ESCENARIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES: PROCESOS Y DEBATES

La querella en torno a la ley de participación de los trabajadores en las ganancias: el desarrollo de las tensiones político‐ sociales y la lucha por el poder en Argentina¹

The complaint about the law of employee participation in profits: the development of social‐political tensions and the struggle for power in Argentina 

Os combates em torno da lei de participação dos trabalhadores nos lucros: o desenvolvimento de tensões sócio‐políticas e a luta pelo poder na Argentina. 

 

Gabriel Esteban Merino*

* Dr. en Ciencias Sociales, Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IdIHCS-UNLP-CONICET) gmerino@fahce.unlp.com.ar

 

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RESUMEN:

El Proyecto de Ley de Participación de los Trabajadores en las Ganancias de las Empresas, impulsado en 2010 por la conducción de la Central General del Trabajo (CGT) y apoyado por Néstor Kirchner fue un elemento central de disputa política tanto al interior de los que en ese entonces eran parte de la fuerza política en el gobierno, como también con actores opositores al gobierno. Los debates sobre esta iniciativa adquirieron relevancia en el año 2010 cuando desde la CGT, con apoyo de referentes del gobierno nacional y de otras fuerzas políticas, logra ser incluido en la agenda política para su discusión y votación en el Congreso. A partir de allí se inicia un enfrentamiento de discursos, entre fuerzas político-sociales, sobre la efectivización de un derecho presente en la Constitución Nacional pero que no se garantiza en la práctica, cuyo anverso es la lucha por el excedente económico y su reverso es la lucha por el poder en Argentina. La querella se produce en una situación de progresivo fortalecimiento del Movimiento Obrero Organizado (particularmente de la CGT conducida por el núcleo proveniente del MTA) y su creciente influencia en la alianza político-social articulada hasta entonces por el kirchnerismo. Con ello devienen cada vez más profundas las tensiones político-sociales en la articulación "kirchnerista" y, en términos más generales, entre los sectores del capital y el trabajo.

PALABRAS CLAVES: Movimiento obrero organizado; CGT; Kirchnerismo; Capital; Participación en las ganancias empresarias.

ABSTRACT

The Draft Law on Worker Participation in corporate profits, boosted in 2010 by the leadership of the CGT and supported by Nestor Kirchner, was central to political debate both within the political force articulated to the government at the time, as well as with anti-government actors. Discussions on this initiative became relevant in 2010 when from the CGT, supported by leaders of the national government and other political forces, set the agenda for a possible vote in Congress. From this moment, a struggle of speeches started between social-political forces, the effectuation of a present right embodied in the Constitution but is not guaranteed in practice, the obverse is the struggle for economic surplus and its reverse is the struggle for power in Argentina. The dispute is spread within a context characterised by a gradual strengthening of organized labor movement (particularly the CGT led by MTA core) and its growing influence on the socio-political alliance articulated by Kirchner until 2011. With them are getting deeper political and social tensions in the joint "kirchnerista" and, more generally, between sectors of capital and labor.

KEYWORDS: Organized workers; CGT; Kirchnerismo; Capital; Participation in corporate profits.

RESUMO

O projecto de lei sobre a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, impulsionado em 2010 pela direção da CGT e apoiado por Nestor Kirchner foi central para o debate político dentro que na época fazia parte da força política no governo, bem como com os agentes anti-governamentais. As discussões sobre esta iniciativa tornou-se relevante em 2010, quando da CGT, apoiado por líderes do governo nacional e outras forças políticas, define a agenda para um possível voto no Congresso. A partir daí começa uma batalha de discursos, um choque entre forças polítco-social, a efetivação de um direito presente na Constituição, mas não é garantido na prática, o inverso é a luta pela excedente econômico e sua reversa é a luta pelo poder na Argentina. O "Reclamação" é dado em um estado de fortalecimento gradual do trabalho organizado (particularmente a CGT liderado eo núcleo do MTA) e sua crescente influência sobre a aliança político-social articulada por Kirchner até 2011. Este tensões político-sociais na articulação "Kirchner" e, mais geralmente, entre os setores de capital e trabalho se aprofundar.

PALAVRAS CHAVES: Organizado dos trabalhadores; CGT; Kirchnerismo; Capital; A participação nos lucros das empresas

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SUMARIO

1 Introducción; 2 La Corriente nacional del Sindicalismo Peronista (CNSP) y el objetivo de pasar de columna vertebral a cabeza del movimiento nacional; 3 La "querella" por la Ley de Participación en las Ganancias de las Empresas (LPGE); 4 La política, la querella y la discusión estratégica; 5 La resolución; 6 Bibliografía

 "No olvidemos que aquello que no se legisla
explícita y taxativamente a favor del más débil, queda
legislado implícitamente a favor del poderoso. No es
el poderoso quien necesita amparo legal. Él tiene su
ley en su propia fuerza." Raúl Scalabrini Ortiz

1. Introducción

Es un hecho visible el fortalecimiento del Movimiento Obrero Organizado (MOO) en Argentina entre 2003 y 2011, sobre todo teniendo en cuenta el retroceso del poder sindical y de la participación de los trabajadores en las políticas del Estado iniciados con el golpe militar de 1976 y profundizado de forma aguda en la década del ’90 (Palomino, 2000; Palomino, 2011; Senén González y Del Bono, 2013). A partir de la crisis de 2001 y la salida de la convertibilidad se pone en marcha otro proyecto de país que, en la amplia definición de posneoliberal (Sader, 2009), asume en 2003 un carácter neodesarrollista y, progresivamente, una impronta "nacional-popular" (Varesi, 2011; Merino, 2011b y 2015; López, 2015). Este nuevo proyecto emerge como producto del quiebre del bloque neoliberal en el poder, frente al escenario de profundización neoliberal y las propuestas de dolarización de la economía, el avance del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsada por Estados Unidos, la privatización de activos en manos del estado (como por ejemplo los Bancos públicos), la profundización del ajuste en la economía e, incluso, la implementación de un gobierno de expertos extranjeros regenteados por el FMI al servicio del capital financiero transnacional. El proyecto emergente implicó en términos político-sociales una articulación entre: los Grupos Económicos Locales que pretendían modificar el modelo económico y salir de la convertibilidad (Castellani y Szkolnik, 2005; Schorr y Wainer, 2005; Basualdo, 2011; Santarcángelo y Perrone, 2012; Merino, 2014), para lo cual conformaron el Grupo Productivo y el Movimiento Productivo Argentino de claro perfil neodesarrollista²; junto a los cuadros neodesarrollistas del Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), encabezados por Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín respectivamente. Además debemos sumar a dicha articulación "anti-neoliberal" a distintos sectores de la burguesía local pequeña y mediana, importantes fracciones del movimiento obrero organizado (MOO), organizaciones político-sociales de base barrial y gran parte de la Cúpula de la Iglesia Católica y la Pastoral Social (Merino, 2015).
