EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS

Política laboral del gobierno de Patricio Aylwin y su impacto en el sindicalismo chileno¹  

Labour politics of the government of patricio aylwin and its impact in the chilean syndicalism 

Política trabalhista do governo patricio aylwin e seu impacto no sindicalismo chileno 

 

Julio César González Candia* Francisco Zapata Schaffeld**

* Doctor en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, Universidad Arcis, Académico Depto. Tecnologías de Gestión, Facultad Tecnológica, Universidad de Santiago de Chile. E-mail: julio.gonzalez@usach.cl
** Doctor en Sociología, Universidad de París, Profesor Investigador, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México. E-mail: zapata@colmex.mx

 

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RESUMEN

El artículo ha tenido como objetivo principal analizar la política laboral del primer gobierno post dictatorial en Chile, nos referimos al de Patricio Aylwin Azocar, y conocer su impacto en las bases de poder del movimiento sindical. Para lograr este propósito, se estudió el sistema de relaciones laborales durante la transición política, poniendo énfasis en los acuerdos marco – tripartismo y reformas laborales. También se mencionan como tópicos relevantes del presente trabajo, la discutible necesidad de estabilidad política durante la transición y la reapertura de espacios para recuperar el rol de actor social por parte del sindicalismo. En el desarrollo del artículo, junto con revisar los planteamientos de los teóricos e investigadores, se incorporan opiniones de actores vinculados directamente a la problemática, fruto esto último, de una serie de entrevistas realizadas a dirigentes sindicales de nivel nacional, académicos, dirigentes de partidos políticos y ex autoridades del gobierno en cuestión.

Palabras clave: Política Laboral; Gobierno; Patricio Aylwin; Sindicalismo; Chile.

ABSTRACT

The aim of the article is to analyse the labour politics of the first government post dictatorially in Chile, we refer to that of Patricio Aylwin Azocar, and to know his impact in the bases of power of the union movement. To achieve this intention, there was studied the system of labour relations during the political transition, putting emphasis in the agreements I mark - tripartismo and labour reforms. Also they are mentioned as relevant topics of the present work, the debatable need of political stability during the transition and the reopening space to recover the role of social actor on the part of the syndicalism. In the development of the article, together with checking the expositions of theoretical and investigators, actors' opinions join linked directly to the problematics, fruit the above mentioned, of a series of interviews realized to union, academic, leader leaders of national level of political parties and ex-authorities of the government in question.

Key words: Labour Politics; Government; Patricio Aylwin; Syndicalism; Chile

RESUMO

O artigo tem como principal objetivo analisar a política trabalhista do primeiro período governamental pós ditadura no Chile, nos referimos a Patricio Aylwin Azocar, e compreender seu impacto sobre as bases de poder do movimento sindical. Para atingir este objetivo foi estudado o sistema de relações industriais durante a transição política, concentrando-se nos aspectos estruturantes - tripartismo e reformas trabalhistas. Também são mencionados, como temas relevantes deste trabalho, a discutível necessidade de estabilidade política durante a transição e reabertura de espaços para os sindicatos na recuperação de seu papel de ator social. No desenvolvimento do artigo, juntamente com a revisão das abordagens de teóricos e pesquisadores, são apresentadas as opiniões dos atores ligados diretamente à temática. Estes pareceres são o resultado de uma série de entrevistas com dirigentes sindicais nacionais, acadêmicos, líderes de partidos políticos e ex-funcionários do governo estudado.

Palavras-chave: Política Trabalhista; Governo; Patricio Aylwin; Sindicalismo; Chile.

Licencia Creative Common: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

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SUMARIO

1 Introducción: sindicalismo chileno y los gobiernos post dictaduras; 2 Durante el Gobierno de Patricio Aylwin (1990 – 1994); 3. Conclusiones y 4. Fuentes Bibliográficas.

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1. Introducción: sindicalismo chileno y los gobiernos post dictaduras

