SUMARIO

1. Introducción; 2. La evolución de la producción agraria y el proceso nacional de acumulación de capital; 3. Las organizaciones de capitalistas y terratenientes en la posconvertibilidad; 4. La acción política de la SRA en el primer lustro kirchnerista; 4.1. “Rumbos equilibrados”: los primeros años del kirchnerismo; 4.2. De la desconfianza al enfrentamiento abierto: la crisis de la carne; 4.3. La SRA ante la consolidación del populismo; 4.4. “El piquete está de moda”. La SRA en el conflicto del 2008; 5. Conclusiones; 6. Bibliografía.

Introducción

La clausura del ciclo de doce años de gobierno kirchnerista dejó tras de sí una larga estela de transformaciones en la sociedad argentina, que hoy se constituyen como ejes de debate entre los investigadores. En efecto, se ha discutido largamente, por ejemplo, acerca del carácter de los procesos económicos trascurridos durante el período, así como sobre sus continuidades y rupturas respecto de los años signados por el neoliberalismo. La caracterización política de este período, asimismo, ha concitado no menor atención.

En un nivel menos general, cuestiones diversas vinculadas con las particularidades de dicho ciclo se constituyeron también como tópicos destacados. Entre estos pueden mencionarse, sólo por poner algunos ejemplos, los estudios sobre las políticas de género o de derechos humanos, así como el accionar de organizaciones sociales de distinto tipo.

No obstante, y en contraste con el interés suscitado en décadas anteriores, la acción política de las comúnmente denominadas “asociaciones empresariales”, esto es, las que representan a fracciones de las clases capitalista y terrateniente, ha concitado menor atención. A pesar de ello, como veremos, éstas atravesaron una serie de transformaciones y realineamientos a lo largo de todo el período, además de variar significativamente la dirección y el carácter de su acción en relación a períodos anteriores.

Aquí nos proponemos avanzar sobre esta cuestión, enmarcándonos en los primeros años del gobierno kirchnerista. Lo haremos tomando como eje el accionar de una de las entidades agrarias más tradicionales de la Argentina, y que se constituye no sólo como uno de los más destacados portavoces del liberalismo económico (y posteriormente, del neoliberalismo), sino también como una de las principales representantes de la fracción pampeana de la clase terrateniente: la Sociedad Rural Argentina (de Palomino, 1988).

Vamos a detenernos, por lo tanto, en su acción política a lo largo del período que se extiende desde el año 2003, tras la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, hasta el conflicto del año 2008 en torno a la sanción de una ley que regulaba los impuestos a la exportación de mercancías agrarias, ya bajo el mandato de Cristina Fernández. Interesa dar cuenta, en este sentido, de cómo procesó esta transformación en el escenario político, deteniéndonos especialmente tanto en la relación entablada con el gobierno entrante como en las alianzas forjadas con otras organizaciones.

Para ello, sintetizaremos en un primer apartado algunas de las principales características de la acumulación de capital en la Argentina, deteniéndonos en uno de sus aspectos específicos: la cont inua apropiación de fracciones de renta diferencial de la tierra agraria por sujetos sociales distintos a los terratenientes. En este contexto, el análisis de la acción política de la SRA en cuanto representante de dicha clase cobra especial importancia. Seguidamente, describiremos algunas de las tendencias más relevantes de la producción agraria a lo largo del período, haciendo hincapié en la veloz expansión de la producción agrícola impulsada en buena medida por el alza en el precio de los granos. Esto tuvo por consecuencia el aflujo de una mayor masa de renta hacia la economía nacional, cuyas principales características también describiremos. En la siguiente sección, analizaremos las principales direcciones que tomó la acción política de algunas de las organizaciones más destacadas de capitalistas y terratenientes en el período de la posconvertibilidad, contrastándolas con el período anterior. Asimismo, mostraremos algunas de las principales reconfiguraciones en su estructura de alianzas, parte de las cuales implican a la SRA. A continuación, avanzaremos finalmente sobre la acción política de dicha asociación, dividiéndola en cuatro fases.

