SUMARIO

Introducción; 1. Brasil, la vía institucionalista del protagonismo político de los movimientos sociales; 2. Momento originario del vínculo entre partidos y movimientos sociales; 3. Los gobiernos de Lula Da Silva; 4. Bolivia, la vía rupturista del protagonismo político de los movimientos sociales; 5. Origen y trayectoria del MAS y los movimientos sociales; 6. El MAS en el gobierno; 7. Argentina, recuperando lo viejo en un nuevo contexto; 8. La desarticulación entre partido justicialista y sindicalismo peronista; 9. Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; 10. El papel de las organizaciones sindicales y piqueteras; Conclusiones; Bibliografía.

Introducción

Lula Da Silva fue el primer obrero metalúrgico que asumió la presidencia de Brasil, Evo Morales el primer indígena y trabajador campesino que presidió Bolivia mientras que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner inscribieron su procedencia en el primer partido que representó a la clase obrera de la política argentina. Las fuerzas políticas que ellos encarnan y lideran dan cuenta de las transformaciones que experimentó América Latina durante el presente siglo y, asimismo, de la diversidad de formas que asumieron estos cambios.

El propósito de este trabajo consiste en analizar las modificaciones en el vínculo forjado entre partidos políticos que asumieron el gobierno con organizaciones sindicales y los movimientos sociales en Brasil, Bolivia y Argentina durante el presente siglo1. El protagonismo político de estos se evaluará a partir del modo en que se modificaron las pautas de interacción política en el proceso decisional y en

1Este trabajo se realizó en el marco del PIP-CONICET “Viraje ideológico y emergencia de nuevas formas políticas alternativas. Partidos y movimientos de la nueva izquierda en Sudamérica”, dirigido por el Dr. Arturo Fernández.

su incidencia en la orientación de las políticas públicas (Mayorga, 2014). Esto, asimismo, permitirá caracterizar las transformaciones políticas que se experimentaron en la región.

Cabe destacar que la elección de estos países radica en que dan cuenta de las diferentes modalidades que asumieron las transformaciones gestadas en el escenario latinoamericano. En este sentido, se pueden reconocer tres vías de cambio político; la vía institucionalista -Brasil, Chile y Uruguay-, la vía rupturista -Bolivia, Ecuador y Venezuela y la de las situaciones intermedias - Argentina y Paraguay (Stoessel, 2014)2. En términos generales, los autores explican los rasgos novedosos de la nueva izquierda3 en América Latina destacando la procedencia de los liderazgos y la trayectoria de los partidos, las características ideológicas, el carácter no clasista de los vínculos políticos, el respeto por el marco legal y el tipo de inserción en la economía internacional que promueven. En definitiva, se trata de un conjunto de criterios que asumen un cariz específico en una redefinición de las concepciones políticas de la izquierda, en su inflexión revolucionaria, y en un marco político signado por el respeto del pluralismo y de la soberanía popular vía democracia representativa.

1. Brasil, la vía institucionalista del protagonismo político de los movimientos

Durante la década del ochenta del siglo XX se constituyeron las fuerzas políticas que en la actualidad gobiernan o son protagonistas relevantes de la política brasilera. El Partido de los Trabajadores, la Central Única de los Trabajadores, el Movimiento Sin Tierra surgieron en ese período; a lo que hay que agregarle actores de menor relevancia como la Marcha Mundial de Mujeres; y la reactivación de otros como las pastorales sociales y la Unión Nacional de Estudiantes.

Estas fuerzas políticas -partidarias, sindicales y sociales- expresaban una voluntad de transformación política que contenía aspectos novedosos, caracterizados por su fuerte contenido clasista. Sin embargo, al calor de la disputa política, este rasgo clasista se atemperó y atenuó combinándose con la mecánica política basada en los acuerdos y el diálogo, propios de la política brasilera. Ahora bien, ¿qué factores han actuado en este tipo de protagonismo político de los movimientos sociales antes y durante la llegada del PT al gobierno nacional? El análisis de estos factores nos da la pauta del modo en que se modificó este vínculo observándose el pasaje de una relación de carácter “orgánica” a una que podría denominarse “perdurable”4. Nos concentraremos en el conjunto de tensiones políticas que estuvieron involucradas en esta formidable transformación.

1.1. Momento originario del vínculo entre partidos y movimientos sociales

El Partido de los Trabajadores5 reconoció como principal distinción identitaria su impronta clasista, siendo su propósito instaurar el socialismo por la vía democrática. Asimismo, lo que lo distinguió en el escenario político fue que su surgimiento se realizó producto de las luchas que libraron los trabajadores en el ámbito de la sociedad civil. En esa medida, su origen no obedece a disputas internas de la clase política dirigente así como tampoco a lineamientos políticos al interior del Parlamento. En efecto, el Partido de los Trabajadores no sólo quería asumir el gobierno, más bien, pretendía transformar la sociedad desde sus cimientos con el objeto de hacerla más igualitaria.

2 La clasificación construida por Stoessel resulta ser la que permite reconocer una pluralidad de culturas políticas y trayectorias en el arco de las izquierdas en el espacio latinoamericano. El debate fue iniciado por Castañeda (2006), el que había reducido las izquierdas latinoamericanas a dos. Mencionamos otras miradas: Svampa (2017), Ramirez Gallego (2006), De la Torre (2013), Garretón (2012), Paramio (2003), Pannizza (2008), etc.

3 Acerca de las consideraciones sobre la “nueva izquierda” en América Latina y de sus diferentes derroteros es posible consultar Garretón (2012), Pannizza (2009), Lanzaro (2008), Mayorga (2009), Svampa (2017), etc.

4 Hugo del Campo (1983) define en estos términos la relación entre peronismo y sindicalismo peronista.

5 Se fundó en 1980 y fue impulsado por diversos grupos sindicales, intelectuales, sectores de clase media y trabajadores así como también contó con la presencia de movimientos sociales, como las pastorales sociales, los estudiantes secundarios, etc.

La Central Única de los Trabajadores6 también surgió con una impronta clasista (Jakobson, 2011) y su práctica sindical fue designada como “nuevo sindicalismo”. Ciertamente era un sindicalismo cuyo propósito radicaba en modificar la estructura sindical, asentada en el monopolio de la representación política de los trabajadores y en el cobro compulsivo del impuesto sindical. En términos generales, se trataba de un sindicalismo que confrontaba con el Estado y que no pretendía recibir beneficios, políticos ni de financiamiento. Finalmente, cabe destacar que pregonaba una democratización de las relaciones laborales, lo que teóricamente sería producto de las transformaciones políticas impresas en la estructura sindical heredada del varguismo.

Lo cierto fue que existió afinidad política entre el PT y la CUT y también es cierto que aquellos que fundaron el PT participaron de la gestación de la CUT. En esta articulación política coexistieron dos lógicas que se entrelazaban, una que remite a lo institucional vía PT, y, otra de movimiento social vía CUT y movimientos sociales.

Durante la década del ochenta del siglo XX, momento de gestación de las organizaciones y de sus relaciones, el tipo de vinculación que se forjó asumió un carácter “orgánico”, lo que implicaba plantear diferencias con otras experiencias políticas de la izquierda. En este sentido, el partido no funcionaba como “correa de transmisión” de los intereses de las organizaciones que representaban a la clase trabajadora ni las organizaciones sindicales y los movimientos sindicales se transformaron en “brazo político” en la arena social de la organización partidaria. Sintéticamente, los referentes políticos de los movimientos sociales participaron en la definición del proyecto político del PT hasta fines de la década del ochenta. En efecto, la candidatura de Lula Da Silva a la presidencia en 1989 por el Frente Brasil Popular constituyó la coronación de este proceso así como su punto de inflexión.