El presente artículo expone los principales resultados de una investigación en la cual uno de sus objetivos específicos fue analizar la política laboral de los primeros dos gobiernos post dictatoriales en Chile. En esta ocasión, el análisis se centra en el primer gobierno - el de Patricio Aylwin - y conocer su impacto en las bases de poder del movimiento sindical(1). Para cumplir este cometido, junto con revisar los planteamientos de los teóricos e investigadores del tema, se han incorporado opiniones y reflexiones de actores vinculados a la problemática. Fruto estoúltimo, de la etapa de recogida de datos realizada tanto en Chile como en Uruguay(2).
El sindicalismo chileno volvió a emerger en los gobiernos post dictatoriales con una fuerte legitimidad social derivada de su activo rol como opositor en las movilizaciones sociales de la década de los 80 contra el régimen militar de Augusto Pinochet, pero también con una serie de tensiones y dificultades, tales como una disminuida tasa de sindicalización y una presencia marginal en los procesos de negociación colectiva, reducidos al nivel de la empresa, con muy escasas excepciones. Estas dificultades con las que el sindicalismo se vuelve a reinsertar en los espacios de diálogo e influencia no son una casualidad o fruto de algún hecho fortuito o aleatorio, recordemos que durante la dictadura el movimiento sindical fue proscrito, reprimido y perseguido severamente o como lo señalaría Olga Poblete (1982), fue “arrasado” durante el régimen de Pinochet(3). Los sindicatos para la dictadura de una u otra forma eran un símbolo de todos aquellos valores con los cuales el gobierno militar no quería verse representado, esto es al menos; participación, solidaridad, relevancia del factor trabajo por sobre el capital, lucha de clases, por nombrar los principales. También y como los sindicatos son uno de los principales actores del sistema de relaciones laborales, suelen ser el foco del ataque autoritario, especialmente cuando quienes detentan el poder no le interesa y por ende, no propician el considerar a los actores sociales que pudieran “cuestionar” su legitimidad.
Por otra parte y en la mirada de Samuel Valenzuela, para un régimen dictatorial las decisiones de política laboral son de las más “espinudas”, dado que deben tratar de generar los espacios necesarios para que los trabajadores puedan plantear sus reivindicaciones más inmediatas y comprometerse con la producción, incluso con la productividad. Pero por otro lado, según el mismo autor, “ese espacio debe estar suficientemente limitado para que no llegue a convertirse en una plataforma desde donde se pueda desafiar políticamente al régimen” (Valenzuela, 1986:123). Con la llegada al gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, integrada por una coalición de cristianodemócratas y socialistas, muy ligada a la reconstituida Central Unitaria de Trabajadores, dirigida hasta 1997 por el cristianodemócrata Manuel Bustos y desde entonces por el socialista Arturo Martínez(4), implicó que el sindicalismo pudiera retomar un rol activo en el diálogo social y en especial, en la discusión periódica con el primer gobierno de la transición sobre el salario mínimo nacional y las asignaciones familiares y sobre la negociación salarial del sector público. El volver a tener un rol en las instancias decisionales del país asociadas a temáticas de índole laboral le permitió al sindicalismo recuperar su rol de actor social con todas las debilidades antes señaladas, pero también con un potencial que se vería pronto enfrentado a diversas y fuertes tensiones relacionadas con la política y etapa de transición del período, el rol e influencia del empresariado y la situación económica del país.
Para comprender con quien interactuaba de manera preferente el movimiento sindical antes del golpe de Estado de 1973, habría que señalar que éste se relacionaba directamente con el Estado y el parlamento a quienes los demandaba por mejorar sus condiciones laborales. Así, Eugenio Díaz-Corvalán ha señalado que en el pasado, el sindicalismo obtuvo la mayor parte de sus logros y conquistas demandando al Estado. El gobierno y el parlamento eran sus interlocutores privilegiados mientras que las relaciones con los empresarios eran de confrontación abierta. Según el autor, era el Estado quien resultaba ser el mediador que dirimía conflictos no resueltos por las partes, generalmente a petición del movimiento sindical y casi siempre decidiendo a favor de los trabajadores. Para Díaz-Corvalán, “esta tendencia de acción correspondía al tipo de proyecto histórico que desarrolló el sindicalismo en el período pre-73, que ponía el centro en la conquista del poder político; y al tipo de Estado prevaleciente en laépoca” (Díaz-Corvalán, 1993:116). Esto que en una primera lectura podría parecernos como “una relación instrumental adecuada a los fines y medios de la época” tenía también algunas externalidades negativas debido a que esta máxima relación con el Estado generaba a su vez dependencia y falta de autonomía. Valor este último, que el moviendo obrero ha defendido con bastante energía en diferentes momentos históricos y por el cual en diversas instancias también se le ha criticado duramente. El mismo autor ha planteado, que si la interacción preferente o la apelación central es al Estado, resulta inevitable una dependencia de este y, a su vez, de los partidos políticos. Díaz-Corvalán ha propuesto que algo mejor es la acción diversificada. Así ha sostenido que, “una acción diversificada, que se dirige al Estado y directamente al empresariado según los casos, genera condiciones para el desarrollo de un sindicalismo con mayor autonomía y más centrado en su fuerza propia” (Díaz-Corvalán, 1993: 118). En el caso de la participación del sindicalismo en el Acuerdo marco a inicios del gobierno de Aylwin, se dio algo de esto último, debido a que el movimiento sindical – a través de la CUT – dialogó y negoció tanto con el gobierno como con los empresarios a través de la Confederación de la producción y del comercio (CPC).
Sabemos que durante la Dictadura militar los trabajadores y por ende, el sindicalismo chileno padecieron todas las consecuencias negativas que un gobierno autoritario podía ejercer: represión, asesinatos, redefinición de la ley y normativa como por ejemplo, la implementación del ya citado plan laboral, etc. Con la vuelta a la democracia, el sindicalismo empieza a adquirir nuevas características o perfil – en la perspectiva de Víctor Ulloa – quien ha señalado que se empieza a perfilar un nuevo tipo de sindicalismo marcado por la descentralización y diversificación de la estructura sindical, manteniendo su articulación a nivel de base, rama y a nivel nacional. Ulloa lo relaciona también con el modelo económico y sus consecuencias al sostener que “los cambios ocurridos en el modelo económico y su traslado a la fuerza de trabajo y a la afiliación sindical, lo que hace que entre 1980 y 1990, disminuya el número de obreros y aumente el número de empleados, fundamentalmente en el área de servicios y ventas” (Ulloa, 2003:16). No obstante lo anterior, debemos señalar también que no solamente la dictadura y su accionar influyó negativamente en el sindicalismo, también lo hicieron las reformas estructurales que se implementaron en gran parte de América Latina y en Chile muy especialmente, en los aspectos de apertura comercial, privatización de empresas estatales y desregulación laboral. En otro trabajo de los mismos autores, se abordan estas reformas y como impactaron en las bases de poder del movimiento sindical chileno y uruguayo(5).
Para comprender más adecuadamente como se relacionó el sindicalismo chileno con los gobiernos y las características del sistema de relaciones laborales y más concretamente, de la política laboral que fue promovida desde los mismos gobiernos y cómo esta impactó en las bases de poder del movimiento sindical, vamos a organizar la presentación de resultados de este artículo profundizando en el primer gobierno post dictadura en Chile, el de Patricio Aylwin Azocar.

