RESUMO:

Em Buenos Aires desde 2003, policiais e gendarmes aumentaram geometricamente. Muitos desses uniformizados foram implantados em bairros, cidades e áreas comerciais sob uma nova política: o policiamento por proximidade. Este foi um meio de redistribuição das forças de segurança em expansão no Brasil, com a criação das Unidades de Polícia Pacificadora justificado em um modelo de "policiamento comunitário" (Menezes, 2014) e no mundo, promovendo a co-produção da patrulha entre uniformizados e vizinhos (Durao, 2012).Nossa pesquisa etnográfica com gendarmes e policiais locais envolvidas em tais policiamento, percebe como o trabalho da polícia foi politizada, como resultado do valor moral histórico de laços políticos forjados na aproximação de agentes do Estado para a comunidade do bairro e dos seus vizinhos (Frederic, 2017); e pela inscrição de alguns e de outros uniformizados em parcelas sociopolíticas preexistentes. Essa polícia introduziu o uniforme na troca de serviços, apoio e reconhecimento, antes reservado apenas aos funcionários, líderes / militantes. Além dos conflitos na condução, dificuldades de adaptação, ou discriminação interna que cruzaram seus protagonistas, o estudo mostra a ambivalência que a politização de impressões trabalho da polícia a uma força militar ou civil.

Palavras chave:Trabalho policial, moralidades, politização, militarização, comparação etnográfica

SUMARIO

1. Introducción;2. Contexto político y distribución de la seguridad; 3. Variaciones del policiamiento de proximidad: gendarmería y policías locales; 3.1. Gendarmes y Policías frente a la supremacía del vecino; 3. 2. Rechazo y Adaptación: los uniformados ante el policiamiento de proximidad; 4. Una comparación entre variantes de un mismo paradigma moral del control político; 5. Conclusiones; Bibliografía

1. Introducción

En el área metropolitana de Buenos Aires durante los últimos quince años, se duplicó el número de efectivos policiales y de fuerzas de seguridad federales, mientras proliferaron variantes del policiamiento de proximidad, las más destacadas y persistentes de las cuales fueron las operaciones desarrolladas por una fuerza militar como la Gendarmería y otras, por fuerzas netamente policiales. Esta forma de redistribuir la fuerza pública se convirtió en una política en expansión en Argentina pero fue soslayada debido a las críticas y objeciones levantadas por lo que se dio en llamar la militarización policial o de la seguridad interior.

El debate académico y experto, sobre la militarización del policiamiento -sin intervención directa de las Fuerzas Armadas-, pivoteó sobre las condiciones que propiciaron este deslizamiento creciente (Salles Kobilanski, 2012; Escolar, 2005, 2017; Hathazy, 2016); en un país donde hasta entrado el siglo XXI, la desmilitarización de las fuerzas policiales y la despolicialización de las fuerzas armadas, fue política de Estado (Frederic 2008). Así, estas perspectivas se focalizaron en reducir la ambivalencia de una fuerza militar como la Gendarmería autodefinida como “intermedia”, por estar legalmente habilitada a cumplir funciones de Defensa y de Seguridad, pero cada vez más involucrada en seguridad interior. De hecho han consensuado que ha habido en Argentina una militarización de la seguridad, pues la Gendarmería es una fuerza militar, aún con sus matices, que por su memoria e historia (Escolar, 2005, 2017; Salles Kobilansky, 2012), su doctrina y organización (Hathazy, 2016), viene expandiendo su responsabilidad en funciones policiales.

Contrariamente, los resultados de nuestra investigación etnográfica comparativa de dos fuerzas implicadas en el policiamiento de proximidad, una Policía Local de la Provincia de Buenos Aires y la Gendarmería, restituyen la ambivalencia de esta última no sólo como fuerza intermedia, militar y policial (Battaglino, 2016), también política. El trabajo de campo realizado indica que la propia autopercepción de los gendarmes como militares es desafiada no sólo por la potenciación de una faz policial de sus tareas, sino sobre todo, de una faz política de su trabajo. Así, la propia justificación de los gendarmes ya sea de carácter legal, por compartir la Ley de Personal de las FFAA; normativa, por compartir el código disciplinario del Ejército Argentino; y/o doctrinaria, por tener como guía el Manual de Ejercicio del Mando (Ejército Argentino, 1971), entre muchos otros aspectos, se pone a prueba por el valor moral de la proximidad como vehículo de confianza entre uniformados y vecinos. Es este un valor moral antiguamente imbricado en los vínculos políticos de los barrios segregados del Área Metropolitana de Buenos Aires (Frederic, 2017), reproducido por las prácticas y representaciones de militantes y referentes políticos, y profundizado, desde 1990.

En Argentina esta forma de policiamiento se amplió al punto que las policías más recientemente creadas como la Policía Local dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PPBA) y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, se asientan normativamente en ella. De modo semejante, ocurrió en Brasil con la creación de las Unidades de Policía de Pacificación justificadas en un modelo de “policía comunitaria” (Menezes, 2014) o en Portugal bajo el principio de co producción del policiamiento con el ciudadano (Durao, 2012). Sin que, por ello, en estos sitios se adoptara el modelo de la misma manera, ni produjera las mismas tramas socio políticas. Aunque en todos los casos, sí se promovió la co-producción del patrullaje entre policías y vecinos (Durao, 2012). Pero la valoración de las políticas de patrullaje a la aproximación del policía y el vecino, contiene ribetes particulares en el área estudiada. Sostendremos, que la categoría proximidad y vecino, emparentada con aquella, contienen un valoración moral de carácter social muy presente en las formas del trabajo político, o del hacer política, barrial en Argentina (Frederic y Masson 2006; Gastañaga, 2010). Esa evaluación que moraliza la relación de policías o gendarmes con los vecinos, bajo el supuesto de que estar más cerca es ganar en confianza recíproca, está montado sobre una moral comunitaria de la cual penden los vínculos entre referentes barriales, vecinos y funcionarios civiles.

Nuestro argumento es que tal reinvidicación, la construcción de un lazo moral entre policías o gendarmes y vecinos, procuró por un lado reducir la hostilidad y desconfianza recíproca, ofreciéndole a estos un poder sobre la distribución del servicio de seguridad estatal. Así, dispositivos de patrullaje denunciados por académicos y organizaciones políticas y sociales ^de izquierda por la securitarización de las poblaciones condenadas a la periferia social, o por la militarización de la seguridad, quedaron sin embargo marcados por la evaluación positiva dada al acercamiento entre policías y vecinos. Por esta vía, buscamos comprender la legitimidad social ganada por el despliegue masivo de uniformados, aunque simultáneamente se incrementara desde su implementación un 20% la población carcelaria (2011-2015)1.

Quisiéramos poner de relieve en este artículo como este policiamiento reivindicado por el valor moral hacia la proximidad policial con la comunidad, generó simultáneamente tres procesos. Primero, el despliegue masivo de uniformados distinguió zonas tranquilas y peligrosas, e incrementó las detenciones en la vía pública por flagrancia y la tasa de encarcelación. Es decir reforzó las fronteras del Estado con el otro interno (Galvani, 2017). Muy distinto al panorama ofrecido por Jean Paul Brodeur (2011) respecto del mundo anglosajón donde el policiamiento de proximidad no se dirigió a luchar contra el crimen sino a reducir el miedo a través de la presencia policial y el uso de la palabra antes que la fuerza. En Argentina potenció la incriminación y la criminalización de mayor cantidad de ciudadanos. Segundo, esa alteración de trabajo policial paradójicamente generó vínculos de reconocimiento social entre ciertos referentes barriales y uniformados (Frederic, 2015). Tercero, impactó significativamente al interior de las instituciones de seguridad encargadas de la tarea, al desafiar el trabajo policial en nombre de esa moralización de la seguridad, generando rechazos, resistencias y adaptaciones a esta modalidad menoscabada por muchos gendarmes y policías. Me ocuparé aquí de estas últimas dos dimensiones del proceso para dar cuenta de las dificultades de sostener esta forma del trabajo policial que convirtió a gendarmes y policías en agentes politizados.

Específicamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires esos modos de intervención policial fueron promovidos e implementados en tiempos electorales y justificados por el valor asignado a la proximidad, tanto por gendarmes con el Plan Cinturón Sur implementado desde 2011 en un extremo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como por las Policías Locales en el Conurbano, Provincia de Buenos Aires en 2014. Esa aproximación de los uniformados con: vecinos, ciudadanos, comerciantes, referentes sociales y políticos, etc., significó una redistribución de la seguridad a través del incremento del número de efectivos federales y provinciales en esos territorios. Sin embargo, la idea de que los vecinos podrían participar de las decisiones sobre el patrullaje y la intervención junto a los jefes policiales y de gendarmería, no sólo justifico aquel incremento, moralizó el trabajo policial y fundamentalmente lo politizó, introduciéndoles en tramas de negociación e intercambio con referentes (políticos, sociales y religiosos), pobladores y militantes.

