SUMARIO

1. Introducción; 2. Marco conceptual y de discusión; 3. Abordaje metodológico; 4. La marcación del dinero en el uso de la Asignación; 5. Administradoras y proveedoras; 6. Ampliación de los grados de autonomía; 7. Los límites de la AUH como base para el empoderamiento económico de las mujeres; 8. Reflexiones finales; Bibliografía.

1. IntroducciónLa Asignación Universal por Hijo (AUH) es una prestación no contributiva implementada en Argentina en 2009, destinada a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años2, hijos/as de trabajadores en el sector informal o desempleados. Esta política incluye condicionalidades en educación y salud, siguiendo un patrón similar a Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (PTCI) en otros países de América Latina.3 Desde su aparición, los PTCI han atraído la atención a nivel internacional debido a su amplio impacto en los indicadores de pobreza, educación y salud de los hogares vulnerables a los que están dirigidos (Villatoro, 2004; Rawlings y Rubio, 2005; Fiszbein y Schady, 2009; Ham, 2010; entre otros).

A su vez, la AUH presenta varias particularidades que la distinguen del resto de los PTCI en la región y de los anteriores programas de transferencia de ingresos en Argentina. En primer lugar, la estrategia de la AUH difiere de los demás debido a que la intención es extender el régimen existente, a través de una combinación de componentes contributivos y no contributivos integrados en el sistema de seguridad social. En este sentido, el objetivo de la política es conformar un instrumento de carácter permanente, en contraste con la mayoría de los programas de América Latina que han sido generados como instrumentos especiales por fuera del sistema de seguridad social (Bertranou y Maurizio, 2011).4 Esto conduce a la segunda particularidad del caso argentino relativo a la selección de los beneficiarios, ya que la AUH no “focaliza” seleccionando a los beneficiarios de acuerdo a la línea de pobreza (como es el caso del resto de los PTCI en América Latina). En contraste, el esquema argentino logra completar la cobertura horizontal de las Asignaciones Familiares implementado desde los años ‘50 del siglo XX para el empleo formal, invocando al principio de “universalidad”, al incorporar a los trabajadores desocupados, a los monotributistas sociales y a personas que se desempeñan en la economía informal o que perciben un ingreso inferior al salario mínimo vital y móvil. Posteriormente, se incluyó también a las trabajadoras incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico. Como consecuencia, este esquema es considerado un programa híbrido que combina la configuración de un PTCI junto con la estructura histórica de la protección social argentina vinculada al mercado de trabajo (Lo Vuolo, 2010; Hintze y Costa, 2011). Así, la AUH es considerada un instrumento que contribuye de manera significativa a la creación de un piso de protección social: se estima que la combinación de esquemas (el sistema de Asignaciones Familiares para los trabajadores formales + la AUH) alcanza al 98% de los niños/as y adolescentes menores a dieciocho años (Bertranou y Maurizio, 2011: 14). Asimismo, una serie de estudios han avanzado en el análisis de las posibilidades de ampliación de la cobertura. Al respecto, Lo Vuolo (2010) sostiene que el hecho de que el programa incluya condicionalidades, y que no haya incorporado reformas en los impuestos al ingreso, hace que la cobertura no sea homogénea entre el sector formal e informal.

En segundo lugar, la AUH se diferencia de los programas típicos del ciclo neoliberal en nuestro país, los cuales eran focalizados y estaban dirigidos a compensar los efectos de la desocupación y la pobreza en ascenso. En efecto, los dos planes inmediatos anteriores a la AUH fueron el Plan Jefes y

Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD) y el Programa Familias por la Inclusión Social (Plan Familias), que definían como beneficiarios a los jefes y jefas de hogar desocupados con hijos, y en los cuales la inclusión fue depositada en la asistencia al desempleo (Hintze y Costa, 2011). Incluso, el Plan Familias, que incorporaba condicionalidades con respecto a la educación de los niños y la salud materno-infantil, no exigía contraprestaciones laboral y apuntaba explícitamente a las mujeres, es el que más se asemeja al resto de los PTCI en América Latina (Gasparini y Cruces, 2010). En contraste, la AUH define como destinatarios de la transferencia a los niños, niñas y adolescentes (beneficiarios finales), mientras que las mujeres son quienes la cobran (titulares). Esto, junto con las condicionalidades asociadas al cuidado, plantea una situación en la que pueden entrar en tensión los derechos de los niños, niñas y adolescentes con los derechos de sus madres.

En este sentido, la titularidad femenina propició el debate en torno al rol de las mujeres que actúan como canales de la política social, en tanto intermediarias entre el Estado y los niños/as beneficiarios/as finales. Estos estudios problematizan la responsabilidad que se les imprime a las mujeres en el cumplimiento de las condicionalidades, y la naturalización de su rol de cuidadoras (Pautassi y Zibecchi, 2010; Arcidiácono, Barrenechea y Straschnoy, 2011; Rodríguez Enríquez, 2011; entre otros). Pese a este maternalismo inscripto en la política (Faur, 2014), los efectos de esta y sus formas de apropiación por parte de las mujeres son diversos. Por un lado, persisten dudas sobre en qué medida la obtención de la AUH por parte de las mujeres se traduce en un efectivo control sobre el dinero; asimismo, en qué lo utilizan permanece como una variable importante a analizar para indagar en la posible ampliación de los horizontes y las capacidades de desarrollo de las mujeres.

Este artículo se propone contribuir a este debate focalizando en las percepciones y experiencias de las mujeres titulares de la AUH que residen en el AMBA, en torno a los usos y administración de la transferencia, y sus significados ambivalentes. Se indaga sobre el potencial aumento de autonomía económica que este ingreso puede generar en las mujeres, mediante una perspectiva que pone énfasis en el significado social del dinero.

2. Marco conceptual y de discusiónCon la llegada del siglo XXI, las estrategias de protección social en Argentina y en la región dieron un giro notable, a la par del papel central que las políticas sociales comenzaron a tener en la agenda internacional (Barrientes y Hulme, 2009). Una de las características distintivas de lo que se denominó la “nueva protección social” (Faur, 2014: 173) fue la de volver a utilizar el dinero en efectivo como instrumento de la política social. Durante varias décadas, tanto desde los Estados particulares como desde las instituciones internacionales de desarrollo, se sostuvo una visión que afirmaba que para generar un mayor impacto en la reducción de la pobreza se debían realizar transferencias en especie y no en dinero (por ejemplo a través de la distribución de alimentos), confiando en que el crecimiento económico iba a “derramar” sus beneficios en toda la población (Standing, 2007; Rodríguez Enríquez, 2011; 2012).

Hacia la década del ‘90, la constatación empírica de que esta relación no era lineal, junto con la consolidación en el ámbito académico de una visión utilitarista del dinero, que lo considera como el “adecuado intermediario neutral en un mercado racional e impersonal” (Zelizer, 2011: 20), apuntalaron una visión que viró hacia lograr una mayor eficiencia en la intervención del Estado mediante la redistribución directa de recursos monetarios. De esta forma, se reconfiguró el ya arraigado paternalismo estatal de las políticas sociales (Standing, 2007). Es decir, se consolidó la visión de que el Estado debe orientar el comportamiento de la población pobre a través del control de sus conductas privadas, bajo el supuesto implícito de que no saben por sus propios medios cómo salir de la situación de pobreza (Lo Vuolo, 2010; Rodríguez Enríquez, 2012). Se trata justamente de una reconfiguración y no eliminación del paternalismo estatal, ya que, a la vez que se promueven las transferencias en dinero, se argumenta a favor de la imposición de condicionalidades que estipulan cierto comportamiento adecuado que hace a las personas pobres “merecedoras” del mismo.5 Como se verá en este artículo, este diseño de política, por un lado, sigue sosteniendo la tan arraigada idea del “pobre meritorio”, que constantemente debe revalidar las condiciones de acceso al beneficio (Lo Vuolo, 2010). Del mismo modo, da lugar a evaluaciones y juicios morales por parte de distintos actores sobre el dinero transferido. Como afirma Wilkis (2013), los juicios morales sobre el uso del dinero de origen estatal están en el centro de las representaciones sobre las clases populares. Esto abre preguntas y genera un eje de indagación alrededor de la administración y utilización del dinero que la política transfiere.

Si bien la AUH difiere en cuestiones de peso no solo de las anteriores políticas típicas del ciclo neoliberal en nuestro país sino también de las demás políticas de transferencias de ingresos extendidas en la región, es innegable que a su vez presenta rasgos que la asemejan a los denominados PTCI; particularmente en lo que refiere a las condicionalidades en educación y salud, a la transferencia de tipo monetaria, y al hecho de que se privilegia el cobro por parte de las mujeres. Un documento del Banco Mundial provee una completa sistematización de los fundamentos teóricos que sustentan estas características básicas de los PTCI (ver Fiszbein y Schady, 2009). Su esquema se fundamenta, en primer lugar, mediante la concepción de las personas como agentes económicos racionales y el objetivo de garantizar el uso más eficiente de los recursos públicos, los cuales se consideran escasos. Además, se presume que los hogares pobres fallan en la inversión en educación y salud de sus hijos/as y, por lo tanto, es necesario conducirlos a que realicen la “correcta” inversión en su capital humano, de allí la justificación para las condicionalidades. Finalmente, se sostiene que dentro de las razones de la “incorrecta” inversión se encuentra el altruismo paternal incompleto (que los padres tomen una decisión que no sea en total beneficio de sus hijos/as), y que el altruismo de las madres es menos incompleto que el de los padres, lo que conduce a que las mujeres-madres sean las designadas como beneficiarías operativas de las transferencias.

Entre los múltiples reparos que la crítica desde la economía feminista realizó con respecto a estos principios básicos,6 7 uno de los más importantes es sobre la noción de racionalidad asumida, ya que la misma simplifica y estereotipa las relaciones sociales y esconde que las preferencias de las personas y las decisiones tomadas para alcanzarlas se encuentran atravesadas por diferentes relaciones sociales. Entre estas, las relaciones de género constituyen una dimensión de relevancia que desafía el concepto de agentes económicos racionales. Lo que quiere decir que las preferencias se encuentran socialmente construidas y las decisiones de los individuos incluyen mandatos sociales en lo relativo al rol del varón y la mujer en la sociedad (Carrasco, 2006; Rodríguez Enríquez, 2012). En este sentido, la sugerencia de que las mujeres sean las titulares de las transferencias en los PTCI se asienta en el supuesto de que harán un mejor uso de la prestación en favor de los hijos, es decir, se basa en la construcción social del rol cuidador de las mujeres (Arcidiácono, Barrenechea y Straschnoy, 2011).

A partir de esta consideración, una serie de estudios problematizaron el rol que se les imprime a las mujeres en estas políticas - en Argentina se basaron específicamente en la AUH -, y cuestionaron la naturalización de su rol de cuidadoras (Pautassi y Zibecchi, 2010; Arcidiácono, Barrenechea y Straschnoy, 2011; Rodríguez Enríquez, 2011; entre otros). Lejos de constituir una particularidad de las políticas de transferencia de ingresos, en Argentina la hegemonía de una concepción maternalista1 en las bases normativas de la relación entre las políticas públicas y las mujeres ha sido característica de las políticas de población, salud y trabajo desde finales de siglo XIX (Nari, 2004). Estos presupuestos de género detrás de las estrategias estatales, que se corresponden con la evidente prevalencia del maternalismo en las prácticas sociales, tienden a encasillar a las mujeres en el lugar de madres y, como consecuencia de esto, responsables del cuidado y la reproducción del hogar (Goren, 2011; Pautassi, Arcidiácono y Straschnoy, 2013; Faur, 2014). Si bien ha habido avances y retrocesos en el modo en que las categorías estatales delimitan sus intervenciones cuando estas se concentran en los sectores populares8, la AUH no ha trastocado los cimientos maternalistas de la protección social. Ya que, como se señaló previamente, la política titulariza a las mujeres como receptoras de la transferencia, pero ello se asienta en el supuesto de que harán un mejor uso de la prestación en favor de los hijos. Dicho de otro modo, la titularidad femenina se basa en la construcción social del rol cuidador de las mujeres (Arcidiácono, Barrenechea y Straschnoy, 2011; Rodríguez Enríquez, 2011; 2012). Además, al incorporar en su diseño condicionalidades asociadas al cuidado (permanencia de los/as hijos/as en la escuela y controles sanitarios), que las madres designadas como titulares deben acreditar, y al no prever ningún mecanismo de adecuación de la oferta (ampliación de la cobertura de servicios de educación y cuidado públicos -estatal y comunitarios-, ampliación de la cobertura y mejoramiento en el acceso a servicios de salud), la política refuerza el rol de las mujeres como principales responsables de la reproducción del hogar (Rodríguez Enríquez, 2012; Goren, 2012; Arcidiácono, Barrenechea y Straschnoy, 2011; Arcidiácono, Gamallo y Straschnoy, 2014; Pautassi, Arcidiácono y Straschnoy, 2013; 2014). Y fundamentalmente en lo que refiere al cuidado en la primera infancia, específicamente a partir de las edades de escolarización obligatoria, los requisitos de la AUH conjugados con la escasez de instituciones públicas de cuidado plantean un desafío redoblado para cumplir con las responsabilidades de cuidado socialmente asignadas (Faur, 2014).

