SUMARIO

Introducción1. Contextos políticos, transformaciones sociales y nuevas agendas de investigación sobre las políticas sociales; 2. El género como categoría para leer las relaciones sociales y las políticas públicas; 3. Los escenarios de reconocimiento; 3.1. Mujeres como receptoras de los programas sociales asistenciales; 3.2. Mujeres como mediadoras de la política social; 3.3 Mujeres como referentes del proceso de politicidad que se desarrolló en el campo popular; Palabras finales.

INTRODUCCION

En este trabajo planteamos que el patrimonio de los últimos veinticinco años de producción académica en torno a la vinculación del género y los programas sociales es producto de un conjunto de factores y procesos concurrentes que generaron un ámbito propicio estimulando la revisión de las agendas de investigación. En una interesante confluencia, los estudios de género, las investigaciones sobre mujeres y su vínculo con la política social y las investigaciones feministas -todas ellas desde diversas disciplinas- van a contribuir en términos teóricos y metodológicos al análisis de los dispositivos de intervención estatal y, en relación dialógica, van a recibir aportes que abrirán nuevas preguntas y lecturas en clave de género. En efecto, en las últimas décadas se ha producido un importante número de estudios que se preguntan -desde diversos horizontes epistemológicos y posturas disciplinares- en torno a la relación de las mujeres con la política social asistencial, en particular en la forma de programas sociales. Estos trabajos no sólo constituyen aportes de carácter empírico sino que han contribuido a renovar las preguntas de investigación, a revisar categorías y conceptualizaciones, a proponer estrategias metodológicas y a cuestionar -al mismo tiempo- lecturas androcéntricas y estado céntricas.

Resulta complejo dar nombre a un nuevo campo de conocimiento ya que a menudo provoca discusiones entre sus fundadores y fundadoras y se constituyen debates importantes que enriquecen y dan vida a un campo intelectual determinado, no obstante estos debates no son objeto del presente artículo. Por lo tanto, en este trabajo optamos por mencionar la existencia de un campo de investigación sobre programas sociales y su relación con las mujeres, ya sea desde perspectiva de género, desde un abordaje feminista o bien desde diversos marcos epistemológicos y disciplinares que toman como objeto de análisis a esta relación entre las mujeres y la política social asistencial, ya que estos últimos frecuentemente se han valido de herramientas conceptuales propias de las investigaciones de género o feministas. Así, se observa una interesante confluencia disciplinar que permitió la emergencia nuevos conocimientos y saberes específicos que fueron movilizados en diversos ámbitos -principalmente en el académico, pero también en el político- y que nos permiten hablar de un nuevo campo de estudio.

En este artículo nos proponemos dos objetivos centrales. Por un lado, indagar sobre las condiciones de producción que hicieron posible esa relación dialógica y la consolidación de ese campo de estudio. En función de ello, en la primer parte del escrito revisamos las mutaciones teórico metodológicas de las ciencias sociales -la renovación de los interrogantes y de las categorías, las confluencias disciplinares- y las transformaciones socio políticas e institucionales en la Argentina -la renovación del entramado científico-académico- en tanto procesos convergentes que, como parte de las condiciones de producción, contribuyeron a cambiar la lente y la escala para estudiar las relaciones entre las intervenciones públicas, los dispositivos y los actores sociales y, en especial, a las mujeres de los sectores populares. En el segundo apartado nos enfocamos en los debates sobre el género y los estudios de filiación feminista que, también como parte de ese contexto de producción, movilizaron la agenda política y de investigación haciendo posible la visibilización del género como categoría analítica y empírica en el campo de las políticas sociales.

En segundo lugar, este trabajo busca dar cuenta de un extenso corpus bibliográfico que permitió dar visibilidad a las mujeres: (i) como receptoras de los programas sociales asistenciales, destacando las prácticas que despliegan en viejos/nuevos espacios de interacción; (ii) como mediadoras de la política social en el terreno; (iii) como referentes del proceso de politicidad que se desarrolló en el campo popular tanto en movimientos sociales en las organizaciones territoriales. Así, en la tercera sección se propone un recorrido bibliográfico por la producción académica que dio visibilidad a las mujeres como actrices centrales en el campo de las políticas sociales y que resalta su lugar protagónico en torno a las mismas. Este recorrido se encuentra delimitado a partir de una serie de criterios establecidos de manera provisoria en tanto se trata de un proceso de investigación en curso. Se recuperó una serie de estudios que han tomado a los programas sociales asistenciales emblemáticos de los últimos veinticinco años en la Argentina como objeto o bien como referente empírico. Como ya se anticipó, no todos los trabajos referenciados podrían ubicarse estrictamente como representativos del campo de estudios delimitado en esta indagación, ya sea porque no provienen de una tradición feminista o porque no incorporan estrictamente el enfoque de género de manera transversal a su objeto de estudio. No obstante, se ha considerado que sus aportes epistemológicos o metodológicos les dan lugar en este corpus.3

1. CONTEXTOS POLÍTICOS, TRANSFORMACIONES SOCIALES Y NUEVAS AGENDAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS SOCIALES

Durante las últimas décadas intercambios y mutaciones de índole teórico metodológico en el campo de las ciencias sociales han dado lugar a una fructífera convivencia de paradigmas alternativos. Por un lado, el debilitamiento de ciertas versiones del marxismo y el cuestionamiento a las consideradas “grandes narrativas” de mayor poder generalizador que explicativo (Plotkin y Zimmermann, 2012) contribuyeron con la revisión de categorías y abordajes analíticos (Paura y Zibecchi, 2014). En un proceso próximo, la revisión y la flexibilización de categorías macro (como sociedad o capitalismo) como únicas lentes para leer los procesos y fenómenos sociales, sumadas a la pluralidad y la combinación de metodologías más allá de las reificaciones disciplinares (entre la sociología, la antropología, la ciencia política) fueron también factores que impactaron en el estudio de las políticas sociales. En estos movimientos, por ejemplo, en el ámbito de la sociología se han puesto en cuestionamiento los enfoques puramente macro-sociológicos, “teñidos casi siempre de algún tipo de razonamiento funcionalista” (Lorenzo Barrault y LorencValcarce, 2015:9).

En la Argentina, más allá de la persistente referencia a diacríticos temporales y espaciales, organizadores de las fronteras entre saberes heredados de tradiciones disciplinares (Frederic y Soprano, 2009), también se reconocen intercambios y desplazamientos entre los objetos de estudio y las estrategias metodológicas de las ciencias sociales, maridajes con un importante potencial heurístico para el estudio de las políticas sociales. Diversos estudios realizados en el ámbito específico de cada disciplina coinciden en que las formas de reflexión y las prácticas de los científicos sociales no podrían ser comprendidas en la Argentina sin tener en consideración los vaivenes de la política nacional (Beltrán, 2010; Leiras, Abal Medina y D’Alessandro, 2005).

Efectivamente, el campo académico nacional registró cambios significativos a partir del restablecimiento de la democracia, marcado por el retorno del exilio de muchos investigadores, que implicó entre otros movimientos la renovación en las estructuras universitarias de las ciencias sociales. Por un lado, la permeabilidad frente a las líneas de investigación que se venían desarrollando en países de Europa y en los Estados Unidos estimuló a partir de esos años el desarrollo de nuevos abordajes que daban cuenta de cierto proceso de hibridación en las disciplinas sociales o de significativos intercambios interdisciplinares.