El estudio etnográfico de las situaciones sociales construidas por dichas intervenciones, da cuenta de una trama de conflictos, tensiones y alianzas, en la que se inserta la experiencia de los uniformados. A la luz de estos escenarios, indagamos la contracara del incremento de integrantes de las fuerzas de seguridad patrullando a pie y en móviles las calles del área metropolitana de Buenos Aires, y nos preguntamos cómo encarna una repolitización de sus agentes. Esta repolitización se desacopla de la idea de autonomía policial (Saín, 2009) para mostrar otros vínculos entre prácticas policiales y prácticas políticas, así como desafiar la idea de que más gendarmes, integrantes de una fuerza con régimen militar, es “militarización” a secas, entendida como reactualización del Estado autoritario o represivo. La militarización puede adquirir también connotaciones políticas, redoblando su ambigüedad.

A cambio, inscribo la descripción etnográfica sobre policiamiento de proximidad en el enfoque de Jean-Paul Brodeur (1983) para quien todo policiamiento, visible o secreto imprime un ordenamiento político, de manera que su distinción entre alta y baja policía, no clasifica tipos de policiamiento. El “alto policiamiento” es una dimensión política de determinados policiamientos dice Peter Manning (2012) sobre este enfoque de Brodeur:

“El alto policiamiento, es decir, la vigilancia, el seguimiento y el mantenimiento de archivos secretos sobre la actividad cotidiana, es en realidad el paradigma de toda la vigilancia política… busca amenazas potenciales en un intento sistemático por preservar la distribución del poder en una sociedad determinada” (Brodeur, 1983:

1 Según datos elaborados por la Dirección Nacional de Política Criminal entre 2006 y 2015 el incremento de la población carcelaria fue del 35%, y del 92% en relación al año 2000. Cabe señalar que, de acuerdo a los datos de este organismo, el 45% del incremento lo aporta la Provincia de Buenos Aires. Aquí en 2012 el 89% de los presos, fueron detenidos por flagrancia, es decir por actuación policial en la vía pública.

513). Es la política en el nombre del policiamiento, o más específicamente policiamiento como política. (Manning, 2012: 6)2

En los términos de Brodeur (1983) cuyo estudio discute las posiciones desviacionistas que rechazaban la intervención policial sobre la disidencia política en Estados Unidos y Canadá en los años ’70, esta clase de intervención está expandida más allá de los cuerpos policiales de inteligencia.

Las operaciones sobre la disidencia ya sea que se persiga a los detractores como que se busque su complacencia, recurso particular del policiamiento de proximidad, se inscriben en tramas y concepciones de la política socialmente disponibles. Desde el punto de vista etnográfico se puede apreciar cómo en el policiamiento de proximidad, gendarmes y policías locales inscriben sus prácticas en tramas de la política electoral y barrial, cuyo significado toman, reponen y resignifican para, a través de la palabra y la gestualidad, llegar a acuerdos que reduzcan o neutralicen la oposición a las políticas del gobierno. Propongo entonces descubrir el solapamiento de la política tras el policiamiento sumando a la visión de Brodeur una concepción más amplia de la política, tal como la que sostiene Marc Abéles (2005) quien diferencia la política normativa heredada de la filosofía iluminista centrada en la idea de representación, de la política tal como existe en el mundo real y, sobre todo, es concebida por los actores. Esa imbricación de los policial y lo político, moralizada por el valor de la proximidad, la escucha, la negociación, la circulación de información delictiva, operaron sobre los órdenes religiosos, sociales, políticos o morales en esas poblaciones (Agier y Lamotte, 2016) como sobre la propia configuración de las fuerzas policiales y de seguridad que intervinieron.

De modo general, podemos decir que los gendarmes en el policiamiento denominado Plan Cinturón Sur (OCS) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la primera época del despliegue entre 2011 y 2012 como donadores de seguridad, tenían la capacidad de distribuir y asignar el servicio, conversando y negociando con los vecinos. En tanto, los policías locales del municipio del oeste del Gran Buenos Aires donde, concentró ese atributo en el jefe. El administraba su capacidad de vinculación directa con los vecinos y comerciantes, maniobrando en el estrecho margen que le dejaba la injerencia ya sea de los jefes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como de los funcionarios municipales de Seguridad.

El trabajo de campo mediante el cual obtuve los datos que presento se desarrolló entre abril de 2011 y diciembre de 20123, incluyó la comisaría de Pompeya de la Policía Federal Argentina (la Federal) y posteriormente una de las tres unidades de la Gendarmería correspondientes al OCS, la que compartía jurisdicción con la comisaría de la Federal. Los datos analizados fueron obtenidos durante la investigación que coordiné en el marco del Convenio de Asistencia Técnica entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Universidad Nacional de Quilmes (2011 y 2012). Los vínculos construidos por entonces tanto con suboficiales, oficiales subalternos y superiores, aún perduran y posibilitaron la continuidad del trabajo de campo en años posteriores, sin relación contractual alguna con el Ministerio de Seguridad, ni con la Gendarmería. En rigor yo había sido convocada por el Instituto Universitario de Gendarmería (IUGNA) en septiembre de 2008, mucho antes de la existencia del Ministerio de Seguridad para diseñar el área de investigaciones ante una presentación a la CONEAU. Sin embargo, fue mi intervención en un medio gráfico de circulación nacional durante el conflicto protagonizado por gendarmes y prefectos en octubre de 2012, el hecho que completó el giro en el vínculo con los uniformados, ya que mi postura no convalidó el argumento del gobierno de entonces según el cual el objetivo era “desestabilizar” y propiciar un “golpe de Estado”4. Recibí entonces un llamado del subdirector Nacional de gendarmería quien me comunicó su acuerdo con mi posición. A partir de allí, fui convocada algunas veces por los altos mandos a comentar y/o discutir sus

2 La traducción es de la autora.

3 En este período los datos analizados fueron obtenidos durante la investigación que coordiné en el marco del Convenio de Asistencia Técnica entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Universidad Nacional de Quilmes (2011 y 2012). Para preservar a las personas que nos confiaron sus palabras, sustituiremos en este artículo los nombres reales de lugares e individuos por nombres ficticios.

4 Página/12, 5 de octubre de 2012, “Otra Clase de Asalariados”; https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-204945-2012-10-05.html

posiciones, también recibí críticas de oficiales subalternos por lo poco que hicimos por ellos. Otra fuente de confianza producida con independencia del modo en que accedimos inicialmente al campo, derivó del interés de algunos oficiales por la producción escrita de mi autoría sobre formación. Respecto de la Policía Local de la Provincia de Buenos Aires realicé trabajo de campo durante seis meses del 2016 en un municipio del oeste del Gran Buenos Aires al cual le daré el nombre ficticio de Villa Recondo. El trabajo de campo incluyó en ambos casos: entrevistas, observación participante de: rutinas, patrullaje a pie y en móviles, conversaciones con efectivos de ambas fuerzas de distinta jerarquía, funcionarios públicos, comerciantes, referentes y vecinos.

2. Contexto político y distribución de la seguridad

En los últimos años, en especial después de la crisis argentina de 2001, los contextos electorales fueron escenarios propicios para las denominadas políticas de reforma sobre las fuerzas de seguridad, y con ello alterar la asignación de la seguridad como servicio público (GEPYFS, 2012). La proliferación de demandas de seguridad ubicó a los agentes gubernamentales con poder de definir la distribución de ese recurso, en dadores, y a los vecinos, ciudadanos, comerciantes, transeúntes y pobladores, en receptores o beneficiarios. Más allá de los cambios impulsados, esa redistribución de la seguridad fue un recurso de legitimación y de posicionamiento político ideológico, colocando a nuevos protagonistas en la decisión de cómo donar el servicio.

Con la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación en diciembre de 2010, la seguridad fue reconocida como un derecho, tal como se indica en el Prefacio del documento Modelo de Seguridad Democrática (2011) aún disponible en su página de internet. El ciudadano fue colocado en el lugar de receptor de un servicio que el Estado estaba obligado a proveer5. Facilitar su acceso también implicó aproximar a las fuerzas de seguridad federales a las poblaciones más segregadas, hacerlas visibles entre los vecinos y buscar la adaptación de estas a sus demandas. Esa donación tuvo entre sus principios: incrementar la presencia policial, es decir el despliegue territorial de agentes policiales y de seguridad en lugares vistos como “conflictivos”, o “peligrosos”, habitados por ciudadanos despojados de ese derecho. Así también se alteró el criterio de asignación incluyendo otras voces en la decisión de cómo distribuir a los uniformados en el barrio. El despliegue de la Gendarmería Nacional Argentina6 durante la campaña electoral de 2011, siguió ese principio.

Ese ministerio tuvo cierta capacidad de conducir a dichas fuerzas en un estilo de patrullaje de proximidad durante un año. El conflicto protagonizado por los efectivos de Gendarmería que prestaban servicio en Cinturón Sur en octubre de 2012 dio cuenta de las tensiones que el mismo provocaba. Luego de estos sucesos, la dinámica del despliegue cambió mientras el número de personal afectado se redujo progresivamente, hasta incluso ser raleado lentamente hasta marzo de 2016. En este año bajo un nuevo gobierno nacional de signo político contrario al que lo creara, el operativo se refuerza significativamente, sin embargo esta segunda época, será materia de otro artículo.