Para cerrar, presentaremos algunas conclusiones. Entre ellas, destaca el rápido viraje político que emprende la entidad en relación al gobierno kirchnerista, y que tiene lugar en cuanto éste comienza a poner en marcha políticas de intervención de los mercados; sobresale igualmente el recurso a la realización de paros agrarios como parte de su estrategia, hecho que contrasta con el rechazo casi absoluto a ejecutar medidas de fuerza bajo los gobiernos neoliberales; por último, no menos llamativa resulta la dinámica de su estructura de alianzas, ya que cuando la agrupación agroindustrial que integra se ve incapacitada para obrar políticamente, no duda en unirse al frente que habían constituido las restantes entidades agrarias, unión que alcanza su punto más alto con la recreación de la Comisión de Enlace en el año 2008 y la realización de uno de los paros más trascendentes de toda la historia.

El análisis aquí presentado se apoya en dos tipos de fuentes. Por una parte, utilizaremos documentos de la entidad: la Revista Anales, en la que además de notas de contenido general suele hallarse su posición política respecto de la coyuntura, y la publicación anual Memoria y Balance, que contiene análisis económicos, recopila las intervenciones políticas de la asociación, y sintetiza algunos aspectos relevantes sucedidos en la Asamblea Ordinaria. Por otra parte, recurriremos también a notas publicadas en diarios, lo que nos permitirá recabar mayor información respecto de sus acciones.

2. La evolución de la producción agraria y el proceso nacional de acumulación de capitalA lo largo de estos años, el rasgo más destacado de la producción agrícola es la fuerte expansión en el cultivo de oleaginosas, y particularmente de la soja: si en la campaña 2003/4 el volumen producido rondaba las 30 millones de toneladas, cuatro años después la producción se había incrementado ya en más de un 50%, sobrepasando los 46 millones. Similar incremento mostró también la producción de maíz, cuya producción pasó de casi 15 millones de toneladas a más de 22. Esta fase expansiva fue impulsada, en buena medida, por el veloz ascenso en los precios internacionales de los granos. El caso más paradigmático es el de la soja, que entre el 2003 y el 2008 alcanzó a duplicar su valor (Ministerio de Agricultura, Caza y Pesca, 2015).

Un panorama similar presentó la ganadería vacuna. Tras la reducción del stock de cabezas a menos de 50 millones de cabezas durante los años de la crisis de la convertibilidad, y junto con la recuperación de los precios de la carne en el mercado mundial, inició también un período expansivo hasta alcanzar los 58 millones en 2007 para comenzar luego a contraerse nuevamente (op. cit.). A diferencia de la agricultura, sin embargo, esta rama permanece en una situación de relativo estancamiento desde mediados de la década de 1970, cuando tras alcanzar su máximo histórico, el número de cabezas mostró una tendencia decreciente en el largo plazo (Azcuy Ameghino, 2007).

Estos procesos de expansión, y particularmente el agrícola, determinaron la afluencia de una gran masa de renta diferencial de la tierra agraria hacia la Argentina. Ésta, sin embargo, no fue apropiada íntegramente por la clase terrateniente. Para dar cuenta de su destino, sintetizaremos a continuación algunas de las principales características del espacio argentino de acumulación de capital.

Uno de sus rasgos más salientes refiere a la presencia de una gran cantidad de pequeños capitales principalmente de origen nacional, que conviven con fragmentos de capitales de tamaño normal, en su mayoría de origen extranjero. Estos últimos presentan una particularidad específica: mientras que en otros países operan en escala suficiente para competir en el mercado mundial, aquí producen para el pequeño tamaño del mercado interno. Y si exportan, sólo pueden hacerlo, de manera general, obteniendo algún tipo de compensación vía regímenes especiales de promoción. Semejante restricción en la escala implica que la productividad del trabajo que ponen en marcha es marcadamente menor a la normal y, por lo tanto, deberían obtener una tasa de ganancia igualmente menor. Pero su sola presencia indica que ésta es, cuanto menos, equivalente a la tasa normal. Ocurre que estos capitales han contado históricamente con distintas fuentes de compensación, entre los que destaca la apropiación de fracciones de renta diferencial de la tierra agraria (y en menor medida, de las tierras mineras y las que contienen fuentes de energía) (Iñigo Carrera, 1998; 2007; Starosta & Grinberg, 2014; Caligaris, 2016).

En el período de la posconvertibilidad, el principal mecanismo de apropiación estuvo constituido por las retenciones a la exportación de mercancías agrarias. En efecto, con la moneda subvaluada tras la devaluación que puso fin a la Convertibilidad a principios del 2002, se multiplicaba la afluencia de una masa de riqueza social hacia los exportadores, parte de la cual recuperaba el Estado mediante las retenciones. A medida que el peso se acercaba a la paridad cambiaria, sin embargo, aquéllas comenzaron a recaer sobre la renta de la tierra. Al mismo tiempo, con la necesidad de extender la asistencia estatal a los desocupados y de renegociar la deuda, el populismo comenzaba a imponerse como la representación política general del proceso nacional de acumulación (Iñigo Carrera, 2005).