Otro factor que contribuyó con esta renovación fue la recuperación de un entramado institucional favorable al conocimiento aunque en un contexto de restricción económica. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) abandonó los mecanismos de discriminatorios aplicados durante la dictadura que habían tenido fuerte impacto en las ciencias sociales mediante el condicionamiento del acceso a becas, de los nombramientos y subsidios para la investigación (Blois, 2013).

En esos tempranos años de la transición democrática, un campo nuevo y todavía abierto de estudio de las políticas sociales (Soldano y Andrenacci, 2005) fue cambiando ora por la incorporación de las nuevas lecturas, ora como respuesta a las transformaciones en los modos de intervención del estado, en la estructura social y en las relaciones que se iban reconfigurando en diversos espacios. Es que la salida de la dictadura habilitaba nuevos espacios de discusión, de análisis y de definición de líneas de investigación vernáculas que se preguntaban por las formas del Estado social en el país, al mismo tiempo que producía el reconocimiento de la pobreza como problema. En ese sentido, la caja PAN (Plan Alimentario Nacional) establecida por el primer gobierno democrático, como dispositivo de intervención frente al hambre y la pobreza, es un hito.

En nuestro país la transformación de la estructura social y del mercado de trabajo que se venía produciendo desde tiempos de la dictadura empezaba a consolidarse, vis a vis los cambios en las formas de intervención del Estado. En apretada síntesis, el proceso de privatización de bienes y servicios, la descentralización de la provisión de educación y salud desde el Estado nacional a los niveles subnacionales -provincias y municipios- y el protagonismo de los “programas de combate a la pobreza” -focalizados en la asistencia de los sectores socioeconómicos más vulnerables- dieron lugar a una nueva configuración de políticas sociales, frente a una nueva estructura social y en una nueva arquitectura institucional (Acuña, Kessler y Repetto, 2002; Paura y Zibecchi, 2015.b).

Frente al debilitamiento de la matriz socio política de centralidad estatal (Repetto, 2001) y al protagonismo de la política asistencial se fue constituyendo un grupo de especialistas -expertos- que pudo renovar las categorías de análisis y realizar lecturas sobre los fenómenos que cambiaban velozmente. Como ha señalado Gabriel Kessler (2003), la hiperinflación de 1989 marcó un punto de inflexión que hizo visibles los cambios que se estaban registrando en la estructura social argentina, que se profundizarían en los años noventa. En ese escenario, dice el autor, la confluencia entre la disociación entre la cuestión política y la cuestión social en el marco de la transición democrática, la renovación de las disciplinas académicas y de las carreras universitarias y el encuentro de las tradiciones intelectuales locales y el debate internacional, el creciente número de consultorías sobre lo social -ligadas a los programas focalizados con financiamiento de los organismos multilaterales de crédito-, junto a los cambios en la estructura social, implicaron la complejización de la investigación social.

También en esos años se produjo la creación de varias universidades públicas, la mayoría en el Conurbano Bonaerense. Esta nueva generación de universidades generó espacios propicios para el desarrollo de nuevas líneas de investigación y, en muchos casos, fueron los investigadores de estas casas de altos estudios las que promovieron la visibilización de los procesos de cambio social en sus territorios (Paura y Zibecchi, 2014). Los estudios de políticas sociales pasaron de abordajes macro, de raíz institucionalista, a reconocer la trama de las burocracias estatales de nivel central (es el caso de las burocracias paralelas que crecieron de la mano de los programas focalizados y de la fuerte presencia de los organismos internacionales) y a identificar a los actores territoriales: organizaciones sociales comunitarias y a sus miembros que increpaban al Estado nacional en la Avenida 9 de Julio al mismo tiempo que armaban comedores y jardines para los niños, realizaban contraprestaciones laborales bajo la órbita del municipio, junto con las iglesias y los movimientos de trabajadores desocupados, que operaban en los municipios, como efecto del proceso “de descentralización y focalización” de las políticas.

2. EL GÉNERO COMO CATEGORÍA PARA LEER LAS RELACIONES SOCIALES Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalmente, estos años también fueron de expansión de nuevos paradigmas argumentativos (Fraser, 1991), entre ellos, dos que adquirieron centralidad en el campo de las políticas sociales: el paradigma de los derechos humanos -en especial los derechos sociales económicos y culturales (DESC)- y el paradigma de género. Esta expansión agregó lecturas de pretensión normativa al mismo tiempo que contribuyó también, siguiendo a Fraser (2008), a definir las políticas sociales en clave no sólo de principios de redistribución sino de reconocimiento, y ya no únicamente como parte del conflicto distributivo entre clases sociales de matriz socioeconómica, sino de otros conflictos de matriz cultural reconociendo tensiones de género, étnicas o referidas a la sexualidad.

Ya desde mediados de los ochenta, con un fuerte impulso de los organismos internacionales, emerge un nuevo marco interpretativo denominado “Género en el Desarrollo” que orienta las recomendaciones emanadas de la Tercera Conferencia Mundial de la Mujer de Nairobi en 1985. Este marco interpretativo centra su atención en las relaciones desiguales entre los géneros2, en las estructuras que generan desigualdad y si bien no utiliza la terminología de la incorporación del enfoque de género (gendermainstreaming)2 en sus recomendaciones se puede observar que el avance de la mujer se concibe como el resultado de un trabajo de colaboración entre las Oficinas de la Mujer, los Ministerios y las agencias de los gobiernos (Guzmán, 2001).

En los años noventa las instituciones gubernamentales comenzaron a incorporar nuevos temas -selectos- de la agenda feminista. Algunos de los fenómenos característicos de la década fueron la creación de instituciones gubernamentales e intergubernamentales que abordaron los “asuntos de las mujeres”, la proliferación de leyes aplicadas a la mujer y otras formas de institucionalización de la agenda feminista (Álvarez, 1997). Otra evidencia de los avances en la materia fue la Plataforma de Acción de la Mujer, surgida en la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing del año 1995 que comprometía expresamente ciertas líneas de acción programática por parte de los gobiernos (Vargas, 2000). La Cuarta Conferencia marcó un hito importante en el proceso de definición de la institucionalidad de género. De resultas, hoy la mayoría de los países de Latinoamérica cuentan con políticas que establecen la igualdad entre hombres y mujeres, y estructuras nacionales que consideraron de manera específica la temática de género (oficinas de la mujer). Además, las recomendaciones apuntan a que estos organismos sean los responsables de liderar el proceso de gendermainstreaming, de allí la necesidad de que estén situados en posiciones jerárquicas de alto nivel, cuenten con recursos y autoridad suficiente para acceder a distintos círculos de decisión -dentro y fuera del Estado- y que puedan influir al conjunto de políticas públicas (Guzmán, 2001).

