SUMARIO

1. Introducción. 2. Nociones teóricas fundamentales: regulaciones a partir de las formas de trabajo. 3. Dinámicas de la cadena oleaginosa de la soja en Argentina. 3.1. Consolidación y expansión del complejo. 3.2 Empleo. 3.3 Salarios. 4. Instituciones laborales. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía.

1. Introducción

La cadena de la soja es uno de los complejos productivos más relevantes de la economía argentina. Desde fines de la década de 1970 hasta la actualidad, esta asiste a un continuo incremento en los volúmenes de producción y de exportación, al punto que se constituye como una de las principales actividades en la generación de divisas en el país. Específicamente en 2014, con un total de 19.953 millones de dólares, el complejo representa el 27,70 % del total de las exportaciones argentinas, ubicándose en primer lugar, por encima del complejo automotriz y petroquímico (INDEC, 2015).

Ahora bien, a partir de la crisis económico-institucional de 2001, se observan una serie de transformaciones2 en la economía argentina que permitirían asumir la configuración de un nuevo régimen de acumulación (Boyer y Neffa, 2007; Fernández Bugna y Porta, 2008; Lavarello et al., 2008; CENDA, 2010; Basualdo, 2011). La particularidad de este régimen se asocia a un conjunto de instituciones que definen un modo de regulación específico. Una de estas regulaciones se vincula a un tipo de cambio competitivo y diferencial según sectores -como por ejemplo los derechos de exportación que se aplican frente al incremento de los precios y la expansión de los mercados de las commodities-. Esto, implica un punto de inflexión respecto del régimen anterior -Convertibilidad- en tanto viabiliza un crecimiento significativo del sector productor de bienes. Por otro lado, el nuevo régimen supone cambios sustanciales en un conjunto de regulaciones que propician una reinstitucionalización parcial de los estándares laborales. En este sentido, a diferencia del régimen previo -Convertibilidad-, en el período de posconvertibilidad se observan significativas tasas de crecimiento y niveles de inversión crecientes, en el marco de una gradual mejora de las condiciones laborales y la consiguiente recuperación de la participación de los asalariados en el ingreso.

En este contexto, aparece el interrogante respecto de si los cambios o continuidades que se observan en el desempeño de la cadena de la soja, durante el período de pos-convertibilidad, se corresponden con cambios y continuidades en las regulaciones del propio régimen de acumulación. En particular, la correspondencia entre las formas institucionales del trabajo de la cadena de la soja y el régimen de empleo de pos-convertibilidad.

Al respecto, se han encontrado importantes aportes vinculados al análisis del mercado de trabajo en el sector agropecuario en general (Benencia y Quaranta, 2006; Villulla, 2010; CENDA, 2008; CIFRA, 2011; Neiman, 2012) y de la producción primaria de la soja, en particular (Trigo et al, 2006; Rodríguez, 2008; Mario y Vidosa, 2012). Aún así, desde la década de 1980, y en Argentina fundamentalmente a partir del

2 Algunas de las más significativas transformaciones se vinculan con cuestiones tales como: la reversión del déficit estructural de la cuenta corriente, aumento de la participación de las exportaciones de origen industrial en las ventas externas totales, sensible mejora en los términos de intercambio, reducción del endeudamiento externo del sector público, reversión del déficit fiscal, expansión del gasto público, entre otras (CENDA, 2010; Basualdo, 2011). Asimismo, Fernández Bugna y Porta (2008 y 2011) sostienen que la evolución histórica del aparato productivo argentino se ha visto marcada, con mayor o menor intensidad, por tres problemas estructurales de la economía argentina: la dinámica de restricción externa, la propensión a la volatilidad y una cierta tendencia a la desindustrialización relativa. Según los autores, en la fase más reciente, estos tres rasgos habrían sido relativamente desplazados o revertidos. decenio de 1990, la actividad primaria de la soja se inserta en una cadena oleaginosa que se estructura a escala global. En tal sentido, un abordaje centrado solo en la actividad primaria de la soja sería insuficiente para explicar la diversidad en la que se expresa el fenómeno. En este sentido, resultan relevantes los aportes en torno al empleo para los diferentes eslabones de la cadena de la soja (Bisang y Sztulwark, 2007 y de IERAL, 2011). Sin embargo, las investigaciones relevadas parecieran desestimar el vínculo entre los diferentes eslabones de la cadena y las formas institucionales del trabajo de un régimen de acumulación específico.

En función de lo hasta aquí expuesto, esta investigación analiza las formas de trabajo de la cadena de la soja, en el marco de un régimen de acumulación específico. Es decir, el periodo comprendido entre la crisis del régimen de Convertibilidad (2001) y 2015 -pasando por el punto de inflexión que implica la crisis internacional del 2008-. Para ello, se focaliza en la correspondencia entre los diferentes eslabones de la cadena y la economía nacional, en función de los principales indicadores del mercado de trabajo -empleo, tipo de empleo y salario-. Asimismo, la correspondencia entre las dinámicas de los diferentes eslabones de la cadena y la escala nacional, se vincula a las particularidades que se observan en las instituciones laborales que las enmarcan. En suma, se analiza la relación entre las condiciones de trabajo de los principales eslabones de la cadena, el régimen laboral en el que se enmarcan y el rol de los sindicatos en las negociaciones colectivas, respecto de tales condiciones.

2. Nociones teóricas fundamentales: regulaciones a partir de las formas de trabajo

Tal como se expone en la introducción, el desempeño de las actividades económicas vinculadas a la soja, se enmarcan aquí en el período económico-político específico que Argentina transita entre la crisis del periodo de Convertibilidad y 2015. En principio, podríamos argumentar que en este lapso se conjugan una serie de hechos económico-institucionales, los cuales se vinculan con una lógica específica de acumulación del capital. En este sentido, resulta teóricamente útil una aproximación que permita dar cuenta del modo en que este contexto configura condiciones específicas para la dinámica económica del complejo de la soja, y en particular para sus indicadores laborales.