Dicho cambio en las relaciones de fuerza que se cristaliza en las elecciones presidenciales de 2003 y en la asunción de Néstor Kirchner, vuelve a generar condiciones de producción de bienes transables, de aumento de la ocupación y fortalecimiento de lo público-estatal, mejorando las condiciones de lucha de la clase trabajadora para avanzar en la distribución de la riqueza y en derechos perdidos. Esto se evidencia en el aumento sistemático del salario mínimo vital y móvil y en el repunte de la negociación colectiva (fundamentalmente salarial) que incrementa, aunque con variaciones, el salario real; y por la recuperación de derechos como las paritarias y la derogación de ley de flexibilización laboral (Senén González y Haidar, 2009). Para sostenerse y generar condiciones de legitimidad, el "proyecto productivo" y los actores propulsores del neodesarrollismo proponen el establecimiento de una alianza con el movimiento obrero organizado y distintas expresiones del campo popular. El kirchnerismo es, en parte, esa articulación inestable y contradictoria entre el "proyecto productivo" neodesarrollista protagonizado por grupos económicos locales industriales y grandes sectores de la burguesía local (quienes pretenden volver a ser una fuerza dominante en el Estado y en la definición del modelo de acumulación), con distintos sectores populares³, los cuales pueden institucionalizar políticas públicas y satisfacer demandas (aunque sea en términos parciales).
A pesar de no ser tan mencionado, una parte significativa del movimiento obrero organizado (MOO) fue un actor central en todo este proceso, tanto en la resistencia al neoliberalismo, en la crisis de 2001 y en la configuración de la salida de dicha crisis, como en la construcción del kirchnerismo (Etchemendy, 2008; Fernández, 2010; Ferrer, 2005; Recalde, 2006; Díaz, 2010; Merino, 2011a). No se puede escindir la lucha contra el neoliberalismo por parte del MOO del pasaje a una etapa posneoliberal, del mismo modo que no se puede entender el kirchnerismo sino a partir de dichas luchas y de las organizaciones que pasaron de resistir a confluir en un movimiento político que permitió una articulación para la construcción de lo que se denominó un ‘proyecto nacional y popular’. Buena parte de los trabajadores organizados a través de sus sindicatos han sido un actor esencial de la fuerza sostén del Gobierno y de la identidad emergente como kirchnerismo (ya sea que se lo interprete como nueva síntesis histórica o como otra forma del peronismo). Y, sobre todo, por lo menos hasta el año 2011 (cuando se tensa la relación entre el gobierno y la conducción de la CGT, que entre otras cosas se expresa en la renuncia de Hugo Moyano a la vicepresidencia del Partido Justicialista), fueron especialmente aquellos sindicatos que conformaron el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) - constituido en 1994 y devenido en CGT disidente en el año 2000 – los que cobraron una mayor centralidad. Muchas de sus demandas, reivindicaciones y propuestas políticas elaboradas a lo largo de los 90’ en las luchas contra el proyecto financiero neoliberal y en la transición que se abre a partir de la crisis de 2001, se verán cristalizadas como políticas de gobierno durante el kirchnerismo. Entre ellas, podemos mencionar la reinstalación de las paritarias, la ruptura con el FMI, la estatización del sistema previsional, el aumento del salario mínimo vital y móvil, el rechazo al ALCA, etc. (Ferrer, 2005; Abal Medina, 2015; Merino, 2011a). En este sentido, el proyecto de ley de participación en las ganancias empresarias por parte de los trabajadores (y otros proyectos de la CGT que también quedaron congelados a partir de 2011), aparece, a primera vista, como parte de dicho proceso de avance de la agenda del MOO, y de hecho cuenta con un fuerte apoyo por parte del gobierno nacional ni bien sale a la luz, especialmente del ex presidente Néstor Kirchner como se verá más adelante.
Podemos afirmar que en este punto del proceso político (2011) se produce un cambio que impacta profundamente en la composición de fuerzas del kirchnerismo y la influencia que poseen los distintos sectores que forman parte de la alianza en función de gobierno. Por ello creemos importante dar cuenta en el presente trabajo de la agudización de las tensiones político-sociales que generó la propuesta del Proyecto de Ley de Participación de los Trabajadores en las Ganancias de las Empresas, el posicionamiento de los distintos actores y sus discursos. Es notorio ya que si bien no se trata de un proyecto que afecte la dinámica misma del capitalismo – la participación en las ganancias de las empresas se encuentra vigente en países capitalistas centrales como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania y en muchos países latinoamericanos, e incluso hay casos de empresas nacionales en donde se aplica— se evidencia su oposición del conjunto del capital concentrado (o del capital en sentido estricto, que se diferencia de la pequeña y mediana empresa). Y es visto por sus voceros como un elemento que afecta la reproducción misma del capitalismo. Y esto es así porque, como pretendemos señalar en este trabajo, está en juego más que una distribución del excedente⁴, aunque esto sea el anverso necesario de lo que hay de fondo: la disputa refiere a la distribución del poder, al programa político y a la fuerza social que conduce el Estado en Argentina.
El proyecto de ley pretende efectivizar lo dispuesto en el artículo n°14 bis de la Constitución nacional, que indica que las leyes le asegurarán al trabajador, entre otros derechos, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección. En principio contempla la aplicación del derecho a las empresas con más de 300 trabajadores y, según el artículo 5, el porcentaje de participación estipulado es de un 10%.⁵ También prevé la creación de un Fondo Solidario para aquellos trabajadores no registrados beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con el 20% del total del porcentaje que corresponde a los trabajadores. A modo de pronóstico sobre los debates mediáticos en puerta una vez anunciada la medida, Recalde manifestó entender que la reapertura de un debate tan importante como éste cumpliría a futuro una función esencial: "será relevante para saber quién es quién. Se podrá ver quién está a favor y quién no de los trabajadores."⁶ En ese momento empiezan a definirse diversas posiciones-concepciones por parte de empresarios, representantes sindicales, dirigentes políticos y "expertos" que bajo diferentes argumentos (y con intereses disímiles) defienden o rechazan la iniciativa presentada por la CGT. Es allí donde comienza la querella.
En este sentido, la hipótesis que se pretende trabajares que el creciente poder del MOO, su capacidad de influencia y sus pretensiones políticas agudizan las tensiones capital-trabajo, y ello impacta y pone en tensión la articulación "kirchnerista". Esto se analizará a la luz del debate y disputa de la ley de participación en las ganancias. Como veremos, las tensiones capital-trabajo se agudizan a partir de la puja por el excedente pero, sobre todo, por la posibilidad de que se establezca a partir de la ley lo que los empresarios denuncian como cogestión sindical, en un momento político de radicalización "populista" y de proximidad a las elecciones presidenciales de 2011. Para abordar esta hipótesis, se analiza en primer lugar la pretensión de salto a la política⁷ por una parte importante del movimiento obrero organizado, con el armado de la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista (CNSP) y la Juventud Sindical (JS), bajo el objetivo de pasar de columna vertebral a cabeza del movimiento nacional. En segundo lugar, se trabaja la "querella" por la Ley de Participación en las Ganancias de las Empresas (LPGE) dando cuenta de los posicionamientos centrales por parte de actores representantes del capital, del pequeño y mediano empresariado y del trabajo. En tercer lugar se analiza el posicionamiento de los actores políticos y la discusión estratégica que está en el fondo de la discusión de la LPGE. Por último se analiza la resolución política de la querella y su significado en la puja distributiva y política.