2. Durante el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994)

Dos factores podrían considerarse como claves y que estarán presentes durante todo este primer período en relación a este primer gobierno post dictadura y al sindicalismo. Primero, la necesidad de generar y resguardar la estabilidad política con el término de la dictadura militar y segundo, otorgar determinadas condiciones al movimiento sindical para que volviera a emerger en la escena nacional como un actor social relevante. Estos dos factores comienzan a desarrollarse con el término del gobierno autoritario del general Augusto Pinochet en los inicios del año 1990, lo que a su vez, se traduce también en la apertura oficial de espacios importantes para la acción social. En el caso del sindicalismo y según Campero (2000) y Drake (2003), uno de los efectos más significativos se manifestó en el rápido crecimiento de la afiliación durante los tres primeros años del gobierno democrático, aunque prosiguió la tendencia a disminuir el tamaño promedio de los sindicatos(6). De esta forma, y sólo en la primera parte del Gobierno de Aylwin se dio – al menos en el caso chileno - un fortalecimiento en el movimiento sindical, probablemente muy vinculado al nuevo contexto político y social donde sería la democracia (por muy incompleta que esta haya sido) y no el autoritarismo, el que iba a prevalecer en el país y en donde además, hubo acciones directas favorables por parte del entonces presidente de la república hacia el mundo sindical. Esto último, fue reconocido casi unánimemente en las entrevistas realizadas en la fase de campo de la investigación. A modo de ejemplo, un alto dirigente de una de las centrales chilenas señaló:

