SUMARIO

Introducción. 1. Mapa de la conflictividad laboral en el Gran La Plata, 1.1 Ciclos y periodizaciones 1969-1972, 1.2 Sector de actividad, 1.3 Demandas y alineamientos, 1.4 Formas y características que adquiere la conflictividad laboral. 2. Paros parciales, huelgas generales y trabajos a reglamentos. 3. Conclusión.

Introducción

En los últimos años, el proceso de creciente conflictividad social y de inestabilidad política que tuvo lugar en la Argentina a partir del golpe de estado de 1955 y que concluyó abruptamente con la última dictadura militar, ha concitado la atención de numerosas investigaciones. El creciente interés que desde las ciencias sociales se ha dedicado a este período, radica, en parte, en que sus problemáticas, lejos de haber sido agotadas, continúan siendo objeto de fuertes disputas y debates. Una de las particularidades que marcaron dicha etapa de la historia argentina fue haber estado atravesada por dos tipos de crisis: la primera de ellas derivada del agotamiento que presentaba el modelo de acumulación de industrialización por sustitución de importaciones que se había consolidado durante el primer peronismo. De manera paralela a este proceso se produjo una crisis de legitimidad del sistema político, que se expresó en los fracasos sucesivos de los diversos intentos por establecer cualquier tipo de dominación política en la Argentina (O`Donnell, 1977).

El golpe de estado de 1966, liderado por el general Juan Carlos Onganía, fue quizá uno de los proyectos que de modo más coherente intentó resolver estos dos tipos de crisis, aunque los éxitos iniciales en tal cometido no pudieron sostenerse en el tiempo. Muy por el contrario, las reformas estructurales en la economía y en las instituciones que impulsó el régimen militar instaurado en 1966 (tendientes a lograr tanto una mayor concentración del capital como un férreo disciplinamiento social), se convirtieron en la base de una creciente impugnación y oposición al régimen por parte de vastos sectores de la sociedad, que finalmente impidieron la consolidación del modelo político autoritario y de su proyecto económico.

Para muchos autores que analizan el periodo que se abre a partir de la “Revolución Argentina”, la particularidad que presenta el mismo reside en el hecho de que este movimiento de oposición política a la dictadura y a la racionalización capitalista avanzó hacia un cuestionamiento más global de los fundamentos mismos de la organización social y la dominación estatal (Tortti, 2006), conformándose una fuerza social en ascenso de carácter anticapitalista, que tuvo como protagonistas principales al movimiento obrero y al movimiento estudiantil (Bonavena et al., 1998). Como señala Tortti, en la literatura existente sobre el período, tanto la emergencia del movimiento de protesta y de la “nueva izquierda”, como el posterior “desvío” por los causes del sistema institucional, no suelen estar lo suficientemente profundizados, quedando así en “…relativa oscuridad la naturaleza de los actores y el papel que sus estrategias jugaron en el campo de fuerzas del que formaron parte” (Tortti, 2006: 25). En nuestra opinión, no solo no se encuentra lo suficientemente problematizado la fisonomía y estrategias propias de los distintos sectores que conformaron el campo amplio de la “nueva izquierda”, sino que además tampoco está especificado el contenido y alcance mismo del concepto de radicalización política y social ni el papel concreto que jugaron tanto el movimiento obrero, como el estudiantil en dicho proceso. En términos generales, muchas interpretaciones sobre el periodo suelen dar por supuesto de manera acrítica el hecho de que ambos sujetos experimentaron un proceso de radicalización política, sin problematizar la fluidez de las distintas estrategias y trayectorias, y la diversidad de enfrentamientos inter e intra-clase1. No estamos negando la validez de estas lecturas sobre la dinámica social y política durante los años `60 y `70, sino señalando la necesidad de precisar los alcances, ritmos y modalidades concretas que tuvieron dichos procesos.Independientemente de este debate, lo cierto es que la clase obrera

1 Si bien nuestra unidad de análisis es el movimiento obrero, hemos decidido prestar especial atención a las luchas de otro actor de relevancia en dicha época, tal como es el movimiento estudiantil. Dicha elección está en función de que durante esos años, tanto el primero como el segundo, no solo se presentaron como actores sociales y políticos de fundamental importancia, sino que al mismo tiempo tuvo lugar una clara tendencia a la unificación de sus luchas. Sin embargo, nuestra intención es no perder de vista, por otra parte, la particularidad específica que tuvieron las luchas del movimiento obrero y el movimiento estudiantil en sí mismas. De modo que no solo procederemos a analizar ambos sujetos de manera diferenciada, sino que le otorgaremos un papel preponderante al movimiento obrero, en tanto que es el sujeto que nos interesa analizar.

desempeñó un papel protagónico en el periodo que media entre los años 1955 y 1976, en el contexto de una sociedad que sufría importantes transformaciones económicas y sociales.

Esta investigación parte de la premisa de que, para responder adecuadamente a estos interrogantes respecto a este particular periodo de la historia argentina, resulta necesario enfocarnos en el estudio de la naturaleza y dinámica concreta que presentaron las luchas del movimiento obrero, tratando de evitar subsumir las mismas al accionar, confrontaciones y debates de los distintos partidos políticos y/o organizaciones armadas que actuaron durante dicha etapa2.Para llevar a cabo dicho cometido nuestro foco de análisis estará centrado en los enfrentamientos que tuvieron lugar durante el período 1969-1972, en la región del Gran La Plata3, abordándolos a través de una metodología sustentada fundamentalmente en el método cuantitativo4. Independientemente de que toda delimitación cronológica presenta cierto grado de arbitrariedad, la particularidad que tiene nuestro periodo bajo estudio es que luego de los levantamientos de masas que se producen a partir de mayo de 1969 (Balvé y Balvé, 2005; Balvé y otros, 2005) tiene lugar un ascenso u agudización del conflicto de clases en la Argentina que le obliga a la dictadura militar a ensayar distintas respuestas, ante un movimiento que amenazaba con derribar algo más que las pretensiones del proyecto original del golpe de estado de 1966. A partir de mayo de 1969, la iniciativa gubernamental estuvo signada, de una parte, por una política de tregua y apertura dirigida principalmente al establecimiento de canales de negociación con parte del aparato sindical, que se expresa, por ejemplo, en el establecimiento, aunque de modo condicionado, de las negociaciones colectivas. Como sostiene Gordillo, de este modo se abrieron “canales de acceso a la participación por donde expresar el descontento obrero” (Gordillo, 2007: 357). Simultáneamente el gobierno llevó adelante otra táctica: la represión selectiva hacia los sectores más dinámicos del movimiento de protesta, que no aceptaban canalizar la acción dentro del plano de la negociación ofrecida por el gobierno. Sin embargo, en términos generales, podríamos sostener que a partir de 1970 el poder militar sobre la sociedad civil se encontraba seriamente debilitado y en crisis.

El propósito de este trabajo es, entonces, presentar por medio de un análisis cuantitativo, el mapa general de la conflictividad laboral en el Gran La Plata, con el objetivo de establecer las principales pautas, tendencias y características de las luchas del movimiento obrero de la región en el período 1969-

2Vale aclarar que no negamos la incidencia de los partidos o de las distintas organizaciones de izquierda y armadas en la dinámica y naturaleza que presentaron las luchas de la clase obrera y del movimiento estudiantil, simplemente advertimos el peligro de sustituir una por otra.

3 Cuando nos referimos a la región del Gran La Plata, hacemos alusión al espacio que conforman los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, ubicado en el extremo sureste de lo que se conoce como la Región Metropolitana de Buenos Aires.

4 El procedimiento utilizado para la elaboración de la base de datos estuvo basado exclusivamente en la recolección y codificación de material periodístico, en particular del diario El Día de la ciudad de La Plata. Como señala Beverly Silver (2005), la utilización de los periódicos como fuente para elaborar índices de protesta social se ha convertido en los últimos años, y no solo en la Argentina, en una práctica sociológica muy extendida y desarrollada. En nuestro caso hemos seleccionado el diario “El Día”, ya que al ser un periódico provincial, con asiento en la misma ciudad de La Plata, dedicaba una parte importante de su edición al acontecer político y social tanto de la propia ciudad de La Plata, como de los partidos de Berisso y Ensenada (los cuales tenían una sección especial dentro del diario). Por añadidura, por su propio carácter regional el diario no solo funcionaba en su carácter informativo o editorialista, sino también como medio a través del cual muchas organizaciones, sindicatos, partidos políticos, empresarios, publicitaban distintos eventos, hechos, opiniones puntuales, etc. En un trabajo anterior (Nava y Romá, 2011) hemos especificados el procedimiento, las decisiones y problemas teóricos-metodológicos que se derivan del análisis cuantitativo de la lucha de clases y que lo fundamentan. En el mismo sentido véase Izaguirre y Aristizabal (2002) y Scodeller (2009). 19725. A pesar de que, en los últimos años, varios investigadores han insistido en la necesidad de analizar varias de las problemáticas, que serán nuestro objeto de estudio, en unidades temporales y espaciales más extensas, en nuestra opinión el recurso de la historia a nivel regional o local presenta como ventaja la posibilidad de profundizar y complejizar varias dimensiones que hacen a la dinámica de los enfrentamientos que libraron los distintos sectores del movimiento obrero (Raimundo, 2014). Hacia la década del setenta el triángulo urbanístico, industrial y comercial constituido por las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada había adquirido una envergadura tal que le confería al área la categoría de centro nacional (Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1981), conformando un polo provincial con identidad y dinámica propia (Robles 2009). Junto a La Plata, una ciudad más bien comercial y universitaria, se hallaba el cordón industrial de Berisso y Ensenada, sede en esa época tanto de un polo petrolero-petroquímico de avanzada y de un dinámico astillero, como de una industria frigorífica en crisis. Por añadidura, creemos que el estudio de la conflictividad del movimiento obrero en una región en particular no solo tendría utilidad en la medida en que contribuye a entender de manera más acabada la historia social y política de la Argentina durante las décadas del `60 y `70, sino que también nos permite introducirnos en debates más generales referidos al papel y características que presentan la clase obrera y sus luchas en las sociedades capitalistas. En este sentido, no solo nos parece importante estudiar la conflictividad laboral en un espacio social y político que se presenta como diferente respecto de los casos locales paradigmáticos (intentando evitar entender lo regional como un epifenómeno del proceso nacional, así como de llevar a cabo una sobreestimación de las singularidades locales) sino también descentrandola de sus manifestaciones más clásicas.Sostenemos esto en función de que, en lo que refiere a nuestro periodo de análisis, gran parte de las investigaciones parecen concentrarse en las experiencias más espectaculares (clasismo de SITRAC-SITRAM, las coordinadoras interfabriles de 1975, etc.) o en los casos locales más paradigmáticos (Córdoba, Rosario, Gran Buenos Aires), que son los que han servido generalmente para definir y conceptualizar la naturaleza y dinámica del movimiento de protesta social y radicalización política. En varias oportunidades, este tipo de enfoque adolece de lo que Agustín Nieto (2016) ha denominado como una estructura narrativa “triunfalista”, por la cual la relevancia del objeto de estudio, ya sean conflictos, organizaciones o regiones, es dada o bien por su “intensidad” inusitada o por la situación estrategia de la región o caso de estudio. Soslayando de este modo tanto la problemática relación entre lo local/regional y lo nacional, como la dinámica de la conflictividad laboral de baja intensidad y más rutinaria, pero no por ello menos importante

