MUNDOS Y DIMENSIONES RURALES

Campo de Herrera: historia en el surco o del cañaveral. Investigación, extensión y auto‐organización rural¹ 

Campo de Herrera: history in the reedbed. Investigation, extension and rural self‐organization 

Campo de Herrera: história nos juncos.Pesquisa, extensão e auto‐organizaçãorural 

Cecilia Gárgano*

* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica “José Babini”, Escuela de Humanidades, Universidad Nacional San Martín (UNSAM) Correo: c.gargano@conicet.gov.ar

 

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RESUMEN

En 1966, durante la dictadura encabezada por el general Juan Carlos Onganía, fueron cerrados una serie de ingenios azucareros en la provincia de Tucumán, en el noroeste argentino. Uno de ellos, el ex ingenio “Bella Vista”, se transformó en la Cooperativa de Trabajadores Unidos Campo de Herrera, la primera experiencia de una cooperativa agropecuaria de trabajo del país. La historia del surgimiento y trayectoria de esta cooperativa, en la localidad de Famaillá, tuvo como actor fundamental al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el primer organismo dedicado a la investigación y extensión rural de toda América Latina. El INTA recomendó que las tierras, en lugar de ser divididas y otorgadas como indemnización a los trabajadores del ingenio, fueran explotadas colectivamente. Un antropólogo y un equipo de técnicos protagonizaron el capítulo siguiente, cuando en pleno estallido político y social en la década de 1970 integraron un equipo que construyó un lazo fundamental en la vida de la cooperativa. Este artículo analiza la trayectoria de esta experiencia, desde su surgimiento hasta el desmantelamiento del equipo de trabajo, producido en el marco de un ciclo represivo de larga duración, a partir de documentos institucionales, materiales de investigación y entrevistas.

Palabras clave: Cooperativa agropecuaria; Extensión; Investigación; Ingenio azucarero

 

ABSTRACT

In 1966, during the dictatorship headed by General Juan Carlos Onganía, several sugar cane were closed in the province of Tucuman, in northwest Argentina. One of them, the former mill "Bella Vista", became the “Cooperativa de Trabajadores Unidos de Campo de Herrera”, the first experience of an agricultural cooperative organization in Argentina the country. The history of the emergence and trajectory of this cooperative, located in the locality in Famaillá, had the National Agricultural Technology Institute (INTA) first organization dedicated to research and rural extension throughout Latin America as the main actor, which was indeed the first organization dedicated to research and rural extension throughout Latin America. INTA suggested that lands could be exploited collectively. An anthropologist and a technician crew were involved in the next chapter, when they were part of a team that built a fundamental link in the life of the cooperative, during the political and social upheaval in the 1970s. From institutional documents, research materials and interviews, this article analyzes the trajectory of this experience, from the beginning until the dismantling of the team, as part of a repressive cycle of long duration.

Keywords: Agricultural cooperative; Extension; Research; Sugar cane mill

RESUMO

Em 1966, durante a ditadura do general Juan Carlos Onganía foram fechadas uma série de usinas de açúcar na província de Tucumán, noroeste da Argentina. Uma delas, a ex "Bella Vista", tornou-se a União dos Trabalhadores Cooperativa Campo de Herrera, a primeira experiência de uma organização cooperativa agrícola no país. O surgimento e a trajetória da cooperativa, na localidade de Famaillá, teve como principal ator ao Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA), primeira organização dedicada à pesquisa e extensão rural na a América Latina. INTA recomendou que as terras foram exploradas coletivamente. Um antropólogo e um equipe de técnicos se envolvieron nesse projeto construindo um laço fundamental na vida da cooperativa no marco da agitação política e social na década de 1970. Este artigo analisa, a partir de documentos institucionais, materiais de pesquisa e entrevistas, a trajetória dessa experiência, desde o seu início até o desmantelamento da equipe, produzidos como parte de um ciclo repressivo de longa duração.

Palavras-chave: Cooperativa agrícola; Extensão; Pesquisa; Usina

Licencia Creative Common: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

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SUMARIO

1. introducción; 2. Los comienzos de la cooperativa; 3. Los avances de la cooperativa o “un tractor por un antropólogo”; 4. Desmantelamiento y reconversión; 5. Conclusiones; 6 bibliografia; 7. Documentos; 8. entrevistas

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Introducción

En 1966, en plena crisis de la industria azucarera, la dictadura al mando del general Juan Carlos Onganía dictaminó la intervención y el cierre de doce ingenios en la provincia de Tucumán, en el noroeste argentino. Al cierre sobrevino la protesta social y el éxodo de más de 200.000 habitantes, en su mayoría obreros y campesinos, que poblaron los cinturones de las grandes urbes (Pucci, 2007). Uno de estos ingenios, el ingenio Bella Vista, se transformaría a través de la intervención del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la primera cooperativa agropecuaria de trabajo de la Argentina. Ubicada aún hoy a escasos metros de la estación experimental del INTA en Famaillá, la Cooperativa de Trabajadores Unidos Campo de Herrera continúa funcionando. Su vinculación con el INTA no es, sin embargo, igual a la que se planteó en un inicio, ni mucho menos a la que habría de plasmarse en la década de 1970.
Los grandes protagonistas de esta historia fueron, y continúan siendo, los trabajadores que integraron la cooperativa. Sin perder de vista esta dimensión, ni la variedad de trayectorias productivas existentes entre los cañeros (Paz, 2000), este estudio se propone analizar las prácticas de trabajo del INTA implicadas en esta experiencia, debido a que ofrecen aspectos relevantes para comprender las continuidades y rupturas registradas, durante este período, en las estrategias de contacto de las agencias estatales con la población rural. El objetivo de este artículo es reconstruir y analizar este caso, a la luz de dos problemáticas fundamentales: a) articulaciones entre la dinámica socio-económica y política del período y contenidos de extensión e investigación rural; b) el estudio de un ciclo represivo de larga duración, y su impacto en ámbitos estatales de investigación. En relación a este ciclo represivo, entendemos que la temporalidad de las prácticas represivas excede las periodizaciones canónicas, en el sentido señalado por Franco (2012). Mientras que en estudios previos analizamos el período correspondiente a la última dictadura, el caso estudiado en este artículo comprende la conformación y desmantelamiento de una experiencia de trabajo desarrollada entre 1966 y 1974. La hipótesis es que esta trayectoria constituyó una alternativa al enfoque tradicional dominante en la investigación y extensión rural, y que su continuidad se vio directamente afectada por la escalada represiva presente en Argentina desde principios de la década de 1970, por limitaciones inherentes al ámbito estatal en el que fueron gestadas y por las transformaciones socio-económicas y productivas que registró el espacio rural².
El primer apartado relata los comienzos de la cooperativa y el rol cumplido por el INTA en su gestación. El segundo, analiza los vínculos establecidos y las tareas desarrolladas por un equipo del organismo durante la década de 1970. El tercero, reconstruye el desmantelamiento de este equipo y aporta información relativa al presente de la cooperativa. Finalmente, en las conclusiones se puntualizan los resultados, enmarcados en una reconfiguración de las prácticas e interlocutores de la extensión rural.
Para 1966, el INTA cumplía su primera década. Su puesta en marcha había sido parte de un proceso regional, orientado a la creación de organismos dedicados a la promoción de tecnología al medio rural, en sintonía con los objetivos de la modernización agrícola impulsada a nivel internacional. La incorporación de tecnología ocupaba el centro de la solución de la problemática rural, dejando de lado grandes problemas del agro latinoamericano como la estructura de propiedad y tenencia de la tierra (Losada, 2003)³.
Si bien incorporó enfoques y estructuras preexistentes, la creación del instituto supuso un alcance inédito hasta el momento. A través de la diseminación de una red de Agencias de Extensión Rural a lo largo del país, que posibilitaron la ampliación de la cobertura territorial, fue concretándose la idea de “llevar el Ministerio al campo”. Primer organismo dedicado oficialmente a la investigación y extensión rural en el país y en toda América Latina, INTA fue creado como organismo autárquico, con capacidad de intervención en todo el territorio nacional (Leon y Losada, 2002). Por otra parte, por primera vez, la práctica de la extensión era concebida en unidad con la investigación agropecuaria. La definición de estos dos pilares de acción (investigación y extensión) bajo un mismo marco institucional fue lo que distinguió al INTA de sus pares.
Hacia fines de 1959 el INTA se había organizado en siete Centros Regionales, 39 estaciones experimentales agropecuarias y 81 agencias de extensión rural, a lo largo y ancho del territorio argentino. Además, contaba con tres centros de investigaciones en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, creado en 1948 en Castelar, en la provincia de Buenos Aires, e incorporado al organismo luego (INTA, 1996). Por entonces, la práctica de la extensión rural en el INTA oscilaba entre la asistencia educacional y la mirada asistencialista. Sobre la base del sistema de extensión estadounidense, identificado con la misión de “ayudar a la gente mediante un proceso educativo que utiliza conocimiento científico” (Rasmussen, 1989: 4),los nuevos modelos institucionales partieron de considerar la disponibilidad de la tecnología a nivel internacional para su adaptación y difusión a América Latina. Junto a la asistencia técnica, el financiamiento emanado de organismos internacionales fue de gran peso en esta etapa, en un marco signado por la Alianza para el Progreso y la “amenaza” de la reproducción de la revolución cubana (1959)⁴. El andamiaje teórico que signó este enfoque de la extensión estuvo protagonizado por los principales exponentes de la sociología rural norteamericana, teóricos de la modernización agraria, quienes sentaron las bases para la orientación de la extensión en el marco de la revolución verde. Esta concepción, centrada en barrer resistencias culturales identificadas al atraso, tenía en el componente educativo un énfasis particular. En este sentido, una de las principales críticas posteriores al resultado de la difusión del modelo de Everett Rogers es que redundó en “una extensión agrícola asistencialista y paternalista” (Paz, 1989:9), unida a la necesidad de evitar los desbordes sociales mediante una integración subordinada de las franjas de agricultores de menores recursos. Los comienzos de la experiencia con la cooperativa Campo Herrera no estuvieron al margen de este enfoque.

