^** Doctora en Antropología Social, Universidad de Utrecht, Holanda, Licenciada en Ciencias Antropológicas orientación socio cultural, Universidad de Buenos Aires. Profesora Titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes e Investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Coordinadora del GEPYFS, Grupos de Estudios sobre Policías y Fuerzas de Seguridad Centro de Antropología Social del Instituto de Desarrollo Económico y Social y Universidad Nacional de Quilmes.

La relación entre el trabajo policial y el mundo político ha venido adquiriendo en las últimas décadas mayor centralidad en las preocupaciones tanto de cientistas sociales como de actores políticos en Argentina y en la región. Desde las reformas que implican a los agentes policiales en escalas políticas de mayor alcance, pasando por las luchas políticas cotidianas o cambios de régimen o de partido de gobierno en las distintas jurisdicciones, hasta la más reciente creación, traspaso, descentralización y centralización, de las policías que conlleva reconfiguraciones ostensibles del trabajo policial. Todos estos procesos llaman a reflexionar sobre las condiciones y procesos específicos que constituyen el trabajo policial, en sus distintas variantes y aspectos, y que nos impulsan a ver más allá de considerar a la policía simplemente como “baja política”. Justamente, nos encontramos con nuevas condiciones, divisiones y articulaciones, entre el trabajo policial y del trabajo político, que necesitan ser descriptas y comprendidas y que resultan de interés a la hora de dar cuenta de la relación entre la política democrática y las prácticas policiales contemporáneas.

Para este dossier hemos invitado a contribuir con artículos que presenten investigaciones empíricas donde se analice como intervienen, experimentan y conciben policías provinciales y municipales, y fuerzas de seguridad federales en sus prácticas cotidianas sus distintas relaciones con la política, atendiendo a como se articula en, la escala nacional, provincial y municipal, el trabajo policial con el mundo de la política en sus distintas modalidades. Se consideraron de interés el desarrollo de esas prácticas y visiones en sus múltiples articulaciones, que van desde el reclutamiento e incorporación habilitado por contactos políticos o problematizado como objeto de reforma, pasando por las tareas en distintos territorios y con roles análogos o contrastantes, hasta la producción de inteligencia política para juegos políticos específicos, provinciales o nacional. Indagar en los modos en que se vive la política y las políticas que implican a los policías, desde los/las policías es relevante tanto científicamente para consolidar los conocimientos de las ciencias sociales sobre el trabajo político y policial contemporáneo, como respecto de las potencialidades para iluminar nuestra época política. En esta introducción al dossier hacemos una breve referencia al desarrollo de algunas problematizaciones de la relación entre trabajo policial y las distintas dimensiones del mundo político, y comentaremos como se integran en esos desarrollos los trabajos aquí reunidos.

En Argentina la problematización de las fuerzas policiales y de su trabajo cotidiano ha estado inicialmente relacionado con las transición política a la democracia (Frederic 2008), en particular con el activismo contra la violación de derechos humanos, tanto en dictadura, como luego en el período democrático (Tiscornia y Olivera 1990), perspectiva que se ha sostenido en el tiempo (CELS 1997; CELS/HRW 1998; Tiscornia 2004). Esta última perspectiva, puede caracterizarse en parte por acercarse al trabajo policial desde afuera, con una tendencia a la caracterización de trazos generales o aspectos puntuales. Ese acercamiento, a pesar de estar mayormente orientado por una lógica política y la denuncia tuvo entre otros efectos, cuestionar las representaciones de sentido común, representaciones que como mostraron sus estudios, en parte estaban basadas en la falta de control político de las investigaciones sobre delitos cometidos en el trabajo policial, incluidas muertes a manos de policías, donde individual o colectivamente estos tenían cierta capacidad de difundir “su propia versión”, en los medios y la justicia. Concentrados inicialmente en la violencia policial, rompieron con la imagen naturalizada del “hecho aislado” individual, o coyuntural de muertes por actores policiales. Estos trabajos iniciales proveyeron elementos de comprensión de una esfera del trabajo policial, ciertamente inadmisible en un Estado de derecho, hasta ese momento inexistentes y que a la vez, estructurarían, en parte, las posteriores intervenciones de políticas policiales.