En la medida en que se divisan comportamientos divergentes en las pautas de conflictividad laboral de la región según cuál sea nuestra unidad de análisis, hemos divido el trabajo en dos grandes secciones. En la primera de ellas se presenta un panorama de la conflictividad laboral en la acepción más general que hemos utilizado. En este caso, el análisis no se circunscribe a una sola de las manifestaciones de la conflictividad (las huelgas o paros), que, si bien son centrales, no agotan por sí mismas la complejidad del accionar gremial y político de la clase trabajadora. En la medida en que nuestro objetivo es poder captar la mayor variedad de tipos de conflictos y de sujetos que protagonizan los mismos, hemos optamos por una definición amplia de conflicto. En este sentido, hemos definimos al conflicto obrero-estudiantil -siguiendo el análisis que hacen Izaguirre y Aristizabal (2002) - como un encuentro entre dos sujetos sociales, en el que es necesario como mínima expresión la presencia de uno: tanto el sujeto obrero como el sujeto estudiantil6. En la última sección, sin embargo, nos ocuparemos específicamente de la dinámica de la

5 El periodo sobre el que se construyó la base de datos para el análisis estadístico transcurre desde enero de 1969 a diciembre de 1972. La decisión de establecer un criterio meramente cronológico está en función de la estacionalidad que muchas veces presenta la conflictividad obrera y de la necesidad de tener un periodo de tiempo homogéneo. 6Hemos decidido incorporar la conflictividad estudiantil no solo cuando involucra al sujeto obrero, sino también en su propia especificidad. Ya que, como sostuvimos anteriormente, nos interesaba también analizar la dinámica propia del movimiento estudiantil, teniendo en cuenta la centralidad que tuvo en el mapa de la protesta social de aquellos años. En la actualidad nuestra base de datos consta de 3380 unidades de análisis a lo largo de todo el periodo 1969-actividad huelguística del movimiento obrero regional, tratando de establecer los factores relevantes para entender sus movimientos y características.

1. Mapa de la conflictividad laboral en el Gran La Plata

1.1 Ciclos y periodizaciones 1969-1972

A partir de 1969 el movimiento obrero de la región desarrolló un masivo ciclo de protesta cuestionando fundamentalmente la política salarial, y otros aspectos del régimen de facto. De todos modos, el ciclo de conflictividad laboral en el Gran La Plata entre los años 1969 y 1972 presenta un comportamiento divergente, en primer lugar en función de los indicadores seleccionados para medir su intensidad y del criterio de periodización que utilicemos.

Medidos en términos de la frecuencia de acciones y utilizando un criterio de periodización meramente cronológico, la conflictividad laboral presenta una tendencia claramente delimitable. Tal como puede observarse en el gráfico 1, la conflictividad obrera acusa una tendencia creciente desde 1969, delineando una curva en forma de U invertida, cuyo pico es el año 1971; significando éste el momento de mayor intensidad de la protesta obrera en lo que respecta a nuestra región de estudio. Con 804 conflictos el año 1971 explica casi el 40% de las acciones del movimiento obrero bajo nuestro período de análisis (1969-1972). En verdad, lo que se evidencia es un recrudecimiento particularmente importante de laconflictividad obrera a partir del segundo semestre de 1970, que alcanza su mayor expresión hacia mediados de 1971 (véase gráfico 2). Dicho recrudecimiento tiene lugar en un contexto en donde el sindicalismo, en parte para no quedar desbordado por el proceso de radicalización política y social, endurece sus posiciones, a la par que la capacidad represiva del régimen se ve seriamente resentida. Sin embargo, en el marco signado por la salida política ensayada por el General Lanusse, este pico en el ciclo de protesta obrera, es sucedido por un importante declive de los conflictos hacia el año 1972, que se reducen a casi la mitad de acciones (408) con respecto al año anterior.

Fuente: elaboración propia.

1972. Dentro de este universo, las acciones en las que el movimiento obrero, en su sentido más amplio, tienen algún papel en la iniciativa de las mismas (ya sea actuando solo o en alianzas con otros sujetos sociales) representan un total de 2045 unidades de análisis. Por su parte, el total de conflictos del movimiento estudiantil que hemos registrado para el período 1969-1972 es de 1050 hechos. Estos dos subuniversos se solapan obviamente porque están contabilizados en ambos las acciones en las que participan sujetos obreros y estudiantiles.

Esta curva ascendente de la conflictividad obrera que estamos describiendo presenta, a su vez, distintos picos de conflictividad mensual, que en una primera aproximación parecen estar marcados por la dinámica que tuvieron las distintas centrales sindicales que actuaron durante dicho período. Tal como puede observarse en el gráfico 2, los momentos de mayor intensidad de la curva ascendente están representados por los meses de octubre de 1969 con 48 conflictos mensuales, abril de 1970 con 53 conflictos mensuales, octubre y noviembre de 1970 con 89 y 78 respectivamente, mayo y junio de 1971 con 113 y 127 (es decir, el momento de mayor conflictividad obrera en la región) y septiembre de 1971 con 100 conflictos, ya en el momento descendente de la curva. Con la excepción de los meses de mayo y junio de 1971, estos picos de conflictividad tienen lugar en circunstancias en que, tanto la CGT de los Argentinos (CGTA) durante el año 1969, pero en particular la CGT azopardo, llevan a cabo distintas huelgas generales. Estas medidas de fuerza a pesar de presentar diversos tipos de impacto en la región, tuvieron la virtud, no obstante, de aglutinar el descontento de distintos sectores del movimiento sindical del Gran La Plata. Por su parte, el momento de mayor conflictividad obrera, es decir los meses de mayo y junio de 1971 (durante los primeros meses de la presidencia de Lanusse), se encuentra precedido por el hecho de masas conocido como el “Viborazo” en el mes de marzo, y tiene lugar en el contexto de una activación de la resistencia obrera en el interior del país, materializada en la sucesión de varias huelgas generales que se desarrollan fundamentalmente en la provincia de Córdoba. En nuestra región de estudio, este momento de mayor intensidad estuvo marcado asimismo por importantes conflictos de los trabajadores judiciales, docentes, no docentes y de gremios estatales, pero en particular por una de las huelgas más prolongadas y activas del periodo que nos ocupa: la de los trabajadores de Petroquímica Sudamericana.

Si desplazamos nuestro criterio de periodización, de uno meramente cronológico hacia otro cuyo eje son los distintos momentos institucionales (es decir, la sucesión de las tres presidencias de Onganía, Levingston y Lanusse, que, en nuestra opinión, no solamente expresan cambios en el aspecto meramente institucional, sino que dan cuenta de distintos momentos en las relaciones de fuerzas sociales y políticas), podemos complejizar nuestra imagen del ciclo de conflictividad laboral. A pesar del duro golpe que significó el Cordobazo para el proyecto político de Onganía (y para el de la Revolución Argentina en su conjunto), dicho acontecimiento no parece haber derivado de manera inmediata en un punto de inflexión en la dinámica de la protesta obrera, por lo menos en lo que respecta a nuestro caso de estudio. Durante el período que corresponde a su presidencia (desde el 01/01/69 hasta el 08/06/70) no sólo el promedio de conflictos diarios⁷ (0,9) es el menor de los tres períodos presidenciales, encontrándose por debajo de la media general: 1,4 (véase Cuadro 1), sino que además la masividad de éstos no supera la media establecida para el conjunto de la etapa 1969-1972. Sólo un 30% de las acciones registradas bajo su presidencia son protagonizadas por grupos compuestos por más de 50 personas.8

Recién bajo la presidencia de Levingston se evidencia un recrudecimiento de la conflictividad laboral. En un contexto signado por contradicciones crecientes en el seno de la Fuerzas Armadas, y entre éstas y los sectores empresariales y políticos, el movimiento obrero regional pasa a la ofensiva aprovechando en parte también la pérdida de capacidad represiva del gobierno. Como se puede observar en el cuadro 1, desde la presidencia de Onganía a la de Levingston se registra un aumento en la intensidad de los conflictos, medido en función del promedio diario de acciones, que asciende de 0,9 a 1,6, ubicándose por encima de la media. De todos modos, dicho incremento no conlleva necesariamente un aumento de la cantidad de asalariados que participan en cada conflicto, que en verdad disminuye levemente.

7Para analizar la frecuencia cuando utilizamos como criterio de periodización los períodos presidenciales, hemos decidido medir el promedio diario de conflictos, en la medida en que los porcentajes absolutos se pueden encontrar sobrerrepresentados (o subrepresentados) en función de que cada presidencia presenta diferentes extensiones temporales. De todos modos, es interesante notar que más del 50 por ciento (es decir 1092) de los conflictos que tenemos bajo estudio se encuentran dentro del período de la presidencia de Lanusse.

8 En términos generales, el porcentaje de luchas protagonizadas por un número pequeño de cuerpos supera ampliamente al resto: en tanto que las acciones en las que participan hasta 50 personas son del orden del 69,8%, en las que toman parte de 50 a 500 personas y de más de 500 son del 21,7% y 8,5% respectivamente. Esta tendencia se mantiene, aunque con variaciones, durante los distintos períodos.

Esta tendencia alcista de la conflictividad laboral no sólo continúa, sino que además se intensifica sensiblemente, durante los primeros meses de la gestión de Lanusse a pesar de sus propósitos manifiestos de reabsorber la conflictividad social rehabilitando las instituciones democráticas y convocando a elecciones. Si desagregamos el período de Lanusse en dos subperíodos (del 23/03/71 al 31/10/71 el primero y del 01/11/71 al 31/12/72 el segundo), el promedio de conflictos diarios asciende hasta 2,6 en el primero de ellos, representando así el momento de conflictividad más intensa de todo el período 1969 -1972. Sin embargo, una vez que la “apertura democrática” se encuentra en una etapa bastante avanzada, convirtiéndose la “retirada” del régimen militar en un hecho incuestionable, la conflictividad laboral acusa una importante reducción. En el segundo subperíodo de Lanusse, el promedio diario de conflictos desciende abruptamente (1,1) por debajo de la media, acercándose a valores similares al período de Onganía. En esta disminución parece operar no solo el hecho de que hacia 1972 la apertura política y/o una actitud más dialoguistas respecto a los conflictos, tiende a canalizar los mismos por los medios institucionales, sino que además la política represiva del gobierno, que se desarrolló de manera paralela a la “apertura política” (y que se enfocó justamente contra quienes no se integraran a dicho esquema) ofició de obstáculo para los procesos de organización y lucha. Sin embargo, tendríamos que señalar que si bien la conflictividad obrera de la región tendió a disminuir cuantitativamente, ello no significó en principio una merma en la masividad de la misma. Mientras que en el segundo subperíodo de Lanusse la frecuencia de conflictos adquiere valores similares al período de Onganía, por el contrario la cantidad de trabajadores que participan en cada una de estas acciones llega a los valores más altos de toda la etapa 1969-1972; aunque no alejándose demasiado de la tendencia general9. No sólo los conflictos tienden a involucrar una mayor cantidad de asalariados sino que además presentan tendencialmente un mayor nivel de agregación. Los conflictos que no se circunscribieron a los trabajadores de una sola dependencia o lugar de trabajo, sino que involucraron y abarcaron de manera conjunta a los asalariados de los tres partidos que componen el Gran La Plata, tuvieron una tendencia creciente a medida que nos acercamos al final de nuestra etapa.