Mientras tanto, los precios de las mercancías agrícolas exportables crecerían hasta superar largamente los niveles de la década previa. Se impuso entonces el resurgimiento de otras formas de apropiación de renta de la tierra en las que la acción del Estado quedaba también directamente expuesta, consolidando así al populismo como forma política propia de estas fases: fijación de precios para la circulación interna de mercancías agrarias, subsidios a los capitales de servicios públicos, créditos a tasas de interés real negativa, y expansión del gasto público (Starosta & Grinberg, 2014).

Veremos, en el desarrollo de este trabajo, cómo algunas de estas formas comenzaron a imponerse. En lo que sigue, describiremos algunas de las principales tendencias que mostraron las organizaciones de capitalistas y terratenientes en los primeros años de dicho período.

3. Las organizaciones de capitalistas y terratenientes en la posconvertibilidadLa irrupción de la crisis de la Convertibilidad comenzó a trastocar el frágil esquema de alianzas fraguado a lo largo de la década de 1990. En efecto, el Grupo de los 8, que cobijaba no sólo a la Unión Industrial Argentina (UIA) y la SRA sino también a organizaciones representantes de los capitales bancarios, comerciales y de la construcción, se desintegró ante la imposibilidad de seguir acordando siquiera una línea política de apoyo general al esquema de la Convertibilidad, tal como había venido haciendo. La crisis, en este sentido, había polarizado las posiciones políticas de sus distintos integrantes.

Tras la renovación dirigencial de 1999, la UIA adoptó una línea política en la que cuestionaba con mayor firmeza algunos aspectos de la política económica (Dossi, 2014). Así, comenzó a presionar por una salida a la crisis que beneficiara a la generalidad de los capitales industriales, reclamando medidas tales como aumento del proteccionismo frente a la importación de mercancías brasileñas, devolución de créditos fiscales a los capitales del sector industrial, eliminación de impuestos, reducción del costo de crédito, contracción de los aranceles a la importación y mayor flexibilización laboral (Salvia, 2015). Lo hizo en alianza con la CRA y la Cámara de la Construcción, con quienes integraría el Grupo Productivo (GP). La SRA, por su parte, atacó duramente las posiciones de este nuevo agrupamiento, al igual que los representantes del capital bancario y de las empresas privatizadas.

Esta polarización dio lugar a un debate respecto de algunas orientaciones específicas de la acción política de estas organizaciones. En efecto, Basualdo (2001; 2002; 2003) plantea la existencia de una división de los capitalistas en dos bloques, de los cuales uno habría presionado por la devaluación mientras que el otro lo habría hecho en favor de la dolarización. Otras investigaciones también dan cuenta de esta dicotomía, aunque matizando en ocasiones el rol de los capitalistas y sus asociaciones (Castellani & Schorr, 2004; Castellani & Szkolnik, 2011). Por su parte, Salvia (2014b; 2014c) argumenta que la evidencia empírica para sostener dicha hipótesis es débil, y plantea en su lugar que la generalidad de los capitalistas mantuvo su apoyo a la Convertibilidad incluso a lo largo de la crisis, diferenciándose por las alternativas propuestas para gestionarla: mientras que uno de los bloques presionaba por una salida que beneficiara a los capitales del sector industrial, el otro procuraba desarrollar aún más la política de ajuste fiscal y expansión del endeudamiento.

Tras el estallido de la Convertibilidad a finales del 2001 y la subsiguiente devaluación del peso, la SRA integró una nueva organización de cuarto grado. A diferencia del G-8, sin embargo, el Foro de la Cadena Agroindustrial (FCA) tendría una representatividad más limitada. En efecto, allí se nuclearían entidades que representaban a las distintas ramas de la rama agraria y la agroindustria: proveedores de insumos, producción primaria, industria alimentaria, comercialización y transportes conformaban una lista de alrededor de 40 asociaciones, a las que se sumaban las que representaban a los bancos (FCA, 2004).

