SUMARIO

1. Introducción, 2. Metodología, 3. Resultados, 3.1. Lo foráneo y lo autóctono en la reconfiguración organizativa en las Tierras Altas Jujeñas, 3.1.1. Crisis de subsistencia, ONGs y producción de grupos de beneficiarios y comunitarios, 3.1.2. El Movimiento Territorial: la construcción de un sujeto político, 3.1.3 Hibridación de prácticas en la reconfiguración de la arena política, 3.2. Formatos organizativos en disputa en el centro-este formoseño, 3.2.1 Desarticulación de las economías campesinas y agentes de desarrollo, 3.2.2. Disputas sobre lógicas organizativas, 3.2.3 Reconfiguración y polarización de formatos organizativos. 4. Discusión. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía

1. Introducción

La “promoción de la organización”3 de los sujetos rurales subalternos4 constituye un componente omnipresente en las estrategias de desarrollo rural implementadas por miembros de agencias estatales y no estatales (de apoyo, religiosas y de productores) de Latinoamérica, configurando un axioma de sus prácticas y teorías de desarrollo. Si bien las representaciones, formatos y fines organizativos que impulsan son heterogéneos, se observan puntos de convergencia en algunas premisas que orientan su accionar. La intención de “organizar” suele llevar implícito el presupuesto del estado de desorganización de los destinatarios de sus acciones o que sus lógicas de articulación son insuficientes u obstaculizan su promoción social, dadas sus características “clientelares”, “asistenciales” y/o “autoritarias”. De ahí, deriva su necesidad de implantar nuevos formatos y lógicas organizativas que consideran “democráticas”, “participativas” y “representativas”. Sin embargo, rara vez los pobladores rurales responden uniformemente a esas expectativas. Su dispar adhesión y las formas alternativas de involucramiento suelen desconcertar a los agentes de desarrollo.

En los estudios sobre desarrollo rural el análisis de procesos organizativos asociados a proyectos de intervención es de creciente interés. La identificación y caracterización de “experiencias exitosas” constituye una meta que encauza gran parte de las iniciativas, muchas de las cuales se centran en identificar factores intervinientes y derivar recomendaciones. Esa forma de construir los objetos de estudio, al estar condicionada por enfoques normativos, restringe el poder explicativo del fenómeno en cuestión y suele conducir a explicaciones acuñadas en valoraciones actitudinales (“individualistas-solidarios”, “democráticos-autoritarios”, etc.), siempre construidas desde una posición de externalidad.

Otro sesgo analítico recurrente consiste en reificar las organizaciones por medio de atribuirles propiedades de pensamiento y comportamiento humanas y concebirlas como un cuerpo homogéneo y unificado. Un atajo a ese equívoco epistemológico ocurre cuando se pretende explicar la complejidad de los procesos organizativos a partir de los testimonios de sus portavoces -dirigentes y, no en pocas situaciones, técnicos-, desconsiderando las voces y prácticas heterodoxas. Se incurre en el fetichismo observado por Pierre Bourdieu (²⁰⁰⁰), al confundir lo que el fenómeno organizativo es con la imagen ‘oficial’ del mismo. Así, se observa que en la academia la “promoción de la organización” también puede operar como axioma y condicionar la forma como los sujetos sociales son pensados - individuos que precisan ser organizados y conducidos para su desarrollo social - y, en consecuencia, restringir la comprensión de los procesos organizativos que operan en la realidad empírica.

Interpretar la complejidad inherente a las prácticas organizativas que se despliegan en el marco de proyectos de desarrollo constituye un desafío que interpela tanto a cientistas sociales como a agentes de desarrollo y que se asume en este artículo. Se analizan las prácticas organizativas y políticas que resultan del encuentro de las lógicas y representaciones de sujetos rurales subalternos con las promovidas por agentes de desarrollo rural, en el marco de proyectos de intervención ejecutados en la provincia de Jujuy y en la de Formosa, entre las décadas de 1990 y 2000.

2. Metodología

Para la comprensión de los casos seleccionados se desnaturaliza el imperativo de “organizar”, para identificar y analizar relacionalmente las representaciones, motivaciones y lógicas de comportamiento que despliegan los agentes de desarrollo y los destinatarios de sus proyectos. Se asume que todo grupo social posee sus formas particulares de vinculación y ordenamiento y, en consecuencia, las prácticas que se intentan promover interaccionarán armónica o conflictivamente con las lógicas organizativas preexistentes. En la construcción de esta hipótesis resultó inspirador Norman Long (2007), quien observa que los procesos de intervención operan como campos de disputa y negociación en los que convergen actores con visiones de mundo, valores, lógicas cognitivas y motivaciones heterogéneas.

La unidad de análisis la conforman dos tramas organizativas, una situada en Jujuy y otra en Formosa. Ambos casos están asociados a la desarticulación de las estrategias de reproducción social de los pobladores rurales como efecto de las políticas neoliberales y a la intervención de agentes de desarrollo a través de agencias públicas y privadas de promoción social, quienes valoran la promoción de la organización en sus estrategias de intervención.

Al poner en relación el análisis de ambas tramas organizativas, interesa identificar regularidades y particularidades a fin de profundizar la comprensión sobre procesos organizativos que operan en el espacio rural y aportar a la construcción de una perspectiva analítica para futuras investigaciones. Para ello, se analizan comparativamente las experiencias a partir de los siguientes ejes de indagación. ¿Qué formatos, lógicas organizativas y prácticas políticas5 mantenían los pobladores rurales al inicio del trabajo de los agentes de desarrollo? ¿Cuáles formatos y trayectorias organizativas emergieron del encuentro de las prácticas de vinculación de los pobladores locales y de las patrocinadas por agentes de desarrollo? ¿Cómo fueron redefinidas las lógicas de vinculación de los pobladores rurales con la institucionalidad pública? Y, qué interacciones se observan entre los procesos organizativos y la escena política local.

Ambas tramas organizativas fueron estudiadas en investigaciones independientes, que articularon el método etnográfico con la estrategia de estudio de caso. Por cuestiones de espacio, en el presente artículo se exponen las evidencias empíricas más relevantes y, fundamentalmente, los modelos interpretativos de los procesos analizados, encontrándose las descripciones densas sobre las cuales éstos se construyeron en las publicaciones referenciadas.

La selección de ambos casos se funda en contener características comunes y específicas, en la factibilidad de someter los modelos interpretativos al análisis comparativo y por considerarlos representativos de otros procesos organizativos del país. Dado el incipiente estado de la construcción de una teoría social sobre la temática de referencia y el acotado número de casos, no aspiramos a postular generalizaciones con valor estadístico, sino a analizar los fenómenos observados en su contexto social e histórico y a objetivar regularidades y especificidades entre ambos que aporten a la construcción de hipótesis para futuras investigaciones. Asumimos un proceso de construcción de conocimiento inductivo inspirado en la perspectiva comparativa weberiana, centrada en estudios de caso con el fin de comprender la diversidad de expresiones de la acción social en su contexto (Ragin y Zaret, 1983).

En la siguiente sección se analizan los casos de estudio y, en la tercera, se identifican sus regularidades y particularidades. En la última se profundiza la reflexión sobre los modos como opera el encuentro de lógicas organizativas y la potencialidad de algunos recursos analíticos para su comprensión.

3. Resultados

3.1 Lo foráneo y lo autóctono en la reconfiguración organizativa en las Tierras Altas Jujeñas

La trama organizacional se despliega en las “Tierras Altas jujeñas”, territorio comprendido por las regiones andinas de Puna y de Quebrada de Humahuaca, extremo noroeste de Argentina, lindante con la República de Chile y la de Bolivia. Los registros empíricos fueron colectados entre 1997 y 2016, a través de diferentes estudios sobre prácticas de intervención, organizativas, políticas y étnicas desplegadas en el territorio (Cowan Ros, 2003 y 2013a).

5 En la construcción del objeto de estudio trabajamos con una noción de política en sentido amplio, refiriendo a las prácticas orientadas a la reproducción o transformación del orden social. La interpretación de las prácticas de los agentes de desarrollo y las de los destinarios de sus acciones se realizará a partir de sus propias definiciones y explicitándose las diferencias cuando corresponda.