A su vez, pese a este maternalismo inscripto en la política, los efectos de esta y sus formas de apropiación por parte de las mujeres son diversos. Por un lado, persisten dudas sobre en qué medida la obtención de la AUH por parte de las mujeres se traduce en un efectivo control sobre el dinero. Asimismo, en qué lo utilizan permanece como una variable importante a analizar para indagar en la posible ampliación de los horizontes y las capacidades de desarrollo de las mujeres. Ciertos estudios resaltan que en algunos casos puede generar un margen de autonomía, fortalecer su posición en las negociaciones intra-hogar, y favorecer iniciativas de formación y/o micro-emprendimientos (Jacinto y Millenaar, 2013; Goren, 2012; Dávolos, 2013).

En este sentido, generalmente se asume que la titularidad femenina per se propicia el empoderamiento femenino (Arcidiácono, Barrenechea y Straschnoy, 2011). De hecho, el término empoderamiento se generalizó en el léxico y la retórica del discurso del desarrollo a la par de las intervenciones relacionadas con la reducción de la pobreza dirigidas hacia las mujeres. Las definiciones de empoderamiento no son unívocas, ni tampoco sus consecuencias, y aunque el empoderamiento tiene múltiples dimensiones: económica, política, cultural, social (entre otras), la dimensión económica se ha vuelto cada vez más importante en el discurso político internacional en los últimos años (Kabeer, 2012). Por un lado, debido a que se reconoce que el empoderamiento económico asume un rol preponderante en función de que potencia los derechos de las mujeres en las demás dimensiones (Kabeer, 1999; Hur, 2006). Pero, por otro lado, fue el predominio del pensamiento económico en la retórica internacional sobre el desarrollo que propició la consolidación de una versión encapsulada de empoderamiento asociada a la dimensión económica, impulsada por las instituciones internacionales y las agencias de desarrollo, que lo definen en términos de igualdad de oportunidades y aumento de recursos para las mujeres, sin cuestionar las relaciones de poder detrás (Kabeer, 1998; 2012; Esquivel, 2016).9 Sin embargo, el acceso a recursos no siempre representa el logro de autonomía económica, por lo que recibir una transferencia monetaria del Estado no significa a priori que las mujeres transiten por ese proceso. Ya que autonomía económica implica no solo el acceso a ingresos propios sino que también supone avanzar en la posibilidad de definir y participar en la toma de las decisiones sobre su uso, promoviendo la agencia de las mujeres (Kabeer, 2012; Espino y Salvador, 2016; Sanchís, 2016). Así, significa ejercer poder de decisión sobre el destino de los ingresos propios, y de esta manera tiene connotaciones de autoestima, y también puede generar satisfacción personal (CEPAL, 2012; Sanchís y Binstock, 2016).

Todos estos factores, conectados entre sí, contribuyen al empoderamiento económico de las mujeres, pero a su vez, no se debe obviar la señalada cuestión de si estos avances contribuyen a cuestionar y transformar las relaciones genéricas de poder. Por lo cual, se debe analizar detenidamente qué significa para las mujeres titulares de la Asignación el acceso a este ingreso. En efecto, la crítica feminista a la noción simplificada señala que un verdadero empoderamiento significaría una transformación de las estructuras de poder, que, basadas en el género, reproducen la subordinación de las mujeres (Young, 1997; Sen, 1997; Pozzio, 2010; 2011). En este sentido, una conceptualización de empoderamiento económico que tenga en cuenta las relaciones genéricas de poder necesariamente debe incluir la redistribución y reducción del Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR) como dimensión crucial. Proveer cuidado es costoso y dicho costo recae desproporcionadamente sobre las mujeres, incidiendo en sus posibilidades de participación laboral y de acceso a ingresos propios, y dentro del mercado de trabajo configurando jornadas excesivas de trabajo remunerado-no remunerado. Esta relación y profunda imbricación entre la esfera del cuidado y la laboral-monetaria no solo resulta “empobrecedora” y “desempoderadora” para las mujeres en esos términos, sino que además encarna una distribución injusta de los costos y beneficios del TDCNR, lo que plantea consideraciones de justicia distributiva10 (Esquivel, 2013).

Asimismo, empoderamiento remite a un proceso, o sea a aspectos más procesales del poder (Kabeer, 1998), y pensar el empoderamiento como proceso implica tener en cuenta los conflictos a los que da lugar, los cuales no siempre se resuelven y que son parte constitutiva del mismo (Pozzio, 2010; 2011). De igual modo, si se reconoce la naturaleza multidimensional del poder, no se puede dejar de considerar al proceso de empoderamiento como uno que comprende cambios a diferentes niveles y en diferentes dimensiones, a veces en la misma dirección y otras veces en direcciones contradictorias (Kabeer, 1999).

Todas estas consideraciones permiten pensar en un concepto de empoderamiento económico más complejo, con tensiones inherentes al proceso y entonces volver a formular la pregunta sobre si la titularidad femenina, o sea el hecho de que las mujeres sean las designadas para recibir la transferencia, conduce o contribuye a su empoderamiento económico. Con este objetivo este artículo se centra en la forma en que las mujeres titulares de la AUH administran y utilizan el dinero transferido, a través de una perspectiva que pone énfasis en el significado social del dinero. Esta perspectiva sobre el dinero surge a mediados del siglo XX desde la literatura antropológica y sociológica, en un intento por desafiar la visión dominante de que el dinero se reduce a la esfera mercantil y que disuelve los lazos sociales reduciéndolos a un único vínculo social: la relación mercantil (Bohannan, 1967; Bloch y Parry, 1989; Zelizer, 2009; 2011; entre otros).11

Ciertos estudios han incluido evaluaciones sobre el uso de la AUH y los cambios en el consumo de los hogares receptores. Ahora bien, aquí se propone analizar en profundidad sobre los usos del dinero para descifrar los significados y apropiaciones de la AUH, al indagar sobre las relaciones sociales que están detrás de este uso, así como sobre los tipos de autovaloración que habilitan (Goren, 2011; 2012; Dionisi, 2012; Pautassi, Arcidiácono y Straschnoy, 2014). También se explorará hasta qué punto las mujeres titulares actualizan los significados de género asignados desde la política pública. Para esto se formulan una serie de preguntas: ¿en qué medida la obtención de la Asignación por parte de las mujeres se traduce en un efectivo control sobre el dinero? ¿Qué significa para ellas administrar ese dinero? ¿En qué utilizan el dinero? ¿En base a qué criterios/parámetros distinguen el dinero de la Asignación del proveniente de otras fuentes? ¿Qué nos dice esto sobre los roles de género y la forma en la que la AUH interactúa con éstos?

3. Abordaje metodológicoLa metodología utilizada es de tipo cualitativa. El trabajo de campo se desarrolló entre diciembre de 2014 y noviembre de 2016, en el ámbito del AMBA. La focalización se basa en que el AMBA concentra el número más alto de beneficiarios AUH del país (32%),12 en línea con su mayor densidad poblacional respecto al total de la población y al total de niños/as y adolescentes menores de 18 años (Kliksberg y Novacovsky, 2015: 42). Asimismo, el AMBA, compuesta por localidades y barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de su conurbación sobre la provincia de Buenos Aires (conurbano), conforma la concentración urbana de mayor densidad del país: según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, aglutina el 31,9% de la población total del país (INDEC, 2012: 62).

Se realizaron un total de 50 entrevistas en profundidad, en 10 barrios distintos del AMBA, pertenecientes a 5 partidos del conurbano bonaerense y a CABA.13 Utilizando esta técnica se entrevistó, por un lado, a mujeres de sectores populares, mayoría titulares de la AUH14, y por otro lado, a referentes de servicios de cuidado en los barrios donde residen estas mujeres (directoras y docentes de primaria y jardín -maternal y de infantes-, estatales y comunitarios; referentes de organizaciones sociales; directoras de Centros de Acción Familiar15). La elección de los casos se basó en el conocimiento previo sobre sus particularidades, en la cobertura de la política, y en la posibilidad de acceso al campo a través de las instituciones de cuidado.

Las entrevistas a referentes de instituciones de cuidado se realizaron con un doble objetivo. En primer lugar, para profundizar sobre el conocimiento de las características de la oferta y provisión de cuidado en los barrios en los que habitan las mujeres entrevistadas. En segundo lugar, para incorporar sus reflexiones en torno a las experiencias de las mujeres titulares de AUH, ya que son personas que por su pertenencia institucional y el trabajo que desarrollan tienen cercanía con estas mujeres. El criterio para la selección de estas instituciones fue que estén estructuradas a partir del cuidado de niños/as. A partir del contacto con referentes de estas instituciones, se accedió a mujeres receptoras de AUH que estuvieran dentro del ámbito de influencia de las mismas, con el fin de poner en diálogo la oferta de cuidado con la demanda. Estas mujeres, además, fueron seleccionadas a través de un muestreo teórico teniendo en cuenta la representación de distintos tipos de receptoras, en base a un conjunto de variables que se consideran relevantes en términos de las dimensiones de análisis (posición en el hogar, edad, carga de cuidado, etc.). De esta forma, la puerta de entrada fueron los/as referentes de las instituciones de cuidado y, a través de la técnica de saltar el cerco, se iniciaron contactos que permitieron el acceso a grupos de entrevistados/as (Guber, 2004). Asimismo, mediante la técnica de bola de nieve, mediante la cual los informantes presentan otras personas a la investigadora, se buscó contactar con otros/as posibles candidatos/as para la investigación (Bernard, 2000).

Además, se realizó una entrevista grupal con mujeres de sectores populares del AMBA que no reciben la AUH. Esta incorporación obedeció al objetivo de introducir en la muestra a mujeres en situaciones socioeconómicas similares a las titulares AUH pero que no reciben la transferencia, con el fin de buscar otro punto de comparación y enriquecer la reflexión. Para la selección de las entrevistadas a participar de la entrevista grupal se tuvieron en cuenta una serie de características que construyen perfiles conformes al perfil socioeconómico de las mujeres titulares y que resultaran relevantes a los fines de la investigación. Una variable central que se tuvo en cuenta fue que no estén recibiendo la AUH al momento de la entrevista.16

4. La marcación del dinero en el uso de la Asignación

En su libro El significado social del dinero, Zelizer (2011) muestra que las personas inventan distintas estrategias para diferenciar los dineros del hogar a medida que van enfrentando sus múltiples vínculos sociales, a través de un conjunto variado de representaciones y prácticas. Y señala que en esta adjudicación de diferentes significados y usos separados a distintos ingresos tanto el género como la clase social marcan su significado, así como también el Estado y otras instituciones.

En el trabajo de campo se observaron diferentes formas de marcar el dinero por parte de las mujeres titulares de la Asignación, al introducir controles, restricciones y distinciones en el uso de los distintos ingresos del hogar. En este sentido, de sus relatos se podía apreciar que realizaban una distinción bien clara entre los usos que le daban a los distintos ingresos del hogar. Por un lado, la mayoría afirmaba utilizar la Asignación para consumos de sus hijos/as: alimentos, ropa, pañales y artículos escolares fueron los más mencionados. Pero además, en general diferenciaban entre el ingreso de la AUH y el de las otras fuentes de ingresos del hogar: ingresos laborales de sus parejas / ingresos laborales propios / otros ingresos no laborales (Ellas Hacen17, Progresar18, etc.).19

Si se analiza en detalle, esta diferenciación tiene dos dimensiones. La primera se sustenta en las características de la cantidad y formas de pago de las diferentes fuentes de ingreso (estable/inestable, mensual/quincenal). Así, de los relatos se puede apreciar una tendencia a conformar nudos de ingreso-gasto influenciados por la estabilidad del ingreso de la Asignación por una parte, y la inestabilidad de los ingresos laborales, tanto los propios como los de sus parejas, por otra. Tal como expresan los testimonios que siguen:

- “Con lo que cobro de la Asignación me ocupo primero de los pañales, o sea de las cosas del nene [su hijo], y con lo que viene de él [se refiere al trabajo de su pareja] el resto, porque, o sea, porque lo que tengo más seguro es siempre lo de la Asignación, es algo fijo que sé que lo voy a tener” (Evelin, 23 años, cónyuge, 1 hijo de 2 años, hogar nuclear con hijos, Barrio Rivadavia, CABA, 2016. Los ingresos del hogar provienen de la AUH y del empleo por cuenta propia no registrado de su pareja).

- ¿En qué usas la Asignación? - “Para los chicos. (...) Es una ayuda más. Más en la situación que yo estoy, a veces hago, a veces no hago [se refiere a que su trabajo no es estable], yo sé que con esa plata [de la AUH] cuento a fin de mes” (Gregoria,

28 años, jefa de hogar, 3 hijos menores de 10 años, hogar monomarental, Barrio Primavera,

José C. Paz, 2015. Los ingresos del hogar provienen de la AUH, de una AFC y del empleo por cuenta propia no registrado de ella).