- “… se logró en una buena medida el reposicionarnos como actores sociales… él(7) siempre estaba preocupado de los trabajadores…”
Por otra parte, otra alta autoridad del Ministerio del Trabajo de la época señaló:
- “… nosotros hicimos un esfuerzo muy grande por dignificar al movimiento sindical, por transformarlo en un actor y protagonista de la vida nacional. No hay que olvidar que fue nuestro gobierno el que inició el diálogo y la búsqueda de acuerdos con la CUT para fijar el salario mínimo…. Comprenderás que ese cambio de escenario, desde una conducta autoritaria que los tuvo presos, que los mandó al exilio… y transformarlos en actores relevantes, es un quiebre muy significativo…”
En esta etapa y según Guillermo Campero (2000), tres líneas de acción caracterizaron la estrategia del sindicalismo en Chile: concertación social, reformas legales y participación en las decisiones nacionales. Respecto del primer factor, se debe señalar que las políticas destinadas al fortalecimiento de alianzas sociales tuvieron como propósito establecer el marco general para abordar el tema laboral al iniciarse el primer gobierno democrático después de 17 años de dictadura. Como el ejemplo más emblemático, podemos mencionar la suscripción del “Acuerdo marco nacional tripartito”, firmado en mayo de 1990 entre empresarios, trabajadores y el Gobierno de Patricio Aylwin Azócar. Para Volker Frank, en este acuerdo marco, celebrado entre el gobierno, la CUT y la Confederación de la producción y del comercio (CPC) - representante del sector empresarial – se reivindicó el diálogo como principio fundamental de la acción política al tiempo que se expresaba el deseo de “fundar inéditas relaciones industriales” (Frank, 1994:581-582). Según este autor, durante todo el primer mandato de Aylwin, el gobierno, la CPC y la CUT se reunieron cada abril, para suscribir el acuerdo marco en el cual se establecieron acuerdos específicos, como el salario mínimo y las asignaciones familiares(8), y a la vez confirmaron su compromiso de profundizar la concertación social. El autor subraya el comportamiento del sindicalismo durante el período al plantear que este tuvo “una importante función explicativa en la construcción del nuevo consenso entre empresarios y trabajadores. En este sentido, el sindicalismo chileno ha hecho una gran contribución para la estabilidad política del primer régimen democrático después de un largo tiempo de autoritarismo” (Frank, 1994:582-583). En un artículo posterior de Frank (2002ª), destaca que las estrategias del movimiento obrero hayan sido cuidadosas respuestas que consideraban las condiciones históricas, políticas, y económicas de aquél entonces. Si bien es cierto, se valida la contribución del sindicalismo chileno en este etapa de transición, esa misma contribución mirada desde otro punto de vista, fue objeto de críticas de otros sectores internos de la CUT como el partido comunista y la directiva de la central democrática de trabajadores.
Cabe mencionar, y según Guillermo Campero, que en Chile – a diferencia de otros países de América Latina, como por ejemplo Uruguay - no existían antecedentes de diálogo social tripartito y, su implementación, sería sin duda un referente clave para el proceso de transición. Su impacto estaría dado según Campero en que, “fortalecería la legitimidad de políticas orientadas a superar los disensos sobre el orden sociopolítico y económico en una sociedad todavía muy polarizada, precisamente porque involucraba a dos sectores con mayor historia de confrontación. Los partidos políticos de la coalición de gobierno y los de oposición en lo fundamental abrieron espacio para esta iniciativa” (Campero, 2007:11). Lo anterior, era una manifestación no sólo de la nula tradición en Chile de diálogo tripartito, sino también expresión del frágil equilibrio entre consensos y disensos acerca de cómo configurar el orden político y económico social en este período inicial de la transición. Campero remarca y/o subraya, “el carácter estratégico que tuvo la decisión de construir con gradualidad y atención a esos equilibrios las agendas de la transición, de las cuales, una fundamental era la de las instituciones laborales” (Campero, 2007:15). No obstante, la perspectiva de Guillermo Campero recién expuesta, consideramos que si bien es cierto, se pudo apreciar una cierta estrategia de construcción en gradualidad por parte del gobierno de Aylwin, especialmente para preservar el delicado equilibrio entre los distintos actores durante esta etapa de transición, esta estrategia no fue conveniente para el movimiento sindical, tanto en esos años, como tampoco en perspectiva, dado que sentó las bases – ahora en democracia – de relaciones asimétricas entre el capital y el trabajo chileno.
De una u otra forma, se legitimó un modelo heredado desde la dictadura con el plan laboral, modelo que por cierto hoy sigue haciendo de las suyas en pleno siglo XXI. Volker Frank (2002a) y Paul Buchanan (2006) avalan este planteamiento. Frank ha sostenido además que el modelo económico chileno ha estado firmemente arraigado en el campo neoliberal. Esto también es avalado por Paul Buchanan, así ambos han manifestado que las reformas autoritarias al trabajo fueron mantenidas después de la restauración de la democracia, independientemente del partido gobernante. Se pudo haber hecho más, especialmente en suprimir o eliminar los aspectos constitutivos del plan laboral que atentaron y en gran medida, lo siguen haciendo contra la clase trabajadora. Se pudo haber aprovechado la oleada democratizante del fin de la dictadura, el nuevo gobierno pudo haber tomado las decisiones que dijo que iba a tomar si no llegaban a acuerdo los empresarios y los trabajadores. Recordemos que en aquellos días, el mismo presidente Patricio Aylwin señaló:
- “El gobierno no rehuirá su deber de tomar las decisiones que crea más adecuada para compatibilizar esos factores si los empresarios y trabajadores no llegan a acuerdo”. Afirmó que“no sacaríamos nada con reajustar, en términos que parecieran ampliamente satisfactorios para todos, las remuneraciones, asignaciones y pensiones, si como consecuencia de ello pudiera desatarse un proceso inflacionario como el que han vivido nuestras naciones hermanas” (El Mercurio, 21 de abril de 1990).
En esta misma vereda crítica, es necesario señalar en que no toda la comunidad académica e intelectual apreció de la misma forma los logros de los acuerdos marcos. Citamos nuevamente a Eugenio Díaz-Corvalán y como una crítica a este acuerdo marco, ha planteado que el proceso de concertación no tuvo un avance significativo dado que no hubo un proceso de diálogo permanente. Según el autor lo que dio, fue “más bien relaciones esporádicas, fundamentalmente entre las direcciones superiores de la CUT y de la CPC. Pero éste no se ha expresado (no se expresó) en un conjunto de acuerdos concretos, ni se ha difundido ampliamente entre las bases de ambas organizaciones” (Díaz-Corvalán, 1993:119).
Uno de los entrevistados, un alto dirigente de una de las centrales de trabajadores a propósito de los acuerdos y los gobiernos post dictadura, señaló crítica y duramente en la entrevista:
- “…el movimiento sindical fue engrupido, engañado por el sistema y se le hizo sentir (un) actor importante del desarrollo del país, de la política de acuerdos. Un movimiento sindical que había luchado y combatido en la dictadura…. es transformado en actor. Los dirigentes sindicales se olvidaron que los trabajadores seguían siendo explotados, que las leyes que los regían no iban a ser solucionadas…”
Si bien es cierto, tanto la crítica del autor como la opinión del dirigente de nivel nacional, nos pueden parecer plausibles, no podemos dejar de desconocer un mérito que si tuvo el Acuerdo nacional tripartito. Este estuvo relacionado con que su gestación se dio después de una dictadura que había enfrentado electoralmente a los distintos actores del país. Indagando en las razones del por qué no se dio el proceso de diálogo permanente al cual hacía referencia Díaz- Corvalán. Podemos señalar – en la mirada de Paul Drake – que los empresarios mantuvieron su superioridad sobre los sindicatos, los trabajadores, sus derechos, sus demandas y sus ingresos, especialmente en las pequeñas empresas. Drake agrega que “los esfuerzos nacionales para construir una concertación social sobre la política económica entre el gobierno, los sindicatos y los capitalistas tuvieron algunos éxitos preliminares, pero no duraron ni lograron mucho, básicamente, por razón de la resistencia del empresariado” (Drake, 2003:154). Habría que agregar a lo señalado por Drake, que no sólo fue el empresariado el que se resistió o se opuso a avanzar más en la construcción de relaciones laborales más igualitarias, también estuvieron de su lado con mucha fuerza y energía, los partidos políticos que los representan, nos referimos a renovación nacional (RN) y más especialmente, a la Unión demócrata independiente (UDI). No obstante lo anterior, debemos reconocer que estuvo la voluntad política de los diversos agentes de concretar un acuerdo que tuvo un alto valor simbólico, aunque su desarrollo y efectos pueda parecernos hoy seriamente discutible.