3.1.1 Crisis de subsistencia, ONGs y producción de grupos de beneficiarios y comunitarios

Las prácticas tradicionales de vinculación y organización de los pobladores rurales del territorio se expresan a través de redes sociales (parentesco, vecinales, políticas y religiosas) parcialmente superpuestas. Según el grado de institucionalización, estas redes pueden adquirir mayor o menor objetividad y cristalizarse grupos en ellas (“familia”, “comunidad”, “línea política”, “grupo religioso”, etc.). La participación simultánea de las personas en diferentes redes genera una alta densidad de relaciones múltiples (Gluckman, 1975), por las cuales se vinculan y reconocen a través de más de un papel social. En esa sociedad el grupo doméstico o “familia” es una unidad fundamental de organización de los individuos. Varios grupos domésticos configuran una aldea o “comunidad” y varias de éstas, junto a un poblado, un municipio. A su vez, cada una de estas entidades está atravesada por otras redes y/o grupos sociales que las unen o fisionan según el contexto. Sobre la producción de cada uno de estos grupos y redes, a partir de cooperaciones y disputas, se configura y dinamiza la sociabilidad local (Cowan Ros, 2013a).

A lo largo del Siglo XX, las estrategias económicas de las familias rurales combinaron ingresos provenientes de la venta de mano de obra temporaria y/o permanente y de la producción agropecuaria, destinada eminentemente al autoconsumo. Dado ese modo de sustentación y su origen étnico, fueron interpretados como campesinos semi-proletarios de origen indígena6 (Madrazo, 1982, Rutledge, 1987, entre otros). A fines del siglo pasado, como efecto de la mecanización de la cosecha de caña de azúcar y de la retracción de la economía nacional se redujeron drásticamente sus posibilidades de empleo y se incrementó su dependencia de la producción agropecuaria, que raramente garantizaba la subsistencia del grupo doméstico. Las estrategias de reproducción social de los puneños y quebradeños se desarticularon y entraron en crisis (Cowan Ros y Schneider, 2008).

A mediados de la década de 1980 se iniciaron las primeras intervenciones en desarrollo rural en el territorio y se intensificaron en la década siguiente. Fueron realizadas por cinco ONGs nacionales y una agencia gubernamental internacional. Dada la continuidad e impacto de sus acciones sobre la trama organizativa de estudio, se analizarán: i) Pastoral para el Desarrollo (PD), institución eclesial creada en 1983, ii) MINK’A, entidad laica creada en 1995 y iii) TIERRA, cooperativa de trabajo creada en 1988 por un dirigente político local para promover microemprendimientos artesanales7. A diferencia de esta última, los miembros de las dos primeras ONGs eran técnicos y/o religiosos de otras regiones del país.

Ante la crisis de subsistencia de los pobladores rurales, las estrategias de intervención de los agentes de desarrollo combinaron la asistencia técnica y financiera con la promoción de la organización en el marco de proyectos agropecuarios, artesanales, comerciales, alimentarios y/o de infraestructura comunitaria. Compartían la idea de superar la asistencia individual y/o familiar y definieron al “grupo de familias” o al “grupo de productores” como al destinatario de sus proyectos. Cada grupo solía estar integrado por algunos miembros de una comunidad. A través de ellos se apostaba a potenciar relaciones de cooperación y solidaridad con vistas a enfrentar la crisis que transitaban. Conforme se consolidaban los grupos impulsaron experiencias asociativas entre éstos para mejorar sus condiciones de comercialización. En torno a la intervención de estas agencias de desarrollo proliferaron “grupos de productores o beneficiarios” asociados a proyectos de promoción social y se configuró una nueva red social en el territorio.

El formato “grupo de productores” emergió y se proyectó sobre las redes de vinculación preexistentes. Los grupos impulsados por la PD, al movilizar cuestiones alimenticias, productivas y religiosas, se superpusieron con redes familiares, vecinales y católicas. Los miembros de Tierra tendieron a convocar personas de su red de pertenencia y simpatizantes de la línea política de su referente. Los técnicos de MINK’A, menos involucrados en la trama social local, proyectaron sus

6 La identidad indígena o las relativas a los grupos étnicos del territorio (coyas, atacamas, quechuas, omaguacas, ocloyas y tilián) no son asumidas de manera espontánea por gran parte de los pobladores. Siglos de colonización y discriminación les imprimieron una carga estigmatizante que comenzó a revertirse con el reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho en la legislación nacional, en la última década del Siglo XX. acciones en la “comunidad”, apostando a agregar al conjunto de vecinos (Cowan Ros, 2003). La movilización y el comportamiento corporativo de los miembros de cada “comunidad” estuvieron en el horizonte de las tres ONG’s. En los hechos, la red de vínculos efectivamente movilizada solía corresponderse con el grupo de pertenencia (o facción) del referente comunitario en quién delegaban la convocatoria (Cowan Ros, 2014).

Un aspecto a considerar es que la creación y participación en los grupos patrocinados por técnicos de las ONGs, lejos de formar parte de una iniciativa o necesidad de los pobladores rurales, constituía un requisito impuesto por los primeros para constituir a los segundos en beneficiarios de sus proyectos. Los pobladores rurales, frente a la coyuntura apremiante que transitaban, demandaban “ayuda”, entendiendo a ésta principalmente como el acceso a recursos económicos. La diversidad de problemáticas identificadas por los técnicos en sus diagnósticos (“inequidad de género”, “clientelismo político”, “degradación ambiental” etc.), como sus propuestas de solución no siempre tenían sentido para sus destinatarios. La confluencia de agentes de desarrollo y campesinos en proyectos locales se configuraba sobre un principio de (des)entendimiento y una relación de poder asimétrica (Cowan Ros, 2013b).

Entre los campesinos emergieron representaciones y vivencias heterogéneas en torno a los nuevos formatos organizativos. Para muchos, la asociación en “comunidad” y/o “grupos de productores”, en los que convergían parientes y vecinos, formaba parte de sus prácticas cotidianas y fue asumida con cierta naturalidad. La “comunidad” es una entidad de pertenencia y organización reconocida y valorada como distintiva de los grupos étnicos locales y asociada a los valores de “unión”, “igualdad”, “cooperación” y “autonomía” (Cowan Ros, 2013a). De ahí que se interprete que los móviles económicos a los que aludían muchos entrevistados para justificar su involucramiento en los grupos también estuvieran imbricados con compromisos afectivos y morales que mantenían con sus pares comunitarios, aunque su explicitación fuera menos frecuente.

La “comunidad”, en cuanto entidad organizativa y representativa, se vio reforzada, actualizada y legitimada por la nueva legislación sobre la cuestión indígena. La Constitución Nacional de 1994 concedió estatus jurídico y reconoció a las “comunidades indígenas” como forma tradicional de organización y representación de las parcialidades de los pueblos originarios. También les otorgó el derecho a la titulación de los territorios que habitan sus miembros. La convergencia de los factores hasta aquí expuestos, favoreció que el grupo comunitario, sea como grupo de beneficiarios o “comunidad indígena”, emergiera como una estructura organizativa y como actor colectivo de creciente visibilidad y legitimidad en el territorio8.

Si bien no hubo grandes tensiones entre los nuevos formatos organizativos impulsados y los preexistentes, el asociativismo, es decir el accionar cooperativo en emprendimientos productivos, comerciales y de infraestructura comunitaria, conforme lo entendían los agentes de desarrollo, no siempre resultó una tarea fácil. Restar tiempo al trabajo productivo para asistir a reuniones, asociarse con vecinos con quienes no se mantenían relaciones fraternas o, incluso, perder cierta autonomía en la toma de decisiones sobre las actividades productivas y/o la economía familiar no alentaban la participación en los grupos patrocinados por las ONGs. Las diferencias y disputas entre vecinos y/o parientes, originadas en otras dimensiones de la vida (política, religiosa o comunitaria) también intervenían en la dinámica de los grupos fisionándolos y/o alejando a parte de los integrantes. Si las redes de vinculación preexistentes fueron plataformas sobre las que emergió y proyectó el formato asociativo impulsado por los técnicos, las tensiones y divisiones cotidianas de los pobladores también modelaron y establecieron límites al alcance de la asociación (Cowan Ros, 2014).

El surgimiento de ONGs en el territorio abrió un nuevo canal de circulación de información y recursos entre la institucionalidad pública, monopolizada hasta entonces por las autoridades políticas locales, y los pobladores rurales. Los técnicos operaron como mediadores sociales (Wolf, 1956) al intermediar en la vinculación de individuos pertenecientes a esferas sociales diferenciadas e intervenir en la producción y difusión de representaciones sociales.

3.1.2 El Movimiento Territorial: la construcción de un sujeto político

A finales de la década de 1990, los miembros de las instituciones de apoyo se percataron que, con insuficiencia de recursos, enfrentaban problemáticas comunes. A partir de encuentros en los que socializaban su labor y diagnósticos, cimentaron un nuevo espacio: el Movimiento Territorial (MT), pensado en sus inicios como una red de articulación de agencias de apoyo.