2. La Corriente nacional del Sindicalismo Peronista (CNSP) y el objetivo de pasar de columna vertebral a cabeza del movimiento nacional

Una de las definiciones históricas del peronismo como movimiento político policlasista nacional-popular y de base obrera es que los trabajadores, a través del movimiento obrero organizado, son la "columna vertebral" de dicha fuerza político-social. Como indica Torre, la participación sindical en la política no constituye una novedad histórica (1983 y 1990) y dicha actividad está mayormente vehiculizada en Argentina a través de la identidad peronista, que no se limitó solamente a la satisfacción de demandas económicas gremiales sino que les otorgó a los trabajadores organizados un bien simbólico fundamental: "su reconocimiento como miembros plenos de la comunidad política" (Torre, 2012: 21). En este sentido está la famosa frase de Juan Domingo Perón: "Dividimos al país en dos categorías: una, la de los hombres que trabajan, y la otra, la que vive de los hombres que trabajan. Ante esta situación, nos hemos colocado abiertamente del lado de los que trabajan." Este discurso fundante de dicha identidad expresa una combinación entre la doctrina social de la Iglesia (‘clases de hombres’ en vez de‘clases sociales’) y las tradiciones obreras anarquistas, socialistas y comunistas que hablan de‘clases sociales’ partiendo del lugar que cada agente ocupa en la estructura económico social. Dicha identidad y dichos discursos van a recorrer la conformación en 2009 de la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista (CNSP) por parte de la conducción de la CGT mayoritaria.⁸ Sin embargo, se planteará una diferencia: en esta decisión de dar un salto a la política su consigna va a ser pasar de "columna vertebral a cabeza del movimiento". Es decir ya no se ‘conforma’ con ser la columna vertebral, la base de apoyo del proyecto "nacional-popular", sino que ahora pretende ser la "cabeza" del mismo, la conducción.
Según su documento fundacional, la CNSP tiene como objetivo principal contribuir "a la reorganización del Movimiento Nacional y Popular como eje articulador de los intereses nacionales, la garantía de políticas de Estado y la determinación de una agenda construida por los argentinos y para los argentinos".⁹ Este objetivo está en sintonía con la reivindicación de un proceso político histórico –que aparece en el propio documento fundacional e insistentemente en discursos, artículos y actividades de formación—, que actúa como elemento constitutivo de la identidad peronista del núcleo de conducción de la CGT proveniente del Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA): "los programas de La Falda (1957) y de Huerta Grande de 1962, el espíritu del 1° de Mayo de 1968, el Acta de Compromiso Nacional del 8 de junio de 1973, los 26 puntos de la CGTRA y de las luchas del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) contra el neoliberalismo."¹⁰ Dichos programas, especialmente los que se incluyen hasta el acta compromiso de 1973, expresaban un "salto político" del movimiento obrero organizado en disputa por el proyecto estratégico dominante en el Estado, en condiciones de plantearse las luchas políticas y las luchas teóricas (ideológicas) por la hegemonía.
El MTA desde su surgimiento en 1994 en la localidad Huerta Grande (provincia de Córdoba) y el núcleo que se mantiene hasta 2011, combina lo que denominamos la estrategia del reformismo obrero con posicionamientos políticos propios de la tradición "nacional- popular" peronista (Merino, 2011b). Es decir, el MTA se caracteriza por pelear por reformas (o resistir reformas) que significan conquistas obreras bajo la unidad en la lucha y en la negociación del conjunto de los trabajadores, al mismo tiempo que se mantiene un horizonte estratégico de transformación nacionalista y popular¹¹; se intenta influir en la política de gobierno, dejando siempre abierta la posibilidad de negociación pero "golpeando" para hacerlo desde una posición de fuerza, mientras se procura articular con un conjunto de sectores sociales y políticos de distintos matices ideológicos con gran pragmatismo táctico.
En este sentido, la pregunta central para el análisis del proceso político es qué es lo que cambia a partir de la conformación de la CNSP en 2009 y del lanzamiento la Juventud Sindical (con su aparición central el 24 de marzo de 2010 en la marcha y los actos por el golpe de 1976). Lo que cambia es que junto a la consigna "de columna vertebral a cabeza", en donde una gran parte del movimiento obrero organizado pretende participar de la conducción del proceso político, la CNSP y la Juventud Sindical (JS) son agrupaciones esencialmente políticas. Si el MTA es un espacio político-gremial o político-corporativo (Gramsci, 1998) que disputa como corriente interna la CGT (frente a los "gordos" u otros sectores) durante la resistencia al neoliberalismo, la CNSP y la JS pretenden ser instrumentos políticos para la lucha por el Estado, lo cual también incluye la lucha política al interior de la alianza en función de gobierno. La CNSP y la JS significan un intento de "salto a la política", en donde el conjunto de delegados y bases gremiales (es decir, no sólo el secretariado de los distintos niveles de representación) es convocado a participar en términos políticos, a realizar actos políticos, a participar masivamente en movilizaciones (no sólo gremiales), a realizar cursos de formación política, a producir posicionamientos sobre el conjunto de hechos considerados importantes de la vida política nacional, a convocar a otros actores político-sociales, a participar los distintos acontecimientos políticos en cada territorio y a disputar espacios políticos-institucionales. Lo que se intenta hacer con la CNSP y con la JS es, a pesar de la gran resistencia que ello genera en muchos gremios que tratan de evitar este proceso, una politización masiva de los sindicatos que incluye a los delegados y afiliados, con el objetivo de lograr una gran base de movilización y acción política para la disputa por el estado, favorecida y estimulada por el propio gobierno (especialmente por Néstor Kirchner), en una situación de radicalización nacional-popular post conflicto por la renta agraria y oposición de la mayor parte de las fracciones del capital concentrado a la política de gobierno.¹²
Es fundamental mencionar, en este punto, la importancia del conflicto por la renta agraria disparado a partir de la "resolución 125" que dispuso de retenciones móviles a los principales productos agrarios de exportación (soja, maíz, girasol y trigo), en relación a la CGT y el "salto a la política". Este conflicto, que se extendió fundamentalmente entre marzo y junio de 2008 (entre la promulgación de la resolución 125 y el voto "no positivo" de Julio Cobos al proyecto de Ley en el Senado), constituyó el punto de quiebre estratégico en el estado de correlación de fuerzas en Argentina y reconfiguró completamente la composición de fuerzas del gobierno. Con el corrimiento de importantes fracciones de capital hacia posturas opositoras (particularmente una buena parte de los grupos económicos locales integrantes de la Unión Industrial Argentina e incluso de la Asociación Empresaria Argentina vinculados al mencionado "Grupo Productivo") y la fractura y consecuente debilidad del gobierno, el "kirchnerismo" se sostiene a partir de un mayor protagonismo de los sectores populares, que tiene a la CGT oficial como uno de los actores centrales, con un claro rol político. Este viraje implica una radicalización nacional-popular (o "populista" según los críticos), que se traduce a su vez en un impulso "estatista": estatización de Aerolíneas Argentinas, estatización de las AFJP, estatización de la Fábrica de Aviones de Córdoba, ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, etc. Y es en esta nueva situación política en que se produce el lanzamiento de la CNSP y la JS con la meta del "salto a la política".
Además de lo mencionado anteriormente, en términos gramscianos, el salto a la política sería el pasaje del momento político corporativo en el cual se logra una solidaridad de intereses de todos los miembros del grupo social, pero todavía en el campo meramente económico, en el cual aparece la cuestión del Estado y las luchas por cambiar las mediaciones (legislación, funcionarios) pero sin cuestionar de fondo el proyecto político estratégico imperante; al momento político de lucha estatal por la hegemonía, en el cual los propios objetivos y programas de grupo social trascienden a otros grupos sociales, produciendo una articulación que da lugar a la constitución de un bloque de poder, en el cual las ideologías ya existentes se transforman en ‘partido’ (Gramsci, 2008).
En este sentido, el documento fundacional la CNSP tiene que ver con ese "salto", ya que allí manifiesta un conjunto de ejes políticos vertebradores del proyecto "nacional y popular":
"- Ayer era la nacionalización de la banca, hoy es la necesidad de una nueva Ley de entidades financieras y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
- Ayer, era el IAPI y la nacionalización del comercio exterior, hoy son los derechos de exportación y las retenciones móviles.
- Ayer, era prohibir la importación competitiva con la producción nacional, hoy, es redefinir la unión aduanera en la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y sellar una alianza regional para posicionarnos en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
- Ayer, era prohibir la exportación directa e indirecta de capitales, hoy, es atacar la fuga de divisas y repatriar el PBI paralelo de capitales argentinos en el exterior.
- Ayer y hoy ser peronista es defender la Justicia Social, la Soberanía Política, la Independencia Económica y la Unión Latinoamericana. Ser peronista es no abandonar la lucha por alcanzar la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Patria."
Todo salto a la política implica un intento de construcción de hegemonía y ello significa realizar una práctica de articulación de una heterogeneidad para la constitución una fuerza político social. En este sentido, en el documento se lee: "Asumimos el compromiso de militar para construir poder popular conjuntamente con los movimientos sociales y demás fuerzas políticas para que el futuro nos encuentre en la consolidación de un frente programático alternativo al contubernio electoral." Un intento central en este sentido sería la constitución de una federación de trabajadores informales y cooperativistas articulada a la CGT, donde la principal referencia que aparece en esta construcción es la del Movimiento Evita. Otra práctica fundamental sería el armado (o participación, según la situación local) por parte de la CNSP y la JS de mesas políticas territoriales. Por último, aunque en el plano político gremial, también podemos mencionar el estrecho acercamiento con la CTA-Yasky y las conversaciones públicas y privadas para unificar ambas centrales.¹³
Por su parte, la Juventud Sindical tenía una impronta más radicalizada, con fuerte referencia al intelectual peronista de "izquierda" John W. Cooke¹⁴ y al peronismo revolucionario, con un discurso que integraba el sindicalismo peronista combativo como también a referentes provenientes de la izquierda como el dirigente sindical Agustín Tosco, y sobre todo se destacaba la participación de los trabajadores en la política.¹⁵ Su lanzamiento el 24 de marzo de 2010, en la marcha tradicional junto a los organismos de derechos humanos, era un contundente gesto político para los sectores ligados a la izquierda y al "progresismo".¹⁶
Por último, debemos mencionar dos de las frases lanzadas por Hugo Moyano en el acto realizado en el estadio de River Plate por el día del Camionero el 15 de septiembre de 2010 ante 70.000 personas con la consigna en el escenario "Es la hora de los trabajadores", en dónde insistió fuertemente con la ley de participación en las ganancias, pidió por los jubilados y por más viviendas para los trabajadores: "¡Los trabajadores tenemos que dejar de ser un instrumento de presión para ser un instrumento de poder!"; y por otro lado afirmó que "tenemos que concientizar políticamente a los trabajadores para tener a un trabajador en la Casa de Gobierno". De esta forma el dirigente de la CGT realiza un doble movimiento discursivo: no se remite solamente a la lucha gremial y político gremial (instrumento de presión) sino que lo trasciende planteando una lucha política por el control del Estado (instrumento de poder). A su vez, plantea que ese instrumento de poder tiene como objetivo estratégico poner al futuro presidente de la Nación, "un trabajador a la casa de Gobierno", refiriéndose a que nunca un dirigente obrero llegó a la presidencia. Ello le valió la réplica de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien al comenzar su discurso, con el cual se cerraba el acto, le dijo: "Compañero, usted que anda pidiendo un trabajador para que sea presidente, le digo que trabajo desde los 18 años."¹⁷ Ya se ponían de manifiesto las tensiones que provocaba el "salto a la política" dentro de la alianza kirchnerista y, particularmente, con la propia presidenta Cristina Fernández, quien además de dichas palabras, recordó que la articulación que ella representaba constaba de tres componentes fundamentales: los empresarios, los trabajadores y el Estado (actor que hace posible dicha cooperación).
Por otra parte, el "salto a la política" implicaba en términos prácticos re-sindicalizar al peronismo, pretendiendo restituir aquel 33% de lugares en las listas electorales que le correspondía al movimiento obrero organizado antes de la dictadura y recuperar presencia en los lugares de conducción política ("dejar de ser sólo un elemento de presión…"). Es decir, había un fuerte reclamo por ocupar mayores lugares en las listas, en cargos estratégicos del Estado, en el establecimiento de la agenda de gobierno y en la elaboración de leyes y políticas públicas. Pero esto se vehiculizaba dentro del Frente Para la Victoria (FPV) y bajo la identidad"kirchnerista" que tenía como referentes y conductores a Cristina Fernández y a Néstor Kirchner, con lo cual dicha estrategia era posible mientras sea avalada por la conducción política. Los intentos por armar un partido político propio e intentar constituir una identidad política propia se dieron luego de la ruptura con la conducción de Cristina Fernández y fracasada la estrategia anterior, cuando en mayo de 2013 se lanzó el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo.
A pesar de los intentos mencionados y de un proceso de politización sin dudas muy importantes en parte del movimiento obrero organizado, en términos estrictos no se termina de dar el "salto a la política", permaneciendo en una situación de transición con una fuerte impronta corporativa. Sin embargo, es necesario observar este intento de "salto a la política" y sus implicancias para entender la propuesta y el impacto del proyecto de Ley, su nivel de rechazo por parte del conjunto de las fracciones de capital y de gran parte del pequeño y mediano empresariado, la "radicalidad" de su oposición, el nivel de tensiones que suscita a nivel político incluso dentro del kirchnerismo, los objetivos estratégicos que contiene y el momento político en que es lanzado al debate público.