Por su parte, el GP se desintegraría prontamente, víctima de las tensiones que emergieron con posterioridad a la devaluación. La reinstalación de las retenciones a la exportación de mercancías agrarias en el año 2002 enfrentaría a la CRA con la UIA, que no sólo no accionaría para enfrentar la medida, sino que había logrado además ubicar a su presidente, Ignacio de Mendiguren, al mando del Ministerio de Producción. Posteriormente, las tensiones se trasladarían al seno de esta última organización. Allí se enfrentarían los representantes de los pequeños capitales de origen nacional y los de mayor concentración. En el año 2003, la disputa llegó a expresarse en la presentación, por primera vez en la historia de dicha organización, de dos listas internas para la elección de su dirigencia. Dos años más tarde, ambas partes lograrían dejar atrás el enfrentamiento para volver a articular un programa común (Dossi, 2007).

El período de la posconvertibilidad, asimismo, vería resurgir un antiguo agrupamiento: el Consejo Empresario Argentino (CEA). A diferencia del G-8 y el GP, que nuclean otras organizaciones, aquél reúne a título individual a representantes de éstas. Fundado en la década de 1960, el CEA ha tenido una participación política destacada como expresión de los intereses del capital más concentrado, y se lo ha relacionado tanto con la implementación del plan económico de Krieger Vasena en 1967 como con el golpe de Estado de 1976 (Schneider, 2004; Sanz Cerbino, 2015). Algunos destacados dirigentes de la SRA han formado parte de su nómina, entre los que se cuentan a Celedonio Pereda, Luis Firpo Miró y Raúl Mascarenhas; asimismo, integró a José Alfredo Martínez de Hoz, bisnieto de uno de los fundadores de la SRA y Ministro de Economía durante los primeros cinco años del último gobierno militar (de Palomino, 1988). Tras la dictadura, el CEA reapareció fugazmente en la escena pública a principios de la década de 1990, sin lograr jugar un papel relevante en la coyuntura política (Viguera, 2000). En el año 2002 se fusionó con la Fundación Invertir para conformar la Asociación Empresaria Argentina, aunque ésta no jugaría un papel relevante sino hasta el año 2009 (Sanz Cerbino, 2015).

Por último, cabe destacar la recreación, en el año 2008, de la Comisión de Enlace, que se constituyó en el actor más destacado a lo largo del conflicto desatado en torno a la implementación de una resolución que establecía un nuevo régimen de retenciones a la exportación. Se trata de una alianza integrada por las cuatro organizaciones agrarias de mayor tamaño y antigüedad: además de la SRA, la conformaron la CRA, la Federación Agraria Argentina (FAA), y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO). Su primera aparición data de 1970, cuando enfrentó la política agraria del gobierno militar. Esta unidad tendría, sin embargo, un carácter esporádico, ya que se desintegraría pocos años más tarde, dividida por las distintas posiciones políticas adoptadas frente al inminente retorno del peronismo (Baudino & Sanz Cerbino, 2013). En el año 2008, como veremos, volvería a conformarse oficialmente, aunque puede mencionarse también como antecedente el paro agrario conjunto de 1999.3

Como puede observarse, entonces, la clausura del período neoliberal y el posterior inicio del ciclo de gobiernos kirchneristas tuvieron como correlato una serie de transformaciones y reconfiguraciones en las organizaciones que nuclean capitalistas y terratenientes, así como en las alianzas entabladas por éstas. En particular, y en cuanto representante de esta última clase social, la acción política de la SRA a lo largo del período estudiado mostró poseer una gran complejidad, lo que se suma a la marcada visibilidad que adquirió en el conflicto del 2008. En lo que sigue, por lo tanto, nos detendremos en su análisis.

4. La acción política de la SRA en el primer lustro kirchneristaA lo largo del lustro aquí analizado, el accionar de la SRA mostró transformaciones en distintos aspectos. Dividiremos esquemáticamente, por lo tanto, dicho período en cuatro momentos, procurando mostrar los puntos de quiebre más significativos.

4.1 “Rumbos equilibrados”: los primeros años del kirchnerismoEn mayo de 2003, Néstor Kirchner asumiría la presidencia de la nación. A diferencia de la fórmula que había resultado ganadora y posteriormente declinado su participación en el balotaje, que nuevamente llevaba a la cabeza a Carlos Menem, Kirchner resultaba un político más bien desconocido a nivel nacional.