Estos abordajes comenzaron a producir explicaciones de las prácticas policiales que destacaban tanto el contexto organizacional, como el contexto político mayor. Así, hace casi tres décadas, Sofía Tiscornia y Alicia Olivera postulaban una explicación de las muertes policiales en democracia “como respuesta a intereses corporativos frente a la implementación de políticas que ponen en cuestión su legitimidad”, a la vez con variaciones según temporalidades electorales, escándalos o, y esto será central, grados de “control político de las agencias” (^Tiscornia y Olivera, 1990: 26-27). En indagaciones posteriores, la “complicidad corporativa” y “la falta de control externo” se complejizó y se destacó “la directa connivencia desde el sector político y judicial” (CELS/HRW 1998:16) respecto de la violencia policial. Esta producción de saber orientada a la intervención conectó luego, esas muertes policiales a: “la instrucción y preparación”, “el aprendizaje a partir de prácticas cotidianas”; “el control informal a partir de pases y ascensos”; “a la subcultura policial” integrada por la “cultura de la impunidad, y de la violencia, de la fabricación de pruebas y de los apremios ilegales” adquirida en la “educación informal” y a las clasificaciones burocráticas de “estado policial”, y su efecto de producir ”la asimilación de este principio rector de la organización militar” y “llevar a la confusión de las labores de seguridad con una supuesta “guerra a la delincuencia” basada en la caracterización del sospechoso como “enemigo” (CELS/HRW, 1998: 21-22). En esas reconstrucciones iniciales se presentaban incluso clasificaciones de las distintos tipos de violencia mortal (en acciones preventivas que incluían a la vigilancia rutinaria, razzias, y control de manifestaciones populares, enfrentamientos, ejecuciones y desapariciones bajo custodia) que permitieron de a poco, a la vez abrir brechas de indagación. Alguna de esas dimensiones de las prácticas policiales violentas, por ejemplo, fueron rápidamente problematizadas desde otras perspectivas que si bien estaban influenciadas por la lucha política sobre la función policial en un contexto de procesos de reformas en la segunda mitad de la década de 1990, intentaron ponerla en una perspectiva histórica y política más amplia y desde distintas tradiciones teóricas.

La problematización del trabajo policial y de las dimensiones organizacionales y políticas fueron centrales en los procesos de “reforma”, esos procesos de cambio policial, en lo que, siguiendo a Andrés Antillano, la policía adquiere mayor visibilidad, intervienen nuevos actores en un registro político más amplio e incluyen redes y agendas globalizadas (Antillano 2016:620). Estas reformas que ocurrieron en Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba en la década de 1990 (CELS 1997:45-57), apuntaron a promover nuevos modos de división del trabajo policial, de distribución de competencias, de colaboración con actores comunitarios, del control de faltas y delitos y dieron lugar a una tematización del trabajo policial, desde distintas perspectivas teóricas. Una propuesta temprana de interpretación fue la de Máximo Sozzo quien, desde la Universidad Nacional del Litoral y por algún período en el CELS, proponía relacionar algunas de prácticas violentas, incluidas las detenciones y el militarismo cultural y organizacional con una reconstrucción genealógica foucaultiana de la “racionalidad política” autoritaria e iliberal, que se remontaría a fines del Siglo XIX y al período dictatorial más reciente (Palmieri et al. 2000; Sozzo 1999, 2000) y que perviviría en democracia. Otra vertiente más concentrada en las estructuras políticas contemporáneas, fue la de “especialistas y técnicos” (Sain 1998:7) con trayectorias académicas en las ciencias políticas y el derecho, y con experiencias en relaciones cívico-militares y “reforma” de la justicia procesal penal, como Marcelo Saín y Alberto Binder, quienes destacaron que el mundo político democrático presentaba diferencias internas importantes respecto a las políticas policiales, al menos en las emprendidas en la Provincia de Buenos Aires. Marcelo Saín observaba en sus intervenciones que mientras el Poder Ejecutivo provincial bregaba por cambiar la policía se encontró que “entre los partidos políticos prima la indiferencia o la incompetencia general para abordar las cuestiones atinentes a la seguridad pública y policial” (Saín, 1998: 42). Las relaciones personales de distintos actores políticos partidarios con mayor arraigo local con grupos o actores policiales, condicionaban el proceso político de reforma (Sain 2002). Ambas perspectivas, la problematización sobre el control civil sobre organizaciones policiales como el abordaje desde las racionalidades políticas seguían tratando al trabajo policial desde arriba y desde afuera (Soprano 2008).