Si bien el diagnóstico sobre la crisis social fue un principio de entendimiento, las estrategias de intervención, principalmente en lo que concierne al vínculo con los destinatarios, generaron desencuentros. Los miembros de MINK’A, Tierra y parte del equipo técnico de la PD abogaban por integrar a los campesinos al nuevo espacio y tornarlos partícipes en la toma de decisiones y en la gestión financiera. Quienes conducían la ONG eclesial manifestaron diferencias con la formalización y la sociabilización de los recursos de cada agencia en el nuevo espacio. Los dirigentes de la PD optaron por replegarse del Movimiento Territorial y continuar su labor a través del formato de trabajo con grupos de beneficiarios (Cowan Ros, 2003).

Superada la disputa por el formato organizativo, en el corto plazo hubo una masiva incorporación de grupos comunitarios, de artesanos y organizaciones de productores al Movimiento Territorial. De ser una red de instituciones de apoyo se reconfiguró en una organización territorial de segundo grado de base campesino-indígena, con un equipo técnico integrado por MINK’A y profesionales independientes. En 2002, se estimaba que el espacio nucleaba a 40 organizaciones que agrupaban a 1300 familias (Cowan Ros, 2003).

En la perspectiva de los técnicos de MINK’A, dadas las condiciones históricas de subordinación económica, política, social y étnica de los campesinos, sólo se generarían condiciones para un mejoramiento sostenido de sus vidas, si conseguían constituirse en un sujeto político colectivo con capacidad de acción y alianza con otros sectores sociales. En términos programáticos y de contenido, esa idea de “cambio social” poseía un grado de abstracción e indefinición, se apostaba definirla gradual y colectivamente.

El ámbito social de los pobladores rurales y el estatal se convertían en arenas donde promover transformaciones. Con relación al primero, convocaban a los campesinos a reflexionar sobre las inequidades contenidas en sus relaciones (de clase, de género, generacionales e interétnicas). Proponían producir vínculos fundados en prácticas democráticas de “participación” y “representación” y en la simetría y reciprocidad. La arena estatal se constituía en un espacio donde disputar la definición del rol del Estado y de políticas públicas. Desplegar este tipo de prácticas políticas no suponía involucrarse en estructuras partidarias. Dadas las correlaciones de fuerzas y lógicas existentes en éstas, los técnicos eran escépticos sobre la factibilidad de que los campesinos pudiesen imponer lógicas alternativas. Apostaban a que el Movimiento Territorial se constituyera en portavoz de los sujetos subalternos del territorio para interpelar a los representantes políticos con una agenda y propuestas que contemplaran sus problemáticas e intereses. En lo inmediato debían implementar proyectos de desarrollo para garantizar la subsistencia de sus miembros (Cowan Ros, 2013b).

En torno a la identidad “campesino-indígena” proyectaron el reconocimiento y movilización de los pobladores del territorio. En dicha fórmula, la categoría “campesino” se proponía como el principio de reconocimiento y agregación de los sujetos rurales subalternos. Derivaba de su interpretación del funcionamiento de la sociedad y del proyecto político de abarcar y articular diferentes facciones de clase en una propuesta de cambio. Lo “indígena” adjetivaba la condición de clase caracterizando la especificidad étnica del campesinado local. Contemplaban la revalorización de lo indígena, siempre que no promoviera fragmentación entre miembros de diferentes grupos étnicos y/o con “gringos” (personas de origen occidental), grupo en el que se incluía a los técnicos.

El Movimiento Territorial supuso un formato organizativo novedoso en el territorio ante el cual los actores locales produjeron representaciones heterogéneas, que ayudan a entender las diferentes lógicas de vinculación e involucramiento para con éste y su devenir. Una parte considerable de los campesinos lo percibió como un actor externo que les brindaba “ayuda” por medio de proyectos, imagen que emulaba a las ONG’s de apoyo, o como un agente económico que “compraba” sus productos a un precio más favorable, imagen construida de los proyectos de comercialización asociativa.

La novedad y el grado de abstracción de una organización territorial de segundo grado, integrada por personas de comunidades distantes que en pocas ocasiones se conocían y/o interaccionaban, así como lo abstracto del “proyecto político de cambio social” parece que no favorecieron la inteligibilidad de la propuesta de los técnicos. Esta interpretación surge de contemplar la interacción de al menos dos lógicas cognitivas que entraron en tensión. Rolando Pinto Contreras, observa que la forma de conocer de los campesinos es fundamentalmente experiencial y arraigada a su contexto situacional. En contraposición, la de los técnicos se construye como abstracción general, con vistas a ser instrumentalizada por otros actores y en otros ámbitos (1991). La propuesta de un formato organizativo innovador y de un proyecto de “cambio social”, al no formar parte de la experiencia de gran parte de los pobladores rurales, no favoreció su comprensión en los términos agenciados por los técnicos y, en consecuencia, no ocurrió la adhesión masiva esperada. Las representaciones de actor externo que “ayuda” o “compra” emergían de las prácticas concretas que experimentaban los campesinos. Más que involucrarse con el “proyecto político”, la mayor parte tendió a hacerlo con la materialidad de los proyectos ejecutados.

Algunos campesinos y una veintena de líderes comunitarios y dirigentes evidenciaban interpretar y apropiarse de la propuesta de los técnicos. En el pasado, la mayor parte había participado en grupos religiosos y/o políticos, donde adquirieron capacidades para gestionar instancias participativas. Otra característica común era la experiencia de haber emigrado a ámbitos urbanos, donde descubrieron “otras formas de hacer las cosas”. En nuestra interpretación, el proyecto político del MT era fundamentalmente patrimonio de técnicos y de algunos dirigentes quienes intentaban proyectarlo a sus “bases” a través de proyectos socio-económicos, capacitaciones, formación política y de sus compromisos afectivos.

En el otro extremo, dirigentes locales involucrados con estructuras partidarias o indigenistas comprendían la propuesta de los técnicos, pero no la compartían. Apostaban a consolidar las organizaciones en las que participaban. Veían en el MT una amenaza, pues competía por la adhesión de los pobladores rurales y por el control de los recursos para el desarrollo distribuidos por agencias estatales.

La capacitación y formación política de campesinos promovida en el Movimiento Territorial potenció la formación de nuevos dirigentes locales que gradualmente asumieron parcialmente funciones de mediadores sociales. Algunos de ellos, especialmente aquellos cuyas trayectorias estaban menos vinculadas a la labor de las ONGs, como ser los de TIERRA, experimentaron cierta prescindencia del asesoramiento técnico, especialmente en la toma de decisiones sobre sus estrategias productivas y comerciales y en sus alineamientos políticos. Dada la doble condición de los técnicos de foráneos y no campesinos, fueron interpelados por su papel protagónico en la conducción del MT. Entendían que debían limitarse a asistir en aquellas labores administrativas y burocráticas, que los dirigentes campesinos encontraban dificultad para desempeñar por su escaso dominio de la escritura, del lenguaje y de la lógica de la institucionalidad pública. La toma de decisiones quedaba reservada para los dirigentes. Algunos técnicos interpretaron que era el momento de ceder espacio, en tanto otros sostenían que aún no estaban dadas las condiciones por la persistencia de prácticas “autoritarias” y “personalistas” entre algunos dirigentes campesinos y la posibilidad de “cooptación” por dirigentes políticos. La tensión, lejos de resolverse en el marco de un conflicto, emergió periódicamente redefiniéndose las posiciones entre las partes. Conforme los técnicos se replegaron de las instancias decisorias y disminuyó su participación en el MT, las disputas y negociaciones continuaron reeditándose, pero entre dirigentes (Cowan Ros, 2013b).

3.1.3 Hibridación de prácticas en la reconfiguración de la arena política

Otra de las tensiones entre técnicos y campesinos se expresó en torno a las formas de concebir y vincularse con la política. Comprender la dinámica que ésta adquiere supone evitar restringir el análisis a la dimensión político-ideológica, para analizar su imbricación con otros dominios sociales y las lógicas que derivan de las relaciones múltiples, a través de las cuales las personas se vinculan, reconocen y comprometen. Sin embargo, cuando los técnicos cuestionan las prácticas de los dirigentes políticos locales por “autoritarias” o “clientelares”, rara vez se percatan que pueden estar hablando de parientes, compadres y/o vecinos de los destinatarios de sus proyectos y de lógicas de “ayuda” y lealtad que tienen un sentido específico para éstos (Cowan Ros, 2013a).