En un plano académico, en Argentina a partir de la transición democrática, -y de manera convergente con los procesos anteriormente descriptos-, se observa el aporte de expertas en estudios de género e investigadoras feministas que fueron desarrollando nuevas y renovadas líneas de estudios en universidades y en diversos centros de estudios. Con el regreso de la democracia, mujeres 4 5 académicas y/o militantes feministas volvieron de sus exilios con la formación específica en temas clave para la mujer de centros de estudios extranjeros no solo para transmitir lo aprendido en el ámbito académico y político-gubernamental, sino que también con el objetivo de movilizar una serie de recursos y dispositivos que permitieron la circulación de estos nuevos saberes en diversosámbitos: encuentros y talleres, publicaciones, creación “áreas mujer” en centros de estudios, convenios de cooperación, consultorías en organismos internacionales, generación de nuevos programas de enseñanza en grado y postgrado, la creación de oficinas de las mujer en el Estado.6

En un primer momento, estas líneas de trabajo giraron en torno a temas claves y “deudas pendientes de la democracia”: salud sexual y reproductiva, participación política y social de las mujeres, violencia doméstica -años más tarde significada como violencia de género-, la democratización de las familias, el acceso a la justicia. Junto con el movimiento feminista y el activismo de organizaciones de derechos humanos de las mujeres, estas líneas de investigación dieron visibilidad a cuestiones que no habían sido tratadas científicamente hasta la fecha, dando lugar a obras emblemáticas como las compiladas por HaydéeBirgín.7

En ese contexto, una de las vías más potentes de problematización del género fueron los estudios sociodemográficos que, entre otras cuestiones, plantearon la revisión de las herramientas estadísticas que se orientaron a una mejor captación de las transformaciones que se estaban registrando en las sociedades (Paura, 2013). A modo de hito, Catalina Wainerman (2011) relata cómo después de la designación de las Naciones Unidas de los diez años entre 1975 y 1985 como “Década de la Mujer”, recibió junto con Zulma Rechini de Lattes la invitación de la CEPAL para investigar el subregistro de la actividad laboral de las mujeres en los Censos de Población de América Latina.

Estos procesos, sentarán las bases y darán espacio a un nuevo campo de investigación: el estudio de la política social asistencial -en particular, de los programas sociales- y su relación con las mujeres. Como señalamos en la Introducción, resulta complejo dar nombre a un nuevo campo de conocimiento ya que a menudo provoca discusiones entre sus fundadores y fundadoras, que delimita la identidad de un campo, un dominio de conocimiento y también su acción. Como destacan Navarro y Stimpson (1998) sabemos que los debates políticos e intelectuales internos enriquecen a un campo y ningún campo intelectual se desarrolla sin la expresión de varios puntos de vista. De manera sintética puede decirse que las tres líneas esquemáticamente identificadas -el enfoque de género aplicado al campo de la política social asistencial, las investigaciones feministas en torno a la política social y los estudios sobre la política social que indagan en torno a las mujeres, - han tenido un papel protagónico para la constitución de este campo intelectual, de investigación y también, como veremos más adelante, de intervención. La perspectiva de género se centrará en la construcción de la femineidad y la masculinidad en torno a los programas sociales no perdiendo nunca de vista el enfoque relacional que implica atender a esta construcción. Por su parte, las investigaciones feministas -que pueden adoptar o no el enfoque de género en su abordaje- tendrán la potencialidad de conectar el movimiento académico con el movimiento político, destacando los derechos de las mujeres, la falta de autonomía, la relación de dominación a la cual están sometidas. Finalmente, el período analizado también será testigo de la confluencia de investigaciones -desde diversas disciplinas y metodologías-, que no necesariamente adoptaron el enfoque de género y/o feminista, pero que en su recorte de indagación tomarán como objeto de análisis a las mujeres y a los programas sociales y que entraron en interesantes diálogos -virtuales, por cierto- con las investigaciones de género y feministas, ya sea por sus preguntas, ya sea por su recorte de investigación, o bien por las herramientas teóricas adoptadas.

Más allá de esta pluralidad de miradas -de posiciones teóricas, epistemológicas y metodológicas-, encontramos que existen ciertas premisas fundacionales en dicho campo, los estudios que lo conforman han debido elaborar un saber muy específico: una crítica al conocimiento convencional -tradicional- en la medida que ha ignorado, invisibilizado o sesgado la vida de las mujeres en las distintas esferas. A su vez, y de manera recursiva con dicha crítica, los estudios debieron pasar a una segunda etapa: la reconstrucción de conocimiento realizado desde y entre distintas disciplinas (Navarro y Stimpson, 1998).

3. LOS ESCENARIOS DE RECONOCIMIENTO8

Como anticipamos, entre mediados de los años 80 y principios de los 90 se fue abriendo un campo de indagación sobre ciertos fenómenos sociales marcados por género. A partir de entonces, la velocidad de las transformaciones, la celeridad de las reformas neoliberales con diversos impactos en los grupos poblacionales, medidas como la imposición de “cupo” femenino en las programas sociales por la propia burocracia asistencial, el posicionamiento de los organismos internacionales de crédito -que asimilaban “género” con cupo de mujeres-, la participación masiva de mujeres en el ámbito comunitario y en los movimientos sociales, y el proceso de alta feminización de los programas sociales asistenciales, impondrán un nuevo contexto, marcado por interrogantes sobre los cuales la tradición de estudios de la política social ya no podía aproximar respuestas, ya no tenía sensibilidad para aprehender los nuevos fenómenos del período.

Puede decirse, entonces, que desde una dimensión heurística, los estudios feministas y los estudios de género permitieron explicar ciertos fenómenos: la “feminización de los programas sociales”, la “ceguera de género”9 de los planes y la falsa neutralidad de las políticas públicas, la visibilización de las relaciones entre el trabajo de cuidado y comunitario, las posiciones de género y las representaciones subyacentes en torno a la maternidad en el diseño de la política social asistencial, la dimensión experiencial, las biografías y la subjetividad femenina, entre otros aspectos.10 Y en este contexto, la tradición argentina de estudios cualitativos tuvo una fuerte incidencia en la manera de investigar y “mirar” los programas sociales.

En un primer momento, la falta de una tradición consolidada de estudios de género en la Argentina fue un elemento que dificultó el estudio de los fenómenos sociales -ya antes mencionados y marcados por género- debido a la velocidad de las transformaciones que se vincularon con los programas de combate de la pobreza. Estos fenómenos -y la celeridad de las transformaciones que trajeron consigo-impusieron una serie de interrogantes: ¿Por qué las mujeres se incorporaban masivamente a los programas sociales?, ¿Cómo se podía comprender que eran una de las principales integrantes -junto a los jóvenes- de los movimientos sociales y desde allí se vinculaban estrechamente con los programas sociales?,11 ¿Cómo podía explicarse que una mujer pobre considerase que el Plan Jefes y Jefas de

Hogar era “lo mejor que le sucedió en la vida”? ¿Por qué las mujeres cumplían “casi naturalmente” con todas las obligaciones impuestas por las burocracias asistenciales y, además, colaboraban con ellas inscribiendo a otros/as beneficiarios/as, repartiendo recursos del Estado? ¿Cómo poder captar el saber práctico que portaban las mujeres a la hora de reclamar por sus programas sociales por medio de un corte de ruta o a través de largos recorridos de ventanilla en ventanilla en las oficinas de un municipio?