A partir de comienzos de la década de 2000, mientras estas perspectivas centradas en el control externo e interno se fueron elaborando (Sain 2008; Sozzo 2005), otros cientistas sociales, desde distintas disciplinas se acercaron a temas similares con una intención menos normativa o pragmático-política, tanto respecto del trabajo policial como a distintas dimensiones de los actores políticos especializados. En cuanto al trabajo policial este comenzó a recibir un tratamiento más detallado, diversificado, pasando progresivamente desde la descripción externa a la comprensión interna, a la vez que se ampliaron los casos y jurisdicciones. Del Equipo de Antropología Jurídica y Política, previamente centrado en el trabajo policial, se comenzaron a desarrollar estudios sobre el modo de transformación de los actores sociales en un “ser policial”. Mariana Sirimarco, bajo la dirección de SofiaTiscornia, indagó “la incorporación de prácticas y valores institucionales” (Sirimarco 2004a), y el paso del “civil al policía” (2009), encontrando un mundo de significados categorías y experiencias que deslindan y marcan a aquellos que pertenecen al “cuerpo policial”, de los que no lo hacen, complementando el análisis de categorías simbólicas con la interiorización y encarnación corporal. El acercamiento también comenzó a distinguir las diferencias no solo jerárquicas sino también laterales, a la vez de destacar las “tradiciones policiales” particulares y los modos de poner en “practica” ese “ser policial”, en modos de “saber mirar”, “hablar”, como así también la re-significación y eficacia de categorías más generales como las de género (Sirimarco 2004b).

Otros trabajos, con igual énfasis en la dimensión de incorporación de categorías y procesos corporales se interesaron no solo en el ingreso iniciático, sino también en las experiencias participación en lugares específicos de la burocracia policial y en un contexto político signado por las crisis política de 2001. Así Paul Hathazy (2004, 2006a) reconstruyó el sentido moral implicado en el trabajo de los miembros de la Guardia de Infantería de la Provincia de Córdoba, ubicando a esos agentes, dentro de un espacio de distinciones de poder y saber policial específico. Para comprender el uso de la coerción policial en el control de manifestaciones (Hathazy 2006b), se analizaron las “técnicas corporales profesionales”, en el sentido de Mauss, su aprendizaje y puesta en juego, y “los modos en que las intervenciones concretas” en “conflictos políticos” son retraducidos en “términos de sus principios operativos…y demandas …de eficacia, propias del oficio del policía antidisturbios” (Hathazy, 2006: 49). En esta perspectiva la impersonal tecnología disciplinaria era reconvertida en “habilidades emocionales” junto al desarrollo de identidades, virtudes y capacidades grupales. Se destacaba también diferencias en la conciencia de las implicancias políticas de sus intervenciones entre oficiales conscientes de los posibles efectos políticos (y en su carrera) de su trabajo y subordinados más atentos a criterios pragmáticos de supremacía situacional sobre “oponentes” con distintos grados de “combatividad” (2006: 77). En el mismo contexto pos-crisis Diego Escolar indagó y analizó las estrategias institucionales y los sentidos “reprimidos” de la actividad de “represión” en democracia y su relación con la dictadura de oficiales de la Gendarmería Nacional-análisis que luego amplío históricamente y hasta el presente en su libro de 2017, y que es reseñado en este número especial.