- “[cuando estaba en pareja] él ponía para la comida y yo para las deudas; (...) el [ingreso] de él porque era por semana”; - ¿Y la Asignación para qué la usas? -“Para las cosas de los chicos en la escuela, para la ropa, la comida”, -¿La usas también para algo para vos? - “Jamás” (Carina, 39 años, jefa de hogar, 6 hijos de entre 6 y 22 años, hogar monomarental, Guernica, Presidente Perón, 2015. Los ingresos del hogar provienen de la AUH y del Argentina Trabaja19 20).

En este sentido, la estabilidad del ingreso de la Asignación es frecuentemente resaltada en los relatos de las mujeres titulares, en contraste con la intermitencia que suele caracterizar los ingresos laborales del hogar, tanto los de ellas mismas como los de los demás miembros, ya que la inestabilidad de ingresos laborales afecta particularmente a los sectores más vulnerables (Beccaria et al., 2017). Es decir, la previsibilidad del dinero de la Asignación es resaltada en la mayoría de los hogares sin distinción de la cantidad de perceptores del hogar, ya que la mayoría de los ingresos con que cuentan se caracterizan por su inestabilidad, debido a las condiciones en las que se emplean en el mercado de trabajo. Sin embargo, para las mujeres que cuentan con ingresos por jubilaciones o pensiones en el hogar, sí surge una diferencia, porque estos son ingresos estables y de monto relativamente alto, por lo que en esos casos la AUH no es el único ingreso estable al que acceden. Lo mismo sucede con las mujeres que participan del Argentina Trabaja, quienes gozan de cierta estabilidad laboral, debido a las mejores condiciones de trabajo que ofrece esta inserción y los derechos laborales que establece (por ejemplo licencias por maternidad).

Ahora bien, como deja entrever el último relato expuesto arriba, la distinción en el uso del dinero no está únicamente influenciada por la estabilidad del ingreso de la Asignación, sino que es también una distinción cualitativa con un componente simbólico muy fuerte: el significado asignado al dinero de la AUH como política social cuyos destinatarios son los niños/as, o sea sus hijos/as. A diferencia de estudios anteriores que documentaron cierta dinámica del gasto en la que los ingresos más “seguros” se destinaban con los compromisos fijos en general (Jelin, 1984), en este caso la Asignación se destina a un gasto fijo particular: los consumos básicos para los hijos/as. En efecto, las mujeres titulares enfatizan que este ingreso es destinado en su totalidad a sus hijos/as, adhiriendo a las expectativas de la política pública, que parte de la premisa que las mujeres-madres son las mejores administradoras del dinero del hogar y que lo planifican en función de las necesidades de sus hijos (Dionisi, 2012). Lo que conduce a que en los relatos de las mujeres se vea una posición muy fuerte y tajante con respecto al destino del dinero de la AUH: 21

-“Espara los chicos”.

-“Porque esa plata es de ellos”.

-“Para comprarle sus cosas para ellos. Por ejemplo para el día del niño quiso comprarse él [su hijo], le compré un juego, (...) lo gasté en ellos, es plata de ellos, no es plata mía”.

Esta reproducción por parte de las mujeres del “deber ser” va en línea con la fuerte impronta maternalista de la política. Si bien hay ciertos relatos que se escapan de este discurso que responde a las expectativas sociales, representan una minoría o mejor dicho una excepción. En uno de estos casos, el reconocimiento incluso se originó como una especie de confesión de cierto uso del dinero transferido que en el sentido público asignado estaría penalizado:

- ¿Para qué usan la Asignación? - “Y para comprarles la comida a los chicos, las zapatillas, las cosas del colegio...” -¿Y para vos la usas para algo? “Y a veces me tiño el pelo [se ríe con cierto pavor]” (Nilda, 43 años, cónyuge, 8 hijos de entre 9 meses y 20 años, hogar extendido con núcleo completo, Barrio Tierras Altas, Malvinas Argentinas, 2014. Los ingresos del hogar provienen de la AUH, del Argentina Trabaja, y del empleo asalariado no registrado de su pareja).

En este sentido, se puede observar cómo en el significado social del dinero también intervienen las instituciones públicas (Zelizer, 2011), y por lo tanto, se conforma una trama pública de negociaciones de sentidos sobre el dinero transferido a partir de la Asignación, de la cual las mujeres titulares no son indiferentes, puesto que son juzgadas a través de la utilización de ese dinero de la misma forma que suelen utilizarlo para juzgar a otros/as (Hornes, 2014a; 2014b).22 A veces, esta trama de representaciones cruzadas entre las propias mujeres se expresa en juicios de valor sobre las prácticas de las demás, como expresa María: “(...) Porque yo miro que algunas mamás se compran teléfonos [con la AUH], se compran zapatillas, ¡pero es la plata de los chicos!” (Las Tunas, Tigre, 2015).

Las condicionalidades, por su parte, contribuyen a este simbolismo. Como se expuso arriba, al estipular cierto comportamiento adecuado que hace a las personas pobres “merecedoras” de la transferencia, la política conlleva cierta representación negativa de las prácticas de consumo de los sectores populares, que conduce a la instauración de una lógica fundada en la certificación del uso correcto del dinero (Gluz, Karolinski y Moyano, 2014). Si bien con ciertos matices, esta lógica suele permear en los discursos de uno de los actores que intervienen en la “certificación” de este comportamiento (el cumplimiento de la asistencia escolar), como es el caso de docentes que en sus discursos dejan entrever percepciones acerca de que la Asignación no se usa para sus fines estipulados (Ministerio de Educación, 2011). En efecto, en el trabajo de campo se advirtió que los testimonios de los referentes de las instituciones de cuidado remiten a esos juicios y evaluaciones morales sobre el significado del dinero transferido:

- “Nosotros concientizamos mucho a las mamás de que la Asignación es para el derecho del niño, el derecho a la salud, a la educación; muchas veces hay muchas familias que no lo ven así, no lo usan para específicamente esto” (Patricia, coordinadora jardín de infantes comunitario, José C. Paz, 2015).

- ¿Sentiste un cambio en las familias que reciben AUH? - “Ypor ahí los mandan como un poquito más acomodaditos o con sus elementos de la escuela. Porque ese es un trabajo que tuvimos que hacer, ‘¿no tiene un cuaderno?’ entonces ‘no señora, usted recibe una Asignación para que usted le compre todo’, o sea, ahora nadie pide nada en la escuela” (Griselda, directora de escuela primaria estatal, Villa Luzuriaga, 2015).

Hasta ahora lo que se observa entonces es la materialización de la construcción social del rol cuidador de las mujeres a través de la política pública, es decir la materialización del denominado maternalismo inscripto en la política, explicado anteriormente. Pero también, se advierte que efectivamente son las mujeres quienes administran el dinero transferido, ¿qué significa esto para ellas?, ¿les habilita a otros posibles consumos?, ¿altera de alguna manera las relaciones de poder intra-hogar?

5. Administradoras y proveedorasAdministrar dinero no siempre significa tener el control sobre el mismo. En su libro, Zelizer (2011: 61), muestra que hace décadas las mujeres se convirtieron en las “consumidoras expertas de la familia”, a través del rol social asignado a ellas para la administración eficiente de los ingresos del hogar. Pero este proceso se dio de forma paralela a su confinamiento a las tareas domésticas, lo que colocaba a las mujeres en una situación en la que eran “administradoras de dinero sin dinero”. Es decir, se esperaba de ellas que gastaran de la manera adecuada mientras se les negaba el control del dinero, ya que en última instancia éste era supervisado por quien lo generaba, o sea, por sus maridos, quienes solían tener la última palabra sobre su uso.23 En Argentina, el rol de las mujeres como “administradoras de los ingresos” y su reconocimiento dentro del grupo familiar ha sido analizado por Geldstein (2004; 2009) en un estudio del AMBA.

En la presente investigación se constató que las mujeres son las administradoras del dinero de la Asignación, y en general de todos los ingresos destinados a la manutención del hogar, tal como fue explicado en el apartado anterior. Pero, además, la mayoría afirma tener el control sobre el dinero transferido por la AUH, el cual asumen como propio, y aseveran participar y hasta dominar en las decisiones sobre su uso:

- ¿Cómo deciden con respecto al uso de la Asignación? - “Y no, como cobro yo, lo que les falta les doy [a sus hijos], y no, a él [a su pareja] no le digo” (Eliana, 25 años, cónyuge, 3 hijos de hasta 5 años, hogar nuclear con hijos, Villa 20, CABA, 2015. Los ingresos del hogar provienen de la AUH y del empleo por cuenta propia no registrado de su pareja).

- “No, yo soy la que decide, como yo soy la que cobro” - ¿Y lo charlas con Sergio [su pareja]? -“No. Porque él no se mete, como es la plata de los nenes, él no opina” (Jesica, 20 años, cónyuge, 3 hijos de hasta 6 años, hogar extendido con núcleo completo, Villa 20, CABA, 2015. Además de los ingresos por AUH y del empleo por cuenta propia no registrado de su pareja, el CAF le proporciona leche).

- ¿Quién decide en qué se gasta [la AUH]? ¿Lo charlan? - “Y al principio él [su pareja] se quiso meter, y yo le dije ‘a vos no te importa qué hago con la plata de los nenes’” (Emily, 32 años, cónyuge, 2 hijos de hasta 9 años, hogar extendido con núcleo completo, Villa 31, CABA, 2015. Los ingresos del hogar se componen de la AUH y del empleo asalariado no registrado de su pareja).

- “Él no se mete, él sabe que eso es de las nenas” (Silvia, 28 años, cónyuge, 2 hijos de hasta 9 años, hogar nuclear con hijos, Rincón de Milberg, Tigre, 2015. Además de los ingresos por AUH, de los de su empleo asalariado no registrado, y del empleo por cuenta propia no registrado de su pareja, el padre de su hija mayor le da dinero para pagar el micro escolar).

- ¿Quién decidía en qué usar la Asignación cuando estabas en pareja? -“No, yo decidía. (...) Si yo estaba con él [su hijo] todo el día, yo lo llevaba a fútbol, a la escuela. Y ahora [que se separó] lo mismo, no cambió mucho eso” (Natalia, 26 años, jefa de hogar, 1 hijo de 8 años, hogar monomarental, Guernica, Presidente Perón,

2015. Los ingresos del hogar provienen de la AUH y del Argentina Trabaja).

Lo que se advierte es que, al ser las designadas para su cobro, el contar con este dinero les confiere a las mujeres titulares poder de decisión sobre el destino del mismo (CEPAL, 2012). Las expresiones de las entrevistadas ilustran cómo las mujeres viven el proceso de ganar un espacio de decisión propio, remarcándolo como resultado del rol asignado a ellas desde la política: “como yo soy la que cobro”. La insistencia de las mujeres titulares en el “él no se mete” muestra que no solo administran el dinero de la Asignación sino que además esto les habilita una esfera de control dentro del hogar. Lo que significa, por un lado, que el ingreso de la AUH genera un margen de autonomía económica para las mujeres titulares, ya que cuentan con este dinero y lideran la toma de las decisiones sobre su uso. Al mismo tiempo, como también se desprende de los relatos, esto solo es posible gracias a que las mujeres continúan siendo y se reconocen a sí mismas en ese rol de soportes familiares anclado en su rol de madre. Dicho de otro modo, la diferenciación a la que se hizo alusión antes, a través de la cual las mujeres titulares marcan el uso de la Asignación estrictamente para sus hijos, es lo que les permite a su vez, mediante la afirmación de su rol de madres, “apoderarse” de ese dinero: “como es de los chicos, él no se mete”. En este sentido, el maternalismo detrás de la política las habilita a posicionarse con autonomía al conseguir cierto poder sobre el uso y administración del dinero proveniente de la Asignación.

Además, esta transferencia suele constituir un ingreso para las mujeres que de otra forma carecerían, puesto que para muchas puede constituir el único ingreso (Rodríguez Enríquez, 2012). En efecto, en el trabajo de campo se encontraron varios casos de mujeres jefas de hogar cuyo ingreso principal proviene de la AUH, e incluso situaciones en que constituye el único ingreso del hogar. De la misma manera, para las titulares cónyuges suele representar una alternativa a la dependencia económica de sus parejas. El quiebre de esta dependencia económica para las mujeres titulares puede significar no depender de los ingresos laborales de sus parejas pero también incluso no depender de la Asignación Familiar Contributiva (AFC), en los (pocos) casos en que sus parejas trabajan en blanco. Esta dimensión, de gran relevancia, cobró sentido en el trabajo de campo a través del caso de Lorena, que al momento de la entrevista había dejado de cobrar la AUH porque su pareja comenzó a trabajar en blanco. Lorena manifestó claramente su preferencia por la AUH frente a la Asignación Familiar que recibe ahora a través de su pareja, debido a la posibilidad que le daba la primera en términos de cobrar y administrar ella el dinero de forma directa: “Y cuando me pagaban la Asignación era yo [de] manejar la plata, en cambio ahora tenés que estar dependiendo de que te la dé él [su pareja]...y si te la da...” (Guernica, Presidente Perón, 2015).