En el pasaje de una relación “orgánica” a una organizada en torno a “demandas puntuales” (Iglesias, 2011) actuaron dos factores relevantes. Por un lado, la política electoral. Brasil, desde su restauración democrática tuvo elecciones todos los años para diferentes cargos políticos y cuando esto no aconteció hubo elecciones para la reforma constitucional de 1988 y para la votación por el pedido de “impeachment” a Fernando Collor de Mello (Meneguello, 2002). Por otro lado, las transformaciones en el régimen de acumulación económica con orientación neoconservadora se tradujeron en apertura externa, reforma del Estado y privatizaciones, cuyos efectos fueron desocupación, informalidad laboral y pérdida en la cobertura de la salud. En efecto, la política electoral y las modificaciones en las condiciones sociales actuaron poderosamente en el vínculo entre PT y movimientos sociales. El carácter clasista se modificó para ajustarse a las nuevas condiciones políticas. Si se pretendía ganar elecciones y representar a la clase trabajadora, las políticas neo-conservadoras activaron respuestas defensivas por parte de aquellas organizaciones que expresaban estos intereses. En esa medida, el PT orientó su construcción identitaria hacia el eje “gobernar de otra forma” y la CUT puso en marcha lo que se conoció, durante los últimos diez años del siglo, como “sindicalismo ciudadano”. Así, el “ciudadano” y no ya la “clase trabajadora” tenía peticiones que remitían a la defensa de las fuentes de trabajo, el salario, la estabilidad laboral, la cobertura de la salud, etc. Este viraje le permitió al PT ganar en algunos municipios y a la CUT continuar sumando afiliados en un contexto netamente desfavorable para la acción sindical.

Lula asume el gobierno nacional con una relación entre el PT, la CUT y los movimientos sociales modificada y muy diferente a la que se había construido en sus inicios. En efecto, no era una relación orgánica, el protagonismo político de los movimientos sociales al interior de la esfera partidaria y principalmente en la definición del proyecto político fue reemplazado por lo hemos denominado un “vínculo perdurable” organizado en torno a demandas puntuales. Los puntos de contacto entre ambas fuerzas políticas seguían existiendo, había cambiado su sentido y tonicidad.

6 Se funda en 1983 en San Bernardo Del Campo, San Pablo, Brasil. Su creación se hace luego de haberse producido el primer Congreso de la Clase Trabajadora en Brasil (CONCLAT), en 1981. Los miembros fundadores de la CUT y los grupos sociales en que se apoyó posteriormente pertenecieron al Partido de los Trabajadores. Se nutrió de diversos grupos, los que a finales de la década del setenta del siglo XX participaron en un sinnúmero de huelgas que terminaron paralizando la región industrial del ABC paulista y a sus principales empresas automotrices y metalúrgicas. Cabe destacar que estas huelgas se realizaron en plena dictadura militar, y, eran actos y manifestaciones públicas que no estaban permitidos.

1.2. Los gobiernos de Lula Da Silva

¿En qué condiciones asumió el gobierno Lula Da Silva? La estrategia política coalicional del Partido de los Trabajadores no fue una novedad hacia las elecciones presidenciales de 20027. Lo que sí resultó ser novedosa fue la incorporación de una expresión partidaria de la derecha brasilera. En efecto, la vicepresidencia en la fórmula que presidía Lula Da Silva estaba ocupada por José Alencar, un empresario de San Pablo, y dirigente máximo del Partido Liberal. También es de destacar que el apoyo político del MST al PT fue brindado recién en el momento del balotaje.

La llegada al gobierno fue gravitante para la organización partidaria y, por sobre todas las cosas, para la CUT y los movimientos sociales. El PT, en tanto organización partidaria, aspiraba a representar a la mayoría de la población y el pasaje de la competencia electoral a la responsabilidad de gobernar, en el ámbito nacional, era decisivo y esperado en su horizonte político. Sin embargo, para la CUT no era lo mismo y esta situación generó tensiones e intereses encontrados en la medida en que los dirigentes sindicales solicitaban al PT que se implementaran “rápidamente” el paquete de políticas por las que habían luchado hasta el momento. En contraposición, la dirigencia del PT, ya en el gobierno, argumentaba que debían representar a la ciudadanía en su conjunto y no a una parte de ella, en referencia a los miembros de la CUT. El pasaje de la “protesta a la propuesta” fue transitada por la CUT y los movimientos sociales con diversas tensiones y, también, con obstáculos de diferente naturaleza. Particularmente, los miembros de la CUT se preguntaban ¿qué espera Lula para implementar las políticas por las que tanto tiempo hemos luchado? Y, en caso que no las implemente, ¿le tendríamos que hacer un paro o huelga a Lula? Estos interrogantes remitían, por un lado, al espacio político a ocupar por una organización sindical cuando “su” partido político asumió la dirección del gobierno. Por otro lado, al modo en que debían presionar a Lula sin debilitar un proyecto socio-político y una dirección política con la que existe afinidad política.

Estos dilemas atravesaron las dos gestiones gubernamentales del PT en diversos ámbitos y coyunturas políticas. El desafío consistía en cómo organizar los apoyos políticos en el marco de una perspectiva gubernamental que en palabras de Lula sería de “continuidad con cambio”. La dimensión de la continuidad provenía de la orientación de la política macroeconómica -pago de la deuda externa, beneficios para el capital financiero y una economía extractivista mixturada con neo-desarrollismo mediante la promoción de la creación de puestos de trabajo e incentivos para el consumo- mientras que la del cambio provenía de las políticas sociales -Bolsa Familia, Bolsa Escola, etc.- y de las instancias de diálogo político que se implementarían desde el Estado.

La generación de diálogo político tenían como principal propósito canalizar los intereses y demandas de la CUT y los movimientos sociales, los principales apoyos sociales del PT. Desde los ministerios se organizaron durante las dos gestiones gubernamentales 18 Consejos y 60 Conferencias o Foros Nacionales (Palermo y Melamed de Menezes, 2014). La organización de estas instancias participativas8 se producía en un contexto político de cambio en las orientaciones estatales, las que promovían la reparación de graves situaciones sociales precedentes, y, en el caso de Brasil en un esquema político de colaboración de clases impulsada desde el gobierno nacional (Singer, 2013). La envergadura y complejidad de los procesos que se activaron con estas ha llevado a pensar a diversos autores acerca de la representación de la sociedad civil o “representación por afinidad” (Avritzer, 2014).

El Foro Nacional del Trabajo, que comenzó en 2004 y finalizó en 2008, puso a prueba la relación entre el PT y la CUT. Y los interrogantes sobre el lugar político de la CUT se reavivaron. Para el PT

7En 1989 del Frente Brasil Popular participaron el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y el Partido Socialista Brasilero (PSB); en 2002 el esquema de alianzas se amplió notablemente y se incorporaron el Partido Democrático Trabalhista (PDT), el Partido Liberal (PL) y PM. En 2005, luego de la crisis de las “mensualidades”, Lula establecería una alianza con el PMDB con el objeto de tener mayoría parlamentaria y aumentar sus recursos de poder. Con posteridad al esquema de alianzas del PT Dilma Rousseff la ampliaría a nueve fuerzas partidarias en la elección presidencial de 2010. 8 Las temáticas han sido más que diversas: derechos humanos, comunicación, mujeres, trabajo, educación, etc.