Al respecto, resultan propicias las herramientas teóricas de la escuela de la regulación para periodizar los procesos económicos en regímenes de acumulación. En palabras de Boyer (2007: 63)., “conjunto de regularidades (de la organización de la producción, de su horizonte temporal de valorización, de la distribución del valor, de la demanda social y de la articulación de los capitales) que aseguran una progresión general y relativamente coherente de la acumulación de capital, esto es, que permita postergar o reabsorber las distorsiones y desequilibrios que genera este proceso en sí mismo”. En esta línea, Aglietta (1999:5) entiende que la acumulación capitalista no pareciera un proceso que se auto-regula, sino que necesita de un marco institucional que garantice su reproducción estable a lo largo del tiempo. Los mecanismos de mercado son complementados, o incluso reemplazados, por regulaciones colectivas que operan como mecanismos de mediación, dando coherencia macroeconómica a las decisiones de producción y consumo tomadas des-centralizadamente. Estas regulaciones intermedias, se materializan en formas institucionales esenciales, tales como la moneda, las formas de trabajo, las formas de competencias, el régimen internacional y las formas Estado. La función de las mismas, es entonces definir el origen de las regularidades sociales y económicas de cada régimen.

De acuerdo a los objetivos de esta investigación, nos centraremos en las Formas de Trabajo de un régimen específico. El fundamento de esta institución en la teoría regulacionista se vincula a la distinción que realiza Marx entre trabajo y fuerza de trabajo. Esta distinción, cristaliza una relación de subordinación de la cual emerge un conflicto entre capitalistas y asalariados, en el centro de la producción: asalariados y empresarios tienen intereses contradictorios respecto del monto de la remuneración, de la intensidad y calidad del trabajo; los primeros quieren minimizar su esfuerzo por un salario dado y obtener un mayor ingreso; los segundos intentan maximizar el esfuerzo de los asalariados y sus resultados (ganancias) Neffa et al (2010:37). En torno a ello, la Teoría de la Regulación argumenta que la superación, al menos transitoria, de este conflicto exige una variedad de dispositivos jurídicos, organizacionales e institucionales (Boyer, 2016:41-43). Tal como expresan Neffa et al (2010:37) para regular o desplazar en el tiempo este conflicto se instauran instituciones y normas sobre: condiciones de selección y contratación, duración de la jornada, salario mínimo y beneficios, protección social, dispositivos de control, estímulos salariales para aumentar la productividad y mejorar la calidad, reglamentación del derecho de huelga y las modalidades de resolución de los conflictos, participación de los asalariados en la marcha de la empresa, precisando los derechos de los asalariados y las prerrogativas de los empresarios. En efecto, este conjunto de mediaciones configura la relación capital/trabajo, compuesta por las relaciones entre la organización del trabajo, el modo de vida, y las modalidades de reproducción de los asalariados, en el marco de un régimen de acumulación especifico.

3. Dinámicas de la cadena oleaginosa de la soja en Argentina

3.1 Consolidación y expansión del complejo

Hacia mediados de la década de 1970, el impasse en el crecimiento en la producción total del sector agropecuario -característico del régimen sustitutivo3- comienza a revertirse. Los volúmenes de producción se expanden con una influencia definitoria de la soja. La producción de este cultivo se incrementa en unas 40.000 toneladas durante el largo periodo de Valorización Financiera4 (1976-2001) y más de 40.000 toneladas durante el periodo de Pos-convertibilidad (2001-2015), de modo tal que el total de la producción de soja supera las 60 mil toneladas, en 2015.

3 A lo largo del período sustitutivo -extendido entre los decenios de 1930 y 1970-, las producciones agropecuarias entraron -por diversas razones- en un impasse, mientras que la industria sustitutiva de importaciones representaba el principal aliciente para el crecimiento de la economía. Por su parte, el agro prácticamente se mantenía al margen del dinamismo productivo interno -sobre todo en relación a la ganadería y la lechería- y de la incorporación de los cambios operados internacionalmente en el marco de la denominada “revolución verde” (Mallon y Sourroville, 1973; CEPAL, 1959). Esta conducta posee diversas explicaciones; algunos autores señalan que fue una respuesta a la reducción en los niveles de rentabilidad asociado con las retenciones y/u otras formas de distorsiones sobre los precios de mercado (Díaz, 1975), mientras que otros sostienen que responde a la estructura productiva -donde la concentración de la tierra induce comportamientos conservadores respecto a las señales de precio- (Giberti, 1964; Braun, 1974; Flichmann, 1977).

4 Arceo y Basualdo (2002) definen la valorización financiera como la colocación de excedente por parte de las grandes firmas en diversos activos financieros (títulos, bonos, depósitos, etc.) en el mercado interno e internacional. Este proceso, que irrumpe y es predominante en la economía argentina desde fines de la década de los años setenta, se expande debido a que las tasas de interés, o la vinculación entre ellas, supera la rentabilidad de las diversas actividades económicas, y a que el acelerado crecimiento del endeudamiento externo posibilita la remisión de capital local al exterior al operar como una masa de excedente valorizable y/o al liberar las utilidades para esos fines.

Según se observa en la Tabla N° 1, las primeras cosechas de soja se destinaron casi exclusivamente a la exportación de granos. Desde la década de 1980 en adelante, la expansión de la producción de granos se combina a su vez con crecimientos constantes en la molienda y en las exportaciones de harina y aceite de soja. Desde entonces, las variables productivas del complejo -área sembrada, producción, molienda y exportaciones de los diferentes productos- se incrementan de manera sostenida hasta el reciente período de pos-convertibilidad.

En este sentido, la cadena de la soja se posiciona como uno de los principales complejos exportadores de la economía argentina. Dicho proceso se da a partir de un conjunto de móviles, entre los cuales se destacan: i) la irrupción en el mercado internacional de los denominados países emergentes -fundamentalmente China-, los cuales, al ritmo de una mejora en los niveles de alimentación de la población, se posicionan como grandes demandantes de alimentos; ii) un alza sustantiva de los precios internacionales en los productos agrarios, lo cual acompañado por proceso de apreciación del tipo de cambio posibilitan un sostenimiento del nivel de rentabilidad en la cadena; iii) la integración de las diferentes actividades en cadenas globales de valor, puntualmente a partir del proceso de privatización de la década de 1990, con el cual se integran los eslabones de logística a los grandes traders y multinacionales de la molienda; iv) una rápida reconversión productiva a partir de la implementación de un nuevo paquete tecnológico5 y cambios organizacionales6 en la producción primaria combinado con una importante crisis en las producciones pecuarias y agrícolas tradicionales -lechería, algodón, ganadería bovina-; v) y por último, la expansión de la producción de biodiesel como estrategia de diversificación de las principales Empresas Multinacionales (EMN) del complejo frente a la crisis económica y las políticas energéticas de los países centrales7.