De todos modos, hay que señalar que, en términos generales, la dinámica de la conflictividad laboral que estamos analizando estuvo acotada específicamente al marco regional. A pesar de algunas excepciones, la gran mayoría de los conflictos registrados no tuvieron una repercusión que excediera dicho marco10. Sólo una pequeña parte de los mismos (4,3%) despertó manifestaciones de solidaridad en otras regiones del país o logró nacionalizarse desplazándose, por ejemplo, el ámbito de la lucha o negociación hacia otras jurisdicciones tales como la Capital Federal. De hecho, podríamos sostener que los conflictos no solo no excedieron el marco regional sino que en gran medida se circunscribieron a la ciudad de La Plata propiamente dicha. Casi el 80% de la conflictividad laboral se produce en la capital provincial, siguiéndole en orden de importancia el partido de Berisso (8,8%) y por último Ensenada (4,6%). Tengamos en cuenta que en términos poblacionales, dentro del conglomerado del Gran La Plata, el partido de La Plata tenía una clara preeminencia frente a Berisso y Ensenada, concentrando el 80.6% de la población. No obstante este dato, es sugestivo, en consonancia con lo que se analizará en el siguiente apartado, el hecho de que el partido que menor incidencia tiene en el conglomerado del Gran La Plata a la hora de dar cuenta de la conflictividad obrera en su aspecto cuantitativo, es decir Ensenada, sea el único que presenta una estructura ocupacional netamente industrial.

1.2 Sector de actividad

9Durante el segundo subperíodo de Lanusse las acciones en las que participan de 50 a 500 personas y de más de 500 adquieren los siguientes valores: 22,5% y 11,1%.

10Entre las excepciones podríamos mencionar el prologando conflicto que mantuvieron el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne Armour y Swift de Berisso entre fines de 1970 y principios de 1971, la “gran huelga” de los obreros de Petroquímica Sudamericana y las medidas de fuerza impulsadas por los trabajadores judiciales de La Plata.

Si tenemos en cuenta el hecho de que el proyecto de la “Revolución Argentina” de racionalización del trabajo y control de los salarios tuvo efectos incuestionablemente más severos tanto en el ámbito de la administración estatal, como en el de la industria y servicios estatales, no nos debería llamar la atención que, en lo que respecta al período y la región analizados, el tono y dinámica de la conflictividad laboral estuviera marcado por la actividad de los gremios estatales, y que, por su parte, el proletariado industrial haya sido la fracción de la clase obrera que parece ubicarse al margen de la conflictividad laboral11. En parte en consonancia con el perfil socio productivo de la región, el sector de trabajadores más movilizados es el vinculado a la administración pública, donde se ubican casi la mitad de los conflictos registrados (47,7%). En segundo lugar, se sitúan las luchas iniciadas por los trabajadores industriales (22,2%), y por último, se encuentran las acciones cuya iniciativa corresponde a los trabajadores del sector “comercio y servicios” (15,4%) y a las organizaciones político-sindicales (14,7%). El hecho de que los gremios estatales hayan sido los que marcaron el tono del ciclo de protesta del movimiento obrero regional, instalado fundamentalmente a partir del año 1970, se corrobora si agrupamos los sectores en conflicto en “estatales” (ya sean estos industriales, del sector terciario o de la administración pública) y los vinculados al sector “privado”. En este caso, el 65,2% de las acciones corresponde a los gremios del ámbito estatal o público y sólo 19,5% a los sectores del movimiento obrero vinculados al ámbito privado.

Por añadidura, los conflictos protagonizados por los trabajadores de la administración pública no sólo son los mayoritarios sino que, además, acusan una tendencia creciente a medida que la conflictividad laboral en general se vuelve más intensa, ya que de representar el 40,7% de las acciones bajo el período de Onganía terminan explicando el 51,6% de los conflictos hacia el final de nuestra etapa. Esta tendencia creciente se produce fundamentalmente a costa del sector “comercio y servicio”, que ve reducida su participación del 22,9% en el primer periodo al 13,4% en la época de Lanusse. Por su parte, la mayor participación del sector industrial se da en el periodo de Levingston (28,8%), explicada no solo por el prolongado conflicto en el frigorífico Swift de Berisso, sino además por los crecientes conflictos en el gremio textil y en el Sindicato Gráfico Platense.

En lo que respecta a lo que consideramos como trabajadores de la administración pública, los gremios que tienen una clara preeminencia a la hora de dar cuenta de la dinámica de la conflictividad, son en particular los que no parecen haber completado el proceso de institucionalización sindical, que en algún sentido implicaba un mayor grado de centralización y burocratización. Dentro de este colectivo de trabajadores se encuentran, en primer lugar, todas aquellas organizaciones que agrupaban a los trabajadores docentes (29,9%12), ya sean del nivel primario o secundario o dependiente del ministerio de educación nacional o provincial; los vinculados a los trabajadores no docentes de la UNLP (21,7%) y la Asociación Judicial Bonaerense (16,6%). Por otra parte, en lo que respecta a los trabajadores industriales o del sector “servicio y comercio”, los gremios más representados en términos de la conflictividad parecen ser aquellos que pertenecen a las industrias de las consideradas ramas vegetativas (que en la zona se encontraban en una situación de estancamiento o caída absoluta) o a actividades que comienzan a perder centralidad en la estructura económica del país. En el caso de los gremios industriales los tres más importantes son: los trabajadores de la carne (24,4%), la Asociación Obrero Textil (AOT) (23,4%) y SUPE Ensenada (19,4%); y en el de sector servicios y comercio son los trabajadores ferroviarios ya sean de la Unión Ferroviaria o La Fraternidad (25,1%), los del ramo correo y telecomunicaciones (18,5%), los empleados de comercio (8,9%) y los telefónicos (8.6%). A grandes rasgos, estos sectores presentaban una tendencia hacia el debilitamiento general de su poder de negociación13. En lo que respecta a nuestro caso

11Más adelante profundizaremos esta cuestión, pero en este punto quisiéramos aclarar que si bien desde nuestro

marco teórico consideramos el conflicto laboral como una de las formas de expresión de la lucha de clases, el hecho

de que haya sectores del movimiento obrero que queden al margen de un ciclo de protesta, ello no se convierte

necesariamente en sinónimo de debilidad en el enfrentamiento de clases.

12Del total del sector administración pública.

13Hacemos uso de este concepto tal como lo define Erik Olin Wright (2000).

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de estudio, los obreros de los sectores más privilegiados de la industria no estuvieron entre los principales protagonistas de la conflictividad laboral.

Por añadidura, los conflictos obreros de la región acusan una débil propensión a centralizarse, siendo por el contrario la sectorización la tendencia dominante. Los conflictos protagonizados no sólo por las centrales sindicales nacionales o regionales, sino también por las organizaciones político-sindicales y por las coordinadoras de distintos gremios en lucha, destacan por su escaza incidencia tanto en el momento de menor conflictividad social como en el de mayor alza de las luchas, aunque aumenta levemente durante la presidencia de Lanusse, momento en el que la CGT regional avanza lentamente en el proceso de reorganización, al tiempo que su posicionamiento político se volvía cada vez más insoslayable. Tengamos en cuenta que, mientras a nivel nacional la CGT azopardo se normaliza en julio de 1970 con la elección de Rucci como secretario general, en la regional La Plata, Berisso y Ensenada el proceso de normalización y reorganización se concreta definitivamente recién en el año 1972. Es sintomático el hecho de que en ningún momento la CGT regional promoviera seriamente (o lo consiguiera en el caso de la CGTA regional) la unificación o coordinación de las luchas de todos los trabajadores y sectores en aras de solucionar los distintos problemas que aquejaban a la región en ese momento: despidos de YPF, desocupación masiva de trabajadores de la carne, reactivación del puerto de La Plata, requerimientos salariales y contractuales de los trabajadores estatales, represión del gobierno de la Provincia, cierre de fuentes de trabajo, etc.

1.3 Demandas y alineamientos

Gran parte de la literatura que analiza el período de los años sesenta y setenta coincide en afirmar que con posterioridad al Cordobazo, tiene lugar en la Argentina un proceso de mayor politización y de creciente radicalización política, que afectó tanto a la clase obrera como a amplios sectores de la sociedad. De todos modos, por lo menos en lo que respecta a nuestro caso de estudio, encontramos que fueron, por el contrario, los reclamos corporativos los que motorizaron gran parte de las luchas del movimiento obrero de la región entre fines de los sesenta y principios de los setenta14. Casi dos tercios de los conflictos laborales de la etapa 1969-1972 se refieren específicamente a luchas de carácter económico- corporativo (64,9%), seguidas, en orden de importancia, por las luchas extra gremial-corporativas (27,5%) y en última instancia, por los conflictos intragremiales (7,5%). Dentro de las luchas de carácter corporativo, la mayor parte de ellas se dirigen a cuestionar aspectos claves de la ofensiva gubernamental y empresarial sobre el mundo del trabajo: la política de restricción salarial y de racionalización tanto de la esfera pública como privada. El 34,8% de las luchas corporativas se refieren a reclamos por aumentos salariales y atraso o regularización en el pago de salarios, el 20,1% por condiciones de trabajo, renovación o modificación de convenio o estatuto y el 16,4% en defensa de las fuentes de trabajo, contra cierre o contra despidos, traslados, suspensiones. Sin embargo, si nos desplazamos al ámbito más propiamente político (extra corporativo) encontramos que sólo una pequeña parte de los conflictos se dirigen específicamente a cuestionar el régimen militar en general y/o a su política económica social en particular (16,3%), o a la política de represión del aparato estatal y por la libertad de presos políticos y gremiales (15,3%). Asimismo, la resistencia de los trabajadores a la ofensiva gubernamental y empresarial no parece haber derivado tampoco en un cuestionamiento generalizado por parte de las bases obreras hacia sus

14 La multiplicidad de objetivos explícitos y específicos por los cuales se inician las distintas acciones las hemos agrupados a través de tres categorías: a) “lucha económica corporativa”, en las que se incluyen todas las luchas cuyas reivindicaciones se encuentran específicamente vinculadas o acotadas al ámbito gremial, laboral o sindical más inmediato; b) “conflicto intragremial”. Con esta categoría, hemos intentado captar los enfrentamientos dentro del mismo movimiento obrero, ya sea al interior de un sindicato o entre distintos gremios. Y en tercer lugar, c) “luchas extragremiales”, que agrupa a todas aquellas luchas que tienen como objetivo aspectos que exceden la inmediatez de lo corporativo y se ubican en un terreno más netamente político.

conducciones gremiales, en tanto que no sólo, como ya vimos, los conflictos intragremiales fueron marginales, sino que además dentro de ellos las acciones orientadas a cuestionar de manera directa a la conducción gremial por corrupción, connivencia con patrones o gobierno, o por pasividad frente a los procesos de lucha representan el 23,4%.

