SUMARIO

1. Introducción; 2. Fuentes y registros; 3. Policías que protestan; 4. La forma de reclamar; 5. Despolitizar el reclamo; 6. El contenido concreto de la demanda; 7. Demandas trasversales; 8. Reflexiones finales; 9. Bibliografía.

1. Introducción

La actividad policial en nuestro país, así como en el resto del Latinoamérica, es realizada en condiciones desfavorables en términos de desconocimiento de derechos laborales de los/as agentes y del carácter ininterrumpido requerido por el trabajo. Los/as policías, en este sentido, enfrentan un importante grado de precariedad: jornada laboral completa indefinida, sobrecarga horaria compulsiva, riesgo de vida, ausencia de días de descanso, regímenes disciplinares poco claros, horarios rotativos, falta de contención y exposición a altos niveles de estrés. Ante estas condiciones desfavorables la institución convoca a los/as policías a sacrificarse por una causa superior, a sentir y tener “vocación” (Galvani, 2016). En este sentido, según Frederic (2008), la instalada visión de la función policial como culturalmente autónoma supone que la profesión se entienda como un “servicio especial”, de índole

sacrificial, que debe realizarse con verdadera “vocación de servicio”. Se impone de esta manera una tendencia a concebir a la acción policial como un servicio o estado antes que como un trabajo que impone una desproporcionada carga horaria y una evidente precariedad laboral.

Las normas que regulan al oficio policial en Argentina prohíben a las fuerzas policiales la conformación de colectivos gremiales y la posibilidad de realizar reclamos por fuera de la cadena de mando1. Los/as policías que protestan públicamente, en tanto sus acciones pueden entenderse como “actos de desobediencia”, se exponen a sanciones por parte de la institución. Sin embargo, según el registro de consultoras privadas, en las últimas tres décadas se produjeron en nuestro país más de doscientas protestas policiales (Nueva Mayoría, 2014). Desde nuestra perspectiva, según daremos cuenta a lo largo del presente artículo, el cruce entre las adversas condiciones laborales impuestas por el Estado, la imposibilidad de organizarse en tanto trabajadores/as y la prohibición del reclamo por fuera de la vía jerárquica resulta performativo de estos reclamos públicos de actores vinculados a instituciones policiales.

El objetivo de este trabajo es caracterizar a los/as participantes, las formas y contenidos involucrados en los reclamos sostenidos en el espacio público por parte de actores vinculados a instituciones policiales en la última década, particularmente la Policía de la provincia de Buenos Aires (PPBA) y la Policía Federal Argentina (PFA) con actuación en la Ciudad de Buenos Aires2. Con espacio público, en sintonía con los desarrollos de la sociología de los problemas públicos, referimos al punto de intersección entre diversos campos sociales comprendido por acciones realizadas con el objetivo de “ser vistas y oídas” (François y Neveu, 1999). Además, en relación a los planteos pragmatistas, retomando planteos de Rabotnikof (2005), reparamos en la configuración de públicos y en los modos que estos legitiman y disputan su acción en el espacio público. Realizamos un análisis en el registro de la acción pública entendida en los términos de Schillagi (2011) como toda experiencia realizada para ser vista y oída que moviliza referencias al bien común y es conformada por una serie de arenas donde interactúan actores, instituciones y prácticas. Estas interacciones entre diversos campos sociales, exploradas desde registros discursivos y prácticas donde estos se encarnan, se conciben como eminentemente conflictivas. Atendiendo a esto es que entendemos al espacio público como el ámbito contenedor de la conflictividad social.

Interesados en caracterizar este objeto de estudio realizamos entrevistas con miembros de la denominada “familia policial” que, generalmente en el marco de organizaciones de perfil sindical o agrupados en colectivos de familiares, suelen plantear reclamos a instancias estatales en el espacio público. Participamos asimismo de acciones colectivas de protesta producidas en el espacio público, sucedidas entre 2015 y 2017, convocadas por actores vinculados al ámbito policial. Finalmente, reconstruimos en el registro de la acción pública reclamos de actores vinculados a la PPBA a partir de la realización de un exhaustivo registro de prensa gráfica nacional y provincial, incluyendo contenidos audiovisuales disponibles en la red social YouTube3. De esta manera, los datos con los que trabajamos refieren a tres registros interrelacionados en el artículo: los discursos sostenidos por los actores en entrevistas en el marco de la investigación, las acciones públicas de los actores y sus discursos

1La ley provincial 13.982 sostiene que los/as policías bonaerenses no pueden “desarrollar actividades lucrativas o de cualquier tipo incompatibles con el desempeño de las funciones policiales” (art. ¹²). En 2013 se introdujo en la ley orgánica de la PFA (21.965) la prohibición expresa de la participación en la actividad gremial de sus miembros. La ley 5.688, finalmente, prohíbe al personal de la Policía de la Ciudad participar mientras se encuentre en actividad en actividades políticas, partidarias, gremiales o sectoriales o el desempeño de cargos electivos.

2 La Policía de la provincia de Buenos Aires, también conocida como “Policía Bonaerense” o “la Bonaerense”, es la mayor fuerza policial de Argentina: cuenta con un total aproximado de 90 mil agentes y tiene jurisdicción sobre una población de 15 millones de personas, cerca del 38 por ciento de los habitantes del país. La Policía Federal Argentina, por su parte, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, cuenta con destacamentos en todas las provincias del país. Hasta fines de 2016 ejerció también funciones de policía local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en conjunto con la Policía Metropolitana, creada en 2008. En 2017, en el marco de un polémico proceso de traspaso de agentes entre fuerzas, entró en actividad la flamante Policía de la Ciudad, una fusión de la PFA con asiento en la Capital y la Policía Metropolitana.

públicos presentes principalmente en los medios de comunicación. Con esta variedad de recursos intentamos recuperar la compleja gama de procesos sociales puestos en juego en cada contexto mediante diferentes instancias de interpretación directa de los datos y a través de procesos de agregación, de construcción de categorías, estableciendo correspondencias y definiendo recurrencias.

El trabajo se encuentra organizado en diversos apartados. Primero haremos referencia a los casos en cuestión, a decisiones vinculadas a la selección y a las fuentes utilizadas en la presente investigación. Luego reconstruiremos analíticamente las características de los colectivos que se conforman a la hora de reclamar en el espacio público, planteando tanto operaciones de diferenciación como pertenencias identitarias comunes. Seguidamente referiremos al formato de estos reclamos públicos en relación con la noción de repertorios de acción colectiva. Después nos detendremos particularmente en el carácter “despolitizado” (o “apolítico”) que los actores pretenden imprimir a sus prácticas públicas de protesta. Daremos lugar acto seguido a identificar las demandas planteadas en el marco de la protesta pública, tanto en términos concretos como en términos más generales o trasversales. En el último apartado, para finalizar, compartimos algunas reflexiones finales.