era la oportunidad de formar una “gran mesa del consenso nacional” en la que participarían representantes empresariales y representantes de los trabajadores de acuerdo a una composición “tripartita” y “paritaria”9 con el objeto de discutir una “nueva” legislación sindical y del trabajo, según el entonces Ministro de Trabajo, Jaques Wagner mediante “… el consenso y no de la imposición” (Folha De São Paulo, 29/6/03). La CUT presentaba posiciones divididas, que laudaban entre la democratización de las relaciones laborales producto de la reforma de la estructura sindical al mero reconocimiento del Estado de las organizaciones sindicales. La expectativa de la CUT era que el gobierno traccione a favor de sus intereses. Sin embargo, los representantes del gobierno nacional estaban más interesados en la mediación entre los representantes del empresariado y los de los trabajadores. Además, quedó en evidencia la falta de diálogo entre las organizaciones sindicales. Así, se destaca que en la mesa de diálogo “Os empresários todos bonitinhos, sentadinhos, empresários da indústria, do comercio, da agricultura, das finanças, como se não tivessem problemas entre eles, mas todos se comportando unitariamente e nós brigando na mesa.” (Entrevista en profundidad a Arthur Henrique, presidente de la CUT durante 2006-2012)

El gobierno privilegió el consenso en un proceso muy complejo de diálogo político. El Foro Nacional del Trabajo culminó en la segunda gestión gubernamental de Lula arrojando como principal resultado el reconocimiento, por parte del Estado, de las principales centrales sindicales: CUT, Fuerza Sindical (FS), Unión General de Trabajadores (UGT) y Nueva Central Sindical de los Trabajadores (NCST)10. Este fue producto de una negociación entre el Ministerio de Trabajo y los agrupamientos sindicales sobre los criterios que debiera cumplir toda organización que pretenda su reconocimiento por parte del Estado11. En este sentido, se acordó que el Estado solicitaría una representación mínima de 100 sindicatos y la comprobación de una representación del 5% de los trabajadores afiliados en el país. Con ello, los agrupamientos reconocidos accedían a la fuente de financiamiento consistente en la percepción de un 10% del total de la Contribución Sindical (Carneiro Araujo y De Oliveira, 2011). Esta forma de financiamiento contenía un costo político para la CUT ya que sus principios identitarios remitían a la anulación del “imposto sindical”. Sin embargo, este complejo proceso ha derivado en una situación de “pluralismo sindical” con rasgos distintivos para la región latinoamericana.

El vínculo entre el PT y la CUT encuentra un nuevo punto de inflexión con la implementación del Programa de Aceleración del Crecimiento, aplicado por la entonces Ministra de Economía Dilma Rousseff durante 2006. En efecto, la economía comenzó mostrar un crecimiento sostenido, el funcionamiento del mercado de trabajo mejoró sustancialmente, las políticas sociales habían impactado, etc. Los dilemas acerca del lugar político que podía explotar la CUT fueron cediendo lugar a las certezas una vez asumido que el gobierno liderado por Lula no alteraría sustancialmente los intereses de las fracciones de las clases dominantes. En esa medida la CUT comprendió que era beneficioso para ella misma y, también, para el PT ejercer presión política sobre el gobierno. En efecto, el espacio de acción política se amplió y la CUT logró, satisfactoriamente, que sus peticiones - aumento del salario mínimo y reducción de la jornada de trabajo- se efectivicen.

El punto de mayor fricción en lo que respecta a la relación PT-movimientos sociales se asistió con el MST. Los representantes del MST participaron de las instancias de diálogo político, tanto los Consejo como de las Conferencias Nacionales. Sin embargo, el principal acuerdo político con el

9 Para una descripción de cómo se ha conformado el Foro Nacional del Trabajo se puede consultar Carneiro Araujo y De Oliveira (2011).

10 A septiembre de 2011 las centrales sindicales aglutinaban la siguiente cantidad de sindicatos: la CUT 2137 organizaciones sindicales, un 30, 67% de los sindicatos; FS 1707, un 24,5%; UGT 1016 sindicatos, un 14,58%; NCST 917 sindicatos, un 13,6%; CTB 528 sindicatos, un 7,58%; y, CGTB 388 sindicatos, un 5,57%. Cabe destacar que los dos últimos agrupamientos no fueron reconocidos como centrales sindicales por la autoridad gubernamental de Brasil. Extraído de: www3.mte.gov.nr/sistemas/cnes/relatorios/painel/GraficofliliadosCS.asp. Consultado el 30/09/2011.

11 André Singer (2013) demuestra que durante los gobiernos de Lula Da Silva se crearon 17 millones de puestos de trabajo registrados, lo que explicaría la existencia de un nuevo proletariado organizado en torno al empleo formal y diferenciado del surgido durante la década del cuarenta del siglo XX. Asimismo, también señala la persistencia de un subproletariado, es decir, de un conjunto de trabajadores ocupados en el sector servicios, con bajos salarios, precarizados en las condiciones laborales y con un nivel de instrucción alto. gobierno nacional nunca se cumplió. La reforma agraria implementada por el gobierno estuvo muy lejos de las expectativas y consideraciones de los movimientos sociales (Carter, 2009). De Oliveiros (2009) demuestra las diferencias entre familias que fueron “reordenadas”, “regularizadas” y “reasentadas”, siendo esto lo distintivo de la reforma agraria. En este sentido, se han “reasentado” 183.308 familias durante los dos períodos gubernamentales de Lula Da Silva, cifra que se encuentra muy lejos de las 800.000 que habían sido acordadas. La oportunidad histórica de una “reforma agraria”, cuyo diseño se hizo en el marco del Consejo Nacional perteneciente al Ministerio de Agricultura, quedó trunca. Y, la no implementación de esta política tuvo su contracara en los beneficiados para el agro-negocio y los latifundistas que se dedicaban a la exportación. Continuar sosteniendo estos intereses por parte del PT le ha valido la creación de un nuevo espacio de articulación política de confrontación hacia el gobierno, la Asamblea Popular. Además, el MST comenzó a realizar nuevas alianzas, en especial con el agrupamiento sindical Fuerza Sindical, histórico rival de la CUT. Estas situaciones suponen dos cosas, por un lado, un desgranamiento por izquierda de los apoyos históricos del PT y el vínculo entre MST y FS un nuevo campo de tensiones políticos que no se sabe a ciencia cierta dónde puede terminar.

En definitiva, Lula dejó el gobierno con una popularidad de opinión pública positiva cercana al 80%. Sus principales apoyos políticos así como las clases más poderosas que inicialmente no los apoyaron se vieron beneficiados gracias al esquema de “colaboración de clases” que impulsó el gobierno. La estructura sindical no fue modificada en sus cimientos. Sin embargo, el reconocimiento de varias centrales originó una situación de “pluralismo sindical” bastante novedoso en América Latina. Asimismo, la vía institucionalista quedó plasmada en las instancias de diálogo político activadas desde el gobierno nacional. Finalmente, cabe destacar que la sociedad brasilera fue transformada en su estructura social y en la dimensión de sus representaciones políticas. Esto generó en los círculos intelectuales un interesante debate que fue desde la conceptualización sobre “nuevas clases medias”12 y su comportamiento político (Paramio, 2011) hasta las tensiones entre “extractivismo y neodesarrollismo” y el horizonte del modelo de desarrollo social. Las protestas de junio de 2013 dieron cuenta del nuevo escenario: las transformaciones en la representación política que vinieron de la movilidad ascendente de diferentes capas sociales aún no se cristalizaron en nuevas identidades políticas. Esto tensiona al gobierno que conduce Dilma Rousseff en una perspectiva magro crecimiento económico y cuasi estancamiento.

2. Bolivia, la vía rupturista del protagonismo político de los movimientos sociales

Evo Morales fue el primer indígena y dirigente campesino que asumió la presidencia en Bolivia. Y, al momento de su asunción, en enero de 2006, el gobierno se auto-identificó como “el gobierno de los movimientos sociales”. Claro está que por definición los movimientos sociales no gobiernan (Viaña, 2011). Sin embargo, lo distintivo del Movimiento al Socialismo radica en el protagonismo político que tienen los movimientos sociales y, asimismo, que estos constituyen el principal apoyo del gobierno de Evo Morales. En el desarrollo del vínculo entre partidos y movimientos se pueden observar diversas etapas: 1. momento en que se decide formar un “instrumento político”, 2. momento en que se erigen en la principal fuerza política del país, 3. momento en que se asume al gobierno nacional y se promulga la Nueva Constitución Política del Estado.