Las lecturas y propuestas de acción de los técnicos sobre la arena política suelen regirse por el proyecto de transformación social que apuestan canalizar a través del Movimiento Territorial. Esperan que los pobladores locales “politicen” - desnaturalicen, objetiven y racionalicen- sus prácticas y relaciones sociales, es decir, dimensiones de su cotidianeidad impregnadas de principios morales y emociones. Pero para los campesinos las lealtades contenidas en esos vínculos suelen anteponerse a las producidas entre miembros del MT. Dadas sus diferentes filiaciones políticas, durante la campaña electoral se instaura una veda, donde evitan hablar de política. Exhortan a “respetar” - no cuestionarlos alineamientos partidarios de cada uno para preservar la unidad, un límite (im)puesto a la (intro)misión política de los técnicos (Cowan Ros, 2013b).

Lo anterior no supone que no se hayan registrado cambios en la escena política local. Se observó que la difusión de prácticas y lógicas organizativas patrocinadas por los técnicos fue dispar y ambigua en las diferentes localidades que componen el territorio. La legitimidad que adquirieron el lenguaje y las prácticas asociadas a los proyectos de desarrollo entre los pobladores locales, predispuso a dirigentes políticos a actualizar sus discursos y, en menor medida, sus lógicas de acción.

La formación e información adquirida por los campesinos contribuyó a redefinir los términos del vínculo con los dirigentes políticos, especialmente en las campañas electorales. Las nuevas organizaciones y las revigorizadas, especialmente las “comunidades indígenas”, fueron incluidas en las visitas proselitistas. Ante coyunturas específicas, grupos comunitarios asumieron un comportamiento corporativo en el reclamo y/o negociación ante los funcionarios locales. Pero no es una práctica generalizada, pues los lazos políticos se imbrican con los vecinales fragmentándose contingentemente estos últimos en la mayoría de los casos. Las redes políticas también permearon al Movimiento Territorial. En reiteradas situaciones dirigentes campesinos con gran reconocimiento y proyección regional, de forma unilateral, se volcaron a competir en elecciones municipales encuadrándose como candidatos de alguna de las estructuras políticas partidarias y abandonando las filas del MT (Cowan Ros, 2013a).

La cuestión étnica es otra expresión de las prácticas políticas donde emergieron tensiones entre las lógicas nativas y foráneas. Ante la dilación de las gestiones del Gobierno provincial en la entrega de las personerías jurídicas y de los títulos de las tierras a las diferentes comunidades indígenas, sus miembros se articularon en red para coordinar acciones judiciales y de protesta pública. Al inicio, la información y la asistencia legal a miembros de las comunidades y la coordinación de acciones fueron asumidas por dirigentes indígenas y técnicos de MINK’A y PD. En el contexto de revalorización y reafirmación étnica que opera en el territorio, algunos dirigentes indígenas cuestionaron la participación de agentes foráneos. Entre otros aspectos, objetan su protagonismo y que oficien como portavoces de los pobladores, así como los formatos organizativos y las alternativas de desarrollo que promueven. Entre los dirigentes indígenas se difundió un discurso que consagra a la “comunidad indígena” como el formato organizativo tradicional y legítimo del territorio. Valoran la organización y toma de decisiones en asamblea comunitaria, por lo que consideran que la “comunidad” no debe subordinarse a estructuras organizativas de segundo grado, como ser el Movimiento Territorial. De ahí que el formato de red resulte elegido para articular acciones a mayor escala (Cowan Ros, 2013a).

Sin embargo, existen divergencias en las lógicas de vinculación con las instituciones estatales. Algunos dirigentes indígenas acotan sus prácticas organizativas a las comunidades y rehúsan participar de estructuras estatales. Otros patrocinan un partido político de orientación indígena que debutó en las elecciones del 2013 y a través del cual accedieron a conducir algunas alcaldías. Finalmente, otros participan en los partidos políticos tradicionales y, en algunos casos, accedieron a dirigir secretarías del Gobierno provincial.

En 2011, los miembros de una ONG indigenista provincial, con apoyo de instituciones extranjeras y nacionales, crearon una Tecnicatura Superior en Desarrollo Indígena que tiene por meta formar técnicos indígenas con una cosmovisión andina para que asuman el papel de agentes de desarrollo y, de ese modo, prescindir de técnicos foráneos.

El fenómeno descripto está en configuración y se desconoce los desdoblamientos que puedan operar, sin embargo, interesa observar algunos posicionamientos de dirigentes del Movimiento

Territorial. En los últimos años, integrantes de dicho espacio participaron de acciones coordinadas con dirigentes indígenas en el marco de la lucha por la tierra y el territorio. Si bien al inicio asistían como miembros del MT, en los últimos años comenzaron a participar como integrantes de sus grupos comunitarios. Si se considera que en torno a la cuestión étnica se traban actualmente las principales luchas políticas en el territorio, se observa que la identidad indígena y la lucha por la tierra han resultado más tangibles y efectivas para la movilización y construcción de los pobladores locales como sujetos políticos colectivos.

La identidad “campesina” fue escasamente apropiada por los pobladores rurales. El Movimiento Territorial, que en sus inicios fue proyectado como una estructura de representación y reivindicación de los intereses de los sujetos rurales subalternos, conducido ahora por dirigentes locales, parece centrarse sobre proyectos de desarrollo económico para sus miembros.

Actualmente, se observa en la narrativa de técnicos foráneos y en la de los dirigentes indígenas diferentes representaciones sobre formatos organizativos, alternativas de solución o “desarrollo” y categorías identitarias en torno de las cuales movilizar a los pobladores rurales para transformar sus condiciones de existencia. Lejos de pretender caracterizar una escena en donde las prácticas políticas permanecen o se transforman de un tipo puro a otro, se observa una hibridización de visiones y lógicas a partir de las formas como los sujetos se apropian y (re)significan las representaciones y prácticas de otros actores, aunque no siempre sea reconocida en sus narrativas.

3.2 Formatos organizativos en disputa en el centro-este formoseño

La trama organizativa analizada en esta sección se despliega en el centro y este de la provincia de Formosa, noreste de Argentina, lindante con la República de Paraguay. Los registros empíricos fueron producidos entre 2004 y 2014, en el marco de estudios que analizaron prácticas organizativas, políticas e interacciones entre representantes de la institucionalidad pública y pobladores rurales (Berger, 2009a, 2009b, 2012, 2014).

3.2.1 Desarticulación de las economías campesinas y agentes de desarrollo

Con cierta semejanza a lo descripto para el caso jujeño, la vida social en el territorio se organiza fundamentalmente a través de redes sociales parcialmente superpuestas, por medio de las cuales las personas se vinculan. En los “pueblos” se concentra el mayor número de habitantes y de instituciones públicas y religiosas y en sus alrededores se ubican asentamientos de población dispersa conocidos como “colonias” o “parajes”. Los residentes de los pueblos y de las colonias suelen vincularse a través de las diferentes redes sociales que articulan esa geografía.

Durante la primera mitad del siglo XX, las familias rurales combinaron ingresos provenientes de la producción agropecuaria (algodonera, forestal, ganadera, etc.), del trabajo agrario transitorio, del empleo público y/o de la producción de animales de granja y horticultura. Una parte significativa de la población rural es de origen paraguayo, migrantes que se asentaron en pequeñas parcelas en situación precaria de tenencia, atraídos por la demanda de mano de obra en los grandes establecimientos ganaderos y forestales y por las posibilidades que antiguamente generaba el cultivo del algodón. Desde fines de la década de 1950, el resquebrajamiento de las políticas de fortalecimiento del mercado interno y de fomento de la producción industrial de las economías regionales dio inicio a crisis recurrentes y a una paulatina descomposición de la pequeña producción algodonera. La gradual liberalización del mercado y la difusión de tecnologías para el desarrollo de economías de escala tornaron inviables las unidades de producción inferiores a diez hectáreas (Berger, 2009a).

