MUJERES Y JOVENES: ESCENAS Y PROCESOS

Territorios de violencia patriarcal: doce años de femicidios en Santiago del Estero (2002:2014) 

Territories of patriarchal violence: twelve years of femicides in Santiago del Estero (2002:2014) 

Territórios da violência patriarcal: doze anos de femicides em Santiago del Estero (2002:2014) 

 

Cecilia Canevari* y Rosa Isac**

* Investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Integrante del Grupo Género, Política y Derechos. Lic. en enfermería (UBA), Mag. en Género (UNR) y Doctoranda de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, orientación en Género. Correo electrónico: cecaneva@unse.edu.ar
** Directora de la Dirección de Género de la Provincia. Secretaría de Derechos Humanos. Investigadora asociada del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Lic. en Trabajo Social (UNSE). Diplomada Superior en Ciencias Sociales con mención en Género y Políticas Públicas (PRIGEPP -FLACSO). Tesista de la Maestría en Género, Sociedades y Políticas. (PRIGEPP -FLACSO). Correo electrónico: rosaisac@hotmail.com

 

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RESUMEN

Este trabajo se propone un acercamiento al fenómeno de la violencia extrema contra las mujeres (y mujeres trans) en Santiago del Estero. Para tal fin, se analiza una base de datos (2002-2014) que contiene la información de aquellas que fueron asesinadas y las características del crimen. Las fuentes consultadas para la construcción de la misma son dos periódicos locales. Luego para las comparaciones de alcance nacional se recurre a la información publicada por La Casa del Encuentro (ONG) que realiza esta tarea desde el año 2008. Santiago del Estero tiene la tasa de femicidios más alta del país y duplica a la media nacional. De modo que a partir de esta evidencia empírica se busca profundizar la comprensión. A su vez se presentan los marcos legales vigentes y una enumeración de las políticas públicas referidas a la violencia contra las mujeres desde los tres poderes de gobierno. Dentro del contexto histórico estructural santiagueño se proponen algunas hipótesis y finalmente se expone una aproximación a las teorías feministas que son claves para la comprensión de los fundamentos patriarcales que sostienen la subalternización femenina en nuestras sociedades.

Palabras clave: Femicidios; Violencia patriarcal; Santiago del Estero; Tasa femicidios.

ABSTRACT

This paper presents an examination of the phenomenon of extreme violence towards women (and transwomen) in Santiago del Estero. Towards this end a matrix of data is analyzed that contains the information of women who were murdered, and the characteristics of the crimes. The sources of information for the crimes are two local newspapers. To make a comparison to national rates of crime, data published since 2008 by La Casa del Encuentro (ONG) is presented. Santiago del Estero has the highest rate of female murders in the whole nation, doubling the national rate. Through this comparison of empirical evidence a deeper understanding of the problem is sought. Also, the existing legal framework and public policies of the three branches of government concerning violence towards women are given. From within Santiago's historic structural context some hypotheses are proposed, and finally an approach is set forth using feminist theories that are key to understanding the patriarchal foundations that sustain the subordination of women in our societies.

Key words: Femicide; Patriarchal violence; Santiago del Estero; Femicide rate.

RESUMO

Este artigo apresenta uma abordagem do fenômeno da violência extrema contra mulheres (e mulheres trans) em Santiago del Estero. Para este fim, é analisada uma matriz de dados (2002-2014) que contém a informação de aqueles que foram mortos e as características do crime. As fontes para a construção da base são dois jornais locais. Em seguida, para comparações nacionais saõ usados para informações publicadas pela La Casa del Encuentro (ONG) que realiza essa tarefa desde 2008. Santiago del Estero tem a maior taxa de femicidio no país eo dobro da média nacional. Assim, a partir desta evidência empírica procura-se aprofundar o entendimiento. Dos três ramos do governo, são apresentados os quadros jurídicos existentes e uma lista de políticas públicas relacionadas com a violência contra as mulheres. Dentro do contexto histórico santiagueño estrutural algumas hipóteses são propostas e, finalmente, uma abordagem para as teorias feministas que são fundamentais para a compreensão dos fundamentos subjacentes à subalternização das mulheres nas nossas sociedades patriarcais está exposto.

Palavras-chave: Femicidios; Violência patriarcal; Santiago del Estero; Taxa de feminicídio

Licencia Creative Common http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

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Sumario

1. Introducción; 2. La acción del Estado: leyes e instituciones especializadas; 3. Acuerdos (y desacuerdos) conceptuales; 4. Los femicidios en Santiago del Estero; 5. Un acercamiento al contexto histórico estructural santiagueño; 6. Aproximaciones teóricas a las relaciones de poder; 7. Algunos cierres y otras aperturas; 8. Anexo; 9. Bibliografía.

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El hombre más oprimido
puede oprimir a un ser que es su mujer.
Flora Tristán