En cuanto a la creación de la Policía Local resultó de dos problemas: las dificultades para gobernar la policía de la Provincia de Buenos Aires o la Bonaerense7, la más numerosa de las fuerzas de

5 El Prefacio señala “Este documento esquematiza el modelo que el Ministerio de Seguridad de la República Argentina ha elaborado y comenzado a implementar desde su creación en diciembre de 2010, para garantizar en tanto deber indelegable del Estado, el derecho a la seguridad ciudadana en un marco de plena vigencia del sistema democrático y república, y el respeto irrestricto de los derechos humanos” (Ministerio de Seguridad, 2011:7)

http://www.minseg.gob.ar/sites/default/files/Publicaciones/El%20Modelo%20Argentino%20de%20Seguridad% 20Democratica.pdf; descargado el 24 de junio de 2018 de su página web.

6 El Plan Operativo Cinturón Sur también incluyó el despliegue de un número equivalente de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, fuerza encargada del control costero marítimo y lacustre.

7 La Bonaerense es el modo en que popularmente se conoce a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, aunque a veces es utilizada en un sentido despectivo, preferimos conservar esta denominación que sustituye a la expresión “de la Provincia de Buenos Aires”.

seguridad en Argentina8 , y el reclamo de los intendentes municipales de ser protagonistas de la prestación de la seguridad policial. La larga campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2015, incluyó la sanción de una resolución del gobernador de la provincia que inició la creación de la Policía Local con doble dependencia: Policía de la Provincia de Buenos Aires y del municipio9. La resolución 835/2014 “invita a los municipios a adherir” a este nuevo cuerpo policial a través de convenios específicos de conformación y coordinación, gestionados por la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Seguridad. Esos convenios suscriptos por el intendente y ratificados por ordenanza municipal estaban destinados fundamentalmente, a los de más de 70.000 habitantes. Una vez suscriptos la Policía Local de cada municipio dependería de la Superintendencia de Policía Local, un área con el mismo rango que aquella de la que dependían los policías de seguridad, agrupados en regionales y comisarías.

Así una vez creada la Policía Local de cada municipio, los funcionarios municipales se convirtieron en agentes de la donación de seguridad para responder con policías armados a la demanda de los vecinos y complacerlos, evitando las disidencias, y las repercusiones mediáticas negativas que los casos de inseguridad generan a escala municipal. Pero estas unidades policiales mantuvieron una ambigua triple dependencia: “policial”, “municipal” y “provincial”, de modo que ningún actor quedara afuera de la redistribución, y excluido de la política de seguridad, o mejor todos tuvieran derecho a disputarla.

Como ocurre habitualmente, cuando se justifica la intervención de la más acotada jurisdicción estatal con representación gubernamental en una política, la proximidad fue clave. En este caso la resolución provincial señalaba que la Local tendería a: “lograr una mayor inmediatez entre las fuerzas policiales y los ciudadanos de fortalecer la prevención del delito a escala municipal y potenciar la descentralización operativa de la policía” (Resolución 835/2014). Allí también se le atribuía la misión de prevenir delitos y contravenciones y actuar con características de “policía de proximidad”, coordinando su acción con el municipio y demás unidades de policía. En cuanto a sus funciones, el artículo 8° (Res. 831/2014) indicaba cómo entender la proximidad:

(…) b) Efectuar la prevención primaria, con un conocimiento cabal del sector barrial sobre el cual trabaja./…/e) Intervenir en los conflictos relacionados con la violencia de género, a cuyo fin serán dotados con un sistema de comunicaciones diferenciado, vehículos identificables, participación de personal femenino, y los recursos materiales necesarios para un efectivo tratamiento de dicha problemática. (…) g) Establecer una relación estrecha con la comunidad en la labor preventiva.(…) i) Coordinar el esfuerzo policial con el resto de los agentes que intervienen en la comunidad, j) Prestar auxilio u orientación, en la medida de lo necesario, a todo vecino que así lo requiera10.

También el municipio se encargaba del reclutamiento de personal que fuera residente en la jurisdicción municipal donde prestaría funciones. El curso inicial dependía íntegramente de la Bonaerense y estaba descentralizado, emplazado en la jurisdicción de la unidad de Policía Local correspondiente11. El capítulo III de la resolución 831/2014 establecía que el “Curso de Formación de Policía de Prevención Local”, tendría un lapso mínimo de 12 meses aunque el 90% egresó durante los

8 La Policía de la Provincia de Buenos Aires contaba con 54.000 efectivos en 2004 y en el 2015 había alcanzado un total de 100.000, 16.000 de los cuales eran de la Policía Local.

9 Con la sanción de la resolución 835/2014 se crea un cuerpo especial de policía dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PPBA). El gobernador provincial y candidato a presidente para suceder a Cristina Kirchner, Daniel Scioli termina así con el debate protagonizado por el diputado provincial de Nuevo Encuentro, Marcelo Saín, cuya propuesta consistía en crear una nueva policía sujeta a la autoridad municipal y sin dependencia alguna de la PPBA. Sul proyecto de ley proponía un cuerpo profesional de policía reducido en tamaño, limitado en su jurisdicción a la del municipio, y a este como único responsable. Tal vez por sus implicancias sobre las formas ilícitas de recaudación y las redes de poder implicadas, este proyecto entro en una controversia en torno a la cláusula que prohibía el uso del arma fuera del horario de servicio. La polémica se cerró cuando el Gobernador firmó la mencionada resolución que, lejos de crear una nueva policía, constituyó un cuerpo sujeto a una nueva Superintendencia de la PPBA

10 El subrayado es nuestro.

11 Excepcionalmente el municipio presta equipamiento.

dos primeros años sólo con seis meses, excepción que la norma previó. A diferencia de los policías que ya integraban la Bonaerense, la norma preveía que el personal policial que hubiera aprobado el ‘Curso de Formación de Policía de Prevención Local’ no podría cambiar su destino salvo causas excepcionales. Esto representaba una ventaja sustantiva, porque el cambio de destino constituía el principal instrumento de castigo y recompensa en la Bonaerense, una policía con una jurisdicción de 307.000 km2 más que la superficie de Italia (301.000 km2) y mucho peor comunicada.

Finalmente, la norma mencionada preveía la conformación de una “Mesa de Coordinación Operativa Local” por cada municipio e integrada por: el Intendente Municipal, el Coordinador Operativo y el Jefe de la UPL.A esta “mesa” debía “coordinar” entre las policías con intervención en la jurisdicción del municipio, a través de: “intercambio de información”; “actuaciones policiales”; “mapa del delito”; “Implementación de estrategias locales de seguridad preventiva”.

Hasta fines de 2016, 53 municipios contaban con Unidad de Policía Local. Cada uno instaló una base desde donde se realizaba el despliegue diario de los efectivos para el patrullaje, tanto a pie “caminantes” o en móviles (autos, camionetas, motos o bicicletas). La distribución de las vacantes de Policías Locales entre los municipios siguió un criterio poblacional. Así el Municipio de La Matanza el más poblado del Gran Buenos Aires, contaba con 1500 efectivos aproximadamente mientras la mayoría de los otros municipios oscilaba entre 150 y 400. Excepcionalmente, algunos municipios se expandieron con la creación de destacamentos más descentralizados como el creado en Villa Albertina, Lomas de Zamora.

3. Variaciones del policiamiento de proximidad: gendarmería y policías locales

A continuación, describiré a gendarmes primero y luego a policiales locales, desplegando sus estilos de policiamiento de proximidad. En rigor la Gendarmería se convirtió en la fuerza señera en la producción del trabajo policial de proximidad en Argentina. Si bien el Plan u Operativo, Cinturón Sur, fue el primer despliegue masivo de la Gendarmería en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no inauguró el policiamiento de proximidad. La Gendarmería ya había sido desplegada bajo una modalidad similar en 2003 con el patrullaje del barrio Ejército de Los Andes en el partido de Tres de Febrero, donde continuó prestando servicio pues los vecinos se opusieron a su repliegue. La evaluación exitosa de esta intervención de parte de las autoridades nacionales llevó a propiciar su expansión haciendo uso de esa experiencia en otras fuerzas. Sin doctrina, con algún material operacional, la gendarmería vía el Ministerio transfirió esa experiencia a la Federal, para crear el Cuerpo de Prevención Barrial de la Policía Federal Argentina (2012) y un cuerpo similar de la Policía de la Provincia de Santa Fe en Rosario (2014), hasta la creación de una gendarmería barrial agrupada en Unidades de Prevención Barrial (2014) puestas en funciones recién en 2016. Estas intervenciones sobre poblaciones segregadas permitieron a una fuerza militar ganar consentimiento entre ciertos sectores políticos y sociales, al tiempo que conmovieron y desafiaron concepciones y prácticas ya normalizadas por un parte de los integrantes de esta fuerza. La gendarmería capitalizó la experiencia de Fuerte Apache, socialmente valorada, y sin capacitación ni instrucción específica, fue lanzada por el gobierno nacional, a la ciudad capital de la Argentina12.