En la segunda mitad de la década de 2000 con la continuación de nuevos intentos de reforma policial y la consolidación de la problemática de la violencia delictiva y policial, algunos autores comenzaron a integrar estas perspectivas interna sobre las prácticas policiales y la perspectiva externa propia de la intención reformista, o al menos comenzaron a llamar la atención sobre la necesidad de recuperar más fuertemente las perspectiva interna para los procesos de reforma. Así Sabina Frederic y Marcelo Saín (2008) destacaban la necesidad de atender a los grados de profesionalización, y a cuestionar el sentido común político y académico (foráneo y local) de una discontinuidad cultural entre la cultura policial y los parámetros culturales generales o de los sectores sociales de donde provienen las/los policías y con los que trabajan. Ese interés por la “lógica práctica” del trabajo policial y sus dimensiones morales promovió y aglutinó una proliferación de trabajos de investigación sobre el trabajo policial en sí Estos iluminaban la variabilidad generacional en la apelación de la categoría vocación, las formas de resistencia cotidiana de los y las policías a las reformas policiales, las representaciones sobre el quehacer policial como trabajo o servicio y la gravitación del sacrificio en esta cosmovisión (Frederic, 2008; 2010). En el mismo sentido, se analizaron las formas de transmisión de conocimientos prácticos en escuelas de Oficiales y suboficiales, indicando la adquisición y confirmación de la vocación como elección (Melotto 2014), el modo en que se justificaban los ilegalismos en el trabajo cotidiano en comisarías (Ugolini 2014, 2017) y la construcción del espacio de actuación (Barrera 2014), entre otras dimensiones ampliando las fuerzas policiales y de seguridad estudiadas y las jurisdicciones bajo análisis (Frederic et al. 2014a). Pero también el conocimiento del trabajo policial fue llevado por Mariana Galvani (2017) a una lógica socio-histórica para demostrar cómo el adentro y el afuera policial no pueden ser autonomizados, al punto que las condiciones del trabajo policial se hacen inteligibles en una dinámica que tiene a la construcción del enemigo interno como motor de la producción del Estado.

En estos desarrollos de saberes específicos, los modos de usar la fuerza, descritos anteriormente como ejecución de un modelo militar, se han refinado en trabajos precisos, que los integran en “técnicas del cuerpo profesionales” (Hathazy, 2006), en una economía del respeto (Garriga Zucal 2014), en un saber del uso de armas (Lorenz 2014), poniendo en cuestión los argumentos que derivan la violencia policial de las raíces castrenses. Las mismas relaciones jerarquías dejaron de ser la simple e impersonal tecnología disciplinaria y conocemos ahora mejor las sutilezas del arte policial de mandar y los distintos modos de mandar y obtener obediencia (Hathazy, 2012; Ugolini 2014), o de obedecer (Frederic et al. 2014b). Algunos trabajos también comenzaron a tratar de comprender los modos en que esa obediencia interna en algunos casos se interrumpía por “motines” internos (Hathazy 2012)-- directamente vinculados a la explotación por parte de las élites policiales y elites políticas, y la violación o transformaciones de las representaciones policiales, incluidos los más recientes casos de “protestas” policiales y de fuerzas de seguridad (Frederic 2015). La cuestión de la “cultura policial” como determinante de representaciones y prácticas pasó a relativizarse, al ampliarse las indagaciones se comenzaron a evidenciar las continuidades entre la “cultura policial” y la “cultura” general, a la vez que se pudieron identificar mejor, en algunos casos, los modos en que los contenidos de la cultural general, de sectores burocráticos, como los militares, se expresan, e integran en las agencias policiales, como por ejemplo ciertos sentidos específicos del “sacrificio y el heroísmo”(Garriga Zucal 2017), o del mundo social en general, como el de la familia (Calandron, 2014).