En este contexto de una dinámica creciente en las principales variables productivas de la cadena de la soja, aparece el interrogante respecto de las implicancias de la misma en los principales indicadores laborales del complejo. En relación a ello, en los siguientes apartados se analizan las formas de trabajo en la cadena y su vínculo con el régimen de empleo de pos-convertibilidad.

3.2. Empleo

En cuanto a la producción primaria resulta frecuente un debate en torno de si la expansión del cultivo de soja, que se da a partir de la reconversión productiva del sector, deriva o no en un incremento del empleo. En este marco, Trigo et al (2002:137) sostienen que la implementación de la Soja RR implica un aumento de 184 mil puestos de trabajos, entre 1993 y 19998. Asimismo, los autores (Trigo et al, 2006:44) actualizan esta estimación para 2005, de modo que observan un incremento 200 mil empleos respecto de 19999.

Por el contrario, autores como Benencia y Quaranta (2006) y Neiman (²⁰¹²) observan una reducción de los puestos de trabajos de aproximadamente un 30%, producto de la implementación del nuevo paquete

5 El paquete tecnológico está compuesto por la semilla Round Up Ready (RR) que tiene incorporado el gen de resistencia al herbicida Round Up (glifosato) y la labranza cero con siembra directa, la cual consiste en sembrar la semilla directamente sobre los restos de la cosecha anterior sin labrar la tierra. tecnológico en la soja. Esta caída en el empleo, estaría vinculada en parte a la disminución de los tiempos operativos que implica la siembra directa, la cual exige a su vez mayores calificaciones de la mano de obra. Así, Neiman (2012) señala que el ciclo completo de las tareas que requieren cultivos tales como la soja, pero que también se puede ampliar al trigo y al maíz -desde la plantación hasta la recolección-, se reduce a prácticamente dos horas por hectárea o, expresado de otra manera, en una jornada de trabajo se podría completar todas las tareas que demandan a lo largo de un año 4 hectáreas de cualquiera de esos cultivos. A su vez, en esta misma línea, si se consideran los datos de los Censo Nacional Agropecuario -CNA- de 1988 y 200210, se observa una notable reducción en el empleo rural, en tanto el número de trabajadores pasa de 1.032.215 a 775.296, de los cuales los trabajadores no familiares del productor ocupan un lugar central. Por otro lado, estas transformaciones se dan en un contexto de creciente concentración de la tierra. En detalle, entre el CNA de 1988 y 2002, la superficie promedio a nivel nacional aumenta, pasando de 424 ha en 1988 a 524 ha en 2002. A su vez, se registran 332057 EAP, en 2002, lo cual significa unas 89164 explotaciones menos (un 20%), que en 1988.

Ahora bien, según señala Villula (2009:139) es importante contextualizar los datos aquí expuestos, en tanto existe una alta probabilidad de que los datos del CNA hayan sido realizados en una coyuntura objetiva de baja ocupación (en 2001 y 2002). En efecto, mediante la combinación heterodoxa de distintas herramientas estadísticas, el autor deduce que la ocupación agropecuaria tomada globalmente no ha sufrido una tendencia unilateral ni lineal a la disminución. Por el contrario, esta ha tenido distintos momentos, entre los cuales el último cuarto de la década del ‘90 y los años que van de 2003 en adelante mostrarían etapas de expansión. Mientras que entre 2000 y 2002 se registran períodos críticos de baja ocupación. En este punto, Villulla (2009:141) no excluye la posibilidad de que esas horas y esos días liberados para atender las nuevas áreas productivas hayan sido aún insuficientes para sostener la expansión, teniendo que recurrir no sólo a la renovación sino a la puesta en marcha de nuevos equipos de maquinaria, que debieron ser operados por nuevos contingentes de mano de obra.

No obstante, si se retoma el debate sobre el empleo y la implementación del paquete tecnológico de la soja, trabajos como el de Rodríguez (2008) o Mario y Vidosa (2012) agregan resultados sustanciales. Si bien estos miden el impacto de la difusión de la soja RR en el empleo, lo hacen teniendo en cuenta no solo los puestos de trabajo que disminuyen o aumentan en torno a este, sino que además contemplan lo que ocurre en aquellos empleos vinculados a los cultivos que son sustituidos11 por el avance de la soja. De este modo, se deduce que en zonas pampeanas -como por ejemplo el sur de Córdoba- dicho fenómeno incrementa el valor de producción por ha, aunque con una caída en la masa salarial. Por otro lado, la sustitución del algodón por la soja en zonas extra-pampeanas -como por ejemplo Chaco- deriva no solo en una caída de la masa salarial, sino además en una contracción del empleo (Rodríguez, 2008; Mario y Vidosa, 2012). En definitiva, se observa una disminución o no del empleo según las zonas que se analicen y un conjunto de trabajadores con características muy heterogéneas.

A su vez, la expansión del contratismo deriva en una mayor atomización de los trabajadores. Según Villulla (2010), estas situaciones crean un efecto de “invisibilidad” sobre este sujeto social, a pesar de su importancia en el proceso productivo de la agricultura extensiva contemporánea. En paralelo, tal como señala Neiman (2012), se profundiza un proceso de flexibilización de la producción agrícola, en tanto la mencionada reducción de los requerimientos laborales convierte cada vez más superflua la utilización de trabajadores permanentes por parte de las empresas agropecuarias. A su vez, los dueños de las tierras asumen cada vez menos riesgos, de modo que los empleados y contratistas cobran en proporción al rinde del productor. En palabras de Neiman (2012:2), los contratistas aparecen atendiendo las necesidades del capital, propias del proceso de intensificación de la agricultura pampeana y la flexibilización de su mano de obra.