A fines de la década de 1960, los campesinos del Noreste Argentino, con apoyo de grupos religiosos, iniciaron un ciclo de protesta y organización gremial conocido como las “Ligas Agrarias”. La conformación de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (ULiCaF) fue su expresión en la provincia de estudio y se desarticuló con la represión desatada por la dictadura cívico-militar iniciada en 1976 (Rozé, 1992). Reinstalado el sistema electoral de gobierno a fines de la década de 1980, dirigentes de las ex ligas retomaron el proceso de organización gremial de los pobladores rurales y crearon el Movimiento Agrario Formoseño (MAF). Al igual que en la ULiCaF, los dirigentes del Durante los años ’80 y principios de los ’90 hubo varias iniciativas de creación y/o formalización de organizaciones de pobladores rurales formoseños. En el territorio comprendido por las localidades de General Belgrano y Misión Tacaaglé, un grupo de religiosos entre los que destacaba un párroco de origen italiano, autoreferenciado y comprometido con la forma de “vida campesina”, promovió acciones de producción y comercialización colectivas y cooperativas de trabajo. Entendía que el asociativismo era la forma de sortear a los intermediarios y comercializar con mayor poder de negociación los productos frutihortícolas de los pobladores rurales, que emergían como una fuente de ingresos complementaria ante la caída del precio del algodón. En el marco de sus actividades parroquiales se vincularon con un joven con inquietudes sociales. En él delegaron la gestión de proyectos de desarrollo financiados por la Fundación Kolping y ejecutados a través de grupos de familias, denominados “grupos Kolping”.

El sacerdote también operó como portavoz de los pobladores rurales por medio de presentar ante las autoridades públicas petitorios y listados de familias que reclamaban tierra y la regularización de sus posesiones, entre otras demandas. Gradualmente se constituyó en un referente local, portador de una visión alternativa de de la realidad social del territorio y de las posibilidades de cambio. El papel asumido lo enfrentaba recurrentemente a otros mediadores sociales que operaban en la zona, como ser autoridades gubernamentales, intermediarios comerciales, agentes estatales de desarrollo e, incluso, la propia jerarquía eclesial.

Las agencias privadas y estatales de desarrollo fueron otras instituciones desde donde se intervino en la producción de nuevos formatos organizativos. Entre las primeras, destacan los miembros del Instituto de Cultura Popular (INCUPO), ONG de filiación católica que por medio de la ejecución de proyectos locales promueve la formación de grupos de beneficiarios orientados a consolidar la producción agropecuaria y a canalizar reivindicaciones gremiales. Entre las agencias estatales nacionales destacó el Programa Social Agropecuario (PSA).9 A partir de 1993, a través de este instrumento se desplegó una cartera de proyectos productivos con fines comerciales, para el autoconsumo e infraestructura comunitaria, implementados por medio de una red de grupos de beneficiaros extendidos por el territorio provincial.

Como efecto de las acciones de intervención referenciadas y de las lógicas de los pobladores locales, comenzó a conformarse una nueva estructura organizativa denominada Organización Campesina Belgrano-Tacaaglé (OCBT), de proyección territorial con epicentro en las localidades de General Belgrano y Misión Tacaaglé. En su consolidación fue fundamental el apoyo recibido de los representantes locales de la Iglesia Católica, de la Fundación Kolping, de INCUPO y del PSA. Entre 1994 y 1995 se realizaron las primeras reuniones en cada colonia aprovechando los servicios religiosos. Las redes de vecindad, las religiosas y las tramas articuladas por las agencias de desarrollo fueron estructuras donde se proyectó el nuevo espacio organizativo. Luego, se iniciaron encuentros específicos en los que se eligieron delegados por colonia. El asesoramiento brindado por los agentes de desarrollo favoreció la emergencia de nuevos dirigentes campesinos que junto a los técnicos y religiosos pasaron a “conducir” la conformación de la nueva organización. Desde los inicios participaron del MAF y adhirieron al proyecto de construirlo a imagen de la ULiCaF. Retomaron la identificación como “campesinos” para movilizar y reivindicar demandas de sus “bases” (Berger, 2014).

Conforme operaba la actualización de la cuestión indígena en el escenario nacional, en el provincial también se verificó la creciente visibilización de grupos étnicos y la formalización de las comunidades indígenas. A diferencia de lo observado en el caso jujeño, en Formosa quienes asumieron identidades indígenas se articularon en estructuras organizativas diferenciadas de quienes lo descentralizadas. Su estrategia de intervención se centró en la asistencia técnica y financiera a grupos de más de 4 o 6 “pequeños productores”, según provincia.

hicieron a través de la “campesina”, siendo limitada su participación en la trama organizativa analizada en este caso.

3.2.2 Disputas sobre lógicas organizativas

Los agentes de desarrollo compartían la idea de que las problemáticas de los campesinos sólo eran factibles de ser resueltas a partir de la articulación en organizaciones formalizadas. Sin embargo, la idea de “promover la organización” albergaba una polisemia de sentidos que derivó en disputas que intervinieron en el devenir de la trama organizativa. Dada la heterogeneidad de actores intervinientes, la OCBT y el MAF configuraron arenas donde se expresaron disputas sobre las prácticas y perfiles organizativos a promover (Berger, 2012).

Entre los religiosos, técnicos y dirigentes campesinos que apostaban a la construcción de la OCBT existía un principio de acuerdo en que la organización debía expresar y canalizar la resistencia a la política económica y a los poderes establecidos y constituirse en una herramienta de lucha política y transformación social. Si bien “resistencia”, “lucha” y “transformación” eran categorías enunciadas por estos actores para agenciar el objeto de sus acciones, los sentidos y prácticas a las cuales aludían resultaban diversas y eran motivo de tensiones.

Los religiosos impulsaban un proceso organizativo definido como “participativo” y “horizontal”, que privilegiaba la “unidad” de los campesinos para la expresión pública de sus demandas. Por medio de esa estructura organizativa procuraban garantizar el acceso colectivo a recursos de la institucionalidad pública de desarrollo.

Entre los técnicos existían quienes priorizaban como opción política el “trabajo socio-organizativo” y quienes otorgaban primacía al mejoramiento de la producción agropecuaria predial. En la perspectiva de algunos miembros del PSA, los técnicos de las ONGs, al privilegiar las reivindicaciones político-gremiales, descuidaban las cuestiones productivas y, en consecuencia, la propia subsistencia de los pobladores rurales. Quienes se sentían interpelados, argumentaban que esa perspectiva centrada en lo productivo carecía de un enfoque integral y que la insuficiencia de recursos no garantizaba la reproducción social del campesinado en el largo plazo. Así, podemos observar diferentes formas de comprender la política según las dimensiones o campos de disputa en que se piensan las acciones. Si bien los agentes mencionados, tanto técnicos como dirigentes, aspiraban a configurar procesos de transformación social, estas aspiraciones se proyectaban en planos múltiples que, aunque no excluyentes, implican definiciones y prioridades que podían vivenciarlas como contradictorias: la re-organización de las prácticas económicas, la disputa en el campo gremial, la movilización, la vinculación a estructuras partidarias, el fortalecimiento de las organizaciones “de base” etc.

Algunos dirigentes campesinos comenzaron a cuestionar el formato “grupo de beneficiaros” a través del cual los agentes de desarrollo canalizaban sus acciones en las colonias. Entendían que esa lógica organizativa era funcional a la ejecución de proyectos, pero no a la transformación de su realidad social. No solo era ineficaz para abordar integralmente sus problemáticas, sino que al articular en grupos “aislados” a los pobladores, contribuían a “dividir” las organizaciones. Aspiraban a implementar proyectos que abordaran integralmente tanto a las problemáticas rurales como al conjunto de sus miembros. Pretendían constituir una organización político-gremial que representara los intereses de los pobladores rurales y articulara con otras organizaciones sindicales y sectoriales, provinciales y nacionales. Por último, manifestaban cierto resquemor por el papel de los asesores externos en la organización campesina, fundamentalmente en la toma de decisiones y en la representación (Berger, 2014).

Otros dirigentes, y fundamentalmente las “bases” de la OCBT, se mostraban más indulgentes con el accionar de los agentes de desarrollo, entendiendo que podían integrar los recursos y servicios que ofrecían a sus objetivos institucionales y/o individuales.