Concretamente Cinturón Sur respondió al “nuevo modelo de seguridad democrática” creado por el Ministerio, desplegando 1250 gendarmes, y un número equivalente de prefecturianos sobre el sur de la ciudad de Buenos Aires. El patrullaje de las jurisdicciones de tres comisarías de la Policía Federal Argentina quedó en manos de la Gendarmería. La Federal continuó en esas comisarías con las tareas de orden burocrático administrativas vinculadas a la etapa sumarial del proceso penal o contravencional, recepción de detenidos, radicación de denuncias y todas aquellas instrucciones indicadas por el proceso de una causa judicial. Las autoridades políticas justificaron y defendieron el

12 En la segunda época de este policiamiento, que aquí no analizamos, se invirtió la transferencia y fue la Federal la que capacitó a los gendarmes. Cuando la proto doctrina de estos había alimentado el patrullaje en Cinturón Sur y la formación del cuerpo de Prevención Barrial de la Federal.

Operativo como el instrumento para “dar seguridad”13 a las personas más segregadas de la ciudad y resaltaron la diferencia con las formas tradicionales de intervención al enfatizar “la relación con la comunidad”. Tal como se señala en el Modelo de Seguridad Ciudadana se introduce el Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad con la realización de “Mesas Barriales de Participación Comunitaria” (MINSEG, 2011:19)

Aspectos particulares de este operativo fueron el protagonismo de los vecinos, las organizaciones sociales y la participación comunitaria. Por un lado, las autoridades del ministerio de Seguridad buscaron incorporar a los vecinos para que participaran “en la construcción de la política de seguridad”, para reforzar la vigilancia en “zonas que tienen altos índices de conflictividad”. Para eso las autoridades de la gendarmería y del ministerio identificaron a esas organizaciones y las convocaron en encuentros en los barrios que se llamaron también en el cotidiano “mesas de enlace”. La inclusión de los vecinos y sus organizaciones en la identificación de los puntos de conflicto y de las fuentes delictivas del barrio también conllevaba su intervención en la orientación de la gendarmería. Se preveían consultas, contactos y sugerencias como aspectos centrales del Operativo. La distribución de la seguridad al interior de cada barrio resultaba así de las conversaciones entre vecinos, gendarmes y autoridades políticas.

Por el otro lado, se instaló una diferencia contundente entre cómo el Estado ofrecía seguridad en el sur de la ciudad, y a través de quiénes, y de qué manera lo hacía en las otras zonas y barrios. El patrullaje de la Gendarmería en esa zona era ostensiblemente divergente al que realizaba la Federal en el resto de la ciudad, tanto en cuanto a cantidad de efectivos, equipamiento, armamento, uniforme, como a formas de desplazamiento y relaciones con los pobladores. Paradójicamente, en esa distribución diferenciada podía advertirse una ineludible estigmatización de sus pobladores. El nombre “Cinturón Sur” dado al operativo, subrayaba tanto la idea de dar seguridad en la zona como de producir un límite que la ajustaba sin que ella desborde hacia otras.

¿Cómo se diferenciaban los gendarmes su trabajo del de la PFA? Los oficiales de la Gendarmería describían su modo de dar seguridad como una oposición entre la modalidad pro-activa que los caracterizaba y la reactiva propia de la policía. El principio pro activo de la gendarmería constituía un valor en el seno de la fuerza pues los ayudaba a explicar lo eficaz de su actuación en esa jurisdicción. Según nos explicaban algunos gendarmes, la actitud reactiva era aquella que resultaba del hecho que la policía reaccionaba a demanda una vez que el hecho ya ocurrió o algún testigo advierte que podría ocurrir, operando fundamentalmente con el sistema denominado 911. A ello agregaban que la policía establecía puntos fijos de vigilancia, y no se desplazaba. Es decir que la diferencia entre lo proactivo y lo reactivo incluía la distinción entre apostar a la vigilancia en movimiento y la actitud dinámica, de los gendarmes, contra el estilo fijo y estático de los policías.

La Federal realizaba el patrullaje urbano del “servicio de calle” con personal fijo en “paradas” y en móviles policiales. En una de las tres comisarías donde la Policía fue reemplazada por la gendarmería, había alrededor de dos vehículos afectados al 911 y dos a: restaurantes, comercios y bancos. Las “paradas” eran puestos ocupados por un policía, quien debía permanecer quieto para vigilar. No estaba autorizado a moverse. Ocurría a menudo que los policías entraban en discusiones frente a la demanda de algún vecino que les exigía se moviesen de sus puestos de vigilancia para ocuparse de un hecho. Por más que la distancia fuese corta, no podían abandonarlo, debían pedir apoyo al móvil del jefe de calle.

Las autoridades del ministerio objetaban esta forma del patrullaje policial por mercantilizar la seguridad pública, al involucrar prebendas y corrupción. Muchas de esas “paradas” dependían de la solicitud por parte de personas con poder económico o políticos, para contar con mayor seguridad. Así es que la Federal recibía por una prestación preferencial un pago diferencial para el cual existía un canal institucional, que luego derivaba en la retribución, como servicio de policía adicional, a quienes además del servicio ordinario realizaban ese servicio extraordinario.

13 Cabe señalar que en un trabajo pionero sobre el olfato en la Gendarmería Nacional Argentina Brígida Renoldi (2007) encuentra que en zonas de frontera sus agentes no “dan” sino que “hacen”, seguridad.

A cambio, los jefes de la gendarmería en Cinturón Sur describían su proactividad como el despliegue de un número de efectivos y móviles que duplicaba los de la Federal para responder al 911 y al ocupado en tareas preventivas. La presencia de personal de gendarmería patrullando a pie, distribuido en “binomios”, dos efectivos moviéndose a la par, era de los aspectos más contrastantes con el modo de dar de su antecesora. Además cada una de las tres unidades de la Gendarmería se dividía en 3 o 4 zonas donde se distribuían patrullas a pie y en móviles. Diferenciaban esas zonas como: “tranquilas” o “conflictivas”, “comerciales” o “residenciales”; el criterio de la pertenencia social y “étnica” de la población: bolivianos, peruanos, paraguayos o argentinos; y el “complejo habitacional” de residencia. Pero la pertenencia “étnica” prevalecía sobre la pertenencia social en el discurso de los gendarmes. Los gendarmes explicaban y delimitaban la conflictividad de una zona por la convivencia de “grupos étnicos” de bolivianos, peruanos y paraguayos con estilos de vida diferentes y sobre todo por su desigual afección a la bebida que tendía a producir riñas o violencia doméstica. Esa referencia a la pertenencia nacional y un cierto estilo de comportamiento era el modo por el cual los gendarmes aplicaban su conocimiento de años de servicio prestado en “la frontera” con Bolivia y Paraguay, al policiamiento urbano. Tal manera de ofrecer seguridad en áreas periféricas validaba las intervenciones policiales de una fuerza militar ocupada tradicionalmente de darla en “la frontera”. Así explicaban el carácter eficaz del patrullaje en términos de la tranquilidad o mayor sensación de seguridad que los vecinos manifestaban sentir, mencionando sí al pasar la oposición de “los jóvenes” expresada con sus grafitis.

Sin embargo, el trabajo policial implicado en esta forma de intervención no era bienvenido por la inmensa mayoría de los gendarmes. Si bien, como mostré, construían una defensa de su trabajo en oposición al de la Federal, preferían pensar que se trataba de algo transitorio, una emergencia. Mientras sostenían su rechazo a esa tarea, se enorgullecían de su capacidad de adaptación, que reconocían como propia del “ser gendarme”. Sobre este punto volveremos luego.

Algo semejante ocurría con las Policías Locales. El patrullaje de proximidad realizado por las Policías Locales contenido principal de la “nueva policía” limpiaría a la Bonaerense de sus ilegalidades e inmoralidades. Pero esta visión moralizadora, era disputada por integrantes de la Policía Local que adherían a la idea de que el verdadero trabajo policial era el de los Bonaerenses, de cuyos jefes dependían. Estos despreciaban el origen electoral de la Local, tanto como las tareas de aproximación al vecino, por considerarla totalmente alejada de ese verdadero trabajo policial. No obstante, entre su creación en 2014 y el 2016 la “nueva policía” creció egresando de las 53 escuelas de Policía Local a unos 16.000 oficiales que patrullarían las calles del amplio Gran Buenos Aires portando sus armas reglamentarias.

Durante el trabajo de campo llamaba mi atención, entre las imágenes que adornaban despachos de los jefes de la Local, la que retrataba a cientos de personas vestidas de celeste, color del uniforme de esta nueva policía -y no azul oscuro como el de la Bonaerense-, inmóviles, en un campo muy extenso. Esa foto del egreso de la primera promoción, curiosamente carecía de funcionarios políticos de gobierno, solo retrataba oficiales de la Policía Local de la Provincia de Buenos Aires. La fotografía oficial de la creación de una “nueva” policía borraba así un origen depreciado por los policías, el político electoral, el que para muchos explicaba la decisión de crear un cuerpo de características y dependencia ambivalente. Por ser una fuerza nueva, no había Locales con antigüedad para conducirla. Eran oficiales de 20 años de antigüedad en la Bonaerense los que sin elección debieron convertirse en conductores de las nuevas PL, junto a autoridades municipales del área de Seguridad. Así las cosas, los oficiales de la Local cargaron con el apodo peyorativo de “pitufos”, como los personajes del dibujo animado.