El sistema de asignaciones familiares, que, tanto en Argentina como a nivel global, se inscribió en la estructura de la mayoría de los estados de bienestar de la era industrial, estuvo fuertemente apoyado en la familia, pensado como el “salario familiar” a partir de la extensión del salario del “varón proveedor”. Lo que implica que las mujeres acceden a la protección social como un derecho derivado de su relación de parentesco con este (Fraser, 1994; Pautassi, 2004; Rodríguez Enríquez, 2012). Pero además de la dependencia que genera, en algunos casos puede significar incluso que las mujeres no accedan efectivamente a este dinero, como dice Lorena: “y si te la da... ”. De hecho, sobre la base de numerosos reclamos por parte de mujeres, a partir del Decreto Presidencial N° 614, en el año 2013 se traspasó el cobro de las AFC a las mujeres (madres de los niños/as), independientemente del progenitor que haya generado el derecho (salvo en situaciones de tenencia a cargo del padre). Sin embargo, en la mayoría de los casos el traspaso no es automático porque para que lo sea la mujer ya debía tener registrada una cuenta bancaria y su correspondiente clave CBU24 en ANSES. Cuando no cuentan con estos requisitos, deben hacer un trámite para efectivizarlo.25 En cambio, mediante la AUH las mujeres acceden a la protección social de forma directa y ya no como un derecho derivado de la inserción laboral de sus parejas. Por lo tanto, si bien el ingreso de la AUH por sí solo no implica un cambio en las relaciones de género, puede significar cierta redistribución del poder de negociación al interior del hogar y el quiebre de la dependencia económica a partir de la diversificación de las fuentes de donde proviene el dinero (Wainerman, 2002; Goren, 2012; Kliksberg y Novacovsky, 2015).

Es más, el contar con este ingreso y con la posibilidad de defender al interior del hogar ese espacio de decisión propio les permite a las mujeres posicionarse en el rol de “proveedoras” del hogar, responsables de la provisión de los bienes esenciales para la supervivencia de sus hijos. Lo que implica cierto cambio en el orden genérico tradicional que reproduce el modelo de hombre proveedor de ingresos-mujer cuidadora (Castilla, 2014; Amagada y Mathivet, 2007). En otras palabras, podría decirse que esa reivindicación puede ser comprendida como una manifestación del complejo proceso de empoderamiento económico (Pozzio, 2010). Como afirma Kabeer (2005), a la luz de un estudio realizado por Benería y Roldán (1992 [1987]), en los hogares donde la contribución económica de las mujeres resulta fundamental para la supervivencia, las mujeres han sido capaces de negociar un mayor grado de respeto.

Esta reconfiguración del rol de las mujeres titulares hacia lo que Castilla (2014) denomina como la figura de “madre proveedora”, así como la posibilidad de resquebrajar su dependencia económica, pueden generar sentimientos de autoestima y de satisfacción personal. Este cambio en las mujeres titulares fue destacado por una de las referentes entrevistadas:

- ¿Viste algún cambio en las mujeres que reciben AUH? - “La mayoría que yo conozco, es como que esto les ayudó a poder independizarse de una cierta forma,

(...) se vio no solo la transformación en lo económico, en lo material, sino en la parte emocional también, (...) como que dicen ‘sí se puede’” (Silvia, directora de Centro de Acción Familiar, Retiro, CABA, 2015).

Poder cumplir con este rol es resaltado también por las mujeres titulares, las cuales, tanto en el caso de las cónyuges como en el de las jefas de hogar, afirman que con este ingreso tienen más posibilidades de suministrar los bienes esenciales para la supervivencia de sus hijos, particularmente debido a las mencionadas dificultades para contar con ingresos laborales sustantivos:

- “De repente antes cuando trabajaba en el geriátrico o en los otros trabajos era el día a día, para comer, de vez en cuando hacer un esfuerzo y comprarles calzado.

Y esto [la AUH] me ayuda un montón, porque es una plata fija que entra para ellos y les puedo comprar ropa, calzado, cosas que de repente en el colegio lo necesitan, y yo tengo y se los saco de ahí y se los doy” (Fernanda, 29 años, jefa de hogar, 3 hijos de hasta 12 años, hogar extendido con núcleo incompleto, Villa Luzuriaga,

2015. Los ingresos del hogar se componen de la AUH, del Ellas Hacen, y de su empleo no registrado como trabajadora de casas particulares).

- ¿Y qué harías si no tuvieras la Asignación? - “Y no tendría para la leche de mis hijos, yogurt... ” - ¿y cómo harías? -“no sé, ahí estaría muy jodida” - ¿y qué podrías hacer?, ¿por ahí trabajar en otro lugar? -“es que con las bebés [sus dos hijas menores] no tengo tiempo para trabajar, o sea a la noche sí porque ellas duermen [se quedan con su pareja], pero...” (Fernanda, 21 años, cónyuge, 3 hijos menores de 5 años, hogar nuclear con hijos, Villa 31, CABA, 2015. Los ingresos del hogar provienen de la AUH, del Progresar, y de su empleo asalariado no registrado en un boliche bailable).

Condensando lo examinado hasta aquí, se puede ver cómo el contar con el dinero de la Asignación promueve la agencia y la autonomía económica de las mujeres titulares, aun cuando, como se analizó previamente, esto es posible gracias a que ellas se posicionan en el rol de soportes familiares anclado en su rol de madre. Si se considera al empoderamiento como proceso, en el que entran en tensión distintos roles de género, se puede entonces aceptar la convivencia de desafíos y reforzamiento de los roles tradicionales de género. Asimismo, diversas investigaciones han demostrado que, particularmente para las mujeres pobres, la noción de autoestima puede estar vinculada más estrechamente con la capacidad de alimentar a los hijos y no tanto con los ideales de las mujeres de clase media de realización personal (Kabeer, 1998). Si el rol materno es central para su autovaloración26 y con el ingreso de la AUH se aseguran cumplir con ese rol, entonces se podría afirmar que la AUH contribuye a su autovaloración. En este sentido, las mujeres estarían actualizando los significados de género asignados desde la política pública (Pozzio, 2010). Dicho de otro modo, si a través de la política son caracterizadas como “madres”, desde la subjetividad y la vida cotidiana ellas en sus prácticas actualizan esa nominación posicionándose como “madres proveedoras”.

Al mismo tiempo, un elemento central que también hay que tener en cuenta es la cuestión de nivel: lo anterior se cumple siempre y cuando la transferencia efectivamente alcance para cumplir con el rol materno, es decir, siempre y cuando signifique un poder adquisitivo mínimo que permita comprar los bienes básicos a los que las mujeres hacen referencia. De hecho, una de las características distintivas de la AUH es que, si bien la transferencia depende de la cantidad de hijos, en general constituye un ingreso de peso en el presupuesto de los hogares receptores (Kliksberg y Novacovsky, 2015: 111-133). Por lo tanto, el sostenimiento de este nivel mínimo de consumo es condición necesaria, ya que si la Asignación pierde poder de compra esto afectaría el significado simbólico resaltado.

En este sentido, la AUH mantuvo su poder adquisitivo en todos los años desde su implementación hasta el año 2015 inclusive, con importantes aumentos en 2013 y 2015 (11,1% y 5,8% respectivamente). Sin embargo, se observa un quiebre de esta tendencia a partir del año 2016, en el que los aumentos del monto de la AUH no logran superar la inflación minorista registrada y su poder adquisitivo cae bruscamente (-6,5%). En el año 2017 los aumentos del monto de la AUH compensan la inflación, pero sin recuperar la pérdida anterior.27

El quiebre de la tendencia creciente del poder adquisitivo de la AUH justamente coincide con un cambio en el esquema de actualización del monto de la AUH, a partir del cual se ajusta semestralmente de acuerdo con el mismo cálculo del índice de movilidad que se utiliza para las jubilaciones, acorde con la ley de movilidad jubilatoria (^{Ley N° 26.417}). Si bien la actualización automática de la Asignación fue reclamada desde varios sectores con el fin de darle continuidad institucional a los incrementos de su poder adquisitivo (Costa y Hintze, 2014), si el resultado es la pérdida de este, la capacidad de la AUH de asegurar el consumo de los bienes básicos de los hogares receptores se verá comprometida, y con esta podría reconfigurarse el sentido asignado a la política pública por parte de las mujeres titulares.

En suma, lo que se observa es una particular tensión: el contar con este ingreso les da a las mujeres titulares cierto grado de autonomía económica, esto contribuye a su autovaloración, entre otras cosas a través de la posibilidad de considerarse como “proveedoras” del hogar. A su vez, el considerar a este ingreso como propio y tener el control sobre el mismo se funda en su rol de madre. Siguiendo a Scott (2008 [1999]; 2012 [1996]), se podría pensar en esta tensión como una paradoja: las mujeres titulares de la AUH se paran sobre un símbolo que refuerza los roles tradicionales de género para lograr desafiarlos a través de un aumento en su autonomía económica. Si bien, por un lado, este contradictorio y ambiguo proceso podría transformarse en un mecanismo de agenciamiento para las mujeres al pararse en esa contradicción, también cabe la posibilidad de que queden atrapadas en la paradoja, constituyendo esto un límite para la transformación de las estructuras de poder basadas en el género.

5. Ampliación de los grados de autonomíaPartiendo del señalado aumento en autonomía económica logrado por las mujeres titulares a través de este ingreso, es importante también destacar que hubo un número importante de mujeres que relataron que no solo utilizan el dinero de la Asignación para bienes básicos para sus hijos/as y el hogar - alimento, ropa, útiles- sino además para otros tipos de consumos. Como se verá, estos consumos pueden impactar directamente en el bienestar de las mujeres, e incluso ampliar los grados de autonomía logrados.

Uno de estos consumos es destinado también a sus hijos pero va más allá de las necesidades básicas. Varias mujeres relataron que el dinero proveniente de la Asignación lo utilizan también para salidas con sus hijos/as, regalos de cumpleaños, o actividades extra-escolares:

- “Y lo uso [el dinero de la AUH] para lo que él quiere, lo poco que le puedo dar yo se lo doy, (...) yo que sé, si quiere ir a la plaza, tomar un helado” (Natalia, 26 años, jefa de hogar, 1 hijo de 8 años, hogar monomarental, Guernica, Presidente Perón,

2015. Los ingresos del hogar provienen de la AUH y del Argentina Trabaja).

- ¿En qué usas la Asignación? - “Le compro cosas a la nena. Zapatillas, ropa, por lo general lo uso todo en ella. Por ahí ella quiere ir a pasear a algún lado y la llevo” (Fernanda, 24 años, jefa de hogar, una hija de 3 años, hogar extendido con núcleo incompleto, Rincón de Milberg, Tigre, 2015. Los ingresos del hogar provienen de la AUH, de su empleo asalariado no registrado, y del empleo registrado de su madre).

-“La Asignación es especialmente para ellos, a veces quieren comer un helado viste, para esas cosas” (Catalina, 29 años, cónyuge, 3 hijos de hasta 10 años, hogar nuclear con hijos, Barrio Primavera, José C. Paz, 2015. Los ingresos del hogar se componen de la AUH y del empleo por cuenta propia no registrado de su pareja).

Esto permite advertir que no siempre el bienestar de las mujeres puede ser escindido del de sus hijos, y “darles un gusto” o “darles lo que le pueda dar” también indican satisfacción personal y disfrute por parte de ellas. Es decir, de sus testimonios se desprende que las mujeres derivan satisfacción de los consumos que van más allá de la primera necesidad, asociados con el tiempo libre y el esparcimiento. La recuperación por parte de los hogares del acceso a la recreación y a consumos culturales a partir de la AUH es resaltado por el estudio del Ministerio de Educación (2011), el cual hace hincapié en la importancia de este acceso en términos de una ampliación del horizonte de posibilidades. Además, para las mujeres significa un incremento en su bienestar a la par del de sus hijos, si se considera que, especialmente en el ámbito de la familia, los individuos encuentran beneficios y satisfacciones en los vínculos hacia los otros, y que el bienestar de los niños/as se encuentra profundamente imbricado con los de las mujeres, incluso potenciándose (Jelin, 1994; Faur, 2014).

Asimismo, que la Asignación se utilice para que los niños/as accedan a actividades extra-escolares puede ser interpretado no solo como un acceso a la recreación sino también como la utilización del dinero para cuestiones ligadas al cuidado. En relación a esto, en el trabajo de campo también surgieron algunos casos en los que las mujeres afirmaron utilizar la transferencia, entre otras cosas, para pagar la cuota de la cooperadora del jardín comunitario al que van sus hijos/as. Si bien las representaciones de las mujeres titulares suelen reproducir la naturalización de la atribución de capacidades que las coloca como las mejores cuidadoras, y tienden a concentrar en sí mismas las responsabilidades de cuidado en la primera infancia, otras, en cambio, expresan una valoración positiva y cierta preferencia por la institucionalización del cuidado en el tramo inicial. De manera interesante, entre estas últimas hay varios casos de mujeres titulares de AUH jóvenes que se encuentran terminando el secundario, y que la combinación de la AUH con el Progresar, sumado a la posibilidad de transferir el cuidado, es lo que les permite poder privilegiar su asistencia escolar por sobre una entrada temprana al mercado laboral, generalmente en condiciones desventajosas.