La SRA reaccionó positivamente tras escuchar su discurso de apertura ante la Asamblea Legislativa. En el editorial de Anales de Junio se transcribían, aprobatoriamente, algunos pasajes de la alocución, destacando el llamado a la búsqueda de “rumbos equilibrados”, el reconocimiento al rol del sector privado y la importancia de avanzar en la obra pública, aunque sin dejar de señalar al respecto que “hay [...] semáforos en amarillo cuando todo eso está condicionado a «la sabia regla de no gastar más de lo que entra. El equilibrio fiscal debe cuidarse»”.

Comienza también a despuntar aquí un discurso que se repetiría a lo largo de estos años. Tras lamentar que en la exposición de Kirchner “el campo no fue protagonista, ni siquiera actor de reparto”, se afirma que la expansión económica que siguió a la crisis estuvo sustentada sobre la producción agraria:

No pretendemos un reconocimiento público del aporte del sector para el promocionado superávit fiscal de los últimos meses [...] o el aumento de la actividad industrial, motorizado por el sector de la maquinaria agrícola. Tampoco reclamamos que alguien diga que los planes sociales [...] se sustentan en un impuesto directo y distorsivo como son las retenciones. Sólo nos hubiera gustado, como hombres de campo que somos, que alguien nos diera las gracias por la cuarteada generosa (Anales, junio 2003: 8-9).

En efecto, la reinstalación de las retenciones, que había tenido lugar bajo la gestión previa de Eduardo Duhalde, le permitía a la entidad enfatizar su discurso respecto de que “el campo” sostendría la expansión económica. En la medida en que ésta se consolidara, por tanto, reclamarían con firmeza creciente la eliminación del impuesto. De momento, sin embargo, se mantendrían a la expectativa.

El nombramiento de Miguel Campos como secretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPYA) también fue bien interpretado como una señal positiva. En una entrevista concedida a Anales, titulada “la esperanza continúa”, se destacaba que Campos “priorizó la necesidad de establecer un «diagnóstico» para luego implementar políticas para el sector. Reconoció el papel del agro como soporte de la economía local y afirmó que cuenta con un respaldo «total» por parte del Ministro de Economía” (Anales, agosto 2003: 10).

La SRA reclamaba entonces, por una parte, establecer las principales “líneas de acción” para la política agropecuaria, insistía con los reclamos por “la diferencia de IVA, la presión impositiva [y] las retenciones”. Al mismo tiempo, no dejaba de reconocer la habilidad del gobierno en la renegociación tras el default en la deuda externa, situación que urgía a resolver: “la seriedad de los pasos dados auguran la posibilidad de encontrar fórmulas de acercamiento para un mínimo desahogo que nos permita una bocanada de aire” (op. cit.: 8-9).

Este estado de cosas se mantuvo hasta mediados del año siguiente. En julio, Kirchner optó por no asistir a la a inauguración de la tradicional exposición ganadera que realiza anualmente la SRA, y afirmó posteriormente que la política cambiaria estaba favoreciendo particularmente al sector agrario, reclamando también “tener buena memoria” respecto a que años atrás “algunos de los que condujeron al campo defendieron con mucha fuerza” la Convertibilidad (Página/12, 31/07/03). Sin embargo, días después visitó la muestra, descomprimiendo tensiones y haciendo exclamar a Miguens que su visita era “una señal de estímulo para el campo” (Página/12, 05/08/03). Éste, por su parte, reconoció en su discurso inaugural el cambio en el humor político de la sociedad argentina, que pasaba del “que se vayan todos” a la renovada esperanza, y exclamó: “es momento de unir, no de dividir”. Posteriormente, reiteró los reclamos usuales: la necesidad de bajar los impuestos, el gasto público y la emisión dineraria, proteger la seguridad jurídica, y la necesidad de créditos y obras públicas para el sector, entre otras cuestiones (Anales, septiembre 2003: 18-22).

La cuestión impositiva siguió inquietando particularmente a la asociación. El último cuatrimestre del año, arremetió mediante comunicados de prensa contra un proyecto de reforma impositiva que estipulaba el pago de ganancias de acuerdo al precio vigente al momento del embarque, las demoras en la devolución del IVA, y los controles satelitales del stock almacenado para la determinación de los impuestos correspondientes (Memoria y Balance, 2004: 60-2). A pesar de estas tensiones, en septiembre seguían manifestando tener “una sensación de esperanza” respecto del gobierno, e insistían en la necesidad de “seguir el diálogo”, postulando que: “hay que abandonar el perfil de la protesta permanente ante el hecho consumado [...]. No bastará con el discurso de barricada, con la crítica mordaz o la señalización sistemática del [...] perjuicio para el sector. Habrá que construir el camino alternativo” (Anales, octubre 2003: 10).