1. Introducción¹

La violencia contra las mujeres es un fenómeno cuyos orígenes se pierden en una historia remota, pero que desde hace más de cuatro décadas ha comenzado un proceso de creciente visibilización. Un asunto recluido en el espacio privado, se hizo público; un asunto considerado personal, cobró una dimensión política y se ha incorporado también como problematización teórica. Ha despertado numerosas acciones dentro del movimiento feminista, que resultaron en avances legales y de políticas a nivel internacional, que se traducen luego en los estados nacionales y provinciales, aunque las respuestas integrales y efectivas son desiguales según gobiernos, poderes y geografías. Porque la disputa cultural por la garantía de las leyes es también hacia el interior de las instituciones públicas y sus funcionarios/as.
Violencia de género, contra las mujeres, violencia patriarcal o falocéntrica son algunas de las denominaciones a partir de las cuales se la conceptualiza. Hasta hace poco tiempo también se la nombró como violencia doméstica o familiar, modos que paulatinamente se han ido dejando de lado porque opacan la realidad de que son las mujeres quienes en su mayoría sufren violencia y que quienes la ejercen son mayoritariamente varones. Y que las violencias a las que son sometidas tienen expresiones particulares que ameritan leyes específicas con políticas públicas dirigidas a su prevención y erradicación. Estos diferentes enfoques ponen en evidencia la complejidad del fenómeno que según algunas estimaciones muestran que el 35% de las mujeres del mundo ha sufrido violencia por parte de su pareja o violencia sexual por parte de terceros en algún momento de su vida (OMS, 2014).
El marco de realización de este trabajo es un proyecto de investigación denominado La violencia con base patriarcal hacia las mujeres y el conflicto entre tradición y modernidad. Santiago del Estero 2002-2012. El objetivo de este artículo es presentar en primer término, el marco legal referido a la violencia contra las mujeres y el femicidio, junto a los procesos de institucionalización de la problemática en el Estado provincial. Para un acercamiento al tema en Santiago del Estero y en el país, se expone un análisis de información referida a las mujeres asesinadas, y finalmente se hacen algunas aproximaciones teóricas que apuntan a la comprensión de las relaciones de género en contextos patriarcales.
La violencia y el sometimiento de las mujeres (y aquellas personas asociadas a lo femenino) por parte del patriarcado, son visibles en una primera instancia a través de sus manifestaciones institucionalizadas que dan cuenta de su característica estructural: las religiones, el Estado (la policía, la escuela, la justicia, el hospital), la familia. Se expresa en una escala de gradientes que va desde la sutileza de la violencia simbólica, verbal, gestual o moral, hasta la crueldad física respondiendo a dispositivos que al ser constitutivos, tienen arcaicos anclajes patriarcales que dan cuenta de la larga historia que acompaña a estas prácticas. De esta manera un aspecto asociado es la invisiblilización y la naturalización de la misma, tanto por parte de quienes la ejercen como por parte de las mujeres que enfrentan dificultades para el reconocimiento y el reclamo de sus derechos. Nos referimos al patriarcado como una estructura social que marca las diferencias entre los varones y las mujeres y jerarquiza lo masculino sobre lo femenino. Simultáneamente opera como un dispositivo que está dentro y fuera de cada uno/a de nosotros/as, nos aprisiona, dirige nuestras acciones y nuestros deseos (Segato, 2009). El resultado es una sociedad centrada en la figura del varón y con las mujeres subalternizadas real y simbólicamente y en consecuencia es productor de diferentes formas de violencias. En este orden existe también una alianza entre los varones que opera a modo de cofradía, y que se sostiene cooperativamente ante las amenazas al orden establecido (Fontenla, 2009). Y si bien es posible hablar de la universalidad del patriarcado como organización social jerarquizante, es verdad que las características del mismo no se replican con la misma intensidad y los dispositivos vigentes que sostienen la reproducción varían, analizados desde una perspectiva histórica y cultural, con diferencias territoriales, generacionales,étnicas, demográficas y donde intervienen también las subjetividades.
La forma más cruel² de la violencia es aquella que termina con la vida de las mujeres. El asesinato es el fin de una vida que posiblemente ha estado marcada previamente por diferentes formas de violencia y es la punta de un iceberg que deja oculto bajo las aguas, otras múltiples expresiones cotidianas que la sostienen o justifican. Para poner claridad sobre estas incertidumbres, nos hemos propuesto reconstruir una serie de datos basada en información periodística referida a mujeres asesinadas, que contenga una secuencia con un número suficiente de años, que permita dimensionar las características de los femicidios en la provincia.
El primer esfuerzo de recopilación de esta información en nuestro país, es el que lleva adelante La Casa del Encuentro (2013)³. A partir de esta primera fuente desde el equipo del INDES se realiza un cotejo con los periódicos locales y un posterior seguimiento de los casos que abarca desde el año 2008 al 2014. Simultáneamente, el equipo de la Dirección de Género de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia lleva adelante un trabajo de investigación también en archivos de prensa para rastrear los casos tomando como punto de partida el año 2002⁴, para cumplir con compromisos políticos contraídos (Enríquez e Isac, 2014). Es a partir de estos tres trabajos que se ha construido una base de datos sobre femicidios que al unificarse, se cotejan, corrigen y ajustan. La información proviene exclusivamente de los dos principales periódicos de la provincia: El Liberal y Nuevo Diario. Para hacer las comparaciones con otras provincias, contamos con los informes de La Casa del Encuentro cuyas indagaciones tienen alcance nacional.
Con estos antecedentes y en el marco de un convenio firmado entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santiago del Estero y la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se dispone de una serie de doce años de femicidios en la provincia (2002-2014). Estimamos que posiblemente existe un subregistro⁵, pero de igual manera se logra el objetivo de contar con una aproximación a esta realidad preocupante que posibilita un primer análisis e interpretación. Como punto de partida del problema, la información producida muestra dos aspectos que merecen particular atención. Uno es la ubicación de Santiago del Estero en el escenario nacional con una tasa dos veces y media mayor al promedio y el otro es la importancia relativa que tienen los casos ocurridos en el interior (62,2%) y en las zonas rurales (33,1%) de nuestra provincia.
Aún persisten serias dificultades para elaborar estadísticas confiables que registren la magnitud de estos crímenes tanto en nuestro país como en otros países de la región⁶. Ante el interrogante sobre la existencia de un crecimiento cuantitativo del problema caben distintas respuestas posibles. Una es que la mayor visibilización social del tema resulte en una mayor cobertura de los medios de comunicación; y otra que no podemos descartar, es que efectivamente haya habido un crecimiento de la violencia.
Los asesinatos de mujeres generan acciones de repudio social con diferentes dimensiones. En este contexto se comprende la convocatoria y sorprendente respuesta que tuvo la marcha del 3 de junio del 2015 con la consigna de #Ni una menos. Surge por la iniciativa de dos periodistas feministas que lanzan una propuesta que rápidamente se expandió por las redes sociales y los medios de comunicación. Las fotos con el cartel que contenía la consigna se repitieron y figuras, públicas o no, expresaron su adhesión. Durante los primeros meses de este año habían sucedido varios femicidios en el país, algunos de ellos con mucha crueldad hacia jóvenes casi niñas. Esto desató la indignación que se hizo colectiva y logró una movilización que se multiplicó en cada ciudad, en cada pueblo de nuestro país y que también cruzó las fronteras hacia países vecinos. La marcha surge con una consigna muy simple que contiene un mensaje contundente, que se escribe en los cuerpos de las mujeres vivas, un mensaje de respeto, de derecho a la autonomía, a la libertad. Dirigido a los femicidas (reales o potenciales), pero también hacia el patriarcado o el machismo que se asienta sobre diferentes expresiones de violencia, no sólo aquellas que llevan a la muerte, sino también el acoso callejero, la educación de las niñas como princesas, los cuerpos expuestos en los medios de comunicación y tantas otras.
Inmediatamente después de la marcha se produjeron en Santiago varios casos de violencia extrema, frente a los cuales los/as vecinos/as intervinieron ante el pedido de auxilio de la víctima y lograron detener al violento. Allí donde las instituciones del Estado no estuvieron, la comunidad actuó como cuidadora. Pero también sucedió que dos mujeres jóvenes fueron asesinadas por su ex pareja a pesar de que habían hecho denuncias policiales, que había intervenido la justicia con medidas de protección y a pesar también del cuidado de las familias. Ambas se habían separado por el maltrato que recibían. Una fue asesinada en el campo en la casa de los padres y otra en la ciudad en su propia casa, ante a dos hijos pequeños que también fueron duramente agredidos por su padre.
2. La acción del Estado: leyes e instituciones especializadas
Ante esta situación preocupante y en respuesta a las demandas de los movimientos de mujeres y feministas, el Estado nacional y los estados provinciales han puesto en marcha una serie de medidas y recursos para poner freno a la violencia contra las mujeres, dando cumplimiento así a acuerdos internacionales suscriptos en el marco de la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994). Allí se define la violencia contra las mujeres como "cualquier acción o conducta basada en su género, que cause daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico".
En el mes de mayo del 2009, de manera conjunta los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las provincias de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca suscribieron un acta compromiso para el abordaje de la problemática de la violencia contra las mujeres a través de respuestas integrales y coordinadas a partir de cuatro principios fundamentales: prevenir, proteger, intervenir a tiempo y reconstruir la vida de las víctimas. Como veremos, los tres poderes han desarrollado respuestas programáticas, pero estos esfuerzos del Estado no parecieran ser suficientes y lejos de provocar una disminución del fenómeno, se observa un número importante de denuncias⁷, de demandas de protección por parte de las mujeres y de femicidios cometidos por parte de personas del entorno próximo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación crea ese mismo año, la Oficina de Violencia Doméstica con el objetivo de vehiculizar las causas judiciales iniciadas por las mujeres víctimas y a nivel local, el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero se hizo eco de esta iniciativa y creó en el Poder Judicial la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer⁸.
En el ámbito del Poder Ejecutivo provincial se jerarquiza el Programa de Atención Integral a Mujeres víctimas de las Violencias (creado en el 2004), pasando a ser Dirección de Género en el año 2010, con el propósito de ejecutar políticas destinadas a la protección y prevención de las violencias como así también a la promoción de derechos y de políticas de igualdad. En el marco de este espacio se elabora de manera conjunta con diversos actores sociales un Plan Provincial de Políticas de Género, se realizan campañas de difusión de derechos y de visibilización de la problemática, se crea el primer servicio del país de patrocinio letrado a mujeres en situación de violencia como garantía de acceso a la justicia, y se firma un convenio marco con la Nación para la construcción de un hogar de protección integral.
En el ámbito legislativo, en el mismo año 2009 en nuestro país se sancionó la Ley Nacional N° 26.485, denominada de "Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales". Santiago del Estero, adhiere a la misma en el año 2011 incorporando al texto cuestiones procedimentales adecuadas a la realidad provincial (Ley Nº 7.032). Esta ley nacional aporta una conceptualización de la violencia contra las mujeres que resulta clarificadora de la cuestión. Allí se la define como "toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes". En su artículo 5º la clasifica en diferentes tipos: física (se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física), psicológica (la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación); sexual (cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres); económica y patrimonial (se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer) y por último la violencia simbólica (la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad).
En el artículo 6º explica las diferentes modalidades en que se manifiesta la violencia contra las mujeres: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica y mediática. De alguna manera cada una de estas modalidades puede encontrar su expresión en los distintos tipos ya detallados.
También en el plano legal y con el propósito de dar respuestas a la problemática de la violencia extrema contra las mujeres, en noviembre del año 2012 se hace una modificación al Código Penal. Esta ley de reformas vinculadas a delitos de género, fue sancionada con el Nº 26.791 "Ley de homicidio agravado por la especial relación del autor con la víctima" y tiene la particularidad de introducir modificaciones al Artículo 80 del Código Penal. La conceptualización de femicidio es "el homicidio de una mujer, cuando sea perpetrado por un hombre mediando violencia de género, y será reprimido con la máxima pena prevista para nuestro sistema penal, prisión perpetua (inciso 11)". Explica a su vez el concepto de femicidio vinculado como aquel cometido hacia una persona con el propósito de causar un sufrimiento a otra, con la que se mantiene o se haya mantenido una relación de pareja (inciso 12). La incorporación de esta figura es un aporte a la visibilización del fenómeno y su condena. Además desvincula al atenuante de la emoción violenta de este tipo de delitos y se considera agravante del asesinato cuando haya sido "por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o por la orientación sexual, identidad de género o su expresión".
El tiempo será quien se ocupe de mostrar si efectivamente el aumento de las penas tiene algún efecto sobre la ocurrencia del delito. Los avances legales contienen un efecto simbólico por el hecho de su debate y sanción. Pero su mayor valor y eficacia tal vez esté en el hecho de que ponen en crisis conceptos, prácticas del orden social patriarcal y en que proponen nuevas epistemes para comprender o argumentar sobre fenómenos que antes tenían otro entendimiento. Y este efecto simbólico de alguna manera habilita una mutación en las relaciones de poder entre varones y mujeres.
3. Acuerdos (y desacuerdos) conceptuales
El concepto de femicidio/ feminicidio ha sido propuesto por Marcela Lagarde a partir del trabajo de Diana Russell y Jill Radford (1992) y retomado por el movimiento feminista con el fin de otorgarle una visibilidad pública y política al fenómeno de las mujeres que mueren como resultado de la violencia. En una primera acepción se lo define como el asesinato misógino de mujeres (o personas feminizadas) cometido por varones. Logra un alcance internacional al ser utilizado para poner en evidencia la tremenda dimensión que cobraron las numerosas muertes de mujeres en Ciudad Juárez (México) como así también en otros países que le siguen en un número alarmante en Centroamérica.
Pero luego el Comité de Expertas/os de Seguimiento a la Convención de Belem do Pará propuso algunas líneas para una política penal de prevención y sanción del femicidio y evidenció cierta falta de consenso respecto a las características de este tipo de crimen. A fin de contribuir con el debate y facilitar el seguimiento del cumplimiento de sus recomendaciones en este tema, este Comité en una Declaración sobre Femicidio (2008) define este delito como:

"...la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión" (Comité de expertas ONU, 2008).

Es evidente que este es un campo que ha generado debates dentro del feminismo en sus diversas corrientes, aquellas vinculadas a la producción académica, activistas de organizaciones sociales o quienes ocupan lugares en las estructuras del Estado. Algunas posturas sostienen que para que se considere femicidio tiene que haber existido un vínculo afectivo o que solamente son aquellos perpetrados por varones. Sin embargo la definición de Belem do Pará, abre el espectro de la mirada e incorpora a todas las muertes violentas de mujeres, aunque la misma haya sido provocada por otra mujer. Además al considerar aquellas cometidas por acción u omisión del Estado, quedan incluidas en este concepto las muertes evitables que ocurren por ejemplo durante el proceso reproductivo, ya sea a causa de un aborto clandestino o por diferentes complicaciones que el sistema de salud debería haber prevenido.
Estos crímenes ya no pueden ser entendidos como hechos policiales sino como hechos políticos que nos interpelan como sociedad. Y desafían un esfuerzo de entendimiento situado en los territorios. Rita Segato (2013) destaca que para desarmar los dispositivos basados en el género, es necesario visibilizar la diversidad de los móviles y escenarios de estos asesinatos de mujeres, quebrando la decadencia de la imaginación y la voluntad de indistinción que propone ocultar sus características particulares.
En este sentido, se pueden proponer tres grandes categorías para los femicidios. Por un lado aquellos que se caracterizan por el hecho de que hubo una relación preexistente entre la víctima y el/la victimario/a y que se los denomina femicidios íntimos. Son parejas o exparejas, padres, madres, abuelos/as y ocurren por lo general en el espacio doméstico. El varón se adjudica las propiedades dentro de este ámbito y eso incluye a quienes habitan en él. Considera a la mujer parte de su patrimonio y en consecuencia dispone de ella. Como hay una relación previa seguramente la violencia ha sido reiterada en ciclos crecientes, en donde el varón, de manera ritualizada, confirma y reconfirma su masculinidad con gestos de dominación y humillación. En ocasiones hay hijos/as en común o comparten bienes, lo que de alguna manera sostiene los vínculos de dependencia. Hay una búsqueda de control territorial sobre el domus.
Diferentes son aquellos femicidios de naturaleza impersonal en donde el cuerpo de las mujeres es utilizado como objeto sexual y luego desechado. Estos últimos tienen en ocasiones complicidades políticas y policiales que encubren a los perpetradores. Rita Segato (2012) se refiere a ellos como femigenocidios y señala que contienen una dimensión comunicativa, que denomina violencia expresiva. El mensaje escrito en el cuerpo de estas mujeres, es dirigido a otros varones entre quienes mantienen pactos corporativos o disputas mafiosas. También se busca el control territorial pero en estos casos se juegan otros códigos entre facciones. En esta distinción, el hecho de comprender a los cuerpos femeninos como territorios pasibles de depredación, permite visibilizar otro fenómeno asociado estrechamente que es la trata de mujeres y niños/as con fines de explotación sexual.
La tercera categoría y la más difícil de delimitar, es aquella en la que cabe señalar la responsabilidad del Estado y sus agentes por acción u omisión. Estos casos ocurren en los ámbitos de los servicios de salud, servicios penitenciarios, comisarías, pero también por la desatención en los procesos de justicia o en las medidas de protección requeridas o ya establecidas.

4. Los femicidios en Santiago del Estero
Un hito en relación a los femicidios en Santiago del Estero son los asesinatos de Leila Bashier Nazar y Patricia Villalba, que de algún modo se transformaron en símbolos locales de cómo los cuerpos de las mujeres pueden ser utilizados para el juego y el placer de quienes detentan el poder que luego con múltiples complicidades ocultan evidencias y compran silencios⁹. De esta manera Leyla y Patricia son símbolos de un Nunca más (o Ni una menos) que quedó reflejado en las marchas de protesta que tuvieron su apogeo durante el año 2003, en la ciudad capital y que motivaron la intervención federal en la provincia.
Retomando las categorías de femicidio, estos dos casos se incluyen en aquellos que son de naturaleza impersonal y con complicidades políticas o policiales. Sin embargo la gran mayoría de los casos ocurridos en la provincia pertenecen al tipo de femicidios a partir de relaciones íntimas y preexistentes.
Si contemplamos aquellos en los que hubo omisión en el accionar del Estado, tenemos que incluir a las mujeres que mueren en el proceso reproductivo, siendo la mayoría de ellas evitables. Esta tarea es difícil de precisar, de manera que quedarán excluidos de nuestro análisis. Sólo podemos hacer un acercamiento a este fenómeno a partir de información brindada por una investigación que muestra que cada 1000 mujeres que ingresan para un nacimiento en el Hospital Regional de la ciudad capital hay 857 que ingresan por un aborto incompleto o en curso. Asimismo este trabajo señala que la razón nacional promedio de mortalidad materna entre el año 2003 y el 2011 es de 4,4 mujeres por 10 mil nacidos vivos, mientras que en Santiago del Estero para el mismo período es de 9,6 por 10 mil nacidos vivos¹⁰ (Curioni, 2014). Estas cifras permite entrever la dimensión de este grave problema que alerta sobre otro riesgo vital para las mujeres jóvenes.
La base de datos que contiene los nombres y las circunstancias que rodean a las muertes de las mujeres asesinadas ha sido construida -como ya hemos dicho- con asiento en noticias de los diarios. La lectura de las noticias, lo que ellas muestran y lo que ocultan son conmovedoras. La presentación de la noticia se ha transformado a lo largo del período estudiado y se ha dado un paso al dejar de hablar de crimen pasional para nombrar al hecho como femicidio. Recuperamos dos historias que pueden ser ilustrativas de otras tantas, y que ponen rostro a los números que presentamos. Andrea Amaya de 24 años, vivía en el Paraje Taco Bajada (Dpto. Pellegrini) y fue asesinada el 29 de octubre de 2010 con golpes de un palo en la cabeza por parte de su pareja. Él cargó el cuerpo en una zorra y la enterró junto a sus pertenencias cerca del río Horcones. La autopsia muestra que ella intentó defenderse, que tenía fracturas en los huesos de la cara, en el antebrazo derecho y en la muñeca izquierda. Tenía dos hijos, de 1 y 3 años. Su madre hace una denuncia porque ella no le atendía el teléfono y permite así iniciar la investigación policial. El homicida, cuando se vio acorralado intentó degollarse aunque no logró quitarse la vida. En el juicio el agresor relató una infancia infeliz como argumento para justificar su violencia y fue condenado a 15 años de prisión.
Eliana Yanet Ávila de 20 años vivía en Frías (Dpto. Choya). Fue golpeada y herida por todo el cuerpo por su pareja el 20 de marzo de 2012. Luego de clavarle un cuchillo en el cuello, intentó modificar la escena del crimen. La sociedad de Frías y la comunidad educativa del colegio religioso donde trabajaba el homicida, lo defendieron con el argumento de que era un joven bueno, que jamás habría podido cometer ese delito. La vida privada de la víctima fue expuesta y juzgada socialmente. Durante el juicio se argumentó que Eliana habría abortado y esto desató la furia del agresor. La justicia con fundamentos claramente misóginos le dio una pena de 21 años considerando que se trataba un homicidio simple, sin agravantes. Esto despertó la protesta sostenida de familiares y organizaciones de mujeres que se manifestaron en contra. Luego la sentencia fue revocada y renunciaron dos de los magistrados del tribunal que lo juzgó.
Estas dos breves historias dan sentido a la construcción de la matriz de datos, que oculta en la intención estadística los múltiples padecimientos previos a la muerte. En Santiago del Estero en losúltimos 12 años, entre enero del 2002 y diciembre del 2014, murieron asesinadas 149 mujeres¹¹ y 10 varones o niños, considerados femicidios vinculados¹² (que dejaremos de lado en este análisis). El promedio de mujeres asesinadas por año en este período es de 12,4 con un mínimo de 8 en el 2006 y un máximo de 18 en el 2011.