2. Los comienzos de la cooperativa

Luego de un álgido conflicto, protagonizado por 350 obreros de campo despedidos a los que se les adeudaban meses de salario, la Compañía Azucarera Bellavista S. A., propietaria del establecimiento, cedió 2.000 hectáreas al gobierno provincial como parte de pago de una deuda empresarial con el fisco, destinadas a los trabajadores a fin de paliar la crisis ocupacional. El Ministerio de Bienestar de la Nación solicitó entonces el asesoramiento del INTA. El instituto ya conocía al ingenio, ubicado a escasos metros de su Estación Experimental Regional Famaillá. El objetivo fundamental para el que había sido convocado era contar con una asesoría sobre cómo debían ser explotadas las tierras. Durante 1967, un equipo del Centro Regional del Noroeste del INTA preparó un informe centrado en analizar tanto el aspecto técnico- agronómico, como las condiciones socio-económicas existentes. El INTA fue contundente: la parcelación generaría un minifundio agravado, que empeoraría las condiciones de vida y de trabajo. De ser divididas, las dos mil hectáreas ofrecidas a los 350 cañeros sólo permitirían la conformación de minifundios, situación que era alertada negativamente. La recomendación del INTA fue explotar la propiedad en una sola unidad sin parcelar, bajo un sistema cooperativo. Los trabajadores fueron consultados, muchos de ellos no aceptaron la propuesta y solicitaron indemnizaciones individuales. Sin embargo, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), donde estaban sindicados los obreros despedidos, apoyó la propuesta del INTA y colaboró en los trámites iniciales (West, 1989). En 1967 se constituyó formalmente la cooperativa y un año después recibió la personería jurídica.
Frente a la profunda crisis social que atravesaba la provincia, con niveles inéditos de desempleo y migración, la posibilidad de sostener la fuente de ingresos y la autonomía que permitía la nueva organización representó para los ex trabajadores del ingenio una situación que contrastaba con la vivida por la mayoría de los cañeros tucumanos. En plena crisis azucarera marcada por la sobreproducción y la caída del precio del azúcar, el cierre de los ingenios y la prohibición de cultivar caña de azúcar afectaba a más de diez mil familias minifundistas (Pucci, 2007). A contramano de la tendencia general, donde los pocos ingenios supervivientes habían cesado de contratar personal permanente, y en un marco nacional signado por la dictadura en ciernes, la cooperativa comenzaría a crecer. Para 1970 la población total residente en tierras de la cooperativa era de 935 habitantes, 509 hombres y 426 mujeres (Vessuri, 1977).
Durante los primeros tres años, el director de la estación experimental de Famaillá, Roberto Fernández Ullivarri, asumió las funciones gerenciales y un equipo de técnicos de la estación experimental siguió de cerca el funcionamiento operativo. Pasados esos primeros años, fue la cooperativa la que logró contratar un auditor externo y un asesor contable (asociado de la cooperativa, Famaillá, 21-09-2010). Ullivarri era por entonces un destacado genetista. Las variedades de caña de azúcar que había logrado obtener eran de las más buscadas en el mercado. Su figura, como impulsor del proyecto, iría transformándose junto a la propia experiencia.
Las tareas del INTA se abocaron inicialmente a prestar asesoramiento en la recuperación de tierras de potreros y montes, eliminar cañaverales improductivos, proveer de energía eléctrica a la zona, brindar capacitaciones periódicas para tractoristas y mantenimiento de maquinaria a los trabajadores. A instancias de la asesoría del área de Hogar Rural del INTA fueron realizadas campañas de vacunación masiva a la población no escolar en general, y en particular dentro de la cooperativa. El trabajo del INTA también incluyó diversificar el área cañera mediante el cultivo de maíz, trigo y tabaco, preparar a los asociados para realizar el control de calidad de la caña de azúcar y para iniciar la fabricación de ladrillos como actividad complementaria, y destinada a ampliar las viviendas existentes. También se organizó una tejeduría semi-industrial y, mediante la agencia de extensión rural Monteros, un club deportivo y una biblioteca pública⁵. A lo largo de dos hectáreas, con asesoramiento técnico de la agencia de extensión rural y de la estación experimental, fue organizada la huerta, que se mantendría por treinta años. A cargo de un técnico de INTA durante los primeros años, producía las principales hortalizas de estación, que eran repartidas en forma equitativa entre la población de la cooperativa. Un almacén comunitario completaba la infraestructura del predio.
Junto al asesoramiento técnico, comenzó a configurarse una relación con los pobladores, y a plantearse distintos diagnósticos sobre la tarea que se estaba realizando. En principio, según lo reconocían los integrantes de la estación experimental de Famaillá involucrados en el proyecto, la actividad apelaba a uno de los sentidos originarios de la creación del organismo, fuertemente repetido en la jerga institucional: el trabajo con la “familia rural”. Ahora bien,¿cuál era el sentido que desde el INTA se otorgaba a esta tarea?
En un comienzo, la mirada sobre la cooperativa contempló elementos diversos. Algunos, entroncaron con la filosofía promovida desde el instituto y retomaron los enfoques socio-económicos en boga (fuera y, sobre todo, dentro del INTA) sobre la problemática agropecuaria. En esta línea, dentro de la propuesta elevada por el INTA al Ministerio de Bienestar Social, uno de los objetivos planteados plateados para la cooperativa era que fuera “una empresa eficiente, competitiva, en continua expansión y desarrollo” (INTA, 1967, cit. en Domínguez y Hervás, 1973: 141). En este sentido, después de dos años de iniciada la experiencia, en un informe institucional se destacaba la “falta de sentido económico” y la “falta de sentido administrativo” como resultado de la “persistencia de ciertos elementos originales” (Domínguez y Hervás, 1973: 156). Sintetizando la visión que subyacía en el asesoramiento, y en línea con las premisas vigentes en la extensión rural y en los estudios socio-ecónomicos de administración rural impulsados por el instituto, afirmaban que “(…) transformarlos en empresarios eficientes es el más complicado logro de todos los que pueda fijarse la cooperativa como organismo económico” (Domínguez y Hervás, 1973: 158, énfasis propio). Otro elemento de continuidad retomaba un aspecto que había pesado fuertemente desde los inicios de la acción del INTA: el contacto con la iglesia católica. En este caso particular, el mismo informe institucional remarcaba dentro de las tareas de promoción comunitaria la de “asistencia espiritual”. Según reseñaban los técnicos del INTA, mientras que en un inicio el cura párroco de Famaillá visitaba la cooperativa, tiempo después, “El doble papel -religioso y axiológico- que una labor pastoral podía llevar a cabo, motivó a solicitar la colaboración del Decanato sacerdotal del Departamento de Famaillá” (Domínguez y Hervás, 1973: 180). El resultado fue la recepción de un sacerdote tres días por semana en la cooperativa. “De su tarea pastoral y educativa hablará el tiempo, pero queremos resaltar la importancia que reviste para el medio como vector de una depurada escala de valores” (Domínguez y Hervás, 1973: 180, énfasis propio), apuntaba el informe del INTA redactado en 1969, y re-editado en 1973. Esta vinculación también estaba presente en las pautas de socialización que se promovían entre jóvenes y mujeres del campo a través de dos canales institucionales del INTA, los clubes juveniles 4-A y los servicios de Hogar Rural.
Al mismo tiempo, la tarea con la cooperativa planteaba algunos ejes más bien disruptivos o, al menos, novedosos dentro de los contenidos vigentes en la extensión rural. Uno de estos se refería a los interlocutores que debía tener el INTA. Partiendo de una caracterización de la estructura de tenencia de la tierra del área cañera, se afirmaba que “El minifundista y el pequeño productor” debían ser objeto de una política agraria (Domínguez y Hervás, 1973: 86). Se planteaban las directrices de la tarea de extensión rural señalando que “Circunscribirse a cuestiones relacionadas con las técnicas agropecuarias en forma exclusiva significa auto-colocarse vallas”; y señalando la necesidad de que la extensión agropecuaria “dejara de ser entonces cuestión del productor agrícola o del productor pecuario, para transformarse en un accionar positivo que coloque en términos de vigencia a una gran masa de población rural” (Domínguez y Hervás, 1973: 97). Para argumentar esta orientación, se retomaban los propios fundamentos de creación del INTA, citando del decreto-ley que dictaminara su creación los pasajes correspondientes al ejercicio de la extensión rural como asistencia técnica, educacional y cultural, y como herramienta para mejorar la comunidad. También se marcaban diferencias en cuanto a una orientación ya arraigada, que señalaba la falta de adopción de la tecnología agropecuaria disponible como efecto del atraso cultural. Al respecto, indicaban que era frecuente encontrar en otros análisis referencias a la “resistencia al cambio”, asociada a “una particular idiosincrasia, irreversible e inmodificable” (Domínguez y Hervás, 1973: 135), y oponían a esta mirada culturalista la necesidad de afrontar las condiciones de vida y trabajo, tamaño de los fundos, entre otras variables. En este marco, el trabajo con la cooperativa era planteado como una herramienta para combatir el éxodo rural y como experiencia piloto para otras regiones.
Estas tensiones, entre las prácticas tradicionales y la aparición de nuevos enfoques, tomarían nuevo impulso en los años siguientes. El trabajo con la cooperativa, que desde sus inicios había sido visto con recelo desde algunos sectores de la institución, estaba por convertirse en un verdadero frente de batalla.