Otros tipos de consumos más allá de los básicos que las mujeres señalaron como factibles a partir de recibir la AUH se dirigen hacia mejoras en el ámbito doméstico/reproductivo, en el sentido de que impactan en el bienestar del hogar en su conjunto. Estos se relacionan con el mejoramiento de la vivienda, el ahorro, el pago de deudas, y la compra de electrodomésticos en cuotas. Tal como sostienen Wilkis (2010; 2013) y Hornes (2014b), los hogares pertenecientes a los sectores populares despliegan todo un conjunto de prácticas económicas, por ejemplo líneas de crédito personales, y el uso del dinero proveniente de las políticas de transferencia de ingresos se entremezcla en una compleja trama de circulación monetaria; todo lo cual derriba el mito de que los pobres se encuentran desmonetizados y muestra cómo el dinero circula ocupando un lugar central en su vida personal y colectiva (Wilkis, 2010; 2013).

Con respecto a la vivienda, en los barrios en donde se realizó el trabajo de campo se pudo observar que estos varían tanto en términos de las características constructivas de las viviendas de los hogares (casillas de madera, de chapa, viviendas de ladrillo, de cemento) como en relación a la infraestructura (desde calles de tierra a calles de asfalto con veredas). Pero un elemento generalizado es la referencia de las mujeres titulares a la aspiración a hacer sus casas “de material”. Como cuenta Margarita, que hoy en día vive con su familia en una casilla de madera: “Tengo la idea el día de mañana de hacer una casita de material, pero con el sueldo de él [su pareja] solo no podemos”.

Otro impacto en su bienestar a partir de la Asignación se da en las mujeres titulares que realizan trabajo remunerado y entonces, al asegurarse cumplir con su rol materno con la AUH, pueden destinar el dinero de su trabajo para consumo personal. Esto no solo impacta en su bienestar sino que también significa una ampliación de los grados de autonomía económica para estas mujeres, ya que cuentan con dinero propio que lo destinan en ellas mismas. Además, a diferencia de la AUH, este dinero es “de ellas”, no de sus hijos administrado por ellas. Esto queda ilustrado en la distinción que hacen estas dos mujeres entre el dinero de la Asignación y el de sus propios trabajos remunerados:

- ¿En qué usas la Asignación? - “Para las cosas de los chicos en la escuela, para la ropa, la comida” ¿la usas también para algo para vos? - “Jamás. Yo lo mío, si tengo que usarlo para mí, uso de la cooperativa [trabaja en el marco del Argentina Trabaja], porque es mío eso; (...) pero si tiene que ser para mis hijos es la Asignación” (Carina, 39 años, jefa de hogar, 6 hijos de entre 6 y 22 años, hogar monomarental, Guernica, Presidente Perón, 2015. Los ingresos del hogar provienen de la AUH y del Argentina Trabaja).

- “Y la Asignación más que nada para eso, ahora él [su hijo Brian] quiere que lo anote en futbol entonces yo le voy a anotar y con eso voy a pagar, con su plata.

(...) - ¿y la usas para vos? - “No, si lo hago eso lo hago con mi plata” (Natalia, 26 años, jefa de hogar, 1 hijo de 8 años, hogar monomarental, Guernica, Presidente Perón,

2015. Los ingresos del hogar provienen de la AUH y del Argentina Trabaja).

Como se desprende de los testimonios, el dinero propio tiene un significado específico que lo distingue de otras fuentes de ingresos del hogar. Esto también se puede observar en los testimonios de las mujeres entrevistadas que no reciben la Asignación, cuando hablan del dinero proveniente de sus inserciones laborales. Por un lado, la mayoría declara que ellas son las administradoras del dinero proveniente del trabajo de sus parejas, aunque inmediatamente se vislumbra que no se trata de todo el dinero de sus parejas sino del destinado a la manutención del hogar. En el mismo sentido que se señaló previamente, las mujeres se posicionan en el rol de las mejores administradoras del dinero del hogar. Ahora bien, es cuando se refieren al dinero de sus propios trabajos cuando surgen connotaciones de autoestima y de satisfacción personal:

- (en el marco de la entrevista grupal) Me dijeron muy claramente que manejan el dinero de sus parejas, ¿eso les resulta algo importante? ¿Qué significa para ustedes?

- “estar tranquilas porque sabemos que no va a faltar nada; (...) Lo hago yo porque si no lo hago yo, no lo hace nadie” (Priscila, 32 años, cónyuge, 2 hijos de hasta 7 años, hogar nuclear con hijos, CABA, 2016. Los ingresos del hogar se componen del Ciudadanía Porteña, de su empleo por cuenta propia no registrado y del empleo por cuenta propia no registrado de su pareja).

- “tranquilidad” (Griselda, 29 años, cónyuge, 3 hijos de hasta 10 años, hogar extendido con núcleo completo, 2016. Los ingresos del hogar provienen de su empleo no registrado como trabajadora de casas particulares, del empleo asalariado registrado de su pareja y la AFC).

- Y cuando es el dinero de su propio trabajo ¿es diferente?

- “Yo ahí lo disfruto. Lo disfruto porque me voy con ellos [sus hijos] y ellos se compran lo que quieren” (Damiana, 36 años, cónyuge, 3 hijos de entre 5 y 15 años, hogar nuclear con hijos, CABA, 2016. Los ingresos del hogar provienen de su empleo por cuenta propia no registrado y del empleo asalariado registrado de su pareja y la AFC).

- ¿vos qué pensas?

- “no, mi plata la manejo yo ” - ¿y es importante para vos manejar tu propia plata? -“y sí. Mi plata no se toca, la toco yo nada más”- ¿por qué es importante? - “no sé cómo explicarte pero mi plata es mi plata. Está bien, yo la gasto para los nenes pero es mi plata. Lo gané yo, me lo gané yo. Eso es lo que a mí me satisface”

(Griselda, 29 años, cónyuge, 3 hijos de hasta 10 años, hogar extendido con núcleo completo, 2016. Los ingresos del hogar provienen de su empleo no registrado como trabajadora de casas particulares, del empleo asalariado registrado de su pareja y la AFC).

Al mismo tiempo, como ilustra este último relato, todas aseguraron que el dinero de sus trabajos se destina casi en su totalidad a sus hijos/as, así como también afirmaron lo mismo con respecto a la AFC, para el caso de las que la reciben porque ellas o sus parejas trabajan en blanco: “el salario28 lo usas para sacar [a pasear] al nene”. Entonces, si bien, como se sostuvo antes, tanto desde la letra de la política como desde el significado asignado por las mujeres, la AUH reproduce el rol de género que ubica a la mujer en el lugar de madre y como consecuencia de esto responsable del cuidado y la reproducción familiar, también se encuentra cierta autovaloración ligada a la maternidad para las mujeres que no son titulares de la AUH, al posicionarse como las “mejores” administradoras del dinero del hogar y al asegurar destinar todo su ingreso de su trabajo en sus hijos/as (al menos en el plano discursivo). En este sentido es que se puede ver que la AUH permitiría un grado adicional de libertad hacia la autonomía económica de las mujeres: al asegurarles el poder cumplir con su rol materno, los ingresos de sus trabajos remunerados se liberan para poder ser utilizados en consumos para su bienestar personal, que además es un ingreso considerado propio desde el origen (“mi plata”).

Finalmente, en el trabajo de campo algunas mujeres afirmaron utilizar el dinero de la Asignación para generar posibilidades de trabajo autónomas. Estos casos ejemplifican un proceso en el que la transferencia se utiliza no solo como recurso sino también para la conversión de recursos preexistentes en activos (Molyneux, 2007):

- “Cobro esto [la AUH], lo pongo en la ropa [trabaja revendiendo ropa] y después lo recuperamos, lo invierto” (Nancy, 28 años, cónyuge, 5 hijos de hasta 10 años, hogar nuclear con hijos, Guernica, Presidente Perón, 2015. Los ingresos del hogar provienen de la AUH, del Ellas Hacen, y del empleo por cuenta propia no registrado de su pareja).

- “Me ayudó mucho la Asignación, para ahorrar para comprar el terreno o las máquinas [de coser]. (...) Pienso tener mi propio taller, comprar de a poco las máquinas” - ¿Y por qué quisieras trabajar en tu propio taller? - “Porque se gana un poco más, (...) yo quiero ganar todo lo que me dan a mí pero para mí. (...) Y para ver a mis hijos, tener más tiempo, y no depender de así de donde esté trabajando”

(Noemí, 34 años, cónyuge, 3 hijos de hasta 12 años, hogar nuclear con hijos, Villa 31,

CABA, 2015. Los ingresos del hogar provienen de la AUH, del empleo asalariado no registrado de su pareja, y de su empleo asalariado no registrado. Trabaja en un taller textil,

12 hs. por día).

De manera interesante, Nancy y Noemí manifiestan utilizar el dinero de la AUH como un recurso para invertir en sus proyectos laborales. A diferencia de las situaciones presentadas al inicio de este capítulo, probablemente un factor que se encuentra detrás de la posibilidad de destinar el dinero de la transferencia en estos proyectos sea que la supervivencia básica de sus hijos/as y la reproducción del hogar ya se encuentre asegurada por otros ingresos. En efecto, las mujeres que expusieron este uso de la AUH expresaron en las entrevistas que el ingreso principal del hogar proviene del empleo de sus parejas.

Si bien todos los anteriores testimonios dan cuenta de un proceso de aumento de la autonomía económica de las mujeres titulares, es en estos últimos casos en que este proceso se potencia aún más, ya que el uso de la Asignación estaría favoreciendo el desarrollo de capacidades de generación de ingresos propios. Además, este proceso se potencia mediante el ejercicio de agencia por parte de las mujeres, las cuales toman decisiones sobre cómo insertase laboralmente, en pos de lo que consideran una mejor inserción laboral. Esto para Noemí significa poner su propio taller para “ganar todo para ella”, no depender de los permisos que hoy en día le da la dueña del taller para ir a buscar a sus hijos a la escuela y llevarlos al taller a la tarde mientras ella trabaja, e incluso “tener más tiempo” para estar con ellos. La posibilidad de definir y decidir es una de las bases de la agencia para que mediante el proceso de empoderamiento las mujeres puedan beneficiarse de las actividades económicas (Espino y Salvador, 2016).

6. Los límites de la AUH como base para el empoderamiento económico de las mujeresLa reflexión desarrollada en este apartado es una elaboración en base al análisis de las entrevistas presentado en los apartados anteriores, en conjunto con ciertas contribuciones de trabajos académicos previos que vincularon la temática de los cuidados con el estudio de la AUH.

En primer lugar, es importante volver sobre el punto de que, si bien el ingreso de la Asignación es considerado como propio por las mujeres titulares al lograr su administración y control, para alcanzarlo se asientan sobre su rol de madres, lo que refuerza los roles tradicionales de género. Esto se contrastó con el valor asignado por las mujeres a los ingresos provenientes de su inserción laboral, considerados como propios desde el origen, lo que, sumado a que el empleo posiciona a las mujeres en un rol extradoméstico, estaría desafiando los roles tradicionales de género. Además, el trabajo remunerado puede ser fuente de reconocimiento social y de sentido de realización personal (Sanchís y Binstock, 2016). Por lo tanto, el tipo de autovaloración que genera la AUH no es el mismo que el que genera el trabajo remunerado como fuente de autonomía económica.

En segundo lugar, el considerar que la AUH contribuye a su autovaloración y autonomía puede funcionar como anclaje de la bandera del “salario para el ama de casa”, en el sentido de considerar este ingreso como una remuneración al trabajo doméstico y de cuidados que ya realizaban y siguen realizando las mujeres titulares. Esta idea deriva de las condicionalidades asociadas al cuidado: al exigir que las mujeres acrediten el cumplimiento de la asistencia escolar y los controles de salud correspondientes, se sostiene que la Asignación es una remuneración por cumplir con estas responsabilidades. La cuestión, justamente, es que esta postura naturaliza el trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres, y no consigue ni simbólica ni prácticamente contribuir a su redistribución.

Por un lado, una serie de contribuciones señalan que dadas las condicionalidades asociadas al cuidado, la titularidad femenina y la falta de vinculaciones con otras medidas para facilitar el ejercicio del cuidado, desde el diseño la política refuerza en términos simbólicos la naturalización del cuidado como actividad inherentemente femenina (Rodríguez Enríquez, 2012; Goren, 2011; 2012; Arcidiácono, Barrenechea y Straschnoy, 2011; Aricidiácono, Gamallo y Straschnoy, 2014; Faur, 2014). Por otro lado, ciertas investigaciones incorporan el plano material planteando discusiones sobre si las condicionalidades en educación y salud imponen exigencias adicionales en el uso del tiempo de las mujeres titulares, las cuales se hacen cargo tanto del cumplimiento como de la certificación de las mismas. Estos estudios muestran que las mujeres identifican una serie de obstáculos para cumplir con las condicionalidades, fundamentalmente debido a problemas con la obtención de turnos para los controles de salud (Pautassi, Arcidiácono y Straschnoy, 2013; 2014; Kliksberg y Novacovsky, 2015: 190-193). Teniendo en cuenta estos antecedentes, junto con la evidencia empírica del incremento de la demanda de estos servicios a partir de la AUH,29 resulta pertinente considerar la potencial exigencia adicional en el uso del tiempo de las mujeres titulares.