Gráfico Nº 1: Distribución de los femicidios según año de ocurrencia

Fuente: Base de femicidios (Dirección de Género e INDES). Años 2002 al 2014. Santiago del Estero.

Analizando las variaciones temporales podemos observar que en los primeros seis años de este recorte (2002- 2007) hay un número menor de casos (57) que en los siguientes seis años (2008- 2014) donde se evidencia un aumento significativo de la frecuencia (92). Tal como señalamos anteriormente, se puede estimar que a partir de la visibilidad pública y política que ha ido cobrando el fenómeno, es posible que haya un mejor registro de los casos. También es posible que surja un fenómeno de imitación, como ocurrió a nivel nacional luego del femicidio de Wanda Taddei¹³ que tuvo una gran repercusión en los medios y que posteriormente sucedieron varios asesinatos en los cuales se utilizó el fuego como arma mortal. Sin embargo y por las mismas razones enunciadas, cabe la posibilidad de que se activen mecanismos de ocultamiento para evitar que salgan en los medios gráficos, cuando pudiera haber responsabilidad directa de los organismos del Estado en otorgar garantías de protección, o cuando el femicidio está vinculado a una persona de un círculo de poder. Más allá de estas especulaciones, lo que parece expresar la serie es una tendencia al crecimiento con dos años de notable aumento de la frecuencia (2010 y 2011).
El promedio de edad de las víctimas es de 31,4 años. Los casos de violencia comienzan en la primera década de vida, incluyendo niñas, una de ellas recién nacida; aumentan abruptamente entre los 11 a 20 años, y alcanzan su máximo entre los 21 y los 30 años. En síntesis, de cada 100 mujeres víctimas de violencia, 57 eran menores de 30 años; las otras 43 tenían entre 31 a 70 años, y aunque la violencia decrece gradualmente a medida que aumenta la edad de las víctimas, los 7 casos de mujeres mayores de 61 años muestra la amplitud etárea del fenómeno, desde la primera infancia hasta la tercera edad: en las siete décadas implicadas en las edades de las víctimas coexisten cuatro generaciones.

Cuadro Nº1: Edades de las mujeres víctimas de femicidios

Fuente: Base de datos sobre femicidios (Dirección de Género e INDES). Años 2002 al 2014. Santiago del Estero.

En el 96,4% de los casos el sexo del homicida es un varón y el 73% de ellas ha sido asesinada por su pareja o su ex pareja y el resto por algún familiar cercano (padre, madre, hermano, tío, yerno, cuñado o ex cuñado, padrastro, hasta un bisabuelo). Hay un número relevante de desconocidos (10), y esto no quiere decir que no se sepa quién ha sido el homicida sino que esta información no fue difundida por los medios gráficos o está en proceso de investigación. De cualquier manera no deja de sorprender lo significativo de esta cifra que representa el 11,5% del total. De los conocidos se publicó la edad en 103 casos, y para éstos la edad promedio es de 36,4 años. En este grupo no hay menores de edad, el más joven tiene 17 años, de modo que se puede estimar que la edad de los femicidas es aproximadamente de 5 años más que la de sus víctimas.

Cuadro Nº 2: Edades de los femicidas

Fuente: Base de datos sobre femicidios (Dirección de Género e INDES). Años 2002 al 2014. Santiago del Estero.

Analizando la distribución territorial en la provincia, se clasificó en primer lugar entre el conglomerado urbano de Capital y La Banda que reúne el 38,3% (57) de los casos y el resto que ocurre en el interior con 61,7% (92). Luego se consideró también la distribución entre los territorios rurales y urbanos, allí nos encontramos que el 33,1% (49) ocurre en comunidades rurales de menos de 2000 habitantes.

Cuadro Nº 3: Distribución de los femicidios según lugar de ocurrencia

Fuente: Base de datos sobre femicidios (Dirección de Género e INDES). Años 2002 al 2014. Santiago del Estero.

La distribución de los casos en el territorio provincial, guarda relación con el total de habitantes tanto si consideramos las categorías Capital- La Banda e interior como aquellas que se basan en la cantidad de población urbana y rural. Este último porcentaje mantiene una proporción semejante con el total de población que habita en zonas rurales en nuestra provincia. Para el año 2001 Santiago del Estero tenía 804.457 habitantes (INDEC, 2001) y 272.852 vivían en áreas rurales, lo que representa un 33,9% del total de población. Este no es sólo uno de los porcentajes más altos del país, sino que a su vez dentro de este grupo, el 76% (207.268) pertenece a la categoría de población rural dispersa (Biaggi, Canevari y Tasso, 2007). Según el censo del año 2010 el total de población de la provincia es de 896.461 y el porcentaje de población rural es del 31,2%, mientras el 68,7% viven en ciudades de más de 2000 habitantes (INDEC, 2010). La población rural dispersa se mantiene elevada en relación con la agrupada.
Hay una diferencia de dos puntos entre el porcentaje de femicidios rurales (32,9%) y el porcentaje de población rural de la provincia (31,2%), o sea que la proporción de la ocurrencia de los casos en el interior y en las zonas rurales es un poco mayor que en las ciudades.
Esto es significativo porque da cuenta de la dispersión de la población en el territorio de Santiago, pero además porque cuestiona el estereotipo de que la vida en el campo es más tranquila y está protegida por las redes comunitarias. Los datos sugieren exactamente lo contrario: las comunidades rurales son territorios tan conflictivos como las ciudades, y es allí donde las mujeres enfrentan mayores dificultades para el acceso a la justicia por una diversidad de razones, personales, ambientales o institucionales. Entre ellas está el silencio autoimpuesto aprendido de los mandatos patriarcales, el relativo aislamiento geográfico, la falta de recepción de los funcionarios locales, las debilidades de las redes asociativas, entre otras. Esto plantea la necesidad de focalizar a las regiones rurales como destinatarias de programas específicos en la materia, hasta ahora un flanco débil de las políticas públicas.
Hay dos fenómenos asociados al femicidio que merecen atención. Uno es el número de niños/as huérfanos/as de madre (264 que figuran en las noticias) y con el padre preso. Los niños y las niñas también son víctimas de la violencia y hay varios casos en los que ellos/as son también asesinados/as o gravemente heridos/as en el mismo acto que termina con la vida de la mujer y madre.
El otro fenómeno que cabe destacar es la relación entre femicidio y suicidio. Los 28 casos de femicidas que luego se suicidan, más tres casos de intento sin éxito, representan el 20,8% de la serie. La edad promedio de los varones que se suicidan es de 34,1 años y con excepción de dos casos, todos son menores de 50 años. Respecto al lugar de residencia hay 15 que provienen de hogares rurales (48,3%), 16 de hogares urbanos (51,7%) y de estos últimos 10 provienen ciudades del interior de la provincia. De modo tal que el 80,6% de los varones que se suicidaron (o lo intentaron) son del interior. Esto sugiere posiblemente que el control moral es mayor en las comunidades de menor tamaño y que no resulte fácil enfrentar al grupo de pertenencia luego de haber cometido el crimen. En cambio en las ciudades más grandes el evitar dar la cara o el anonimato es un hecho posible.
El siguiente cuadro resume los modos en que han sido asesinadas las mujeres, aunque cabe señalar que la acción homicida está rodeada de múltiples expresiones en donde se combinan diferentes maneras de dañarlas, incluyendo el ensañamiento, sin diferencias notables entre los casos rurales y urbanos.