Lo interesante en nuestro caso no es solamente que sean las demandas de carácter específicamente gremial las que en general impulsan la conflictividad laboral, sino que además tampoco encontramos una relación necesaria entre intensificación o masificación de la protesta del movimiento obrero y politización de sus demandas, en la medida en que las luchas económica-corporativas no sólo son las mayoritarias, sino que además crecen tenuemente desde el 62,2% en el primer período al 65,8% en el último. Es decir, que a medida que aumenta la intensidad de los conflictos, tal como señalamos anteriormente, el ámbito de la lucha se desplaza más aún hacia el plano económico corporativo, despolitizándose en términos relativos. Las acciones que más van a crecer dentro de las luchas económico-corporativas son las referidas a reclamos de aumentos salariales y atraso o regularización en el pago de los mismos. Mientras en el primer período éstas representan el 32%, en el de Lanusse alcanzan el valor de 39,6%, momento en el que los aumentos en los índices de inflación eran considerables. Por otra parte, las luchas que acusan una disminución importante son las que se dan en defensa de las fuentes de trabajo, contra cierre o contra despidos, traslados, suspensiones, ya que pasaron de representar el 20% en el período de Onganía o el 23% en el Levingston a sólo el 11,6% en el último. Lo que estamos señalando resulta aún más notorio si tomamos como eje de periodización el promedio anual de conflictos. En este caso se puede advertir cómo en el momento de mayor conflictividad obrera en la región, es decir el año 1971, los conflictos económico-corporativos explican un poco más de dos tercios (68,8%) de las acciones del movimiento obrero. Por el contrario, en dicho año el porcentaje de luchas de carácter extra corporativo (25,1%) descienden por debajo de la media para toda la etapa 1969-1972 (27,5%).

Esta tendencia a que las luchas de carácter extra corporativo disminuyan a medida que nos acercamos al final de nuestra etapa (ya que pasan del 29,6% en el período de Onganía al 26,3% el período de Lanusse) podría resultar paradójica si la contrastamos con la apertura política ensayada durante la presidencia de Lanusse y la consiguiente politización más general de losdistintos sectores sociales. Aunque en verdad no lo sería tanto si tenemos en cuenta que, fundamentalmente a partir de la conformación de la “Hora de los Pueblos” (noviembre de 1970) fueron los partidos políticos los encargados de articular las demandas más propiamente políticas. De todos modos, habría que tener en cuenta que en raras ocasiones durante todo nuestro periodo de estudio el movimiento obrero regional incluye entre sus demandas la reapertura del proceso electoral, el llamado a elecciones, etc.

A pesar de que estamos analizando los fines de las luchas del movimiento obrero en general, en verdad podría establecerse un vínculo entre el carácter de las luchas y los sectores de actividad que las impulsan. En primer lugar, porque mientras que cada gremio en particular tiene la iniciativa en las luchas fundamentalmente por reivindicaciones económicas, por el contrario serán las centrales sindicales las encargadas de motorizar las luchas de carácter político.

Si excluimos a las organizaciones político-sindicales, en donde las luchas de carácter político son mayoritarias (70,2%), los conflictos de carácter económico superan obviamente el 50% de las acciones realizadas en los tres sectores de actividad. Pero, a su vez, es entre los trabajadores de la administración pública donde este tipo de lucha adquiere mayor preeminencia y en donde, en relación con los demás sectores de actividad, tanto la lucha intragremial como la de carácter político son más bajas. En el caso de los trabajadores de la administración pública las luchas económica-corporativas representan el 80,1% de las acciones, las extracorporativas el 14,1% y las intragremiales el 5,8%. Específicamente los fines por los cuales se moviliza el sector de la administración pública se circunscriben en primer lugar al aumento salarial y contra el alza del costo de vida, seguido del rechazo del proceso de racionalización15, que con distinto grado de éxito intentaban llevar adelante tanto la administración nacional como la provincial. Por su parte, los reclamos del ámbito económico corporativo de los trabajadores del sector industrial estaban centrados alrededor de dos demandas de índole defensivas: en contra de despidos, traslados, suspensiones (35,5%) o en defensa de las fuentes de trabajo, contra desocupación (15,6%). Al contrario, los reclamos estrictamente salariales sólo expresan el 12,8% de las acciones de los trabajadores industriales. Dicha cuestión se encuentra estrechamente vinculada con la situación de estancamiento o caída absoluta que exhiban las consideradas ramas vegetativas de la región16. Tengamos en cuenta, por ejemplo, los 400 obreros textiles de la fábrica The Patent Knitting que quedan sin trabajo luego de que la empresa declarara la quiebra en 1969, los casi 5000 trabajadores de la carne suspendidos por el Swift a partir de 1970. A los que habría que agregar los 150017 cesantes de la destilería y taller naval de YPF con motivo de la huelga de 1968 y la inactividad, a esta altura endémica, del Puerto La Plata18.

Si excluimos a la variable “CGT, combinación de gremios”, el sector de actividad donde las luchas de carácter extracorporativo tienen mayor peso es en el de comercio y servicio con el 30,5%19. Este tipo de luchas fueron motorizadas, principalmente, por la Comisión Coordinadora de la Unión Ferroviaria, seccional Tolosa, organismo opositor a la intervención en el gremio. Sobre todo en los primeros años, la comisión coordinadora, en parte como producto de su situación de debilidad20, es una de las más activas a la hora de intentar tender puentes tanto con los demás sectores de la clase trabajadora y del movimiento estudiantil, como asimismo a la hora de repudiar la política represiva del régimen. Si bien los trabajadores del riel lograron concretar importantes medidas de fuerza, fundamentalmente durante 1969, los intentos de articular sus luchas con los demás sectores sociales, radicalizándolas, resultaron ser mucho más infructuosas.

Dentro del sector industrial, los gremios que aparecen con un mayor grado de involucramiento en la lucha política, son sintomáticamente aquellos que mantienen dos de los conflictos más prolongados (aunque con distintas fisonomía) de los trabajadores industriales durante la etapa bajo nuestro análisis: la AOT y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de Berisso.

De todos modos, que el conflicto se ubique en un plano corporativo o extragremial todavía no nos dice mucho de la orientación política concreta de las luchas del movimiento obrero. Si bien este aspecto ameritaría profundizarlo por medio de otro tipo de análisis, todavía en el marco del análisis cuantitativo, hemos utilizado otro modo de agrupar los fines que se expresan en las luchas, para poder dar cuenta de la tendencia en los alineamientos expresados por las distintas fracciones obreras en relación a las alternativas presentes en el ciclo de protesta más general que se desarrollaba en el plano nacional. Siguiendo en parte el análisis que realizan Inés Izaguirre y Zulema Aristizabal (2002) hemos decidido categorizar los fines en tres variables: rechazo formal/en disputa; a favor del régimen militar y contra el régimen militar21. En consonancia con lo que veníamos analizando, solo un 23,9% de los conflictos se dirigen expresamente en contra del régimen militar (ya sea proponiendo una alternativa política diferente a la puesta en práctica por el gobierno militar o cuestionando la existencia misma del sistema capitalista), mientras que la mayoría de los alineamientos del movimiento obrero se concentran bajo la categoría rechazo formal/en disputa, con un 76% del total de los hechos. En gran parte, el primer tipo de acciones son protagonizadas por las dos centrales sindicales regionales, la CGTA y la CGT, aunque con una predominancia de la primera. Ambas centrales se van a enfocar en distintos aspectos del régimen. Mientras la CGTA regional hace hincapié fundamentalmente en el aspecto represivo del gobierno, la otra central encauza sus luchas hacia la política socio económica del régimen. De todos modos, es claro que la actitud del movimiento obrero de la región respecto a los grupos revolucionarios fue más bien expectante. Si tomamos al conjunto de las fracciones obreras que iniciaron estas acciones en contra del régimen militar, tenemos que la adhesión expresa a los grupos combativos, ya sea bajo la forma de la lucha armada o de las diversas expresiones radicalizadas presentes en la Argentina de esos años, se exterioriza de manera bastante marginal. Si bien la actitud fue expectante, de ningún modo fue opositora; además las luchas del movimiento obrero que expresamente se manifiestan por el mantenimiento del régimen político, económico y social vigente en el período son completamente insignificantes (solo dos acciones durante toda la etapa 1969-1972, es decir el 0,1%). Sin embargo, es llamativo el hecho de que las luchas en contra del régimen acusan una tendencia decreciente, ya que si bien durante los días de Onganía este tipo de acciones representaba el 30,2%, para el caso del período de Levingston y Lanusse personifican el 23,3% y 21,4% respectivamente. Si nos enfocamos en la intensidad de este tipo de conflictividad, analizando el promedio diario de conflictos contra el régimen según los distintos períodos, se desprenden algunos matices. Acompañando la tendencia creciente de la conflictividad obrera en general, el promedio diario de acciones contra el régimen militar aumenta del 0,2 en el primer período al 0,4 y 0,8 en los últimos dos. El dato, no obstante, es que las luchas en donde los objetivos explícitos se encuentran acotados a los intereses específicos de los trabajadores no sólo triplican a las luchas contra el régimen militar, lo cual en cierto punto es obvio en tanto representa la forma recurrente de lucha entre patrones y asalariados, sino que a medida que nos acercamos a la salida electoral crecen aún más en intensidad con respecto a las luchas contra el régimen. Si relacionamos esta tendencia con lo que analizamos anteriormente, podríamos conjeturar que si bien la estrategia de apertura política diseñada por Lanusse no logra incidir en la intensidad y masividad de la lucha, no obstante resulta más exitosa a la hora de subordinar el conflicto obrero dentro del marco institucional legal, por lo menos en lo que respecta al caso regional.

