso de relegación.
Los primeros pobladores venían de localidades del interior de la provincia y de otros barrios de GSMT. Los primeros llegaban a la ciudad en búsqueda de oportunidades laborales frente a la crisis de la industria azucarera en la década de 1960, y de las actividades ligadas a esta. Los siguientes relatos expresan estas trayectorias habitacionales:

"Mirábamos desde el cerro la ciudad, que era el gran sueño del campesino para salir adelante. Uno, desde el cerro, se hace su propio sueño. A los 17 años, mi hermana, a la que hacía mucho tiempo que no veía, me busca y me dice: vamos a mi barrio. Cuando veníamos en el colectivo, yo miraba casas preciosas y me preguntaba: "¿cuál es la mía?". Pero resulta que entramos al barrio y empezamos a ver ranchitos y ranchitos, y se me empezaba a bajar la moral. Era una casilla de madera. Me habré quedado con ella seis meses. Después conozco a un muchacho, me quedo embarazada, y no teníamos dónde vivir. No me llevaba bien con mi cuñado, porque era golpeador. Era cerca del año 1978. Entonces buscamos lona, cortamos palos del medio del monte, de la parte de atrás del Obarrio. Hemos hecho horcones y cosido las lonas, las envolvimos y las pintamos con cal. Con chapas de cartón hemos techado la casa, y con una gillette cortamos la puerta, a la que después levantamos con un pedazo de caña" (Testimonio de Irma, dirigente barrial, La Gaceta, 08/05/2011).
"Terminé la primaria [vivía en el Cadillal] y me vine a trabajar de empleada doméstica. Me quedé aquí desde los 12 años. Conocí a mi marido y me vine a vivir aquí" (Entrevista a Ana, 33 años).
"[¿Dónde vivía antes de venir al barrio?] En Monteros. [¿Por qué se vino a vivir aquí] Porque allá no había trabajo. Trabajaba en la caña" (Entrevista a Ramón, 46 años).
Quienes provenían de otros barrios del GSMT, principalmente familias recién constituidas, buscaban acceder a la vivienda propia:
"[¿Dónde vivía antes de venir al barrio?]En Barrio Echeverría. [¿Por qué se vino a vivir aquí] Mi marido estaba trabajando y lo despidieron. Pagábamos alquiler y nos pedían la casa. No nos alcanzaba la plata. Mi hermana vivía aquí" (Entrevista Ester, 76 años).
"Conseguí este terreno aquí y pensaba que podía ser dueña aunque no lo conseguí.
Donde estaba [otro barrio de SMT] también eran terrenos tomados" (Entrevista a María, 70 años).
"Mis padres buscaban casa propia" (Entrevista a Mario, 55 años).
"Vivíamos alquilando, pudimos comprar" (Entrevista Teresa, 50 años).

"No, vivía en Villa 9 de julio. Ahí vivíamos tres familias en una casa y mi papá consiguió trabajo y pudo comprar una casa aquí" (Entrevista Gabriel, 18 años).

La progresiva ocupación provocó la expansión del barrio, que llegó incluso a asentarse en las márgenes de las vías del ferrocarril (Ver Figura 2). En este proceso participaron los hijos de los primeros pobladores que a medida que formaron sus propias familias fueron ocupando nuevos terrenos cuando todavía quedaban tierras vacantes. Cuando esto ya no fue posible una parte logró comprar los derechos de posesión de otros vecinos con la finalidad de mantenerse en la zona por la importancia de las redes familiares.

"Toda la vida [¿Hace cuánto vive en el barrio?] Vivía tres cuadras para abajo. Hace 17 años me vine a vivir aquí con mi marido" (Entrevista Estela, 37 años).
"Yo vivía en mis suegros y me avisaron que estaban cerrando terrenos [La suegra vive en la parte más baja del barrio]" (Entrevista Inés, 37 años).
"Compramos [el terreno]. Vivíamos en la casa de mi mamá, vivíamos cuatro familias amontonadas" (Entrevista Andrea, 32 años).

En la actualidad, el barrio atraviesa un proceso de densificación frente a la dinámica demográfica de su población y a las dificultades de acceso al suelo urbano, aspecto que se desarrolla en los apartados siguientes. En la mayoría de los casos las generaciones más jóvenes, al formar sus familias, deben permanecer en la vivienda de los padres, e incluso en la de sus abuelos, porque no disponen de los medios para acceder al mercado de suelo formal mientras a lo que se suma que las políticas de vivienda no se dirigen a este sector de población.

3.2. Su población en la actualidad
Según los datos del CNPHyV de 2001 la población del barrio se puede estimar en unos 2.187
habitantes¹². Se trata de una población joven ya que su edad media (24,2 años) es considerablemente inferior a la del conjunto de la ciudad (Ver Anexo Gráfico 1).

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.
Gráfico 1. Pirámide poblacional Barrio Juan Pablo II

A su vez, la tasa de fecundidad general es de 134 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, porcentaje que se ubica muy por encima de la tasa correspondiente al GSMT (82,5).
El tamaño de los hogares, con 4,7 integrantes promedio por hogar, es superior al conjunto de la ciudad en correspondencia con la elevada tasa de dependencia (80%)¹³.
Otra característica significativa a partir de la fuente censal es la importante presencia de hogares complejos (34%); es decir, la convivencia con parientes lejanos y/o allegados como estrategia de los grupos más pobres para resolver la carencia de vivienda, contar con un mayor número de aportantes para afrontar los gastos y/o para la ayuda doméstica en el cuidado de niños. Alrededor del 44% de hogares responden al modelo nuclear completo, seguido por el 12% de hogares con uno de los jefes de hogar ausente y los unipersonales el 10%.
Respecto al nivel educativo de los/as jefes/as de hogar, según la información censal del año 2001, el 40,2% es analfabeto o tiene primaria incompleta. Cerca de la mitad de los/as jefe/as terminó la primaria y sólo un 2,9% tiene estudios secundarios (Ver Anexo Tabla 1).