3. Los avances de la cooperativa o “un tractor por un antropólogo”

Dentro del equipo de técnicos que trabajaba con Campo Herrera fue incorporado un antropólogo, Santiago Bilbao, que pronto pasaría a coordinar el trabajo. Su traspaso a la estación experimental de Famaillá fue arreglado enviando, a su vez, un tractor a la experimental del Chaco, de dónde provenía. “Ése era el valor simbólico de un antropólogo en el INTA” (Francisco, Buenos Aires, 10-11-2009, entrevista realizada por la autora), apunta con ironía un ex integrante del INTA. Bilbao había ingresado por concurso y se desempeñaba como investigador. A instancias del director nacional del INTA, y habida cuenta de la baja actividad de investigadores en ciencias sociales en la zona, fue recomendado para sumarse al trabajo con Campo de Herrera.
El trabajo con las familias que integraban el ingenio recuperado comenzó entonces a estar acompañado por investigaciones que indagaban en la estructura de propiedad tucumana, la caracterización del obrero cañero y el problema del minifundio (Bilbao, 1972). También incluyeron el estudio de las condiciones de alojamiento, régimen laboral, nivel de desempleo, seguridad social, nivel educativo y estado de salud de la población rural de la zona (Fernández Ullivarri, 1973). Se entendía la figura de cooperativa agrícola, orientada al mantenimiento de la familia como unidad productiva, como una alternativa necesaria para una región que, según especificaban, concentraba el 60% de los minifundios y el 37% de los asalariados rurales del país (Fernández Ullivarri, 1973).
A partir de estas indagaciones, se fue configurando una experiencia híbrida de investigación y extensión rural. La práctica extensionista, de contacto directo con los miembros de la cooperativa, era planteada en simultaneidad al estudio de las raíces históricas de la estructura social agraria tucumana, sus efectos y posibles proyecciones. En este sentido, el trabajo excedía con creces el asesoramiento meramente técnico, hasta entonces asociado a la idea de difundir la tecnología disponible y convertir a los ex obreros del ingenio en “empresarios eficientes”. Este nuevo enfoque los distanciaba de la orientación vigente en un inicio, tanto en la forma de operar dentro de la cooperativa, como en los contenidos de las investigaciones que servían de marco al proyecto. Temporalmente, esta mirada también coincidía con un replanteo de los fundamentos de la extensión rural a nivel regional, influido fuertemente por los aportes de Paulo Freire (1969) a través de la incorporación de herramientas propias de la educación popular que comenzaban a cuestionar la idea de los agricultores como receptores pasivos, y vacíos de conocimientos⁶.
Al interior de la cooperativa comenzaron a impulsarse las deliberaciones en formato asambleario, y a situarse las caracterizaciones a partir de ciertas precisiones históricas y culturales. También comenzó a plantearse la necesidad de recuperar la tradición sindical presente en la experiencia de la mayoría de los miembros de la cooperativa (Vessuri, 1977). En relación a la investigación que acompañaba la experiencia, en un extenso documento interno de trabajo dedicado al estudio de las formas productivas de la provincia, se analizaba el proceso de reclutamiento, estacionalidad y características de los asalariados rurales ocupados en la caña de azúcar. El estudio incluía definiciones sobre la explotación familiar, descripciones sobre las organizaciones gremiales existentes, estadísticas sobre el éxodo rural hacia las ciudades capitales de la zona de influencia de la estación experimental de Famaillá, y señalaba a la desocupación y la migración forzada como las principales problemáticas (Bilbao, 1973). Temáticas novedosas para las agendas de trabajo del organismo.
Junto al asesoramiento en la producción de la cooperativa, comenzaron a organizarse talleres de discusión y formación. Organizados bajo la conducción de Bilbao, estaban destinados a los asociados de la cooperativa, quienes asistían computando su participación como horas de trabajo remuneradas. Cooperativismo, participación comunitaria, los cursos apuntaban a problematizar el sentido de la experiencia a partir de sus propios protagonistas. Se apuntaba, entre otros ejes, a discutir “lo que significaba ‘dueño’ y ‘obrero’ tanto para el grupo técnico y el grupo receptor” (Bilbao y Vessuri, 1986: 140), como a través de la nueva organización cooperativa. Quien por entonces oficiaba de jefe de campo, ex compañero de Bilbao en un equipo docente de la Universidad de Tucumán, los consigna como talleres “de formación doctrinaria” (West, 2009: 8). Hebe Vessuri, esposa de Bilbao e investigadora en aquel entonces de la Universidad Nacional de Tucumán, quien por ambas circunstancias siguió de cerca la experiencia, recuerda el trabajo que se llevaba adelante en la escuela de Campo Herrera, donde Bilbao se encontraba con los asociados terminada la jornada de trabajo: “Todo ese trabajo era oficial, estaba organizado por el INTA. No se trabajaba en horas de oficina porque la gente estaba en el campo. Tenían el asesoramiento técnico del INTA y el asesoramiento social del INTA para organizar la cooperativa (Vessuri, Buenos Aires, 13-04-2011, entrevista realizada por la autora). Ése era el ámbito en donde se discutía el trabajo que se estaba realizando y sus implicancias, junto a otros problemas de la comunidad, entre los que destacaba la migración de los hijos y las posibles estrategias para generar ocupaciones para las generaciones más jóvenes. En una reflexión posterior, Bilbao y Vessuri (1986: 124) destacaban “el proyecto ideológico del equipo técnico” como uno de los elementos relevantes de la experiencia. Para ellos, y sus antiguos compañeros, se trababa de un “experimento” en el que podían probar que para la explotación de las tierras por un número elevado de obreros era preferible la explotación en gran extensión, y no la división en parcelas individuales, y que un proceso educacional colectivo que apuntalara el desarrollo comunitario podía realizarse “más eficientemente con un sistema cooperativo que con una sociedad de capital” (Bilbao y Vessuri, 1986: 125).