1.4 Formas y características que adquiere la conflictividad laboral

Si bien a partir de 1969 en la región el movimiento obrero desarrolla un masivo ciclo de protesta cuestionando aspectos claves de la ofensiva gubernamental y empresarial sobre el mundo del trabajo, tales como la política de restricción salarial y de racionalización tanto de la esfera pública como privada, dicho ciclo no se expresó, en términos generales, en formas de luchas que dieran cuenta de mayores niveles de combatividad y de radicalización política y gremial, ni incentivado ámbitos de participación más democráticos, tales como las tomas de fábrica, paros activos, etc

En primer término, podemos observar, tal como se desprende del cuadro 2, que casi la mitad de las acciones del movimiento obrero se corresponden con la forma más “suave” del conflicto (el

cuestionaran aspectos parciales sin llegar a proponer una alternativa política y económica diferente a la puesta en práctica por el gobierno. Cabe aclarar que estas distinciones en los fines de las luchas son meramente analíticas en la medida en que los mismos no se presentan de manera escindida en el proceso concretos de luchas, sino que están dialécticamente ligados. El criterio por el cual se asignaron valores a una u otra categoría, implicó determinar cuál de ellos era el predominante en cada conflicto en particular. enfrentamiento verbal/escrito), en tanto que el medio utilizado es la palabra. No nos parece pertinente subestimar este tipo de acciones, ya que como sostienen Izaguirre y Aristizabal (2002: 48) no sólo suelen expresar momentos particulares de confrontaciones más prolongadas, sino que además generalmente tienen por objeto delimitar los diferentes componentes de una fuerza y de su antagonista; aunque no dejan de ser modalidades de enfrentamiento que se encuentran en gran medida institucionalizadas y que se ajustan mayormente a las normas legales. De todos modos, los conflictos que expresan un mayor grado de confrontación, es decir los enfrentamientos materiales, presentan una leve tendencia al alza a medida que nos acercamos al final de nuestra etapa.

Asimismo, dentro de este tipo de acciones predominaron las instancias más deliberativas (reuniones, las asambleas, etc: 25,7%) o negociadoras (entrevistas, paritarias, etc: 13,9%), frente a modalidades de luchas más disruptivas, tales como las clásicamente consideradas medidas de fuerza (paros o huelgas, trabajo a reglamento etc.), que sólo representaron el 8,5% del total; o los actos, concentraciones, movilizaciones, etc. que significaron el 3,6% de las acciones que llevó a cabo el movimiento obrero. Si el movimiento obrero de la región no renunció a la tradicional política sindical de negociación, ello no fue obstáculo para que recurriera cada vez más a modalidades de acción directa: los paros y huelgas y las movilizaciones fuera del lugar de trabajo. Si bien este tipo de acciones son de menor magnitud frente a las instancias de negociación, acusan no obstante una tendencia creciente. Las huelgas y paros pasan de representar el 6,1% en el primer período presidencial al 10,5% en el último22. Mientras que los actos o movilizaciones fuera del lugar de trabajo pasan del 2,1% al 4,8%.

Cuadro 2. Tipo de conflictos obreros 1969-1972. Gran La Plata

Fuente: elaboración propia.

Independientemente de esta tendencia a recurrir con mayor frecuencia a medidas de acción directa, el movimiento obrero del Gran La Plata, no adoptó, en términos generales, formas radicales de movilización. Para dar cuenta del grado de violencia material presente en los enfrentamientos, hemos establecido dos variables más: a) “Enfrentamiento material, con cosas que no son armas de fuego. Puede incluir enfrentamiento con cuerpos” y b) “Enfrentamiento material, con armas de fuego. Puede incluir otras cosas que no son armas de fuego”. Como se puede observar en el Cuadro 3, este tipo de enfrentamiento resulta

22En el siguiente apartado nos detendremos a analizar específicamente este tipo de acciones.

ser completamente marginal (0,7% y 1,1%, respectivamente). Que este tipo de acciones sean marginales es, en algún punto, esperable en tanto no forman parte de los modos de lucha recurrente de los asalariados. Sin embargo, resulta interesante visualizar las condiciones concretas en las que tienen lugar estas formas de lucha. Una dinámica recurrente de los conflictos durante este período, no sólo del movimiento obrero platense, sino también de otros sectores sociales en la Argentina, es su tendencia a la radicalización y masificación como consecuencia de la intervención represiva del gobierno, en el marco ya de un sistema político restrictivo. En este sentido, los momentos en los que este tipo de enfrentamiento tiene lugar son durante la presidencia de Onganía y fundamentalmente durante el primer subperíodo de la presidencia de Lanusse (véase cuadro 3), momentos en los que la respuesta represiva hacia el movimiento de oposición social fue más reiterada. Por el contrario, durante el período de Levingston, en parte como producto de la debilidad y falta de apoyo con el que contaba el mismo Levingston dentro de las Fuerzas Armadas, parece haber disminuido la represión sobre la protesta social en general, lo que terminó influyendo en el nivel de radicalidad en los enfrentamientos.

Bajo la presidencia de Onganía quienes protagonizan este tipo de acciones son las instancias centralizadas, en especial la CGTA regional, mientras que en el último período la centralidad es de los distintos gremios en conflicto, en particular de los trabajadores de Petroquímica Sudamericana. En su mayoría estas acciones se llevan a cabo en la vía pública (en ningún caso en los lugares de trabajo o en las sedes sindicales, ámbitos donde prevalecen las patronales y las dirigencias sindicales respectivamente) y corresponden a manifestaciones o marchas en contra de las políticas generales del régimen militar, en las que se producen enfrentamientos con las fuerzas del orden como consecuencia de los intentos de éstas por disolver las manifestaciones a través de medios represivos.

Por otro lado, es interesante que en una proporción importante de estos enfrentamientos (7 de los 20) la iniciativa le corresponda al movimiento estudiantil. Si bien sería pertinente analizar de manera más profunda los vínculos y acciones en conjunto entre ambos movimientos, en este punto solodestacaremos el hecho de que en parte la alianza con el movimiento estudiantil le permitió al movimiento obrero ganar la calle y obtener un mayor grado de violencia material en sus acciones. Si bienel protagonismo del movimiento estudiantil platense en ciclo de protesta social es menor que el evidenciado por el movimiento obrero, por lo menos en lo que respecta al plano cuantitativo, aquel sin embargo no solo tuvo una propensión mayor a confrontar de manera directa, ya sea con el gobierno nacional o con las autoridades universitarias, sino también a que estos enfrentamientos evidenciaran una grado mayor de violencia material, aunque muchas veces esta característica tampoco se correspondió a una iniciativa propia del movimiento estudiantil, sino que le fue impuesta por la condiciones que de algún modo les imponía el régimen militar. Si observamos el cuadro 4 el primer dato llamativo que podemos inferir es la relativa importancia que adquieren, para el caso del movimiento estudiantil, las formas de lucha en las que no solo se encuentra implicada la movilización de cuerpos, por ausencia o presencia deliberada de los mismos, sino que además se utilizaron otro tipo de objetos (que pueden comprender incluso el empleo de armas de fuego23). Sostenemos esto, ya que si tomamos ambos tipos de lucha, las mismas en conjunto representan el 14,6% del total de las acciones materiales llevadas a cabo por el movimiento estudiantil bajo el periodo 1969-1972. Por añadidura, al interior de ellas, resultan ser más representativas las que implican algún uso de armas de fuego (8,9%). Como acabamos de señalar, en el caso del movimiento obrero, este tipo de acciones solo significaron valores completamente marginales (1,8%). En un contexto de intensificación del accionar represivo, durante 1971 y principios de 1972, tienen lugar varios enfrentamientos entre estudiantes y la policía, que se caracterizaron por el hecho de que en varias ocasiones las fuerzas de seguridad, pese a la violencia desplegada en la represión, no logran quebrar la resistencia estudiantil. Los manifestantes solían no sólo levantar barricadas con automóviles y otros elementos en amplias zonas de la

23 En su gran mayoría, los casos que incluimos en esta variable fueron hechos en los se hizo uso de las distintas bombas de fabricación casera, tales como las “bombas molotov”.

ciudad, sino que, en reiteradas oportunidades hacen uso de tácticas de guerrilla urbana (Bonavena, 2006), es decir hostigamientos y repliegues intermitentes, que conseguían desbordar a los efectivos policiales obligándolos a replegarse. Todo lo cual, nos daría cuenta, de la mayor propensión que presentaban los enfrentamientos del movimiento estudiantil no solo a expresar un mayor grado de violencia material, sino además a exceder los marcos institucionales-legales.

En lo que respecta al movimiento obrero, a pesar del mayor grado de combatividad que le permitió alcanzar los vínculos que estableció con el movimiento estudiantil, muchas veces el costo que debió pagar por esta alianza, y su posterior radicalización, fue el debilitamiento del grado de unidad hacia el interior de la propia clase obrera. La intervención represiva determina entonces, en varias ocasiones, la radicalización y masificación de la protesta obrera, que se convierte en un punto focal de la oposición de amplios sectores de la sociedad civil al autoritarismo del gobierno. En términos generales, la estructura autoritaria del gobierno motiva que la conflictividad obrera originalmente de carácter economicista y apolítica se vuelva más intensa al tiempo que se politiza. Sin embargo, a la par que esta táctica del gobierno le permite al movimiento obrero sumar alianzas con fracciones de otras clases y radicalizar el enfrentamiento, oficia de obstáculo para los procesos de organización y lucha, al tiempo que resiente los grados de unidad hacia el interior del movimiento obrero. En muchas oportunidades pareció que los sectores combativos debían enfrentarse al siguiente dilema: radicalización o masificación.

Cuadro 3. Formas que asumen los conflictos obreros 1969-1972. Gran La Plata

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 4. Formas que asumen los conflictos estudiantiles 1969-1972. Gran La Plata

Y es que, efectivamente, así como no existe una relación necesaria entre masificación de la protesta del movimiento obrero y politización de sus demandas, tampoco la hay entre masificación y radicalidad en las formas que adquiere la conflictividad laboral. En términos generales, las formas que asume el enfrentamiento del movimiento obrero en su mayor parte corresponden a luchas que se entablan dentro del sistema institucional legal: el 97,7% de los enfrentamientos del movimiento obrero se desarrolla dentro del marco corporativo legal. Es decir, que los hechos en los que se expresa un mayor involucramiento de los cuerpos en el conflicto y que se desarrollan por fuera del sistema institucional no sólo son claramente minoritarios, sino que presentan una tendencia a disminuir a medida que se acerca el fin del régimen militar instaurado en 1966. Los gremios que protagonizan la mayor parte de éstos últimos son, además de las dos centrales sindicales (en particular la CGTA), la AJB (Asociación Judicial Bonaerense), la AOT, la Comisión Coordinadora de la UF seccional Tolosa y el gremio de los trabajadores no docentes y por fines que se enmarcan dentro del ámbito de lo que habíamos conceptualizado como luchas extracorporativas.