Con frecuencia, las diferentes concepciones sobre los perfiles organizativos se expresaban a través de cuestionamientos y descalificaciones de las prácticas de quienes eran percibidos como adversarios. En la perspectiva de los religiosos y algunos técnicos, los dirigentes campesinos tenían tendencia a producir prácticas “personalistas” y “autoritarias” que contribuían a construir organizaciones

“clientelares” y “dependientes” de sus liderazgos. Por su parte, los dirigentes rechazaban tales acusaciones y replicaban evidenciando las contradicciones a las que estaban sujetos los técnicos como efecto de su vinculación (y/o lealtad) a dos marcos institucionales. Sostenían que eso se expresaba en posicionamientos ambiguos y en la (re)producción de vínculos “clientelares” con los campesinos dado el marco de sus relaciones laborales (Berger, 2012).10

En el MAF las disputas por los perfiles organizativos adquirieron derivaciones específicas dado su perfil sectorial y provincial. Emergieron tensiones en torno al sentido de la organización, polarizándose las posiciones en dos sectores. La facción que integraron los dirigentes de la OCBT sostenía un perfil gremial, autónomo del Estado y de los partidos políticos, orientado a construir un movimiento social multisectorial con proyección nacional, junto a otras organizaciones gremiales urbanas y rurales. El otro sector planteaba que la organización debía constituirse en un “grupo de presión” de los campesinos, articulado a la institucionalidad estatal y al partido político gobernante, el Partido Justicialista. Los vínculos con los dirigentes provinciales de esa estructura política eran determinantes en la configuración de esta controversia, pues quienes defendían la segunda posición eran referentes locales del justicialismo, mientras los otros asumían posiciones políticas heterogéneas, pero opositoras al oficialismo provincial (Berger, 2009a).

De lo expuesto, se observa que el principio de entendimiento de los diferentes actores sobre la necesidad de “promover organizaciones” al ser puesto en práctica se desdoblaba en planteamientos antagónicos (formatos grupales vs organizaciones más amplias, productivo vs gremial, rural/sectorial vs multisectorial, oficialista vs. opositor y proyección local, provincial o nacional), que configuraban perfiles organizacionales heterogéneos.

3.2.3 Reconfiguración y polarización de formatos organizativos

A partir de mediados de la década de 1990, las disputas sobre los perfiles organizativos se expresaron al interior de las organizaciones campesinas y de las agencias públicas que ejecutaban programas sociales, redefiniendo sus configuraciones, prácticas políticas y trayectorias. El hecho de que las referidas disputas se desplegaran en estructuras estatales y no estatales se explica por la circulación y/o participación simultánea de personas en diferentes ámbitos organizativos.

El MAF fue una arena privilegiada en la que se expresó la disputa por los modelos organizativos. La brecha entre las visiones de los dirigentes campesinos con relación al vínculo con los líderes del partido gobernante se vio intensificada con el lanzamiento, en 1996, del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA). El PAIPPA fue la primera iniciativa de desarrollo rural desplegada por el Gobierno provincial. Se ejecutó a través de referentes locales o “idóneos”, que relevaban las necesidades y demandas de los pobladores rurales y las comunicaban a los directivos del Programa para que las canalizacen a las dependencias provinciales correspondientes. Se implementó una modalidad de intervención a través de redes interpersonales, alternativa a los “grupos de beneficiarios”, y se recurrió a la estructura organizativa del MAF. Sus dirigentes e integrantes desempeñaron el papel de intermediarios entre la población rural y los directivos del PAIPPA. En torno al Programa se generó la categoría “paippero” para referir a los beneficiarios o autoreferenciarse como uno.

La iniciativa gubernamental respondió al creciente clima de conflicto social en las áreas rurales de la Provincia. El sector de dirigentes del MAF partidario de no involucrarse en estructuras políticas-partidarias, en el que se encontraban los dirigentes de la OCBT, cuestionó la imbricación de ambas estructuras organizativas y al propio PAIPPA, por considerar el tipo de vínculo que se había constituido como un acto de “cooptación”. Al año de iniciado el programa, representantes de dicho sector ganaron las elecciones en la que se definió la conducción del MAF. El triunfo, lejos de concitar la adhesión de ambas facciones, profundizó el antagonismo. Los dirigentes derrotados impugnaron y destituyeron al nuevo presidente mediante una asamblea “paralela” y, luego, “expulsaron” a los

10 Los técnicos del PSA tenían un vínculo laboral precario, a través de contratos temporales cuyos honorarios se definían por el número de grupos asistidos. El financiamiento internacional y nacional que recibían las ONGs también dependía del número y de la continuidad de los proyectos ejecutados. referentes que lo habían apoyado. Éstos denunciaron una “maniobra” de las autoridades del Gobierno provincial para “cooptar” al MAF y neutralizarlo políticamente “dividiendo” a las organizaciones del sector.

Ante la desvinculación del MAF, dos interrogantes se instalaron entre dirigentes campesinos y asesores de la OCBT: qué tipo de organización construir y cómo vincularse con los programas e instituciones de desarrollo, pues acceder a los recursos que distribuían se imponía como necesidad ante la crisis económica que atravesaban los pobladores rurales. Las posturas se polarizaron entre el modelo sectorial, acotado a lo rural y a lo local, patrocinado fundamentalmente por los religiosos, y el formato del movimiento multisectorial con proyección nacional, impulsado por la nueva generación de dirigentes campesinos. Al prevalecer la segunda posición, en febrero de 1999, junto a otras organizaciones rurales de la Provincia, se creó una nueva organización: el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR). El MOCAFOR fue concebido como una organización sectorial con proyección provincial y alternativa al MAF. Los religiosos, ante la falta de apoyo a su propuesta, se replegaron de la nueva estructura organizativa y continuaron con la ejecución de proyectos en las colonias a través de grupos de productores (Berger, 2009a, 2014).

Tanto las organizaciones sociales como las agencias estatales se configuraron en arenas en las que técnicos, integrantes de ONGs y dirigentes campesinos disputaron modalidades de intervención y formatos organizativos a patrocinar. El PSA fue un caso emblemático.

En sus inicios, la ejecución del PSA la realizaban técnicos contratados por el Programa o equipos técnicos de ONGs y de organizaciones de productores a través de los que se “tercerizaba” o delegaba dicha ejecución. En su papel de ejecutores territoriales del PSA, los dirigentes del MOCAFOR vivenciaron la contradicción que suponía la promoción del formato “grupo de beneficiarios” auspiciado por el Programa, cuando lo que pretendían construir era una organización territorial. También se enfrentaban al dilema de distribuir los escasos fondos que ofrecía el Programa entre sus “bases”, debiendo seleccionar cuáles familias beneficiar. Ante la disconformidad con la operatoria del PSA, dirigentes del MOCAFOR junto a algunos técnicos del Programa y de ONGs formularon y elevaron a la coordinación provincial del PSA proyectos con una estrategia de intervención que garantizaba mayor cobertura de población. Los proyectos fueron avalados técnicamente por la coordinación del Programa, pero finalmente no recibieron financiamiento, lo que deterioró aún más las relaciones entre las partes.

Ante el recrudecimiento de críticas y enfrentamientos entre los dirigentes campesinos y el coordinador provincial, éste decidió centralizar la ejecución de los proyectos en su equipo técnico, argumentando que las organizaciones de base reproducían prácticas “clientelares” y que las ONGs priorizaban la organización gremial en desmedro del fortalecimiento productivo predial, como primera instancia de transformación social. La nueva estrategia de intervención se limitó a asistir grupos de productores. Adicionalmente, se impulsó la promoción de nuevas asociaciones locales de productores con fines productivos y comerciales, sorteando la red vincular del MOCAFOR (Berger, 2012).

La trama organizativa analizada posibilita observar cómo en torno a la idea de “promover la organización” emergió una disputa sobre los perfiles y prácticas organizativas, que permeó estructuras estatales y no estatales. Las definiciones en juego rara vez se proyectaban homogéneamente hacia las “bases” de las organizaciones y/o “beneficiarios” de los programas. Éstos, lejos de limitar su filiación a una estructura organizativa, conforme los exhortos de los referentes, participaban con frecuencia de diferentes redes de distribución de recursos, evidenciando cierta autonomía en la (re)producción de sus vínculos.

4. Discusión

El caso jujeño y el formoseño presentan regularidades y particularidades interesantes de ser verificadas en otras experiencias de intervención con vistas a objetivar rasgos distintivos de los procesos organizativos en el desarrollo rural.

En un contexto de precarización de las condiciones de vida campesinas irrumpieron agentes de desarrollo vinculados a instituciones públicas y privadas para ejecutar proyectos y revertir la situación. La “promoción de la organización" fue un componente común en sus estrategias de intervención. En mtorno a la idea de “organizar” se desdoblaron prácticas, sentidos y formatos organizativos que intervinieron en la reconfiguración de las tramas territoriales existentes.