2.1. Origen y trayectoria del MAS y los movimientos sociales

12 Diversos estudios indican una movilidad social ascendente de 32 millones de personas que migraron de las clases E y D -los más bajos- hacia las C, B y A -los intermedios y altos- siendo el más numeroso el C. Los integrantes de la clase C han recibido diferentes denominaciones: “sub-proletariado” Singer (2013), “nueva clase trabajadora” (Pochman, 2010), “batalhadores” o luchadores (Souza, 2010). Lo que queda claro es que la clase C fue la que presentó mayor crecimiento y que sus miembros registran un incremento en sus ingresos económicos y el consumo y acceso a bienes a los que antes no tenían acceso. Sin embargo, se destaca que la inserción laboral en muchos casos es precaria y en otros que para mantener el nivel de consumo llevan una vida sacrificada.

El MAS presenta dos tipos principales de apoyos políticos, el de las organizaciones del mundo campesino y el de las del mundo indígena. ¿Cómo se ha gestado esta articulación política cuyo principal resultado fue la creación de una fuerza de izquierda con rasgos novedosos que, posteriormente, asumió el poder político?

Desde fines de los setenta y comienzos de los ochenta del siglo XX se desarrollaron dos procesos políticos relevantes que se reforzaron mutuamente. Por un lado, el proceso de etnización de las organizaciones de trabajadores campesinos (Svampa, 2016), y, por otro lado, la autonomía política que ganaron las organizaciones indígenas (Mayorga, ²⁰¹⁴), las que en Bolivia comenzaron a ser vistas como sujeto político de cambio anticapitalista13. El proceso se aceleró cuando, en 1992, los sindicatos campesinos y las comunidades indígenas iniciaron un debate en torno a la representación política electoral con candidatos propios. Esto fue impulsado principalmente por la Confederación Sindical de Trabajadores Única de Campesinos de Bolivia (CSTUCB), la Federación de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y las comunidades de pueblos indígenas de tierras altas y bajas, expresada en la Confederación de Mujeres Campesinas e Indígenas de Bolivia Bartolina Sisa (CMCBBS). Fue un proceso complejo al que no se llegó a un acuerdo orgánico14 . Sin embargo, algunos dirigentes se presentaron a elecciones en 1997 bajo el partido Izquierda Unida del Partido Comunista Boliviano. Con posterioridad, en 1999, Evo Morales asume como Secretario General del MAS, lo que permitió a sus seguidores presentarse a elecciones municipales. De las vicisitudes que experimentó el MAS como fuerza política lo que hay que destacar es que su origen se halla signado por un doble sentido. Por un lado, en su carácter de “instrumento político” y, por otro lado, en su impronta movimientista. Este doble registro identitario no sólo lo acompañará a su asunción al gobierno nacional sino que generará tensiones cuando Evo Morales tome decisiones políticas significativas con las que sus diferentes apoyos no se encuentren de acuerdo. Con todo, la figura de Evo Morales, que sintetiza la condición campesina e indígena, unifica en términos simbólicos la fuerza política que encarna y lidera.

Desde el año 2000 se inicia un ciclo de protestas en Bolivia contra las políticas neoliberales en las que se sucedieron huelgas regionales, bloqueos de carreteras, cortes de ruta, etc. De estos conflictos el conocido como “la guerra del agua” fue uno de los de mayor relevancia. Asimismo, nuevas demandas se visibilizaron, las que remitieron a los recursos naturales, agua, tierra, derechos colectivos indígenas, etc. Las organizaciones campesinas, las comunidades indígenas, obreros, lideraron este proceso, del cual el MAS y el Movimiento Indígena Pachakuti formaron parte. En las elecciones de 2002 ambas fuerzas políticas obtuvieron bancas parlamentarias y el MAS se ubicó como principal fuerza política de la oposición. Este resultado conmocionó el escenario político y la oposición a las “políticas neoliberales” y la “democracia pactada”15 tenían otra relevancia en la medida en que eran esgrimidas y lideradas por el MAS. En 2002 asume el gobierno nacional Gonzalo Sánchez de Losada, por el Movimiento Nacionalista Revolucionario en acuerdo con el Movimiento de Izquierda Revolucionario, y su gobierno estuvo jaqueado permanentemente por protestas populares, por la crisis política derivada de los efectos de las políticas neoliberales y por el incremento de la fortaleza política del MAS, las organizaciones campesinas y comunidades indígenas. El protagonismo de movimientos sociales y sindicatos se condensó en la supra-organización “Estado Mayor del Pueblo”16 (Viaña, 2011), cuyo rasgo característico fue el de mantener autonomía respecto de las iniciativas del MAS. Formada en 2003, el “Estado Mayor del Pueblo” dejó de tener relevancia política con la asunción de Evo Morales,

13 Este proceso coincidió con la pérdida de protagonismo político del sindicalismo de raigambre minero que luego de la revolución nacionalista de 1952 fue decisivo en la política boliviana (García Linera, 2009). 14Se intentó registrar la sigla partidaria “Asamblea por la Soberanía de los Pueblos” y luego Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, finalmente, se hizo la presentación con el MAS, cuya personería jurídica databa desde 1987.

15 La constitución nacional establecía que aquella fuerza política que no obtenga el 50% de los votos debe establecer un acuerdo en el congreso para asumir el gobierno nacional. Esto sucedió en Bolivia desde 1985 hasta 2005, momento en que el MAS logró mayoría propia.

16 Conformada por organizaciones sociales, sindicales e indígenas y partidos de izquierda.

siendo reemplazada por la CONALCAM17. Lo cierto fue que Sánchez de Losada renunció a la presidencia y su fuerza política entró rápidamente en una crisis profunda. En este escenario, el MAS no sólo logró, en un lapso breve de tiempo, ser una relevante fuerza política opositora sino que, en esa coyuntura, se erigió en la principal fuerza política del escenario político boliviano. En 2003 y 2004 las decisiones políticas del MAS fueron ciertamente de carácter moderado. Por un lado, apoyó la sucesión presidencial bajo la vía institucional. Y, por otro lado, participó en la formulación del cuestionario para el referéndum sobre la nacionalización de hidrocarburos.

En las elecciones presidenciales de 2005 las probabilidades del MAS de acceder al gobierno nacional eran altas. Sin embargo, nunca el horizonte victorioso era el de obtener mayoría propia, sobrepasando el 50% de votos. Esto en sí mismo constituyó una particularidad del escenario boliviano, al que es preciso agregarle la emergencia de nuevas fuerzas que desalojaron a los partidos tradicionales en las elecciones. Así, el MAS asumió el gobierno nacional en el marco de un nuevo escenario político habitado por actores relativamente novedosos y con un esquema de apoyo político organizado en torno a movimientos sociales. Evo Morales, unidad simbólica de esa expresión política, articularía con un sinnúmero de tensiones dos lineamientos políticos: el nacionalismo estatista y el indigenismo.