Ciertamente, categorías, indicadores y conceptos tradicionales para el estudio de la política social fueron perdiendo sensibilidad para comprender estos fenómenos -entre otros- que cambiaban velozmente. Más aún si se considera que gran parte de la profusa literatura sobre la política social -y en particular, sobre los programas sociales de combate de la pobreza- del período fue realizada desde sesgos androcéntricos en la medida en que no daba cuenta de las concepciones implícitas en torno a la mujer en el diseño de los mismos y de las experiencias disímiles que la política pública asistencial imprimía a varones y mujeres. Además, con frecuencia las investigaciones utilizaban categorías con sesgos masculinos en torno al trabajo -invisibilizando el trabajo reproductivo y de cuidado que efectúan las mujeres-, sesgos androcéntricos que también dificultaban reconocer experiencias disímiles de las mujeres en relación con los movimientos sociales y su trabajo comunitario, o identificar la vivencia que podía tener para ellas su masiva incorporación entre las filas de beneficiarios de diversos programas sociales, un nuevo modo de relacionarse con el Estado, sus burocracias y sus “ventanillas”.

Así, gran parte de esta producción académica dará lugar a un vocabulario específico que intentará hacer inteligible la presencia de las mujeres en calidad de principales destinatarias de los programas de lucha contra la pobreza pero también como protagonistas, con sus propias prácticas, estrategias y subjetividades involucradas. Así comenzarán a circular por el campo académico -que pronto establecerá sus vínculos con un campo político- una terminología específica feminista vinculada con la “perspectiva de género”, la “feminización de los programas sociales”, la “ceguera de género” de la política de la lucha contra la pobreza y su “falsa neutralidad de la política pública en las relaciones de género”.

En ese sentido, se observa una cuantiosa producción bibliográfica proveniente tanto de investigadoras locales como internacionales que se ocuparon de analizar el diseño, los marcos normativos y la propuesta programática de los PTC -en particular el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD) y el Programa Familias - y ciertas concepciones de género subyacentes en los programas evaluando aspectos como la definición de población objetivo, la titularidad del beneficio, la lógica de condicionalidades y contraprestaciones, o las características sociodemográficas, trayectorias y estrategias de las mujeres destinatarias.12 De manera paralela a esta producción bibliográfica, tal como señalamos anteriormente, comenzarán a circular -en el campo académico pero también político - ciertos paradigmas argumentativos -aceptados como autorizados- que serán un esquema conceptual desde donde se constituirán ciertos discursos expertos (Fraser, 1991), con la capacidad de expresar demandas (lenguaje de derechos, interpretación de necesidades e intereses de las mujeres) y que serán acompañados por la terminología antes destacada.13 Para nombrar sólo uno la perspectiva de género se constituirá en un instrumento técnico- analítico con fuerte capacidad de intervención -ampliamente difundido- que cobrará protagonismo en particular, pero no únicamente, en el ámbito de los organismos internacionales. Dicho instrumento se adjudica la capacidad de visibilizar y actuar contra diversas situaciones de discriminación de las mujeres, identificar necesidades e intereses de las mismas, y se propone acompañar a un objetivo ético-político (equidad social y equidad de género).14

Así, la perspectiva de género, entrará en diálogo con otros instrumentos teóricos analíticos y también con categorías de análisis portadoras de capacidad performativa -producir acciones específicas como visibilizar grupos, incidir en materia pública, entre otras-. También estos años serán testigos de la construcción del enfoque de derechos que constituye un marco conceptual teórico y analítico para fundar normativamente el proceso de desarrollo humano en principios y estándares internacionales, operacionalmente dirigido a respetarlos, protegerlos y satisfacerlos.15

Ambos paradigmas en su esfuerzo por establecer relaciones entre el campo de los derechos humanos, el género y los principios que suelen prevalecer en el diseño de los programas sociales, darán lugar no solo a discursos expertos sino también a una terminología específica que formará parte de la actividad de incidencia de organizaciones de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil e inclusive del propio Estado. Así, términos tales como el empoderamiento y la participación de los “grupos desaventajados” ocuparán en esta matriz discursiva un lugar central y protagónico en la producción específica que destacarán los sesgos y mecanismos discriminatorios presentes en los programas sociales desde enfoques normativos'16

Ahora bien, paralelamente a esta prolífica producción (con vocabulario académico pero también con enunciados performativos, es decir, con acción concreta sobre la política pública), se desarrollarán otros abordajes en torno al protagonismo de las mujeres en relación con los programas de lucha de la pobreza, pero no desde su diseño, marco normativo o aspectos programáticos, sino desde otros aspectos, que a continuación se desarrollan desde un recorrido bibliográfico. Entre otras cuestiones, este recorrido dará cuenta las mujeres desempeñan numerosos “papeles” algunos impuestos por las propias lógicas de los programas -“beneficiarias”, “titulares”, “responsables de las condicionalidades”, “trabajadoras vecinales”-, otros articulados por las lógicas de poder territoriales y de las organizaciones -mediadoras, referentes barriales y de movimientos sociales-. En relación al lugar de las mujeres como mediadoras, en particular, si bien estas investigaciones no adoptarán un enfoque de género, darán aportes que permitirán discutir las visiones esencialistas, estado céntricas y etnocéntricas en torno a la participación de las mujeres de sectores populares “en lo social” como necesariamente “desinteresada” y “altruista” o “manipuladas por relaciones clientelares con el Estado” que entrarán en diálogo con investigaciones feministas contemporáneas. Estas últimas que -desde otros horizontes -teóricos, epistemológicos- también darán cuenta de similares resultados.

De alguna manera, el supuesto que subyace en este recorrido propuesto es que el conjunto de investigaciones antes enunciadas y que se desarrollan a continuación, darán lugar a un campo de investigación sobre la relación entre las mujeres y los programas sociales.

3.1. Mujeres como receptoras de los programas sociales asistencialesLas beneficiarias como actoras fundamentales, con sus propias lógicas de acción, ocuparán un lugar relevante en el análisis, que atenderá a su subjetividad, acciones, trayectorias y estrategias. Lugar pionero y relevante ocuparon en los estudios específicos de género pero también en otras investigaciones contemporáneas que atendieron a estas dimensiones microsociales aun cuando no necesariamente incorporaran un enfoque de género o mirada feminista al análisis.

A mediados de los años noventa, entonces, comenzó a trabajarse en base a estudios de casos -centrados en determinados municipios del Conurbano bonaerense- que tomaron como objeto de estudio a las experiencias de las beneficiarías de determinados programas de empleo transitorio. Por ejemplo, Nora Goren (2001) analizó particularmente cómo el programa Servicios Comunitarios no obedeció a los criterios de focalización que subyacen en su diseño. La propia modalidad de gestión de programa -el requerimiento de la intermediación de organismos encargados de poner en marcha el proyecto y el aval jurídico-, configuró desiguales posibilidades de acceso para mujeres con iguales problemáticas de pobreza en un mismo territorio (Goren, 2001). Otro estudio de caso efectuado por Dora Barrancos y Nora Goren (2002) centrado en una experiencia concreta de participación de mujeres en actividades vinculadas con obras de infraestructura que promovía el plan Barrios Bonaerenses (por ejemplo: actividades de construcción), evaluó algunas de sus limitaciones para incorporar mujeres en estas actividades.