Aún así, la dinámica del empleo que deriva del complejo de la soja, además del sector primario, involucra un conjunto heterogéneo de actividades económicas. Como punto de partida, resulta posible una aproximación de la tendencia que presenta cada uno de los sectores que participan en la cadena, a partir de un análisis muy agregado. De este modo, en la siguiente tabla (N° 2) se pueden observar los puestos de trabajos registrados según actividad.

Sin embargo, estos valores estarían sobreestimando el valor de la cadena, dado que estos incluyen puestos pertenecientes a otras cadenas o actividades. El grado de desagregación que exige un recorte por un tipo de cultivo, es decir la soja, dificulta una medición exacta del número y tipo de empleo que se genera en el total de la cadena.

Al respecto, se han encontrado trabajos como el de Bisang y Sztulwark (2007) y de IERAL (2011) que ensayan estimaciones posibles para el total de la cadena. Ambos trabajos suman al sector primario, aquellos empleos que se generan en la producción de semillas, fertilizantes y biocidas, maquinaria agrícola, servicios (contratistas), almacenamiento y acondicionamiento. Bisang y Sztulwark (2007) estiman12 para el periodo 2003/2004 una ocupación que oscila entre 214 y 304 mil puestos de trabajo. Posteriormente, IERAL (2011)13 actualiza la metodología del trabajo de Bisang y Sztulwark (2007), a partir de lo cual estiman un total de 277 mil ocupados para el periodo 2009/2010.

Ahora bien, este dato resulta de contrastación incierta con otras variables económicas, debido a los problemas metodológicos señalados por Rodríguez (2005), respecto del trabajo de Llach et al (2004).

12 En cuanto al trabajo de Bisang y Sztulwark (2007) el cálculo del empleo para toda la cadena se realiza en función de los siguientes ejes: i) insumos - al estar compartidos con otros cultivos se toman los datos de la actividad en general y se calcula la proporción para soja según ha sembradas o tn producidas -25% semilla y 50% en el resto de los insumos- para lo cual se parte de las fuentes Castagno A. y Chudnovsky D. (2002), Bragachini et al (2003); MTEySS (2005); ii) sector primario - se realiza una proyección a escala nacional de los datos de la Dirección de Estadísticas de Buenos Aires del CNA 2002, según cantidad de ha sembradas incorporadas; iii) contratistas y almacenamiento - se proyectan a escala nacional los datos de Encuesta Provincial de Servicios Agropecuarios de la Provincia de Buenos Aires (2002 y 2004), basada en el padrón de empresas; iv) transporte - focaliza en la cantidad de camiones utilizados en ese año; v) molienda- se utilizan estadísticas del empleo formal provenientes del MTESS y CIARA.

13 Las estimaciones realizadas se basan en datos de los Censos (Censo Nacional Agropecuario 2002 y Censo Nacional Económico 2004/2005), de los relevamientos estadísticos que lleva adelante el Ministerio de Trabajo de la Nación (Sistema de Seguridad Social) y de trabajos sobre el tema, en particular, el de Bisang y Sztulwark (2007). En algunos casos, por ejemplo, en la estimación de empleo en el sector primario, donde el dato de origen es el CNE del 2002, o en el caso de las actividades que proveen de servicios específicos al sector, se han actualizado las referencias al 2009/2010. El criterio utilizado en estos casos ha sido ajustar a un ritmo de crecimiento del 2% anual, que es un valor estimativo que surge de la diferencia entre el aumento del área sembrada (5% promedio anual) y una mejora de productividad (estimada en 3% promedio anual). En el caso del empleo en la industria de Aceites y Subproductos se utilizan las estadísticas del empleo formal que provee el INDEC para el año 2009, corregidas para dejar de lado empleos que asociados a la producción de otros aceites (girasol, maíz). En síntesis, de acuerdo a las estimaciones, la cadena de la soja habría generado aproximadamente 277 mil puestos de trabajo en el 2009, con un multiplicador de 0,015 por hectárea sembrada; este último multiplicador dice que de cada 1.000 hectáreas de soja sembradas se generaron aproximadamente 15 puestos de trabajo en diferentes sectores de la cadena.

Contabilizar el empleo en todas las actividades de una cadena implica sumar puestos de trabajo de actividades provenientes de diferentes sectores. Por lo tanto, medir la participación del empleo de la cadena de la soja, en el total de la economía, implicaría restar a cada una de las actividades aquellos puestos vinculados a la soja, de lo contrario se estaría haciendo un doble conteo. En definitiva, aquí el número de empleos en la cadena de la soja debe entenderse como una aproximación sobre la distribución del empleo entre los sectores. Al respecto, puede ser sugerente observar como participa el sector agropecuario y el complejo agroalimentario en la generación de producto y empleo total, durante el periodo de pos-convertibilidad.

Para el sector agropecuario, el trabajo de Mario y Vidosa (2012:216) señala algunos datos relevantes. Frente al 36,1% de expansión en la producción sectorial, entre 2002 y 2011, la cantidad de puestos de trabajo crece tan solo un 14,0%. En el mismo período, la elasticidad empleo-producto del sector es en promedio de 0,39, esto es, por cada 1% de crecimiento sectorial el número de puestos de trabajo se expande en 0,39 por ciento. Estos valores, resultan aún más ilustrativos si se los contrasta con la economía total. Para el mismo período, la economía crece un 89,3% y la cantidad de puestos de trabajo es, en promedio, de 0,54: es decir, el empleo se incrementó en 0,54% por cada punto porcentual de crecimiento económico. En definitiva, el valor es significativamente más alto que en el caso del sector agropecuario. Esto, se profundiza si se tiene en cuenta uno de los rasgos más característicos del empleo en el sector agropecuario: su nivel de informalidad. Mario y Vidosa (2012:219), a partir de datos de DNCN, observan que para el año 2007, se registran en el sector agropecuario 1.275.000 puestos de trabajo, de los cuales 455 mil corresponden a “no asalariados”, mientras que 821 mil son “asalariados”14. De los asalariados, el 60,9% trabajaba sin contrato laboral registrado15, mientras que en el agregado de la economía total ese porcentaje es del 36,5%.