2.2. El MAS en el gobierno

La llegada del MAS al gobierno nacional comportó una transformación significativa en la política boliviana y, con posterioridad, en la arquitectura política del Estado. Inéditamente accedió al gobierno con mayoría propia y sin necesidad del acuerdo congresal entre fuerzas partidarias, una pauta política que fue recurrente desde el retorno democrático en 1985. También aparecieron nuevas fuerzas políticas, por ejemplo PODEMOS que era producto de iniciativas ciudadanas, y quedó sólo una, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, de las fuerzas tradicionales que sobrevivió a las elecciones de 2005. Cabe destacar que el MAS obtuvo mayoría en diputados y no así en senadores y que, además, en este primer gobierno, contaba con una oposición regional que provenía de los departamentos, de los cuales sólo 4 tenían afinidad política con el MAS de un total de 9. Finalmente, en la dimensión institucional la pauta que marcó modificaciones en el proceso decisional remitió a la presencia en lugares gubernamentales de miembros de los movimientos sociales y sindicales en desmedro de políticos provenientes de partidos políticos. Así, el gabinete de Evo Morales estuvo integrado por representantes sindicales de maestros, de cooperativas mineras, representantes de trabajadoras del hogar, de la Federación de mujeres campesinas, de organizaciones vecinales, etc. Además se creó un Vice Ministerio de Coordinación de los movimientos sociales cuyo funcionamiento terminó asemejándose a una instancia de control de conflictos sociales y protestas (Mayorga, 2009).

¿Cuáles fueron las principales orientaciones del proyecto político llevadas adelante por el MAS? Y, ¿qué lugar ocuparon los movimientos sociales en el gobierno de Evo Morales? Como plantea Mayorga (2009) los gobiernos del MAS plantearon, con diferentes niveles de conflictividad social y política, una articulación entre nacionalismo e indigenismo. Ambos lineamientos políticos produjeron cambios en la política boliviana y atendían dos lineamientos que identificaban al MAS: su oposición a las políticas neoliberales y la diversidad étnico-cultural existente en Bolivia.

La política nacionalista, como se señaló, era esgrimida como principal bandera de oposición a las políticas neoliberales. Bolivia es un territorio con muchos recursos naturales para su explotación y su población no tenía control ni gobierno sobre los mismos. En este sentido, los sucesos conocidos como la “guerra del agua” en 2000 en Cochabamba así como “la guerra del gas” en 2003 en la ciudad El Alto marcaron una pauta importante. El dilema que se presentó en esa ocasión fue la siguiente: por qué un prefecto decidió por cuenta propia vender y exportar gas a Chile mientras en determinadas regiones

17 Surge en enero de 2007 y se fortalece en 2008 por iniciativa del gobierno de Evo Morales. La CONALCAM está constituida por organizaciones y movimientos sociales y, asimismo, por funcionarios del gobierno - ministros, viceministros, presidentes de bloques legislativos, funcionarios del Poder Ejecutivo, diputados y senadores del MAS. Y, efectivamente, son los funcionarios gubernamentales los que convocan y organizan las reuniones con las organizaciones sociales. de Bolivia éste no llegaba. Con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, y la asunción del vicepresidente Carlos Mesa, se llegó a un acuerdo político para realizar en 2004 el primer referéndum de la historia de Bolivia sobre la estatización de los hidrocarburos. El resultado del referéndum fue positivo hacia la estatización y, además, constituyó una victoria política del MAS18. En este contexto político Evo Morales asumió el gobierno con la certeza de un acuerdo social para la realización de nacionalizaciones. Así, el 1 de mayo de 2006 Evo Morales emitió un decreto por el cual se estatizó la explotación hidrocarburífera, otorgándole un “período de transición”, seis meses, a las empresas extranjeras para que renegocien el contrato. Sin dudas resultó ser excesiva la imagen de Evo Morales junto a militares e ingenieros al momento de firmar el decreto así como la presencia de militares rodeando las plantas de explotación de petróleo. Excesiva porque a diferencia de nacionalizaciones otros períodos y de las experiencias de la izquierda clásica no se trató de una “confiscación” o “expropiación” sino de una renegociación contractual que mejoraba notablemente las condiciones para el Estado boliviano. También se renegoció con Brasil y Argentina la tarifa del gas que se exportaba. De este modo se generaron excedentes fiscales para la aplicación de políticas sociales y programas de diversa naturaleza: tarifa diferenciada de luz para los sectores de bajos recursos con un alcance de un millón de hogares, bono para niños en edad escolar, bono para personas mayores de 60 años, concesión de tierras a comunidades y pueblos indígenas, seguro de salud masivo, campaña de alfabetización, entre los principales.

La Nueva Constitución Política del Estado19 fue el segundo lineamiento político de envergadura y la que marcó a fuego el protagonismo político de los movimientos sociales en el proceso decisional y en la orientación de las políticas públicas. Lo distintivo de este proceso radicó en que las demandas étnico-culturales del mundo indígena asumieron rango de estatalidad reconociéndolo como un “Estado plurinacional comunitario”. Sin embargo, lo interesante de este proceso fue que interpeló a la sociedad boliviana y que, durante su desarrollo, se cruzaron intereses regionales, particulares y cuestiones que pusieron en tela de juicio el régimen de acumulación económica que se debatía entre el extractivismo asentado en la explotación de los recursos naturales y la orientación del Buen Vivir, promovida por el gobierno nacional y que consideraba un tipo de armonía con la naturaleza a través de los saberes indígenas.

El escenario político de reforma constitucional era auspicioso para el MAS y los movimientos sociales ya que en las elecciones constituyentes se obtuvo mayoría propia. Sin embargo, la oposición política provino de los representantes departamentales, los que peticionaban autonomía. Así, la línea delicada que debía transitar el MAS en esta ocasión tenía que ver con aprobar un texto constitucional con cierta legitimidad política, particularmente la proveniente de los departamentos opositores y que tenían sus propias peticiones.

Entonces, la estrategia política del MAS estuvo apuntalada por el denominado “Pacto de Unidad”, conformado por organizaciones campesinas20y comunidades indígenas21. Así el MAS presentó a la Asamblea Constituyente la propuesta de reforma constitucional elaborada por el “Pacto de Unidad” intitulada “Por un Estado Plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas”. Esta propuesta no fue aceptada del modo en que fue presentada. Y, el poder de fuego proveniente de los representantes regionales era importante. El MAS negociaba con la oposición ocasionando la modificación de la propuesta presentada, la que generaba rispideces en sus apoyos políticos. Sin embargo, el momento de su aprobación constituyó un verdadero laberinto sin

18El MAS había participado en la elaboración del cuestionario del referéndum y se había pronunciado por el NO

en las preguntas 4 y 5, las que finalmente no fueron aceptadas.

19Para consultar un desarrollo destallado del proceso de reforma constitucional Schavelzon (2012).

20No fue integrada por las organizaciones sindicales del movimiento cocalero, que Evo Morales preside desde

21 Congregó a las tres principales organizaciones campesinas del país: Confederación Sindical Única de

Trabajadores Campesino de Bolivia (CSUTCB); Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Quollasuyo

(COMANAQ), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Federación de Mujeres Campesinas

e Indígenas de Bolivia Bartolina Sissa (FMCBBS), Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC),

Confederación de Pueblos Moxeños del Beni (CPEMB), Movimiento Sin Tierra (MST), Asamblea del Pueblo

salida debido a que se hizo en un contexto político de alta conflictividad y polarización. El nuevo texto constitucional fue aprobado con rechazo de la oposición política, lo que restaba legitimidad al nuevo orden institucional y en un escenario en que la oposición organizaba protestas radicales. Finalmente se llegó a un acuerdo político para que mediante referéndum se apruebe el nuevo texto constitucional y, asimismo, las autonomías departamentales. En ese lapso de tiempo, la oposición, sabiendo que saldría derrotada en la aprobación del referéndum, se dispuso a negociar una centena de artículos del nuevo texto constitucional. Ciertamente, los movimientos sociales no terminaron conformes con esta negociación, particularmente COMANAQ, CIDOB y CSUTCB. De todas maneras, hay que destacar que luego de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, en febrero de 2009, en Bolivia era posible introducir transformaciones en la arquitectura política del Estado, suceso inédito desde retorno democrático.