Tabla 1. Características de vivienda en el Barrio Juan Pablo II. 2011.

Fuente: Entrevistas semiestructuradas realizadas a una muestra de hogares. 2011.

Tabla 1. Barrio Juan Pablo II. Niveles educativos del Jefe/a de Hogar o del cónyuge o mayores de 18 años

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. 2001

El porcentaje de población que conforma la Población Económicamente Activa (PEA), teniendo en cuenta los datos censales, es del 63,4%. Cerca del 60% de los ocupados es asalariado, siendo los restantes trabajadores cuentapropistas. La mayoría -más del 90%- desempeña actividades de tipo operativas y no calificadas.
Los datos sociodemográficos correspondientes al CNPHyV de 2010 registran que la población alcanza los 2.072 habitantes y la edad media es de 26,5 años. La disminución de la población se debe a la relocalización de un sector de familias que, como se explicará más adelante, se encontraba asentado en terrenos no aptos.
El tamaño de los hogares ronda los 4,6 integrantes y la tasa de dependencia alcanza el 60,2%. La caída de esta última refiere que el ciclo de vida de los hogares, en general, se encuentra en la etapa de maduración de los hijos; es decir estos alcanzan los catorce años y se insertan laboralmente para colaborar con la economía familiar y/o para cubrir sus propios gastos.
Respecto de la situación educacional de los/as jefes/as de hogar un 37,3% no terminó el nivel primario, un 41,5% sí lo culminó y sólo un 6,3% tiene formación secundaria completa. En el período intercensal no se observan cambios sustanciales, sólo a destacar un crecimiento del 3% de la terminalidad en la educación secundaria.
Los datos disponibles en la fuente censal de 2010 muestran que el porcentaje de población que conforma la PEA es del 58,5%, integrada por el 51,5% de ocupados y un 7,5% de desocupados. Por limitaciones de la fuente no se puede distinguir la calificación y la categoría ocupacional. En relación al GSMT se registra un menor nivel de ocupación, cerca de un 10%, y una mayor desocupación (una diferencia de un 2%).
Si integramos información del relevamiento realizado por el CAPS Eva Duarte en el año 2009, esta fuente registra que con respecto a las condiciones educativas de la población un 3,9% de los adultos son analfabetos y un 31,8% tiene primaria incompleta. El porcentaje restante figura como instruidos (tienen primaria completa y más). Respecto a la población en edad escolar un 12,3% no asistía mientras que el porcentaje restante se encontraba cursando, aunque no presenta una discriminación por nivel.
Sobre la condición de actividad, esta última fuente reconocía que un 23,8% de la población mayor de 14 años se encuentra ocupada; un 46,5%, subocupada, y un 29,8%, desocupada. Estos datos reflejan los problemas de empleo que enfrenta la población ya que, como se analiza más adelante, la mayoría tiene ocupaciones de tipo precarias e informales.
Los caracteres sociodemográficos descriptos ponen en evidencia ciertas condiciones de vulnerabilidad que atraviesan los hogares del barrio Juan Pablo II. Éstas influyen, de una u otra manera, sobre la disponibilidad, distribución y uso de los recursos y, por lo tanto, en la reproducción de las situaciones de pobreza. Una estructura de población joven junto a elevadas tasas de fecundidad y de dependencia tensionan la necesidad de mayores recursos (ingresos, vivienda, alimentos, trabajo, etc.) y la menor cantidad de miembros que pueden aportar en su satisfacción. El bajo nivel educativo de los jefes/as de hogar, por su parte, condiciona las posibilidades de conseguir una inserción laboral calificada, y, por lo tanto, mejor remunerada. Suele afectar también sobre los niveles que alcancen los niños y jóvenes y sus condiciones de trabajo presentes y futuras. En el período de tiempo que se analiza, la primera década del siglo XXI, no se registran cambios significativos en estos atributos.

4. ¿Vivir siempre en la precariedad habitacional?