El “grupo de beneficiarios” o “de productores” fue el formato a través del cual iniciaron sus intervenciones en las aldeas (“comunidades” o “colonias”). Estos modos de articulación, lejos de producirse sobre terrenos ‘desérticos’ en términos organizativos, se proyectaron sobre redes sociales preexistentes. Con la figura de proyecto, más que “organizar a los pobladores rurales”, los agentes de desarrollo formalizaron y fortalecieron segmentos de las tramas organizativas que con anterioridad articulaban a los campesinos en su cotidianeidad. El hecho de que este formato se desplegara sobre redes vinculares y de cooperación vigentes explica que no haya sido vivenciado como una lógica foránea por los pobladores rurales y, por lo tanto, resistida. Los conflictos que pudieron emerger en el marco de los proyectos no se diferenciaron de las disputas habituales entre vecinos y parientes. Otro factor que predispuso y subordinó a los campesinos a adherir a este formato organizativo fue la urgencia por acceder a financiamiento para sobrevivir.

En las instancias organizativas de segundo grado, es decir de escala mayor a la aldea, es donde se verificó la producción de nuevas estructuras y de disputas por los perfiles organizativos.

Algunos referentes, entre los que destacan miembros de PD en el caso jujeño y del PSA y religiosos en el formoseño, centraron su accionar en proyectos asociativos con fines económicos, impulsando organizaciones formalizadas de productores (cooperativas, asociaciones, etc.) o redes de grupos de beneficiarios asesoradas y/o coordinadas por las instituciones de desarrollo. Otros, entre los que destacan miembros de MINK’A, del MAF, de la OCBT-MOCAFOR, de INCUPO y algunos técnicos del PSA, apostaron a construir una organización político-gremial de proyección provincial que se constituyera en portavoz de los sujetos rurales subalternos. Las identidades promocionadas para movilizar la adhesión de los pobladores rurales difirieron en cada caso. En el primero, se tendió a accionar identidades asociadas a las instituciones y/o programas de apoyo (“grupos kolping”, “paipperos”, etc.) o simplemente “pequeños productores”. En el segundo caso, se movilizaron y/o combinaron identidades que referencian sectores sociales históricamente marginados: “campesinos” e “indígenas”. La relación entre cada perfil asociativo y las identidades asociadas evidencia las funcionalidades que los sujetos, consciente o inconscientemente, agencian a las estructuras organizativas: desde constituirse en plataformas para implementar proyectos de instituciones de apoyo a construir un sujeto político para la representación sectorial y/o la transformación social.

En la construcción y trayectorias de las organizaciones gremiales es donde mejor se expresan las especificidades de cada caso. En la trama formoseña, el antecedente de la ULiCaF operó como una referencia para los dirigentes campesinos que los predispuso a recuperar la visibilidad y protagonismo político que tuvieron como sector social en el pasado. Ese registro histórico parece haber favorecido que la propuesta sea tangible para las “bases” y que la identidad “campesina” fuera (re)apropiable, aunque el recuerdo de la represión de la dictadura cívico-militar tuvo efecto disuasorio en algunos casos.

En el caso jujeño destaca la inexistencia de un antecedente organizativo de proyección regional y la falta de identificación de los pobladores rurales con lo “campesino”, una de las referencias identitarias propuestas por los agentes de desarrollo. No obstante ello, el proceso organizativo que impulsaron se desplegó a escalas inéditas en la provincia, aunque más como práctica económica que como política. Conforme se actualizó y agravó el reclamo de los títulos de las tierras por miembros de las comunidades indígenas, fue creciente la adhesión de los pobladores rurales a las estructuras organizativas, a las identidades indígena y étnicas y a las instancias de lucha y protestas convocadas por los nuevos dirigentes indígenas. La movilización política sobre un reclamo e identidades históricas parece haber sido más tangible y efectiva en la convocatoria. A través de las prácticas organizativas y símbolos que consideran propios o acordes a su “modo de vida”, los pobladores rurales del territorio recobraron visibilidad y protagonismo redefiniendo el escenario político provincial.

En ambos casos emergieron tensiones en torno a la modalidad de vinculación con las estructuras político-partidarias, estando estrechamente asociadas las posturas de los referentes no solo a sus estrategias de reproducción social, sino también a sus filiaciones políticas y redes vinculares. Esto deriva del hecho de que las estructuras organizativas y las redes sociales, lejos de operar como entidades separadas, se imbrican y permean fortaleciendo los lazos o produciendo clivajes según las circunstancias y lealtades que se pongan en juego. La fisión entre el MAF y el MOCAFOR, la deserción de dirigentes del Movimiento Territorial para candidatearse a través de partidos políticos o las diferentes estrategias seguidas por los dirigentes indígenas jujeños son expresiones de ese fenómeno. Paradójicamente, luego de décadas de reclamos para ser reconocidos como sujetos de derechos de las políticas públicas de promoción social, los sujetos rurales subalternos vivencian el dilema de acceder a los recursos que emanan de las agencias estatales (cargos, financiamiento, etc.) y la subordinación de sus dirigentes y estructuras organizativas a las lógicas estatales. Esta disyuntiva adquiere renovado sentido ante el imperativo de “organizar” que se instituye en el campo del desarrollo rural. Probablemente la naturalización de ese axioma en parte del ámbito académico explique la poca atención prestada a dicho fenómeno.

La irrupción de agentes de desarrollo supuso nuevos mediadores sociales en la escena local que pasaron a vincular a los pobladores rurales con la institucionalidad de desarrollo provincial, nacional e internacional, distribuyendo recursos económicos y nuevas visiones de mundo. Ya sea por el caudal de recursos movilizados o por las representaciones sociales y prácticas que difundieron, su accionar erosionó la centralidad y el poder en esa función que hasta el momento detentaban las autoridades políticas locales y provinciales. Eso supuso un vínculo agonístico entre las partes, que en varias ocasiones fue proyectado sobre las organizaciones campesinas, y una gradual redefinición de las retóricas y prácticas electorales, conforme las organizaciones campesinas y las acciones de desarrollo rural se difundían y ganaban legitimidad entre la población. Sin embargo, los cambios observados distan de los anhelados por los agentes de desarrollo.

En los casos donde se promocionaron organizaciones político-gremiales, la capacitación y formación política de campesinos impulsó una nueva generación de dirigentes que gradualmente asumieron funciones de mediadores sociales y en la conducción de las organizaciones, hasta el momento dirigidas por los asesores externos. Tanto en el caso del Movimiento Territorial como en la OCBT-MOCAFOR se verifica la emergencia de una disputa en la que los dirigentes campesinos evidencian la posición ambigua de los técnicos en una organización de base y los exhortan a replegarse de la toma de decisiones. En el caso jujeño, la condición occidental, es decir no indígena, de los técnicos redobló su posición de externalidad y tensionó su legitimación para interpretar e intervenir en procesos de transformación locales. La iniciativa de los dirigentes indígenas de promover centros universitarios de formación de técnicos originarios resulta novedosa y emblemática de cómo se puede constituir el desarrollo en una arena de disputas, cuando los protagonistas vivencian y cuestionan la arbitrariedad, en este caso revestida de alteridad, inherente a cualquier proyecto de transformación social.

Los argumentos ideológicos y/o programáticos con los que asesores externos y dirigentes campesinos justificaban sus posturas ante las disputas por las identidades, los formatos y perfiles organizativos, no siempre se correspondían con las prácticas de las “bases”. La urgencia por acceder a “ayuda” económica, los compromisos derivados de las posiciones ocupadas en sus redes de pertenencia, entre otros aspectos, los predisponían a participar de una, dos o múltiples estructuras organizativas sin necesariamente vivir como contradicción lo que en los discursos de técnicos y dirigentes se planteaba como modelos irreconciliables.

Las prácticas organizativas que proponen los agentes de desarrollo rara vez son asumidas por sus destinatarios sin mediar una resignificación. El resultado es una hibridación entre las lógicas organizativas preexistentes y las patrocinadas por los técnicos, lo que explica los desdoblamientos y trayectorias imprevistas de los procesos organizativos. Pero no sólo las tramas organizativas campesinas son alcanzadas por las prácticas de los agentes de desarrollo, éstos y sus instituciones también son afectadas y redefinidas por las prácticas de los campesinos.