Conjuntamente, desde la perspectiva de la lógica del cuidado30 se repara en que la política está dirigida a cubrir las necesidades materiales más inmediatas de los hogares valiéndose de las capacidades y los tiempos de las mujeres-madres (Faur, 2014). Es decir, dando por supuesto el TDCNR que realizan las mujeres titulares para transformar el dinero transferido por la política en bienestar de sus hijos e hijas, destinatarios finales. Ya que la lógica de la AUH estaría operando sobre la demanda de los servicios de salud y educación pero no prevé medidas de adecuación de la oferta: ampliación de la provisión de servicios de cuidado, ya sea a través del sistema educativo como fuera de este (por ejemplo reconociendo y financiando la oferta de cuidado comunitaria31), ampliación de la cobertura y mejoramiento en el acceso a servicios de salud: aumento de la cantidad de centros de atención primaria y salas cerca de los barrios vulnerables, y fundamentalmente reducción de las dificultades respecto a la obtención de tunos. Tampoco se ofrece asistencia a los perceptores en torno al acceso de estos servicios (Faur, 2014), ni se establecieron vinculaciones con otras políticas de provisión de los mismos con el fin de facilitar y promover el cumplimiento de las condicionalidades (Arcidiácono, Gamallo y Straschnoy, 2014). La excepción la constituye la articulación entre la AUH y el Plan Nacer-Sumar,32 que opera como un subsidio a la oferta del sistema de salud provincial, y permitió reforzar el impacto en el acceso a la salud de la población destinataria de la AUH (Arcidiácono, Gamallo y Straschnoy, 2014).

En consecuencia, la política de la AUH no solo no plantea la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados sino que incluso puede contribuir a la sobrecarga en las mujeres de estas tareas. Es decir, genera lo opuesto a la redistribución del cuidado, la cual puede tener lugar dentro de los hogares (entre varones y mujeres) o dentro de la sociedad en su conjunto, y que significaría construir una responsabilidad colectiva en torno a los cuidados mediante el desarrollo de políticas que apoyen en su suministro o su accesibilidad (Esquivel, 2013; CEPAL, 2015).

Por lo tanto, los límites de la AUH para transitar los procesos de empoderamiento económico de las mujeres están dados, por un lado, por el tipo de autovaloración que la percepción de este ingreso genera, anclado en el rol de madre, y por el otro, porque tanto a nivel simbólico como en el plano material la política contribuye a reforzar el rol de las mujeres como principales responsables de la reproducción del hogar. Esta reflexión es crucial si se aboga por un concepto de empoderamiento económico que tenga en cuenta la importante cuestión de si los avances destacados a lo largo del artículo contribuyen a cuestionar y transformar las relaciones genéricas de poder. Teniendo en cuenta estas tensiones y contradicciones, si bien se pueden entender como parte constitutiva del proceso de empoderamiento económico, también pueden conformar los límites para la transformación de las estructuras de poder basadas en el género.

7. Reflexiones finalesUna de las primeras cuestiones que surgen del análisis es que las mujeres no solo se reconocen como las administradoras del dinero de la Asignación sino que también aseguran tener el control del mismo, lo que les habilita una esfera de dominio dentro del hogar, un espacio de poder. Se desprende entonces el importante logro de una mayor autonomía económica a partir de la AUH, dada por una mayor independencia en relación con las decisiones de consumo y por la posibilidad de posicionarse como proveedoras del hogar.

Ahora bien, en la mayoría de los casos el logro de autonomía económica por parte de las mujeres titulares se encuentra ligado al cumplimiento del rol que les es socialmente asignado: el de “buenas madres”. Esto deriva, por un lado, de su autovaloración anclada a la maternidad, pero además, de la impronta maternalista de la política, la cual contribuye a la construcción de una trama pública de negociaciones de sentidos sobre el dinero transferido, que influye en la forma en que se lo gasta.

En este sentido, la perspectiva del significado social del dinero aportó un lente a través del cual se pudo afinar la mirada sobre la diferenciación que las mujeres titulares realizan entre el ingreso de la AUH y los otros ingresos del hogar. Se pudo ver que esta diferenciación, que conduce al establecimiento de diferentes destinos según la fuente de donde provienen los ingresos, tiene dos dimensiones. Una de ellas se sustenta en la distinción entre el ingreso estable de la Asignación y la inestabilidad de los ingresos laborales del hogar. Y la otra dimensión es de tipo cualitativa con un componente simbólico muy fuerte, que justamente remite a los juicios y evaluaciones morales fundados en la impronta maternalista de la política: desde el discurso “la AUH es de los nenes”.

En segundo lugar, del análisis se desprende a su vez que la autonomía económica lograda a través del acceso al ingreso de la AUH puede también ir más allá del cumplimiento del rol materno, lo que se aproximaría en mayor medida a la idea de empoderamiento económico, entendido en los términos más amplios que se expusieron al inicio de este artículo. De esta forma, se presentaron todo una serie de testimonios que sostienen un proceso en el que se amplían los grados de autonomía económica logrados a partir de la AUH: debilitamiento de la dependencia económica de sus parejas, capacidad de ahorro, consumos más allá de los básicos, generación de estrategias de formación y de autoempleo. En particular, se subrayaron los casos en los que las mujeres afirmaron utilizar el dinero de la Asignación para generar posibilidades de trabajo autónomas, ya que contribuye a su autovaloración al contar con un ingreso propio, pero fundamentalmente debido a que significa un ejercicio de agencia por parte de las mujeres, al tomar decisiones sobre cómo insertarse laboralmente en pos de lo que consideran una mejor inserción laboral. Por lo tanto, la combinación entre el ingreso de la AUH y el acceso al trabajo remunerado puede potenciar el proceso de autonomía económica de las mujeres. El ingreso constante y previsible de la AUH permite, por un lado, mayor agencia a la hora de decidir sobre si participar o no en el mercado laboral y sobre qué tipo de participación laboral les dará el acceso a un ingreso propio, junto con una mayor autonomía económica que el ingreso de la AUH por sí solo habilita, al proporcionarles un mayor control sobre los ingresos del hogar y brindarles la posibilidad de posicionarse como “proveedoras”.

En suma, desentrañar las tensiones que el acceso a este dinero genera en las mujeres titulares permite visibilizar la multiplicidad de negociaciones sobre los significados asignados a este y las diferentes esferas comprendidas en el complejo proceso que implica la posible ampliación de los horizontes y las capacidades de desarrollo de las mujeres. Por consiguiente, resulta imprescindible abogar por una combinación y articulación de políticas (de ingresos, empleo, seguridad social, educación y salud, cuidado), que tenga en consideración la imbricación entre las diferentes dimensiones del empoderamiento de las mujeres titulares, con el fin de modificar las bases estructurales de la desigualdad. Uno de los mayores desafíos es reconocer y valorar esos trabajos que evidentemente ya realizan las mujeres titulares, a la vez que promover sus derechos económicos y sociales mediante el ingreso de la Asignación, pero sin reforzar las desigualdades de género en las cargas de trabajo no remunerado y de cuidados.

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio en el marco de la tesis doctoral titulada “Análisis de la Asignación Universal por Hijo con perspectiva de género: cambios y continuidades en las condiciones de vida de las mujeres titulares en sectores populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”. El objetivo general de la misma es analizar los cambios y continuidades en las condiciones materiales de vida de las mujeres titulares de la AUH del AMBA, focalizando en tres dimensiones de análisis: 1) los ingresos, 2) la participación laboral, y 3) el cuidado. La autora agradece los comentarios y sugerencias realizados por las doctoras Valeria Esquivel y Francisca Pereyra.

Sin límite de edad cuando se trate de un hijo discapacitado.

Estas políticas se caracterizan por estar focalizadas hacia los hogares pobres, con una perspectiva de capital humano al incluir condicionalidades en educación y salud: Progresa/Oportunidades en México, Bolsa Familia en Brasil, Bono Madre Niño

en Bolivia, Familias en Acción en Colombia, Programa Juntos en Perú, Bono de Desarrollo Humano en Ecuador, Red de Protección y Promoción Social en Paraguay, Chile Solidario en Chile.

A excepción de Uruguay, que planteó a su programa Plan de Emergencia Social (PANES) como una iniciativa transitoria y, una vez superada la crisis, el PANES finalizó formalmente, y se integró al sistema de protección social bajo la forma de una asignación familiar no contributiva (Gasparini y Cruces, 2010).

Respecto a las condicionalidades hay múltiples focos de debate. Por un lado, se considera que las mismas se utilizan como instrumento político para la legitimidad social de la política, que de otra forma seria objetada por los sectores y votantes de ingresos medios y medios-altos y otros grupos de interés (Standing, 2007; Lo Vuolo, 2010). Por otro lado, hay estudios que demuestran que los mismos resultados pueden ser obtenidos sin condicionar la transferencia (Leatt y Budlender, 2006; Lund, 2011).

Para un análisis feminista de los fundamentos que sustentan estas políticas ver Rodríguez Enríquez (2012).

Aguirre (1997) introduce el concepto de maternalismo como un término genérico que abarca tanto el plano discursivo como el de las prácticas vinculadas a determinadas políticas sociales fundadas en las capacidades especiales de las mujeres, relacionadas con sus roles tradicionales en la esfera doméstica.

Una serie de trabajos han señalado el avance simbólico alcanzado con el PJJHD, que sostenía que las mujeres podían ser a la vez “mujeres, pobres y trabajadoras (aunque desocupadas)”; aunque luego se volvió a girar hacia viejas categorías a través del Plan Familias, que calificó a las mujeres de “inempleables” (MTEySS, 2005; Zibecchi, 2008; Lupica, 2010; entre otros).

Según Esquivel (2016), la resistencia de los formuladores de políticas y los profesionales del desarrollo a utilizar la palabra “poder” pero su aceptación del concepto de “empoderamiento” se convierte en “empoderamiento sin poder”. Véase también Eyben (2015) y Batliwala (2007).

10

Justicia distributiva refiere a la justicia lograda a través de la distribución equitativa de los recursos (Esquivel, 2016: 16).

11

La recuperación de esta perspectiva sobre el dinero en América Latina fue mediante los trabajos de Neiburg (2005; 2008), Luzzi (2008), Wilkis (2013), Roig (2007), Ossandón (2012), Villarreal (2010), y Hornes (2013; 2014a; 2014b).

12

Según datos de una encuesta a hogares que identifica de forma directa a los receptores de AUH, la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social, llevada adelante por el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (ENES-PISAC). Se trata de una encuesta de hogares representativa de la población urbana del país. El trabajo de campo para la misma entre el segundo semestre de 2014 y el primer semestre de 2015.

13

Barrio Primavera, partido de José C. Paz; Barrio Tierras Altas, partido de Malvinas Argentinas; Barrio El Alge, Rincón de Milberg, partido de Tigre; Barrio La Yaya, Guernica, partido de Presidente Perón; Barrio Las Tunas, General Pacheco, partido de Tigre; Villa 20, Lugano, CABA; Villa 31, Retiro, CABA; Barrio Santa María, González Catán, partido de La Matanza; Villa Luzuriaga, partido de La Matanza; Barrio Rivadavia, Bajo Flores, CABA. Cabe señalar que estos barrios presentan diferencias en términos de infraestructura urbana, de las características constructivas de las viviendas, de oferta de servicios de cuidado, educación y salud, entre otras. Si bien se reconoce la importancia de la territorialidad, que enmarca y condiciona las experiencias y percepciones de las mujeres, por cuestiones de límites de extensión no pudieron ser incorporadas en este artículo. Sí se han incorporado reflexiones al respecto en la tesis doctoral.

14

Solo en 4 casos las mujeres no estaban recibiendo la prestación al momento de la entrevista, en 3 de esos casos la recibieron en el pasado, en el otro caso la mujer la recibiría a partir del mes siguiente.

15

Los Centros de Acción Familiar son espacios de promoción comunitaria en los barrios más pobres de la Ciudad de Buenos Aires.

16

Se conformó un grupo de siete mujeres, entre las cuales solo una había recibido la AUH en el pasado hasta que su pareja comenzó a trabajar en blanco; las demás nunca fueron titulares de la AUH, ya sea porque reciben AFC proveniente del trabajo registrado de ellas o de sus parejas, o porque son receptoras de la política de transferencia de ingresos de la ciudad “Ciudadanía Porteña”, que es incompatible con la AUH.