Del nuevo texto muchos aspectos son relevantes y tres son destacables. Por un lado, el Estado Plurinacional y comunitario reconoce a las “naciones y pueblos indígena originario campesino”, que según Mayorga (2014), este sujeto plurinacional, donde no aparece “lo boliviano”, se corresponde con el sistema de apoyos políticos del MAS. En este sentido, se señala que el término “naciones” alude a las comunidades indígenas de tierras altas; el término “pueblos originario” a las comunidades de tierras bajas y lo “campesino” a las organizaciones campesinas. Por otro lado, la forma de gobierno que reconoce como forma de gobierno la “democracia participativa, representativa y comunitaria”. Finalmente establece cuotas de representación institucional y política en base a la condición indígena y de género.

El segundo gobierno de Evo Morales mantuvo el nivel de polarización y conflictividad social. El rasgo distintivo fue que la conflictividad provino de sus mismos apoyos políticos y de los intentos por recrear nuevos apoyos por parte de Evo Morales. Cabe destacar que los recursos de poder institucionales aumentaron en este período, ya que el MAS poseía mayoría en las cámaras legislativas y la oposición regional había disminuido. Todo se dirigía a pensar en un escenario político previsible para los planes gubernamentales. Sin embargo, los conflictos del “gasolinaso”22 y el del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS)23 modificaron el vínculo entre Evo Morales y los movimientos sociales, particularmente con las organizaciones del mundo indígena. Sintéticamente, lo de mayor relevancia radica en que luego de ambos conflictos los apoyos políticos en que se sustentaba el gobierno de Evo fueron reducidos a la mínima expresión, quedando en pie el sustento de las organizaciones de trabajadores campesinos, en particular, la federación sindical del cocaleros (Viaña, 2012). El gobierno de Evo no dejó de tener su impronta “indigenista”, pero, las organizaciones del mundo indígena ya no constituirían un “actor estratégico” al cual el gobierno interpelaría (Mayorga, 2014).

3. Argentina, recuperando lo viejo en un nuevo contexto

A diferencia de Bolivia, en Argentina la oposición al neo-liberalismo no derivó en procesos refundacionales; y, en contraste con Brasil el apoyo recibido por los movimientos sociales y organizaciones sindicales se dio una vez llegado Néstor Kirchner al gobierno y no previamente. En este espacio intermedio se desarrolló el vínculo entre PJ, sindicalismo peronista y organizaciones piqueteras, el cual estuvo signado por la no correspondencia entre “condición obrera” e “identificación política de clase”, rasgo que había definido a la identidad del peronismo (Torre, 2004).

En efecto, lo más destacado del desarrollo político argentino remite a un tipo de protagonismo político circunscripto al ámbito institucional en un contexto político en el que la desarticulación entre el partido justicialista y el sindicalismo peronista asumió un carácter “persistente” y donde se constituyeron nuevas identidades políticas al calor de la protesta social.

22 En diciembre de 2010, vía decreto, se elevan los precios del combustible, lo que incidió en los precios de los alimentos de la canasta básica. Recibe el nombre de “gasolinaso” inspirada en el aumento de precios, de corte neoliberal.

23 Desatado por los planes gubernamentales de construir una carretera que parte en dos este parque nacional y territorio indígena, decisión tomada sin previa consulta a las organizaciones que habitan esas tierras.

3.1. La desarticulación entre partidos justicialista y sindicalismo peronista

Con el retorno de la democracia, en 1983, el sindicalismo peronista se había convertido en la “columna vertebral” del peronismo (Fernández, 1993). Esta idea remitía a que las organizaciones del movimiento obrero tenían como propósito mantener viva y fuerte la identidad peronista mientras que le quedaba vedada la posibilidad de conducir el movimiento. En términos operativos, esto se hacía visible en el aporte proveniente de las arcas sindicales para las campañas electorales, el armado de las listas de candidatos en las sedes gremiales, en la movilización de votantes por parte de las redes de militantes obreros, que, a su vez, establecían los contactos de los dirigentes de las 62 Organizaciones Peronistas con la Iglesia y los mandos militares y las corporaciones económicas (Torre, 2004). Todo esto contribuyó a brindarle sustento político a un movimiento que no gozó de los beneficios plenos de la legalidad política en determinados momentos de la historia política argentina.

Lo cierto fue que en las elecciones nacionales de 1983 la influencia del sindicalismo peronista fue decisiva, siendo emblemática la figura política del sindicalista Lorenzo Miguel. Sus recursos de poder eran más que envidiables, y, entre los principales, se puede registrar la Secretaría General de la Unión Obrera Metalúrgica24; la presidencia de las 62 Organizaciones Peronistas; y la Vicepresidencia del Partido Justicialista. La gravitación política del sindicalismo peronista al interior del PJ era decisiva, interviniendo en su orientación política así como en la selección de candidaturas y asignación de cargos. Por ello, la derrota en las elecciones de 1983 del PJ en manos de la Unión Cívica Radical provocó movimientos decisivos en la relación entre partido y sindicatos. A los sindicalistas se los designó “los mariscales de la derrota” y, de ahí en adelante, se inició un proceso de pérdida de poder sindical que perdura hasta la actualidad.

El proceso de marginación sindical terminó de definirse con la modificación de la Carta Orgánica del Partido Justicialista. En 1987, en manos de la corriente renovadora, se produjo la institucionalización partidaria, aspecto que había quedado pendiente desde la muerte de Juan Domingo Perón en 1974, y que consistió en que el PJ dejó de ser un “movimiento” y pasó a ser una “organización” (Mustapic, 2002). En este proceso lo principal consistió en trasladar la decisión de la elección de las autoridades partidarias a los afiliados. Así, quienes ocupaban cargos gubernamentales por el justicialismo o aspiraban a ser autoridades partidarias o bien ser candidatos por el partido tenían que lograr el respaldo de aquellos que ya eran autoridades u ocupaban cargos públicos. En ambos casos estos políticos contaban con suficiente acceso a fuentes de financiamiento para la movilización de los afiliados. Los intendentes, los gobernadores y legisladores que tenían acceso a fondos públicos se convirtieron en verdaderos hacedores del cambio en el movimiento peronista. A fines de la década del ochenta del siglo XX la marginación que experimentó el sector sindical al interior del partido fue notable.

Otro proceso político que colaboró en el quiebre de la correspondencia entre “condición obrera” e “identificación política de clase” fue el viraje ideológico del peronismo en su inflexión menemista que asumió una orientación neo-conservadora. Durante la última década del siglo XX los procesos de reforma del Estado, privatizaciones y apertura externa pusieron fin al régimen de acumulación económica basado en la sustitución de importaciones y fomento de mercado interno. Estas nuevas orientaciones en las políticas públicas desarmaron un tipo de sociedad, provocaron procesos de desintegración social y, como contracara de una misma moneda, generaron nuevas identidades políticas. Así se observaron procesos tendientes a la diversificación sindical mediante la emergencia de nuevas centrales sindicales y la constitución de organizaciones piqueteras.

La Central de los Trabajadores Argentinos25y el Movimiento de los Trabajadores Argentinos constituyeron lo más significativo en el panorama sindical. Ambas fueron creadas por dirigentes y

24 La UOM fue la principal organización sindical en período de sustitución de importaciones en Argentina. En esa medida Lorenzo Miguel presidía lo que se conocía como “la patria metalúrgica”. Y, además, las 62 Organizaciones Peronistas constituían el “brazo político” del sindicalismo peronista.