Sin embargo, la tendencia en las acciones dentro del sistema institucional legal es que los enfrentamientos protagonizadas sólo por dirigencias van a descender al punto más bajo en el último período, siendo suplantadas por hechos que expresan un mayor involucramiento de los cuerpos en el conflicto, al tiempo que se desarrollan en espacios social y jurídicamente ajenos al movimiento obrero y que representan por antonomasia espacios de la confrontación de clase: en primer término, el lugar de trabajo que pasa de representar el 6,6% en el período de Onganía al 14,1% en el último período y, por otra parte, los conflictos que se desarrollan en la vía pública (lugar habitual de expresión y movilización del movimiento obrero) que, si bien en general son marginales (2,6%), crecen del 1,7% al 3,2% durante la presidencia de Lanusse. A medida, entonces, que la salida electoral se encuentra cada vez más próxima, las bases comienzan a tener un mayor involucramiento en los enfrentamientos, aunque éstos tengan lugar dentro de los marcos pautados por el sistema legal, lo que daría cuenta de los éxitos alcanzados por el gobierno militar para contener y encausar las actividades del movimiento obrero dentro de los canales institucionales. Estos enfrentamientos fueron motorizados fundamentalmente por los trabajadores de la administración pública, cuyos reclamos, además, se circunscribían más específicamente al ámbito económico corporativo. En términos generales, el movimiento obrero regional no parece haber completado el pasaje, que parecía darse en otros sectores sociales y del mismo movimiento obrero, de la oposición a la “racionalización” capitalista y a la dictadura a la impugnación del sistema mismo.

La conflictividad del movimiento obrero regional no sólo se encuentra pautada dentro de los marcos de la legalidad que establece el régimen, sino que además las luchas se encuentran de alguna medida subordinadas a las dirigencias sindicales. En nuestro caso de estudio, la crisis del régimen militar no parece haberse hecho extensiva a las cúpulas sindicales. Hacia el año `72 los dirigentes sindicales peronistas que conducían gran parte de los gremios de la zona, se encontraban afirmados en sus sindicatos, aunque, como ya señalamos, en el caso de La Plata, Berisso y Ensenada su unidad en torno a la CGT no estaba muy consolidada. De todos modos, su dominio no era desafiado fuertemente por activistas de base o delegados combativos, quienes no tuvieron un influjo considerable en el movimiento de oposición interna de las filas sindicales, salvo quizás algunas excepciones, tal como el caso de Petroquímica Sudamericana24. Prácticamente más de la mitad de los conflictos registrados sólo quedan en manos de dirigencias gremiales o político-sindicales (57,2%). Por detrás aparecen las acciones donde las mismas ya no actúan solas sino que conllevan la movilización de las bases (25,4%). Lejos se ubican las acciones donde prevalece la iniciativa de delegados, activistas y militantes (7,1%). Más aún, este tipo de acciones declinan de manera abrupta a medida que nos acercamos al final de la etapa, mientras que las confrontaciones en donde las dirigencias sindicales actúan solas crecen del 51,0% en el período de Onganía al 59,7% en el último período.

Por último, percibimos que no es particularmente un momento importante en lo que hace a la construcción de alianzas con otras fracciones sociales, en tanto que sólo el 5,6% de los hechos van en este sentido. Resulta interesante, además, el hecho de que dentro de estos conflictos en los que el movimiento obrero actúa en conjunto con otros sectores sociales, la proporción en la que estas alianzas se desarrollan sólo con el movimiento estudiantil (2,5%) es similar a las que se producen con otras fracciones sociales (2,1%), que crecen de manera significativa durante la presidencia de Levingston. Principalmente estas últimas son impulsadas por el conflicto llevado adelante por los trabajadores del frigorífico Swift, que activó fuertemente a toda la comunidad de los partidos de Berisso y Ensenada, en lo fundamental a los sectores vinculados al comercio, familiares de los trabajadores y a la iglesia, como consecuencia del obvio impacto económico y social que implicaba, en una comunidad ya golpeada por la desocupación, la suspensión de casi 5000 trabajadores.

Si bien gran parte de la literatura específica suele coincidir en que a partir del golpe de estado de 1966, pero fundamentalmente a partir del año 1969, la relación entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil se vuelve más sólida, lo cierto es que por lo menos en lo que concierne a nuestro caso de estudio los vínculos entre ambos sujetos no parece haber sido demasiado relevantes, por lo menos a la hora de dar cuenta de la dinámica de la conflictividad social en general, y la laboral en particular, en términos cuantitativos. En total ambos sujetos solo protagonizan, y tienen la iniciativa en conjunto, en 73 acciones, de las cuales en 21 participan además otros sectores sociales. Habría dos datos que refrendarían esta marginalidad que estamos señalando. En primer lugar, tengamos en cuenta que nuestra base de datos sobre conflictividad obrero-estudiantil registra un total de 3380 acciones, de manera que las acciones llevadas a cabo en manera conjunta entre el movimiento obrero y el estudiantil solo representan un 2,1% del total de acciones registradas. Por otro lado, en términos comparativos, la conflictividad obrero-estudiantil no es significativamente más central que la conflictividad que tanto el movimiento obrero y el movimiento estudiantil desarrollan cada uno por cuenta en alianza con otros sectores sociales. Si las acciones en las que solo participan obreros y estudiantes en conjunto alcanzan un total del 52 hechos, en las que, por otro lado, se llevaban a cabo entre el movimiento obrero y otras fuerzas sociales el total es 42, y en el caso del movimiento estudiantil 46. A pesar de no ser demasiada significativa en términos generales la alianza entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, habría que señalar sin embargo que la misma se vuelve particularmente más intensa en los momentos más álgidos de la conflictividad laboral.

Si tuviéramos que aportar una explicación que dé cuenta de este fenómeno, que no es privativo solo de esta época y lugar, y que por ende ameritaría una respuesta más compleja y profunda, quizá pudiéramos aproximar una primera respuesta que surge de la comparación de las dinámicas de la conflictividad de ambos sujetos. En términos generales, la tendencia de la conflictividad estudiantil, si tenemos en cuenta un criterio cronológico, es similar a la que encontrábamos en el caso de la clase obrera; es decir, una tendencia creciente con forma de U invertida, cuyo momento de mayor intensidad es el año 1971, acusando una disminución para el año 1972; aunque si analizamos de manera más detenida y en términos comparativos, podemos observar que la curva de ascenso de la conflictividad no es tan pronunciada como en el caso del movimiento obrero. Podría pensarme que la conflictividad del movimiento estudiantil se mantuvo más bien de manera constante a lo largo de todo nuestro periodo de análisis, siendo de todas maneras el año 1971 un momento de mayor conflictividad con respecto a los demás.

Pero la particularidad que nos interesa destacar surge cuando nos enfocamos en la periodicidad mensual de los conflictos, ya que la conflictividad estudiantil acusó un fuerte comportamiento cíclico y estacional, marcado obviamente por el calendario académico. Por ejemplo, en los momentos de receso de la actividad académica (es decir durante los meses de diciembre, enero y julio) la dinámica del movimiento estudiantil se resiente de manera paralela a la paralización de las clases. Invariablemente los meses de febrero y marzo eran momentos de gran y sostenida conflictividad, hecho que estaría estrechamente asociado con la centralidad que tuvieron los conflictos en contra del sistema de ingreso y/o otras medidas limitacionistas (tales como la eliminación de turnos de exámenes, la fijación de aranceles de todo tipo, la obligatoriedad de cursar las clases teóricas y prácticas, prohibición de rendir libres, el régimen de correlatividades, etc).

Asimismo, si excluimos los meses de mayo y junio de 1971, que coincide con el momento de mayor conflictividad obrera en la región y de una activación general de la protesta social en el interior del país, los picos de conflictividad estudiantil llamativamente se producen durante la misma época del año: en particular durante los meses de mayo y junio en donde el eje ordenador de la actividad pareciera estar dado no solo por los hechos que tuvieron lugar en Corrientes, Córdoba y Rosario durante 1969 y su posterior evocación, sino también por las actividades desarrolladas en conmemoración de la Reforma Universitaria; como así también durante los meses de octubre y septiembre, en donde las luchas giran fundamentalmente en torno a la campaña de homenaje al estudiante Santiago Pampillón.

Asimismo, si bien puede resultar una obviedad cierto tipo de “localismo” que impera en el accionar del movimiento estudiantil, es decir la tendencia a desarrollar las conflictos en ámbitos territoriales que le resultan propios (el 99% de los conflictos a los que estamos haciendo alusión se desarrollaron específicamente en la ciudad de La Plata, donde justamente se encontraban todas las dependencias universitaria), no deja de ser llamativo, teniendo en cuenta lo imperativo que resultaba para ellos la alianza con el movimiento obrero, que el movimiento estudiantil concrete solo una acción en la ciudad de Berisso y una en la de Ensenada, dos distritos que tradicionalmente presentaban dentro de la región una estructura ocupacional de corte netamente industrial.

2. Paros parciales, huelgas generales y trabajos a reglamentos

Si abordamos el examen de las tendencias de los enfrentamientos del movimiento obrero desplazando nuestra unidad de análisis de la conflictividad obrera en la acepción más general y abarcativa que veníamos utilizando, circunscribiéndola, en cambio, a las que suelen ser consideradas clásicamente como las medidas de fuerza del movimiento obrero, que incluyen desde los retiros de colaboración o trabajo a reglamento hasta la huelga general pasando por los paros parciales o totales (es decir toda detención u obstaculización voluntaria del trabajo por un día o menos), se divisan ciertos contrastes y matices con las tendencias que veníamos analizando. En este caso todo parecería indicar que, en la última etapa de la “Revolución Argentina”, con el gobierno de Lanusse fuertemente debilitado, enfrentado directamente con el peronismo, concentrando toda la capacidad represiva en la guerrilla y, fundamentalmente, con un proceso inflacionario descontrolado, el movimiento obrero de la región acrecienta su actividad huelguística en aras de presionar por aumentos de salarios y por ventajas para sus organizaciones.

Si analizamos la actividad huelguística se puede visualizar una tendencia creciente desde 1969 que, a diferencia de la que observábamos anteriormente, no declina con posterioridad al año 1971, sino que alcanza su mayor magnitud en el año 1972 (véase gráfico 3). De las 176 medidas de fuerza de este tipo que tienen lugar entre 1969 y 1972, 62 se producen sólo en el último año. Asimismo, el 64,8% de este tipo de medidas de fuerza se producen bajo la presidencia del general Lanusse, adquiriendo mayor intensidad la actividad huelguística fundamentalmente en el primer subperíodo de Lanusse (véase cuadro 5), mientras que en los dos períodos previos la intensidad de las medidas de fuerza, medida en términos de promedio mensual, se ubica por debajo de la media.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 5. Frecuencia y promedio mensual de paros y huelgas 1969-1972. Gran La Plata

En términos generales, ciertas modalidades de la actividad huelguística, tales como la ocupación de fábricas, la toma de rehenes, paros “activos”, formas que se habían expandido durante los años`60 en la Argentina y que fueron las tácticas características del “clasismo”, no formaron parte del repertorio de lucha del movimiento obrero regional, como así tampoco la huelga general con movilización, más común en los casos de Rosario, Córdoba y Tucumán. Gran parte de las medidas de fuerza que llevó a cabo el movimiento obrero regional fueron paros parciales o totales en los que no se registra ningún tipo de movilización dentro o fuera de los lugares de trabajo. Sólo en el 17,6% de los paros se desarrolla algún tipo de exteriorización de la protesta por fuera de la paralización u obstaculización de la jornada laboral, aunque con una tendencia creciente a medida que nos acercamos al final de nuestra etapa de estudio. Por otra parte, un porcentaje considerable (14,8%) de estas acciones se desarrollan bajo la modalidad de trabajo a reglamento o quite de colaboración. En particular, son los trabajadores judiciales los que despliegan sus luchas bajo esta modalidad de acción. Si bien es considerada como una medida de menor tenor con respecto a un paro parcial o general, en el caso específico de los judiciales este tipo de medida presentaba una gran efectividad. Dicha acción significaba, en la práctica, la observancia estricta de las normas contenidas en las leyes y en las acordadas de la suprema corte, normas que en muchísimos casos no eran cumplidas con el rigor debido en la labor cotidiana debido al exceso de tareas en los distintos juzgados. De manera que, a diferencia de las demás medidas de fuerza, ésta tenía la particularidad de basarse en el cabal cumplimiento de la ley, lo que le otorgaba cierta ventaja a los trabajadores judiciales, en la medida en que los protegía de posibles sanciones. Pero, sobre todo, al cumplimentarlo de manera prolongada en el tiempo, tenía la virtud de paralizar casi totalmente la actividad de un sector neurálgico en el funcionamiento político administrativo de la capital provincial, obligando a un amplio espectro de actores sociales y políticos a definirse respecto al conflicto. De todos modos, el apego a la legalidad del trabajo a reglamento se convirtió en verdad en un terreno de disputas entre la Suprema Corte de Justicia provincial y la AJB, de manera que el gremio no siempre estuvo a salvaguarda de sufrir distintos tipos de sanciones.