Cuadro Nº4: Número y porcentaje de modos de asesinato de las mujeres

Fuente: Base de datos sobre femicidios (Dirección de Género e INDES). Años 2002 al 2014. Santiago del Estero.

Calculando una tasa que relacione el número de mujeres asesinadas con el total de mujeres que habitan la provincia¹⁴, sabemos que son 2,79 mujeres asesinadas /100 mil mujeres entre los años 2002 y 2014. Para poder hacer la comparación de Santiago del Estero con el resto del país hacemos un recorte de una serie de 7 años (entre 2008 y 2014) porque son los datos que disponemos de La Casa del Encuentro. Para este período la tasa en la provincia es de 2,95 y la tasa promedio nacional es de 1,23 mujeres asesinadas/ 100 mil mujeres.

Gráfico Nº2: Tasas de femicidio por provincia. Período 2008-2014
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos sobre femicidios (Dirección de Género e INDES) relacionada con la base nacional de La Casa del Encuentro. Las fuentes demográficas son del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) del año 2010.

Santiago del Estero se mantiene a lo largo de la serie con la tasa más alta. En el promedio del período analizado, tiene 2,4 veces más que la media nacional, con una distancia de casi 0,7 puntos de la provincia de Salta. La distribución muestra una curva ascendente que crece abruptamente luego del umbral de 1,5 puntos. Las provincias involucradas tienen en común ser zonas de frontera-geográfica o agraria- expuestas a cambios acelerados (redes de comunicación, ingreso de capitales mineros, sojeros, agroindustriales) que afectan fuertemente a las provincias y regiones de cultura predominantemente tradicional, entre las que se encuentran Catamarca, Chaco, Salta, Formosa, Tierra del Fuego y Santiago del Estero. En todas ellas se observa el alto nivel de conflictividad entre comunidades rurales y/o indígenas enfrentadas a terratenientes, empresas y hasta funcionarios del Estado. El impacto de este proceso sobre las comunidades es sin duda grande y requiere ser estudiado, y cabe pensar que el femicidio es un indicador significativo de estas crisis.

Cuadro Nº5: Número y tasa de femicidio discriminados por provincia. Promedio del período 2008- 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos sobre femicidios (Dirección de Género e INDES) relacionada con la base nacional de La Casa del Encuentro. Las fuentes demográficas son del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) del año 2010.

Al ser un número relativamente pequeño de casos, y con un denominador también bajo -sobre todo en las provincias con menos población-, sabemos que pequeñas variaciones en el numerador pueden modificar la tasa. Es por esta razón que recurrimos a ampliar lo máximo posible el número de años de modo de disminuir los márgenes de sesgo estadístico.
Estos datos cuantitativos nos permiten dar cuenta de aquella punta del iceberg a la que hicimos referencia al inicio. Porque la muerte es el extremo de un proceso de sufrimiento de muchas mujeres que dentro del hogar viven un espacio de cautiverio real y simbólico. Y ellas nos hablan de una sociedad permisiva con los varones y de una sociedad que mantiene a las mujeres en una posición de subalternidad.

5. Un acercamiento al contexto histórico estructural santiagueño
Este análisis de los femicidios en la provincia contiene diversos aspectos que merecen atención, y requieren ser situados en su contexto. La posición de Santiago del Estero en el escenario nacional como la provincia con la tasa más alta del país sin duda despierta numerosos interrogantes. Del mismo modo cabe destacar la importancia relativa que tienen los casos ocurridos en las ciudades del interior y en las áreas rurales de la provincia.
En esta búsqueda de respuestas, una mirada histórica presenta a Santiago del Estero como una sociedad que mantiene anclajes en estructuras de patronazgo o sistema patronal desde períodos coloniales, que posteriormente se trasladan a la estancia y a los ejércitos locales (Vessuri, 1972; Tasso 2007). Esta estructura se basa en un contrato de reciprocidad en donde un patrón ofrece protección y trabajo a cambio de mano de obra, lealtad y fidelidad. Caben destacar los vestigios religiosos de este vínculo que queda reflejado en el uso del lenguaje: patrono, favores, promesas, don, señor, amo Jesús, fiesta patronal, santa patrona y que marca la "noble" desigualdad en este trato y refuerza una estructura que tendría fundamentos divinos. Con el paso de los años se mantiene el lugar del "señor" y la subordinación a su autoridad que contiene un estilo paternalista. Estas estructuras basadas en el patronazgo son patriarcales y sería posible trasladar su lógica a otras relaciones sociales, políticas o familiares que han ido imponiéndose junto a la educación religiosa, la fuerza militar o la coacción económica hasta alcanzar una validación de la subordinación que se subjetiva no sólo en la aceptación, sino también en el deseo del sostenimiento en tiempo (Tasso, 2007).
La distribución demográfica en el extenso territorio provincial se ha caracterizado
históricamente por la dispersión, el aislamiento y por la presencia de población con modos de vida campesinos o de pueblos originarios. Y esta realidad que ha estado bastante quieta durante décadas se encuentra con un acelerado proceso de transformaciones. Por un lado la tenencia precaria de la tierra, se enfrenta a permanentes amenazas por el avance de la frontera agrícola. Por otro lado el acceso a los medios de comunicación a través de los teléfonos celulares ha cambiado de modo estructural la circulación de información que se ha multiplicado, se modificaron también las maneras de expresión en el uso de la palabra que pasa de ser oral (y cara a cara) a ser fundamentalmente escrita con los mensajes de texto; siendo que hasta hace poco tiempo se dependía de mensajerías a través de las radios AM o de los escasos teléfonos públicos que existían. Los caminos han mejorado y han crecido las posibilidades de acceder a una moto o a un auto. Los/as jóvenes que hasta hace poco tiempo no alcanzaban la escolaridad secundaria, ahora lo hacen porque las distancias quedan zanjadas con los motovehículos. Otra irrupción en el ámbito rural que comienza con la llegada de la luz a amplios sectores, es el acceso a la televisión satelital con más de cien canales. Estas transformaciones que podrían considerarse vertiginosas en el ritmo de la historia, están poniendo en crisis modos de vida, regulaciones morales, normas de relacionamiento que posiblemente se presentan como disruptoras. Una hipótesis es que la transición a la modernidad dada por estos cambios económicos y tecnológicos desestructura códigos de creencias y vínculos interpersonales. Esto podría afectar de distintas maneras a las comunidades. En las áreas rurales las producciones locales están en crisis, las estrategias de la vida rural campesina y el autoabastecimiento, son reemplazados por el asalariamiento y los distintos subsidios que ofrece el Estado (Canevari, Biaggi y Tasso, 2012).
Además la historia de Santiago del Estero ha estado acompañada por procesos migratorios que han adquirido diferentes características en el tiempo y que hoy perduran con un número importante de trabajadores rurales migrantes estacionales (Tasso y Zurita, 2013). Pero también persiste el desplazamiento del campo a las ciudades en búsqueda de trabajo, vivienda, mejores servicios o de la educación para los/as jóvenes. Estas dos expresiones del mismo fenómeno migratorio, presenta algunas características que merecen diferenciación. Si los varones migran estacionalmente, son las mujeres quienes permanecen en sus lugares de origen al cuidado de sus familias, asumen gran parte de las responsabilidades y sobre ellas recae el peso de sostener al hogar. Estos roles que ocupa la mujer en ausencia del varón, deterioran la autoridad masculina y la violencia puede ser una manera de restablecerla. Y si bien es necesario afirmar que los procesos migratorios no tendrían una relación directa con la violencia, hay un impacto sobre la dinámica familiar. Los períodos de separación erosionan los vínculos de la pareja, a la vez que potencian las amenazas, reales o no, que de una u otra manera pueden afectar el honor de los varones (Marroni, 2006). La exigencia de responder a los pactos patriarcales entre varones para sostener su propia virilidad y validarla tiene consecuencias para las mujeres. Cuando el control se pierde o se teme perder, surge un sentimiento de impotencia y el restablecimiento del mismo se hace sobre el cuerpo de las mujeres y puede manifestarse en diferentes expresiones de la violencia, que en ocasiones, pueden culminar en femicidio, como un gesto extremo de recuperación del poder. En ausencia del varón la vigilancia y el control sobre las mujeres es sostenida por integrantes de las familias y/o de la comunidad. Hay algunas formas de violencia contra las mujeres que son socialmente aceptadas precisamente porque se consideran naturales (Torres Falcón, 2004).
En cambio, cuando migra el grupo familiar completo a las ciudades, o cuando el mismo se traslada a los grandes y nuevos barrios urbanos de la periferia, lo que sucede es que en estos territorios, se pierden las redes sociales y no se ha conformado aún el tejido comunitario. Las redes familiares o de vecindad han quedado lejanas y las mujeres quedan expuestas a la soledad con la consecuente vulnerabilidad.
Las transformaciones en la dinámica social, ponen en jaque a los varones que perciben que la creciente libertad de las mujeres amenaza sus privilegios, en una sociedad que convive con altos niveles de un autoritarismo que acompaña la lógica política, religiosa, las instituciones o la familia.