Por su parte, han recibido más atención las dinámicas políticas que afectan o son afectadas por el trabajo policial. En los estudios de las ciencias sociales de las últimas décadas la problematización del trabajo policial y la política puede decirse que ha tenido quizás un lugar secundario. En esta proliferación las conceptualizaciones de las relaciones entre los agentes políticos y las elites policiales como fundadas en un “doble pacto” (Saín, 2002), comenzaron a ser refinadas. Por un lado, ese doble-pacto fue descrito más detalladamente e incluían tanto a las élites políticas de gobiernos provinciales como a los gobiernos municipales en algunos casos. Pero también los trabajos en otras provincias, fuera de Buenos Aires pasaron a revelar que la estructura de relaciones en algunos casos se presentaba con multiplicidades de pactos, con varios actos paralelos al mismo tiempo, con unas elites policiales incapaces de controlar un pacto centralizado (González, 2014). En otros casos, se apreciaban pactos muchos más centralizados, como en Córdoba (Hathazy, 2016; Carbajo, 2016), mientras que en otras jurisdicciones, como en Santiago del Estero, la autonomía policial era tan baja, respecto del poder del Ejecutivo, y la relación era más de un aparato controlado por el Ejecutivo donde el trabajo político y el policial se fusionaron (Schnyder 2013).

Habiendo referido básicamente a algunas dimensiones centrales del trabajo policial y la político, a continuación intentamos enmarcar los trabajos del dossier en dimensiones específicas de la relación trabajo policial y política. Un principio de organización es distinguir entre los modos en que el trabajo policial, se relaciona con políticas policiales, en particular “políticas de reforma” policial. También lo podemos poner en relación con políticas más generales, en particular las políticas de seguridad, si bien en el caso argentino, la política de seguridad es casi sinónimo de política policial. También podemos poner en relación al trabajo policial, ya no en relación con esas políticas específicas, sino, desde otro ángulo o relación, en relación con el funcionamiento del mundo político democrático. Esto último se relaciona, sin duda, con las observaciones realizadas en relación con reformas, pero este no es necesariamente el caso en todos los análisis de la relación entre el trabajo policial. Por ejemplo los trabajos de Celeste Schnyder (2013) analizan, como ya señalamos, el modo en que se integra la inteligencia política en el trabajo policial, y el modo en que el trabajo policial, pasa a ser un trabajo político, dentro del repertorio de ocupaciones del mundo político, en Santiago del Estero. En el mismo sentido, también desde esta última perspectiva podemos analizar cómo los actores policiales pasan a convertirse ya en piezas importantes del proceso político (con financiamiento o apoyo a ciertos actores políticos), o incluso a participar en condición de actores ocupando cargos electivos y partidarios, o como funcionarios en ministerios y secretarias, usualmente en relación con las áreas de seguridad.

Comenzando con el trabajo policial y las políticas policiales, referidas a la burocracia policial, debemos decir que la ocupación policial ha estado constantemente en disputa, tanto respecto de la membresía, las relaciones entre los miembros de la ocupación en sus relaciones jerárquicas, como sus más diversos aspectos del trabajo, desde el uso de la fuerza a sus relaciones con los ciudadanos. En cuanto a la membresía ocupacional tanto el acceso en las escuela, y la formación en un punto constante de intervención desde los actores gubernamentales (ver Frederic 2013). Si bien muchos trabajos han analizado los modos de socialización ocupacional, son muy escasos los trabajos que ponen en relación a los procesos de incorporación o aprendizaje en el puesto, con las constantes disputas entre actores reformistas y especialistas en formación dentro de las burocracias (pero ver Carbajo 2016). En el mismo sentido, son escasos los estudios sobre los modos en que la ocupación policial se ha visto modificada o impactada por la credencialización de base universitaria que se ha ampliado en las últimas décadas. Esto es todo lo más importante, dado que la protección y legitimación de la “jurisdicción”, esto es la membresía en la burocracia policial, se sigue fundando, en la perspectiva de los policías, menos en un saber “técnico” formalizado y abstracto, que en dimensiones de saber hacer pragmático, distinciones morales y en categorías corporativo-administrativas, como las de “estado policial”. En este sentido el texto de José Garriga y Elea Maglia incluido en este número ilustra muy bien la ausencia de referencias a credenciales en la conformación de la “carrera” ocupacional.