Según lo planteado por Frederic et al. (2013), en el campo de estudios sobre las fuerzas de seguridad se impuso una perspectiva que, usualmente mediante la apelación a la categoría de “cultura policial”, otorga cierta homogeneidad al comportamiento de los/as agentes policiales al tiempo que los esencializa al atribuirles un carácter exótico4. Enmarcados en las líneas de investigación que desde las ciencias sociales, en particular desde la antropología, discuten esta perspectiva coincidimos en la posibilidad de hallar modos de percibir y actuar de los/as policías que son compartidos, o al menos no se presentan como antagónicos, con los esbozados por actores identificados con otros ámbitos socio-laborales5. Sostener que la pertenencia a la institución policial no agota la explicación del comportamiento público-privado de sus miembros, por otro lado, no implica negar las singularidades de las prácticas y valoraciones de los/as actores policiales. Dar cuenta de este juego de pertenencias, de lo propio y lo compartido, define la perspectiva teórico-metodológica de la presente investigación.

Como punto de llegada, en relación con la perspectiva teórico-metodológica que acabamos de esbozar, el trabajo permite vislumbrar tensiones expresadas en el ejercicio de reclamar públicamente cuyo origen se asienta en una doble pertenencia a la que adscriben los actores. En términos concretos, los actores se presentan y actúan como miembros de una sociedad democrática que otorga derechos a sus ciudadanos/as, por un lado, pero también como miembros de una institución jerárquica que dispone desigualdades, por otro. Esta doble pertenencia que se expresa en la acción pública no solo discute la supuesta exoticidad atribuida por sectores de la academia y de la política al mundo policial sino que aparece atravesando a los actores en cuestión, colaborando a formatear sus prácticas, sus discursos públicos y el sentido que otorgan a sus acciones.

2. Fuentes y registros

El trabajo, como afirmamos en el apartado introductorio, integra datos que refieren a diversos registros prácticos y discursivos que interrelacionamos en el análisis con miras a obtener una mirada que nos permita incluir la complejidad involucrada en nuestro objeto de estudio. Atendiendo a la diversidad de fuentes y registros es que consideramos pertinente detenernos, más no sea brevemente, en dar cuenta de los casos, decisiones de selección y fuentes implicadas en el presente trabajo.

Por un lado, realizamos entrevistas en profundidad, abiertas y orientadas biográficamente, individuales y grupales, con actores con diversa participación en reclamos públicos de la familia policial. Más concretamente, realizamos trece entrevistas con miembros de organizaciones de familiares de policías (tanto informales como institucionalizados en organizaciones no

4Esta perspectiva se encuentra implícita o explícitamente presente en las etapas iniciales del campo de estudios identificadas por Galvani, Mouzo y Ríos (2010). Una primera etapa durante los años ochenta, signada por la denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, y una segunda etapa durante los años noventa, caracterizada por la proliferaron de trabajos orientados a pensar políticas públicas alternativas a los modelos tradicionales de gobierno de la seguridad. 5Una reconstrucción de estas líneas de investigación puede consultarse en Calandrón y Galar (2018).

gubernamentales y asociaciones civiles), familiares de policías movilizados/as en diversas demandas de justicia (tanto de policías “caídos en cumplimiento del deber” como de agentes que enfrentan causas penales derivadas de sus actuaciones profesionales), referentes de entidades policiales de perfil sindical y administradores de fan pages vinculadas a colectivos policiales de la red social Facebook. Las entrevistas tuvieron lugar durante los años 2016 y 2017, luego de realizar contactos con los actores vía redes sociales, principalmente Facebook. Los encuentros con los/as entrevistados/as se concretaron en la ciudad de Buenos Aires, en distritos del gran Buenos Aires, en La Plata y Mar del Plata. Cabe destacar que, salvo excepciones explícitas, los nombres de activistas, organizaciones y colectivos fueron cambiados para preservar las identidades de los/as informantes.

Por otro lado, entre 2015 y 2017 participamos de tres reclamos colectivos sostenidos en el espacio público por parte de estos actores vinculados al ámbito policial. En septiembre de 2015 concurrimos a una concentración convocada por una organización sindical de policías de la PPBA en reclamo por la detención de un grupo de efectivos involucrados en un operativo que resultó en la muerte de un joven que era trasladado en un patrullero. La concentración se realizó en la Plaza Moreno, en el centro de La Plata, donde se escucharon discursos. Participaron unas 200 personas, entre las cuales no se destacaban agentes uniformados/as pero sí policías “de civil”, mujeres y niños. Los/as manifestantes se trasladaron a la sede de Asuntos Internos de la PPBA donde permanecieron en silencio durante unos minutos, parados/as de espaldas al edificio. Minutos después arribaron a la sede de la Gobernación donde ubicaron decenas de cruces, simulando un cementerio, sobre las cuales pusieron gorras de policía. En abril de 2016 participamos de una concentración realizada en la Plaza San Martín de La Plata, frente a la Gobernación provincial, en la cual se manifestaron diversos colectivos sindicales y familiares, aunque sin pronunciar discursos. La demanda era de corte netamente salarial en tanto se produjo una vez conocidas las actualizaciones a los haberes que el Ministerio de Seguridad dispondría para aquel año. La bandera principal, firmada por el sindicato SIPOBA, afirmaba “Los policías tenemos derechos”. Participaron unas 100 personas, entre las cuales no se distinguían agentes uniformados/as. Un grupo tocaba bombos y redoblantes mientras los referentes dialogaban con la prensa. Finalmente, en julio de 2017, invitados por una organización de familiares de policías de la PFA, participamos de una manifestación realizada en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires que incluyó el corte parcial del tránsito vehicular de unas de sus calles aledañas. Bajo una constante lluvia, alrededor del lema “cuidar a quienes nos cuidan”, el pequeño grupo, de unas 10 personas, reclamaba protección a los/as agentes y reparación para familiares de policías “caídos en cumplimiento del deber”. El grupo colocó un pasacalles en las vallas que entonces atravesaban la plaza que decía “Asociación civil grupo viudas y familiares de Policía Federal caídos en cumplimiento del deber”.