La experiencia en el territorio también era acompañada por distintos estudios que analizaban los resultados preliminares y los exponían en distintos encuentros académicos nacionales e internacionales (Bilbao, 1971; 1972; West y Sarraceno, 1974). Esta modalidad era poco frecuente en las actividades de extensión, frecuentemente más disociadas de las tareas de investigación a pesar de las directrices institucionales. Más infrecuente aún era que las tareas de extensión del INTA, más bien orientadas al mediano y gran productor, se dirigieran al proletariado rural. Aun cuando la vinculación entre el INTA y la cooperativa radicaba en el hecho de que los ex obreros pasaban a ser pequeños productores, el estudio de las condiciones de trabajo era en sí algo novedoso, así como lo era la articulación sostenida y profundizada con productores de tan baja capitalización.
Sin embargo, al interior del INTA, desde los comienzos existían fuertes resistencias, que estaban por radicalizarse. Por un lado, el sentido político amalgamado a la misión social que para algunos técnicos tenía que tener la labor del INTA trascendía el compromiso institucional. A pesar que el instituto hiciera una difusión de estas actividades, tanto en el terreno donde se movían los investigadores, técnicos y extensionistas, como en las instancias tomadoras de decisión a nivel nacional, existían cuestionamientos a esta tarea, que los situaban en una posición marginal al interior del organismo. En este sentido, el principal órgano directivo del instituto, su Consejo Directivo, históricamente integrado por representantes de las principales corporaciones agropecuarias del país, reflejó en sus sesiones estas disputas, e insistentes llamados de atención de algunos de sus miembros sobre el rol del INTA. En este marco, el accionar del jefe de la estación experimental de Famaillá era motivo de debate. Según evaluaba en una de las reuniones del Consejo Directivo el director nacional asistente de investigación,“La institución está incursionando en problemas que escapan a los fines específicos que determinaron su creación y son más bien de incumbencia del Ministerio de Bienestar Social”.⁷ Dentro de esta caracterización, la crítica apuntaba directamente al trabajo que venía desarrollándose en Tucumán con la cooperativa. A nivel local los conflictos no eran menores. “El resto de la estación experimental les tenía un odio espantoso. Tenían a su favor que éste era un proyecto del director de la estación experimental”, recuerda Vessuri (Buenos Aires, 30-07-2010, entrevista realizada por la autora). En paralelo, la conflictividad social de la región y del país crecía a pasos agigantados.

4. Desmantelamiento y reconversión

En 1974 se organizó una reunión del INTA con jóvenes del medio rural. Uno de los asistentes fue el mismo técnico del INTA que había redactado uno de los primeros informes institucionales de la cooperativa, por entonces aún partícipe del equipo técnico. A su regreso, volvió con una advertencia. Se comentaba que Bilbao, junto a dos de los técnicos que protagonizaban el trabajo con la cooperativa, estaban “marcados” por Alianza Anticomunista Argentina, la organización para-estatal concebida desde el seno del Estado como fuerza represiva (Franco, 2012), que por entonces protagonizaba una animosa escalada de violencia. En este sentido, el rumor expresaba el horizonte de posibilidades vigente en ese momento que, junto a los hechos en sí, daba cuenta de una subjetividad socialmente compartida Portelli (1996). También circulaba dentro de la experimental del INTA y se basaba en vincular a los integrantes del equipo que trabajaba con la cooperativa con organizaciones de las juventudes rurales. Sin embargo, mientras que el entonces jefe de campo, West, había tenido una activa militancia política como estudiante de agronomía, el antropólogo del INTA que lideraba el equipo, Bilbao, y el resto de los integrantes no desarrollaban una militancia activa partidaria, ni en otro tipo de organización política. Sí era el propio contenido del trabajo realizado con la cooperativa el que era cuestionado dentro de la propia estación experimental, y el que sería perseguido por las fuerzas represivas.Según Vessuri, “El ‘Gordo Domínguez’, que tiempo después fue director de la experimental y trabajaba en Campo Herrera, se entera que las Tres A denunciaba a esta gente del INTA. Eran Santiago [Bilbao], Hugo West y un agrónomo del INTA, Miguel Sarraceno. Que ellos eran boleta, que los iban a liquidar. Llegó con esa noticia” (Vessuri, Buenos Aires, 30-07-2010, entrevista realizada por la autora). Poco tiempo después, el 12 de diciembre de 1974, en tres operativos simultáneos, los tres técnicos, Bilbao, Sarraceno (ambos del INTA) y Hugo West, por entonces jefe de campo de la cooperativa, fueron detenidos. Puestos al poco tiempo a disposición del Poder Ejecutivo, permanecieron detenidos alrededor de 8 meses. Mientras que un funcionario del INTA alertó ese mismo día a Bilbao, anunciando que personal del ejército había ido a buscarlo a la estación experimental, Hebe Vessuri señala sobre las detenciones:

“A ellos tres [Bilbao, Sarraceno y West] de alguna manera los entregaron. El jefe de campo de la estación experimental de INTA, que había sido padrino de mi hija, el gallego Hervás, fue quien los denunció… el argumento de él era que había que entregar a alguien, que Santiago [Bilbao] tenía más fortaleza moral que otros y que iba a aguantar. Había sido padrino de comunión de mi hija. Éramos muy amigos, hasta que me enteré... él era informante de los militares, al parecer (Vessuri, Buenos Aires, 30-07-2010, entrevista realizada por la autora)”.