3. La "querella" por la Ley de Participación en las Ganancias de las Empresas (LPGE)

La querella es el término utilizado por Foucault para analizar una batalla de discursos y a través de los discursos, que no hacen una obra o un texto sino un enfrentamiento, una relación de poder, un conjunto de combates cruzados, donde todos parecen hablar de lo mismo (Foucault, 1976). Los debates por la LPGE constituyen una gran querella, una gran guerra discursiva compuesta de un conjunto de batallas que expresa la lucha de poder en Argentina – ese es el terreno principal en donde se libra el enfrentamiento, bajo la forma de debate público¹⁸. En esa guerra están en juego un conjunto de "materialidades". Desde el punto de vista económico, el problema para el capital, como indica Wierzba¹⁹, es que el proyecto de ley no se trata (como existe en muchos países de América Latina) de una forma encubierta de flexibilización laboral que sustituye salarios e ingresos fijos por remuneraciones variables, enfatizando su utilización como parte del incentivo a la productividad y estableciéndola como ingrediente de estrategias precarizadoras. Por el contrario, en este caso constituye un instrumento de redistribución de la riqueza que permite avanzar al polo del trabajo en la porción que recibe de la riqueza total que produce, en relación al polo constituido por las rentas, ganancias e intereses. Esto es la puja por el excedente que siempre es una relación de fuerzas pero no necesariamente implica una lucha político estratégica, ya que puede contenerse en términos políticos gremiales. Pero, lo que genera una tensión mayor en gran parte del empresariado y produce los argumentos más fuertes en contra del proyecto de ley es, como veremos en el trabajo, la posibilidad de cogestión sindical (aunque la CGT niegue que el proyecto de ley suponga esto), en un momento político de radicalización nacional-popular²⁰ o "populista", en plena puja distributiva que se expresa como inflación y en plena lucha político-estratégica por la conducción del Estado donde también está en juego la proximidad de las elecciones presidenciales y el recambio de las bancas legislativas.
La querella comienza en julio de 2010 cuando, ante el adelanto mediático de su presentación en el Congreso de la Nación, diversos actores de poder esgrimen a su tiempo sus posiciones. Se trata de un derecho que está presente en la Constitución Nacional, como ya lo mencionamos, pero del que pocas veces se conoció esfuerzo alguno por garantizar y al que los "constitucionalistas" no refieren con frecuencia. Héctor Recalde (abogado laboralista y asesor legal de la CGT-Moyano, diputado por el Frente para la Victoria electo en 2007 y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo)²¹ fue el encargado de la presentación mediática del proyecto de ley y quien el mismo año lo presentó ante la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina. En los debates por el Proyecto de Ley podemos observar ciertos puntos claves en la disputa por la distribución de la riqueza de un país; en el acceso de los trabajadores al conocimiento, gerenciamiento y control del proceso de producción de las empresas; en el acceso a la información sobre los costos de producción; y, subrepticiamente, en el control de los precios de venta de los productos y la inflación. Pero también sobre la propiedad privada, el derecho empresarial a comandar sin interferencias su capital y el poder en Argentina.
Interpelados de forma directa, los empresarios son los primeros actores que manifiestan sus opiniones acerca de lo que pasaría frente a la posible implementación del Proyecto. Muchos de ellos plantean argumentos en relación con las variables económicas de las empresas y de éstas en relación a la economía del país, y en algunos casos también refieren a la situación complicada de la economía internacional. Una de las estrategias que primero se ensayaron por el lado empresarial para el enfrentamiento por la acumulación de consenso consistía en presentar la LPEG no como un avance del MOO y de los trabajadores, sino como algo perjudicial para ellos mismos y para el conjunto del pueblo. En este sentido, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA)–que a diferencia de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), donde participan fundamentalmente los bancos privados extranjeros, era afín al gobierno y a parte de sus políticas para fortalecer el mercado interno- declaró sobre las dificultades que acarrearía la implementación de la Ley en relación a la inversión privada, con impacto negativo en el empleo y la inclusión social: "preocupa el desaliento a la inversión que el régimen provocará, con su inevitable consecuencia de incremento de la exclusión y el desempleo".²² En la misma línea se expresó el terrateniente y dirigente opositor al gobierno de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati: "Lo que más afectará será las inversiones en un momento en que la Argentina precisa atraerlas." 23 Y también el representante legal de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Funes de Rioja: "es una nueva señal para desalentar la inversión y el crecimiento basado en la iniciativa privada en la Argentina" (…), quien agregó que "los beneficios derivados de una mayor productividad y competitividad deberían ser producto de la negociación colectiva y no de más carga impuesta por la ley, de manera arbitraria"²⁴. Por su parte, el dirigente de la UIA durante el período analizado, el empresario del plástico Héctor Méndez, perteneciente al igual que Funes de Rioja al ala más conservadora de la UIA, afirmó sobre el Proyecto de Ley de reparto de utilidades:"Estamos perdiendo competitividad (…) El país se parece a Cuba"²⁵. Y más adelante agregó:"… aún en el marco del Consejo, la posición de los empresarios va a seguir siendo hostil"²⁶. Por otro lado, el empresario textil y secretario de la entidad fabril por entonces, José Ignacio De Mendiguren (del ala neodesarrollista de la UIA, la fracción "Industriales" y aliado al gobierno), indicó que: "en lugar de debatir este proyecto tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo aceleramos la matriz productiva y no sólo exportar productos primarios. Tenemos que tener esa mesa de discusión. Así, en dos años estaremos en una participación del 50 y 50 en el Producto"²⁷.
Lo interesante aquí es que dichas entidades tienen posicionamientos enfrentados sobre el gobierno nacional, siendo la fracción "Industriales" de la UIA, hasta ese entonces, uno de los pilares del proyecto neodesarrollista y de la política de sustitución de importaciones. Por el contrario la SRA, especialmente luego del conflicto por la apropiación de la renta agraria, constituye uno de los principales adversarios del gobierno nacional y eje central de la construcción de una fuerza social opositora. Lo mismo podría decirse de la COPAL, dominada por las transnacionales alimenticias y algunos grupos locales concentrados con presencia en la UIA y de orientación liberal. También resulta importante destacar que Funes de Rioja propuso la opción de discutir la participación en las ganancias empresariales anuales por parte de los trabajadores en las negociaciones colectivas, posición que terminó imponiéndose como resultante en el Estado, es decir, como la posición adoptada por el gobierno. La CGT se oponía terminantemente a esa opción: "No hay pacto social que valga, esto no se negocia. No vamos a negociar algo que ya está en la Constitución" declaró Omar Viviani (taxistas) luego de la reunión de la CGT en donde se analizó la propuesta de la UIA, agregó que "se trata de la reacción típica de los empresarios que no quieren mostrar sus balances" y reiteró que "la decisión de la CGT es que cualquier propuesta que pueda enriquecer su iniciativa debe plantearse en el marco del debate parlamentario".²⁸ La CGT esgrimía además que era completamente difícil el pago por convenio, que iba a depender del gremio de cada rama, que podía ser utilizado como mecanismo encubierto de flexibilización al sustituir remuneraciones fijas por variables y al hacer partícipe al trabajador del riesgo empresario y que el trabajador tenía menos herramientas para no ser estafado por la parte empresaria.²⁹
En la posición de rechazo contundente también podemos sumar a la Cámara Argentina de Exportadores, que a través de su titular Enrique Mantilla opinó: "…el proyecto debe ser‘descartado’ porque se centra sólo en la participación de las utilidades contables…". En cambio, los argumentos de rechazo del proyecto de ley por parte de las fracciones neodesarrollistas e industrialistas (como de Mendiguren) incluían y legitimaban la cuestión de la distribución de la riqueza, el empleo, la sustitución de importaciones. Es decir, si bien las declaraciones de los dirigentes de la UIA demuestran un claro alineamiento en contra del debate por el Proyecto de Ley de participación en ganancias, también dejan ver diferentes posiciones dentro de esta entidad. Estas diferencias posicionan al sector representado por Méndez como más cercano a las empresas del gran capital transnacional y local concentrado³⁰, en contraposición al sector "Industriales" de línea neodesarrollista que se nutre del anterior MIN (Movimiento Industrial Nacional) y donde se destacan Techint, Arcor, la cámara metalúrgica ADIMRA y De Mendiguren como su principal figura política.
La postura de rechazo al Proyecto de ley no sólo fue compartida por las entidades que aglutinan al capital concentrado local y extranjero. En la misma sintonía, las cámaras de medianas empresas estrechamente vinculadas a la alianza de gobierno como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME, liderada por Osvaldo Cornide) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), expusieron planteos que desacreditaban la posibilidad de pensar la participación de los trabajadores en las ganancias. Tales sectores pidieron concretamente "que la forma de la participación de los trabajadores en las ganancias, se discutan dentro del marco de los convenios colectivos"³¹, situándose también en defensa de la posición que se impuso finalmente. La CAME presentó un proyecto alternativo al del diputado Héctor Recalde que prevé que "las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo deberán negociar la forma de participación de los trabajadores en las ganancias"³².