Sin lugar a dudas, ya sean trabajo a reglamento, huelgas generales o paros parciales, dichas formas de lucha se encuentran claramente subordinadas o pautadas dentro de los marcos institucionales legales. En primer lugar, en ninguna de ellas se desarrolla un grado de violencia material más allá del que implica la ausencia deliberada, es decir restando el cuerpo a la producción, o su presencia activa en el lugar de trabajo y/o fuera de él, para tomar posición frente a la patronal y/o al Estado. En el mismo sentido, podemos observar que sólo el 7,4% de estas acciones se desarrollan fuera del sistema institucional legal, aunque dicho guarismo asciende al 20% durante la presidencia de Onganía, siendo nulo en el período de Levingston y de sólo el 6,1% en el último período. En su gran mayoría las medidas de fuerza que se desarrollan por fuera de los marcos legales las protagonizan los trabajadores judiciales. Es decir, que en ningún momento la actividad huelguística parece desplegarse al margen de la cúpula gremial, ni en un marco de desafío a las dirigencias sindicales. Más aún, el conjunto de la clase obrera no estaba lejos de acompañar las tendencias negociadoras de sus dirigencias sindicales sin demasiada resistencia. En términos generales, se podría sostener que la iniciativa en estas confrontaciones se encuentra bajo control de las cúpulas gremiales en un porcentaje bastante elevado. Sólo el 17,6% de las medidas de fuerza fueron impulsadas específicamente por delegados, coordinadoras o asociaciones de base, adquiriendo una leve mayor trascendencia durante el primer y último periodo.

Asimismo, las medidas de fuerza del movimiento obrero no parecen transitar por un momento particularmente intenso en lo que respecta al establecimiento de vínculos con otras fracciones sociales, en tanto que solo el 5,6% de los paros, huelgas y otras medidas de fuerza van en este sentido. En este caso, a diferencia de cuando nos enfocábamos en la conflictividad en su acepción más general, la totalidad de estas acciones se llevan a cabo en conjunto con el movimiento estudiantil.

Sin embargo, la característica más sobresaliente del panorama general de la actividad huelguística del movimiento obrero de la región, por lo menos desde 1970, es la interrelación entre ésta y la dinámica no de la que suele considerarse como la clase obrera industrial, sino la de los sectores medios de reciente sindicalización, tales como los maestros, judiciales, no docentes y empleados públicos en general. Dichos sectores, que en 1966 habían recibido con cierto beneplácito el objetivo de las Fuerzas Armadas de implantar el orden, se arrojaban ahora a un enconado proceso de reclamos de mejoras en el plano económico salarial, acompañado en parte con un no tan velado cuestionamiento al gobierno militar.

En lo que respecta a paros, huelgas generales y trabajos a reglamento, el sector “administración pública” adquiere mayor preeminencia frente a los otros dos sectores de actividad. Mientras que las medidas iniciadas por los empleados públicos explican el 58% y el sector “comercio y servicio” el 22,7 %, por su parte los obreros industriales llevan a cabo sólo el 11,4% de los paros. El período de mayor protagonismo de los trabajadores industriales es el de Levingston, en donde realizan el 18,8% de las acciones. Sin embargo, la preeminencia del sector público se hace cada vez más pronunciado a medida que nos acercamos al final del régimen militar. Si agrupamos los sectores en conflicto en “estatales”, ya sean estos industriales, del sector terciario o de la administración pública, y los vinculados al sector “privado”, la preeminencia de los gremios estatales en la dinámica del movimiento obrero queda ampliamente corroborada. El 73,3% de este tipo de acciones corresponde a los gremios del ámbito estatal o público y sólo 14,8% para los sectores del movimiento obrero vinculados al ámbito privado. En particular los gremios que adquieren centralidad en lo que respecta a estas medidas de fuerza son ATULP (Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata) (19,4%), AJB (19,4%), los gremios docentes (6,9%) y la Asociación Bancaria (5,1%) y los trabajadores de la Salud Pública (3,4%).

A simple vista, el papel protagónico de la CGT o de las agrupaciones político-sindicales se reduce aún más en este tipo de acciones, ya que además de tener solamente la iniciativa en un 8% de las medidas de fuerza, presenta una tendencia declinante medida porcentualmente en relación con los demás sectores. En concreto, las centrales sindicales efectúan diez medidas de fuerza que tienen incidencias, aunque variable, en la región: cinco de éstas bajo la presidencia de Onganía, tres durante la de Levingston y solo dos en el último periodo. En su totalidad estas medidas de fuerza fueron impulsadas por las centrales nacionales. Ninguna de las dos CGTs regionales lograron concretar la coordinación o unificación de las luchas de los trabajadores de la región en una huelga general. De todos modos, las huelgas generales impulsadas por las centrales sindicales nacionales adquieren cierta centralidad, en la medida en que son el momento en el que, en lo que respecta a la región del Gran La Plata, las grandes organizaciones típicamente obreras del sector privado (metalúrgicos, construcción, carne) o que tienen una importancia dada por la cantidad de sus afiliados (comercio), se incorporan al ciclo general de protesta social. De manera que, si bien no tienen demasiada importancia en términos cuantitativos, son medidas de fuerza de envergadura que involucran a varios establecimientos de una zona y a una gran cantidad de trabajadores.

Independientemente de ello, la actividad huelguística fundamentalmente se encuentra motorizada por reclamos corporativos (84,1 %), siendo inexistentes los casos en los que los conflictos intragremiales den lugar a este tipo de medidas que estamos considerando. La lucha política, aunque minoritaria en términos generales, obtuvo una mayor centralidad durante el período de Onganía en comparación con el peso que adquiere hacia el final de la etapa. Si bajo la presidencia de Onganía las medidas de fuerza cuyos fines respondían al ámbito económico corporativo significaban un 66,7% del total, en el período de Lanusse alcanzaban el valor de 90,4%. Más aún, dentro de este tipo de reclamo, casi dos tercios de las mismas se refieren exclusivamente a reclamos de aumentos salariales y atraso o regularización en el pago de salarios. Sólo en el período de Levingston adquieren cierta trascendencia las luchas por condiciones de trabajo, renovación o modificación de convenio o estatuto o en defensa de las fuentes de trabajo, contra cierre o contra despidos, traslados, suspensiones. Ratificaríamos lo indicado en pasajes anteriores. La intensificación de la militancia o el aumento en la masificación de las luchas de la clase trabajadora no conduce necesariamente a un proceso de radicalización política del movimiento obrero. Por el contrario, las demandas de tipo económico corporativo continúan jugando un papel imprescindible a la hora de activar la militancia obrera. Lo que estamos señalando queda más claro si agrupamos los fines expresados

en estas medidas de fuerza en función de los alineamientos expresados alrededor de las alternativas presentes en el ciclo de protesta más general que se desarrollaba en el plano nacional. De manera más acentuada que cuando nuestra unidad de análisis eran las acciones del movimiento obrero en su aspecto más general, en el caso particular de las medidas de fuerza en las que nos estamos enfocando, las acciones donde los objetivos explícitos se encuentran acotados a los intereses específicos de los trabajadores significan el 86,4% de los conflictos, mientras que las luchas contra el régimen militar sólo expresan el 13,6%25. Previamente sosteníamos que dicha situación no deja de ser en cierto sentido evidente, en tanto que no expresa una forma recurrente de lucha entre patrones y asalariados. Sin embargo, deberíamos destacar la tendencia descendente que puede visualizarse. Si bajo la presidencia de Onganía este tipo de lucha representaba un 33,3% del total, disminuye considerable durante el período de Levingston al 15,6% y más aún en el de Lanusse (7,9%).

Desde nuestro punto de vista, estos vínculos entre incremento de la actividad huelguística, dinámica de los gremios estatales y reclamos salariales encuentran explicación en parte en el particular y sostenido deterioro salarial que sufrieron estos trabajadores bajo nuestro periodo de estudio. Tengamos en cuenta queentre los años 1966-1972 se registra una tasa de inflación acumulada del 191,7%26, mientras que el promedio del aumento salarial para el caso de los empleados estatales bonaerenses, en el mismo período, apenas fue superior al 55%27. Si observamos la evolución de las tasas anuales de crecimiento del salario real del trabajador docente encontramos una tendencia similar. Si consideramos todo el período 1966-1972 se constata una caída del 12 por ciento de los salarios reales del trabajador docente (véase O’Donnell, 2009: 368). Pero si distinguimos dos subperíodos, se observa una drástica caída de los salarios reales desde 1966 hasta 1969, y a partir de 1969 un leve repunte de los mismos. Los aumentos de sueldos más frecuentes a partir de 1970 no alcanzaron, sin embargo, a detener su caída en el marco de un proceso de creciente inflación. Tengamos en cuenta que en el contexto de un renovado aumento del déficit fiscal que se triplicó entre 1970 y 1972 (Gerchunoff y Llach, 2000: 331), una de las pocas medidas de disciplina fiscal que se cumplió parcialmente fue la restricción de los salarios de los empleados públicos.