Finalmente, reconstruimos cinco reclamos a partir de un registro exhaustivo en prensa gráfica de circulación provincial y nacional. La selección de estos reclamos descansa en dos criterios: son episodios que, antes que iniciativas aisladas o individuales, constituyen momentos de articulación entre diversos grupos movilizados en el espacio público, por un lado, y son iniciativas que resultaron significativas en los relatos de los/as entrevistados/as, por otro. Los casos reconstruidos, todos registrados en la última década, no se configuran como eventos únicos y localizados sino como conflictos públicos que incluyen diversos episodios en el tiempo y en el espacio. Estos conflictos, cabe destacar, constituyen nuestra unidad de análisis para esta instancia del trabajo. A partir de esta selección nos propusimos rastrear en la prensa online las noticias disponibles sobre los conflictos, sin discriminar el alcance de los medios de comunicación (nacional, provincial o local) ni la sección en la cual se publicaran las noticias. El corpus se compone de 159 ítems, 85 de medios de comunicación de la provincia de Buenos Aires (principalmente los diarios El Día, Hoy y La Capital) y 74 de medios nacionales (principalmente La Nación, Clarín, Ámbito Financiero eInfobae). Estas fuentes incluyen un total de 2 horas y 21 minutos de material audiovisual, en su mayoría disponible en la red social YouTube. En términos sucintos referimos a:

1. Manifestaciones producidas en La Plata en marzo de 2009 como derivaciones del asesinato durante una actuación de un subteniente de la PPBA, quien acudió a una emergencia en un patrullero sin acompañante y sin su chaleco antibalas en condiciones. Durante el velatorio del subteniente un grupo de policías se reunió para discutir sobre las condiciones laborales reinantes en la PPBA. Ese mismo día, mientras patrulleros hacían sonar sus sirenas, un grupo aun mayor de uniformados/as caminó las cuadras que separan la casa funeraria del cementerio municipal, donde se realizaría el entierro. Allí algunos increparon a las autoridades de la PPBA presentes. En los días posteriores un grupo de “vecinos” y “policías en franco de servicio” realizó un corte al tránsito en una avenida en relamo de seguridad y un grupo de activistas se manifestó frente al Ministerio de Seguridad en reclamo de “mejores condiciones de trabajo para los uniformados”.

2. En diciembre de 2011 un centenar de agentes se acuarteló durante diez horas en el playón de la sede de Infantería de la PPBA ubicado en La Plata. Demandaban la reincorporación de seis policías sancionados por la represión a militantes de la agrupación política juvenil La Cámpora durante la ceremonia de asunción como gobernador de Daniel Scioli. La cúpula de la PPBA logró desactivar el conflicto luego que se comprometiera a dar celeridad a los procesos internos contra los desplazados y garantizar que no se tomarían represalias contra los/as acuartelados/as.

3. En diciembre de 2013 la División de Infantería de La Plata realizó una nueva medida de fuerza, esta vez de carácter salarial. El reclamo se produjo en el contexto de una protesta de diversas policías provinciales de carácter inédito por sus alcances y repercusiones, sobre la cual haremos referencia más adelante. La protesta, que incluyó corte de calles y suspensión de la prestación del servicio de seguridad, tuvo réplicas en otros distritos bonaerenses. La más importante fue Mar del Plata donde se produjeron saqueos a comercios, se suspendieron las clases y el servicio de transporte público. Las autoridades políticas participaron de reuniones con los/as manifestantes, quienes luego discutían las propuestas en acaloradas asambleas callejeras. El gobernador Scioli, finalmente, duplicó el salario de los/as uniformados/as aunque destacó que se trataba de una medida administrativa unilateral y no el resultado de una negociación.

4. En agosto de 2016, bajo amenaza de quitarse la vida, un grupo de policías de la PPBA se encadenó a la reja del edificio de la Gobernación bonaerense. Simultáneamente unas setenta personas, en su mayoría mujeres, cortaban el tránsito. Solicitaban a las autoridades políticas que intercedan en las condenas que instancias judiciales les habían impuesto por una actuación que en 2008 derivó en la muerte de un joven llamado Gastón Duffau. En aquel entonces los policías cargaron a Duffau en un patrullero luego de detenerlo por causar disturbios dentro de un McDonalds de Ramos Mejía, en La Matanza. Horas después el joven murió, con signos de haber sufrido torturas.

5. Finalmente, referimos a dos marchas realizadas en la ciudad bonaerense de Pergamino durante los primeros meses de 2017 en demanda por la liberación de cinco policías detenidos responsabilizados por su actuación durante un incendio en una comisaría que derivó en la muerte de siete detenidos. En la primera manifestación, alrededor de cien personas, bajo la lluvia y en silencio, reclamaron “libertad” y “justicia”. Se reunieron en una esquina y luego marcharon por la peatonal del centro comercial. Al frente se ubicaban mujeres que sostenían carteles hechos en cartulina. Dos semanas después este grupo realizó una manifestación similar, aunque con una convocatoria más acotada.

Realizamos en lo que sigue un análisis que integra estos aportes que se expresan bajo la forma fragmentos de entrevistas, notas de campo y registros de prensa gráfica. Nuestro objetivo es contar con una base empírica considerable que nos permita avanzar en la caracterización del objeto de estudio que nos interesa: los reclamos públicos de actores pertenecientes a la familia policial.

3. Policías que protestan

Dentro de los actores participantes de los reclamos públicos policiales se destacan los/as familiares de los/as agentes, en particular sus esposas. Estos actores suelen protestar y, en ocasiones, negociar en nombre de los/as uniformados/as con miras a evitarles sanciones disciplinarias por parte de la institución. Mónica, referente de una ONG que reúne a familiares de policías, sostuvo en una entrevista: “es un régimen muy verticalista, legalmente no pueden agruparse, por eso nosotros siempre salimos con que tiene que ser un familiar”. Los/as policías “tienen prohibido protestar”, “no tienen voz”, “tienen miedo”, condiciones que los/as familiares procesan como factores que pronuncian el imperativo de asumir responsabilidades que recae sobre ellos/as en reclamos que, además, los/as involucran como afectados/as indirectos/as. Además de permanecer en la primera línea del reclamo y sentarse en mesas de negociación, algunos/as familiares ofician de voceros/as de las manifestaciones. Los/as familiares que protestan, por lo demás, se reconocen como “civiles”, como actores ubicados por fuera de la línea de autoridad. Mónica, en este sentido, al narrar una protesta recordó: “entramos en la negociación, en ese momento uno que ya pasaron a retiro me dijo ‘usted es civil, usted se tiene que ir’, le dije ‘yo vengo en representación de la familia, a mí no me grites, primero porque soy mujer, segundo porque no soy personal tuyo’”. De esta manera, los/as familiares evidencian respetar los límites a su accionar derivados de su condición de “civiles” pero también explorar posibilidades de interpelación a la institución por fuera de la jerarquía de mando, incluyendo la enunciación de aquello que el uniforme impide decir públicamente.