Para el mismo año -2007-, el sector industrial en cambio registra un total de 2.204.000 puestos de trabajo, de los cuales 577.000 corresponden a “no asalariados”, mientras que 1.628.000 son “asalariados”. Del total de asalariados tan solo el 30,5% no está registrado. Asimismo, cabe destacar que el sector industrial de la economía total había perdido una proporción importante de sus asalariados en los años 1990. Esta tendencia, se revierte de un modo significativo a partir de la pos-convertibilidad. Según CIFRA (2011: 16) entre los 4° trimestres de 2003 y de 2007 la ocupación crece al 6,1% anual, un valor superior al correspondiente al conjunto de los sectores. Esta tendencia, se reduce entre los 4° trimestres de 2007 y de 2010 con una tasa del 0,4% anual, a pesar de que el valor agregado del sector en ese mismo período habría crecido al 4,7%. Ahora bien, si se observa en detalle a las industrias agroalimentarias -dentro de las cuales se encuentra la industria oleaginosa-, según el trabajo de CIFRA (2001), estas muestran un comportamiento inverso a la industria en general. La industria agroalimentaria exhibe niveles de crecimiento significativamente inferiores (0,3%) respecto del sector industrial en general (6%), entre 2003 y 200716. Por el contrario, esta crece más (4,4%) que la industria total (0,4%) durante el periodo de decaimiento del empleo en general en Argentina, es decir 2007-2010. En este punto, CIFRA (2011) argumenta que frente a la gradual apreciación de la moneda local que se produjo como consecuencia de la elevación del nivel general de precios desde 2007, el desempeño del empleo resulta superior en sectores que cuentan con ventajas competitivas naturales.

3.3. Salarios

En cuanto a los salarios del complejo, según se observa en el siguiente Gráfico Nº 2, todas las actividades seleccionadas denotan un importante crecimiento, desde 2003 en adelante. Sin embargo, es de destacar que el único salario que crece por debajo del salario promedio nacional es el del sector primario (cultivos agrícolas). Por el contrario, los sectores industriales y de Insumos de la cadena evidencian una tendencia creciente muy por encima del salario de la economía total. Puntualmente, el sector de Elaboración de aceites y grasas y el de Insumos de Fabricación de Agroquímicos. Por su parte, el salario en Fabricación de Maquinaria Agrícola pareciera coincidir con los valores de la economía total. para cada mes. Incluye adicionales de periodicidad no mensual, horas extraordinarias, viáticos, sueldo anual complementario. Las ramas seleccionadas son: Cultivos agrícolas (011); Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal (1514); Fabricación de maquinaria agropecuaria (2921) Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario (2421)

En este sentido, los valores en materia de salario de los eslabones industriales de la cadena parecieran estar replicando las transformaciones de los indicadores laborales que denotan las formas de trabajo a escala nacional. Por el contrario, el sector primario muestra cierta autonomía en sus variables. Según se observa en la Tabla N° 4, entre 2002 y 2007, se evidencia una relativa mejora en los salarios del sector primario, tanto en términos absolutos como con respecto al salario medio. Sin embargo, los valores resultan muy diferentes a los de la economía total. En 2002 el salario promedio del sector agropecuario es un 47% del salario medio de la economía. En 2007, el salario de los registrados del sector es un 33% inferior al de la economía total, e incluso el de los no registrados es menor al de aquellos que sí se encuentran registrados: un 34,8% más bajo, aun sin considerar en la comparación a las contribuciones patronales. Esta disparidad con la economía nacional se mantiene en el tiempo, en tanto -según los datos disponibles de la DNCN- la remuneración media de los asalariados registrados del sector resulta un 42,2% más baja que la del total de los asalariados registrados.

Ahora bien, es importante destacar que la información agregada que se presenta sobre los salarios en el sector primario impide dar cuenta de la elevada heterogeneidad que se registra entre las remuneraciones de las diferentes actividades. Frente a este obstáculo metodológico, una opción que permitiría expresar la dinámica en el largo plazo de la masa salarial en la producción primaria de soja, podría ser la participación del salario en los ingresos brutos, es decir la distribución funcional del ingreso en la actividad primaria del cultivo. En este sentido, el siguiente Grafico (N° 3) expresa el modo en que el valor de la producción de soja se distribuye entre los costos de laboreo y el margen bruto -ganancia- de la actividad. Según se observa, para el periodo 2000-2013, alrededor del 22,2% del valor agregado se destina a los costos de laboreo. Estos, valores de participación -excepto por unos aumentos puntuales en 2007 (23,5%) y 2008 (26,6%)- se mantiene constante hasta 2013.

Asimismo, la producción de soja se destaca por tener una participación inferior de la retribución a los asalariados sobre el Valor Agregado Bruto -a precios del productor- que la que muestra el conjunto de la economía, pero superior a la del sector agropecuario. En detalle, para 2007 (último dato disponible para asalariados registrados y no registrados) la remuneración al trabajo asalariado constituye el 16,1% del Valor Agregado Bruto a precios de productor primario, al tiempo que, en el conjunto de la economía, esa participación llega al 38,9%. Al respecto, se puede argumentar que esta dinámica, podría no estar explicada totalmente por la evolución de los salarios registrados del sector primario, ya que estos -aunque muy por debajo del salario medio del país- muestran una tendencia levemente creciente entre los años 2003-2012 (Gráfico N° 2). Por ello, la disparidad en la participación salarial del sector primario y la producción de la soja respecto de la economía total podrían estar vinculadas, por un lado, con el aumento de las ganancias y las rentas del sector agropecuario, y por otro, con la baja generación de puestos de trabajo (Rodríguez, 2008, Vidosa y Mario, 2012).

4. Instituciones laborales

A partir del 2003, en Argentina se observan transformaciones sustanciales en los principales indicadores del mercado de trabajo. En detalle CIFRA (2011:35) destaca: la creación de más de cuatro millones de puestos de trabajo; la reducción de las tasas de desocupación y subocupación a un dígito; el aumento leve del empleo registrado; y la disminución de la incidencia del trabajo informal. Esto, se materializa en el marco de una batería de políticas de reinstitucionalización parcial de los estándares laborales (Boyer y Neffa, 2007) que configuran, en palabras de Palomino (2007:121), un nuevo régimen de empleo en el país. En este sentido, se revisan, modifican y sancionan un total de 182 leyes laborales (Cufré, 2015). Entre otras cuestiones: i) se suprime la ley de flexibilización laboral sancionada en la década de 1990 (Ley Banelco 2004); ii) se pone en marcha una iniciativa para desincentivar la contratación informal de trabajadores, mediante la presentación del proyecto Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral (Infoleg, 2014); iii) a la vez que se reintroduce la negociación del salario mínimo y una pensión estatal.