4.1. Características habitacionales
Las viviendas tienen distintos grados de precariedad. Según la información censal del año 2001, un 37% de los hogares tenía alguna carencia en la vivienda relacionada con el material de los pisos, con la disposición de excretas o con el agua, y el 17% residía en casillas y ranchos (Ver Anexo Tabla 3). Si tomamos en cuenta el indicador de calidad de materiales, denominado CALMAT¹⁴, sólo el 24,2% de los hogares llegaba a una calidad constructiva satisfactoria, mientras que el 65,3% alcanzaba condiciones básicas y el 10,6% tenía una calidad insuficiente para cubrir las necesidades mínimas (Ver Anexo Tabla 3).
En cuanto al régimen de tenencia de la vivienda, según la información censal, el 55% de los hogares era propietario de la vivienda y del terreno (Ver Anexo Tabla 3). Sin embargo esta información es contradictoria respecto a la extraída del relevamiento del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la zona en el año 2009. Éste registra que la totalidad de los hogares no tenía acceso a la propiedad de los terrenos. Es frecuente que esta variable presente dificultades para su relevamiento debido al temor de los habitantes a posibles acciones de desalojo.
El barrio en su totalidad cuenta con acceso a la electricidad y agua corriente. Sin embargo, en relación a este último servicio, las conexiones domiciliares fueron realizadas por los propios vecinos, situación que provoca permanentes interrupciones del suministro, pérdidas de agua en las calles y falta de tensión de la red durante el verano.
La recolección de residuos y el alumbrado público se presentan deficitarios debido a que distintos sectores del barrio no presentan el amanzanado tradicional sino que se organizan a partir de pasillos. Esto impide el paso de vehículos -en este caso de los camiones recolectores-, y la instalación del servicio público de alumbrado. En el resto del barrio la recolección residuos se restringe a dos días a la semana, y sólo por determinadas calles, debido a problemas de inseguridad que se registrarían en la zona.
Los vecinos no cuentan con una escuela primaria y secundaria, debiendo trasladarse a barrios contiguos, a distancias mayores de un kilómetro¹⁵. Debido a la cantidad de población los vecinos consideran necesaria una escuela en el lugar. Localizada
Respecto del transporte público, ninguna línea urbana recorre internamente el barrio. La línea de ómnibus más utilizada (Línea 8) pasa por una de las calles limítrofes del barrio (calle San Miguel, ver Figura 2) y la otra opción para los vecinos es una línea que pasa por un barrio contiguo (Línea 101).

4.2. El proceso de consolidación del barrio y la intervención del Estado
Pese a las deficientes condiciones habitacionales que se describen en el apartado anterior, Juan Pablo II contó con una mayor presencia del Estado en lo que respecta a su proceso de consolidación¹⁶. Se afirma esta característica en relación a otros barrios asentados en diferentes núcleos duros de pobreza del GSMT. La política del Estado en otras "villas" con similar antigüedad fue de "ausencia", motivo por el cual mantienen buena parte de sus características urbanas de origen.
Es probable su actuación en este territorio se deba a su localización dentro de la trama urbana. Como se mencionó anteriormente, en su etapa fundacional tenía una ubicación periférica pero con la acelerada expansión del GSMT quedó integrada a la misma.
La sanción de la llamada Ley Corbalán en el año 1984 -Ley provincial Nº 5670 de"Erradicación de barrios de emergencia"- suscitó el primer proceso de consolidación en el barrio. Esta legislación autorizaba al Poder Ejecutivo y a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a disponer la afectación de inmuebles de su propiedad para la erradicación y/o consolidación de barrios de emergencia, pudiendo gestionar para dichos fines la cesión de inmuebles fiscales¹⁷. Se posibilitaba de esta forma que los terrenos de los barrios alcanzados por la normativa se adjudiquen en venta a sus habitantes. La mencionada ley dio lugar al plan provincial, que se aprobó en 1985, para la consolidación y/o reubicación de barrios de emergencia existentes en la provincia¹⁸. Esta política se enmarca en una orientación de orden nacional de poner en prácticas planes de regularización de los asentamientos informales (Natera Rivas, 1998).
En este marco el Estado provincial tomó posesión judicial de gran parte de los terrenos del barrio y realizó el loteo (La Gaceta, 15/04/1989). En el proceso intervino el centro vecinal ya que el plan referido establecía que las gestiones sólo se realizarían a través de los Centros Vecinales con personería jurídica.
Para poder ubicar a todos los hogares se dispuso que el tamaño de estos sea de nueve metros de frente y diecinueve de fondo. "En los [años] 80 y tanto… dividieron los terrenos. Tenían que quedar de 9x19. Nos demolieron todo" (Entrevista Elisa, 62 años).
Se conservó también el trazado de ciertos pasillos que ya existían en una parte del barrio. Se trataría de una manera de optimizar el uso del espacio que, sin embargo, generó inconvenientes de accesibilidad para los vecinos ya que no pueden transitar vehículos al igual que no acceden al alumbrado público.
En ese momento se prometió a los vecinos que iban a escriturar los terrenos y un sector llegó a pagar lo que en ese momento se le pedía. Sin embargo hasta el año 2011 seguían sin ser propietarios.
"En los años 80 dí plata, pero no me dieron el boleto de compraventa" (Entrevista Sara, 56 años).
La siguiente intervención del Estado tardó casi 20 años, situación que implicó el derrotero de gran parte de los asentamientos en el GSMT. En 1993, en la provincia se puso en práctica el plan denominado "Dignificar la Vida", con el que se pretendía brindar soluciones habitacionales a 30.000 familias de áreas rurales y urbanas. Entre sus propósitos se formulaba la radicación de los asentamientos localizados en zonas urbanizables -mediante proyectos de urbanización, apertura de calles, relocalización de lotes, la dotación parcial o total de infraestructura y equipamientos-, y la creación de un Banco de Tierras, entre otros. Sin embargo, la crisis económica que atravesó la provincia desde mediados de la década supuso la paralización del plan (Natera Rivas, 1998). Este problema no fue una cuestión aislada ya que a nivel nacional también prevalecía la política de radicación de asentamientos informales; no obstante, los recursos que se destinaban resultaban completamente insuficientes frente a su magnitud¹⁹.
Recién con posterioridad a la crisis de 2001, a nivel nacional comienzan a implementarse una variada gama de políticas habitacionales apuntando tanto a la situación de "emergencia" social como a la reactivación económica por medio del sector de la construcción (Rodríguez et al., 2007:58).
Teniendo en cuenta las características de este último período, desde 2006 en el escenario de estudio comienzan a implementarse los Programas de Mejoramiento de Viviendas (PROMEVI) y de Mejoramiento Barrial (PROMEBA). Estos se desarrollan a escala nacional sobre la base de fondos de organismos supranacionales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.
El primer programa está destinado a la terminación, ampliación/refacción de viviendas que presentan características deficitarias, tanto en aspectos constructivos, como en la superficie cubierta en relación con el grupo familiar que la habita²⁰.
El PROMEBA tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de la población con necesidades básicas insatisfechas y bajos ingresos, asentada en barrios de aglomerados urbanos con carencia de equipamiento comunitario, infraestructura básica de servicios, problemas ambientales y de regularización dominial (Romagnoli y Barreto, 2006).
Las intervenciones que se realizaron en el marco de ambos programas, y que se reflejaron en las entrevistas semiestructuradas realizadas a los hogares, fueron las siguientes:

- Construcción de módulos habitacionales (habitaciones o baños) para un sector de hogares.
- Se relocalizó una parte de los hogares asentados al borde del tendido ferroviario (64 hogares)²¹ y se avanzó con la apertura y pavimentación de algunas calles junto a la construcción de una plazoleta.
- Se extendió la red cloacal a sectores del barrio. Al momento de las entrevistas la mitad de los hogares habían accedido a este servicio.
- Se inició el proceso de regularización dominial para un sector de los vecinos. En sólo el 10% de los hogares entrevistados se había comenzado a pagar las escrituras.

El PROMEVI no alcanzó a un sector de hogares que se encuentran asentados en terrenos de propiedad privada y otro grupo cuyos terrenos no tienen capacidad de soporte por la saturación de pozos ciegos. Este último problema se origina por las deficiencias de los sistemas de tratamiento individuales de los efluentes cloacales a los que pueden acceder las familias del barrio. Generalmente consisten en cámara séptica y pozo absorbente, pero no alcanzan a cubrir los requisitos de construcción y la capacidad necesarios por lo que colapsan periódicamente.
"No podemos hacer baño porque ya no tenemos lugar para el pozo. De tantos años que vivimos aquí ocupamos todo el terreno para los distintos pozos" (Entrevista José, 44 años).
"Tenemos los pozos que no nos permiten usar algunas partes del terreno para construir" (Entrevista Elisa, 62 años).
Por otra parte, si bien los hogares beneficiarios del programa lograron mejorar la calidad constructiva de la vivienda –o bien de una parte de esta-, el problema del hacinamiento sigue presente (25%). Surge, además, el problema, como plantea Kuasñosky y Szulik (1996), de la carencia de recursos para hacerle frente a los cuidados y a las reparaciones constantes que exige la manutención de la vivienda.
Respecto al PROMEBA este no está orientado a la consolidación de todo el barrio. El sector de hogares asentados en terrenos privados no entra en la planificación y ejecución. El proceso de regularización, por otra parte, presentaba un alcance limitado (Ver Tabla 1).
Las limitaciones señaladas se constatan con los datos del CNPHyV 2010 los cuales refieren que en relación a la calidad constructiva de las viviendas sólo el 9,5% alcanza un nivel satisfactorio disponiendo de materiales resistentes, sólidos y con aislación adecuada; y cuentan, a la vez, con cañerías y de inodoro con descarga de agua. El 49,2% tiene un nivel básico en tanto no reúnen elementos adecuados de aislación o tienen techo de chapa o fibrocemento aunque sí presentan cañerías dentro de la vivienda e inodoro con descarga de agua. Por último, el 41,3% de los hogares tiene una calidad insuficiente en tanto no reúnen ninguna de las dos condiciones anteriores.
Según la calidad de los materiales sólo el 21% de las viviendas presenta materiales resistentes y sólidos en pisos y techos – se incluyen a los que disponen de cielorraso y a los no -, y el 79% restante presenta materiales poco resistentes y sólidos o de baja calidad.
Sobre el régimen de tenencia de los terrenos y la vivienda la fuente censal del 2010 registra que el 58,1% son propietarios, presentando diferencias con los datos del relevamiento del CAPS del 2009 y con los resultados de las entrevistas semiestructuradas realizadas a la muestra. Esta discordancia corresponde a que, siendo una variable sensible como ya se explicó, se encontraba en plena implementación el PROMEBA y la fase de escrituración de terrenos mediante el pago de cuotas económicas por parte de los hogares.
Sobre los servicios sanitarios esta fuente registra que 68,3% tiene descarga a la red pública cloacal y los hogares restantes a pozo ciego, a hoyo o excavación en la tierra.

5. Cuando con el trabajo no alcanza
5.1. Inserciones laborales precarias
La inserción laboral de la población del barrio Juan Pablo II se da mayoritariamente en condiciones de precariedad. Dentro de esta categoría se incluyen aquellas labores caracterizadas por la inestabilidad, por la incertidumbre respecto de la relación salarial y de otros beneficios (cobertura de salud, jubilación, salario familiar, etc.) y de su duración (Neffa, 1985). Estas características del trabajo se constituyen en un factor estructural de reproducción de la pobreza en tanto principal medio de recursos para las familias.
Para analizar el problema se utiliza la información recabada en las entrevistas semiestructuradas, distinguiendo a la población mayor de 14 años entre activos e inactivos.
Entre los activos de la población entrevistada se observa que prevalecen los asalariados (63%) en tareas de baja calificación y, en menor medida, de tipo operativas (Ver Tabla 2). En el caso de los hombres se encuentran insertos mayormente en actividades ligadas a la construcción y al sector de servicios (comercio, gastronomía, cadetería) mientras que entre las mujeres predomina el empleo doméstico. El 38% del total de asalariados se encuentra registrado, con similar distribución entre varones y mujeres; el resto atraviesa situaciones de informalidad. Si bien los asalariados formales se encuentran en condiciones más favorables, tienen niveles salariales muy bajos por el tipo de tareas que realizan -de escasa calificación- y corren riesgos de perder el empleo. A mayor calificación se espera que la precariedad laboral sea menor ya que al tener el asalariado un "valor agregado" es más difícil prescindir de él (Golovanevsky, 2003).