Más allá del impedimento legal registramos la participación de policías en diversos reclamos en el espacio público. Esta participación se expresa, por un lado, mediante la presencia de policías en actividad que se encuentran fuera del horario laboral. Durante la protesta desarrollada en La Plata en 2009 luego del crimen de un subcomisario de la PPBA, por ejemplo, las crónicas periodísticas dan cuenta de la intervención de “policías que dijeron estar de franco de servicio” (Diario El Día, edición de 14/03/2009). Cabe destacar que para los/as entrevistados/as la legitimidad del reclamo público de agentes en actividad queda supeditada al encontrarse “de franco” o “fuera de servicio”. Además, por otro lado, participan agentes “en horario de servicio”. En este sentido, los acuartelamientos producidos en 2011 y 2013 que tuvieron como epicentro a la ciudad de La Plata, uno en reclamo por la sanción a policías acusados de reprimir a militantes políticos durante la asunción del gobernador Scioli y otro en el contexto de protestas de diversas policías provinciales en demanda de aumentos salariales, fueron encabezados por oficiales y (principalmente) suboficiales en actividad, en particular por policías en horario laboral6. Una implicancia destacada de este tipo de participación es la posibilidad de la suspensión del servicio de seguridad pública, denominada en términos nativos como “retención de servicios”, uno de los argumentos que sectores policiales y políticos esgrimen en el debate público para denegar el derecho a la sindicalización policial. Más allá de esto, ambos tipos de participación de agentes en actividad, “en franco de servicio” y “en horario de servicio”, son consideradas por la institución como faltas disciplinares.

Una tercera categoría de participantes es la de los/as policías “no activos”, rotulo bajo el cual ubicamos a un conjunto diverso de actores, generalmente varones, tanto oficiales como suboficiales, “jubilados”, “exonerados” y “retirados”. Entre este grupo heterogéneo son los referentes de organizaciones de perfil sindical los que obtienen mayor visibilidad en los medios de comunicación. Salvo los policías “exonerados”, estos actores pertenecen a la institución y por lo tanto su práctica se rige por las normas vigentes. Sin embargo, como los/as familiares, suelen enfrentar los micrófonos para dirigirse en duros términos a las autoridades políticas y policiales. “Nos dan vueltas con promesas pero en realidad no nos ofrecieron ningún aumento”, afirmó encendidamente un referente sindical a la prensa durante las protestas de 2013 (Diario La Nación, edición de 09/12/2013).

Más allá de la agregación en categorías, los actores evidencian un carácter diverso que se expresa, por ejemplo, en las disputas que entablan entre sí. En este sentido, por ejemplo, la presencia de referentes sindicales no es resistida durante las protestas pero se debate frente a la posibilidad que representen a los/as uniformados/as durante las negociaciones con la institución. Según las crónicas periodísticas del acuartelamiento de 2013, en este orden de cosas, “algunos de los efectivos presentes en la manifestación rechazaban activamente la idea de que un grupo de gremialistas los representara” (Diario La Nación, edición de 09/12/2013). Los actores intervinientes sostienen valoraciones en tensión que, según estudios como el desarrollado por Galvani (2016), atraviesan de manera más general la construcción identitaria policial en Argentina. Son “suboficiales” que se diferencian de “oficiales”, agentes “de calle” que se reconocen superiores al personal administrativo, policías “retirados” o “jubilados” que no quieren ser comparados con aquellos “exonerados”. Pero también es

6Cresto (2014) realizó un análisis global de las protestas policiales ocurridas en 2013 en veinte provincias argentinas a partir de un registro de prensa gráfica. Un dato que aporta el estudio es que el actor con mayor participación fue el colectivo de policías en actividad, visible en el 84% de las protestas. De esta manera, parte del carácter inédito de los eventos de 2013 deriva del protagonismo de los/as policías en sus propios reclamos, una obviedad si no fuera por la prohibición legal que recae sobre su participación en protestas públicas. la tropa (o “los vigis”) traicionada, o al menos mal representada, por “jefes” que no defienden a los policías de los atropellos de la política.

Sin embargo, más allá de las diferenciaciones esgrimidas, los actores se reconocen como miembros de “la familia policial” en tanto colectivo más amplio que los contiene. Calandrón (2014), en esta línea, sostiene que la familia de los miembros de la policía y la institución policial entendida como una gran familia se combinan en la misma enunciación de “familia policial”. La retórica de “la gran familia” se presenta como un camino hacia la consolidación de lazos de pertenencia porque, a pesar de las diferencias y desconfianzas, los miembros sufren contratiempos y abnegaciones que son comunes. Caimari (2012), por su parte, refiere a la “familia policial” como a una construcción sostenida durante los años entreguerras que devino clave de bóveda del ethos institucional que se despliega hasta el presente. La legitimidad en el colectivo de la familia policial de estos actores que protestan públicamente se encuentra cruzada por las tensiones a las que referimos anteriormente entre la policía como un servicio que demanda sacrificio y la policía como un trabajo, una posición menos extendida pero que, según Frederic (2008), recurrentemente emerge en la práctica de los actores. Por lo demás, según nuestro análisis, la participación de la familia policial queda reforzada por la escasa presencia de “vecinos”, “gente” u otros actores sin vinculaciones evidentes con la institución.

4. La forma de reclamar

La familia policial confluyó en diciembre de 2013 en la protesta de policías más relevante de la historia argentina. Las protestas de 2013 se caracterizaron por involucrar a policías de 21 de los 24 distritos del país en un conflicto de carácter simultáneo en el cual los actores combinaron el abandono de tareas, el corte de calles y la toma de edificios públicos. En este contexto se produjeron disturbios, saqueos de comercios y decenas de fallecidos. Agravada por la falta de canales de negociación legitimados, esta crisis impulsó un debate público en torno a los derechos y deberes de las policías en las sociedades democráticas. En Argentina, cabe recordar, el poder político obstaculiza la libertad sindical policial destacando la matriz militarizada de las fuerzas, aduciendo cierto temor a la politización y argumentando la necesidad de mantener una línea de autoridad. En esta dirección, en un trabajo ampliamente retomado, Reiner (1978) acentúa el escaso control del proceso laboral de los agentes policiales y de la venta de su fuerza de trabajo al Estado. En las últimas décadas, en tensión con esta afirmación, se ha producido un proceso de expansión de los gremios policiales principalmente en países centrales, aunque también se evidencian experiencias en países latinoamericanos7. En un análisis global de los avances de la sindicalización policial realizado por Marks y Fleming (2007), además de esta tendencia general expansiva, se evidencia una alta participación de las bases y la conformación de influyentes redes de colaboración transnacional. Estos autores ubican al caso argentino en un estado de transición en el cual los avances vinculados a las demandas por derechos laborales policiales se tensan con los obstáculos impuestos desde la conducción política del Estado. Una expresión de esta tensión es la proliferación de numerosas organizaciones de perfil sindical que carecen de reconocimiento por parte del Estado como entidades representativa de los intereses profesionales de los agentes.