Entre los y las integrantes de la Policía Local había una minoría de ex integrantes de otras Fuerzas Armadas, Policiales y Penitenciarias, eran estos los que solían defender un sentido de la verdadera policía ligado a la rigidez, la distancia y la dureza en el trato, tanto interna como hacia afuera. Claro que estos valores eran justamente los opuestos a los promovidos por una policía de proximidad que necesitaba de la flexibilidad, amabilidad y cordialidad, atributos que se esperaban de las nuevas camadas de jóvenes. Los y las ingresantes, buscaban una carrera, un ingreso seguro y/o un trabajo con horizonte de perfeccionamiento y promoción. Muchos de ellos no rechazaban la pertenencia a la Bonaerense, la que tenía ya una estructura de promoción, aún no disponible en la Local. Aquí, no estaba claro cómo serían los ascensos, qué capacitación les correspondía, eran menos las certezas que en aquella. La estructura jerárquica de las Policías Locales contrastaba radicalmente con la de las comisarías, debido a que con excepción de un puñado de 2 a 5 efectivos con jerarquía y antigüedad en la Bonaerense, la inmensa mayoría no contaba con grados diferenciados, y su antigüedad oscilaba entre 6 meses y 18 meses. Los jefes de cada Unidad, en su mayoría comisarios de la Bonaerense con más de 20 años de antigüedad resolvían el régimen de servicio más adecuado que podía ser de turnos de 8 horas con un franco semanal, o de 12 x 24 horas. A su vez cada Jefe de la Local contaba con un reducido número de oficiales de la Bonaerense en general de la en ese momento recién disuelta Policía Buenos Aires 214 , en quienes delegaba el control del servicio diario.

Una serie de tensiones recorrían la gestión cotidiana de las UPL. Esas tensiones orientaban la distribución del servicio de seguridad. Como me señaló el comisario Rubén Lucero, uno de los jefes de la Bonaerense convertido en jefe de la Unidad de Policía Local de Villa Recondo al hablarme de las presiones que recibía de parte del jefe de la regional de la Bonaerense quien rechazaba las demandas de los políticos municipales sobre la nueva policía: “el Intendente hace política con nosotros, y está bien”. Ante las múltiples dependencias de la Local, el jefe recibía del municipio una orientación hacia la prevención, y de la policía Bonaerense, sus jefes, hacia la represión del delito. Para entender mejor el problema, hay que considerar que en cada jurisdicción policial coincidente con la del Municipio había hasta tres veces más oficiales de la Local que en comisarías de la Bonaerense, una relación en Villa Recondo de 450 contra 150 aproximadamente.

El patrullaje que organizaba el Jefe de la UPL con el municipio, distribuía al personal en dos turnos de 220 efectivos cada uno; en cada turno, un tercio eran oficiales que en binomios de caminantes recorrían a pie las calles de la ciudad, un segundo tercio completaba el patrullaje en móviles, y el tercero ocupado en tareas administrativas. En tanto la Bonaerense sólo respondía al llamado del 911 y se desplazaba en móviles al lugar del hecho, bajo una modalidad represiva. Frente a este contraste en el patrullaje, el problema más destacado por los jefes con los que conversamos era la llegada de radios enviados por el Comando de Patrulla de la Bonaerense para que cedieran personal de apoyo en: allanamientos, movilizaciones callejeras, u otro tipo de intervenciones. Sobre la mitad del año 2016 algunos jefes de UPL y funcionarios municipales, rechazaron la sustracción permanente del personal. Consiguieron que el Ministerio de Seguridad enviara una orden del día recordando tanto a los jefes de las UPL como a los comisarios de la Bonaerense que las funciones para las cuales habían sido creadas excluían: allanamientos, movilizaciones callejeras, apoyo a comisarías de cualquier índole.

Ceder personal a las comisarías o resistir la presión para seguir la orientación comunitaria del policiamiento, definía la conducción de cada jefe de PL. Así, la UPL del municipio de Villa Recondo vio pasar cinco jefes entre su creación y fines de 2016. Los dos que conocimos durante el trabajo de campo eran opuestos en términos de a quiénes respondían. Al estar en una jerarquía más baja que los comisarios de la jurisdicción, la posibilidad de resistir dependía del apoyo brindado por las autoridades municipales y del valor asignado a la nueva policía. Así mientras el comisario Pedro Giménez jefe de la UPL de Villa Recondo cedía a los pedidos de sus jefes de la Bonaerense y rechazaba a la Local, su sucesor el comisario Lucero, resistía la presión de sus jefes porque creía en la nueva policía.

Por consiguiente, si bien el municipio era un actor en la definición del patrullaje, su agencia era relativa. Su vía de negociación era el financiamiento directo de la UPL con la compra de vehículos, combustible, mantenimiento, uniformes, insumos y equipamiento informático. Los municipios con recursos eran aquellos alineados políticamente con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires en manos de la alianza gobernante a nivel nacional, desde fines de 2015 Cambiemos, antes, el Frente para la Victoria. Los demás intendentes municipales perdían terreno frente al poder de la Policía Bonaerense. Sus chances para orientar la marcha de la UPL y evitar la incidencia de la PPBA eran menores y frágiles.

14 La Policía Buenos Aires 2 o Pol 2 fue creada por el Ministro de Seguridad León Arslanián en 2005 también para purificar la Bonaerense. Esta no tenía el control de las comisarías pero era de absoluta dependencia Provincial.

Trabajo y Sociedad, Núm. 31, 2018

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La dependencia de la Local hacia la Policía Bonaerense se reforzaba también por abajo, y no sólo por arriba. Esta se hacía notar en el cotidiano del patrullaje. Todas las intervenciones realizadas por la Local en el caso que existiese ya sea un detenido, o el hallazgo de un vehículo robado, o un robo, debía recurrir a la comisaría de la Bonaerense, la que se encargaba de realizar las actuaciones sumariales, comunicarse con las autoridades judiciales y tramitar las actuaciones. Los oficiales de la Local no contaban con los conocimientos de redacción y tampoco se los dejaba ponerlos en práctica. En este terreno, la dependencia de la Bonaerense era absoluta. Tampoco la Local contaba con un 911 propio, sino que escuchaba la información difundida a través de una central de monitoreo, compartida con el municipio y no intervenía a menos que lo ordenara el jefe de la Local, pues correspondía que acudiera el móvil de la Bonaerense.

A diferencia del patrullaje de proximidad que hacía Gendarmería en Cinturón Sur, el patrullaje en binomios y en móviles, de la Local, era en zonas comerciales o de mayor circulación y en móviles por cuadriculas que coincidían con las de la Bonaerense. En ningún caso en los barrios segregados o “peligrosos”. Los oficiales de la PL no ingresaban, a veces patrullaban en móviles por el perímetro del barrio. En verdad, dejaron de hacerlo porque tuvieron conflictos con sus vecinos: insultos y agresiones, por el conocimiento previo. La tarea rutinaria de pedir identificación a quienes consideraban sospechosos propia de un esquema persecutorio, era una de las fuentes de esos conflictos. Otros jóvenes del barrio, vecinos suyos, les gritaban pitufos, se mofaban de ellos, los bardeaban15 en su jerga. En estos barrios no se inscribían en las tramas socio políticas como lo hacían en los barrios considerados menos peligrosos. Del mismo modo que en la gendarmería, sólo la inscripción en esas tramas hacía posible el patrullaje y la permanencia.

3.1. Gendarmes y Policías frente a la supremacía del vecino

La vinculación con las organizaciones sociales y políticas de la jurisdicción ya era una práctica de la Federal, pero las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación suponían que estas organizaciones eran sólo un puñado, de las que verdaderamente existían en la jurisdicción, seleccionado de acuerdo a los intereses de los comisarios. Cuando la Federal fue desplazada de la calle, los jefes de Gendarmería se reunieron con las organizaciones sociales de las villas para conocer las “problemáticas del barrio”, y no sólo con los comerciantes.

Durante el trabajo de campo en una de las unidades de la Gendarmería, los referentes del barrio, autoridades de las organizaciones vecinales, eran los protagonistas del diálogo con sus oficiales y suboficiales. En su jurisdicción los sitios más “conflictivos” eran un complejo habitacional de 129 edificios con 30.000 habitantes y la villa Roca donde habitaban unas 19.200 personas según datos del Censo 201016. Mientras el patrullaje del complejo se hacía debajo, en la calle, y no en el interior de los edificios, en la villa se realizaba al interior, entre sus angostas calles y pasillos. El jefe de esa unidad contaba inicialmente con 360 gendarmes que en un año descendieron a 240.