17

Lanzado en el 2013 y destinado a 100 mil mujeres que se incorporan a una nueva etapa del Programa “Argentina Trabaja”, con prioridad a aquellas mujeres víctimas de violencia de género. Los requisitos son: tener 3 o más hijos menores de 18 años, y/o con discapacidad, por quienes la mujer recibe la AUH; estar a cargo del hogar, sin trabajo, y vivir en una villa o barrio emergente (http://www.desarrollosocial.gob.ar/ellashacen; f/c: junio 2017). El monto al momento de las entrevistas era de $2600. Se distingue a la política de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” de la línea específica dentro de la misma denominada “Ellas Hacen”, ya que el énfasis de la última está puesto en el aprendizaje de un oficio y en la terminación de la educación básica; por eso se incluye a este ingreso como un ingreso no laboral. Si bien el Ellas Hacen contempla actividades de “capacitación con prácticas”, por las cuales algunas cooperativas en algunos de los barrios intervinientes ejecutan obras, la mayoría de las actividades incluidas dentro de esta línea son capacitaciones y talleres a los que las mujeres concurren. En efecto, de las mujeres entrevistadas en esta investigación que afirmaron ser parte del Ellas Hacen ninguna manifestó estar realizando jornada laboral alguna como parte del programa, sino que se encontraban participando de capacitaciones y estaban cursando estudios primarios o secundarios.

18

Lanzado en el 2014, con esta prestación los jóvenes de entre 18 y 24 años pueden terminar el primario o secundario, estudiar un oficio, o una carrera universitaria o terciaria en cualquier establecimiento educativo público del país. Al momento de las entrevistas el monto alcanzaba los $900 por mes, y entre los requisitos se establece que los jóvenes no deben estar trabajando, o si lo están que sea de manera no registrada o formalmente con ingresos menores a 3 salarios mínimo, vital y móvil (las mismas condiciones se aplican al grupo familiar del joven: padre, madre, tutor o pareja conviviente) (http://www.progresar.anses.gob.ar/; f/c: junio 2017).

19

Si bien en ciertos casos las mujeres afirmaron contar también con ingresos no monetarios, estos no ocupaban un rol preponderante en los ingresos del hogar, por eso el análisis se centra en los ingresos monetarios del hogar.

20

El Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” está destinado a personas sin ingresos formales, ni prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni otros planes sociales (a excepción de la AUH y los planes de seguridad alimentaria) y promociona la creación de trabajo a través del cooperativismo. La reglamentación establece una jornada laboral de 40 horas semanales de contraprestación, que se dividen entre horas para la realización de obras de infraestructura urbana, y horas destinadas a capacitaciones.

21

En un contexto de crítica moral constante hacia el uso del dinero proveniente de la Asignación, resulta indispensable reparar en la moralidad impuesta por la pregunta, y en que, por ende, las respuestas son acordes a la situación de entrevista creada. Es decir, se debe reparar en que en la interacción entre entrevistador/a y entrevistado/a se da un juego de manejo de impresiones recíprocas en el que los individuos producen información como parte de esas situaciones, que implican al investigador, al contexto, y al “repertorio” de los interlocutores (Guber, 1994; Guber, 2004). En este sentido, es indiscutible que el proceso investigativo en general, pero especialmente respecto a estas cuestiones sumamente inundadas por juicios morales, las posiciones y subjetividades de la entrevistadora no se diluyen. Esta consideración, sin embargo, no impide que en el marco de un proceso de “reflexividad de la interacción” (Guber, 2001), se puedan interpelar justamente los procesos de producción de sentido y las relaciones sociales que están detrás de los relatos de las mujeres sobre el uso de este dinero.

22

Hornes (2014a; 2014b), a través de un trabajo etnográfico en el que reconstruye los presupuestos de distintos hogares receptores de la AUH, muestra cómo las mujeres titulares esgrimen juicios sobre las prácticas económicas de otras mujeres receptoras.

23

De hecho, Zelizer también señala que las mujeres solían disponer de otro dinero asignado para sus gastos personales, el cual incluso tenía otra denominación, con connotaciones de regalo/propina.

24

La Clave Bancaria Uniforme (CBU) es el código público utilizado por los bancos para la identificación de las cuentas de sus clientes.

25

La mujer debe presentarse en alguna oficina de ANSES y completar el formulario “Solicitud de Percepción de Asignaciones Familiares - Madres - PS.2.73”.

26

Esto no quiere decir que la única satisfacción y fuente de realización personal para estas mujeres sea cumplir con el rol materno, aunque sí una muy importante.

27

Datos propios utilizando el índice de precios “IPC 9 provincias”, elaborado por el centro de estudios CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina), de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), que promedia las mediciones oficiales de nueve provincias.

28

A lo largo del trabajo de campo las mujeres utilizaron continuamente la categoría nativa el salario para referirse a las asignaciones familiares contributivas recibidas a través del trabajo formal de algún miembro del hogar. A veces incluso lo utilizaban para referirse a la AUH. Esta denominación también es encontrada en otros trabajos, y guarda una asimilación directa con el concepto de salario familiar correspondiente al régimen contributivo (ver por ejemplo Hornes, 2014b).

29

Kliksberg y Novacovsky (2015: 213-253) proporcionan evidencia cuantitativa del impacto positivo de la AUH en la asistencia escolar en el nivel inicial y en las edades críticas del nivel medio (13 a 17 años). En términos del impacto de la AUH en la salud, la evidencia apunta al efecto positivo en la demanda a través de incrementos en los niveles de inscripción en el Plan Nacer (Costa y Hintze, 2014), y de incrementos en los controles regulares de salud (Kliksberg y Novacovsky, 2015: 173-211).

30 Uno de los componentes centrales de la perspectiva de la lógica del cuidado, acuñada en el marco de la corriente de pensamiento de la economía feminista, es el reparo en la tensión que puede generarse entre la igualdad de acceso a los cuidados y los derechos de quienes proveen cuidados. Esta mirada implica hacer visible el modelo de cuidado subyacente en las políticas sociales, poniendo especial atención a si en su diseño y aplicación se reducen (o exacerban) las desigualdades de género en las cargas de trabajo doméstico y de cuidados (Daly y Lewis, 2000; Razavi, 2007; Esquivel, 2011).

31 En septiembre del año 2014 se aprobó en la provincia de Buenos Aires la Ley de Jardines Comunitarios (N° 14.628) y fue promulgada en octubre de ese año. La ley tiene por objetivo incorporar la modalidad de educación comunitaria al sistema educativo formal, es decir, reconocer a los jardines comunitarios como instituciones educativas dentro del marco legal vigente. En aquel momento, según la diputada Alicia Sánchez que fue quien elaboró el proyecto de ley, la implementación de la misma incorporaría al sistema educativo formal a aproximadamente 1.500 establecimientos que cubren la demanda de cuidados y educación inicial de 70.000 niños y niñas de 45 días a 5 años en la provincia de Buenos Aires (fuente: sitio web de la Diputada Alicia Sánchez: http://www.aliciasanchez.org/2014/09/hoy-ya-es-ley-la-inclusion-de-los.html; f/c: mayo 2017). La implementación de la ley todavía no es completa.

32 El Plan Nacer es un programa federal del Ministerio de Salud de la Nación creado en el año 2004, cuyo objetivo es mejorar la cobertura de salud y la calidad de atención de las mujeres embarazadas, puérperas (hasta 45 días después del parto) y de los niños y niñas menores de 6 años que carecen de cobertura explícita de una obra social. A partir de 2012 el Plan Nacer se integró al Plan Sumar y expandió su cobertura hacia todos los niños y jóvenes menores de 20 años y a las mujeres entre 20 y 64 años que se encuentren sin seguro de salud (véase http://www.msal.gob.ar/sumar/index.php/institucional/programa-sumar-mas-salud-publica y http://www.msal.gob.ar/sumar/images/stories/pdf/brochure.pdf; f/c: mayo 2017). Mientras en la AUH la acreditación de los controles sanitarios es condición para el pago del 20% acumulado, en la Asignación por Embarazo la inscripción en el Plan Nacer es requisito necesario para el acceso a la prestación. Es interesante mencionar que, como señalan Arcidiácono, Gamallo y Straschnoy (2014), esta articulación entre los subsidios a la oferta y a la demanda en salud aparece como una novedad, ya que en las experiencias previas (particularmente bajo el Plan Familias para la Inclusión Social) tales articulaciones no se hicieron explícitas ni en la normativa ni en la práctica institucional pese a que el Plan Nacer se encontraba vigente y las condicionalidades en el Plan Familias eran las mismas.

Bibliografía Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) (2014). “Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Decreto 1602/09”. Boletín Cuatrimestral, I Cuatrimestre de 2014. Buenos Aires: ANSES.

_(2016). “Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Decreto

1602/09”. Boletín Trimestral, I Trimestre de 2016. Buenos Aires: ANSES.

Aguirre, R. (1997). “Estado de Bienestar, ciudadanía social y género. El maternalismo en las políticas sociales”. Trabajo presentado en la reunión de la red Alfa “Ciudadanía Social de las Mujeres en América Latina”, Bruselas.

Arcidiácono, Pilar, Barrenechea, Verónica Carmona y Straschnoy, Mora (2011). “La asignación universal por hijo para protección social: rupturas y continuidades, ¿hacia un esquema universal?”. En: Revista Margen, N° 61, Junio 2011.

Arcidiácono, Pilar, Gamallo, Gustavo y Straschnoy, Mora (2014). “Programas sociales y protección social no contributiva en la post-convertibilidad”. En: Revista de Instituciones, Ideas y Mercados, N° 60, pp. 57-86.

Amagada, Irma y Mathiavet, Charlotte (2007). Los programas de alivio a la pobreza. Puente y Oportunidades. Una mirada desde los actores. Santiago de Chile: CEPAL.

Barrientos, Armando y Hulme, David (2009). “Social Protection for the Poor and Poorest in Developing Countries: Reflections on a Quiet Revolution”. En: Oxford Development Studies 37(4), pp. 439-456.

Batilwala, Srilatha (2007). “Taking the power out of empowerment - an experiential account”. En: Development in Practice 17(4-5), pp. 557-565.

Beccaria, Luis, Maurizio, Roxana, Trombetta, Martín y Vázquez, Gustavo (2017) “Inestabilidad de ingresos durante un periodo de mejoras laborales y sociales: América Latina en el último decenio”. En: Revista de Economía Política de Buenos Aires, vol. 16, pp. 101-126.

Benería, Lourdes y Roldán, Martha (1992 [1987]). Las encrucijadas de clase y género: trabajo a domicilio, subcontratación y dinámica de la unidad doméstica en la Ciudad de México. México: El Colegio de México / Fondo de Cultura Económica.

Bernard, Harvey Russell (2000). Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches. Oxford, UK: AltaMira Press.

Bertranou, Fabio y Maurizio, Roxana (2011). “Semi conditional cash transfers in the form of family allowances for children and adolescents in the informal economy in Argentina”. International Labour Organization - Universidad Nacional de General Sarmiento.

Bloch, Maurice y Parry, Jonathan (eds.) (1989). Money and morality of Exchange. Cambridge: Cambridge University Press.

Bohannan, Paul (1967). “The impact of money on an African Subsistence Economy”. En: The Journal ofEconomic History, 19(4), 491-503.

Carrasco, Cristina (2006). “La economía feminista: una apuesta por otra economía”. En: Vara, M.J. (comp.). Estudios sobre género y economía. Madrid: Ediciones Akal.

Castilla, María Victoria (2014). “Maternidad y política social: experiencias y sentidos atribuidos a los ingresos monetarios percibidos por el programa ‘Ciudadanía porteña’, Buenos Aires”. En: Población & Sociedad [en línea], vol. 21, N° 1, pp. 33-59.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2012). “El Estado frente a la autonomía de las mujeres”. En: Colección “La hora de la igualdad”. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

CEPAL (2015). “Las políticas y el cuidado en América Latina. Una mirada a las experiencias regionales”. En: Serie Asuntos de Género, N° 124. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Costa, María Ignacia y Hintze, Susana (2014). “Capacidad protectoría de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social: problemas y debates a cuatro años de su implementación”. En: Danani, C. y Hintze, S. (coords.). Protecciones y desprotecciones (II). Problemas y debates de la seguridad social en la Argentina. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

Daly, Mary y Lewis, Jane (2000). “The concept of social care and the analysis of contemporary welfare states”. En: British Journal of Sociology 51(2), pp. 281-298.

Dávolos, Patricia (2013). “Las perceptoras de la asignación universal por hijo: características y condicionantes de su participación en el mercado laboral”. En: Poiésis - Revista de Programa de Posgrado en Educación, vol. 7, N° 12, pp. 256-273.

Dionisi, Karina (2012). “Evaluación de las condiciones de vida desde la perspectiva de las mujeres destinatarias del Plan Asignación Universal por Hijo”. VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata: “Argentina en el escenario latinoamericano actual: debates desde las ciencias sociales”, La Plata, 5 al 7 de diciembre de 2012.

Espino, Alma y Salvador, Soledad (2016). “Semáforo de género de las políticas públicas que promueven el empoderamiento económico de las mujeres”. Montevideo: Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo-Uruguay (CIEDUR).

Esquivel, Valeria (2011). “La economía del cuidado en América Latina: Poniendo a los cuidados en el centro de la agenda”. Serie “Atando cabos, deshaciendo nudos”, Panamá: PNUD.

_(2013). “Care in households and communities”. Background Paper on Conceptual

Issues, Oxfam Research Reports, Oxfam International.

_(2016). “Power and the Sustainable Development Goals: a feminist analysis”. En:

Gender & Development, 24(1), pp. 9-23.