Con la tracción proporcionada por las protestas de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó en 2015 a una audiencia pública en el marco de una causa iniciada por una organización de policías bonaerenses contra el Ministerio de Trabajo sobre la cual debía resolver. Un posterior fallo positivo del máximo tribunal generaría un efecto en cadena hacia el resto de las asociaciones que reclamaban el reconocimiento gremial. Pese al optimismo de las expectativas circulante entre los activistas de causas policiales, el fallo dictado en abril de 2017 fue negativo en lo ateniente al derecho

7 Aunque restringidos en lo concerniente al derecho a huelga, los agentes de la Policía Civil brasileña, por ejemplo, disponen de derechos sindicales, en tanto es reconocida su condición de trabajadores estatales. También es significativo el caso de Uruguay donde desde 2005 se implementó el derecho a la sindicalización policial, habiendo en la actualidad múltiples sindicatos así como una “mesa salarial” en la cual los representantes de los/as policías pueden realizar reclamos. a la sindicalización de los/as agentes8. Sin embargo, la crisis policial de 2013, en el marco de la proliferación de protestas por incrementos salariales promovidas por diversos colectivos de trabajadores/as afectados/as por la inflación, evidenció la participación de estos actores en el más amplio escenario de la conflictividad social nacional.

En los últimos treinta años, como afirmamos más arriba, consultoras privadas registraron en nuestro país más de doscientas protestas policiales publicadas en la prensa gráfica. Estos reclamos se expresaron principalmente a través de acuartelamientos, motines y concentraciones en lugares significativos para los colectivos policiales. Según estos registros, los records cuantitativos de protestas tuvieron lugar en momentos de crisis económica: en 1989, con 23 en el año, y en 1990, con 29 (Nueva Mayoría, 2013). En esta línea, desde una mirada internacional, un conjunto de trabajos historiográficos recupera huelgas policiales acaecidas a lo largo del siglo XX en diferentes latitudes. Estas producciones destacan elementos como el alto impacto político de estos sucesos (Russell, 1975), los señalamientos públicos sobre supuestas cooptaciones de los/as manifestantes por parte de disidentes u opositores políticos (Foner, 1988) y la persecución posterior de la institución policial a los/as huelguistas (Jones, 2007). Más allá de la heterogeneidad y lejanía de los casos historiográficos se observa una atención de los/as autores/as a ciertos acontecimientos disruptivos, generalmente vinculados a demandas de carácter salarial. Ahora bien, sostenemos aquí que en caso de incorporar a aquellas protestas policiales no directamente vinculadas a demandas salariales y que no necesariamente resultaron publicadas en medios de comunicación el número registrado aumentaría notablemente9. Basta de hecho con sumarse a algunos de los grupos de Facebook de policías y familiares para noticiarse de recurrentes convocatorias para protestar por diversas causas en múltiples espacios geográficos.

Las protestas públicas de la familia policial son diferenciables, por ejemplo, según los actores intervinientes y sus formas de participación. En este sentido, siguiendo a Frederic (2016), las fuerzas policiales de nuestro país, particularmente las provinciales, han protagonizado en las últimas décadas protestas que en su inmensa mayoría se expresaron a través del “acuartelamiento”, limitando en forma parcial, pocas veces total, la prestación del servicio de seguridad. La expresión en la vía pública suele quedar reservada a los/as familiares de los/as agentes con miras a evitar sanciones por parte de la institución. Los/as efectivos/as, varones en su mayoría, suelen permanecer en las dependencias o cuarteles esperando la resolución del reclamo. En paralelo a esta configuración habitual del reclamo público, como dimos cuenta más arriba, proliferan iniciativas en la vía pública protagonizadas por agentes en actividad, tanto uniformados/as (o “en horario de servicio”) como no uniformados/as (“de franco” o “fuera de servicio”).

Los repertorios a los cuales apelan los actores, en los términos de Tilly (2002)10, antes que derivaciones puras de una matriz militar son compartidos con más amplios sectores sociales. Retomando los planteos de Pita (2010) sobre las prácticas de familiares activistas de víctimas de violencia institucional, entendemos que las modalidades que adopta la manifestación pública y

8 El fallo valida la Ley provincial 13.982 que dispone que los/as agentes de la PPBA no pueden “desarrollar actividades lucrativas o de cualquier otro tipo incompatibles con el desempeño de las funciones policiales”. Además, menciona la introducción realizada en 2013 a la Ley Orgánica de la PFA (21.965) por la cual se prohibió expresamente cualquier actividad gremial de sus miembros. Disponible en http://www.cij.gov.ar/nota-25566-La-Corte-Suprema-por-mayor-a-resolvi--que-la-Polic-a-de-la-Provincia-de-Buenos-Aires-no-tiene-derecho-a-sindicalizarse.html [recuperado en enero 2018]. Para un análisis de la audiencia pública ver Rodríguez Games, 2016.

9 Reforzando este argumento, según nuestra indagación, los acuartelamientos de la PPBA que fueron públicamente declarados y registrados por la prensa son escasos. Para encontrar episodios de este tipo, además de las coyunturas de protesta de 2011 y 2013 que constituyen casos en análisis, debemos remontarnos a 1988, cuando el Movimiento Policial (o MO. POL.) protestó en demanda de aumentos salariales, y a 1993, cuando unos 500 policías de Quilmes y Avellaneda reclamaron portando sus uniformes por mejores condiciones de trabajo. Sobre protestas de la PPBA producidas entre 1955 y 1973 ver Barreneche, 2011. 10Con repertorios de acción colectiva Tilly (2002) refiere a un conjunto de prácticas de protesta que son empleadas en un contexto social determinado, prácticas aprendidas a través de la experiencia colectiva, que están condicionadas por la propia estructura de movilización. colectiva forman parte de un repertorio de acción disponible que es interpretado y apropiado en cada situación, según los contextos y posibilidades. En nuestro caso, los actores de la familia policial que protestan públicamente apelan a técnicas y prácticas de protesta de amplia circulación social: realizan movilizaciones “en silencio”, concentraciones frente a edificios públicos, reparten panfletos y participan de misas de homenaje, entre otras opciones usualmente elegidas. Según la autora, en este sentido, las tecnologías manifestantes no son exclusivas de un sujeto político sino que los actores recurren a ellas, las valorizan e imprimen un signo particular que hace a sus modos de dramatizar la protesta y sus contenidos. En coincidencia con los planteos de Rabelo de Almeida (2011) sobre el ciclo de protestas policiales ocurrido en 1997 en Brasil11, los repertorios a los que apelan los actores constituyen prácticas con amplia trayectoria en el ámbito “civil” que son reinterpretadas a partir de los recursos materiales, organizacionales y conceptuales específicos de las policías involucradas, dando lugar a una notable diversidad en la acción colectiva.