Volker Frank ha señalado que tanto los sindicatos como los trabajadores demostraron una moderación de demandas en el período de transición política. De esta forma, los sindicatos de base lejos de desafiar el nuevo orden político social, contribuyeron a su estabilidad laboral y al fortalecimiento de la institucionalidad de la negociación entre importante actores sociales (Frank, 1994:600). Tal como lo señalaría uno de los entrevistados, un ex Subsecretario del Trabajo del Gobierno de Patricio Aylwin:
“…lo que caracterizó a ese movimiento sindical post dictadura, (fue) es una infinita generosidad y una gran capacidad de diálogo, porque subordinaron sus intereses a consolidar la democracia y a entender los nuevos fenómenos que estaban ocurriendo en el mundo y en Chile…”
Habría que precisar y para cerrar este apartado, que lo señalado por Frank por un lado se valida y por otro, se discute con renovada energía. Respecto de lo que podemos validar– basándonos en la recogida de datos hemerográfica – que el renacido sindicalismo chileno efectivamente hizo una contribución relevante a la estabilidad laboral y al nuevo orden político y social. Habría que agregar que se apreció en muchas declaraciones de los dirigentes sus esfuerzos por alcanzar cada una de las expectativas y anhelos de la clase trabajadora postergadas por años. Pero por otra parte, y aquí viene lo discutible, la moderación de las demandas, citada por Frank, no se apreció – basándonos en la misma recogida de datos – en el conjunto de los sindicatos y de los trabajadores del país. La evidencia, más bien se orienta hacia que fue la cúpula de la CUT la que hizo todos los esfuerzos por llegar a determinados acuerdos con un alto costo político interno que se materializó en la crítica severa de algunos sectores de la misma central. En este sentido cobra mucha fuerza, un planteamiento registrado y relacionado con las cesiones de la cúpula de la CUT para el nacimiento del Acuerdo marco. La CUT lo habría hecho en virtud de la lealtad al gobierno que contribuyó a elegir(9). Esto pone otro tema en la mesa y que estuvo y ha estado relacionado con el verdadero nivel de autonomía de la CUT, respecto de los partidos políticos y de los gobiernos de los cuales formó parte durante el período en estudio.
Retomando el período de gobierno de Patricio Aylwin, podemos indicar según María Ester Feres, que el Programa de este primer Gobierno para el período 1990 -1994, podría calificarse como una propuesta refundacional de un “proyecto país”, frente a lo que acaeció en los más diversos planos de la sociedad chilena tras los casi 17 años de dictadura militar. Así ha sostenido que sus bases programáticas, junto a planteamientos y compromisos concretos para los primeros 4 años de Gobierno, conjuga (ba) la formulación de una visión estratégica de largo plazo, con el intento de delinear los medios y mecanismos políticos y sociales para su implementación. Según Feres, en este programa se apreciaba con fuerza la necesidad y la voluntad de construir dos grandes acuerdos nacionales: el primero para la transición política y la reconstrucción de la institucionalidad y de los valores democráticos y el segundo, relacionado con otro gran acuerdo nacional en el ámbito social para eliminar la pobreza, potenciar el crecimiento, la justicia social y la participación. En el decir de Feres, “aparece así la reconstrucción democrática del país y la consecución del desarrollo económico y social, como dos dimensiones de un proyecto común que impregnan y orientan el conjunto de propuestas programáticas” (Feres, 2006:11).
Lo anterior, es avalado también por Guillermo Campero, quien además le agrega un nuevo factor. Según el autor, el contexto de 1990 se configura en torno a dos dimensiones principales: de una parte, una voluntad social y política mayoritaria de contribuir a la estabilidad del proceso de transición y, de otra, una tensión entre expectativas e incertidumbres por parte de los distintos actores sociales, entre ellos del movimiento sindical. En el decir de Campero, “en ese marco se da inicio al diseño y aplicación de la política laboral, una de las áreas más cruciales para responder a los desafíos que planteaban las dos dimensiones recién mencionadas” (Campero, 2007:8). Como parte de este afán de construir un gran acuerdo nacional, podemos volver a señalar como un ejemplo significativo, el ya citado “Acuerdo nacional tripartito”.
Por otra parte, Patricio Frías ha sostenido que con la vuelta a la democracia, el sindicalismo debió enfrentar, quizá con mayor intensidad que los restantes actores sociales, diversas tensiones y desafíos. Quizás el principal de ellos fue el de adaptar sus demandas y reivindicaciones, por largos años postergadas, a las nuevas exigencias de moderación que impuso la lógica de la transición chilena y que asumieron también los partidos políticos. Frías ha sostenido que otra de las dificultades y/o tensiones fue la de saber compatibilizar la coexistencia en su seno de dos modelos de acción: uno, ligado a las tendencias y visiones tradicionales del sindicalismo, y el otro que se va generado en función de sus nuevas orientaciones y tendencias, que busca adaptarse a los nuevos procesos democráticos que vive el país. A ello se agrega la necesidad de democratizar su acción, incorporando la participación de sus bases” (Frías, 2008:111). Aunque fue planteado 12 años antes que Patricio Frías, la adaptación y moderación de las demandas del movimiento sindical fue pronosticado por el ya citado Samuel Valenzuela quien ha señalado que las reacciones de los movimientos obreros y de sus bases en el período inmediatamente anterior a la transición puede determinar las relaciones entre el movimiento sindical y el sistema democrático por muchos años. Valenzuela sostuvo que “mientras más severo sea el régimen autoritario en su última fase, más va a estar dispuesto a limitar sus reivindicaciones si ello es necesario para asegurar la transición y viceversa” (Valenzuela, 1986:124). Uno de los autores de este artículo en un trabajo anterior, va más allá que Frías al señalar que los costos de esta transición a la democracia recayeron en los trabajadores. Tanto Zapata (2004) como Buchanan (2006) concuerdan en que el hecho que la mencionada transición se haya gestado en un contexto de notable continuidad en la aplicación de políticas económicas neoliberales o se haya aceptado la economía de mercado heredada de la dictadura, el “problema de los costos sociales asumió toda su importancia”. Zapata agrega que, “planteó la pregunta de si la transición tendría un componente redistributivo o de si simplemente buscaba legitimar políticamente al nuevo modelo económico”. Francisco Zapata ha sido muy claro al señalar que “la respuesta obvia fue la segunda” (Zapata, 2004:15).
Respecto del comportamiento de otro actor - nos referimos a los empresarios - según Gonzalo Martner en una primera etapa los dirigentes de este sector se mantuvieron en los espacios de diálogo social, pero luego fueron relativizando su participación. En sus palabras, “después de negociaciones salariales globales relativamente exitosas en los primeros años de democracia, el impacto negativo en la economía chilena de la crisis asiática en 1999, que produjo la primera recesión desde el año 1983, el sindicalismo tendió a endurecer sus posturas y dejó de llegar a acuerdos con los gobiernos de signo progresista de Lagos y Bachelet en materia de salario mínimo y reajuste salarial del sector público, los dos espacios privilegiados del diálogo social” (Martner, 2011:5). Los gremios del sector público aumentaron sus críticas a la gestión del gobierno, incluyendo los sindicatos de profesores, del personal de salud y de la administración central, y mantuvieron posturas críticas y movilizaciones sectoriales relativamente frecuentes, aunque la dinámica negociadora tendió a mantenerse en las empresas públicas del cobre, del petróleo y del sector bancario, mientras el sindicalismo del sector privado sufrió las consecuencias estructurales del debilitamiento de la negociación colectiva heredada del régimen militar de 1973-1989, con excepción de algunos sectores de servicios y de la gran minería privada.