25 En 1992 se creó la CTA bajo la denominación de Congreso de los Trabajadores Argentinos y en 1996 cambió su denominación a Central. El MTA surgió en 1994.

militantes de extracción peronista descontentos con la orientación neo-conservadora que había asumido el menemismo. Sin embargo, lo que las diferenciaba era su diagnóstico acerca del peronismo. En este sentido, la CTA se planteó que la vía de transformación política por adentro del PJ se había agotado, por lo tanto, promocionó la conformación de fuerzas políticas “novedosas”, teniendo como horizonte político la experiencia del PT con la CUT. El MTA, a diferencia de esta, tenía como principal propósito producir un recambio en la CGT y lograr posicionarse en condiciones más favorables al interior del PJ.

En cuanto a las nuevas identidades políticas, cabe destacar que, a mediados de los ´90, comienzan a constituirse las organizaciones piqueteras, última forma organizativa de los sectores populares luego del peronismo (Levitzky, 2004). Sin embargo, esta nueva identidad política reconoció como condición de posibilidad la existencia de organizaciones sindicales y partidos políticos que se propusieron organizar políticamente a los desocupados -CTA, Partido Comunista Revolucionario, etc.- y, también, de organizaciones que apoyaron su lucha -MTA, Frente Grande, partidos de izquierda, etc. El espacio piquetero fue, desde sus orígenes, heterogéneo coexistiendo en su interior diversas culturas políticas, las que implicaron diferentes concepciones sobre los vínculos con el Estado, las organizaciones partidarias, sindicales y de la sociedad civil. En este sentido, Svampa (2008) describe la existencia de “corrientes político-ideológicas”; por un lado, las que inscriben su accionar en el campo nacional y popular -Federación de Tierra y Vivienda, Barrios de Pie, etc.-; por otro lado, las vinculadas a los partidos de izquierda -Partido Obrero, Corriente Clasista y Combativa, etc.-; y, finalmente, las organizaciones que provienen de una tradición de “izquierdas” y que plantean la autonomía respecto de los partidos y del Estado -Movimiento Teresa Rodríguez, Coordinadora Aníbal Verón, Frente Darío Santillán, etc.

La presencia de estos actores se desarrolló en un marco de organizaciones partidarias tironeadas por transformaciones en la representación política y, también, bajo la presencia de un actor sindical que se había alineado a las políticas gubernamentales del peronismo menemista.

3.2.Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner

La sociedad argentina comienza el siglo XXI con una estructura social fragmentada y empobrecida y con un mercado laboral altamente segmentado, con índices inéditos de desocupación, subocupación e informalidad. La crisis política y social de diciembre de 2001 dejó en claro el agotamiento de un ciclo político, el de las políticas neo-conservadoras.

El kirchnerismo construyó su identidad política en oposición a las políticas neo-conservadoras. Los adversarios políticos -FMI, mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia, fondos buitres, la oligarquía del campo, etc.- daban cuenta del nuevo clima de época. Sin embargo, a diferencia del peronismo histórico no pretendió representar ni identificarse con la “clase trabajadora”, más bien, a lo largo de sus gobiernos insistió en su diferenciación política con el pasado reciente mixturándolo con un discurso sobre lo “inclusivo” cuya marca sería lo “nacional y popular”. En este sentido, las “políticas inclusivas” se orientaron a la “reparación social” -Asignación Universal por Hijo, aumento de personas en la percepción jubilatoria, etc.- como al reconocimiento de derechos -matrimonio igualitario.

3.3. El papel de las organizaciones sindicales y piqueteras

La revitalización de la acción colectiva se desarrolló en un marco signado por políticas tendientes a la creación de puestos de trabajo, que impactó rápidamente en la reducción de la desigualdad, y en el marco de “tentativas” de re-vincular el partido peronista y el sindicalismo peronista.

Las primeras señales se advirtieron con el aumento salarial, vía decreto26, otorgado por Néstor Kirchner. Sin dudas fue una medida anticipatoria a la posible acción colectiva de protesta (Gómez, 2009). Además, en su inicio convocó a las organizaciones del espacio piquetero con el objeto de que

En 2003 hubo tres aumentos salariales; en 2004 dos aumentos salariales; y, en 2005 un aumento.

manejen programas del gobierno nacional27. La respuesta de las organizaciones fue dispar y explicable a partir de las diferentes culturas políticas con las se identificaban. La Federación de Tierra y Vivienda y Barrios de Pie, con su impronta sindical, respondieron afirmativamente al manejo de programas sino también al ofrecimiento de cargos gubernamentales, desafío que se enfrentó bajo la consigna de “militar el Estado”. La Corriente Clasista y Combativa, el Polo Obrero, etc. no aceptaron con lo cual decidieron mantener el ritmo de la protesta. Y, el espacio intermedio constituido por diferentes organizaciones enroladas en Coordinadoras y Frentes respondió decidiendo gestionar programas de carácter productivo, como el Plan Arraigo, y mantener la autonomía política.

La unificación de la Confederación General del Trabajo, iniciada en 2004 y concretada en 2005, se hizo en el marco de la constitución del kirchnerismo como principal fuerza política de alcance nacional. Las elecciones legislativas de 2005 determinaron esto. Así, se selló una alianza entre kirchnerismo y sindicalismo peronista, bajo el liderazgo del dirigente camionero Hugo Moyano. También el gobierno habilitó espacios institucionales de diálogo político, como las Convenciones Colectivas de Trabajo y el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil28. En 2006 ambas instituciones no sólo tenían dinámica propia sino que se vislumbraban los rasgos distintivos del período. En efecto, la acción colectiva comenzó a girar en torno a lo institucional. Las huelgas se desarrollaban hasta el momento en que se cerraba la negociación colectiva (Etchemendy y Colliers, 2008) mientras que la negociación entre las autoridades gubernamentales con el sindicato de camioneros funcionaba como “pauta” de aumento salarial anual para las restantes organizaciones gremiales.

En este contexto de renovado protagonismo político del sindicalismo el Secretario General de la CGT, Hugo Moyano, quería recrear la “patria camionera” emulando lo que fue la “patria metalúrgica” (Torre, 2012). Inició este camino no sólo obteniendo cargos a nivel partidario sino también logrando ensanchar su poder incrementando la cantidad de sus afiliados incluso a costa de otras organizaciones. También se re-activó las 62 Organizaciones Peronistas, presidida por Gerónimo Venegas, Secretario General del Sindicatos de los Trabajadores Rurales, al tiempo que se re-abrieron las GCTs regionales, con el objeto de ponerse al frente de la protesta social, en este período bajo el formato de huelgas.

Los planes sindicales tendientes a lograr recursos de poder al interior del peronismo se vieron jaqueados con el conocido “conflicto del campo”. Así, el conflicto con las entidades del agro, durante el primer año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, echó por tierra estas iniciativas. Desatado por la decisión de aumentar nuevamente el impuesto a las retenciones a la exportación de soja, girasol y trigo29, el gobierno nacional optó por dividir el campo político entre lo “nacional y popular” encarnado en Cristina Fernández de Kirchner y la “oligarquía del campo”. Esta estrategia tuvo un efecto rebote impensado generando un hecho histórico para las entidades del agro: que la Sociedad Rural y la Federación agraria realicen acciones colectivas en conjunto y que en plena diputa formen una “mesa de enlace”, junto a otras representaciones.

Lo que no se pudo reparar con posterioridad a este conflicto fueron las divisiones al interior de los partidos así como tampoco se evitaron las tensiones en las representaciones sindicales y en las del campo piquetero. Por su parte, en el ámbito gremial, el caso de Gerónimo Venegas fue emblemático ya que se desempeñaba como Secretario General de UATRE y, también, de las 62 Organizaciones Peronistas. Ciertamente, su situación era muy complicada, debatiéndose y actuando entre el apoyo al gobierno nacional y la mirada de los afiliados que representaba. Para salir de esta encerrona política Venegas se ofreció como “mediador” entre el gobierno nacional y las entidades del agro con el objeto de resolver el conflicto, al tiempo que planteaba no asistir a un acto organizado por Hugo Moyano en

27Se trataba de tres programas: “El más urgente”, “Manos a la obra” y “Plan arraigo”.