Otra de las dimensiones que la literatura ha venido trabajando con respecto a la ocupación policial, y que también ha sido central en los proyectos de reforma, es la relación jerárquica y de obediencia. Si todos los proyectos de reforma han destacado la dimensión del “control interno” y el “control disciplinario”, los trabajos de ciencias sociales han descrito la complejidad de la relación de autoridad (Hathazy 2012, Bover, 2014, Ugolini 2014), como así también la mediación simbólica de los momentos en que esa obediencia no se produce, ya sea internamente, con “motines” internos (Hathazy 2012), o directamente con reclamos y huelgas públicas (Frederic, 2015). En estos procesos de desobediencia, la violación de los estándares morales por los oficiales, sean estos los de desinterés y sacrificio, o los de protección de subordinados, como así también las diferencias de sentidos respecto de los que corresponde al “servicio” por ejemplo, en Gendarmería (Frederic, 2015) se presentan centrales. En esos trabajos se advierten las dificultades de los oficiales de legitimar su dominación, en parte por la incorporación de otros significados y sentidos a la relación jerárquica de parte de las nuevas generaciones o promociones. El trabajo de Santiago Galar en esta colección extiende esta

indagación mostrando como en: “el ejercicio de reclamar públicamente se visibilizan tensiones derivadas de una doble pertenencia de los actores, en tantos miembros de una sociedad democrática que otorga derechos a sus ciudadanos/as y en tanto miembros de una institución jerárquica que dispone desigualdades entre oficiales y suboficiales”.

Las protestas o reclamos policiales, usualmente por mejoras salariales o de condiciones de trabajo o de preservación de su valía social, tocan un punto donde se intersectan procesos políticos mayores, como la democratización y la introducción en el juego político de las demandas sectoriales, con la condición de “cuerpo” ocupacional, en el sentido de que los privilegios y jurisdicción de su ocupación sobre ciertos “problemas sociales” están dados por su pertenencia a una organización estatal, y no por ser un grupo profesional en el sentido de Andrew Abbott. Esta pertenencia estatal y los límites de sus jurisdicción en sentido sociológico, de “autoridad respecto de un área de problemas sociales” (Abbott 1988), depende en gran parte de lo que las autoridades políticas hagan y logren. En ese sentido, la expansión de la jurisdicción de los miembros de Gendarmería Nacional al delito urbano en la década de 2000 estuvo directamente vinculada a las relaciones entre la fuerza de seguridad y ciertos sectores políticos (Escolar 2017; Hathazy 2016) además de las clásicas disputas por área de injerencia funcional y territorial entre fuerzas (Hathazy, 2016). Esto se vincula entonces, con las políticas de seguridad y con el juego político democrático más generalmente. Por un lado, esto es analizado en detalle respecto de la Gendarmería Nacional por Diego Escolar, cuyo trabajo es reseñado en este número especial, desde una perspectiva de antropología histórica donde se recuperan los vínculos con distintas élites políticas (militares y de partidos) y los cambiantes y múltiples sentidos de su trabajo, incluido el de “represión”. Por otra, el trabajo de Sabina Frederic reproducido en este número especial se analizan los efectos que tienen los cambios en las jurisdicciones de trabajo de la Gendarmería y las recientemente creadas Policías Locales en la Provincia de Buenos Aires, en el modo en que estas fuerzas traducen las propuestas políticas impuestas desde arriba y en base a conceptos como los de proximidad y confianza, construyen un trabajo policial politizado, al inscribirse en tramas sociopolíticas preexistentes. El trabajo propone una perspectiva muy novedosa de analizar las acciones de las organizaciones policiales y su integración como actores adquiriendo competencias políticas, en el juego político mayor.