En este contexto, corresponde entonces analizar en detalle el rol que han desempeñado las principales instituciones de las formas de trabajo en los diferentes eslabones de la cadena de la soja, específicamente el sector primario y la industria aceitera. En ello, resultan relevantes las condiciones que derivan de las negociaciones sectoriales entre los actores involucrados: el Estado, el sector empresarial y los trabajadores, representados por sus sindicatos.

En cuanto al sector primario en general, tal como señala Neiman (2016), desde comienzos del año 2000 el activo desarrollo de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA)17 deriva en un crecimiento de la negociación salarial y la regulación del empleo agrario. En esta institución se materializa la negociación entre los representantes de los actores principales del sector: i) de los empleadores -Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Confederación Argentina de la

17 La CNTA es un organismo tripartito de carácter normativo propio del Régimen Estatuario instaurado por la Ley N° 26.727, que actúa en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el cual, conforme con lo establecido en el artículo 85 de la misma ley, tiene a su cargo la asistencia técnico-administrativa necesaria para el funcionamiento de la misma. El organismo es Presidido por la Subsecretaria de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, completando la representación del Estado Nacional, otro representante de la cartera laboral que ejerce la función de Presidente Alterno y un representante del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y del Ministerio de Agroindustria, con sus respectivos suplentes. Del organismo nacional (C.N.T.A.) dependen Comisiones Asesoras Regionales (CAR), representativas de las distintas producciones agrarias específicas que componen las economías regionales.

Mediana Empresa (CAME) y el Foro de Organizaciones de la Agricultura Familiar (FONAF)18-; ii) de los trabajadores -la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)-; iii) y del Estado provenientes del propio Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que ejerce la Presidencia de la Comisión y del Ministerio de Agricultura.

No obstante, cabe destacar que debido a los tiempos particulares que presenta la actividad productiva en el sector agropecuario, la negociación salarial y regulación del empleo agrario se estipulan por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo19. El régimen particular que tiene el sector les otorga a los trabajadores rurales muchos menos derechos que los establecidos en forma general. Fundamentalmente, en cuestiones referidas a la duración de la jornada de trabajo, el trabajo en días domingos y las vacaciones. A raíz de ello, en los últimos años se han visibilizado una serie de reclamos de los trabajadores rurales (Neiman, 2016), al menos en aquellas provincias en las que éstos tienen un mayor nivel de organización -inicialmente en Córdoba y luego en Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe-.

En este contexto, en 2011 se logra un avance sustancial: la sanción de la Ley 26727 y su posterior promulgación con fecha 27/12/2011. Con ella, se crea un nuevo Régimen de Trabajo Agrario, que implica la derogación de la Ley 22248, sus modificatorias y del Decreto reglamentario Nº 563/1981. A modo de síntesis, algunas de las principales cuestiones giran en torno: i) Remuneraciones mínimas determinadas por la CNTA y que no podrán ser menores al salario mínimo vital y móvil, y establecimiento de períodos y lugares de pago; ii) Se prevé la prohibición del pago en moneda distinta a la de curso legal; se eleva el porcentaje de antigüedad a 1,5% cuando el trabajador tenga más de 10 años de servicios; la prohibición de deducción del salario del valor de mercaderías provistas por el establecimiento; y se determina que la jornada de trabajo no podrá exceder más de 8 horas diarias y 44 horas semanales, desde el lunes hasta el sábado a las 13 horas; iii) Se estipula el reconocimiento de horas extras; el descanso semanal; las condiciones adecuadas de higiene y seguridad; la provisión de ropa de trabajo por parte del empleador; iv) Otorgamiento de licencias de la ley de contrato de trabajo y licencias especiales; v) Se establece la prohibición del trabajo de menores de 16 años bajo cualquier modalidad; la regulación del trabajo adolescente; y las condiciones de vivienda digna; vi) Se elimina el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) -un ente de derecho público no estatal que depende del sindicato- y se crea en su lugar un Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), dependiente del Ministerio de Trabajo, con funciones similares; vii) Se establece un Beneficio Jubilatorio con 57 años de edad y acreditación de 25 años de servicio y el empleador deberá realizar una Contribución Patronal Adicional del 2%; entre otras (InfoLEG, 2011).

Ahora bien, durante el período de pos-convertibilidad, la disparidad que se observa en los niveles de empleo, en la calidad de estos y la recomposición salarial del sector primario, respecto de los otros eslabones y la economía nacional, relativizan la efectividad de la implementación de la nueva reglamentación laboral agraria. Esto, podría estar asociado a que la nueva ley se promulga recién en el año 2011. Por otro lado, es de destacar que esta ley se aplica a los empleados registrados del sector primario. De acuerdo a lo expuesto, en el año 2007 (último dato disponible), de los asalariados, el 60,9% trabajaba sin contrato laboral registrado. En consecuencia, la normativa estaría abarcando a una proporción minoritaria de los trabajadores rurales.

Tal como señala CENDA (2008:18) la inspección de la registración del empleo y las condiciones de trabajo es responsabilidad de las provincias y, para algunas actividades reguladas por el Estado nacional (el transporte, por ejemplo), del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Asimismo, el Ministerio fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores con el sistema de seguridad social junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Por otra parte, los sindicatos no ejercen poder de olicía del trabajo, aunque sí pueden, a través de sus obras sociales, fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones con éstas. En particular, UATRE puede impulsar inspecciones desde RENATRE20, el cual retoma su conformación original con el nuevo gobierno, a partir del 1 de enero de 2017, y queda nuevamente a su cargo la gestión del sistema de seguro de desempleo de los trabajadores del sector. En este contexto, se conjugan, por un lado, un control laxo por parte del Estado y de los sindicatos, y por otro, y de los empleadores, quienes incrementan sus ganancias flexibilizando las condiciones laborales. Así, el sector agropecuario en Argentina presenta una situación en la cual no se respetan ni siquiera las condiciones mínimas de trabajo y de la legislación vigente.