28 Ambas instituciones ya estaban creadas. Sin embargo, funcionaban parcialmente en el caso de las

Convenciones Colectivas para los sectores más competitivos de la economía o estaban inactivas desde 1993 como el caso del Consejo del Salario.

29El 10 de marzo de 2008 el entonces Ministro de Economía anuncia el aumento de las retenciones móviles a las exportaciones de cereales y oleaginosas mediante la resolución 125 del Poder Ejecutivo. Ahí comenzó e onflicto y la respuesta de Federación Agraria no se hizo esperar, declaró “El gobierno nos está metiendo las manos en el bolsillo a los productores”. A las 48 hs. se había producido la primera movilización con tractores del año.

apoyo al gobierno el 1 de abril. Esto revelaba que, sin lugar a dudas, Venegas “formaba parte” del conflicto y, por lo tanto, no podía mediar políticamente. De todas maneras, nadie estaba al tanto acerca del modo en que Cristina Fernández de Kirchner abordaría esta disputa política, cuyo desenlace terminó siendo institucional30. Por otra parte, el campo piquetero también quedó dividido. Los referentes del FTV actuaban como fuerza de choque del gobierno nacional, la imagen televisada en la que el principal referente Luis D´Elía golpea en el espacio público a un manifestante que apoyaba las protestas contra el gobierno fue más que elocuente. En cambio, las otras organizaciones se abstenían o marchaban pacíficamente.

Tensionadas las alianzas políticas la re-elección de Cristina Fernández de Kirchner en 2011 reavivó las diferencias políticas con el entonces líder de la CGT, Hugo Moyano, quien cursaba su segundo mandato al frente de la confederación. Así, en un intento de influenciar al próximo gobierno y más precisamente a la candidata presidencial y en ocasión de la celebración del día del trabajador del 1 de mayo Moyano disparó ante los medios de comunicación: “A nosotros nos gustaría que acompañe a la presidente un hombre de extracción sindical…” (Diario, La Nación, 22/3/2011) en referencia a la fórmula presidencial que encabezaba Cristina Kirchner en 2011. Y, el día del acto Moyano planteó ante el público “Los trabajadores no estamos solo para votar. También podemos reclamar algún cargo en las listas. Los trabajadores tenemos el derecho y la obligación de asumir responsabilidades.” (Diario, Clarín, 29/4/2011) Ante esta situación la entonces candidata presidencial, Cristina Fernández de Kirchner, le recordó que eso no era necesario ya que ella misma era una “trabajadora”. La posición del gobierno nacional era, ciertamente, diferente a la de Hugo Moyano. En palabras de Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados peronistas, el de Moyano “…es un sindicalismo con protagonismo político”, “… tiene su poder, si critica a Cristina sale en los diarios”. Sin embargo, esta situación dista mucho de pensar que los líderes sindicales se constituyan en la “columna vertebral de un movimiento nacional” (Entrevista en profundidad a Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria)

En perspectiva, queda a la vista que la tentativa de penetración sindical al interior del partido justicialista ha quedado inconclusa en particular porque el esquema de apoyos políticos diseñado y decidido por Cristina Fernández de Kirchner ha cambiado. Su gobierno sería defendido por los jóvenes, constituidos en La Cámpora y encabezada por su hijo, Máximo Kirchner, y por el conglomerado de fuerzas denominado “Unidos y Organizados”.

Truncada la posibilidad de constituirse nuevamente en la “columna vertebral”, el protagonismo político de los movimientos se ha circunscripto a la esfera institucional cuyos canales privilegiados fueron las Convenciones Colectivas de Trabajo y el Consejo del Salario. Y los que protestaban por la vía no institucional tuvieron que sortear obstáculos que provenían del mejoramiento del funcionamiento del mercado de trabajo. Así, la Corriente Clasista y Combativa, una organización piquetera, al calor de la creación de puestos de trabajo mutó de una organización que se identificaba con los desocupados a una que representaba a la “clase obrera”. Esto dio la pauta de las profundas transformaciones que experimentó la sociedad bajo los gobiernos kirchneristas.

Conclusiones

El protagonismo político del sindicalismo y los movimientos sociales y la asunción al gobierno de fuerzas políticas afines en Sudamérica dio lugar a un conjunto de discusiones novedosas o que anteriormente sólo cautivaban a un público académico. Así, se sucedieron arduos debates que conmovieron a la opinión pública y que giraron en torno a la reconfiguración de la clase trabajadora, la clase media y la movilidad social; el papel de los movimientos sociales y las organizaciones sindicales; las políticas públicas y el papel del Estado; los derechos y la democracia; y, finalmente, la orientación del desarrollo económico.

30Luego de varios meses de disputa política, se busca una salida al conflicto en la arena institucional, siendo el Parlamento el ámbito escogido. El oficialismo es derrotado, ante un empate de votos, Julio Cobos, quien presidía el Senado, desempató con un voto “no positivo” y contra los intereses oficialistas, fuerza de la que formaba parte.

El protagonismo del sindicalismo y los movimientos fue heterogéneo debido a las particularidades de cada país y a las diferencias en la gravitación política de cada uno de los actores. En efecto, la actuación de los movimientos sociales -viejos y nuevos- revela los nuevos rasgos del ciclo político que se abrió a comienzos de siglo XXI. Por su parte, la vía institucionalista sugiere la creación de espacios de diálogo político -conferencias y consejos- cuya efectividad ha sido dispar. No tanto por el diseño de los mismos sino por las alianzas que tuvo que trabar el partido en el gobierno. Por otra parte, la vía refundacional fue la que más transformaciones registra. Sin embargo, a pesar de las mismas, el caso de Bolivia, revela que los apoyos políticos requieren ser recreados permanentemente. Finalmente, la vía intermedia da cuenta que la recomposición política se ha circunscripto al ámbito institucional.

Del estudio de estos tres casos testigos es posible identificar áreas para el desarrollo del estudio del sindicalismo y los movimientos sociales. En este sentido, se destaca que en los últimos veinte años se registran dos problemas novedosos que remiten al protagonismo político de estos. Por un lado que las principales tensiones no provienen de la esfera estatal sino de la orientación política del partido en el gobierno y del espacio político que ocupan los movimientos sociales (Iglesias, 2012a). En efecto, a diferencia de las últimas décadas del siglo XX las características de las iniciativas estatales estaban orientadas al aumento de la exclusión social, la desocupación en un marco de ausencia de redes de contención social. De acuerdo con esto, para el sindicalismo y los movimientos sociales el Estado tenía un sentido negativo en la medida que impulsaba instancias de desintegración de la sociedad, las que muchas veces eran acompañadas con medidas represivas. Esto fue lo que se modificó con los partidos que asumieron el gobierno durante el siglo XXI y es lo que explica la mutación del problema señalado: las tensiones no provienen del Estado sino del partido que asumió el gobierno y lo que produjo muchos de los realineamientos políticos por parte de los protagonistas de la acción colectiva durante este período. Por otro lado, lo atinente a la representación política, cuyas transformaciones sugieren que la legitimidad de un gobierno debe recrearse continuamente (Iglesias, 2012b). Ciertamente, se ha detectado, durante los últimos veinte años una ciudadanía más activa, lo que ha influido en la acción de los actores colectivos. Como se ha descripto ni siquiera el gobierno de Evo Morales tiene asegurado el apoyo incondicional de los sindicatos y los movimientos sociales, los que no dudan en realizar protestas cuando el poder ejecutivo toma decisiones significativas que los afectan negativamente. En definitiva, se destaca que ambas cuestiones abren nuevas posibilidades para el análisis de la acción política.

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