En términos generales, ciertas prácticas asociadas a un carácter ciudadano son valoradas positivamente en la práctica pública de la familia policial, mientras que otras, en tanto incivilizadas, son rechazadas. Un joven oficial que hacía de vocero durante el acuartelamiento de 2013, por ejemplo, declaró a la prensa presente en el lugar: “queremos decirle a la población que es un reclamo pacífico. No quemamos gomas, no tiramos piedras, no atentamos contra ningún gobierno” (YouTube, 09/12/2013). “Teníamos que cortar la calle para ser importantes, siempre respetando los horarios de los hospitales, los horarios de la siesta y las normas legales, porque no podemos cometer un delito”, nos comentó durante una entrevista un miembro de un colectivo de policías heridos. Las valoraciones de este tipo, según nuestra interpretación, pretenden acentuar la pertenencia simbólica de los/as policías al colectivo de ciudadanos (de bien). Estas valoraciones se asientan asimismo en la exaltación del rol de sostenedora del orden público que define la identidad policial. Los actores en su carácter de policías contemplan a la hora de protestar la imagen de la institución que proyectan en la opinión pública. Además, los actores toman en cuenta a las reglamentaciones que la institución impone tanto sobre la faz profesional como privada de los/as miembros de la institución. Garriga Zucal (2014), en esta dirección, entiende al trabajo policial como una forma de vida, una profesión que excede las horas en servicio, promoviendo que los/as agentes consideren que, más que tener una profesión, son una profesión. Ejercer esta profesión implica que al protestar sus miembros se exponen al riesgo de ser sancionados.

5. Despolitizar el reclamo

El carácter pretendidamente apolítico de las prácticas e intenciones de los actores es una constante en el material empírico. Al realizar valoraciones sobre los eventos que se encuentran en el origen de algunos conflictos públicos los/as manifestantes oponen la lógica política al carácter profesional de sus actuaciones. Uno de los policías sancionados por reprimir militantes políticos en 2011 en la asunción del gobernador Scioli aseguró a la prensa durante una protesta: “no entiendo yo de política, llegaron de Cámpora o algo así con cánticos de que ‘somos de la JP’, ‘que cueste lo que cueste vamos a ingresar’, ‘no nos para nadie’”. Luego, agregó en su relató, “hubo un forcejeo, una refriega muy intensa, nos empezaron a tirar con maderas... pero no ingresaron, obedecimos la orden” (Diario El Día, edición de 15/12/2011). Los actores apelan a una lógica institucional que presentan como ajena a una lógica política de la cual sostienen ser ajenos cuando no víctimas.

En continuidad con los sentidos en circulación en el activismo “ciudadano” (Galar, 2017a), “la política” es entendida como una sustancia ajena, sucia e interesada en beneficios personales. Gonzalo, referente de un colectivo que reclama derechos para policías heridos, sostuvo durante una entrevista: “uno no puede mezclar la política con la policía, ya si te metés en la política estás buscando rédito propio”. Por la lógica egoísta de los intereses de “los políticos”, que pretenden capitalizar a su favor

11 En 1997 se produjo un ciclo de protestas inédito en la Policía Militar de Brasil. El “movimiento” comenzó en Minas Gerais luego de un aumento salarial que solo abarcó a los oficiales de la institución. Las protestas incorporó paulatinamente a las policías militares de 14 estados brasileños. Para un análisis acerca de este movimiento ver Cardoso Alves (2013). los reclamos legítimos de la comunidad policial, “la política” aparece como corruptora de la demanda. En esta línea, es común entre los actores la apelación a la relación con el dinero como un elemento que impugna la participación ajena y exalta la participación propia en términos morales. En este sentido, frente a la escasa convocatoria de la protesta que organizó en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, la referente de una entidad de familiares de policías federales nos comentó que no tenía plata “para traer gente en colectivos como pasa en otras marchas”, que carecía de los recursos que disponen organizaciones vinculadas a la policía bonaerense que utilizan la muerte de policías para lograr su verdadero objetivo, que es la sindicalización. “Nosotras no hacemos política, somos familiares movilizadas por el dolor”, dijo enojada y empapada por la intensa lluvia. De esta forma, en correspondencia con los hallazgos de Pita (2010), el dinero opera contaminando el vínculo de pureza en el cual los activistas afirman su autoridad moral. Según analizamos en un trabajo anterior (Galar, 2017b), subyace a este tipo de valoraciones una narrativa más amplia que diferencia una práctica interesada, en términos económicos, sociales o políticos, de una práctica desinteresada, orientada exclusivamente a la búsqueda del bienestar del personal policial. Esta narrativa, por lo demás, conecta con el sentido sacrificial otorgado a la actividad policíaca, una profesión que incluye una entrega, un dar todo de sí.

Despolitizar el reclamo implica asimismo politizar las acciones de otros apelando a alteridades que colaboran con la construcción identitaria policial. Un manifestante del acuartelamiento de 2013 explicitó algunas de estas figuras al afirmar ante la prensa: “no somos piqueteros, no somos sindicalistas, somos compañeros de trabajo que venimos a luchar por un sueldo digno” (canal C5N, edición de 9/12/2013). En un audio que circuló por redes sociales convocando a manifestarse por la detención de policías acusados por su responsabilidad frente a siete muertes producidas en un incendio de una comisaría en Pergamino un policía no identificado sostuvo: “solicitamos que nos apoyen, no somos delincuentes, somos víctimas del sistema” (Portal web Primera Plana, edición de 6/4/2017). Los actores refieren particularmente a “los derechos humanos”, una alteridad especial en tanto, desde su perspectiva, se trata de un otro que actúa específicamente en detrimento de la fuerza policial. Durante las acciones públicas que registramos pueden observarse pasacalles escritos con aerosol que rezan “Justicia y libertad. Derechos humanos parejo” (Portal web Pergamino, edición de 06/04/2017) o banderas argentinas en las cuales puede leerse “los derechos humanos también existen para el personal policial” (Portal web NOVA, edición de 09/08/2016). Esta caracterización negativa se asienta tanto en aquello que “los derechos humanos” hacen, “defender delincuentes” y “obstaculizar el trabajo policial”, como en aquello que se niegan a hacer, resguardar los derechos vulnerados de los/as policías al punto de directamente desconocer su estatus de “humanos”. Por lo demás, las operaciones de diferenciación con “sindicalistas”, “piqueteros” u “organizaciones de derechos humanos” utilizadas para legitimar el reclamo de los actores policiales son asimilables a las detentadas en intervenciones públicas de colectivos más amplios, identificados usualmente como “auto-convocados” o “ciudadanos”.

Finalmente, otras formas de despolitizar el reclamo es presentar a las protestas como derivaciones “espontáneas” del “cansancio”, del “hartazgo”, de “la falta de respuestas”. En el marco del acuartelamiento protagonizado por la División de Infantería en 2011, en esta línea, uno de los policías desafectados por la represión en la Legislatura a militantes políticos aseguró a la prensa: “esto fue espontáneo, fue una causa natural, del cansancio, del agotamiento del personal” (Canal Productora Platense, edición de 5/12/2011). La “espontaneidad” del reclamo y el “cansancio” como origen de la protesta, según nuestra interpretación, constituyen elementos que, al plantear diferenciaciones con la acción de carácter “político”, se proponen justificar una acción colectiva que no es permitida por las normas que rigen la actividad. La acción de carácter político, en este sentido, se comprende como organizada por actores interesados en beneficios personales, alejados de los problemas concretos de quienes supuestamente representan, orientada hacia demandas que rebasan los reclamos concretos de los/as participantes. Por lo demás, mediante declaraciones de este tipo los actores presentan públicamente al reclamo como un recurso límite, como una acción no buscada, antes que como una práctica inmediata o premeditada.