6. Aproximaciones teóricas a las relaciones de poder
La violencia contra las mujeres tiene su ocurrencia en un marco de relaciones de poder-subalternización vigentes en las estructuras patriarcales. Una característica que opera como una

clave de comprensión, es el hecho de que el poder se ha subjetivado y de esta manera las relaciones de género impregnan las estructuras sociales, instalándose bajo la piel y constituyendo "la mejor fundada de las ilusiones colectivas" (Bourdieu, 2000). Las relaciones entre los géneros son aprendidas e históricas y como tales sufren transformaciones de generación en generación. Como dimensión social está presente de alguna manera, en todas -o casi todas- las relaciones y los procesos sociales y en todos -o casi todos-, los objetos socialmente construidos y existentes (De Barbieri, 2003). Esta ilusión colectiva impregna las subjetividades, el mundo simbólico, las normas, la organización social, la división del trabajo, el uso del espacio y del tiempo. Es a partir de una apariencia biológica que se construye una serie de expectativas y mandatos sobre las personas. Lo femenino y lo masculino resultan en representaciones dicotómicas sostenidas colectivamente a pesar de su falsedad; en donde lo femenino queda asociado a las emociones, la pasividad, la debilidad, siendo las mujeres percibidas como incompletas y dependientes y lo masculino asociado a la razón, lo activo, la fortaleza, como seres completos e independientes. En esta lógica, si el varón es sujeto la mujer es ubicada esencializadamente como un objeto.
Las dinámicas del poder son complejas y no operan unidireccionalmente sostenidas por un eje vertical, sino que circulan sin estar localizadas o quietas en los individuos como una red de interacciones de poderes y micropoderes. Sin embargo Michel Foucault (1979:105) afirma que "nada es más material, más físico, más corporal que el ejercicio del poder, allí es donde se materializa el poder". Es en los cuerpos en donde se materializa el poder.
Rita Segato (2003:144) expresa que "una de las estructuras elementales de la violencia reside en la tensión constitutiva e irreductible entre el sistema de status y el sistema de contrato. Ambos correlativos y coetáneos en el último tramo de la larga historia patriarcal de la humanidad". Para hacer un acuerdo las partes deberían estar en condiciones de ejercer la ciudadanía de manera igualitaria y esto no ocurre prácticamente en ningún tipo de relación contractual. Una explicación para un fundamento de estas desigualdades la aporta Carole Pateman (1997) que plantea que el nuevo contrato social que funda el orden de las sociedades modernas ha sido plasmado entre varones y que las mujeres quedan asociadas al mismo por el contrato sexual. El contrato social es de libertad, pero lleva implícito un contrato sexual que es de sujeción. Las mujeres están sujetas en este contrato en tanto seres naturales y subordinadas. Y el mismo establece una relación de sujeción y de status sustentada en una historia de discriminación y desvalorización. El contrato sexual que sostiene al contrato social y lo antecede, está en la base de estas relaciones fundantes.
En este orden, el control de la autonomía, de la sexualidad y de la reproducción femenina son medulares para la perduración del mismo. Se puede señalar aquí el mensaje disciplinador que contienen las distintas expresiones de la violencia, hacia todo el conjunto de las mujeres. De este modo, cuando se quemaba una bruja durante la inquisición, el hecho tenía un efecto sobre el colectivo de las mujeres potencialmente acusables de brujería. Asimismo, la amenaza de la violación sexual en el imaginario social, determina las prácticas cotidianas del conjunto de las mujeres, sobre todo las más jóvenes y bellas. Antes de salir de su casa deciden cómo vestirse, arreglarse, por dónde caminar y con quién. Michel Foucault (2008) plantea que la mirada vigilante está interiorizada en cada individuo y su efecto es el autocontrol. Bajo estos condicionamientos no siempre es necesario utilizar la fuerza para la imposición de reglas.
La violencia contra las mujeres y la hostilidad en general encuentra un medio propicio en el desajuste entre fines y medios, que provoca distintas formas de aislamiento, sufrimiento, anomia, soledad, culpa, y eventualmente muestras de poder o venganza. Rita Segato (2003) plantea que la violencia se sostiene por dos ejes interconectados: uno horizontal que da cuenta de las alianzas, competición y complicidades de quienes ejercen la violencia y otro vertical que señala la dominación hacia las víctimas y sus resistencias; con base en las jerarquías. De manera que los varones llevan adelante sus actos de violencia, en ocasiones dirigiendo un mensaje a sus pares masculinos como una necesidad de demostrar sus potencias al grupo, aunque el mismo pueda resultar imaginario. Explorar los modos de construcción de la masculinidad y las prácticas gregarias es otro aspecto clave en la comprensión de la problemática. Plantea Segato que hay una exigencia social sobre los varones que tienen que demostrar de modo permanente su masculinidad, que debe expresarse y confirmarse reiteradamente a través de diferentes potencias que se mantienen en equilibrio entre sí (si se debilita una, se refuerza otra), y que las clasifica en: sexual, económica, moral, bélica, política e intelectual (Segato, 2011).
Sin duda la raíz de todas las expresiones de violencia presentes en las relaciones entre los géneros es la violencia moral que opera sin que sea consciente ni deliberada por las partes que intervienen. Es un mecanismo sutil de control social y de reproducción de las desigualdades. Es una cotidiana normalidad violenta que desmoraliza y daña la autoestima de las personas subalternizadas, a partir de fundamentos patriarcales, como un conjunto de mecanismos legitimados por la costumbre para garantizar el mantenimiento de los estatus relativos a los términos de género (Segato, 2003). Pero estos mecanismos de preservación de los sistemas de status también controlan la permanencia de otras jerarquías como las raciales, étnicas, o de clase. Es la violencia simbólica a la que se refiere Pierre Bourdieu, cuando plantea que los/as agentes sometidos a determinismos de alguna manera contribuyen a la eficacia de aquello que los determina, desde su propio desconocimiento. Quien desconoce, no percibe la violencia que sufre. El reconocimiento significa que las personas aceptan el mundo como es y lo encuentran natural. La violencia simbólica en el caso de la dominación de género "se realiza a través de un acto de conocimiento y de desconocimiento que yace más allá -o por debajo- de los controles de la conciencia y de la voluntad, en las tinieblas de los esquemas del habitus, que son al mismo tiempo genéricos y generadores (es decir producto y productores de género)" (Bourdieu y Wacquant, 2005:245). El ubicar a la violencia fuera del plano de la conciencia y la voluntad, como actos impensados, da cuenta nuevamente de la complejidad de este fenómeno que está naturalizado en la invisibilidad de los dispositivos del género, pero también es político y opera a nivel individual y colectivo.