Por otra parte, el estudio de las trayectorias también resultó ser un recurso heurístico privilegiado para evaluar la situación de las mujeres en los Programas de Transferencia de Ingresos Condicionados (PTC). Desde un enfoque cuantitativo, Corina Rodríguez Enríquez (2007) realiza un análisis de la trayectoria de las personas receptoras a lo largo del período de recuperación económica posterior al abandono de la convertibilidad, dando cuenta de que las mujeres permanecen -relativamente más que los varones- ocupadas en planes de empleo e “inactivas”. Por su parte, Carla Zibecchi (2013.b) desde un abordaje cualitativo -centrado en entrevistas en profundidad con el objetivo de construir trayectorias de mujeres y varones asistidos- da cuenta de que las mujeres se incorporaron de manera distinta a los programas sociales, como también son diferentes sus experiencias y percepciones. Analizando esta dimensión más subjetiva vinculada a las trayectorias, Zibecchi construye una tipología donde señala que gran parte de las mujeres entrevistadas -residentes en la región AMBA-podrían denominarse beneficiarías meritocráticas idealistas en tanto la política asistencial significó un antes y un después en sus vidas, en la medida en que les permitió una ruptura con sus historias previas.17

Otro concepto ampliamente recuperado y resignificado por las investigaciones de referencia es el de estrategias. Diversos estudios analizarán las estrategias desde un amplio espectro (alimentarias, laborales, de cuidado) y en diversas unidades de análisis (de mujeres, de hogares, de comunidades). Demás está decir las ventajas vinculadas con su fertilidad teórica y metodológica, que conlleva el concepto de estrategias, ampliamente documentadas por las Ciencias Sociales. No obstante, la novedad del período bajo análisis es el vínculo entre las estrategias de supervivencia, el territorio, la política social y el género. En efecto, el lugar particular que desempeñaron las mujeres en las estrategias familiares de sobrevivencia y el abordaje de cómo su trabajo no remunerado ha sido lo que ha absorbido -en gran parte- los costos sociales del ajuste estructural, será un aporte sustancial de los estudios de género. En particular, diversos trabajos se centraron en el análisis de las modalidades de participación de las mujeres con especial énfasis en las prácticas alimentarias (ollas populares, comedores, compras comunitarias, a través del Programa Alimentario Nacional -PAN-, distribución de alimentos) (Feijoó, 1993). Estudios más recientes han destacado el rol de las mujeres en la construcción de redes alimentarias como una forma de articulación social producida por las mismas mujeres (Garrote, 2003). Por su parte, los que hoy se denominan “estudios sobre el cuidado” han desarrollado discusiones teóricas sobre las estrategias de cuidado en contextos de pobreza y el lugar de las mujeres como cuidadoras tanto en el ámbito familiar como extrafamiliar -en el mercado de trabajo, en el ámbito comunitario. Así, se encuentran investigaciones locales que establecen vínculos entre programas sociales asistenciales, mujeres beneficiarías y la distribución del cuidado. Más particularmente, existen trabajos que se centran en las estrategias de cuidado -espaciales y temporales-desplegadas por las mujeres beneficiarías de PTC, que analizan las trayectorias de las cuidadoras del ámbito comunitario observando cómo muchas de ellas fueron beneficiarlas de programas sociales desde los años noventa (Zibecchi, 2013.a).

3.2. Mujeres como mediadoras de la política socialLa implementación de programas a nivel local abrió un espacio territorial que será un insumo central para las investigaciones que se propusieron indagar acciones y lógicas de intercambio de nuevos referentes sociales, entre ellos, el lugar que las mujeres ocuparán como mediadoras (como es el caso de las mujeres trabajadoras vecinales del Plan Vida, comúnmente denominadas “manzaneras”18) y su vínculo con el imaginario peronista tradicional. Las investigaciones también se centrarán en los nuevos espacios que ocuparán las mujeres en calidad de referentes de organizaciones territoriales y movimientos, dándole visibilidad al protagonismo femenino en estos procesos, como se desarrolla en el siguiente apartado.

Cabe aclarar que no necesariamente estas investigaciones -con enfoques microsociales, cualitativos provenientes en general, de estudios antropológicos y sociológicos- adoptarán una mirada feminista o bien un enfoque de género. No obstante, constituirán un legado en la medida que permitirán definir a “manzaneras”, líderes e integrantes de movimientos como actores de lo local, dando visibilidad a las mujeres en estas acciones. A su vez, lo territorial se transformará en un universo de sentido que permitirá explicar el modus operandi de estos actores y en un recorte espacial/institucional en el cual se asentarán las investigaciones empíricamente orientadas. Los escenarios de interacción serán diversos, nuevos y originales.

Así, durante los años noventa, investigaciones antropológicas han realizado abordajes de objetos de estudio socialmente definidos como son las políticas públicas o las militancias, pero estrechamente enraizadas en la implementación de los planes sociales. Algunas de estas investigaciones centraron su mirada en cómo las mujeres, los técnicos, los vecinos se constituyen a sí mismos como actores políticos y en las condiciones sociales que hicieron esto posible (Frederic y Soprano, 2009). Por ejemplo, Laura Masson (2004) realiza una descripción etnográfica de las interdependencias entre los diferentes puntos de vista sobre los valores femeninos en torno a la implementación del Plan Vida. Para la autora, tales miradas confluyen en la reivindicación de una “nueva forma de hacer política”. Claramente, los discursos oficiales de la década de los años noventa en la provincia de Buenos Aires -encarnados en la figura de “Chiche” Duhalde- señalaban que las “manzaneras” debían ser mujeres con “vocación de servicio”, que no trabajaran “fuera del hogar” y fuesen “buenas vecinas”. Según Laura Masson (2004), tal discurso destacaba el carácter “a-político” del rol de la manzanera, porque ellas trabajaban “en lo social”: su casa no podía funcionar como sede de reunión de ningún partido y el plan no podía verse envuelto en un uso político. No obstante, en los hechos, las manzaneras no sólo recibían alimentos en su domicilio, sino también seleccionaban a los beneficiarios y participaban en las capacitaciones que brindaba el Estado provincial, entre otras actividades, constituyéndose en referentes “políticos” centrales de la vida barrial.

Más allá del contexto signado por la escasez material, Cravino y otras autoras (2002) demuestran -discutiendo ideas estereotipadas acerca del clientelismo y las lógicas de intercambio de bienes - que los criterios de atribución utilizados por las manzaneras es el de “mayor necesidad”, evaluado “caso por caso”. De esta manera, las manzaneras toman decisiones complejas a nivel simbólico desde tipificaciones cotidianas, redefiniendo, a partir de criterios de justicia implícitos, la letra oficial del plan y su lógica de focalización.

La existencia de distintos tipos de intermediación muestra que el rol de manzaneras y comadres se resiste a ser reducido simplemente al del puntero político. De acuerdo a la investigación de

Gisela Zaremberg (2000), que analiza la heterogeneidad de estilos de mediación entre Estado y sectores desfavorecidos, aún en el caso en que las manzaneras dependan de una red clientelar se presentan diferencias de escala a partir del contacto con el nivel provincial, representado especialmente por los procesos de capacitación, las auditorias y el contacto con el equipo técnico del Estado provincial del cual dependía el Plan Vida.