6. El contenido concreto de la demanda

Una forma de indagar sobre el contenido de las demandas es analizar los emergentes de las entrevistas realizadas con activistas que forman parte recurrente de los reclamos públicos policiales. Desde esta perspectiva damos cuenta de tres cuestiones concretas que, sumadas a las más evidentes demandas de corte salarial, constituyen prioridades de la familia policial que los/as entrevistados/intentan recuperar en sus acciones públicas.

En primer lugar, demandan a la institución y al Estado en torno a carencias concretas que identifican en el marco de la tarea policial cotidiana. Incluyen aquí la falta de “elementos para poder trabajar y trabajar tranquilos”. Refieren a chalecos antibalas que no estén vencidos, móviles en condiciones y con combustible suficiente, equipos de comunicación, comisarías “que no se caigan a pedazos” y armas de fuego en buen estado. Destacan además la falta de instrucción (inicial y continua) de los/as policías que se reflejaría en desconocimientos en el uso de armas de fuego, en “escribir” expedientes, en manejar patrulleros y en atender denuncias. Finalmente mencionan la falta de asistencia psicológica y letrada frente a circunstancias extremas que pueden vivenciar los/as agentes, como el asesinar en el contexto de un enfrentamiento o el presenciar la muerte de un/a compañero/a en servicio.

En segundo lugar, refieren a la necesidad de “seguridad jurídica”, que vinculan a una supuesta falta de apoyo de la institución a sus trabajadores/as. Esta falta se expresa cabalmente cuando frente a dificultades propias del quehacer policial la institución opta por defenderse a sí misma antes que a sus agentes. “A vos te pasa algo, quedás a la buena de Dios” sostuvo durante una entrevista Federico, miembro del colectivo Por Siempre Policías. Según los actores, el abandono de la institución es una variable constante que ante la ocurrencia de determinados hechos, como la muerte en servicio o la apertura de causas penales derivadas de actuaciones en las cuales los/as policías son acusados de mala praxis, puede derivar en graves problemas para el personal. Este reclamo de apoyo institucional demanda protección de cara a los riesgos que implica el trabajo policial y garantías frente a los potenciales problemas derivados de la actividad.

En tercer lugar, atendiendo a la centralidad otorgada a la categoría de “policías caídos” (Galeano, 2011), la demanda activista reclama que la institución proteja a los/as agentes en su labor cotidiana y “justicia justa” frente a la ocurrencia de asesinatos de policías. Los/as activistas solicitan a la justicia contundencia en las condenas y denuncian un supuesto carácter descartable que el personal policial posee para la institución, para el sistema político y para la sociedad en general. Resulta interesante en este punto la búsqueda de continuidad de este reclamo con aquel esgrimido bajo el más amplio problema de la inseguridad. El reclamo del cual participamos en Plaza de Mayo en 2017 organizado por familiares de policías federales, en este sentido, fue convocado por un flyer que en las redes sociales sostenía: “como parte de la sociedad les pedimos al resto que nos acompañe porque los familiares de los policías sentimos, necesitamos y exigimos, al igual que otros ciudadanos, la misma seguridad para quienes nos cuidan” (Facebook, 15/07/2017). Bajo el lema “cuidar a quienes nos cuidan”, estos/as familiares apelaban al ciudadano e invitaban a equilibrar la fórmula: la ciudadanía debería corresponder con cuidado al cuidado brindado por la policía12. La apelación a la inseguridad por parte de miembros de la familia policial emerge así como otro modo de reafirmación de su pertenencia a la sociedad victimizada.

Ahora bien, analizar los conflictos públicos concretos que reconstruimos a través de la prensa permite dar cuenta de una dinámica de incorporación de reclamos que denominamos agregación de demandas. Los episodios que reconstruimos se configuraron a partir de demandas concretas: reincorporación de agentes apartados por un hecho de represión, defensa de policías involucrados en causas penales o aumentos salariales. Ahora bien, el análisis permite observar que alrededor de estos reclamos puntuales emerge un conjunto de demandas diversas e interconectadas. En esta línea, la crónica sobre el acuartelamiento de 2011 del principal diario platense expresó que “aunque inicialmente la medida de fuerza se disparó por la situación de los seis efectivos desafectados”, la protesta incorporó después “una larga serie de reclamos”. La crónica da cuenta de la presencia de “referentes retirados” que reclamaban “pagos por antigüedad” y “otras cuestiones administrativas”, “heridos en actos de servicio” en favor de “mejoras en el tratamiento que Asuntos Internos le da a los uniformados que resultan heridos”, “miembros de dos movimientos policiales” que “fogonean desde hace tiempo la sindicalización de la fuerza”, “un grupo más radicalizado” que “quería aprovechar el estado de acuartelamiento para platear otra serie de reclamos” y “familiares de policías en servicio” que denunciaban “la falta de chalecos, armas y otros recursos para el cumplimiento diario de la tarea” (Diario El Día, edición de 15/12/2011). Se evidencian entonces desplazamientos desde demandas concretas hacia otros reclamos que, producto de la prohibición legal de protestar y de conformar colectivos gremiales, no circulan habitualmente por el espacio público13. Estas demandas son además priorizadas por actores diferenciados hacia el interior de los colectivos que reclaman, diferencias que en ocasiones habilitan tensiones de diverso tipo entre los/as participantes.

7. Demandas trasversales

En las reconstrucciones de los episodios de protesta emerge recurrentemente una demanda por el reconocimiento de una dignidad que aparece negada. Durante el acuartelamiento de 2011, por ejemplo, uno de los policías investigados por su accionar durante la represión en la Legislatura afirmó a la prensa: “nosotros simplemente queremos dignidad para poder llevar a cabo nuestra tarea, que es nada más ni nada menos que brindar seguridad a los ciudadanos” (Canal TV Pública, edición de 14/12/2011). Este reclamo por “dignidad” adquiere en ocasiones el ropaje de una necesidad de “ser respetados”. Un superior del agente asesinado en La Plata en 2009, luego de referir negativamente a las condiciones del trabajo policial, afirmó al periodismo presente en el cementerio municipal: “queremos que nos respeten. Somos vigilantes. Somos seres humanos como todos” (Diario Crítica, edición de 12/03/2009). Bajo afirmaciones de este tipo se promueve la demanda por el reconocimiento de los/as agentes como sujetos de derechos, ubicando el acento en su carácter de servidores/as públicos/as, de personas que diariamente se sacrifican para brindar seguridad.