Vinculando el tema con la situación económica del país, podemos señalar que tampoco contribuyó al fortalecimiento del sindicalismo del sector privado la emergencia de un desempleo más alto en la primera década del siglo XXI que aquel prevaleciente en la segunda parte de los años noventa. Por otra parte, y a un nivel más interno para el movimiento sindical, es necesario decir que la Central Unitaria de Trabajadores sufrió además escisiones y una cierta pérdida de legitimidad a raíz de menores incrementos del salario mínimo y del salario real promedio que el crecimiento de la economía, dada la política de mayor contención salarial practicada en la última década (Martner, 2011:5).
Otro tema que también es necesario abordar, por su importancia e impacto en el sindicalismo en el período, es la nueva legislación laboral que se iba a propiciar ahora en un contexto más democrático. En relación a este tópico podemos señalar que en la perspectiva de Guillermo Campero (2007) durante este primer gobierno se formularon cinco grandes proyectos de reforma que buscaban de una u otra forma reconfigurar el sistema de relaciones laborales en este país y conjugar los tres principios antes enunciados: más equidad en las relaciones de trabajo; más y mejor participación autónoma de los actores en la formación de decisiones colectivas sobre sus condiciones de trabajo y empleo en las empresas y; más eficacia para contribuir al desarrollo económico social(10). Estos cinco Proyectos configuraban un conjunto sinérgico de reformas que, en su conjunto, implicaban una nueva institucionalidad laboral(11). Según el autor, estos cinco grandes proyectos de reforma buscaban conjugar tres principios; “más equidad en las relaciones de trabajo; más y mejor participación autónoma de los actores en la formación de decisiones colectivas sobre sus condiciones de trabajo y empleo en las empresas y; más eficacia para contribuir al desarrollo económico social” (Campero, 2007:17). Señalar que todos estos proyectos, se convirtieron en Ley entre 1990 y 1991 y pretendían en términos generales, dos grandes finalidades. Por un lado, reponer algunos aspectos perdidos durante la dictadura y por otra, dar forma legal al renovado sistema de relaciones laborales, el cual debía ser modificado ahora en un contexto más democrático. Esto último es reconocido así por uno de los informantes entrevistados del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de este primer gobierno. En sus propias palabras:
- “… hubo un cambio completo, el código del trabajo, hubo iniciativas concretas de formación, desarrollo y capacitación del movimiento sindical. Hubo fondos para hacer esas cosas bien. Desde el gobierno había una voluntad, desde Don Patricio, pasando por todos los ministros y autoridades (para que) el movimiento sindical tuviera un protagonismo en la reconstrucción de la democracia…”
El Gobierno de Patricio Aylwin según Guillermo Campero, tuvo la capacidad de identificar y elaborar por completo este conjunto de proyectos de reforma, de manera tal que el debate y la negociación política, social y parlamentaria se diese sobre una base articulada y consistente. Esto hizo que los rangos entre los cuales podía realizarse tal debate se delimitaran, y el espacio de agenda para los juegos negociadores. Campero lo valora de este modo, “en un contexto incierto como el que se vivía, con tensiones y expectativas contrapuestas, un debate abierto, sin un marco contextual elaborado, seguramente habría tenido una consecuencia menos exitosa” (Campero, 2007:17-18).
Respecto de algunos elementos que estuvieron en juego durante el período de Patricio Aylwin podemos mencionar lo que María Ester Feres ha denominado como “libertad sindical parcializada”. La autora, sin desconocer los avances antes expuestos en materia legislativa, hace referencia al “sistema de relaciones colectivas”, señalando que las reformas se concentraron en la dimensión de la libertad sindical menos conflictiva, referida a la autonomía de las organizaciones sindicales, y en la protección frente a prácticas antisindicales(12) (Feres, 2008:32). Según la misma autora, queda en claro que la experiencia de diálogo social durante la primera gestión gubernamental, con los consiguientes acuerdos marco, fue exitosa en los objetivos esencialmente instrumentales que se propuso. Esto fue, facilitar la transición política y los acuerdos con la oposición. Ello no implica asignar exclusivamente al gobierno la responsabilidad que la experiencia no haya sido igualmente exitosa en otra dimensión que sí le es propia: en la generación de una cultura de diálogo social en un contexto de carencia histórica en este aspecto entre los interlocutores sociales nacionales (Feres, 2008:30). Estos últimos planteamientos en la misma línea de la crítica expuesta anteriormente por Eugenio Díaz – Corvalán. Para Volker Frank la reforma laboral de 1991 constituye un mejoramiento al plan laboral de José Piñera que fue impuesta en plena dictadura el año 1979. Sin embargo para el autor, “ésta se encuentra lejos de crear una situación que podría justificar el argumento en que empleadores y trabajadores están negociando en un contexto de igualdad” (Frank, 2000:76).
A fines de 1994 - en la mirada de Patricio Frías - se produce un hecho que es como la antesala del quiebre de las buenas relaciones que estaban manteniendo los trabajadores y el Gobierno, como producto del rechazo de sus demandas. Este fue el caso de la negativa de los trabajadores organizados a participar en las comisiones económicas, de carácter tripartito, convocadas por el Gobierno. Esta decisión fue publicitada como una “ruptura de relaciones con el Gobierno”. La razón de fondo esgrimida por el sindicalismo fue que sus propuestas no eran escuchadas, ni habían logrado ningún resultado positivo. Calificaron las acciones del Gobierno como “individualistas”, que privilegiaban la dimensión económica, en desmedro de la solidaridad y la participación. Adicionalmente, según el autor, “el Gobierno fue acusado de privilegiar los equilibrios macroeconómicos, en desmedro de los equilibrios sociales. Se denuncia igualmente un clima de relaciones laborales autoritarias, que permitían que millones de trabajadores no pudieran negociar colectivamente, a la vez que se encubrían despidos y persecución sindical. Esta ruptura de relaciones con el Gobierno se mantendrá hasta el mes de enero de 1995” (Frías, 2008:122).
En la perspectiva de María Ester Feres, desde los inicios de una transición interminable, la gobernabilidad ha sido entendida como una contención de las demandas sociales que pudieran implicar una paralización de la normalidad institucional post dictadura. Ello condujo a que el discurso oficial catalogara a las movilizaciones como amenaza a la estabilidad democrática, con la consiguiente deslegitimación de las organizaciones sociales, en particular del sindicalismo, que según Feres, es el “único movimiento social que tiene cierta densidad histórica para el procesamiento de sus demandas en el sistema político”. Como resultado, le restó paulatinamente el carácter de interlocutor válido para las definiciones más sustantivas de un proyecto político democrático(13) (Feres, 2008:31). Podríamos agregar, a lo planteado por Feres, en relación a que ese discurso oficial estigmatizaba a las movilizaciones, provenía de varias partes, de un importante grupo de empresarios, de la derecha política y de cierto sector del mismo gobierno, el cual – probablemente – quería segurar “a toda costa” la estabilidad de la naciente democracia. Aunque la débil cultura de derecho, así como la carencia de una institucionalidad para la participación efectiva de la sociedad civil – incluidos los actores socio-laborales - han incidido en los fracasados intentos por lograr canales permanentes y eficaces de diálogo social, algunos de los esfuerzos han tenido mayor permanencia en el tiempo y otros fueron importantes considerando las coyunturas en que tuvieron lugar(14) (Feres, 2008:36).