Los casos analizados verifican la tesis de que no existen poblaciones desorganizadas, sino con otras lógicas y representaciones sobre lo organizativo. Así, la cuestión se redefine y actualiza sobre el proceder en términos de aceptación y/o resistencia de los sujetos rurales subalternos ante los (nuevos) formatos organizativos impulsados por agentes de desarrollo. La adhesión de los campesinos a estructuras organizativas fundadas en alineamientos de clase o profesionales fue tema de análisis y debate ante la modernización de las denominadas “sociedades tercermundistas” y la proliferación de movimientos revolucionarios durante las décadas de 1960 y 1970.11 Nuestras evidencias ratifican, por un lado, la observación de Teodor Shanin (1990) sobre la necesidad de interpretar a los campesinos y a sus lógicas de acción en el contexto histórico y social en que se inscriben, en vez de asumirlo como una categoría universal a la que se le pueden atribuir comportamientos específicos. Por otro lado, conforme Hamza Alavi (1973), constatamos la relevancia de las redes vinculares fundadas en lealtades primarias (parentesco e identidades étnicas) y la frecuencia con la que se anteponen, imbrican y resignifican modalidades organizativas fundadas en otros principios de filiación (ideológicos y/o de clase). Revisitar este debate adquiere renovada vigencia para comprender las frecuentes distancias encontradas entre los formatos asociativos impulsados en los proyectos de desarrollo rural y los resultados alcanzados. Interpela sobre la factibilidad de que los campesinos adhieran espontáneamente, sin mediar resignificaciones, a formatos organizativos foráneos, es decir los impulsados por los agentes de desarrollo, nos convoca a repensar de quién es la necesidad de esas nuevas formas de organización.

5. Conclusiones

Si la “promoción de la organización”, ampliamente difundida como precondición para el desarrollo rural, opera sobre poblaciones organizadas, surge el interrogante del sentido que adquiere ese tipo de práctica y lo que conlleva su estudio. La idea del ‘estado de desorganización’ cuando es asociada a la condición de pobreza opera como una representación a ser impuesta para legitimar la intervención en poblaciones subalternas. Bajo este prisma, pierde su ‘disfraz’ de propuesta técnica, para redefinirse en una posición ideológica sobre la (re)construcción de la realidad social a través de la imposición de nuevas modalidades organizativas. Son prácticas de vinculación, organización y políticas las que están en disputa en la construcción del (nuevo) orden social.

Desde esa perspectiva, las experiencias de intervención pueden ser interpretadas como dispositivos de gubernamentalización, es decir, instituciones y prácticas dirigidas a identificar y ordenar a la población para viabilizar su gobierno (Foucault, 2006). La constitución del desarrollo rural como un nuevo sector de políticas públicas produjo a los “pobres rurales” como objeto de prácticas de intervención para su promoción social. A través de éstas se los clasifica y cuantifica, se los ordena en estructuras específicas, se les impone la traducción y codificación de sus problemáticas y alternativas de solución en un lenguaje y lógicas ajenas a su cotidianeidad y se les ofrece recursos (económicos y cognitivos) a condición de que adhieran a lo que se considera que son “buenas prácticas” (productivas, organizativas, políticas, etc.) para su bienestar. Gubernamentalización pone en valor la dimensión del poder ejercido sobre una población, pero el poder sólo es ejercido donde existe resistencia. Así, la disputa o adhesión a los nuevos formatos organizativos resultará de los sentidos que los pobladores rurales agencien a los mismos, producto de sus visiones y experiencias, y del campo de poder y negociación que configura todo proyecto de intervención, en el que los beneficiarios tienden a ocupar posiciones subalternas.

Con la categoría “sujetos” en el título de este artículo, pretendemos aprehender este carácter dual de la posición de los campesinos ante los formatos organizativos propuestos. Pues, si por un lado se encuentran en una posición de sujeción ante las prácticas y formatos organizativos impuestos para constituirse en sujetos de derecho del desarrollo rural, por otro, en cuanto sujetos, despliegan su agencia en la reinterpretación y transformación de las prácticas de intervención.

Captar la dinámica y complejidad de los procesos resultantes de ese encuentro de representaciones y prácticas organizativas y políticas supuso la opción por el enfoque etnográfico y determinadas herramientas analíticas, pues con otros recursos permanecerían ocultas. Para finalizar, interesa reflexionar sobre opciones analíticas para evitar la reificación de las organizaciones y comprender las motivaciones de los sujetos según sus vivencias.

Definir a la trama organizativa o entramado de redes sociales, en vez de “la organización”, como unidad de análisis fue una opción metodológica para evitar reificar el proceso organizativo. Adicionalmente, posibilitó abordar la producción o formalización de estructuras organizativas en interacción con lógicas de vinculación preexistentes. En vez de pensar organizaciones aisladas, lo que rara vez se verifica en la realidad, permitió reconocer y abordar la imbricación de redes de vinculación, formales e informales, por medio de las cuales se vinculan y movilizan los pobladores rurales ante las convocatorias de los agentes de desarrollo. Las redes sociales son el basamento sobre el que emergen las nuevas estructuras organizativas y, a su vez, rebalsan a éstas, constituyendo flujos de circulación de sujetos, prácticas y representaciones sociales. Esta noción es un recurso útil para evitar fijar individuos y prácticas a estructuras organizativas y aprehenderlos en su fluir, así como no reducir los procesos organizativos al ciclo de vida de una organización, sino aprehenderlos en su reconfiguración en el tiempo.

Quienes experimentan la ‘génesis organizativa’, suelen ser los agentes externos (técnicos y/o académicos). Ese encantamiento se ve favorecido por una construcción cognitiva y retórica. Por un lado, al confundir “organización” con ‘formalización’ o ‘reconfiguración’ de lo que preexiste como redes de vinculación informales. Por otro lado, al pensar a la población rural a través de las categorías institucionales con las que se define la población objetivo de los programas - “productores”, “beneficiarios”, etc.- se homogeniza como unidades equivalentes y separadas a los individuos. Sin embargo, éstos se siguen reconociendo, agregando y diferenciando a través de los principios de filiación que los unen y segregan (“parientes”, “compadres”, “vecinos”, etc.). De ahí que no sea casual que ante las convocatorias de los agentes de desarrollo se movilicen facciones o grupos de pertenencia, rara vez asisten todos los miembros de una comunidad, colonia o paraje.

Asumir a las organizaciones como construcciones ideacionales fue otro camino metodológico para evitar su cosificación. Superar la idea de organización cristalizada, con límites y miembros definidos, supuso relativizar la ‘imagen oficial’ para resituarla en la arena de disputas por perfiles y prácticas en la que es producida y reconfigurada. El sujeto gramatical (“nosotros” o “ellos”) con el que los entrevistados se referían a las organizaciones resultó un recurso analítico elocuente para aprehender las diferentes representaciones de éstas y la autopercepción de inclusión/exclusión de la estructura organizativa, prevaleciendo el primero entre los miembros más próximos a “la conducción” y adquiriendo prominencia el segundo entre “las bases”.

Comprender las motivaciones de la acción social sigue siendo un desafío para las ciencias sociales. Al estar inscriptas en el campo (político-ideológico) del desarrollo, las prácticas asociadas a los procesos organizativos tienden a ser regladas, restringiéndose su lenguaje y móviles a lo político y a lo económico y, preferiblemente, referenciados en el interés colectivo. Los móviles recreativos, afectivos o que emergen de compromisos de relaciones primordiales suelen ser censurados como ilegítimos y, en consecuencia, silenciados, siendo difícil relevarlos a través de la enunciación. Pero no por ello dejan de intervenir complejizando la trama organizativa y nutriendo los principios de (des)entendimientos sobre los que se dinamiza toda organización. Por ello, es preciso que el analista no se limite a los discursos decibles, sino que integre analíticamente lo que los sujetos dicen que hacen con lo que efectivamente hacen.

Pensar a los vínculos sociales como fenómenos sociales totales (Mauss, 1973) supone asumir que los lazos raramente son reductibles a un solo móvil o significado, pues en sus vínculos las personas pueden experimentar una multiplicidad de fines, principios de reconocimiento y funciones. Este abordaje, puesto en relación con la noción de relaciones múltiples, fue revelador de la heterogeneidad de vínculos, roles sociales, motivaciones y principios de reconocimiento y diferenciación que se ponen en juego en los espacios organizativos. Entre otras cuestiones posibilitó observar cómo los lazos primarios, lejos de disolverse ante las categorías identitarias movilizadas en las organizaciones sociales más amplias, coexisten con éstas junto a las lealtades y compromisos afectivos y morales que conllevan. Continúan rigiendo los comportamientos de las personas, pudiendo anteponerse al nuevo marco normativo de comportamiento cuando emergen conflictos internos. Un abordaje con estas características restituye de sentido a las prácticas sociales y previene de conclusiones normativas y precipitadas que ahogan la explicación en valoraciones actitudinales de cuño moral: “individualistas”, “egoístas”, “asistencialistas”, “clientelistas”, “cooptados”, así como otras variaciones en boga en la retórica del desarrollo.

Bibliografía

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