Tabla 2. Población Activa Barrio Juan Pablo II

Fuente: Entrevistas semiestructuradas realizadas a una muestra de hogares. 2011.

Tabla 2. Barrio Juan Pablo II. Tipo de vivienda, CALMAT y régimen de tenencia.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. 2001

Aproximadamente un tercio de los ocupados es cuentapropista, y en este grupo se destaca la participación de los varones. Se trata principalmente de changarines, vendedores ambulantes y cartoneros quienes realizan "trabajos por cuenta propia de subsistencia" -siguiendo la clasificación de Lepore y Schleser (2006)-, en tanto operan de manera independiente con recursos y productividad tan bajos que sólo llegan a cubrir la supervivencia, sin posibilidad alguna de acumulación. Un exiguo sector (3%) realiza tareas que requieren especialización; es decir, el aprendizaje de un oficio que generalmente se adquiere por la transmisión de padres -o adultos a cargo-, a los hijos. En el caso de las mujeres, el trabajo cuentapropista está relacionado con actividades como la preparación y venta de comida, la venta de comestibles o cosméticos, que se realizan en la propia casa o en el barrio.
El 4,5% de los trabajadores insertos en los programas de empleo se desempeñan en el Programa de Ingreso Social con Trabajo, que mediante la integración de cooperativas se encargan de la ejecución de obras públicas locales que demandan mano de obra intensiva, como trabajos en redes de saneamiento, infraestructura urbana y viviendas, entre otras tareas. Al momento de realizar las entrevistas cobraban ingreso de $1200 por cuatro horas de jornada laboral (otra parte se dedica a la capacitación), y podían percibir un plus por productividad de $300 y otro por presentismo de $250. En junio de 2015 el monto alcanza los $2600. En ambos períodos la remuneración percibida dista de los costos de la Canasta Básica Familiar. Esta modalidad constituye una forma precaria de empleo, ya que además de la escasa remuneración percibida, los trabajadores no tienen ninguna cobertura social ni previsional, y su contratación es temporaria.
La proporción de desocupados (8,2%) casi triplica la que registra la Encuesta Permanente de Hogares para el aglomerado GSMT- Tafí Viejo en el último trimestre del año 2011, que era del 3,82%
La población inactiva está conformada en mayor medida por mujeres que se desempeñan como amas de casa. El grupo que les sigue es el que, bajo la denominación "otros", no trabaja, no tiene jubilación, no tiene ninguna discapacidad, no estudia, ni es ama de casa. (Ver Tabla 3). Esta problemática afecta principalmente a los varones debido a que el lugar asignado a las mujeres, como responsables de la reproducción y mantenimiento de los miembros de la familia, les atribuye la identidad de amas de casa.

Tabla 3. Población Inactiva Barrio Juan Pablo II

Fuente: Entrevistas semiestructuradas realizadas a una muestra de familias. 2011.