Después de circular por diversos penales, entre los que figuraron la cárcel de Devoto y una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Chaco, fueron liberados y consiguieron exiliarse en Venezuela. Estando ya fuera del país,fueron dejados formalmente cesantes del INTA. Por su parte, el director de la estación experimental de Famaillá, el ingeniero Roberto Fernández Ullivarri, fue trasladado a la provincia de Salta, desde donde continuó asesorando a la distancia a los directivos de la cooperativa.
La persecución a este equipo de trabajo no fue una situación aislada al interior del INTA. Tampoco las modalidades mediante las que operaron los mecanismos represivos, que utilizaron para desplegarse los datos recabados durante tareas de inteligencia desarrolladas al interior del organismo con anterioridad al golpe de Estado de 1976, y la provisión de información desde el propio INTA. En este sentido, los lazos personales, establecidos en el marco de una institución que fomentó históricamente la creación de un sentido de comunidad entre sus integrantes, también jugaron un rol, que tuvo a la protección y a la colaboración como dos caras de una misma dinámica. En palabras Francisco, ex investigador del INTA en este período, el director de una estación experimental “era como un patrón de estancia, un dueño y señor. Así como podía ser autoritario como un patrón con sus peones, independientemente que sean del campo científico, también era un protector con su familia, la familia INTA” (Francisco, Pergamino, 10-11-2009, entrevista realizada por la autora). La metáfora, propia del medio rural, que compara al director de la estación experimental con el patrón una estancia, alude, junto a las referencias a las jerarquías internas, a lo sucedido en estaciones experimentales de dimensiones pequeñas, como la de Famaillá, donde sus integrantes se conocían casi en su totalidad. Si en el testimonio citado de Hebe esta situación adquiere una dimensión particular, en tanto la persona señalada como informante era padrino de comunión de su hija, en otros relatos también se remarcan las relaciones de poder y proximidad establecidas al interior del organismo como parte del funcionamiento de la represión.
Por otro lado, la situación vivida por este equipo de INTA también reflejó la escalada represiva que se experimentó a nivel nacional. Todo un entramado de “medidas de excepción” (Franco, 2012) avanzó sobre la administración pública, el mundo laboral, el ámbito educativo y la circulación de la información, incrementando el control político e ideológico. En este contexto, el 31 de octubre de 1973 se había aprobado una ley de prescindibilidad para la administración pública. Impulsada con el objetivo de remover la herencia de la dictadura previa, la Ley 20.549 permitía dejar cesante personal del Estado a criterio de cada dependencia, y prohibía al personal afectado su reingreso al ámbito estatal por cinco años. Una segunda ley extendió su alcance, previsto en origen hasta el 31 de marzo de 1973, hasta diciembre de 1974. Según Marina Franco, “para muchos técnicos y profesionales la ‘prescindibilidad’ fue el inicio de largos exilios o de situaciones más graves en términos de persecución política” (Franco, 2012: 95). Tanto la violencia paraestatal como la proliferación de leyes y disposiciones que radicalizaron la función represiva del Estado crecieron, definiendo y normalizando desde el propio estado de derecho la necesidad de combatir la “subversión”⁸. En este sentido, también en INTA es necesario enmarcar la represión en un proceso de larga duración para comprender sus alcances, instrumentación e implicancias.
En mayo de 1975 el INTA fue intervenido por primera vez en su historia, a través de un decreto del Poder Ejecutivo. La segunda intervención, dispuesta por las Fuerzas Armadas, iba a producirse casi un año más tarde, el 24 de marzo de 1976. Lejos de limitarse al organigrama institucional, su impacto iba a traducirse en una profundización, de carácter inédito, de prácticas represivas al interior del organismo. A lo largo de este período, también los contenidos de investigación y extensión rural experimentarían drásticas transformaciones (Gárgano, 2011; 2014). Estas reorientaciones serían, en gran medida, a la vez insumos y efectos de las crisis de las economías regionales y de la desestructuración de la estructura social agraria a manos de la expulsión de productores poco capitalizados y trabajadores rurales, unos de los principales rasgos del espacio rural en este período (Manzanal y Roffman, 1989).
Producido el golpe militar de 1976, la presencia de un destacamento permanente en la zona acarreó algunas situaciones de conflicto con integrantes de la cooperativa. No obstante, durante estos años, ésta mantuvo su funcionamiento, incluyendo la renovación periódica de sus autoridades mediante la asamblea de asociados (integrantes de Campo de Herrera, Famaillá, 21-09-2010, entrevista colectiva realizada por la autora). El precio fue el aislamiento. Si bien, mediante contactos mucho más esporádicos e inorgánicos, parte del asesoramiento técnico del INTA se mantuvo, se perdió totalmente el trabajo de discusión y acompañamiento que buscaba instalar el debate y la reflexión sobre el sentido de la experiencia, tanto dentro de la cooperativa como al interior del INTA.
Para entonces, la persecución a las organizaciones de trabajadores y cañeros independientes nucleados en la FOTIA y en la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) redundó en una fuerte caída del salario, que estuvo acompañada por la caída del precio del azúcar y el creciente aumento inflacionario. Esta situación no tardó en repercutir al interior de la cooperativa Campo Herrera, que fijaba los ingresos de acuerdo a la tabla salarial de los trabajadores cañeros permanentes. Según afirma Hugo West, quien después del exilio se reincorporó a la cooperativa donde aún hoy permanece, Campo de Herrera se vio obligada a“adquirir un perfil de empresa económica capitalista típica, pasando los objetivos sociales y comunitarios a segundo plano, reduciéndolos al mínimo o abandonándolos ocasionalmente” (West, 2009: 10).
Sin embargo, la cooperativa logró garantizar su supervivencia hasta el día de hoy, sorteando diversas y profundas crisis económicas y políticas. Por un lado, el retroceso en la expansión de formas alternativas de producción, en un escenario dominado por los grandes capitales azucareros, los confinó a la supervivencia sin que lograsen ampliar la cantidad de asociados o crecer fuera de los rubros tradicionales. Si bien la cantidad de personas que habitan en el predio ha aumentado considerablemente, mantienen la cantidad de 120 asociados. Al fallecer un miembro, solamente puede incorporarse su hijo varón, en caso de tenerlo. Asentados en las mismas 2000 hectáreas que al comienzo, de las tierras más fértiles y ricas de la provincia, han recibido numerosas ofertas y presiones para venderlas, situación a la que se niegan desde hace décadas. En cuanto a las actividades productivas, fracasaron los intentos de diversificación, luego de ensayos fallidos en el cultivo de frutillas y la cría de animales de granja. Y, mientras que mantienen la existencia de una escuela primaria dentro de la cooperativa, han perdido la huerta comunitaria, el taller textil y el almacén comunitario que funcionaban durante el período analizado. Sí conservan la forma de organización del trabajo rotativa con igual retorno, es decir, todos circulan por las diferentes tareas productivas y de gestión y dirección de la cooperativa con iguales remuneraciones. Mantienen la producción de ladrillos y la citrícola, que se organizan alrededor de la actividad principal, la caña de azúcar. Es, precisamente, este ciclo productivo un círculo vicioso. Por la propia estacionalidad de la zafra, los meses de verano los encuentran tomando deuda con los principales ingenios para poder cubrir los ingresos de los asociados en este “tiempo muerto” de los meses estivales, situación que redunda en que el inicio de una nueva zafra los encuentre ya endeudados antes de comenzar. Este proceso es claramente explicado por uno de los integrantes de la cooperativa: “El ingenio sabe que nosotros les tenemos que dar la caña, así que ellos nos prestan plata. Saben que nosotros les vamos a pagar. Sí o sí tenemos que pagar. En las manos de ellos estamos” (Raúl, asociado, entrevista realizada por la autora, Famaillá, 02-02-2015). En este sentido, quizás una de las mayores fortalezas, heredada de su propia experiencia histórica, sea la conciencia de este proceso que hoy portan los integrantes de la cooperativa. En palabras de Pelé, uno de los asociados que es parte de la segunda generación de asociados:

“El problema grande que tenemos aquí en la cooperativa, estamos con el precio del azúcar, que no repunta. Nosotros prácticamente vivimos de la caña, y usted ha visto que en los últimos años el precio del azúcar se ha venido muy abajo. No vale nada la bolsa de azúcar para nosotros. Para los industriales sí, porque ellos pagan lo que quieren al cañero. Y encima le hacen el rendimiento, el kilo, todo le hacen (Pelé, asociado, 10-02-2015, entrevista realizada por la autora).”

En la misma línea, Roberto señala que ellos no pueden retardar la venta de azúcar, al contrario de los ingenios, “Los ingenios pueden guardar el azúcar. Y ellos la guardan, especulan con el precio del mercado” (asociado, entrevista realizada por la autora, Famaillá, 02-02-2015). Los testimonios pronunciados por trabajadores que realizan tareas diversas y pertenecen a distintas franjas etarias, asociados de segunda y tercera generación, coinciden en este punto. Así, las caracterizaciones sobre grandes cañeros y, más puntualmente sobre los ingenios azucareros, se repiten y delinean el mismo mapa de acumulación y desposesión: “Ellos no pierden, ellos son los que ganan. Los industriales, ellos nunca van a perder” (Pelé, entrevista realizada por la autora, 05-02-2015). O bien, “Ellos manejan la economía de Tucumán, ellos manejan el precio del azúcar. Y ellos, cuanto menos te pagan, sacan más ganancia” (Rodolfo, asociado, entrevista realizada por la autora, Famaillá, 05-02-2015). Así, en alusión al mismo círculo productivo que no logran revertir, mientras que “ellos”, “controlan todo” y “tienen espalda para aguantar” la caída del precio del azúcar,

“Nosotros no, nosotros tenemos que pagar, y hay que facturar, tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela, tenemos que comer, nuestras familias… y eso a nosotros nos hace muchas veces sacarnos las zapatillas, para no decirlo con otras palabras más rudas, y tenemos que ceder en la venta del azúcar”(Mario, asociado, entrevista realizada por la autora, Famaillá, 05-02-2017).

En el mismo sentido se expresa Ernesto, quien mientras desmaleza un cañaveral machete en mano afirma, “Lo nuestro, lo que producimos, es lo que se genera para que nosotros comamos. Son épocas difíciles, muy difíciles, los precios que no son estables… Y quien lo paga es la clase trabajadora. Paga todos los costos. Así que…” (Ernesto, entrevista realizada por la autora, Famaillá, 04-02-2015). Esta conciencia del proceso de trabajo, y de las razones que determinan las condiciones de vida de la cooperativa, que se evidencia en distintos testimonios, no está acompañada por acciones, ni deliberaciones conjuntas. Más bien, la cooperativa permanece en una situación defensiva, por momentos detenida en el tiempo, y sostenida en la memoria colectiva de sus integrantes, que encuentran en la historia de los fundadores, sus padres o abuelos, un pasado añorado que es un eterno punto de retorno. “Campo de Herrera yo nací, crecí. Yo quisiera morir en mi pueblo”, afirma Mario (Mario, asociado de Campo de Herrera, 03-02-2015, entrevista realizada por la autora).En esta línea, mientras que no han podido experimentar una expansión, lo que se ha transmitido claramente a lo largo de tres generaciones es el arraigo a la tierra, concebida como espacio de identidad, como el lugar en el que se quiere estar, se dispone del propio tiempo y se proyecta el futuro, aún en condiciones adversas. O precisamente por ellas: “están mis nietos, y si esto se va, nos vamos nosotros. Así estamos, en la lucha”, explica Gladys, una de las pocas voces de mujeres en una comunidad dominada por hombres.
En un sentido opuesto, en el INTA no hubo transmisión de la experiencia que diera continuidad al trabajo realizado. Producido el desmantelamiento del equipo en 1974, los lazos con la cooperativa se fueron debilitando. Y, posteriormente, no volvieron a gestarse trabajos de investigación ni de acción con un perfil similar al desarrollado con la cooperativa, ni con Campo de Herrera, ni en otra. Actualmente, un técnico de la estación experimental es contratado por la cooperativa para tener un apoyo técnico para determinar el rendimiento de la caña de azúcar que producen, elemento vital al momento de pelar su precio frente a los ingenios compradores. También hay habitantes de Campo de Herrera que trabajan dentro de la estación experimental del INTA, mayormente como trabajadores de campo. Sin embargo, la distancia que separa el predio de la estación experimental de Famaillá del de la cooperativa, escaso en metros, es significativa en comparación al rol inicial que tuviera el organismo y, sobre todo, del peso que adquirió en la primera década de 1970. Lejos de haberse profundizado, y mucho menos replicado, la experiencia se mantiene viva en la memoria colectiva de la institución, pero carente de acciones que la enlacen a su presente⁹.