La lógica argumentativa que se centra en el desaliento a la inversión hizo eco además en distintos intelectuales que dieron su negativa sobre el proyecto de ley en debate. Un ejemplo claro de ello es el de la economista Diana Mondino de Standard & Poor's, quien sostuvo que "laúnica forma de generar mayores salarios es en base a la productividad (…) si obligan a las empresas a distribuir una parte de sus ganancias van a invertir menos"³³. Esta oración encierran dos viejos argumentos que sirvieron al programa neoliberal y también a cuadros neodesarrollistas conservadores para legitimar el avance del capital sobre el trabajo. El primero refiere a atar el aumento de salario a la productividad, donde no se discute la ganancia del capital y, por lo tanto, la posibilidad de redistribuir la riqueza con mayor equidad. Por otro lado, la productividad aumentó entre 2002 y 2010 mucho más que las remuneraciones, reduciéndose el costo unitario por producto, lo cual indica que el empresariado no sigue dicha "regla" demostrando en la práctica que en gran medida el salario es producto de una relación de fuerzas.³⁴ El segundo argumento es que la percepción de mayores ganancias por parte del capital redunda en mayor inversión y, por lo tanto, crecimiento. Con ello se legitimó y se legitima con particular insistencia desde 1980 en el mundo y en Argentina la disminución de impuestos a los sectores más ricos de la población considerando que de esa forma estos sectores van a invertir más. Sin embargo, como demuestra Anderson (2003) no sólo eso no sucedió, sino que cayó la tasa de inversión y la tasa de crecimiento con dichas medidas, y sólo sirvió para ampliar la desigualdad y alimentar la especulación financiera.
Otros actores sumaron a la idea del "ataque a la inversión privada" planteos relacionados a la inoportunidad del momento histórico, suponiendo que el avance de un proyecto semejante rompería la oportunidad histórica que estaba viviendo la Argentina para su desarrollo e inserción en el mundo. Esta era otra línea argumental que no se oponía directamente al proyecto de ley, sino que se inserta en la querella apelando al momento táctico sin discutir la cuestión estratégica y, por lo tanto, desviando el eje que hace a la fuente central de legitimidad del discurso de los trabajadores.
Dichos lineamientos se hicieron visibles en las declaraciones del titular de Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), Adolfo Ablático: "El clima de inversiones se menoscaba cuando detrás de un principio genuino y virtuoso, como es la equilibrada participación en los beneficios por parte de los trabajadores, se promueven leyes sin los imprescindibles consensos previos entre quienes se verán involucrados, y sin evaluación sobre el contexto y oportunidad histórica en que serán aplicados"³⁵. También el presidente del equipo de Pastoral Social del Episcopado, el obispo Jorge Casaretto, como representante de la cúpula eclesiástica, sostuvo en la misma línea que la ACDE: "No puedo estar ni a favor ni en contra, pero debe ser parte de un objetivo más amplio que excede el ámbito sindical y empresarial, y tener una mirada sobre la situación de pobreza y exclusión social (…) No sé si es la medida que en este momento necesita la Argentina".³⁶ Como vimos, una fracción de la UIA empeñó discursos similares. Podemos afirmar a modo de hipótesis de trabajo que esto está relación con una cuestión de conducción político estratégica: ni la UIA de la línea interna"Industriales", ni la Pastoral Social "pueden" plantear un enfrentamiento directo con el MOO, sobre el cual intentan influir o conducir políticamente en la articulación "Producción-Trabajo" bajo el modelo neodesarrollista nacional.³⁷ Pero al mismo tiempo se plantea el problema de cómo contener el avance del MOO cuando éste comienza a avanzar más allá de los límites neodesarrollistas del "proyecto nacional"³⁸, cuando una parte del MOO en una alianza política más amplia, promovida incluso por importantes cuadros del gobierno, comienza a plantear el pasaje de la "columna vertebral a la cabeza"³⁹, dentro de un proceso general de radicalización nacional popular. Lo mismo sucede con el proceso político en su conjunto al profundizarse en un sentido "popular", poniendo en crisis la relación con distintos sectores. Apelar al discurso del momento político como forma central de rechazar el proyecto, permite por ejemplo al titular de la Pastoral Social rechazar un proyecto que está en línea con los propios postulados de la doctrina social de la Iglesia. Desde la CGT, frente al argumento de que no era el momento propicio para discutir, Moyano afirmaba: "En las malas épocas los trabajadores somos socios, pero cuando las ganancias son extraordinarias los empresarios se olvidan de los trabajadores. Este es el mejor momento para que la ley se aplique (en relación a las ganancias extraordinarias obtenidas en 2010)."⁴⁰
En este escenario emergen voces empresarias disonantes con las mencionadas hasta aquí. El apoyo con reservas al Proyecto de reparto de las ganancias es expresado por fracciones empresarias de la economía nacional que lo consideran un instrumento imprescindible al hablar de la distribución equitativa de la riqueza y comparten la necesidad de reforzar la alianza con los trabajadores. En este sentido, Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA)⁴¹, declaró: "muchas empresas son dependientes del mercado interno que se basa en el poder adquisitivo de los trabajadores, con lo cual no podemos oponernos a la distribución de la riqueza, pero debemos analizar con tiempo el cómo". Además agregó: "Los empresarios reunidos en CGERA tenemos la firme convicción de cumplir con lo que dicta la constitución e incluso superarla buscando cada vez más la participación de los ingresos de los trabajadores en el PBI, es decir, en la riqueza que el país genera."⁴²
La posición de CGERA plantea una discusión interesante en relación a las pequeñas y medianas empresas, haciendo referencia a un argumento típico de la visión nacional-popular sostenida en la alianza "producción y trabajo": el sostenimiento y ampliación del consumo por parte de los trabajadores que conforman la población mayoritaria en el país. Cuantos mejores ingresos se les otorgue a los trabajadores, más podrán ampliar y sostener sus consumos, y de esta forma se beneficiarían las pequeñas y medianas empresas que comercializan sus productos en el mercado interno. Además, como el proyecto de ley de participación en las ganancias se aplica a las empresas con más de trescientos trabajadores (exceptuando a la mayor parte de las PYMES), ello significa que parte de la plusvalía apropiada por el capital concentrado iría al trabajador y, con ello, al mercado interno en forma de consumo. En este sentido y desde un misma visión coincidente con la CGERA, se posiciona la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) en relación al proyecto⁴³. Resulta interesante leer estos posicionamientos de sectores PYMES coincidentes con conducción de la CGT (y de la CTA) en tanto aparece una visión compartida en cuanto a un modelo de desarrollo nacional. Esta lectura da cuenta de las discusiones que se tienen en relación al Proyecto de Ley con respecto a los mecanismos que se asumirían para seleccionar a las empresas que distribuirían sus ganancias: la cantidad de trabajadores de la empresa, los diferentes sectores de actividad económica, las características regionales, las dimensiones y estructura de costos de las empresas, entre otras.
Por otro lado, es interesante destacar la discrepancia en el posicionamiento asumido por CGERA en relación a la CAME y ADIMRA, en torno a la posibilidad de discutir la participación en las ganancias en el marco de las discusiones paritarias. El Secretario General de CGERA, Raúl Zylbersztein, declaró: "Como firmante directo de 7 convenios colectivos, creo importante que se planteen un conjunto de leyes que reglamente el art. 14 Bis de la Constitución, en la parte que toca hacerlo, y que sepamos cual será el impacto para siempre; sino esto sumara un punto más de conflicto en las paritarias y sujeto a revisión constante"⁴⁴.
También se sumaron a la iniciativa por el debate legislativo del Proyecto en cuestión los dirigentes de la CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, quienes aún enemistados por cuestiones políticas salieron a posicionarse de forma conjunta. Además, en la CTA-Yasky el sindicato del neumático, como mencionamos anteriormente para el caso de la empresa Bridgestone, ya gozaba del beneficio del reparto de un porcentaje de las ganancias. Por otro lado, numerosos dirigentes sindicales de la CGT se pronunciaron a favor, más allá de la conducción de la misma identificada históricamente con el MTA, núcleo impulsor de la medida. Tal es el caso de Mario Manrique, Secretario General del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), quien sostuvo que "es un derecho natural que los trabajadores sean partícipes de las ganancias de las empresas"⁴⁵.
Asistieron además al debate en la Comisión de Legislación Laboral con posiciones favorables al proyecto de ley la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA), los ruralistas de Federación Agraria Argentina (FAA) y de CONINAGRO. Al mismo tiempo, estuvieron presentes en el debate con posiciones en contra del Proyecto la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de Cargas (Fadeeac) y la Cámara de Comercio de firmas de Estados Unidos en el país (Amcham)⁴⁶.