7. Algunos cierres y otras aperturas
Nos hemos propuesto en este artículo poner en cuestión la dimensión de la violencia extrema en sus aspectos visibles e intentando un acercamiento a aquellos que son invisibles y que son la base que sostienen otras expresiones que la anteceden y justifican. La reflexión sobre el accionar del Estado y sus limitaciones, quiere aportar a un debate que pone la responsabilidad solamente en manos de los gobiernos, sin considerar que esta delegación puede operar como una trampa. Porque la respuesta del Estado ante estos problemas contiene numerosos avances que ya han sido mencionados, pero también contradicciones, ambigüedades y brechas entre las leyes y su efectivo cumplimiento. La relación entre la ciudadanía y el Estado muestra una historia de tensiones, conflictos, confrontaciones y reformulaciones en donde los diferentes movimientos sociales (trabajadores/as, feminismos, diversidades sexuales, derechos humanos, campesinos/indígenas o ambientalistas entre otros) han desplegado estrategias que abren caminos hacia una mayor justicia e igualdad, demandando el desarrollo de políticas de reconocimiento y redistribución como modo de saldar deudas con aquellos grupos que se encuentran en contextos en donde sus derechos son vulnerados.
En la historia moderna, la colonia primero y los estados nacionales posteriormente se han construido, institucionalizado y sostenido en el tiempo con estructuras patriarcales jerarquizadas. De modo que en el marco de democracias plurales abiertas a la contestación y confrontación es necesario sostener por un lado el monitoreo de las acciones de los gobiernos y una presión hacia el Estado para el cumplimiento efectivo de los derechos que ya han sido consagrados para prevenir, proteger y erradicar la violencia. Las políticas de prevención, deben estar basadas en la educación y en la difusión de derechos porque si los derechos no se conocen, no hay ejercicio posible de los mismos.
El Estado no parece que por sí solo sea garantía de protección de las comunidades porque es el mismo Estado el que ha creado las condiciones a lo largo de su historia para que se instale el fenómeno de la violencia, el que hoy busca aplicar con la misma lógica estrategias de solución. Con la modernización, la individualización y la conformación de hogares conyugales, el espacio doméstico se vuelve más privado e impermeable. El espacio doméstico era político antes de la conquista, tenía una política, había alianzas entre mujeres, de muchos tipos, conversaciones, vínculos. Esta política de mujeres se devalúa cuando se crea el espacio público moderno (Segato, 2014).
El movimiento feminista ha impulsado transformaciones para erradicar la violencia, que se pueden señalar en dos sentidos. Uno es aquel que ha logrado destacados cambios culturales en las relaciones entre varones y mujeres o entre las personas en general, que se expresan en primer término en las subjetividades, en las representaciones y las prácticas, pero también en la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, en el acceso a la educación superior o a los espacios de la política. Luego hay otro frente de acción que apunta a las transformaciones legales y posiblemente uno se nutre del otro. Así durante el siglo XX y parte del XXI, la conquista de derechos por parte de las mujeres (y personas trans o de la diversidad), las pone en un plano de igualdad jurídica con respecto a los varones, con avances en leyes específicas sobre violencia. Se ha logrado un consenso para la crítica de las estructuras patriarcales, pero no se ha logrado la transformación de las prácticas, los cambios en las mentalidades, y fundamentalmente no se ha traducido en cambios de las estructuras e instituciones (Fraser, 2008). Perdura un núcleo duro del patriarcado en estos espacios, desde la escuela a la justicia, desde el hospital a la academia, posiblemente por la subjetivación y reproducción automática que conlleva.
Los dispositivos de control sobre el cuerpo femenino, son variados y se sustentan en cuestiones religiosas, en políticas demográficas, en una moral social victoriana, expresados en mitos y tabúes, instalados en el imaginario colectivo. Dispositivos materiales y simbólicos que se han focalizado en el mismo objetivo: la subordinación de las mujeres, sostener su pasividad, la reclusión en el hogar, la maternidad como destino (alentada históricamente por políticas sociales), y éstas son sólo algunas de las formas que adquieren. Uno de los mecanismos de control más decididos es el aplicado a la sexualidad. Éste es un campo de poder -al igual que el género-, donde entran en juego estrategias de dominación y subordinación, controles y conquistas, amores y desamores, usos y abusos (Canevari, 2011a). Es también importante dar cuenta del papel del poder disciplinario sobre los cuerpos, dirigidos a que se comporten dóciles para que de esta manera sean útiles (Foucault, 2008); y desde el cual se ha construido la subjetividad de las mujeres.
Un relato recurrente de las víctimas, son las dificultades para hacer una denuncia, o para acceder a las medidas judiciales que las protejan, en estas estructuras institucionales de raíz patriarcal. Las alianzas masculinas, aquellas sostenidas por el eje horizontal, permiten comprender los modos de operar de la justicia o la policía. En el proceso de salida de una relación violenta por parte de las mujeres, se encuentran con numerosos obstáculos que en primer lugar son subjetivos y personales y luego son institucionales al momento de solicitar ayuda.
Una tarea pendiente que da cuenta de las resistencias en las transformaciones es aquella referida a la educación sexual integral. Argentina sancionó en el año 2006 la ley Nº 26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que luego de cuatro años dedicados a las adaptaciones provinciales, debía entrar en plena vigencia y ser aplicada en todos los establecimientos educativos desde el nivel inicial a partir del año 2010. Parece evidente que los fundamentalismos religiosos son los que se oponen y mientras tanto los niños y las niñas siguen esperando que se garanticen sus derechos ante la falta de aplicación plena de la norma. Porque solamente si se modifican los valores que sostienen las relaciones de dominación, se podrá imaginar un futuro donde las personas sean autónomas, con pleno ejercicio de sus derechos y en plano de equidad. Como el patriarcado está dentro de nosotros/as, solamente a partir de la educación y la reflexión se promoverán las interpelaciones que habilitan el cambio.
Como ya se ha dicho, otro de los caminos para prevenir la violencia es la recuperación de las redes comunitarias, aquellas que se encuentran dañadas. La mayoría de las mujeres que sufren violencia están en soledad y este hecho juega a favor del victimario. Construir y reconstruir la vida comunitaria, trabajar para tender lazos, desterrar las soledades impuestas de modo tal que el hogar deje de ser un lugar peligroso, afianzar los vínculos entre mujeres, es una contienda cultural imprescindible. Las organizaciones sociales, desde las bibliotecas populares, centros vecinales, de jubilados/as, hasta las organizaciones campesinas, medios de comunicación locales y redes sociales, pueden asumir un protagonismo en la construcción de una cultura de paz. De igual manera es importante democratizar, politizar y resignificar los espacios domésticos, de manera de transformarlos en espacios más abiertos y colectivos. Esta es posiblemente la mejor protección. Porque si bien el Estado, los gobiernos y las instituciones tienen un papel fundamental en la prevención, protección y erradicación del problema, enfrentamos el desafío de cuestionar cada uno de los supuestos, de las ideas, de las prácticas institucionalizadas. La fe ciega en las leyes y las instituciones puede hacernos caer en otra trampa del patriarcado.