Respecto de la industria aceitera, la situación es significativamente diferente. En este sector, las condiciones de trabajo se determinan a partir de la Ley de Contrato de Trabajo. En particular, el Convenio Colectivo de Trabajo se realiza entre la Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera y Afines del País (F.T.C.I.O.D y A.R.A.), la Cámara de la Industria Aceitera de La República Argentina (CIARA) y la Cámara Industrial de Aceites Vegetales de Córdoba (COPAL). Tal como se muestra en el apartado sobre salarios (Gráfico N° 2), este eslabón muestra remuneraciones crecientes y significativamente por encima de los valores del salario nacional promedio. A diferencia del sector primario, estos valores deberían ser representativos de gran parte de los asalariados de la actividad. Según se ha expuesto, el sector industrial en general (30,5%) denota niveles significativamente inferiores que el sector primario (60,9%) en la proporción de empleados no registrados.

Por otro lado, es importante destacar las características particulares que presenta el sindicato en este eslabón. Al respecto, Santucho y Genoud (2016:2) señalan que el sindicato de aceiteros “es una organización que nuclea a unos diez mil trabajadores y que, en el último quinquenio, por una combinación virtuosa entre dirigencia combativa y ubicación estratégica en la producción, encabezó los rankings paritarios”. Según explican los autores, estos logros se materializan debido a varias cuestiones. Por un lado, el sindicato ha transitado en los últimos años un proceso de democratización al interior de su organización. Según señala Daniel Yofra, Secretario General de la Federación de Trabajadores Aceiteros, el hecho fundacional se ubica en el Congreso Aceitero del 17 de Julio de 2013, momento en que los obreros a partir de una intensa lucha terminan por desplazar a la burocracia sindical del sector (Santucho y Genoud, 2016:2). La intensidad en sus reclamos se refleja además en uno de los conflictos salariales más significativos que se dieron durante el período de pos-convertibilidad. En 2015, a partir de una huelga de aproximadamente 25 días, los operarios de la industria aceitera consiguen un aumento salarial muy por encima de los valores nacionales. En este sentido, Santucho y Genoud (2016:2) reflexionan que la pericia de los aceiteros para conquistar aumentos salariales por encima de la inflación se debe a que estos negocian el salario mínimo, vital y móvil, en lugar de discutir solo a partir de los índices inflacionarios. En definitiva, la dinámica de los principales indicadores laborales de este eslabón se enmarca en las transformaciones que han sido producto de la reinstitucionalización parcial de los derechos laborales a escala nacional. En este sentido, a diferencia del sector primario, los valores de recomposición salarial se dan en torno a la reintroducción de la negociación del salario mínimo y demás derechos laborales. Situación que es reforzada por la posición estratégica y demandante del sindicato que representa a los trabajadores del sector.

20 A partir del 1 de enero de 2017, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) retoma su conformación original y a ser conducido por un directorio -ya conformado recientemente- compuesto por representantes de la UATRE (gremio de los trabajadores) y de las cuatro entidades del campo, del sector empleador (CRA, CONINAGRO, FAA y SRA). Se restablece así el RENATRE tal como fuera concebido y como funcionó durante varios años, antes de su transformación en lo que después fue el RENATEA. Gerónimo “Momo” Venegas, secretario general del gremio de los trabajadores rurales, UATRE, fue designado presidente del RENATRE, lo cual se dio a conocer luego que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, declaró constituido el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, de acuerdo a la resolución ministerial respectiva.

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5. Conclusión

La relación entre la cadena de la soja y el régimen de pos-convertibilidad presenta una particularidad importante respecto del modo en que se configuran las formas de trabajo. El análisis de los apartados anteriores sobre los indicadores de empleo, tipo de empleo y salarios, exhibe una dinámica heterogénea entre los diferentes eslabones. Esto, resulta indiscutible si nos concentramos en las dos actividades principales de la cadena, es decir la producción primaria del grano y la etapa de industrialización, es decir elaboración de aceites.

En cuanto al empleo en el sector primario, una primera diferencia que se observa con el régimen nacional, es la baja generación de empleo de aquel respecto del producto. Entre 2002 y 2011, en el sector primario, a pesar de mostrar crecimientos importantes de su valor agregado (36,1%), la cantidad de puestos de trabajo crece tan solo un 14,0%. En cambio, la economía total crece un 89,3% y la cantidad de puestos de trabajo es, en promedio, de 54%. No obstante, con la significativa expansión del área de producción del cultivo de la soja, se ponen en marcha nuevos equipos de maquinaria y con ello, posiblemente, nuevos contingentes de mano de obra. Sin embargo, si se analiza al empleo en el sector teniendo en cuenta los puestos de trabajo que se desplazan por la sustitución de productos que deriva de la expansión de la soja, el empleo denota disminuciones sustantivas en regiones extra-pampeanas. Por otro lado, la implementación masiva del nuevo modelo tecnológico requiere de menor cantidad de operarios (30% menos) por la disminución de los tiempos operativos que implica la siembra directa. Actividad, que a su vez es tercerizada en los contratistas. En definitiva, en tanto la mencionada reducción de los requerimientos laborales convierte cada vez más superflua la utilización de trabajadores permanentes, lo que se observa es una disminución de los puestos de trabajo en el sector primario, combinada con una flexibilización del empleo, en donde los dueños de las tierras y los productores asumen cada vez menos riesgos y los trabajadores se encuentran atomizados en empresas contratistas a lo largo del territorio.

Por el contrario, los eslabones industriales de la cadena muestran un crecimiento sostenido del empleo. Esto se puede asociar al marco que presenta el régimen nacional en tanto fomenta, mediante sus regulaciones, al sector industrial. Sin embargo, la dinámica de este crecimiento muestra un comportamiento inverso a la del sector industrial en general. Entre 2003 y 2007, la industria agroalimentaria -dentro de la cual está la industria oleaginosa de la soja- denota niveles de crecimiento significativamente inferiores (0,3%) respecto del sector industrial en general (6%). Por el contrario, esta crece más (4,4%) que la industria total (0,4%) durante el periodo de decaimiento del empleo en Argentina, es decir 2007-2010. En definitiva, la generación de empleo en los eslabones industriales de la cadena crece más que en el sector primario en general. Sin embargo, aquellos muestran también dinámicas propias de un sector de ventajas competitivas naturales. Estos, mejoran su performance en el empleo en el momento en el cual se debilitan las regulaciones del régimen que fomentan la producción de bienes -con la apreciación de la moneda-.