5. Conclusiones

La experiencia de trabajo desarrollada por un equipo del INTA con la cooperativa Campo Herrera se constituyó como una alternativa al enfoque tradicional del organismo, en tanto buscó reforzar y resignificar la inserción territorial, en pos de transcender la mera asistencia técnica, y contribuir al replanteo de las condiciones de vida de la población implicada. Tomando críticamente los enfoques previos, generó una articulación novedosa, cuya trayectoria estuvo atravesada directamente por los vaivenes políticos y económicos del país. El desmantelamiento del equipo de trabajo a fines de 1974 se produjo en un marco de agudización del conflicto social a nivel nacional, y del desarrollo de una escalada represiva que avanzó sobre los espacios laborales, incluido el INTA. Junto a la discontinuidad de la iniciativa, también las disputas que habían surgido a partir de esta experiencia, que involucraban contenidos y destinatarios de investigación y la extensión rural, fueron desestructuradas. En Famaillá, espacio geográfico y político de ineludible referencia para la historia reciente, este caso nos acerca a dimensiones que aún restan explorar en mayor profundidad: la forma en la que operó la represión en ámbitos estatales, su impacto en la ordenación de organismos y políticas públicas, y sus efectos perdurables en la organización del tejido social.
Por otro lado, el desmantelamiento del equipo del INTA que trabajaba con la cooperativa Campo de Herrera también expresa algunas problemáticas ligadas a la conformación de la identidad institucional del organismo, y a los efectos que acarrea el modo en el que se saldan estas disputas para quienes son destinatarios de sus acciones. En un contexto represivo, la persecución y el disciplinamiento fueron, indudablemente, piezas fundamentales a la hora de definir quiénes permanecían en la institución, y qué líneas de trabajo se impulsaban. También otros elementos jugaron en estas definiciones. El INTA estuvo signado desde su creación por un mandato institucional, que definió a “la familia rural” como uno de sus destinatarios, junto a la empresa agropecuaria. Así, aunque de forma imprecisa y modificada a través del tiempo, la“familia rural” fue concebida como la unidad social básica de interlocución, especialmente a través de las tareas de extensión rural. Ahora bien, la figura de “familia” no se circunscribióúnicamente a la población rural implicada. También fue construida al interior del instituto, como estructura de pertenencia que estableció pautas explícitas e implícitas de funcionamiento, jerarquías e identificaciones que moldearon la matriz institucional. La conformación de una identidad en el INTA estuvo marcada por un alto sentido de pertenencia de muchos de sus miembros, unido a una estructura fuertemente corporativa, capaz de albergar y contener las tensiones internas. Mientras que la cohesión promovió la organicidad, al mismo tiempo, esas identificaciones comunes fueron apropiadas en modo divergente. Esto permitió, en distintas coyunturas y, en particular en los años previos a la última dictadura, la resignificación de determinados elementos asociados al ethos del instituto desde su creación (la “familia rural”, la“comunidad”, la “familia INTA”) y su puesta en práctica en otros marcos conceptuales. El trabajo realizado por el equipo que articulaba con Campo de Herrera evidencia esta operación, y también sus limitaciones. Así como el Estado movilizó a los extensionistas a través del INTA, al mismo tiempo, estos fueron generando aproximaciones diversas, en cuanto a los enfoques y tareas impulsadas, que rebasaron el compromiso institucional. La contratara de esta estructura de “paraguas” del instituto, bajo la cual se impulsaban líneas de acción disidentes, fue el aislamiento de las orientaciones con menor relación de fuerzas a su favor¹⁰. En este sentido, el INTA no permaneció al margen de otras dinámicas ligadas al funcionamiento de las burocracias estatales. Como señala acertadamente Tiscornia, el poder cristalizado en las instituciones también evidencia los conflictos en vastas áreas estatales en las que la estrategia exitosa de grupos de interés consigue ocupar espacios “dejando fuera -o arrinconados en oficinas polvorientas e incómodas- a quienes pierden las pequeñas batallas por el monopolio del recurso estatal y, en demasiadas ocasiones, a los colectivos sociales que están llamados a atender” (Tiscornia, 2004: 5). Junto a la actividad gremial y a la militancia política, principal móvil de las acciones represivas desplegadas en el INTA, el espacio institucional en su conjunto fue reorganizado, y las tensiones pre-existentes se montaron sobre estos mecanismos para lograr ocupar cargos, agendas y recursos.
En 1984, con la restauración democrática, algunos técnicos intentaron retomar el contacto con la cooperativa. Luego de solicitar sin éxito su reinserción en el INTA, Santiago Bilbao continuó realizando investigaciones orientadas al estudio de organizaciones campesinas en Venezuela. El ex director de la estación experimental de Famaillá, Roberto Fernández de Ullivarri, reconocido genetista a nivel internacional, se jubiló en 1988 en condiciones penosas. Las trayectorias no describían solamente situaciones individuales, evidenciaban transformaciones más amplias, vinculadas a la orientación de las agendas del INTA. También, a los cambios registrados en el ámbito rural desde la década de 1970, de las que el derrotero de esta experiencia de trabajo fue parte.
En 1988, un informe institucional volvió a tomar a la cooperativa Campo de Herrera como objeto de estudio (Tort y Lombardo, 1983). Según recuerda una de las autoras del informe, los miembros de la cooperativa “habían entrado con todo el enfoque productivista, de la competitividad y era un desastre” (Tort, Buenos Aires, 2010, entrevista realizada por la autora). Por entonces, los enfoques productivistas, organizados en base a un discurso que se centró en promover la “eficiencia” y la “viabilidad económica”, habían copado las agendas de trabajo del INTA, mientras que miles de agricultores de pequeña escala eran expulsados del campo. Las estrategias de extensión rural priorizaron el contacto con productores fuertemente capitalizados, al tiempo que fueron dejando atrás las inserciones comunitarias destinadas a la población rural. Desde 1977 se intensificaron las experiencias en campos de productores efectuadas por las agencias de extensión rural del INTA. Tratamientos de fertilizantes, introducción de variedades y de diversas prácticas de manejo fueron ensayados en grandes propiedades, lo que permitió a esta franja de productores incrementar sus niveles de productividad y rendimiento (INTA, 1978). En este marco, la extensión rural desarrollada por el instituto se caracterizó por una fuerte escisión entre el discurso institucional, que siguió aludiendo a la familia rural como interlocutor principal, y su puesta en práctica. Una memoria técnica de la estación experimental de Famaillá sintetizaba, en 1983, una situación que era común para el conjunto del sector y en particular para las economías regionales: “La descapitalización de los productores, el desaliento y la quiebra financiera hicieron que solamente las empresas de mediana y gran magnitud recurrieran a la consulta y aplicación de tecnología” (INTA, 1983). La afirmación describía acertadamente la consolidación de un público, minoritario y concentrado, como principal usufructuario de las tareas del organismo.

Notas

¹ Este trabajo recupera algunas de las reflexiones planteadas inicialmente en mi tesis doctoral, “Ciencia, tecnología y dictadura. Producción de conocimiento e intervención militar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 1973-1983”, desarrollada con apoyo de dos becas doctorales otorgadas por CONICET y defendida en noviembre 2014 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Agradezco especialmente a Hebe Vessuri los materiales facilitados, que han aportado significativamente a la reconstrucción de la experiencia que es objeto de este artículo.

² Cabe señalar que tanto las actividades de extensión impulsadas en la región por fuera de la órbita del Estado, como el movimiento cooperativo en sí mismo, han sido objeto de relevantes y numerosas contribuciones Entre otros, véase De Dios y Vigil (1985); Carriart (2002).

³ Las actividades de extensión rural e investigación impulsadas desde el Estado no surgieron en la segunda mitad del siglo XX, cuando fue creado el INTA. En 1899 el Departamento Nacional de Agricultura, que había sido creado en 1871, fue transformado en Ministerio, y estuvo acompañado por la promoción de diversos planes de extensión rural y por la creación de numerosas estaciones agrícolas, granjas experimentales y escuelas agronómicas (Djenderedjian, 2014). La mayor cantidad de trabajos que han tomado a las prácticas de extensión del INTA como objeto de estudio se concentran en los cambios de las actividades durante la década de 1990 (Albaladejo, 2006; Calandra, 2009; Cantu y Cimadevilla, 1997; Llovet y Fernández Besada, 1990; Reichart, 1994; entre otros), o en transformaciones productivas recientes (Larrañaga y Blanco, 2007; Thornton y Cimadevilla, 2003, 2008; Tort, 2008). Los comienzos han sido detalladamente analizados por Losada (2003), para visiones más panorámicas, véase Alemany (2003) y Carballo (2007).