Eyben, Rosalind (2015). “Power” in “empowerment”: a case study of constructing a text against the mainstream”. En: European Journal of Development Research 27(5), pp. 811-825.

Faur, Eleonor (2014). El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres malabaristas en una sociedad desigual. Buenos Aires: Siglo XXI.

Fiszbein, Ariel y Schady, Norbert R. (2009). Conditional Cash Transfer. Reducing present and future poverty. Washington, D.C.: The World Bank.

Fraser, Nancy (1994). “After the Family Wage: Gender Equity and the Welfare State”. En: Political Theory, 22(4), pp. 591-618.

Gasparini, Leonardo y Cruces, Guillermo (2010). “Las asignaciones universales por hijo. Impacto, discusión y alternativas”. Documento de Trabajo N°102. Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS).

Geldstein, Rosa N. (2004). “De ‘buenas’ madres y ‘malos’ proveedores. Género y trabajo en la reestructuración económica”. En: Subjetividad y Procesos Cognitivos, N° 5, abril de 2004.

_(2009). “Experiencias y representaciones masculinas de desempleo, subocupación y

nuevos roles familiares. Del trabajo y no-trabajo de hombres y mujeres”. En: Temas de Mujeres. Revista del CEHIM, año 5, N° 5, San Miguel de Tucumán.

Gluz, Nora, Karolinski, Mariel y Moyano, Inés (2014). “Políticas sociales y democratización de la educación: sentidos sobre la inclusión escolar de la primera infancia a partir de la implementación de la AUH (Asignación universal por Hijo) en la provincia de Buenos Aires (2009-2013)”. En: Gluz, N., Karolinski, M., Moyano, I., Talavera, C., López, I.G., Gadelha Mendes, P.V., Colabella, L. y Vargas, P. Avances y desafíos en políticas públicas educativas: análisis de casos en Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Goren, Nora (2011). “La Asignación Universal por Hijo. ¿Conquista de nuevos derechos? ¿Viejas o nuevas identidades femeninas?”. Ponencia presentada en el 10° Congreso ASET, Grupo 14: Género, Trabajo y Mercado de Trabajo, Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET), Buenos Aires.

_(2012). “Alivio a la pobreza, política social y relaciones de género. Un estudio sobre un

Programas de Transferencia Condicionada de Ingresos”. Congress of the Latin American Studies Association, San Francisco, 23 al 26 de mayo.

Guber, Rosana (1994). “Nacionalismo Reflexivo. La entrevista como objeto de análisis”. En: Revista de Investigaciones Folklóricas N° 9, pp. 30-40.

_(2001). “La entrevista etnográfica o el arte de la “no directividad””. En: La

etnografía, método, campo y reflexividad. Bogotá: Editorial Norma.

_(2004). El Salvaje Metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el

trabajo de campo. Buenos Aires: Paidós.

Ham, Andrés (2010). “The Effect of Conditional Cash Transfers on Educational Opportunities: Experimental Evidence from Latin America”. Documento de Trabajo N°109. Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales.

Hintze, Susana y Costa, María Ignacia (2011), “Capitulo 4: La reforma de las asignaciones familiares 2009: aproximación al proceso político de la transformación de la protección”. En: Danani, C. y Hintze, S. (coords.) Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 19902010. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.

Hornes, Martín (2013). “Transferencias monetarias condicionadas (TMC): de los saberes expertos a los sentidos plurales del dinero”. Tesis de Maestría en Antropología Social, Instituto de Desarrollo Económico y Social, Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín.

_(2014a). “Controversias públicas en los significados del dinero”. Ponencia presentada

en IX Jornadas de Estudios Sociales de la Economía, Universidad Nacional de San Martín, Instituto de Altos Estudios Sociales, Centro de Estudios Sociales de la Economía (CESE), Buenos Aires, 22 al 26 de septiembre.

_(2014b). “Transferencias condicionadas y sentidos plurales: el dinero estatal en la

economía de los hogares argentinos”. En: Revista Antípoda, N° 18- Antropología y economía II-, pp. 61-83.

Hur, Mann Hyung (2006). “Empowernment in terms of theoretical perspectives: exploring a typology of the process and components across disciplines”. En: Journal of Community Psychology, vol. 34, N° 5, pp. 523-540.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2012). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Censo del Bicentenario. Resultados definitivos. Serie B, N° 2, Tomo 1 (primera edición). Buenos Aires: INDEC.

Jacinto, Claudia y Millenar, Verónica (2013). “Desigualdad social y género en las trayectorias laborales de jóvenes de sectores populares. El lugar de los dispositivos de inserción”. Ponencia presentada en XI Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, ASET, 3-5 agosto.

Jaime, Fernando, Goren, Nora y Sabaté, Felix (2016). “Avances y tensiones en la estrategia de transferencias condicionadas de ingresos. La Asignación Universal por hijo”, en Jaime, F., Goren, N. y Sabaté, F. (coords.). Políticas sociales en Argentina: el rol del estado en la construcción de derechos. Florencio Varela: Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Jelin, Elizabeth (1984). “Las relaciones sociales del consumo: el caso de las unidades domésticas de sectores populares (Argentina)”. En: La mujer en el sector popular urbano. CEPAL, Santiago de Chile: Naciones Unidas.

_(1994). “Familia, crisis y después...”. En: Wainerman, C. (ed.). Vivir en familia. Buenos

Aires: UNICEF/Losada.

Kabeer, Nayla (1998). Realidades trastocadas. Las jerarquías de género en el pensamiento sobre el desarrollo. México: PUEG-UNAM-IIES-Editorial Paidós.

_(1999). “Resources, agency, achievements: reflections on the measurement of

women’s empowerment”. En: Development and Change 30(3), pp. 435-64.

_(2005). “Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third

millennium development goal”. En: Gender & Development 13(1), pp. 13-24.

_(2012). “Women’s economic empowerment and inclusive growth: labour markets and

enterprise development”. Discussion Paper 29/12, Centre for Development Policy & Research, School of Oriental & African Studies, University of London.

Kliksberg, Bernardo y Novacovsky, Irene (2015). El gran desafío: romper la trampa de la desigualdad desde la infancia. Aprendizajes de la Asignación Universal por Hijo. Buenos Aires: Editorial Biblos.

Leatt, Annie y Budlender, Debbie (2006). “Under what conditions? Social security for children in South Africa”. University of Cape Town, South Africa.

Lo Vuolo, Rubén M. (2010). “Las perspectivas de Ingreso Ciudadano en América Latina. Un análisis en base al “Programa Bolsa Familia” de Brasil y a la “Asignación Universal por Hijo para Protección Social” de Argentina”. Documento de Trabajo N° 75, CIEPP, Buenos Aires.

Lund, Francie (2011). “A step in the wrong direction: linking the South Africa Child Support Grant to school attendance”. En: Journal of Poverty and Social Justice, vol. 19, N° 1, pp. 5-14.

Lupica, Carina (2010). Trabajo decente y corresponsabilidad de los cuidados en Argentina. Buenos Aires: OIT.

Luzzi, Mariana (2008). “La institución bancaria cuestionada: las relaciones entre los bancos y sus clientes en el contexto de la crisis de 2001 en Argentina”. En: Revista Crítica en Desarrollo, N° 2, pp.173-190.

Ministerio de Educación de la Nación (2011). Análisis y evaluación de los aspectos educativos de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En línea:

http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/OBS%20-%20000174%20-%20An%C3%A1lisis%20y%20evaluaci%C3%B3n%20de%20los%20aspectos%20educativos%20 de%20la%20AUH.pdf F/c: Junio 2017.

Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTEySS) (2005). Segunda evaluación del Programa Jefes de Hogar. Resultados de la encuesta a beneficiarios. Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales, MTEySS de la Nación.

Molyneux, Maxine (2007). Change and Continuity in Social Protection in Latin America. Mothers at the Service of the State?. England: UNRISD.

Nari, Marcela (2004). Políticas de maternidad y maternalismo político. Buenos Aires: Biblos.

Neiburg, Federico (2005). “Inflación y crisis nacional. Culturas económicas y espacios públicos en la Argentina y Brasil”. En: Anuario de Estudios Americanos 62(1): pp. 113-138.

_(2008). “Inflación, monedas enfermas y números públicos”. En: Revista Crítica en

Desarrollo N° 2, pp. 93- 130.

Ossandón, José (ed.) (2012). Destapando la caja negra: Sociología de los créditos de consumo en Chile. Santiago de Chile: Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) Ediciones.

Pautassi, Laura (2004). “Beneficios y beneficiarías: análisis del programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados de Argentina”. En: Valenzuela, M. (ed.). Políticas de empleo para superar la pobreza. Santiago de Chile: Oficina Regional de la OIT.

Pautassi, Laura, Arcidiácono, Pilar y Straschnoy, Mora (2013). “Asignación Universal por Hijo para la Protección Social de la Argentina. Entre la satisfacción de necesidades y el reconocimiento de derechos”. CEPAL Serie Políticas Sociales N° 184. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

_(2014). “Condicionando el cuidado. La

Asignación Universal por Hijo para la Protección Social en Argentina”. En: Íconos. Revista de Ciencias Sociales, N° 50, pp. 61-75.

Pautassi, Laura y Zibecchi, Carla (2010). “La provisión de cuidado y la superación de la pobreza infantil. Programas de transferencias condicionadas en Argentina y el papel de las organizaciones sociales y comunitarias”. CEPAL Serie Políticas Sociales N° 159. Santiago de Chile: CEPAL.

Pozzio, María Raquel (2010). “Empoderamiento: del punto de vista de los estudios de género al punto de vista del actor”. En: Questión 26(1), pp. 1-11.

_(2011). Madres, mujeres y amantes: Usos y sentidos de género en la gestión

cotidiana de las políticas de salud. Buenos Aires: Editorial Antropofagia.

Rawlings, Laura B. y Rubio, Gloria M. (2003). “Evaluating the Impact of Conditional Cash Transfers Programs: Lessons from Latin América”. Policy Research Working Paper N° 3119. Washington, DC.: World Bank.

Razavi, Shahra (2007). “The political and Social Economy of Care in a Development Context: Conceptual Issues, Research Questions and Policy Options”. En: Gender and Development, UNRISD.

Rodríguez Enríquez, Corina (2011). “Programas de transferencias condicionadas de ingreso e igualdad de género ¿Por dónde anda América Latina?”. CEPAL Serie Mujer y Desarrollo N° 109, Santiago de Chile: CEPAL.

_(2012). “Políticas de atención a la pobreza y las desigualdades en

América Latina: una revisión crítica desde la economía feminista”. En: Esquivel, V. (ed.) La economía feminista desde América Latina: Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región. Santo Domingo: ONU Mujeres.

Roig, Alexandre (2007). “Discurso y moneda en la creación de la convertibilidad”. En: Papeles de Trabajo, revista virtual IDAES/UNSAM, año 1, N° 1.

Sanchís, Norma (2016). “Obstáculos para la equidad laboral de las mujeres. Restricciones que enfrentan las mujeres para su acceso a empleos de calidad y el empoderamiento económico”. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo-Uruguay (CIEDUR) - Asociación Lola Mora.

Sanchís, Norma y Binstock, Georgina (2016). “Trabajo remunerado y empoderamiento económico. Significaciones y estrategias de las mujeres en Argentina”. CIEDUR - Asociación Lola Mora.

Scott, Joan W. (2008 [1999]). Género e historia. México: Fondo de Cultura Económica.

_(2012 [1996]). Las mujeres y los derechos del hombre. Feminismo y sufragio en

Francia, 1789-1944. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores.

Sen, Gita (1997). “Empowerment as an Approach to Poverty”. Working Paper Series Number 97.07 Background paper to the Human Development Report 1997. Cambridge: Harvard.

Standing, Guy (2007). “How Cash Transfers Boost Work and Economic Security”. UN DES A Working Paper N° 58.

Villareal, Magdalena (2010). “Cálculos financieros y fronteras sociales en una economía de deuda y moralla”. En: Revista Civitas, vol. 10, N° 3, pp. 392-409.

Villatoro, Pablo S. (2004). “Programas de reducción de la pobreza en América Latina. Un análisis de cinco experiencias”. Serie Políticas Sociales N° 87. Santiago de Chile: CEPAL.

Wainerman, Catalina (2002). “La reestructuración de las fronteras de género”. En Wainerman, C. (comp.). Familia, trabajo y género. Un mundo de nuevas relaciones. Buenos Aires: UNICEF / FCE.

Wilkis, Ariel (2010). “Capital moral y prácticas económicas en la vida social de las clases populares. Un estudio socio-antropológico en el Partido de La Matanza”. Tesis de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, en cotutela con la Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS, París).

_(2013). Las sospechas del dinero. Moral y economía en el mundo popular. Buenos

Aires: Paidós.

Young, Kate (1997). “El potencial transformador en las necesidades prácticas: empoderamiento colectivo y el proceso de planificación”. En: León, M. (comp.). Poder y empoderamiento de las mujeres. Bogotá: Tercer Mundo.

Zelizer, Viviana (2009). La negociación de la intimidad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

_(2011). El significado social del dinero. Buenos Aires: Fondo de Cultur Económica.