La población que sólo estudia (21,1%) se ubica, principalmente, en la franja etaria de los 14-18 años y se encuentra cursando el nivel secundario.
5.2. El rol de las políticas sociales de transferencia de ingresos
Frente a las inserciones laborales precarias y a la desocupación, cobran relevancia los recursos brindados por las políticas de transferencia de ingresos, en tanto permiten disponer de recursos monetarios para afrontar los gastos familiares.
De acuerdo a las entrevistas realizadas, los programas de transferencias de ingresos cobran centralidad en los presupuestos y en las estrategias económicas de los hogares. Al momento de su realización ya se encontraba en vigencia la Asignación Universal por Hijo (AUH) y su acceso estaba extendido en los hogares del barrio. Tienen incidencia también las pensiones no contributivas y las jubilaciones para amas de casas. Otros programas que se encontraban en ejecución -como el Programa con Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, de promoción del microcrédito- no fueron mencionados en las entrevistas. Este mapa de los programas se relaciona con el período que tuvo lugar el trabajo de campo (año 2011).
Los programas de transferencia de ingresos surgen durante la década de 1990, asociadas a las transformaciones en el mundo del trabajo; y fueron alcanzando mayor cobertura frente a la expansión de la pobreza (Pautassi, 2010). Son impulsados por los organismos financieros internacionales, con el propósito de formar "capital humano", mediante el incentivo de una mayor demanda en educación y salud, y la generación de mayor "capital social", bajo el presupuesto de que los pobres no son portadores de estos capitales (Arcidiácono et al., 2011). Suponen, como contrapartida, ciertas obligaciones por parte de los beneficiarios en tanto se considera que los pobres deben demostrar que quieren salir de su condición y, por lo tanto, poseen voluntad de cambiar sus condiciones de vida (Zibecchi, 2008).
A partir de la década de 1990 se sucedieron distintos programas centrados en el empleo directo o transitorio, que sólo vieron modificado su nombre y algunos de sus requisitos (Arcidiácono, 2012: 47). El Programa Jefas y Jefas de Hogar Desocupado (PJJHD) desde el año 2002 es el que alcanzó el mayor número de beneficiarios en el marco de un acelerado crecimiento de la desocupación y la pobreza resultado de la crisis económica²².
El Programa Familias por la Inclusión Social, que se implementó desde octubre de 2004, también tuvo un importante impacto en tanto benefició a madres o adultos a cargo del cuidado de los hijos²³. En lugar de una contraprestación laboral los beneficiarios tenían la obligación de "preocuparse por la escolaridad y la salud de sus hijos, además de tener la posibilidad de capacitarse laboralmente". En consecuencia, se exigían controles de educación y salud de los niños y la mejora educativa de las madres que eran titulares del programa²⁴.
Un cambio cualitativo en la gestión de los programas de transferencia de ingresos, no obstante, fue la implementación de la mencionada AUH en el 2009. Esta política es destinada a las niñas, niños y adolescentes cuyos padres, tutores o curadores se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal por un salario menor al Mínimo Vital y Móvil. Implicó una mejora cualitativa en tanto que todo aquel que cumpla con las características definidas para la población receptora puede acceder a la prestación, ya que no existen ni cupos ni fechas límites de inscripción (Arcidiácono et al., 2011).
A diferencia de los programas implementados hasta el momento, esta prestación se enmarca legalmente en el sistema de seguridad social incorporando a grupos que tradicionalmente se encontraban excluidos por encontrarse fuera del mercado de trabajo formal. Por estas razones también se caracteriza la AUH como un punto de inflexión en el sistema de protección social que transformó el régimen de asignaciones familiares existente dirigido, hasta el momento, a los trabajadores formales.
Sin embargo ciertas lógicas de los programas de transferencia de ingresos persisten como las condicionalidades de educación y salud a las que se somete a las familias. Existen, en consecuencia, discusiones respecto a su carácter difuso entre las prestaciones clásicas de la Seguridad Social y los programas de transferencia tradicionales de la asistencia social.
Las Pensiones no contributivas, como se mencionó, constituyen otra forma de transferencia de ingresos con importante peso; sobre todo las destinadas a Madres de siete hijos y más, y las de Discapacidad e Invalidez. Hasta el año 2003 este sistema funcionaba de forma tal que sólo podía darse de alta una pensión a partir de una baja, lo que restringía mucho su acceso. Su reformulación en aquel año permitió a cualquier adulto mayor del país sin protección social acceder a este programa.
Por su parte en el año 2006 se diseñó un programa de transferencia de ingresos para los adultos mayores que nunca realizaron aportes o bien que les faltaban algunos años para totalizar los 30 años obligatorios y así poder acceder a una jubilación, principalmente mujeres amas de casa²⁵. Este permitió "comprar" los años de servicios faltantes a quienes no llegaban a los requeridos por la legislación vigente.
A continuación analizamos el lugar que estas ocupan dentro de la economía familiar. Se tienen en cuenta los hogares en tanto los recursos que proveen estos programas, en la mayoría de los casos, son socializados para la resolución de las necesidades y bienestar de todo el grupo. El impacto sobre las subjetividades y su vinculación o no con el mundo productivo son aspectos que no se indagaron en las entrevistadas realizadas.
La mayoría de los hogares (70%) tiene como único ingreso estable los recursos proporcionados por las políticas de transferencia de ingresos. El vínculo precario con el mercado formal de trabajo de sus miembros activos constituye a estas políticas en una fuente fija de ingresos mensuales para cubrir un piso de necesidades. La AUH es el programa que tiene mayor incidencia (64%) seguida por las pensiones no contributivas (25%), principalmente la que corresponde a Madre de siete hijos o más; y, por último a las Jubilaciones para Amas de Casa (11%).
Todos estos hogares, a excepción de un solo caso, tienen al menos un miembro ocupado informalmente. En la mayoría de las situaciones recurren al trabajo complementario de distintos integrantes (54%).
En otra categoría podemos agrupar los hogares que combinan ingresos provenientes del empleo formal y de las políticas de transferencia de ingresos (7,5%). Esta opción es posible para los grupos familiares que tienen hijos mayores de 18 años que ingresan al mercado de trabajo, o los compuestos por distintos núcleos²⁶. Esta combinación engrosa el presupuesto estable de los hogares permitiendo una mayor planificación y adquisición de bienes.
Luego se ubican las familias que no reciben ningún tipo de beneficio porque algunos de sus miembros se encuentran insertos en el mercado formal de trabajo. Generalmente son hogares nucleares con hijos en edad escolar y donde uno de los cónyuges se encuentra empleado. Sólo el 15% presenta esta situación. Cabe destacar que sin importar que compartan iguales condiciones de vida con el resto de hogares - en la mayoría de los casos se desempeñan en los sectores más deteriorados del mercado de trabajo (servicios, construcción, empleo doméstico) y realizan actividades de baja calificación- no pueden acceder a este tipo de beneficios.
Por último se encuentran los hogares que, estando fuera del mercado formal de trabajo, tampoco acceden a los programas de transferencia. Es la situación de los hogares unipersonales y los que tienen hijos mayores de 18 años, que en estos casos no son beneficiarios de ningún plan (0,8%)²⁷.