8. Anexo. #Ni una menos. Nombres de las 149 mujeres asesinadas entre 1 de enero del 2002 y 31 de diciembre del 2014 en Santiago del Estero

Francisca Beatriz Buena (34), Maria Celia Gutiérrez (39), Olga Liliana Montes (26), Juana Norma Orellana (28), Nora del Valle Coronel (17), N.N (17), Maria Soledad Cordero (7), Valle Azucena Suárez (30), Zulema del Valle Valdez (49), Leila Bashier Nazar (22), Patricia Villalba (26), Blanca Ester Peralta (50), Emilia del Valle Figueroa (32), Silvia Dorotea Navarrete (29), Ramona Azucena Torres (27), Ana Gladis Mendoza (22), Silvina Stafuzza (22), Luisa Andrea Coria (19), Doris Vanesa Catán (14), Nadia María José Lessio (17), Lidia Pascual Díaz (48), Mercedes del Carmen Iñiguez (47), Silvana Beatriz Castaño (20), Estela Chávez (42), Silvia Alejandra Chávez (23), Elvecia Rojas (38), Miguelina Correa (35), Ana Isabel Rudik (42), Elina del Valle Rodríguez (24), Herminia o Ercilia Maldonado (32), Marta Clara Ramos (54), Gladis Berta Torres (30), Claudia del Valle Casabone (30), Julia Margarita Paz (39), Luisa Juliana Corso (24), Miriam Nely Zuain de Azar (69), Roxina Silvia Ledesma (29), Elsa Victoria Correa (38), Patricia Susana López (22), Miriam Yolanda Salto (28), Elba Susana Avila (40), Rosalía del Valle Cajal (19), Natalia Gisel Denisevich (23), Silvina Beatriz Contreras (28), Silvia Lidia Moreno (37), Aidé Vallejos (57), Rosa Ernestina Amaya (17), María de los Angeles Centurión (17), Ana Carolina Curi (25), Avallay (55), Yanina Gorosito (29), Marcelina Vizgarra (54), Élida Belén Cisterna (15), Noemí Elida Noriega (43), Lilian del Carmen Revainera (38), María Marta Arias (23), Marta Liliana Herrera (43), Irma del Carmen López (20), Elizabeth Argentina Ledesma (38), Marta Peralta (46), Yésica Marisel Mansilla (15), Ana Carolina Concha (15), Bárbara Soledad Torres (21), Amanda Gonzalez Muñoz (40), María Isabel Acuña (34), Franca Jiménez (65), Elvecia o Rogelia Salas (51), Alejandra Alcira Guzmán (31), Milena Estefania Villavicencio (2), Herminia Coronel (40), María Angélica Corvalán (80), Guadalupe Soledad Cardozo (12), Elsa del Valle Palma (45), Giovanna Vanesa Díaz (24), Rosa Paula Chávez (40), Paola Patricia Coronel Morales (29), Olga Inés Escalada (40), Zulma Moreno (49), Inés Páez (33), Natalia Inés Campos (18), Johana Natalia Véliz (15), Rosa Yolanda Sánchez (23), Jacqueline Alejandra Toloza (3), Emilse Carolina Galván (15), Eliana Andrea Góngora (20), María José Otrera (23), Margarita Riestra (51), Andrea Mariela Amaya (24), Mirta Antonia Córdoba (48), Lucy Argentina Carate (77), Magalí Nair Guzmán Bulacio (1), Nora Guzmán (19), Xiomara Guzmán Bulacio (2), María Luisa Soplán (56), María Laura Córdoba (20), Herminia Villafañe (89), Teodora Rafaela Santillán (30), Ángela Alomo (17), María Luisa Pavón (24), Daniela Natalí Roldán (16), Elina Raquel Ordóñez (30), Araceli Beatriz Cabrera (41), NN (0), Rocío Macarena Chávez (17), Raquel Paz (65), Patricia del Valle Miranda (32), María Cristina Cisneros (43), Claudia Mansilla (36), Gabriela Mansilla (6), Ceci Montenegro (30), Marcela Rodríguez (30), Morena Rodríguez (25), Delfina Lezana (39), Johana Elizbeth Córdoba (18), Silvia Susana Olivera (25), Laura Antonella Leguizamón Coronel (19), Eliana Yanet Ávila (25), Gladis Viviana Almeyda (29), Silvia Orieta (26), Leda Fabiana Raimundi Corral (38), Claudia Susana Santillán (36), Luisa Roxana Coronel (29), Graciela Villarroel, Andrea Soledad Giménez (24), María Daniela Monzón (34), Natalia Soledad Ibáñez (22), Sonia Silvina Roldán (41), Lucía Elena Carabajal (55), Edith Gabriela Molina (34), Patricia González (29), Juana Beatriz Sandez (41), Ermelinda Celestina Díaz (19), Rebeca Ocampo (17), Alba Ester Sarria (53), Valle de Luján Bustamante (43), Emilse Yanet Maldonado (23), Monica Belen Reinoso (18), Ramona Claudia Corbalán (43), Claudia Santillan (43), Marisabel Ibañez (43), Sirley Mansilla (36), Vanesa Mansilla (25), NN (1,4), Yanina Aballay (26), Juana Cruz (78), NN (3), Lucía Norberta Coronel (50), Claudia Noemí Ponce (26), Pamela Maité Moreno (24).

Licencia Creative Common http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

Notas

¹ Agradecemos a árbitros anónimos/as de Trabajo y Sociedad, por la lectura cuidadosa y sus opiniones que mucho nos ayudaron a replantear aspectos conceptuales y metodológicos, como también a reformular la estructura del texto.

² El adjetivo cruel se utiliza haciendo referencia a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura de 1984, que en su Artículo 1º se refiere a los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y define como tratos crueles o inhumanos cuando sin propósito concreto se inflige un nivel considerable de sufrimiento o de dolor.

³ La Casa del Encuentro es una organización no gubernamental que desde el año 2008 hace un seguimiento de los casos de femicidios, basándose en la información que se publica en la sección de policiales de los principales periódicos del país. El aporte que hace esta institución es muy relevante, ya que publica periódicamente informes en su página web, y permite contar con datos actualizados que brindan un panorama de la realidad nacional y provincial. Es información cuidada que además conserva el nombre, una historia, y refleja el drama que significa una mujer menos. www.lacasadelencuentro.com.ar / http://lacasadelencuentroblog.blogspot.com.ar.

⁴ Para la Dirección de Género, este corte temporal tuvo como razón registrar desde un año antes a los asesinatos de Leila y Patricia, los femicidios en la provincia. Estas muertes provocaron movilizaciones sociales que concluyeron con la intervención federal a la provincia y el final del ciclo juarista. Es un momento fundante y se crea un espacio institucional específico para trabajar por los derechos humanos de las mujeres.

⁵ Sin embargo sabemos de la estrecha colaboración entre la sección policiales de los periódicos y la policía de la provincia manteniendo un diálogo permanente que hace que las noticias se publiquen con celeridad y con información de primera mano.

⁶ En octubre del 2015 se celebra un convenio cuatripartito entre Ministerio Público Fiscal, Superior Tribunal de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para garantizar la contribución provincial al Registro Único Nacional de Femicidios, que será el primer dispositivo nacional que permitiría una estadística y análisis de prevalencias (www.elliberal.com).

⁷ Ver estadísticas de la OVFyM del Poder Judicial de la provincia. http://www.jussantiago.gov.ar/jusnueva/violencia/estadisticas/19noInformeEstadistico.pdf

⁸ Esta Oficina se crea en noviembre del 2009 con el fin de contar con un espacio institucional que tenga un enfoque interdisciplinario para personas que padecen violencia con el objetivo de facilitar a las víctimas el acceso a la justicia y la agilidad del trámite http://www.jussantiago.gov.ar/jusnueva/violencia/index_violencia2.php).

⁹ Una historia similar ocurrió en Catamarca con la muerte de María Soledad Morales en 1990.

¹⁰ Cabe destacar aquí que estos datos provinciales tienen una amplia diferencia con las cifras publicadas por la DEIS (Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación) que señalan la razón para Santiago del Estero como 5,3 mujeres muertas por 10 mil nacidos vivos. Los que aquí se presentan surgen de la información construida por un equipo de investigación de la UNSE.

¹¹ Consideramos a las mujeres trans dentro de esta categoría. En los 12 años tenemos registrados dos casos de mujeres trans y ambas fueron asesinadas por prostituyentes en una relación de comercio sexual.

¹² La casa del Encuentro define el concepto de femicidio vinculado: cuando una persona es asesinada al intentar impedir el femicidio o por quedar atrapadas "en la línea de fuego". O personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fueron asesinadas con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer.

¹³ Wanda Taddei fue asesinada por su pareja Eduardo Vazquez, músico de la banda Callejeros en el año 2010. La roció con alcohol y luego le prendió fuego.

¹⁴ Algunos trabajos toman como denominador al total de población para calcular la tasa. Aquí tomamos el total de mujeres que es una convención utilizada internacionalmente.

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Recibido: 30.8.15
Recibido con modificaciones: 20.10.15
Aprobado definitivamente: 21.11.15