⁴ Las agencias de la ONU tuvieron un rol destacado, en especial la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Food and Agriculture Organization (FAO), el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) y el Banco Mundial (BM). También lo tuvieron las Fundaciones, en particular la Fundación Rockefeller y los organismos de las agencias bilaterales para el desarrollo. Véase Fitzgerald (1986).

⁵ El taller de tejido era organizado por la asesora de Hogar Rural del INTA, María Antonia Coria. 35 mujeres dispusieron de 10 máquinas de tejer industriales y 25 máquinas de coser, con las que confeccionaban ropa de trabajo para ser vendidas a las tiendas de la cooperativa (West y Sarraceno, 1974).

⁶ El educador brasileño publicó en 1969 ¿Extensión o Comunicación? Sobre los profesionales y elconocimiento en el (no) diálogo de saberes, en donde -en un contexto de reforma agraria enmarcada enlas propuestas de la Alianza para el Progreso- centraba su concepción educacional libertaria en la cuestión agraria. El planteo partía de un análisis crítico de la extensión rural en tanto expansión unidireccional de conocimiento. En particular, Freire problematizaba el rol en el cambio social de los ingenieros agrónomos y técnicos agrícolas dedicados a tareas de extensión rural, con el objetivo de contribuir a la democratización de la vida rural. Véase Freire (1969).

⁷ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1973): Acta de Sesiones de Consejo Directivo, Acta N° 598, 8-05-1973.

⁸ Seguimos aquí la interpretación de Marina Franco, quien se propone complejizar la comprensión del fenómeno del Terrorismo de Estado registrando continuidades históricas y responsabilidades civiles en un ciclo represivo de larga duración, sin que esto implique modificar “un ápice la responsabilidad criminal de las Fuerzas Armadas (…)” (Franco, 2012: 33). El 5 de febrero 1975, el decreto 261 dispone “aniquilar el accionar de los elementos subversivos” presentes en la provincia de Tucumán, dando origen al Operativo Independencia. Este operativo suele tomarse como el inicio de la represión que se sistematizaría a partir de 1976. El análisis de Franco (2012) remarca la responsabilidad del período constitucional previo y del arco partidario en el establecimiento de medidas de “excepción” que fomentaron la violencia estatal.

⁹ Resulta pertinente señalar que el propio relato de la institución sobre su historia ha omitido cualquier referencia a este período, a pesar de tener distintas de publicaciones propias sobre su trayectoria en la que se aluden las distintas coyunturas nacionales (INTA, 1996, 2006). Retomando el planteo de Pollak (2006) sobre la idea de “memoria encuadrada” de Henri Rousso, éste es un caso donde puede observarse cómo se produce la construcción oficial de la memoria institucional.

¹⁰ Como señala Bourdieu, “en todas las familias, y en el seno de la misma familia, todos los miembros no tienen la misma capacidad ni la misma propensión a amoldarse a la definición dominante” (Bourdieu, 1994: 138).

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35. Tort, María Isabel y Lombardo, Patricia (1983): Las cooperativas de trabajo agropecuario en Argentina, Buenos Aires: INTA.         [ Links ]

36. West, Hugo (1989): “La vigencia de Campo de Herrera”, ponencia presentada en las Primeras Jornadas Regionales sobre Desarrollo Rural, IPERDERNOA UNT, Tucumán.

37. West, Hugo (2009): “Campo de Herrera. Tucumán, Argentina. Un pueblo cooperativo para el desarrollo rural y la economía social (1967-2009)”. Manuscrito inédito. 23p.

38. Zalazar, Raúl (1988): Aportes a la estructura poblacional de Campo de Herrera. Tucumán: Centro de Investigaciones Sociológicas, UNT.         [ Links ]

7. Documentos

Bilbao, Santiago (1971): Capacitación y organización de las cooperativas de trabajo agrícolas de la provincia de Tucumán, Famaillá: EEA INTA Famaillá. (Circulación interna).

Bilbao, Santiago (1972): Investigación sociocultural en una cooperativa agropecuaria de trabajo, Famaillá: INTA (Circulación interna).

Bilbao, Santiago (1973): Formas productivas de la provincia de Tucumán, documento interno de trabajo, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Famaillá.

Bilbao, S. y Vessuri, H. (1986): “La experiencia rural de Campo Herrera”, en Iturraspe, F. (Ed.) Participación, cogestión y autogestión en América Latina. Caracas: Nueva Sociedad.

Domínguez, J. A. y Hervás, A. (1973): Cooperativas agropecuarias de trabajo. Una alternativa de solución para el problema tucumano. Famaillá: INTA- Estación Experimental Agropecuaria Famaillá.

Fernández de Ullivarri, Roberto (1973): “Proyecto de asentamiento con asalariados agrícolas y trabajo comunitario de la tierra en Tucumán, República Argentina”, ponencia presentada en el Seminario Internacional Desarrollos en las Estructuras Agrarias de América Latina, 29 noviembre al 1 diciembre, Berlín, Alemania.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1973): Sesión de Actas de Consejo Directivo, Acta n° 598, 8-05-1973.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1978): Dos años de labor. Buenos Aires: Ediciones INTA [informe de los primeros dos años de intervención militar].

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1978): Memoria técnica EEAR Famaillá, Famaillá: Ediciones INTA.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1973): Acta de Sesiones de Consejo Directivo, Acta N° 598, 8-05-1973.

Vessuri, Hebe María Cristina (1974). El obrero del surco tucumano. Ocupación y estratificación social en la finca cañera. Departamento Socio-económico, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán.

Vessuri, Hebe María Cristina (1977). Procesos de transición en comunidades de obreros rurales y articulación social. En Hermitte, E. y Bartolomé, L. (comps.) Procesos de articulación social. Buenos Aires: CLACSO- Amorrortu.

West. Hugo y Sarraceno, Miguel (1974) Cooperativa Trabajadores Unidos Ltda. Campo de Herrera, una experiencia de desarrollo rural en Tucumán, Argentina. V Reunión Interamericana de Ejecutivos de Reforma Agraria. IIICA. Asunción, Paraguay.

8. Entrevistas

Hugo West, Cooperativa Agropecuaria de Trabajo Campo Herrera, Famaillá, Tucumán, 21/09/2010.

Hebe Vessuri, Buenos Aires, 30/07/2010 y 13-04-2011.

María Isabel Tort, socióloga, ex investigadora del INTA, Buenos Aires, 02/08/2012.

Miguel, técnico de la Estación Experimental Agronómica Famaillá desde 1972, Famaillá, Tucumán, 20/09/ 2010.

Integrantes de la Cooperativa Agropecuaria de Trabajo Campo Herrera, Famaillá, Tucumán, entrevista colectiva, 21/09/2010.

Mario, productor de la Cooperativa Agropecuaria de Trabajo Campo Herrera, Famaillá, Tucumán, 21/09/ 2014.

Alberto, ex jefe de agencia de extensión rural INTA Pergamino, Paraná, 28/10/2011.

Francisco, ex investigador del INTA, Pergamino, 10/11/2009.

Entrevista a técnicos e investigadores del IPAF NOA del INTA, Maimará, Jujuy, 17/09/2010.

Entrevistas a trabajadores de Campo de Herrera realizadas en Famaillá, febrero 2015, registradas en el documental El Otro Campo (2016, dirección de Cecilia Gárgano), disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=CH6wpimYVG4

Recibido: 15.11.16
Revisión editorial: 10.12.16
Aprobado: 20.03.17