4. La política, la querella y la discusión estratégica

El debate por el Proyecto de LPGE divide aguas incluso al interior de los sectores políticos que se suponen más homogéneos. Esto puede verse en las declaraciones de actores políticos como el jujeño alfonsinista Miguel Ángel Giubergia, quien se mostró a favor de discutir "un proyecto alternativo" de participación en las ganancias⁴⁷. Giubergia se diferenció de algunos de sus pares políticos, como por ejemplo del titular del bloque de la UCR en Diputados, Oscar Aguad, quien aseveró que "no hay contexto para debatir el reparto"⁴⁸. Por otro lado, algunos actores político-institucionales opuestos al proyecto de Ley buscaron instalar el eje discursivo según el cual detrás del proyecto de la participación de los trabajadores en las ganancias existe un "plan" para aumentar el poder del dirigente de la CGT, Hugo Moyano. Tal es el caso del presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Federico Pinedo⁴⁹. También acompañaron esta línea actores político-gremiales como el entonces presidente de la UIA Héctor Méndez⁵⁰ y actores político-ideológicos como el Grupo Clarín en la mayor parte de sus editoriales (incluso titulaba "como Moyano quiere…"). De esta forma se busca dividir y deslegitimar el proyecto personalizándolo y poniéndolo en relación a una aspiración individual de poder.
No sólo desde el radicalismo se dejan ver posiciones más predispuestas a debatir el reparto de utilidades empresarias, es además el caso de la diputada Socialista Alicia Ciciliani quien al ser consultada por los empresarios aclaró en relación al Proyecto de reparto de ganancias: "Si no les convence, están invitados a debatir la propuesta"⁵¹. También la Diputada Nacional por el bloque Generación para el Encuentro Nacional (GEN), Margarita Stolbizer destacó la importancia de legislar sobre los derechos que la Constitución Nacional les confiere a los trabajadores⁵².
Ello daba cuenta del realineamiento transversal de fuerzas al que da lugar el Proyecto de Ley, recortando el campo político-social en dos polos, aunque con matices: el Capital concentrado y la Burguesía local enfrentados al Trabajo y gran parte del Pequeño Empresariado. El "kirchnerismo" aparece políticamente como la expresión principal de este segundo polo, junto a otros actores políticos, aunque también contenga en la alianza de gobierno a sectores empresariales del primer polo (Burguesía local y algunos grupos económicos locales). Podemos observar que este corte transversal de fuerzas políticas se dio en la mayoría las medidas orientadas a "profundizar el proyecto nacional y popular" o, para decirlo de otra manera, que retomaban demandas y/o puntos programáticos de sectores del "campo popular".
El Proyecto de reparto de las utilidades de las empresas entre los trabajadores fue firmado por quince (15) diputados⁵³. Si bien no firmó el proyecto, una de las voces más importantes del Frente Para la Victoria (FPV) que se posicionó a favor fue Agustín Rossi: "es un proyecto que va a tener el apoyo de nuestro bloque y lo vamos a impulsar". Además el legislador añadió que la medida debe estar orientada "fundamentalmente a las grandes empresas"⁵⁴. De igual manera el titular de la AFIP (Administración federal de Ingresos Públicos), Ricardo Echegaray, salió en defensa de la iniciativa haciendo visible uno de los pilares de este debate y en general de la disputa capital-trabajo: las ganancias son el resultado del esfuerzo y accionar diario de los trabajadores: "Quienes se oponen al reparto de ganancias lo hacen por un capricho ideológico (…) Los empresarios deben entender que sus ganancias son el fruto del esfuerzo de los trabajadores. Con este proyecto estamos dando un paso importante en términos de consolidar el derecho constitucional, un paso relevante en la conquista del derecho laboral"⁵⁵. Este argumento, en línea con lo planteado por la CGT, constituye un hecho central para analizar ya que en el plano de la batalla ideológico cultural implica una radicalización discursiva en donde se pone en cuestión uno de los pilares ideológicos del capitalismo: las ganancias del capital no brotan de la capacidad empresaria sino del esfuerzo de los trabajadores. Es decir, el trabajo aparece como la fuente de riqueza de la sociedad y, por lo tanto, los trabajadores como creadores de la misma. Que este eje aparezca, aunque difuso, en el discurso de una de las mediaciones políticas del gobierno es un importante indicador del estado del debate ideológico. A su vez, este eje ubica al trabajador y al MOO como actor central de un "proyecto popular", como grupo social fundamental del sujeto histórico de la transformación.⁵⁶
En esta línea, Néstor Kirchner hace hincapié sobre otro de los ejes esenciales que atraviesan este debate al afirmar: "Es fundamental la distribución del ingreso. Les pido a los empresarios que no hablen con desprecio de los trabajadores y a los trabajadores, que no lo hagan de los empresarios nacionales. La Argentina debe volver a 1974, cuando la distribución era de 50 y 50. Los trabajadores deben poder ver el balance de las empresas"⁵⁷.Incluso según el dirigente del sindicato de trabajadores judiciales, Julio Piumato, fue el propio Néstor Kirchner el que transmitió la idea de impulsar la Ley a la CGT.⁵⁸ Tanto en lo señalado en el párrafo anterior, como en las afirmaciones de Néstor Kirchner, se observan ciertos elementos centrales que forman parte del discurso "nacional y popular", que tanto en la enunciación como en términos prácticos van más allá de los límites impuestos por el neodesarrollismo nacional. Este discurso combina elementos de una tradición de "izquierda" y/o "obrerista" (la riqueza la producen los trabajadores) con ejes discursivos propios de un "capitalismo nacional" que supone un lugar central a una "burguesía nacional" (reparto de la riqueza 50% y 50% entre el capital y el trabajo, alianza entre la "burguesía nacional" y el MOO, política de sustitución de importaciones, etc.).
Con estas declaraciones Néstor Kirchner abría la discusión por el tema de fondo: que los trabajadores accedan a los balances de las empresas, es decir, que el MOO controle la estructura de costos, información estratégica del proceso de producción y, en el caso del capital privado, de la ganancia capitalista. En este sentido, ante el rechazo del proyecto de ley por parte de la mayor parte del empresariado, Moyano afirmaba: "Tienen tanto temor de que nos metamos en los libros para ver qué es lo que está pasando en la administración de la empresa."⁵⁹ Casi todo el empresariado veía en ello una amenaza a la propiedad privada y al capital. Hasta el dirigente PYME de la CAME, Osvaldo Cornide sostenía al respecto: "No es función de los dirigentes sindicales revisar los libros de las empresas. Su obligación es ocuparse de conseguir salarios decentes y condiciones de trabajo dignas."⁶⁰ El acceso a los balances de las empresas, implicaba el acceso a los datos sobre los costos reales de producción y con ello poder observar las variaciones de precios efectuados por el conjunto del empresariado en relación a los costos. El conocimiento directo por parte del movimiento obrero de la estructura de costos buscaba, a su vez, ejercer un mayor control de los precios de los productos y con ello controlar la inflación, en "perjuicio" de las ganancias extraordinarias de las grandes empresas que fueron 50% más elevadas entre 2002 y 2012 que durante la década de 1990.⁶¹ También la sanción de la Ley implicaba la presencia del MOO en el directorio de la empresa, con lo cual los trabajadores tendrían la posibilidad de ser parte de las decisiones de inversión y reparto de ganancias de acuerdo a las necesidad del país, de la localidad o de los propios trabajadores, pudiendo influir en contra del objetivo del capital de obtener ganancias.
En este sentido, el tratamiento del proyecto de ley en las máximas instancias ejecutivas y legislativas y su posible aplicación en el contexto político en que fue planteado, hubiese implicado un cambio en las relaciones de fuerza en el estado (y al interior de la alianza en función de gobierno) en detrimento de los sectores del capital concentrado y de la burguesía local. En este sentido es que debe analizarse el comunicado que lanza la UIA firmado por el denominado "Grupo de los 6", en el que declaran su resistencia a sentarse a debatir el Proyecto:"El proyecto avanza hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita al otorgar a los sindicatos facultades de fiscalización y de información ajenas a su cometido muy superiores a la de los propios accionistas."⁶² Ello se esgrimió en el comunicado que, por primera vez en tres años, juntaba a la Unión Industrial, la Sociedad Rural, los bancos de capital local, la Bolsa y las cámaras de la Construcción y de Comercio. Además agrega: "Los representantes de las distintas cámaras y entidades regionales que integran la UIA expresaron hoy por unanimidad su fuerte preocupación y rechazo al proyecto de ley de cogestión que propone un desmedido avance sindical en las empresas, calificando la iniciativa de inconsulta e inoportuna"⁶³.
Aquí se destacan varios argumentos utilizados por el empresariado que refieren a cuestiones de fondo que aparecen en el debate: en primer lugar aluden a la ‘interferencia sindical’ y al ‘desmedido avance sindical’. Es decir, se esgrimen en contra del poder que va acumulando el MOO, lo que implica mayor influencia en el gobierno del estado y, por lo tanto, en la economía. De esta forma, las fracciones empresarias tanto neoliberales como neodesarrollistas ven amenazada su posición dominante en cuanto a la definición del modelo de acumulación y se ven amenazados ante la posibilidad de pérdida de influencia en el Estado. Hasta el propio de Mendiguren sostiene contra el proyecto de Ley que "más que una ley de redistribución es una ley de cogestión sindical. Nunca vi que una empresa presente un balance, lo aprueben las autoridades, las auditorías, la AFIP, las Bolsas de Comercio, pero tenemos también que someterlo a la petición del sindicalismo. Y si a éste no le parece como está el balance, le genera un juicio a la empresa." Por otro lado, afirman que el Proyecto de Ley ‘atenta contra los principios constitucionales de derecho a la propiedad’, es decir, observan que está en juego uno de los pilares del sistema social existente. Podría observarse quizás como exagerada su posición, sin embargo el hecho de tener que compartir ganancias, información y decisiones con los trabajadores son suficientes razones para la alerta. Desde la perspectiva del capital, incluso de fracciones locales vinculadas al mercado interno y de visión neodesarrollista, la "radicalización" nacional-popular aunque no se realice desde una impronta anti-capitalista, supone formas de transición que amenazan sus intereses estratégicos. El propio "capitalismo de estado" que muy tenuemente avanza a partir del conflicto por la renta agraria con la estatización la estatización de las AFJP (que le da al estado el control accionario muchas de las principales empresas del país y la posibilidad de nombrar directores en ellas), tendría con esta ley un punto de profundización ya que los directorios del núcleo de la estructura económica nacional quedarían conformados por representantes del Estado y representantes obreros (además de los accionistas capitalistas). Ello tensiona al capital concentrado y pone en crisis desde su punto de vista una de las reglas básicas del capitalismo: la producción social y la apropiación privada de la riqueza, garantizada por la propiedad, que a su vez garantiza el comando privado del proceso de producción (decisiones de planificación, inversión, precios, etc.). En otras palabras, el proyecto de Ley está muy lejos de destruir lo que O’Donnell (1978) denominaría como el fundamento del estado capitalista: garantizar la principal relación de dominación que es la relación de producción entre capitalista y trabajador asalariado, mediante la que se genera y se apropia el valor del su trabajo. Sin embargo, por sus características y por el contexto político en que se da, el proyecto amenaza para el capital las relaciones de propiedad y, su derivado, el control del proceso de valorización del capital.

5. La resolución

Finalmente la opción que se impuso fue la que pretendía el ‘capital’: frenar el proyecto de Ley y, en todo caso, discutir la posibilidad del reparto de ganancias en negociaciones colectivas de trabajo. Si bien el hecho no tuvo un desenlace definitivo en algún sentido concreto, la resolución se da a partir de la decisión que Cristina Fernández de Kirchner trasmitió en el discurso de cierre del Congreso de la Unión Industrial Argentina en 2011, echando por tierra el apoyo de su propio partido al proyecto de Ley presentado por el FPV en 2010:

"Les voy a decir lo que yo opino acerca de esta cuestión. Si la economía pudiera regirse por leyes sancionadas por el Parlamento, no tendríamos necesidad de tener una UIA ni una CGT ni montón de cosas, la economía realmente se rige por otras leyes, pero fundamentalmente el modelo, este modelo, se ha regido por algo que ha sido muy virtuoso, que ha sido el acuerdo entre los trabajadores y los empresarios en convenciones colectivas que implican no solamente cuestiones salariales sino también condiciones laborales, que también tienen un fuerte impacto económico, porque algunos miden solamente salarios, pero determinadas condiciones laborales también implican un determinado costo al sector empresario que debe ser merituado en el marco de lo que es la administración de una empresa. Yo sinceramente creo que aquellos empresarios, de hecho ya hay empresas que lo están haciendo, que han acordado con sus trabajadores distribuir las utilidades, me parece muy bien, estoy muy de acuerdo porque creo que los trabajadores que participan en las utilidades defienden más a la empresa, se ponen la camiseta, creo que es muy bueno, pero eso es una cosa que tienen que decidir entre los empresarios y los trabajadores, no la puede imponer el Estado por la fuerza a través del Parlamento, imposible hacerlo en otro ámbito que no sea el Parlamento por otra parte".⁶⁴