En la villa Roca el comandante de la jurisdicción tanto como los jefes operacionales y de turno, mantenían comunicación telefónica asidua con el presidente de una de las organizaciones vecinales del barrio y su secretario. Con ellos definían el patrullaje y las alteraciones del mismo o señalaban los conflictos potenciales o efectivos. Incluso determinaron junto con ellos la ubicación de un contenedor blindado, que oficiaba como una de las secciones de la unidad en el seno de la villa. Tener este sitio en su interior permitía a los referentes vecinales tomar contacto directo con los oficiales subalternos para que intervengan de acuerdo con su demanda. “Ellos son como el 911 de la villa”, nos decía un segundo comandante. Según las estadísticas del Comando del Operativo la mayor incidencia era por conflictos intrafamiliares o entre vecinos, antes que por delitos en la vía pública.

El jefe de la Unidad les había pedido a otros grupos que se “organizaran” cuando demandaban contar con mayor seguridad. Este fue el caso de los feriantes que los sábados ubicaban sus puestos sobre la calle para comercializar productos o servicios en inmediaciones de la villa Roca. “Ustedes tienen que organizarse y elegir un representante”- les decía. Contrariamente, rechazaba a los

Modismo argentino que significa: provocar, insultar.

Censo Nacional de Población y Vivienda, Instituto Nacional de Estadística y Censo.

comerciantes que pedían una “parada”, como sucedía anteriormente con la Federal. Por otra parte, los comandantes de la Gendarmería apostados en Cinturón Sur, tenían mucho cuidado en que quienes se presentaban como representantes, lo fueran realmente:

“Acá en el barrio hay personas nefastas que movilizan patrulleros nuestros y luego se arrogan el poder de hacerlo frente a los demás ciudadanos… pero nosotros sabemos quiénes son verdaderos dirigentes y quiénes no. Acá {en la villa} hubo elecciones y son esos los representantes con los que hablamos”- me decía el Comandante Lucerna uno de los jefes de turno.

La donación de seguridad implicaba un cuidadoso trabajo de producción de la “organización”, de los legítimos receptores, así rechazaban a quienes no podrían ser alcanzados con el beneficio, porque no se “representaban” más que a sí mismos, menos podían ser disidentes políticos. Como se ve el intercambio entre gendarmes y representantes, militantes o referentes barriales, se inscribía en una incipiente lógica política ya existente en esos territorios basada en el reconocimiento de los referentes procedente del apoyo de sus vecinos. La distribución del patrullaje variaba conforme el ejercicio de una regulación sobre el apoyo o la eventual disidencia de los vecinos, expresando esta dimensión política de la “alto policiamiento” (Brodeur, 1983).

Respecto de la Policía Local, los reclamos de los vecinos llegaban al municipio, o directamente a la UPL. Contribuían a redistribuir o “reforzar” el personal en los recorridos y circuitos fijos, básicamente definidos por demandas de comerciantes, autoridades de escuelas y vecinos. Los vínculos políticos previos o con vistas a reforzarlos, definían las zonas, y los vecinos, cuyos reclamos atender. El principio de los recursos limitados, acababa por justificar la orientación de la respuesta a la demanda.

El municipio de Villa Recondo contaba con una Secretaría de Seguridad y allí un área de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad, cuyo funcionario junto con el jefe de la UPL participaba de reuniones con vecinos de diferentes zonas para conocer y relevar sus preocupaciones. Además, el comisario de la Local Lucero, que se interesaba en esa nueva policía, junto a sus oficiales más próximos, mantenían charlas y entrevistas informales en las calles con personas que circulaban, trabajaban y habitaban en el Municipio. Esas entrevistas espontáneas les permitían recabar información acerca del desempeño de los agentes y de las necesidades de presencia policial. Si bien no seguían de forma rigurosa todos estos pedidos, acumulaban la información y atendían los que podían. También aplicaron una encuesta a vecinos para establecer un índice de victimización, que generó conflictos con los funcionarios municipales ocupados en recabar información estadística y a quienes no habían consultado previamente.

La oficina de operaciones de la Policía Local del municipio de Villa Recondo contaba con un registro de todos los pedidos que llegaban a través del área de Relaciones con la Comunidad que a su vez los recibía de las organizaciones de vecinos, comerciantes, etc. A algunos los evaluaban como realizables y necesarios. Respondían a ellos ya sea con la modificación de recorridos o la implementación de nuevos trayectos en las inmediaciones de villas o barrios considerados peligrosos. Simultáneamente, de forma conjunta evaluaban el desarrollo del objetivo de los corredores escolares. La Local confeccionaba un informe semanal con información sobre los resultados de este tipo de patrullaje que enviaban al área de Prevención.

Pero esta orientación era propia de Lucero, pues el comisario anterior, Giménez, solo respondía a las órdenes de sus superiores, los jefes de la regional y de la superintendencia de Seguridad de la Bonaerense. Su negativa a obedecer las directivas del municipio, a quienes no veía como sus superiores, las justificaba en que creía que la Local era inviable, fruto de “la política”. Personal con formación deficiente, sin estructura jerárquica alguna en ausencia de oficiales Locales más antiguos, él decía “No tiene futuro. Tiene que absorberla la Bonaerense”.

A continuación analizaremos el fenómeno de adaptación y rechazo, como una conducta ambivalente de los gendarmes hacia esta función policial de proximidad, para compararla con lo ocurrido entre los Locales. Entre estos la división era entre los “azules”, defensores acérrimos de la Bonaerense, como Giménez, y los que sí creían en la Local como Lucero, los pitufos, policías de uniforme celeste. Este por ejemplo, confiaba en una policía menos rígida y jerárquica, capaz de desarrollar relaciones horizontales de mayor cordialidad y simpatía hacia los vecinos, y no tan refractaria a conversar y escuchar los problemas de los vecinos, “en un sentido más política” nos decía Lucero.

3. 2. Rechazo y Adaptación: los uniformados ante el policiamiento de proximidad

Escuché versiones de la situación que describiré a continuación al menos unas cinco veces durante el trabajo de campo con gendarmes, en ningún caso pregunté directamente por ella y en dos oportunidades me la relataron lejos de la jurisdicción del OCS. El episodio siempre me fue contado como ejemplo de los problemas que enfrentaron, como aprendizaje de los errores cometidos, en fin como muestra de su adaptación. Según lo que pude reconstruir de esas versiones el episodio ocurrió a dos semanas de montar la unidad. La acción de los gendarmes, un oficial y un suboficial de una patrulla móvil en la Villa Roca fue evaluada como incorrecta por sus resultados: un suboficial con rotura de cráneo y una situación que se descontroló por la propia intervención de los efectivos. Como consecuencia los altos mandos decidieron que se patrullara siempre con casco; no se comunicaran con modos prepotentes; no se tocara a los sujetos; se dialogara y negociara buscando tranquilizar; y sobre todo, si la proporción numérica de la situación desborda a los gendarmes, no actuar sin primero pedir refuerzos.

En la versión de los gendarmes, la patrulla que intervino en dicha incidencia se desplazaba en un móvil, un llamado del 911 denunció ruidos y una pelea callejera, entonces se acercaron sus integrantes: un oficial y un suboficial, se trataba de un grupo de diez a doce muchachos de nacionalidad boliviana alcoholizados que hacían barullo. Según cuentan el oficial los increpó - no habló en un tono cordial- y pateo con su borceguí la botella de cerveza, esto provocó el enojo del grupo, los vecinos creyeron que los gendarmes estaban pegando a los muchachos y comenzaron a arrojar piedras sobre los uniformados, una de ellas cayó sobre el suboficial provocándole una herida grave en su cabeza con pérdida de masa encefálica. Debido a las graves secuelas del golpe al recuperarse se reintegró a la unidad para realizar solo tareas administrativas, en tanto el oficial fue desplazado a la escuela de gendarmes como instructor. Este episodio no fue el único, otras situaciones de “desborde” de la gendarmería ocurrieron a posteriori. Con el tiempo pudieron dominar estos problemas aunque quedaran esas situaciones como registros de un ambiente operacional desconocido para la Fuerza y a la vez, aceptación de una orden de las autoridades políticas. “De estos errores tuvimos que aprender… y nos adaptamos… el gendarme es flexible… Nos adaptamos y creemos que cumplimos con lo que se nos encomienda”, eran frases frecuentes de suboficiales u oficiales. Aducían que ya habían demostrado esa capacidad, reflejada en el reconocimiento de los vecinos de otros barrios, como si se tratara de una condición propia de los integrantes de esta fuerza militar, algo así como un rasgo identitario.

Como ya señalé, desde la implementación del Operativo Cinturón Sur un notable desacuerdo, malestar y desconcierto, recorría a los gendarmes. Desde los altos mandos hasta los que ocupaban los puestos de menor responsabilidad y máxima exposición al riesgo en la zona del Operativo, era usual escuchar que la intervención debía ser transitoria por ser ajena a las tareas tradicionales de la gendarmería, habitualmente ocupada del control fronterizo y de los delitos federales. A diez meses del desembarco de la gendarmería persistían las quejas de oficiales y suboficiales, por ese desplazamiento masivo hacia un territorio y una función alejada de la que consideraban tradicional. En rigor, no se trataba solo de una queja por el cambio de funciones sino también por: la convivencia cotidiana con la pobreza, las horas perdidas para viajar en Buenos Aires, la distancia geográfica de sus familiares entre los gendarmes que habían sido movilizados temporariamente desde sus destinos originales, la incertidumbre sobre la duración de su movilización, el tiempo que ya llevaban, las condiciones precarias (falta de mesas, sillones, heladera, etc.) e improvisadas de los sitios donde descansaban en las unidades, entre otros, eran de los aspectos más rechazados.