6. Conclusiones

Pudo observarse que el barrio Juan Pablo II constituye un núcleo de pobreza crítica con una antigüedad de más de medio siglo. Esta persistencia plantea y refuerza la necesidad de considerar las condiciones que la producen y reproducen.
Las precariedades habitacional y laboral componen dimensiones estructurales de la pobreza urbana en el escenario estudiado. La lógica de producción de la ciudad restringe el acceso al suelo y a la vivienda a los sectores peor posicionados en la estructura social. Como resultado, éstos recurren a la ocupación de terrenos vacantes en la periferia de la ciudad en condiciones de informalidad y precariedad. Lejos de tratarse de situaciones transitorias se constituyen en condiciones de permanencia en la ciudad.
Las restricciones del mercado de trabajo, de manera vinculada, no permiten acceder al empleo formal y a la reproducción en niveles satisfactorios con medios y recursos propios. Las ocupaciones de tipo precarias e informales son, por lo general, las únicas posibilidades para sobrevivir. Estas, en un contexto de crecientes ofertas y necesidades de consumo, resultan cada vez más limitadas para garantizar los umbrales mínimos.
Detrás de estas condiciones estructurales, son distintas las experiencias y estrategias que desarrollan los hogares para transitar y enfrentar las privaciones. Esta heterogeneidad, como se desprende del análisis de las entrevistas, se relaciona con las trayectorias residenciales y laborales de los vecinos, las formas de organización familiar y vecinal, las posibilidades de acceso a las políticas sociales, la localización de los hogares dentro del propio barrio.
La mirada puesta en las políticas sociales permitió demostrar su carácter asistencial, destinadas sólo a atenuar los efectos del creciente deterioro social y no a incidir en los aspectos estructurales de la pobreza. En el caso de las políticas habitacionales tuvieron un alcance limitado que no se corresponde con la dinámica poblacional y con la fuerte densificación y crecimiento del barrio. Incluso estas no están orientadas a extender todos los servicios y coberturas necesarias. Los programas de transferencia se dirigen a compensar la insuficiencia de ingresos, pero con prestaciones que tampoco alcanzan para hacer efectivo el derecho a un nivel de vida adecuado.
Este entramado evidencia que para amplios sectores de la población la pobreza llegó para quedarse. Los distintos ciclos económicos y políticos que se sucedieron en las últimas cuatro décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI, no revirtieron dichos patrones, incluso durante los períodos de mayor intervención del Estado. Una muestra de ello es la etapa de posconvertibilidad que se inició en el año 2003 dando lugar a una veloz recuperación de la economía sobre la base de una política devaluatoria, -acompañada por precios internacionales favorables-, junto a una política orientada al mercado interno y al consumo. En este contexto de recuperación de la actividad económica los indicadores laborales mejoraron, aunque no implicaron un cambio estructural en la matriz de inserción económico- ocupacional. En los sectores más postergados, como el caso de la población estudiada, creció la ocupación, pero en empleos de tipo precarios. La fuerte dependencia de los programas de transferencias de ingresos en dicha población devela las características del período. El carácter coyuntural de estos plantea incluso que sus condiciones de vida puedan agravarse en el caso que sean recortados.
Estas cuestiones conllevan a sostener que sin alterar los factores estructurales de la pobreza urbana amplios sectores de población están forzados a sobrevivir con niveles mínimos de subsistencia. Para enfrentar el creciente deterioro social resulta central modificar las políticas regresivas que tuvieron lugar en las últimas cuatro décadas, sobre las actividades económicas y las relaciones de trabajo.

Notas

* Agradezco las sugerencias de los evaluadores anónimos y del Editor de la Revista Trabajo y Sociedad.

¹ Cfr. Arriagada (2000); Katzman (2001); Saraví (2004); Katzman y Retamoso (2007); Bayón y Saraví (2007); Ziccardi (2008)

² En este período se produjo el progresivo empobrecimiento de los sectores medios, proceso que se plasmó en la emergencia de una nueva pobreza vinculada a la falta de recursos monetarios (Minujín, 1992; Kessler y Di Virgilio, 2008).

³ En la década de 1960 se produce una gran crisis del sector azucarero que ocasionó el cierre de once ingenios y con ello un crecimiento inusitado de la desocupación acompañado por un proceso migratorio desde las áreas afectadas al GSMT, entre otros destinos (Bolsi y Ortiz D´Arterio, 2001; Osatinsky, 2011). Con posterioridad, en el marco de las transformaciones estructurales de corte neoliberal, la actividad continuó perdiendo peso, y el crecimiento de otras actividades productivas -citrícola por ejemplo- no lograron contrarrestar o revertir dicho retroceso.

⁴ Se concibe al Estado como la entidad política que organiza el proceso de acumulación de capital. Este expresa la institucionalización política, jurídica, militar e ideológica de las relaciones sociales capitalistas. Cuenta, para ello, con medios de consenso y coerción, que les permiten instituir mecanismos que desplazan de las instancias productivas particulares el enfrentamiento directo propio de la lucha de clases (Iñigo Carrera, 2004).

⁵ El IPMH se calcula a partir de un indicador de condiciones habitacionales (CONDHAB) y otro de capacidad económica del hogar (CAPECO). El primero combina características de los materiales constructivos y de la infraestructura sanitaria que componen la vivienda (hogares con piso de tierra, techos sin cielorraso -de chapa, fibrocemento, plástico, cartón, caña, tabla, paja con barro, paja sola- y que carecen de inodoro con descarga de agua). El segundo se aproxima al nivel de ingresos del hogar combinando los años de educación formal aprobados por los perceptores de ingresos y la cantidad total de miembros del hogar. El IMPH, partiendo de estos indicadores, distingue cuatro categorías de hogares: 1). Hogares que sólo sufren de carencia patrimonial; 2). Hogares que sólo sufren de carencia de recursos corrientes; 3). Hogares que sufren de ambas carencias, que en la jerga del INDEC se denominan hogares con privación convergente; 4). Hogares que no sufren de carencias. Para más detalle sobre la construcción del IPMH ver Gómez et al. (2003).