El trabajo de PallomaMenezes sobre las unidades de pacificación en las favelas de Rio de Janeiro, también analiza el modo en que las decisiones de los actores políticos son resueltas en el terreno, y en particular las tensiones que producen en los mismos actores policiales. Lo destacable del análisis de Menezes es la incorporación en el estudio tanto de los actores policiales como de los vecinos y residentes con los cuales se construyó la” proximidad” en la política de proximidad. Esto nos lleva a la tercer dimensión de relación, el trabajo policial y el juego político que excede las políticas de seguridad, el juego partidario y de gobierno más general.

En trabajo de Mariana Lorenz , sobre las Policías Locales nos pone de lleno en la relación entre trabajo policial y política en el sentido de documentar no solo el efecto de la politización de la cuestión de la seguridad, sino como el ascenso del poder de los intendentes en el Conurbano Bonaerense se proyecta en la creación jurisdiccional de una pluralidad de fuerzas municipales, destacando el texto las tensiones entre el modelo de proximidad que los justifica y la lógica coercitiva y populista que lo anima desde los actores políticos. Pero antes de pasar a ese aspecto, debemos también mencionar la muy distinta manera en que articula la política de proximidad en las antípodas puntanas de San Luis, donde Seveso muestra cómo, en un espacio político mucho más simplificado y homogeneizado en términos de fuerzas policiales, y de supremacía del gobernador por décadas, la política de proximidad es implementada por una nueva organización municipal alineada con la política de control coercitivo, pero también con otras prioridades políticas, como el turismo y el desarrollo urbano. El trabajo de Carlos Peris Castiglioni, de Paraguay, por su parte muestra las variaciones en las concepciones sobre lo político y en un sensible momento eleccionario, según la posición jerárquica del actor policial en la burocracia.

Por último, tal como los trabajos muestran, como en el caso de Galar respecto de la cultura política democrática, o en el estudio de Frederic, el trabajo policial no solo está afectado por las concepciones de ciudadanía con las que coexisten los policías, y con las que operan, sino también que contribuyen a darle forma y contenido. En el caso de Frederic la provisión de seguridad consiste puntualmente en un trabajo que impregna de la categoría política de “dar” servicios, y se conforma en ese sentido por parte de la Gendarmería. Este trabajo revela un modo posible de la asimilación de los sentidos de los productores políticos de quienes dependen. El trabajo de Seveso en esta colección muestra otro modo de integrarse la previsión de seguridad, articulándose en una lógica de promoción urbana y turística, otra alternativa con respecto al modo en que por ejemplo Celeste Schnyder documento la casi indistinción entre trabajo político y trabajo policial en el juarismo de Santiago del Estero.

Para terminar, este dossier muestra que las ciencias sociales en Argentina, y la región, han producido un conocimiento más profundo de los determinantes sociales de las acciones de los actores policiales. Estos determinantes, incluyen tanto factores organizaciones, como de relaciones con actores no policiales, en condiciones estructurales, delictivas, y de desigualdad social cambiante. Sin embargo, entre estos factores, como consistentemente se demuestra y observa, las orientaciones intervenciones e intercambios de y con actores políticos, en distintas jurisdicciones, niveles, y la centralidad en el juego político, sigue siendo esencial para determinar las prácticas policiales y su alineación con principios legales. Las policías y los policías, existen como pieza esencial del gran juego del mundo político, sin embargo los jugadores dominantes no dejan de ser los que gobiernan en nombre de todos. Que estos estudios sirvan para dejar de lado las simplificaciones a las que muchas veces se recurren en ese juego, y que se tengan en cuenta en los momentos críticos y cotidianos de tomarse decisiones desde las esferas políticas, la cuales nos afectan a todos los ciudadanos, trabajadores policiales, o no.

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