3. Conclusiones

Al concluir el presente artículo y considerando las perspectivas de los autores y de las opiniones vertidas en las entrevistas, podríamos decir que aspectos que resultaron relevantes o que es necesario volver a subrayar son:

• La necesidad de generar y preservar la estabilidad política durante este primer gobierno post dictadura y el otorgar condiciones al movimiento sindical para reinsertarse en la sociedad como un actor importante marcaron este primer período. El sindicalismo luego de haber sido perseguido, maltratado y excluido de la escena política durante la dictadura, emerge en la naciente democracia con una gran legitimidad y prestigio, fruto de su rol como tenaz opositor al gobierno del general Pinochet. Los entrevistados coincidieron en que durante la administración de Aylwin hubo un trato deferente y especial y se le otorgaron ciertas condiciones para esta nueva etapa en su desarrollo histórico.

• Según Paul Drake, tal como la experiencia de otros trabajadores con los gobiernos de sus colaboradores políticos en el período después de las transiciones en España (con los socialistas) y en Argentina (con los peronistas), cuando esos partidos – que formaban parte a su vez de los gobiernos - adoptaron el modelo neoliberal, los sindicalistas chilenos quedaron desilusionados y maltratados, pero sin otras opciones. La adopción o continuidad en la aplicación del modelo neoliberal o economía de mercado heredada de la dictadura y los consiguientes impactos para la clase trabajadora también ha sido refrendado por Francisco Zapata y Paul Buchanan.

• Para el movimiento sindical, su situación – en términos amplios y generales - llegó a ser mucho más favorable después de la salida de la dictadura, pero menos favorable que la situación que esperaban y que formó parte de sus legítimas aspiraciones y expectativas. Mientras tanto, el propio movimiento sindical suprimió y moderó sus demandas en pos de otorgarle estabilidad a la recién instalada democracia y también para favorecer una lógica de consenso en vez de una de enfrentamiento. Por otra parte, la coalición gobernante en su relación con los sindicatos ayudó al gobierno a mantener el crecimiento económico sin inflación y sin grandes conflictos sociales.

• Para Campero, en el primer gobierno de Patricio Aylwin se apreció una centralidad del tema laboral en el conjunto del proceso de transición. Lo anterior, en el sentido que toda vez que los juicios sobre las reformas, apelaban, más allá de las cuestiones específicas de los proyectos, a su impacto sobre el orden económico social. Y, por derivación, al orden político, ya que lo que se ponía en juego, en definitiva, en el debate, era la legitimidad y estabilidad social y política de aquel proceso y la conducción de ella. En el decir del autor, “la institucionalidad laboral se constituía en una cuestión estratégica transversal al orden político, económico y social en configuración y, a la formación de consensos y superación de disensos en todas esas esferas” (Campero, 2007: 17).

• Finalmente, y como un hito destacable, podemos mencionar el inédito Acuerdo marco nacional tripartito firmado por empresarios, trabajadores y el gobierno, con el propósito de “hacer realidad el gran desafío de dar a Chile la oportunidad de conjugar desarrollo-equidad y democracia”. Si bien es cierto, podemos destacar los aspectos positivos del mencionado acuerdo tales como: la capacidad de convocar a los actores y poder consensuar posiciones e intereses sobre algunas materias laborales, asegurar la estabilidad del país a través de la concertación entre trabajadores y empresarios y la generación – aunque no muy sustentable – de un nuevo pacto social. No podemos dejar de mencionar el lado oscuro, o aquellos aspectos que no fueron ni han sido convenientes para el sindicalismo en particular y para el mundo del trabajo en general. Nos referimos a: la campaña del terror para evitar acuerdos con los trabajadores con las ya “clásicas” consecuencias inevitables para las empresas y la inversión, el no consultar a las bases de la CUT y haber dejado afuera a otras organizaciones sindicales, las cesiones de la cúpula y la falta de autonomía de la misma CUT para poder llegar a un acuerdo realmente conveniente para la clase trabajadora que sentara las bases de un más equilibrado y/o simétrico sistema de relaciones laborales en nuestro país.

Agradecimientos: A María Raquel González Candia, por su valiosa colaboración en la traducción al inglés del resumen del presente artículo. A la Dra. © Clarisse Droval, por realizar la traducción al portugués del título, resumen y palabras claves del artículo.

NOTAS:

¹ Artículo basado en la Investigación “El sindicalismo en las democracias post dictaduras” - Estudio comparativo del movimiento sindical en el período de consolidación democrática de Chile (1990-2000) y Uruguay (1985 – 2000), realizada durante el año 2013.

(1) El objetivo general de la investigación fue “explicar desde un enfoque sociológico e histórico el devenir del movimiento sindical en el período de consolidación democrática de Chile (1990-2000) y de Uruguay (1985 – 2000), en su propósito de volver a insertarse como un actor social relevante, considerando los aspectos políticos, económicos y sociales que han estado vinculados al mencionado proceso”.