En lo que respecta a los niveles salariales, los ingresos de los trabajadores rurales muestran una dinámica particular, en tanto es el único salario formal que crece por debajo del salario nacional promedio. En 2007, el salario de los registrados del sector primario es un 33% inferior al de la economía total, e incluso el de los no registrados es menor al de aquellos que sí se encuentran registrados: un 34,8%. Esto último, es importante en tanto otra diferencia significativa entre las formas de trabajo de la cadena y el régimen de empleo nacional se vincula al significativo grado de informalidad que presenta el sector primario. Mientras que los asalariados registrados representan un 36% a escala nacional, en el sector agropecuario el valor alcanza el un 60,9%. En consecuencia, este nivel de informalidad relativiza los resultados obtenidos sobre el crecimiento del salario registrado del sector. En este punto, los cálculos sobre la participación del salario en los márgenes brutos de la producción de soja otorgan algunos indicios de cómo puede haber evolucionado la masa salarial específicamente en esta actividad. Al respecto, sus bajos valores de participación (22%) se mantienen constantes, entre 2002 y 2013. Para los últimos datos disponibles de registrados y no registrados (2007), estos valores se encuentran por encima del sector agropecuario (16%) y muy por debajo de los valores del conjunto de la economía (38,9%). Esta dinámica, no estaría vinculada a la evolución de los salarios registrados dado que, según lo expuesto, -aunque muy por debajo del salario medio del país- estos muestran una tendencia levemente creciente en el periodo. Por ello, la disparidad en la participación salarial del sector primario y la producción de la soja respecto de la economía total podrían estar vinculadas, por un lado, con la baja generación de puestos de trabajo y la dinámica de los salarios no registrados, y por otro, con aumentos de las ganancias y las rentas del sector agropecuario.

A diferencia del sector primario, los eslabones industriales de la cadena parecieran estar replicando la dinámica de los salarios y tipo de empleo que presenta la economía en su conjunto, durante la posconvertibilidad. En primer lugar, es de destacar que el sector industrial en general denota valores de informalidad (30,5%) relativamente menores a los del sector primario (60,9%). En este punto los valores que presentan los ocupados registrados, ya sea en número de empleo o niveles salariales, resultan más representativos que en el sector primario. A diferencia del sector primario de la cadena, los eslabones Industriales y de Insumos de la cadena muestran una tendencia creciente muy por encima del salario de la economía total. Puntualmente, el sector de Elaboración de aceites y grasas y el de Insumos de Fabricación de Agroquímicos. Por su parte, el salario en Fabricación de Maquinaria Agrícola pareciera estar muy en concordancia con los valores de la economía total.

En definitiva, los valores salariales de los eslabones industriales en la cadena, parecieran estar en concordancia con el mejoramiento de las variables laborales que se observan en el régimen nacional. Por lo contrario, en el sector primario el nivel de empleo, la calidad de éste y la recomposición salarial presentan una trayectoria muy dispar y marginal respecto de la economía total. De ello, se desprende que la reinstitucionalización parcial de los estándares laborales, que se configura a partir del nuevo régimen de empleo de 2003 en Argentina, tendría cierta influencia en los indicadores laborales de los eslabones industriales de la cadena. Estos, parecieran converger con las transformaciones que derivan de las formas de trabajo del régimen de pos-convertibilidad. En cambio, las variables del sector primario estarían mostrando una cierta autonomía respecto de lo que sucede a escala nacional. A su vez, del análisis presentado, se deduce que estas trayectorias tan disimiles estarían vinculadas, entre otros aspectos, a las diferencias que se observan en las condiciones de trabajo, las cuales derivan de las negociaciones sectoriales entre los actores involucrados: el Estado, el sector empresarial y los trabajadores, representados por sus sindicatos.

Específicamente en el sector primario, si bien este se regula por fuera de la Ley de Convenio Colectivo, la nueva Ley 26727 muestra avances sustanciales en función de la duración de la jornada de trabajo, el trabajo en días domingos, las vacaciones, entre otras. Sin embargo, aún no muestra implicancias significativas en los indicadores laborales, dado que se promulga recién en 2011 y abarca a la baja proporción de empleados registrados que tiene el sector (30%). En efecto, las formas de trabajo del sector primario de la cadena se configuran de un modo relativamente autónomo al régimen de empleo de posconvertibilidad. En concreto, los laxos controles por parte del Estado y el sindicato, no solo permiten una flexibilización de las condiciones de trabajo -que incrementa las ganancias de los empleadores-, sino que además no garantizan el respeto de las regulaciones mínimas que establece la legislación vigente.

No obstante, la reinstitucionalización parcial de los estándares laborales, pareciera si tener cierta influencia en los en los indicadores laborales de los eslabones industriales de la cadena. Esto, estaría vinculado a varias razones. En primer lugar, en este sector -al igual que en la mayoría de los de la economía- las condiciones de trabajo se determinan a partir de la Ley de Contrato de Trabajo. Condiciones que además repercuten sobre una gran proporción de asalariados, dado que -en comparación al sector primario- solo un 30% se encuentra sin contrato laboral registrado. A su vez, en particular el sindicato de aceitero es uno de los pocos que en el período conquista aumentos salariales por encima de la inflación.

Esto, se relaciona con que, en el último tiempo, en el sindicato confluyen cuestiones tales como: por un lado, un proceso de democratización al interior de su organización que deriva en la toma de una postura más confrontativa y cercana a las necesidades de los trabajadores; por otro, la decisión colectiva de negociar las remuneraciones a partir del salario mínimo, vital y móvil, en lugar de discutir solo a partir de los índices inflacionarios. En este sentido, a diferencia del sector primario, los valores de recomposición salarial se dan en torno a la reintroducción de la negociación del salario mínimo y demás derechos laborales. Situación que ejerce de marco y se refuerza con la posición estratégica y demandante que presenta el sindicato en la negociación colectiva con los empresarios y el Estado.

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