⁶ La intensidad se calcula relacionando la proporción de hogares que tienen privaciones convergentes con respecto al total de hogares con privaciones.

⁷ Los radios censales son las unidades de análisis con mayor nivel de desagregación del censo, comprendiendo un conjunto de 300 viviendas aproximadamente.

⁸ Los relevamientos del CAPS para describir las condiciones educacionales de la población adulta distingue entre analfabetos, primaria incompleta e instruidos sin discriminar en ésta última categoría los niveles alcanzados. De igual manera al considerar a la población en edad escolar divide los que asisten de los que no sin el detalle de los niveles. Cuando examina la condición de actividad divide entre ocupados y subocupados, es decir, entre aquellos que trabajan más de 35 horas semanales y entre quienes, de manera involuntaria, no pueden hacerlo. A nivel de los desocupados capta a la población que declara está buscando trabajo.

⁹ Los hogares sin privación alcanzan el 50,3%, los que sólo tienen privación de recursos corrientes 14,6%, los que atraviesan privación patrimonial 16% y privación convergente 19,1% (Longhi, 2012).

¹⁰ El método de las NBI reconoce, a diferencia del IPMH, carencias vinculadas a la pobreza estructural como condiciones de vivienda deficitaria y bajo nivel educativo.

¹¹ GSMT también registra una disminución del 5% de población con NBI respecto del 2001.

¹² Hasta la fecha no se cuenta con información desagregada del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010.

¹³ El promedio de hijos por hogar en el GSMT es 3,6 personas.

¹⁴ Considera los materiales predominantes de los componentes constitutivos de la vivienda (pisos, paredes y techos). Estos se evalúan y categorizan con relación a su solidez, resistencia y capacidad de aislamiento térmico, hidrófugo y sonoro. Se incluye la presencia de determinados detalles de terminación: cielorraso, revoque exterior y cubierta del piso (Olmos et al., 2003).

¹⁵ En el caso de la primaria, asisten a las escuelas Miguel Lillo -ubicada en barrio El Bosque- y Manuel Arroyo y Pinedo -en Villa Urquiza-; y para la secundaria, van a las escuelas Comercio Idelfonso de las Muñecas -situada en Villa Muñecas- y, nocturna, Silvano Bores -en barrio El Bosque-.

¹⁶ Al hablar de consolidación nos referimos a la existencia de calles con cordón cuneta, desagües pluviales y transitabilidad; al tendido de redes de agua potable y de energía eléctrica, al ingreso del servicio de autobuses, al suministro de recolección de residuos, al establecimiento de escuela, Centro Asistencial, entre otros servicios sociales (Cardoso Magalhães y Ortiz de D´Arterio, 2010).

¹⁷ Se consideraba barrios de emergencia a los grupos de 15 viviendas como mínimo, de carácter precario, ubicadas en terrenos de propiedad privada, del fisco provincial, nacional o municipal.

¹⁸ Ver Gómez López, 2000.

¹⁹ "[…] la propuesta estatal para las ocupaciones irregulares fue en la década de los 90 la radicación, para lo cual se fijaron las normas jurídicas, aunque insuficientes, que permitieron el comienzo de la prosecución de este objetivo" (Cravino et al., 2002: 121).

²⁰ Las acciones se direccionan a viviendas localizadas en terrenos no inundables, con dominio saneado y que presenten al menos una de las siguientes características: carecer de baño instalado, carecer de provisión interna de agua por cañería, carecer de terminaciones adecuadas en pisos, paredes y techos, carecer del número de habitaciones para el grupo familiar.

²¹ Se los relocalizó en otro barrio construido por el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) en un predio cercano al barrio.

²² El PJJHD fue arrancado por las luchas sociales sobre todo del Movimiento Piquetero (Svampa y Pereyra, 2003).

²³ En ese momento el gobierno nacional buscaba distinguir entre la población beneficiaria del PJJHD que tenía posibilidades de empleo -y debía continuar en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social-, y quienes -no reuniendo condiciones de empleabilidad- serían incorporados a los programas destinados a la atención de grupos vulnerables, la mejora de ingresos y de desarrollo humano "creados o a crearse en el Ministerio de Desarrollo Social" (Decreto 1506/2004).

²⁴ El Ministerio de Desarrollo Social en setiembre de 2006 informó que 90.284 beneficiarias del PJJHD habían pasado al Programa Familias. Estimaba que en 2007 se llegaría a la meta de 400.000 receptores mientras que la cifra alcanzada, en dicho año, fue de 700.000 familias (CELS, 2007).

²⁵ Las mujeres, debido a la responsabilidad del trabajo reproductivo del hogar, no logran ingresar formalmente al mercado de empleo, y por ende no pudieron realizar aportes previsionales

²⁶ Conviven bajo el mismo techo padres e hijos con sus familias.

²⁷ Los jóvenes, en estos casos, tampoco accedieron a ningún programa.

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Fuentes consultadas

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- Diario La Gaceta. "Usted sale del rancho y sale de la marginalidad. 08/05/2011, Recuperado de http://www.poblacionysociedad.org.ar/index.php?go=3

Recibido: 09.12.14
Aprobado: 02.07.2015