(2) Se trató de un estudio sociológico, histórico y comparativo. Con un enfoque metodológico mixto. El período en estudio para el caso chileno fue entre los años 1990 al 2000. En el caso de Uruguay, fue entre los años 1985 al 2000. Se realizaron 48 entrevistas abiertas o semiestructuradas a dirigentes sindicales de nivel nacional, académicos, dirigentes de partidos políticos y ex autoridades de los ministerios del trabajo de ambos países entre la segunda quincena de noviembre de 2011 y concluyeron en el mes de marzo de 2013.

(3) Para Ortiz el gobierno de la dictadura “ignoró a las gentes de carne y hueso y estimó legítimo ejercer sobre ellas cualquier violencia física, sicológica, moral” (Poblete, 1982:X).

(4) Arturo Martínez fue presidente de la CUT hasta el año 2012. Para ser exactos el día 24 de agosto de 2012 ganó la elección de la nueva directiva de la CUT, Bárbara Figueroa Sandoval.

(5) Este aspecto se desarrolla en el artículo: “Reformas estructurales y su impacto en las bases de poder del sindicalismo chileno y uruguayo”, de los autores Dr. Julio González Candia y Dr. Francisco Zapata Schaffeld, 2015.

(6) El porcentaje de sindicalización de la población económicamente activa en Chile subió desde un 14 % en 1986 a un 22 % en 1991, declinando posteriormente a un 16 % en 1997 (en comparación con el 19 % en toda la América Latina) y a un 10 % en el 2000. También el receso sindical disminuyó y después se recuperó. Al mismo tiempo, las huelgas y las negociaciones colectivas se multiplicaron, particularmente con demandas para salarios mejores. En el mismo rumbo que los otros indicadores, el número de huelgas surgió desde 1987 hasta 1993 y después bajó. El porcentaje de la fuerza laboral cubierto por negociaciones colectivas subió de 9 % en 1986 a 14 % en 1991, colapsando a 11 % en 1996 y a 3 % en el 2000. A pesar de unas ganancias, los sindicatos bajo la Concertación lograron ser sólo un pálido reflejo de su historia pre-golpe.

(7) El entrevistado hizo referencia explícita al Presidente de la época, Patricio Aylwin Azocar.

(8) En el primer acuerdo firmado en el año 1990, se destaca el buscar entre los actores “un sostenido crecimiento de la economía y se comprometen a diálogo permanente. Ingreso mínimo legal se aumentará a 26.000 pesos, a contar del 01 de junio, reajustable al cabo de un año a fin de mantener el poder adquisitivo. Gobierno y CUT concordaron en envío al Congreso de un proyecto de ley que complemente las asignaciones familiares. Subsidio único familiar subirá a 1.100 pesos. Mandatario elogió el consenso y dijo que “si bien puede no significar un acuerdo global y completo en todos los detalles, marca un espíritu que es fundamental”. El Mercurio, abril 28 de 1990.

(9) En sección Análisis. La Tercera, 01 de junio de 1990.

(10) Estos proyectos fueron: Proyecto sobre Terminación del contrato de trabajo; Proyecto sobre centrales sindicales; Proyecto sobre Organizaciones Sindicales y Negociación colectiva; Proyecto sobre Contrato Individual de Trabajo y; Proyecto sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración Pública (campero, 2007:17).

(11) La nueva Institucionalidad laboral – en la perspectiva de Campero – implicaba que: i) Removía todas las normas represivas y anti sindicales que contemplaba el Código del Trabajo vigente en el Gobierno Militar; ii) Fortalecía los actores directos de la relación laboral, reponiendo condiciones de mayor paridad entre ellos, otorgando a los sindicatos más y mejores protecciones, ampliando sus funciones dotándolos de mejores recursos regulatorios y materiales para su accionar; iii) Ampliaba la capacidad de la Negociación Colectiva en las empresas como mecanismo fundamental para pactar condiciones de trabajo y empleo; iv) Protegía mejor la libertad sindical; v) Otorgaba roles reconocidos a las Federaciones, Confederaciones y Centrales Sindicales, lo que no existió nunca en la legislación laboral chilena; vi) Garantizaba mejores protecciones al trabajador en situación de despido, estableciendo el concepto de causal fundada y elevando el tope de las indemnizaciones de un mes por año de servicio de siete a once meses, entre otras medidas. A partir del séptimo año, podría pactarse indemnización a todo evento para los cuatro años siguientes. vii) Regulaba el reconocimiento de las asociaciones de trabajadores del sector público y les otorgaba protecciones y funciones apropiadas para ejercer sus actividades de representación y viii) Establecía reglas de procedimiento para las relaciones laborales y en especial la negociación colectiva, que garantizaran la seguridad jurídica para las partes, protegieran el desempeño competitivo de las empresas, la elevación de las competencias profesionales de los trabajadores y promovieran mecanismos de cooperación para la solución de conflictos (Campero, 2007: 17-18).

(12) Consideró legalización de las centrales sindicales; se limitan las interferencias del Estado en la constitución de sindicatos y en el manejo del patrimonio sindical; se establece el descuento sindical por planilla y de la cuota sindical por extensión unilateral del empleador de los instrumentos colectivos a trabajadores no involucrados en la negociación; se regulan las prácticas antisindicales y las desleales en la negociación colectiva; se dicta asimismo la ley de asociaciones de funcionarios de la administración pública.

(13) La autora cita también a un trabajo de Malva Espinoza del año 2007.

(14) Entre otros, Feres ha citado los siguientes: “en el año 1990 se suscribió el Acuerdo Marco Tripartito «Chile, una oportunidad histórica», entre el Ministerio del Trabajo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); en 1991, entre las mismas partes, más la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado (CONUPIA) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se suscribe el «Acuerdo Nacional de Gobierno, Trabajadores y Empresarios». Durante los meses de abril de 1992 y abril de 1993 se firman otros acuerdos sobre aumento del salario mínimo, reajuste de asignaciones familiares e incremento del subsidio único familiar”. Feres también cita en este apartado un trabajo de la autora Malva Espinoza del 2004.

4. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

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Recibido: 06.05.16
Revisión editorial: .23.06.17
Aprobado: .23.06.17