Desde otro enfoque, centrado en las modalidades de intervención y dispositivos de control del Plan Vida en terreno, también se ha destacado cómo en los discursos de las trabajadoras vecinales permanece una exaltación de la feminización de lo doméstico y del rol materno en las mujeres, al mismo tiempo que se observa una creciente indiferenciación entre cuidados y controles, dando cuenta cómo sus percepciones acerca de sus intervenciones guardan relación estrecha con las caracterizaciones morales y políticas del ejercicio del poder (Dallorso, 2008).

Por su parte, la investigación desarrollada por Ariel Wilkis (2008) da cuenta de cómo las prácticas (por ejemplo, entre las “manzaneras”) y los mundos sociales donde están inmersas son regulados socialmente por el “desinterés” -cuando ninguna relación es desinteresada-, lo cual no debe ser interpretado únicamente a nivel subjetivo -en el plano de las representaciones o de los sentimientos-sino también como una obligación objetiva que regula prácticas, y de la cual los agentes no pueden liberarse si no quieren ser desacreditados en sus interacciones cotidianas.

Finalmente, y en tanto esta agenda de investigación se encuentra abierta y en curso, otras mediaciones son revisadas y analizadas. En diálogo con investigaciones contemporáneas que se centran en el estudio de las interacciones cotidianas en las ventanillas y salas de espera y que estudian las relaciones entre agentes y usuarios,19 las mujeres, sus mediaciones y sus saberes prácticos movilizados son analizados en diversos escenarios y territorios. 20 Siguiendo esta premisas metodológicas se encuentran trabajos que destacan que los programas sociales se “hacen” en diversas escenas, dónde resulta preciso revisar otros puntos de observación para captar cómo las median la política social y colaboran en crear y recrear -a un nivel cotidiano, mundano- la acción estatal, por ejemplo, la “llegada” a determinados grupos poblacionales. Entre estas situaciones, nuevas miradas sobre el Estado entrarán en dialogo con investigaciones feministas en curso y visibilizarán la contribución de estas mujeres en la construcción local del Estado en los diversos escenarios territoriales. ¿Qué situaciones merecen destacarse como puntos de observación? Por un lado, se encuentran las mujeres beneficiarías del PJJHD que durante la crisis del 2002, colaboraban con los técnicos municipales inscribiendo a otros receptores, recibiendo la documentación, siendo la “cara visible” del PJJHD en las “ventanillas” del Estado, o bien que cumplían con su contraprestación en centros de salud -entregando leche a otras mujeres, efectuando actividades de promoción y prevención en salud-. Por otra parte, se encuentran las “manzaneras” y “comadres” que seleccionaban beneficiarios, entregaban mercadería a la población destinataria, efectuaban controles y establecían vínculos entre las “poblaciones objetivos” y los centros de salud. De esta manera, las mujeres generan nuevas formas de sociabilidad y de mediación entre el mundo público -el Estado y sus programas- y lo privado -otras mujeres y sus familias-. En otros términos, en los diversos escenarios de interacción (las “ventanillas”, las organizaciones territoriales, el hogar de la manzanera), estas mujeres encarnan la figura de lo público y del Estado, con toda la complejidad que reviste que sujetos privados (las vecina: manzanera, la comadre) resuelva asuntos de interés público (recepción, distribución de leche por parte del Estado, asesoramiento en sacar turnos, seguimiento de los controles de salud en los centros de salud estatales)^'21

Ciertamente, estas nuevas lecturas y puntos de observación resulta de la confluencia de perspectivas disciplinares y estrategias metodológicas diversas que habilitaron lecturas microscópicas de las áreas estatales, que abrieron preguntas y agendas de investigación que contribuyeron a dar cuenta de la complejidad del Estado y los estados y, en particular, sobre los procesos de implementación de los programas sociales (Paura y Zibecchi, 2014b), discutiendo miradas estado céntricas.22 En el marco de estas lecturas microscópicas de las áreas de las áreas estatales, se encuentran aquellas que se plantean la necesidad de situar las investigaciones sobre el Estado -en términos conceptuales y empíricos- en sus niveles más capilares y mundanos, en los “encuentros burocráticos”23 24 aparentemente banales (Perelmiter 2016).

3.3 Mujeres como referentes del proceso de politicidad que se desarrolló en el campo popularEn el contexto social de mediados de los años 80 en adelante, la multiplicación de asentamientos -ocupaciones ilegales de tierras- en una amplia mayoría en los partidos del Gran Buenos Aires fue la base del desarrollo de un vasto movimiento de organizaciones comunitarias, en el cual se da forma a un nuevo repertorio de acción de las clases populares que adopta una dinámica de inscripción territorial (Merklen, 2010). En dicho contexto, las mujeres han sido analizadas en su capacidad de liderar y de actuar en territorios determinados (Magariños, 2012). Así, se destaca que las mujeres establecen y recortan un campo de actuación que se va constituyendo en la práctica y que se delimita según las problemáticas específicas y las poblaciones con las que trabajan cotidianamente. El trabajo efectuado por las líderes puede adoptar dos modalidades principales: por un lado, el trabajo transversal sobre segmentos poblacionales (especialmente, mujeres, niños y jóvenes); por otro lado, el trabajo sobre la comunidad en un territorio definido geográficamente. De este modo, investigaciones con base empírica, han delineado algunos perfiles de líderes localizadas: (i) “Tejedoras”, con perfil claramente político, su militancia partidaria se entrelaza con el trabajo comunitario y tienen un conocimiento profundo del territorio en varios niveles (vecinos, infraestructura del territorio, etc.); (ii) “Movilizadoras”, precisamente, son las que movilizan militancia, compromiso y participación política partidaria abierta y, desde sus partidos, acceden a espacios públicos o de trabajo comunitario; (iii) “Accionadoras”, su crecimiento se da a nivel de organizaciones intermedias y articulan fluidamente y en múltiples instancias con otras organizaciones de la sociedad civil y del Estado (comisarías de la mujer, escuelas, hospitales); entre otras (Magariños, 2012).

Por otra parte, encontramos investigaciones que se proponen delinear las características de la participación de la mujer en el espacio comunitario precisamente a raíz del fenómeno empírico vinculado a la importante participación femenina en las organizaciones sociales. Estos trabajos dan cuenta del fenómeno de la feminización del mundo comunitario, definiéndolo a este último como un espacio en el que se cruzan las necesidades de los sectores populares, las políticas sociales implementadas por el Estado a través de las diferentes organizaciones sociales que hacen las veces de mediador entre ambos. En dicho mundo, las mujeres ocupan el lugar de “referentes”, “beneficiarias”, “voluntarias”, entre otros roles (Bottaro, 2010).

Como consecuencia de dicho fenómeno se destaca que en el caso de los jardines comunitarios se observa una presencia casi exclusiva de mujeres en diversos cargos, inclusive en los de decisión, como referentes y coordinadoras. Así, investigaciones centradas en estudios de casos vinculados a la emergencia y proliferación de jardines comunitarios destacan, por un lado, la presencia de nuevas protagonistas: las mujeres que allí trabajan en calidad de educadoras, cuidadoras, coordinadoras, referentes, entre otras; por otra parte, se destaca que subyace en ellos otro tipo de finalidad y de relaciones sociales predominante que los diferencian de otros tipos de organización territorial (comedor, sociedad de fomento, etc): las relaciones de cuidado. De allí que puede hablarse de un sujeto colectivo que efectúa el trabajo de cuidado bajo la modalidad de redes de mujeres22 (Zibecchi, 2015).