Como se observa, el discurso cambió y se aleja de aquel esgrimido por distintos referentes del kirchnerismo, como el del propio Néstor Kirchner. Este discurso y las consecuencias prácticas que el mismo implica, se distancia del tono "nacional-popular" y se corresponde con la visión neodesarrollista nacional. Ello implica una nueva situación en el estado de correlación de fuerzas en la cual evidentemente la CGT oficial, la CNSP y el movimiento obrero organizado (en tanto el conjunto de sectores apoyaba el proyecto de Ley) termina retrocediendo. Es muy importante observar que –ya sea por una diferencia en la concepción estratégica, por situación de debilidad política posterior a la muerte de Néstor Kirchner o por una cuestión electoral (o una combinación de ellas)— hay por parte del gobierno un intento de reconciliación con el empresariado y en particular con las fracciones de capital local, que termina de expresarse en el acto de la Unión Industrial Argentina (UIA) donde Cristina Fernández de Kirchner resuelve la querella en detrimento de la demanda del movimiento obrero organizado. Incluso, que sea en el acto de cierre del congreso de la UIA es todo un hecho simbólico. En el mismo sentido conciliador con un conjunto de fracciones de capital, se insiste en dicho acto (en línea con la campaña presidencial) con la consigna de "Capitalismo con valor agregado e inclusión social" de tono neodesarrollista. También se acuerda desde el gobierno con la visión que esgrimió José Ignacio de Mendiguren para rechazar el proyecto de Ley (citada anteriormente): la distribución del ingreso debe lograse a partir de generar competitividad para industrializar el país y exportar manufacturas, fortaleciendo al empresariado nacional. En este sentido, de acuerdo a los argumentos que se esgrimen, aumentar los ingresos de los trabajadores formales que poseen los mayores ingresos de América Latina medidos en dólares, va en detrimento de la competitividad nacional y obstaculiza el desarrollo y la inclusión de los trabajadores informales. Asimismo, un aumento del poder político del movimiento obrero organizado que haga pesar mayormente sus "intereses corporativos" es la otra cara del problema de la competitividad, a la vez que descompensa la relación de poder del esquema: Estado, empresarios, trabajadores. Ello se articula con otra cuestión propia de la política, no analizada en este trabajo, pero que sin dudas hay que mencionar por su importancia en la resolución de la querella: el llamado "salto a la política" de la CGT, la intención de pasar de "columna vertebral a cabeza del movimiento" y la aspiración de que "un trabajador llegue a la Casa Rosada" fue visto como un desafío a la conducción política del "kirchnerismo" en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, especialmente luego de la muerte de Néstor Kirchner.
Esta resolución de la querella –que sin dudas del conjunto de demandas político corporativas del movimiento obrero organizado era la que más suscitaba tensión con el capital— está en línea con la negativa de la conducción política de hacer lugar a otros pedidos sindicales como la demanda clásica por elevación de mínimo no imponible en el impuesto a las"ganancias" y el reclamo por fondos que adeudaba el Estado a las obras sociales. También con las tensiones políticas suscitadas en torno a la conformación de las listas legislativas de 2011 (en donde sólo Facundo Moyano fue incorporado por parte de la CGT oficial); la negativa a que Héctor Recalde se postule como vicepresidente en la fórmula presidencial y en su lugar vaya Amado Boudou de mayor afinidad con el empresariado (particularmente con la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino)⁶⁵; y la decisión del gobierno de ir en contra de la conducción de Hugo Moyano en la CGT y proponer a Antonio Caló (UOM) o a Ricardo Pignanelli (SMATA) lo cual en 2012 termina en una nueva ruptura de la central. Esto último, puso de manifiesto para el sector representado por Hugo Moyano que el poder que expresaba era en gran parte otorgado por la conducción política y como referente sindical aliado al"kirchnerismo" y no lo poseía como atributo propio.
Sin dudas en la querella por el proyecto de participación en las ganancias de las empresas se ponen en juego cuestiones estratégicas muy profundas: los límites de las fracciones empresarias neodesarrollistas frente a ciertas medidas de distribución de la riqueza y de distribución del poder, el impacto de la agudización de las tensiones capital trabajo en la articulación de gobierno, los límites dentro de un marco capitalista de las demandas políticas del movimiento obrero organizado y su pretensión de disputar el poder del estado, y las tensiones entre los elementos particulares y la conducción general de una fuerza política y del gobierno. Por otro lado, la otra consecuencia palpable, es el fracaso del "salto a la política" tal y cómo se había concebido por la conducción de la CGT oficial, luego de romperse la alianza política de la mayor parte de la CNSP y la JS con el gobierno nacional. Estos sectores repliegan al momento corporativo, pierden capacidad de articulación e influencia político-estratégica, se fracturan en términos políticos y gremiales y, en algunos casos, se establecen alianzas tácticas electorales con actores políticos y empresariales que se oponían tenazmente al proyecto de Ley y a la agenda de la CNSP-JS.

Notas

¹ Una presentación acotada de la presente investigación, en la cual se desarrollan escuetamente algunos argumentos y plantea una descripción más empírica del objeto de estudio se encuentra en: Merino, Gabriel y Deladino, Ana Lucía (2013): "Ley de participación en las ganancias: la puesta en debate y el desarrollo de las contradicciones al interior de la alianza social articulada por el kirchnerismo". Jornadas de Sociología de la UBA, julio 2013. Se agradece las sugerencias y correcciones de Belén Morris y Soledad Stoessel.

² Por neodesarrollista se entiende un programa que impulsa los sectores productivos (agropecuario, manufactura, minería), con énfasis en generar mayor valor agregado y apuntar hacia la exportación de manufacturas, especialmente de aquellas vinculadas a la elaboración de la producción primaria local. A diferencia del desarrollismo clásico, el neodesarrollismo es menos proteccionista y "estatista", aunque también se desataque la importancia de la intervención del estado en la regulación de la economía y el impulso a la actividad industrial. A su vez, considera fundamental las inversiones del capital extranjero para impulsar sectores claves de la economía y la promoción del capital local, que aparece muchas bajo el nombre de "burguesía nacional". En este sentido, buena parte de los grupos económicos locales de Argentina y de Brasil son afines y promotores de dicho cuerpo de ideas. Por último, podemos mencionar que se propicia desde la visión neodesarrollista una alianza de tipo corporativa con el movimiento obrero organizado (o al menos parte de él), bajo los ejes de la producción y el empleo, que sostenga y de legitimidad a dicho programa post-neoliberal. Sin embargo, se debe destacar que a diferencia de los nacionalismo populares o "populismos" dicha alianza tiene como límite la participación política de los trabajadores en tanto movimiento obrero organizado y la profundización de las demandas político gremiales de la clase trabajadora. Esto fue trabajado en profundidad en Merino (2015), apoyado en bibliografía como: Bresser-Pereira (2007), Katz (2015), Feliz y López (2010), Svampa (2011).

³ Tomando a Dussel (2007), el concepto de pueblo se asocia al campo de los oprimidos por un régimen de dominio, que incluye, en términos gramscianos, al conjunto de las clases subordinadas (Gramsci, 2008). Para Dussel, el "pueblo" emerge en el momento crítico en que la comunidad política se escinde, ya que el bloque histórico en el poder deja de constituir una clase dirigente. Como se ve, es un proceso eminentemente político, ya que un "pueblo" se constituye a partir de la escisión, de la ruptura con la dirección política y moral, práctica y teórica, del bloque histórico en el poder.

⁴ El proyecto de participación en las ganancias de las empresas como parte de la puja por el excedente se analiza en el trabajo de Wyczykier y Anigstein (2013). Y en Merino y Deladino (2013).

⁵ Se puede ver el proyecto de ley en línea (revisado el 24/01/2016): http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=6837-D-2010

⁶ Página/12, 7 de Octubre de 2010.

⁷ En cursiva las expresiones de los propios actores.

⁸ Recordemos que en julio 2008, después del conflicto en relación a la renta del agro, Luis Barrionuevo (Gastronómicos) produce una fractura minoritaria en la CGT junto a 56 gremios y crean la CGT Azul y Blanca, luego de la reelección de la conducción del camionero Hugo Moyano como secretario general. La CGT fue uno de los actores centrales de la alianza de gobierno en el enfrentamiento por la renta agraria, no sólo por el apoyo en actos, movilizaciones y en la lucha de ideas, sino también para desarticular ciertas maniobras del bloque opositor: el "contra-corte" en Ceibas (provincia de Entre Ríos) -uno de los núcleos más fuertes del paro agrario- y el traslado de ganado desde el regimiento de Azul para desarticular el desabastecimiento de la región metropolitana, son los ejemplos más importantes en este sentido. En este contexto se produce la fractura de la CGT, donde Barrionuevo pretende debilitar la representatividad de la central sindical y ubicarse como fuerza sindical en el bloque opositor conformado a partir del enfrentamiento. También la CTA agudiza su fractura en plena disputa por la renta agraria, donde la CTA-Yasky refuerza su posición dentro de la alianza de gobierno mientras que la CTA-Micheli mantiene su fuerte oposición y participa de actos contra el gobierno.

⁹ Además del Documento Fundacional de la CNSP, contamos como fuentes para la presente investigación así como para publicaciones anteriores referidas a la CGT (Merino, 2011b) o que refieren a dicho actor en relación a un proceso más general (Merino 2011a y 2015), con entrevistas realizadas a Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Facundo Moyano (peajes y referente de la Juventud Sindical), Julio Piumato (Judiciales), y conversaciones con Hugo Moyano y con distintos dirigentes y delegados de base. 

¹⁰ Documento Fundacional CNSP.

¹¹ Ejemplo de ello es el programa esbozado por el MTA en su acta fundacional, en donde se destacan los siguientes puntos:
a. Romper con la dependencia financiera de capitales especulativos y limitar la apertura exportadora-importadora.
b. Rearticular la producción agropecuaria en base a desarrollos regionales.
c. Elevar la oferta de puestos de trabajo y la producción de cada puesto. Distribuir equitativamente producción y productividad.
d. Reestablecer un sistema de relaciones laborales y de legislación social basado en el sistema protectorio del derecho del trabajo.
e. Recuperación de un sistema previsional pensado en los trabajadores activos y jubilados y no en un mercado de capitales.
f. Resguardo y saneamiento del sistema de Obras Sociales como pilar de un plan nacional de Salud.
g. Defensa de la educación pública, gratuita y pluralista, con rol protagónico del movimiento de los trabajadores.
h. Recuperación del rol promotor y regulador del Estado como armonizador de las relaciones y en resguardo de los intereses de los ciudadanos, convocando a todas las fuerzas sociales a su participación efectiva en el logro de esta estrategia de producción para alcanzar una verdadera estabilidad con crecimiento y justicia social.

¹² Esto lo pudimos observar en términos empíricos a partir de entrevistas y a partir de la participación en la planificación y realización del programa de formación política para la Juventud Sindical durante 2011. A su vez, mediante la observación participante en actos, campañas y reuniones.

¹³ El día 29 de abril de 2011, el Consejo directivo de la CGT envió una carta pública firmada por Hugo Moyano a la CTA con motivo del día del trabajador en la cual hizo un llamado a unificar el movimiento obrero bajo una sola central.

¹⁴ Incluso Facundo Moyano prologó la reedición del libro de John William Cooke, Apuntes para la Militancia, además de nombrarlo habitualmente en sus discursos y actividades de formación, al igual que a Rodolfo Walsh, a Agustín Tosco y a distintos líderes obreros combativos como Jorge Di Pascuale.

¹⁵ Ello puede verse en el prólogo al libro de Cooke mencionado, como así también en diversos discursos y entrevistas. Un ejemplo claro en este sentido fue el programa y el discurso de cierre del Primer Congreso Nacional la Juventud Sindical realizado en Chapadmalal el 14 de abril de 2011.

¹⁶ Para observar la dinámica y características de las juventud(es) sindical(es) en el kirchnerismo ver Natalucci y Galimberti (2015).

¹⁷ La Nación y Pagina/12, 16 de septiembre de 2010.