Así, no todos se adaptaban, como indicaban los pedidos que recibí de algunos gendarmes durante el trabajo de campo para que intercediera ante sus jefes reclamando la vuelta a su destino en Salta, Formosa, etc., o bien la atención a las condiciones del servicio (turnos, horas de descanso, mobiliario, etc.). El trabajo de la gendarmería en la frontera era bien distinto. Allá, en los escuadrones de frontera la gendarmería controlaba y patrullaba puentes, caminos, y pasos clandestinos, para prevenir o reprimir el tráfico ilegal de mercancías y personas. Los integrantes del escuadrón, que agrupaba a los efectivos de cada jurisdicción, se desplazaban habitualmente desde esa base hacia los puestos que estaban casi sobre la línea de frontera o en las vías principales de acceso a la frontera. También desplegaban en patrullas que vigilaban áreas rurales próximas al límite fronterizo. La dinámica del escuadrón lo hacía un centro de reunión y de instrucción permanente. Excepto cuando se realizaban guardias de 24 horas o controles sin horario de fin, la cotidianeidad del escuadrón mantenía horarios de 8 horas parecidos a la administración pública.

En cambio, en Cinturón Sur las unidades de la gendarmería, equivalentes al escuadrón, se introdujeron en las villas o barrios “conflictivos” y adoptaron el ritmo del funcionamiento por turnos, semejante al de las comisarías. La división en tres o cuatro turnos de 12 x 36 horas o de 8 por 24 horas, no dejaba tiempo de instrucción posible. Aun así estos barrios les evocaban la frontera de tres formas. Por un lado, habitantes de la ciudad que no gozan de todos los derechos públicos; por el otro, ciudadanos de esos países limítrofes cuyas fronteras la gendarmería vigilaba, aunque habitaran nuestro suelo de pleno derecho; finalmente, la frontera entre quienes tenían derecho a la seguridad como “trabajadores”, y quienes no por dedicarse a actividades ilícitas, a la vagancia, entre otras tareas consideradas antisociales o indignas.

En esa primera etapa del Operativo, las autoridades del ministerio de seguridad de la nación querían introducir en la formación y capacitación de gendarmes técnicas policiales para áreas urbanas conflictivas. Esto era visto por una parte de los oficiales superiores de gendarmería como un ataque a la naturaleza militar de la fuerza y a su métier principal en la frontera. Si se adaptaban, como muchos reivindicaban, no era entonces necesario alterar su esencia, transmitida en la formación básica. En su defensa esgrimían que eran una fuerza intermedia con funciones en la Defensa nacional, con régimen militar, y que exigía una instrucción similar a la del Ejército. El escenario del monte o la puna, y el patrullaje a pie, en mula o caballo, eran de los ejemplos, que se correspondían con lo militar. La geografía rural sin densidad poblacional e infraestructura los remitía al ambiente operacional de la guerra o a las operaciones de paz. Para el patrullaje, las esperas y otros desplazamientos en el monte, el bosque o la montaña, decían necesitar el conocimiento de la navegación terrestre, el enmascaramiento para confundirse con el ambiente natural, el entrenamiento en armamento de guerra y la disciplina militar que el trabajo policial de tanta proximidad con el vecino parecía desafiar.

Entre las dificultades más importantes que los gendarmes alegaban sobre su desempeño en ese nuevo ambiente operacional estaba comunicarse: hacerse entender y comprender. Sufrieron este problema con los vecinos a quienes les daban seguridad tanto como con los funcionarios judiciales quienes, reiteradamente, los acusaron de “payucas”17. Los vecinos no han sido para los gendarmes un grupo uniforme y homogéneo. A quienes eran del interior les resultó más simple comunicarse con quienes también eran provincianos como ellos. Pero quienes eran oriundos de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, los menos, tenían ventaja en la comunicación con la mayor parte de la población y los funcionarios judiciales. La composición de la gendarmería hasta el 2012 era mayoritariamente de personas nacidas y criadas en el noroeste y noreste argentino, y de pueblos pequeños, y minoritariamente del Área Metropolitana de Buenos Aires, en una relación aproximada de 70 a 30 % respectivamente.

Al mismo tiempo, la comunicación con bolivianos y paraguayos, resultaba para buena parte de los gendarmes más previsible que con peruanos, ciudadanos con los que la Argentina no comparte frontera alguna y a quienes les atribuyen mayor propensión al delito. La experiencia de trabajo con aquellos y el haber habitado o a veces crecido en dichas zonas de frontera, les había permitido trasladar una cierta matriz de comunicación y de clasificación del otro. Esto les daba confianza sobre su capacidad de prever la conducta de eso otros más conocidos. Así desplegaban su saber sobre la idiosincrasia del boliviano, el peruano, el paraguayo y el argentino, explicándonos las zonas de la villa por su anclaje étnico, formas típicas de comportamiento de unos y otros, y estéticas habitacionales diferenciadas.

Adjetivo descalificativo, que sugiere provincianismo, rusticidad y credulidad.

En la Policía Local el rechazo hacia el policiamiento de proximidad estaba supeditado a los ideales de policía como una organización jerárquica, de modales rígidos y distantes, y más represiva. Estos circulaban entre algunos de los noveles oficiales y reforzaban aquella presión de la Bonaerense sobre la autoridad Local. Como mencioné, se sumaba al desprecio social por estos nuevos policías de celeste.

La conducción en la Policía Local por su estructura “chata”, no piramidal, comprendía ciertos desafíos. Al observar el estilo de los dos jefes ya mencionados, había diferencias que pivoteaban sobre esa misma estructura. El personal raso de oficiales de la Local, señalaba que uno y otro comisario, se distinguían por: el tiempo de permanencia o dedicación a la tarea, el diálogo y contacto con las oficinas internas, y con el conjunto de oficiales que conformaban el servicio a través de academias y reuniones, o bien sólo hacer llegar órdenes a través de “su segundo”.

Caracterizaba al comisario Lucero el contacto directo con la mayor parte del personal, sin intermediarios. Esta modalidad se acercaba más a la relación horizontal y cordial, esperada entre los policías de la Local y los vecinos. El hecho de que no existían mandos medios entre el jefe de la Local y el conjunto del personal era para aquel un valor positivo; era una posibilidad de cambio frente a las controversias y problemas que generaba esa estructura vetusta y numerosa de la Bonaerense. La “estructura chata”, desde su mirada, le daba dinamismo a la tarea y le permitía identificar a los responsables de cada acción. En policías donde la estructura jerárquica multiplicaba los cargos, las órdenes, decía, se mezclaban, se modificaban en la comunicación y se diluían. Por eso, Lucero destacaba que en “las policías locales las órdenes pueden darse sin intermediarios”. Esta forma de la conducción exigía una supervisión directa del jefe, para determinar no sólo si las tareas indicadas se cumplieron sino también si se realizaron en la forma prevista o hubo alteraciones. Por consiguiente, exigía una mayor presencia del jefe en el terreno donde los oficiales ejercían las tareas indicadas y un diálogo permanente respecto de las problemáticas en el nivel más operativo. Contrariamente, Giménez, el jefe anterior era un policía, muy descreído de la posibilidad de hacer funcionar a la Local, precisamente por la ausencia de jerarquías y su origen político. Con ese pesimismo y desgano, concurría solo tres jornadas completas de las cinco laborables.

Parte del diagnóstico que hacía el comisario Lucero acerca de la situación que encontró al llegar a esa unidad, resultaba del hecho que el anterior comisario sindicaba a esta particular forma de la estructura jerárquica como un problema. La ausencia de personal jerárquico y de cargos formales, se había reemplazado por asignaciones o distinciones informales basadas en criterios diversos. Uno de esos criterios era la antigüedad que se plasmaba en las diferentes “promociones” de egresados. Las mismas estaban enumeradas estableciendo un poder mayor cuando más antigua era la promoción. Si bien este sistema es clásico en instituciones educativas policiales, lo llamativo en este caso era que la diferencia entre las seis promociones era de pocos meses en el curso de un total de dos años de existencia. Así las primeras promociones ejercían un poder informal, pero efectivo sobre las promociones más recientes.

Otro criterio era la distinción entre el personal que cumplía funciones en las oficinas y el que lo hacía en la calle. La mayor parte del personal de las oficinas se imponía por sobre el otro, llegando incluso a desatender consultas, exigir horarios de atención imposibles de cumplir para los agentes que patrullaban, etc. Sobre esto, la nueva jefatura trataba de imponer el sentido opuesto: los agentes que se desempeñan en la calle como la pieza más importante de la UPL, y quienes lo hacían en la oficina debían disponer los medios y recursos para facilitarles el trabajo. En especial cuando esto implicaba atender en horarios diversos, explicar cada paso de los trámites burocráticos y facilitarles el acceso a sus derechos laborales (licencias, permisos, etc.).