Si bien gran parte de la producción académica de los últimos veinticinco años estuvo centrada en el ámbito territorial y sus diversas organizaciones comunitarias, no puede dejar de destacarse que durante los años noventa la mirada académica se centró en la producción sobre la protesta y los movimientos sociales. La visualización de este fenómeno dio lugar a reconocer el lugar que las mujeres habían ocupado en las diversas instancias de los movimientos sociales, en los cortes de ruta y en las protestas populares. Por ejemplo, el trabajo de Javier Auyero (2004) estudia el encuentro de dos biografías femeninas y los dos episodios más importantes de la protesta popular en los 90: el Santiagueñazo y el movimiento de vecinos que se produjo en Cutral-Có. En la intersección entre el itinerario femenino de las dos mujeres que analiza -en sus búsqueda de reconocimiento- y la protesta colectiva es que pueden comprenderse las experiencias de las mujeres. Asimismo, se ha investigado el lugar de las mujeres en la trama de los emprendimientos colectivos (Di Marco, 2004; Svampa, 2005) que han sido la “antesala” de muchas organizaciones territoriales posteriormente estudiadas con una alta presencia de mujeres inclusive en la conducción: jardines comunitarios, comedores, cooperativas, ya antes destacadas.

PALABRAS FINALESLos elementos referenciados a lo largo de este trabajo nos permitieron tener una aproximación a la particular coyuntura histórica y a determinadas condiciones de producción que permitieron -en confluencia con otros factores convergentes- la emergencia nuevos conocimientos y saberes específicos que fueron movilizados en diversos ámbitos -principalmente en académico, pero también en el político- y que nos permiten hablar de un nuevo campo de estudio. A continuación se destacan algunas de sus particularidades, patrimonio y legados.

En primer lugar, se observa una prolífica producción de saberes expertos (Morresi y Vommaro, 2012) que intervendrán en diversos planos, no sólo con un patrimonio centrado en la producción académica, sino también perneando programas de enseñanza,25 formando profesionales con un particular saber que intervendrán en diversas áreas de la administración pública y discursos políticos en torno a los programas sociales desde el enfoque de género. Como vimos, este conocimiento y experiencia particular -expertise- tendrá capacidad para: construir nuevos saberes y problemas (generizados), dar visibilidad a nuevos actores -las mujeres como protagonistas actuando en diversas esferas y en los márgenes del Estado- y elaborar un discurso que se podrá traducir en dispositivos concretos orientados a la acción política (instrumentos teóricos analíticos, como el enfoque de género y el enfoque de derechos). Además, si bien no es objeto de tratamiento en este trabajo, gran parte de la producción también dio lugar a un discurso experto, con un vocabulario específico y paradigmas de argumentación que intervendrán en los programas sociales. Así, desde marcos normativos se impondrán orientaciones políticas que favorecerán -o al menos intentarán disminuir- los sesgos y mecanismos de discriminación presentes en los dispositivos de intervención estatal.

En segundo término, el fenómeno de hibridación entre ciencias sociales convergió y colaboró en la constitución del nuevo campo de investigación y, a su vez, se vio fortalecido a través de la consolidación de este mismo campo. En este proceso y en interesantes confluencias disciplinares -con sus aportes teóricos, epistemológicos y también metodológicos- se ha elaborado un saber muy específico: una crítica al conocimiento convencional -tradicional- de la forma de entender los entramados de la política social que ha ignorado, invisibilizado o sesgado a las mujeres como protagonistas y constructora de este entramado y también fenómenos asociados a ellos (sus prácticas, saberes, trayectorias, mediaciones). A su vez, y de manera recursiva con dicha crítica, esta hibridación reconstruyó un conocimiento especializado -generizados- y experto, realizado entre distintas disciplinas.

Si bien no fue objeto de revisión en este trabajo, no se puede dejar de destacar que todos estos procesos -que abrieron la posibilidad de que se consolidará el nuevo campo y también una nueva agenda de investigación- estuvieron acompañados por la construcción de nuevos instrumentos de análisis, revisión de categorías, selección de metodologías. En lo que respecta a cuestiones metodológicas más estrictas, la perspectiva etnográfica, la mirada microsocial, los estudios de caso y la reconstrucción de biografías permitieron revisar supuestos para reinterpretar otros mundos de sentido en torno a la pobreza y a la desigualdad. También los espacios de indagación para visibles e inteligibles a las mujeres son diversos. En efecto, en esta nueva relación entablada entre las mujeres y el Estado -a través de los programas-, los escenarios -en los cuales se centrarán los análisis- podrán ser los lugares donde efectúan las contraprestaciones (organizaciones territoriales, los municipios), donde se cumplen con sus condicionalidades vinculadas a la certificación de la salud y la escolaridad de los hijos/as (los centros de salud, las escuelas), las propias oficinas vinculadas con la burocracia asistencial (las “ventanillas”) donde interactuarán “cara a cara” con los burócratas de la calle, entre otros.

En esta dirección, se observa una interesante confluencia entre la tradición de investigación cualitativa y el campo de investigación sobre programas sociales desde una perspectiva de género y/o feministas. La posibilidad de disponer de herramientas cualitativas otorgó a este campo de investigación imaginación para formular nuevas preguntas y “echar luz” a temas invisibilizados, negados. Fueron las entrevistas en profundidad, el estudio de las trayectorias y biografías femeninas, las etnografías, los estudios de caso, las estrategias metodológicas cualitativas para habilitar estas lecturas y hacer inteligibles fenómenos antes invisibilizados y/o estudiados desde enfoques androcéntricos que también habían permeado el campo de las políticas sociales.

Finalmente, y como parte del patrimonio, se observa un importante corpus bibliográfico (artículos, libros, tesis de postgrado, documentos de trabajo), sobre el cual el presente artículo solo efectúa un recorte a través de un conjunto de investigaciones que delimita un recorrido no exhaustivo en torno a este campo. El recorrido efectuado no ofrece un mapa detallado, sino las premisas fundacionales, el aporte efectuado y el patrimonio de este nuevo campo de conocimiento, un campo de saber. En Argentina, la investigación en torno a las mujeres y su relación con los programas sociales ya tiene sus bases. También posee su legitimidad como un saber específico y un legado en curso.

3Los estudios destacados en este trabajo se centran en programas alimentarios emblemáticos - como el Plan Vida-, en programas de empleo transitorio de los años noventa -por ejemplo, Servicios Comunitarios-, en los programas de transferencias condicionadas (PTC) -Plan Jefes y Jefas de Hogar, Programa Familias-; o bien en la actual Asignación Universal por Hijo (AUH). Se incluye la AUH porque analíticamente comparte algunos rasgos con los programas asistenciales si bien en este trabajo se parte de la premisa de que esta política significó un giro en la lógica asistencial del Estado y del formato programático, que dialoga de otra manera con la territorialidad y la sectorialidad, con la universalidad y la focalización (Paura y Zibecchi, 2014).