¹⁸ En el presente apartado se abordan las discusiones suscitadas alrededor de la temática entre Junio y Noviembre del año 2010. La selección del recorte en el tiempo se corresponde con la instancia en la que se despliegan -a través de las discusiones mediáticas desatadas- las estrategias de medición de fuerzas por parte de los actores involucrados. Se utilizan como fuente de los debates mediáticos una base de datos de elaboración propia realizada a partir de los diarios Página 12, La Nación y Clarín en el período Junio-Noviembre de 2010.

¹⁹ Wierzba, Guillermo, "Distribuir ganancias", suplemento Cash, Página/12, 24 de octubre de 2010.

²⁰ Con ello nos referimos a proceso que se da luego del enfrentamiento por la renta agraria, que incluye
medidas demandadas por "sectores populares" como la estatización de las AFJP, estatización de
Aerolíneas Argentinas, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Asignación Universal por Hijo y
Ley de Matrimonio Igualitario, entre otras, mediantes las cuales el gobierno intenta recuperar la iniciativa
política, tomar herramientas de poder y generar mayor consenso popular.

²¹ También fue propuesto por la CGT en 2011 para acompañar como vicepresidente la candidatura de
Cristina Fernández de Kirchner.

²² Declaraciones realizadas por Jorge Brito (Banco Macro), Página/12, 20 de Octubre de 2010.

²³ Clarín, 24 de Septiembre de 2010.

²⁴ La Nación, 7 de junio de 2010.

²⁵ Clarín, 8 de septiembre de 2010.

²⁶ Página 12. Sábado 27 de Noviembre de 2010.

²⁷ Página 12.Viernes 19 de Noviembre de 2010. Resaltado nuestro.

²⁸ Cronista Comercial, 15 de septiembre de 2010.

²⁹ En este sentido existía ya desde 2001 una experiencia de reparto en las ganancias por convenio colectivo en la empresa de neumáticos Bridgestone. Según el mismo, a partir de obtener ganancias superiores al 6% después del pago de impuestos. Por los dichos del presidente de Bridgestone Argentina fue un acuerdo para negociar un proceso de flexibilización para la reducción de costos en una situación de crisis: "En nuestro caso, el mecanismo de participación en las ganancias surgió como una forma de resolver algunos problemas en 2001, cuando había una situación de crisis importante. La empresa dispuso medidas de reducción de costos, y en una negociación se estableció que si todo eso daba resultado, una vez que volviera a haber ganancias se participaría a los trabajadores." La Nación, 7 de junio de 2010.

³⁰ Méndez forma parte dentro de la UIA de la lista "Celeste y Blanca" (con apoyo de Ledesma, Aceitera General Deheza y FIAT), espacio del que también es parte la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios).

³¹ Clarín, 10 de Noviembre de 2010.

³² La Nación, 9 de Noviembre de 2010.

³³ La Nación, 10 de Septiembre de 2010.

³⁴ Como señala un informe de CIFRA elaborado por Manzanelli (2013), los aumentos en los ritmos de crecimiento de la productividad en el marco de la posconvertibilidad no sólo compensaron la recuperación del costo laboral, sino que lo superaron: si bien el costo laboral creció el 8,6% en el período 2001-2012, la productividad ascendió el 33,3%. De allí que el costo laboral unitario haya caído el 18,5%.

³⁵ Clarín, 24 de Septiembre de 2010.

³⁶ Ibíd.

³⁷ Esto se desarrolla en profundidad en otros trabajos: Merino (2015) y Merino (2014).

³⁸ Cuando decimos más allá de los límites neodesarrollistas nos referimos al exceso de "estatismo" y de "populismo" distributivo que observan los principales referentes del Grupo Productivo y el Movimiento Productivo Argentino, los cuales constituyen el núcleo del neodesarrollismo en Argentina (Merino, 2015). Para profundizar sobre la cuestión podemos ver Bresser-Pereira (2007), Svampa (2011), Féliz y López (2010).

³⁹ Esta es la expresión utilizada por los propios actores aunque pueda ser discutido el lugar de columna vertebral del "kirchnerismo".

⁴⁰ Página/12, 17 de noviembre de 2010.

⁴¹ Entidad empresaria que retoma los lineamientos históricos de la CGE como expresión de la burguesía nacional, y de su referente José BerGelbard, Ministro de Economía del gobierno peronista entre 1973 y 1974.

⁴² La Nación, 9 de Noviembre de 2010.

⁴³ "El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Francisco Dos Reis, manifestó también hoy su acuerdo con el proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas" (La Nación, 9 de Noviembre de 2010).

⁴⁴ La Nación. Martes 9 de Noviembre de 2010.

⁴⁵ Clarín. Miércoles 17 de Noviembre de 2010).

⁴⁶ La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de Cargas (FADEEAC) juzgó que el proyecto "no es aplicable" y "conspira contra la inversión" en el sector, y sugirió cambios en el impuesto a la renta "conjuntamente con la participación en las ganancias". La Cámara de Comercio de los EE.UU. en Argentina (AMCHAM) objetó "la metodología, no el espíritu" del proyecto, y advirtió sobre un "incremento de los costos laborales sin un correlato en la productividad".

⁴⁷ Expresó Giubergia en relación al derecho de los trabajadores sobre la participación en las ganancias empresariales: "está incluido en el artículo 14 bis de la Constitución que promovió el radicalismo" (Página 12. Miércoles 20 de Octubre de 2010).

⁴⁸ Página 12. Miércoles 20 de Octubre de 2010.

⁴⁹ Federico Pinedo afirmó que "el proyecto de Recalde es más para aumentar el poder de Moyano que para mejorar a los trabajadores" (Clarín, 20 de Octubre de 2010).

⁵⁰ Héctor Méndez, ante la ausencia en la comisión de debate del Proyecto en la Cámara de Diputados señaló: "Queríamos demostrar que esa ley es ante todo funcional al proyecto político de Moyano". Clarín, 15 de Noviembre de 2010.

⁵¹ Página 12. Viernes 19 de Noviembre de 2010.

⁵² Stolbizer señaló que "es necesario legislar y reglamentar para hacer operativos los derechos que la Constitución confiere a los trabajadores para el control de la producción, colaboración en la dirección y participación en las ganancias de las empresas (…) son los mismos trabajadores, a través de los Consejos de Empresa, los que deben estar legitimados para el ejercicio de esos derechos, que no deben ser delegados en ninguna otra organización ni pública ni privada" (Clarín. Domingo 24 de Septiembre de 2010).

⁵³ Según consta en la página oficial de la HCDN: "RECALDE, HECTOR PEDRO - DIAZ ROIG, JUAN CARLOS - GULLO, JUAN CARLOS DANTE - GONZALEZ, JUAN DANTE - ALIZEGUI, ANTONIO ANIBAL - PLAINI, FRANCISCO OMAR - PEREYRA, GUILLERMO ANTONIO - PAIS, JUAN MARIO - KUNKEL, CARLOS MIGUEL - NEBREDA, CARMEN ROSA - ARGÜELLO, OCTAVIO - SALIM, JUAN ARTURO - ROBLEDO, ROBERTO RICARDO - GODOY, RUPERTO EDUARDO - BASTEIRO, SERGIO ARIEL."
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=6837-D-2010

⁵⁴ Clarín, 13 de Septiembre de 2010.

⁵⁵ Página 12, 7 de Octubre de 2010.

⁵⁶ En esta concepción teórica del sujeto tan presente en el peronismo es evidente lo que hoy se denominaría desde el "posestructuralismo" como una concepción estructuralista y de "clase", en donde el sujeto está en relación a la clase social y ésta en relación a la posición del agente en la estructura económico social, es decir, a "intereses" que brotan de dicha estructura, aunque mediados por la política (en términos teóricos y prácticos). Es interesante observar, aunque no sea objeto del presente trabajo, cómo a partir del 2011 con la profundización de la tensión entre parte del movimiento obrero organizado y la conducción de Cristina Fernández de Kirchner y el protagonismo de espacios políticos como La Cámpora, dicha concepción del sujeto en el "kirchnerismo" va a cambiar y se va a acercar a la mirada posestructuralista de múltiples sujetos afín a los desarrollos teóricos de Ernesto Laclau. En este sentido, va a ser la "juventud" la que va a aparecer como uno de los nuevos "sujetos".

⁵⁷ La Nación, 10 de Septiembre de 2010.

⁵⁸ La Prensa, 29 de noviembre de 2011.

⁵⁹ Ámbito Financiero, 20 de octubre de 2010.

⁶⁰ Ámbito Financiero, 21 de octubre de 2010.

⁶¹ Según Manzanelli (2013), el índice de rentabilidad del capital fijo fue de 37,2% en 2003-2010, un 50 por ciento mayor que durante el decenio de 1990 (24,8%).

⁶² Clarín, 24 de Septiembre de 2010 y página de la UIA, comunicado de prensa 22 de octubre de 2010 (revisado el 12 de mayo de 2013): http://www.uia.org.ar/pyc.do?id=1&fileId=3730.

⁶³ Del encuentro, celebrado en la sede de la UIA, participaron el titular de la central fabril, Héctor Méndez; de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, AdelmoGabbi; de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati; de la Asociación de Bancos de Capital Argentino (ADEBA), Jorge Brito; y el vicepresidente primero de la Cámara Argentina de Comercio, Eduardo Eurnekian.

⁶⁴ Disponible en: http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/25556-acto-de-cierre-de-la-conferencia-anual-de-la-uia-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion.

⁶⁵ José Ignacio De Mendiguren, consideraba que la designación de Amado Boudou era una buena noticia para la entidad que presidía, la UIA: "Es una decisión razonable para nosotros, no nos sorprende. Boudou vino por lo menos cuatro veces a nuera institución y siempre se ocupó de trabajar respecto a lo que presentáramos. Es mejor que otras opciones (como vicepresidente). Sobre todo aquellas de extracción sindical como es el caso de Héctor Recalde." Tiempo Argentino, 27 de junio de 2011. También se pronunciaron a favor de la designación Carlos Wagner (de la Cámara Argentina de la Construcción), Juan Lascurain (Presidente de la Cámara Metalúrgica ADMIRA), Alberto Sellaro (Cámara del Calzado) y Osvaldo Cornide (CAME).

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Recibido: 23.11.15
Recibido con modificaciones: 06.05.16
Aprobado: 26.10.16