Finalmente, otra forma de distinción era la tarea de “oficial de control” que era vista como una especie de privilegio y de poder sobre los demás a quienes se controlaba. Frente a esta situación, el comisario Lucero, redujo la cantidad de oficiales de control y aumentó el nivel de exigencia de ellos en relación al trabajo. Para él esto no debía representar un mayor poder sino una tarea específica. Los métodos para desactivar estas jerarquías informales apuntaron a disolver grupos que se enfrentaban entre sí y se creían, según el comisario Lucero, con mayores privilegios a los demás. Esto produjo reubicaciones, algunas solicitadas por los oficiales y otras dispuestas por el jefe, quien sostenía que lo que había aumentado era el nivel de trabajo y “quien no se acopla, se cae”, decía.

En su mirada, la pieza fundamental del patrullaje era el agente que “está en la calle” y todo el resto del sistema tenía que funcionar para que este se desarrolle lo mejor posible. Además Lucero introdujo un ajustado mecanismo de exigencia y recompensas, incluyendo la equiparación del régimen horario que solía ser de 8 horas en dos turnos, a uno de 12 por 36 horas para todos, que antes solo alcanzaba a los privilegiados. El régimen impuesto los dejaba descansar y estar más atentos para vigilar, reaccionar con prudencia y recabar información, durante el tiempo de servicio.

Una breve caracterización de cómo se vestía y los chistes de sus camaradas de la Bonaerense da cuenta de la creencia de este oficial en que una nueva policía era posible. El comisario Lucero usaba la remera de la Policía Local y los pantalones de la Bonaerense. En cierta ocasión, cuando se desarrollaba una reunión con las autoridades de la regional de la Bonearense en la base de la Local de Villa Recondo, quedaron frente a mi Lucero y un superior de este. Cuando ese Comisario lo vio así vestido le hizo notar su atuendo con una sonrisa, “ya estás mitad convertido” le dijo sonriendo. Fue una sonrisa y su asentimiento, lo único que encontró en Lucero. Él se jactaba de ser pitufo mostrando la colección de estos muñequitos que tenía prolijamente alineados en una de las estanterías de su oficina. Creía que sólo así podrían mejorar los problemas de seguridad de la gente.

4. Una comparación entre variantes de un mismo paradigma moral del control político.

Hemos repasado las dimensiones más significativas del policiamiento de proximidad, atendiendo a la manera en que alteró el trabajo policial al que sugerimos pensar siguiendo a Brodeur como una expresión del “alto policiamiento”, por su intervención sobre el orden político, bajo una modalidad más negociada, conversada, participativa. Destacamos su carácter moralizador considerando el hecho que se inscribe en tramas sociales y políticas prexistentes de valoración de la vida barrial, como comunitaria, presentes desde hace mucho tiempo en Argentina, como han demostrado nuestros estudios previos. Pero el estudio etnográfico de la reciente expansión en Argentina de esta forma de policiamiento, nos deja ver las paradojas y tensiones que se manifestaron entre los uniformados: gendarmes y policías locales, durante los primeros años de su implementación. Si bien la Gendarmería y la Policía Local difieren porque dependen de órbitas distintas del Estado, tienen distinta envergadura, historia y reconocimiento público; las consideramos comparables en sus operaciones, como variantes de un mismo concepto: la aplicación de una forma del trabajo policial.

En tren de esgrimir que la proximidad de los policías o gendarmes, a la población o la comunidad, mejora el servicio, sus tareas solapan las prácticas policiales y políticas, introduce a los uniformados en la esfera de los intercambios de servicios con referentes barriales y vecinos; terreno antes dominado por militantes y funcionarios políticos. Policías locales y gendarmes, operan en espacios urbanos que antes eran patrullados, por la fuerza con jurisdicción, ya sea la Federal en el caso de la Gendarmería, y la Bonaerense en el caso de la Local. Es decir que este policiamiento, como nuevo dispositivo político se moraliza, desplazando de “la calle” a la antigua Fuerza y promoviendo un contacto con el ciudadano distinto al que tenían los predecesores.

En ambos casos hay un cambio en el nivel del Estado que define la situación policial (Bittner 1970) o descentralización, pero esto es resistido por los niveles políticos. La gendarmería es una fuerza federal muy centralizada en lo formal. Sin embargo, en Cinturón Sur los jefes de unidad gozaban de una gran autonomía operacional. Ellos junto con algunos referentes barriales definían la distribución de la seguridad. Esto provocaba la irritación de los funcionarios del Ministerio quienes consideraban que esa decisión era de su competencia. En la Policía Local el nivel de decisión debía ser municipal, y sin embargo, existían conflictos con las comisarías y el comando de patrullas, que respondían a la superintendencia de seguridad del Ministerio provincial.

La gendarmería contaba con personal más preparado, aunque no lo estaba para la situación operacional a la que fuera enviado. El personal en situación de dislocamiento, “desarraigado”, fuera del territorio habitual y enfrentado a otro escenario, buscaba adaptarse a ese ámbito urbano segregado. Mientras los efectivos de la Local con muy poca preparación, sí procedían del lugar donde prestaban servicio, y eso era una fuente de conflicto cuando patrullaban barrios donde los conocían.

Finalmente, la gendarmería tenía el patrullaje exclusivo en la jurisdicción con acceso directo al 911, además del “911” de los referentes de la villa con los que estaban comunicados por teléfono celular (Nextel). La Policía Local en cambio no contaba con una comunicación directa con el 911 potestad absoluta de la Bonaerense. Un oficial de guardia en el Centro Municipal de Monitoreo podía escuchar el 911 pero no tenía comunicación con el operador, ni estaba autorizada a intervenir a menos que hubiese una solicitud o aval, del oficial de servicio, debía avisar al oficial de servicio para modificar el esquema de patrullaje.

El policiamiento de proximidad se impone con características disimiles pero haciendo interceder a los uniformados como protagonistas del vínculo entre distintos niveles del Estado y los ciudadanos, reducidos a la categoría de vecinos. Son ellos los que ingresan junto a agentes preexistentes en tramas socio políticas para interceder no solo sobre los “delitos” sino fundamentalmente sobre las disidencias y los apoyos que la “inseguridad” crea entre los habitantes de nuestro suelo.

5. Conclusiones

En las páginas precedentes, ofrecí una descripción etnográfica de las ambivalencias y ambigüedades del trabajo policial que involucró su politización, a partir del despliegue de ese conjunto de tareas subsumidas bajo el policiamiento de proximidad en esta región de la Argentina. Prioricé la comparación para dar cuenta de las semejanzas que subyacen a esta política de Estado que, de acuerdo al trabajo de campo realizado durante el 2017, llegó para quedarse, traspasando signos políticos de gobierno nacional y provincial. El Operativo Cinturón Sur creado por el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, continuó en la presidencia de su mayor oponente Mauricio Macri, lo mismo ocurrió con la Policía Local convalidada por la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, opositora de su antecesor Daniel Scioli.

Por consiguiente, en este nivel de análisis, el debate sobre la militarización del trabajo policial producido por el significativo incremento de la Gendarmería en las áreas metropolitanas, lejos de la frontera, restringe la comprensión de los procesos concretos. No se trata de que en un nivel normativo ese proceso no exista, pero en el nivel de las representaciones y prácticas, la dimensión militar se enreda con la tareas policiales y como muestro, muy especialmente, con las políticas, tal como son concebidas por los agentes intervinientes. De manera que en cierta medida deviene estéril y abstracta, la discusión sobre si la intervención de una fuerza militar es militarización y hasta dónde, ya que bien puede ser pensada al revés, fuerzas militares en asuntos de seguridad interior es al mismo tiempo policialización de sus funciones.

A cambio, propusimos analizar las ambigüedades del trabajo de las fuerzas policiales y de seguridad, y los conflictos, adhesiones y mutaciones que entraña la híper-presencia del Estado bajo la forma armada. En la misma línea que Brodeur al subrayar el valor del “alto policiamiento” como esa dimensión política, creemos más iluminador evitar reducir las ambigüedades, ambivalencias para indicar en que situaciones se juegan las distintas dimensiones, cómo compiten o se jerarquizan. De este modo, creemos posible superar esa forma de la reflexión intelectual que reduce el análisis a la dicotomía, problema ya advertido por autores como Peter Kraska (2007) quien prepone como salida pensar en un continuum en donde lo militar puede potenciarse o reducirse, sin desaparecer. Pero también a la presión del debate político, para definir si la acción de las fuerzas es “policial” o “militar”, o las variantes de unas y otras, mientras perdemos de vista otras dimensiones que colonizan y redefinen sus tareas.

La expansión del policiamiento de proximidad introdujo, o dejo ver, lo político en el trabajo policial de gendarmes y policías, sin que ni el componente militar y/o policial, desaparezcan. Sus tareas se han imbricado con la política al buscar regular los conflictos, domar la disidencia o cosechar complacencias, mientras persiguen al delito entre los más pobres.

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