El hecho de utilizar las relaciones de género como una categoría de análisis permitió un desplazamiento del foco que había sido puesto anteriormente exclusivamente en las mujeres. Asimismo, al tratar el género como un aspecto de las relaciones sociales se puso en manifiesto que no es la única forma de desigualdad en las vidas de mujeres y varones, sino que existen otras desigualdades sociales (clase, raza) (Kabeer, 1998).

Más específicamente, implica: “El proceso de examinar las implicaciones para mujeres y hombres de cualquier tipo de acción pública planificada, incluyendo legislación, políticas y programas, en cualquier área. Asimismo es una herramienta para hacer de los intereses y necesidades de hombres y mujeres una dimensión integrada en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales” (Naciones Unidas 1997 citado en Daeren, 2001:7).

En 1987 se creó la Subsecretaría de la Mujer como continuación del Programa de Promoción de la Mujer y la Familia. El organismo continuó dependiendo del Ministerio de Salud y Acción Social y su creación estuvo influenciada por los acuerdos internacionales ratificados por el Congreso de la Nación. En 1991 se crea en el ámbito de la Presidencia de la Nación el Consejo Nacional de la Mujer. Dicho formato institucional dio cuenta de otro avance sustantivo en materia de institucionalidad del tema mujer en la política pública: significó el primer reconocimiento de que la problemática de género trasciende los límites del área estrictamente social del Estado. Al mismo tiempo, el hecho de estar ubicado en otro espacio institucional facilitaba la articulación con el conjunto del aparato burocrático.

Entre esas obras se destaca Políticas Públicas dirigidas a la mujer, que reunió los trabajos presentados en un seminario organizado por la Fundación Arturo Illia en 1986 en el que fueron discutidos y evaluados varios de los proyectos promovidos por el sector público desde la instauración de la democracia. En ese encuentro durante el cual se abordaron áreas clave para ese entonces (actividades laborales, políticas de población, salud y maternidad, programas provinciales y proyectos legislativos) participó un centenar de mujeres: diputadas, políticas y académicas expertas en áreas clave, entre ellas, dos reconocidas académicas: Catalina Wainerman y Susana Torrado. Fue el caso, también, de las ponencias compiladas por Haydee Birgín (1993), en las que se abordó la “cuestión mujer” desde distintos ángulos: el gasto público social, el mercado de trabajo, la educación, los derechos reproductivos, el sistema de salud. La obra era el resultado del taller "Acción Pública y Sociedad: la mujer en el cambio estructural" que se llevó a cabo en noviembre de 1992 en el marco del Proyecto “La Mujer en la Agenda Política Parlamentaria”.

En este apartado se sigue parte de los principales hallazgos desarrollados en Paura y Zibecchi (2015a).

El concepto pertenece a Kabeer (1998).

10

El período bajo estudio también será testigo de producciones bibliográficas que visibilizarán el impacto diferencial que la hiperinflación, las reformas estructurales y el ajuste social tuvo en las mujeres, contexto institucional que asumió que ellas serían las principales responsables de garantizar la reproducción social (Pautassi, 2000; Jelín y Feijóo, 1989; Sautúeí al. 2000, para nombrar solo algunas autoras).

11

No obstante, como destaca Di Marco (2004) si bien existe un importante protagonismo de la mujer en las luchas piqueteras, la conducción sigue siendo masculina en la mayoría de este heterogéneo movimiento. A conclusiones similares llega Svampa (2005).

12

Cabe considerar los aportes de Pautassi (2004); Daeren, (2004); Serrano, (2005); Rodríguez Enríquez (2012), Abramo (2005), entre algunas de las principales autoras.

13

Para Fraser, el discurso experto articula un conjunto de lenguajes, vocabularios, paradigmas argumentativos, convenciones narrativas y modos de subjetivación.

14

Para algunas autoras, como Pautassi, la inclusión de la perspectiva de género significa formular políticas con equidad para varones y mujeres que incorporen la equidad social en general (Pautassi, 2004).

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Según los expertos y expertos en el tema, contar con políticas acordes con principios de derechos implicaría un conjunto de transformaciones sustantivas en la forma de concebir los destinatarios de las políticas públicas como “sujetos de derechos”, en el contenido mínimo de los derechos sociales, el principio de igualdad y no discriminación, el acceso a mecanismos de reclamos, la producción y acceso a la información pública, la obligación de la progresividad y la no regresividad en el reconocimiento de los derechos (Abramovich y Pautassi, 2006; entre otros).

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Para nombrar solo un ejemplo de cómo han operado en un plano programático se puede destacar el trabajo del CELS (2007) -basado en recomendaciones de expertos/as- para dejar sin efecto la “carta compromiso” que debían firmar las beneficiarias del PJJHD cuando “migraban” al Programa Familias. La normativa del Programa Familias remarcaba como condicionalidad para su incorporación la firma de una carta compromiso que señalaba la renuncia del titular a la posibilidad de efectuar reclamos de ningún tipo en el caso que, por diversas circunstancias, se deje de ser beneficiario del programa.

17Zibecchi (2013b) construye la tipología precisamente para resaltar la existencia de otros tipos de beneficiarios que, hasta el momento, habían concitado poca atención del campo político-burocrático, académico y, menos aún, del campo periodístico: las meritocráticas idealistas. Ciertamente, ellas se hicieron visibles recién en el momento en que transcurrieron las discusiones en torno al reordenamiento de la población “empleable-vulnerable”.

18Junto con las manzaneras trabajaban las comadres que tenían bajo su control de ocho manzanas, sus funciones formales consistían en detectar a las embarazadas en forma precoz, confeccionar listas de beneficiarias, contactar a las beneficiarias con los centros de salud locales, acompañar a las mujeres en el cumplimiento de los controles durante el embarazo y el puerperio, entre otras (Zaremberg, 2000).

19Cf. Siblot (2007), Dubois (1999), para el caso argentino Auyero (2013).

20Los saberes prácticos administrativos de las mujeres, la inversión de tiempo y los recursos movilizados por ellas son centrales para comprender cómo se concretan las políticas sociales (Schijman y Laé, 2010).

21Cf. Zibecchi, 2018.

22Entre ellas se encuentra, el reconocimiento de la heterogeneidad y complejidad del Estado se insinuó la presencia de los múltiples actores estatales, la diversidad de los roles y de las representaciones y los mapas cognitivos de los funcionarios de diferente jerarquía, entre ellos los “burócratas de la calle”. En el sentido en que los ha definido Lipsky (1980), los burócratas de calle (maestros, policías, jueces, trabajadores sociales) ocupan un lugar decisivo en la re-hechura de las políticas públicas y en la definición de la experiencia de gobierno.

23Cf. Gupta (1995).

24Tal cual es desarrollado por Pérez Orozco (2006).

25Nos referimos ya a una tradición de cursos de postgrado, diplomados y maestrías orientadas a los estudios de las mujeres y los estudios de género. Además, de materias específicas vinculadas al género -en particular bajo el formato de seminarios optativos- en diplomaturas, maestrías y doctorados, dando cuenta de cómo está presente en la currículum de postgrado.

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