Los actores definen un estado de desprotección que vivencian cotidianamente confirmado en la desbordada situación delictiva que los/as agentes deben enfrentar, en la falta de apoyo de la institución ante dificultades derivadas de sus actuaciones en este contexto adverso y en la recurrente muerte de policías “en cumplimiento del deber”. En septiembre de 2015 participamos de una manifestación convocada por una organización sindical que se desarrolló en la plaza central de la ciudad de La Plata luego de la detención de ocho policías involucrados en el asesinato de un joven que había sido detenido acusado de robar en una vivienda. Frente a unas doscientas personas, desde una camioneta equipada con parlantes, un orador vinculado a la entidad organizadora expresó con voz firme: “no estamos justificando el accionar de policías que actuaron mal, pero pedimos justicia justa”. “Es fácil meternos presos”, afirmó entre aplausos de aprobación. Además denunció el estado de desprotección sufrido por los policías bonaerenses: “a nosotros también nos roban, nos matan”. Para finalizar el orador agregó: “seguimos siendo humanos, teniendo derechos… a descansar, a cobrar, a que se nos trate como personas, como seres humanos”. A colación de este sentimiento de desprotección, un ex policía presente en la manifestación declaró a la prensa: “decidimos salir a la calle a reclamar porque el Estado nos abandonó y deja que nos maten y nos metan presos” (Diario Hoy en la noticia, edición de 08/09/2015). Así, la pertenencia al colectivo de ciudadanos victimizados incluida en la apelación a la acuciante inseguridad aparece tensionada con demandas de reconocimiento particulares que estos actores sostienen frente al Estado pero también frente a la sociedad de la cual forman parte, como se observa en la consigna “cuidar a quienes nos cuidan”. La desprotección que manifiestan los actores se asienta en su doble pertenencia, como ciudadanos victimizados que como derivación de su trabajo (o el de sus seres queridos, en el caso de los/as familiares) interactúan diariamente con el peligro y como miembros de la familia policial que no sienten un reconocimiento por parte de la sociedad que sea acorde a la entrega realizada en términos cotidianos.

8. Reflexiones finales

Propusimos como objetivo de este trabajo caracterizar participantes, formas y contenidos involucrados en los reclamos sostenidos en el espacio público por parte de actores vinculados a instituciones policiales, particularmente la Policía Federal Argentina con actuación en la Ciudad de Buenos Aires y la Policía de la provincia de Buenos Aires. Partimos de que estos reclamos colectivos resultan en gran medida formateados por el cruce entre las adversas condiciones laborales impuestas por el Estado, la imposibilidad de los/as policías de organizarse en tanto trabajadores/as y la prohibición del reclamo por fuera de la línea jerárquica. Afirmamos además que la perspectiva en la cual se asienta nuestra línea de investigación sostiene que la pertenencia a la institución policial no agota la explicación del comportamiento público-privado de sus miembros, sin por esto negar las particularidades de las prácticas y valoraciones de los actores pertenecientes a la institución y al más amplio colectivo denominado “familia policial”.

En sintonía con la forma en que se presentan los procesos en el registro empírico, en coincidencia con diversas líneas de investigación desarrolladas actualmente en el campo, nuestro análisis sobre la policía vence los límites institucionales que tradicionalmente los analistas impusieron a la fuerza. Pensamos a la policía como emergente de la sociedad de la cual forma parte, a los/as policías como actores que se encuentran en diálogo con procesos más amplios, que son atravesados por pertenencias diversas que los/as interpelan y conforman como actores sociales. En este sentido, un emergente que permite este tipo de abordaje es la posibilidad de dar cuenta de la heterogeneidad que subyace a la apariencia monolítica de la institución, una diversidad que en nuestro trabajo se evidencia bajo la forma de tensiones, alteridades y diferenciaciones entre “civiles” y “policías”, entre “la tropa” y “los jefes”, entre activistas abnegados y “vendidos” (o “interesados”).

Los/as agentes policiales y sus familiares, según emergentes de nuestra línea de investigación, se reconocen como miembros de una sociedad que se entiende democrática, en la cual se consolidó paulatinamente un discurso que apela a la ampliación del acceso a derechos. Pero su pertenencia también se asienta fuertemente en la policía, una institución que, en virtud de un ordenamiento jerárquico, dispone desigualdades en el desempeño del trabajo, la responsabilidad y el ejercicio de derechos civiles y laborales. Se trata de una doble filiación que atraviesa a la “familia policial” y habilita una tensión que se expresa a la hora de reclamar en el espacio público. La paradoja que reviste esta tensión es que es justamente la dificultad para compatibilizar los principios de la democracia con una institución jerarquizada y rígida la que posibilita la ocurrencia de protestas públicas, la que posibilita la discusión en clave de derechos.

Los/as agentes y sus familias, antes que como actores exóticos, retoman y refuerzan prácticas y valoraciones que circulan por sectores sociales más amplios, a los cuales pertenecen, por los cuales se sienten interpelados, con los cuales interactúan. Para los actores, en este sentido, reconocerse como “víctimas de la inseguridad”, protestar en términos “civilizados”, demandar derechos en su carácter de trabajadores/as estatales o destacar su carácter de servidores públicos son formas de confirmar su pertenencia al colectivo de ciudadanos (de bien) o, en todo caso, de reclamar la inclusión en esta comunidad simbólica. De esta manera, antes que seres extraños o ininteligibles, los actores policiales se erigen práctica y discursivamente como participantes y emergentes de la sociedad de la cual forman parte.

El reclamo en el espacio público se constituye como un momento de cuestionamiento discursivo y práctico a los límites impuestos por la propia institución. Esto, sin embargo, no implica un cuestionamiento a la jerarquía, a la cadena de mando y a la disciplina, principios que son reconocidos como pilares morales de la institución y bases prácticas que permiten el funcionamiento cotidiano de una organización compleja. La doble filiación a la que referimos habilita tensiones en los actores que se expresan a la hora de plantear demandas en el espacio público. Las protestas aparecen como un último recurso, como un mal necesario frente a situaciones que, por conocidas por los jefes, ignoradas por la esfera política y por ser razonables en sus alcances, generan entre la tropa cansancio y hartazgo. El reclamo es presentado como “espontáneo” en tanto no es organizado, como horizontal en tanto no deriva de estructuras ni representaciones. Es un reclamo “apolítico”, sin banderas partidarias, ni intereses personales. Es un reclamo que, según los términos normativos impuestos por la institución, es ilegal. Pero también es un reclamo justo según la vivencia de los/as agentes y sus familias. En otros términos, las protestas no necesariamente incluyen una demanda por “desmilitarizar” a la policía. En los recurrentes reclamos públicos y en la práctica cotidiana de los activistas vinculados al ámbito policial se demandan derechos acordes al proceso de democratización vivenciado por la sociedad en su conjunto aunque en el marco general de las estructuras existentes.

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