Las amplias diferencias entre los aumentos de salario que logran obtener los sindicatos industriales o de servicios con respecto al de los empleados públicos, durante 1970-71-72, nos da una idea de lo que estamos sosteniendo. Si analizamos los datos brindados por González (2004) se puede observar en primer lugar que si tomamos como unidad el período 1966-1972 constataríamos un virtual congelamiento de los salarios reales. Nuevamente puede reconocerse un subperíodo hasta 1969 donde la tendencia es decreciente, aunque a menor ritmo que la que constábamos en el caso de los docentes primarios. Para

1971 estos sectores habían logrado no solo recuperar sino superar el nivel salarial de 1966, aunque el año

1972 significa la caída más profunda del período. Como se puede observar en la nota 27, la inflación se incrementa del 34,7% en 1971 al 58,5% en 1972. El contexto en el que se desarrollan las luchas de los

25 Aunque pueda resultar obvio, no hay ninguna medida de fuerza en la que expresamente se manifieste por el mantenimiento del régimen político, económico y social vigente.

26Fuente: Gerchunoff y Llach (2000: Apéndice estadístico) Tener en cuenta la tendencia durante este período de tiempo (1966-1972): mientras que desde 1966 hasta el año 1969 la tasa de inflación es decreciente, alcanzando durante ese año el nivel más bajo en catorce años (1966: 31,9%; 1967: 29,2%; 1968: 16,2%; 1969: 7,6%), a partir de este punto vuelve a incrementarse de manera acelerada alcanzando en 1972 valores cercanos al 60% (1970: 13,6%; 1971: 34,7%; 1972: 58,5%).

27El dato surge de los distintos aumentos otorgados por la administración provincial. Como sostiene González (2004), en la Argentina el estudio de la evolución de los salarios a largo plazo se dificulta en gran medida como consecuencia de la ausencia de fuentes adecuadas. No se encuentra disponible una serie, elaborado por un mismo organismo y con una misma metodología que refleje la evolución de los salarios medios. Con la dificultad adicional en nuestro caso, ya que las series disponibles para el período que estamos analizando no contemplan los salarios y sueldos de los empleados públicos, enfocándose específicamente en el salario industrial. Por añadidura, los aumentos de sueldo otorgados por la administración provincial y nacional a los empleados públicos durante nuestro periodo de estudio nunca son globales ni masivos, variando según de que sector se trate.

obreros y empleados por su salario se encuentra marcado por un proceso de creciente inflación. Aunque como vimos, los salarios de los trabajadores públicos se deterioran aún más en comparación con el de los obreros industriales o del ámbito privado.

Si el hecho de haber sido el sector que más ha tenido que soportar el programa de normalización económica, ha incentivado a los trabajadores del estado a ser un actor central del ciclo de protesta, no es ajeno a esta tendencia la siguiente situación. En la mayoría de los gremios que representaban a los trabajadores de la administración pública, el proceso de institucionalización sindical, que en algún sentido implica una mayor centralización y burocratización, pero que a su vez otorgaba un mayor poder de negociación, no se había desarrollado de manera integral28. En particular, la mayor parte de ellos no estaban comprendidos en los beneficios de la ley 14250 de negociaciones colectivas. Esto implicaba que quedaban marginados del proceso de negociación de los convenios colectivos de trabajo que se abría con el llamado a paritarias29. Los porcentajes de aumentos salariales o condiciones de trabajo en general eran determinados, entonces, unilateralmente por el poder ejecutivo. Al carecer de canales de negociación institucionalizados, en muchas ocasiones el único camino disponible era la puesta en marcha de una medida de fuerza. Que, por otro lado, alcanzaban en ciertas ocasiones una gran efectividad, en la medida de que gozaban de cierta “situación estratégica”. La huelga de los empleados estatales no sólo tenía la capacidad de paralizar una amplia variedad de actividades centrales para el funcionamiento de una sociedad urbana, sino que además esto mismo le dificultaba al gobierno ejercer sobre éstos la represión, otorgándole así un margen de acción bastante considerable.

3. Conclusiones

En la primera parte de este trabajo hemos podido divisar un ciclo de conflictividad del movimiento obrero regional que, en parte acompañando a la tendencia nacional, se intensifica particularmente a partir del segundo semestre de 1970 y cuyo momento de mayor intensidad en términos cuantitativos se ubica hacia el año 1971. En un contexto marcado por la política del GAN, los conflictos del movimiento obrero acusaran un importante declive hacia el año 1972. En nuestra opinión, en esta disminución parece operar no solo el hecho de que hacia 1972 la apertura política y/o una actitud más dialoguistas respecto a los conflictos, tiende a canalizar los mismos por los medios institucionales, sino queademás la política represiva del gobierno, que se desarrolló de manera paralela a la “apertura política” (y que se enfocó justamente contra quienes no se integraran a dicho esquema) muchas veces ofició de obstáculo para los procesos de organización y lucha. Dicho ciclo, a su vez, tuvo entre sus principales protagonistas a los trabajadores de lo que en términos generales hemos denominado como el sector público, motorizado por demandas mayormente de carácter económico corporativo. Por lo menos en términos cuantitativos, la clase obrera industrial no estuvo entre las más activas en el mapa de la conflictividad laboral de la región.

Por otra parte, si bien los enfrentamientos del movimiento obrero local apuntaron a cuestionar aspectos claves de la ofensiva gubernamental y empresarial sobre el mundo del trabajo, tales como la política de restricción salarial y de racionalización tanto de la esfera pública como privada, de todos modos una de las particularidades que encontramos en nuestro caso de estudio es que, salvo algunas excepciones, las modalidades de lucha no expresaron en términos generales mayores niveles de combatividad y de radicalización. Independientemente de estos niveles de combatividad y radicalización, desde nuestro punto de vista la situación de debilidad o fortaleza en el enfrentamiento de clase no

28 Es desde estos sectores que, en general, surgen las iniciativas para establecer espacios comunes intersindicales, tales como la CGTA regional o la comisión coordinadora de gremios estatales que presentaron la particularidad de ser débiles en el sentido organizativo y parciales en su composición.

29Se convoca a paritarias durante los años 70, 71 y 72. Si bien inicialmente éstas se convocaban bajo la promesa de funcionamiento libre y sin topes, la misma presión de la burguesía determina que los aumentos de salarios se otorgaran finalmente por decreto.

necesariamente se expresa de manera lineal en una menor o mayor actividad en el plano de la conflictividad. Aspecto que hemos profundizado en la segunda sección del artículo.

En esta última parte se sostuvo que la dinámica de la actividad huelguística de los gremios del sector público se encontraba impulsada por dos factores: por un lado, el aumento generalizado de precios en un marco de congelamiento salarial; y por el otro, la ausencia de instancias de negociación como de las que podían gozar los trabajadores privados, que no solo determinaba una diferencia salarial muchas veces explicitada por las mismas organizaciones sindicales, sino que obligaba en varias ocasiones a los trabajadores estatales justamente a impulsar medidas de fuerza al carecer de otras instancias más institucionalizadas para canalizar sus demandas.

En este sentido, se podría sostener que en nuestra región de estudio el sindicalismo de industria y/o de

servicios de mayor antigüedad, es decir más consolidado y centralizado, presentaba una mayor capacidad,

y predisposición, para absorber los beneficios que el gobierno estaba dispuesto a otorgarle, desactivando

en parte con éxito la combatividad de un sector de la clase obrera30. La ausencia de conflictos abiertos en

el ámbito privado respondió, en parte, a que los acuerdos paritarios por recomposición salarial encontraron

menos obstáculos que en el caso de los trabajadores de la administración pública. Como sostienen

Brennan y Gordillo, las modalidades de acción de tendencia conciliatorias eran más “apropiadas para un

sindicato que ya hubiera sido aceptado como interlocutor por el empresariado” (Brennan y Gordillo, 2008: 42)31.

En este sentido, habría una escasa interrelación entre lo que hemos considerado como poder de negociación (Wright, 2000) y militancia obrera. Más aún, parecerían moverse en sentido opuesto. El hecho de que las grandes organizaciones típicamente obreras del sector privado o que tienen una importancia dada por la cantidad de sus afiliados, queden al margen del ciclo de protesta, no es sinónimo de debilidad en el enfrentamiento de clases. En este punto se abriría un interrogante respecto a si el movimiento obrero argentino logró (o no) frenar en el largo plazo la fuerte ofensiva laboral propuesta por los sectores hegemónicos de la clase dominante. Si nos desplazamos al plano nacional, podemos citar a Canitrot y Sebéss (1974), quienes encuentran que a partir de 1965 el ritmo de crecimiento de la productividad experimenta un descenso generalizado. En el mismo sentido Victoria Basualdo (2010), y Eduardo Basualdo (2010) visualizan que los asalariados pasaron de tener una incidencia de 39 puntos en el producto en 1964, para ascender progresivamente hasta alcanzar los 47 puntos en 1971 y los 48 en 1974. Si bien estos dos últimos autores están haciendo referencia al período 1964-1974 (es decir un período que excede a la experiencia de la “Revolución Argentina”), en nuestra opinión dichos datos nos estarían indicando que, aunque no de manera lineal, el movimiento obrero argentino dio evidencia de desplegar un consolidado poder sindical. A pesar de los variados intentos, que se sucedieron en la Argentina desde 1955, de aplicar programas económicos de ajuste, el movimiento obrero nacional logró conservar, a grandes rasgos, el nivel de ingreso y de empleo de los sectores asalariados.

Lo que nos interesa destacar, además, es que, como sostiene O´Donnell (2009), si el éxito de los sindicatos en la defensa de los intereses económicos inmediatos de sus afiliados cumplía bien la función de debilitar las radicalizadas potencialidades que presentaba la situación política post Cordobazo, dicho cometido se lograba a costa del deterioro de los intereses inmediatos de la burguesía. En la medida en que

30 Cabría remarcar que estos sindicatos que están burocráticamente mejor organizados no solo parecieron conseguir mejores niveles salariales a sus afiliados, sino que además solían otorgarles un comprensivo y amplio sistema de servicios sociales. Tengamos en cuenta que los sindicatos en la Argentina no solo se abocaban a obtener reivindicaciones salariales y ocupacionales, sino que también cumplían funciones mutuales y cooperativas (Neffa et al, 1974: 333).

31De todos modos, en la rama vegetativa, donde se ubicaron gran parte de los conflictos del ámbito privado, motorizados en general por la estabilidad laboral, condiciones de trabajo y despedidos, desplazando a los reclamos salariales, muchas veces la ausencia de conflictos abiertos responde a las características propias de los gremios y sus alineamientos. las demandas del movimiento obrero sólo podían ser satisfechas o bien acelerando los impulsos inflacionarios o cercenando una parte no menor de su acumulación. El sindicalismo, entonces, si bien presentaba una gran capacidad para “absorber” los impulsos del movimiento obrero hacia el “socialismo”, “… tiene que hacerlo, porque si no sería rebalsado, mediante un agresivo economicismo. Y esto, al tiempo que salva a este capitalismo, es su maldición: lo hace funcionar a los saltos de una recurrente crisis de acumulación” (O`Donnell, 2009: 259)32.

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32Santella se pronuncia en el mismo sentido al sostener que “…los sindicatos recuperaron, entre 1970 y 1975, posiciones dentro y fuera del sistema político, provocando a su vez un doble resultado, la contención revolucionaria, pero también la prolongación sin resolución de la crisis de dominación” (Santella, 2009: 13).

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