Aún en abril del año siguiente la SRA se mantenía expectante y matizaba el tono de las críticas. En buena medida, el alza en los precios de las mercancías agrarias había contribuido a calmar los ánimos. El “veranito” económico se había prolongado, sosteniéndose precisamente sobre esta base, y el rol del sector agrario en esta recuperación comenzaba a ser puesto de relieve en los análisis económicos, cosa que la SRA procuraba aprovechar:

El boom del campo está en pleno apogeo. Economistas, líderes de opinión pública, consultores, opinan del agro tal cual en la época en que nos denominaban el granero del mundo [...]. ¿Cómo hacemos para que este momento de reactivación que vive el agro, se transforme en una constante de acá en adelante en base a políticas previsibles y de fomento a la producción?

El agro es valor agregado en sí mismo, genera mano de obra, el productor reinvierte en lo que hace, del campo dependen el 60% de las exportaciones nacionales, [...] es dinamizador de las economías regionales, [.] salvó al país de una crisis terminal, los últimos anuncios de inversiones fueron del sector agropecuario, la recaudación es record gracias a las retenciones, etc. ¿Cómo se plasman esas verdades inobjetables [...] en acciones concretas del gobierno? [...].

Nos gratifica ver al Presidente, junto a su gabinete, recorrer con entusiasmo primero Palermo 2003 y hace poco Feriagro [...]. Pero que quede claro que no alcanza [...] el campo necesita atención a tiempo completo, necesita de un plan a largo plazo, necesita ocupar una silla en las reuniones de gabinete, necesita que se lo tenga en cuenta como base de sustentación de la economía (Anales, abril 2004: 4-5).

Así, la SRA buscaba montarse sobre el reconocimiento de la rama agraria como actor principal de la expansión económica. Y sobre esta base, procuraba instalar sus demandas en la agenda política, valiéndose ahora del peso del flamante FCA: “por su peso específico y por su amplio espectro de representatividad, este ámbito donde confluyen más de 30 asociaciones y cámaras contribuirá a posicionar al agro en donde puede y debe estar” (op. cit.).

En junio del 2004, los precios de los granos retrocedieron parcialmente. Ante este escenario, la SRA empezó a entrever que el gobierno no tenía intención alguna de eliminar las retenciones, tal como había prometido. Y ya superado el momento más álgido de la crisis, arremetió duramente contra los planes de asistencia a la fracción desempleada de la clase obrera, recurriendo a los informes y programas elaborados en el marco del FCA:

Los precios internacionales de los commodities [...] entr[aron] en una espiral descendente [...]. El gobierno se muestra preocupado ante los menores ingresos que obtendrá [...] por lo cual es casi improbable [sic] que cumpla con su promesa de rebajar las retenciones [...] avalamos que se destinen los fondos para atender la emergencia social reinante, no para alimentar las apetencias de los punteros políticos de turno. En estos días se conoció un estudio elaborado por el propio gobierno que dice que sólo el 3,8% de los beneficiarios de los planes jefes y jefas logró reincorporarse al mercado laboral formal. El Estado destina 299 millones de pesos para financiar dichos planes. Al mismo tiempo, otro informe concluye que la cadena agroindustrial genera el 36% del empleo total del país [...]. A la luz de lo expuesto, no hay que ser adivino para aventurar qué pasaría con el desempleo si el gobierno decide suprimir la presión tributaria. ¿Por qué no lo hace? (Anales, junio 2004: 4-5).

Pero aún otro aspecto turbaba a los dirigentes de la asociación. El gobierno había dejado pasar, sin ofrecer argumentos sólidos, la oportunidad de volver a presentar ante la OIE el pedido del status de país libre de aftosa con vacunación, lo que significaba un freno a las negociaciones para reabrir importantes mercados externos, EE.UU. entre ellos. La SRA no se atrevió a sugerir intencionalidad, pero avizoró un escenario de conflicto:

La explicación al respecto [...] fue casi nula y confusa a los medios, y escasa hacia los principales interesados, los productores. Decisiones de esta magnitud merecen un tratamiento responsable y transparente, lo cual en este caso no sucedió, y nos preocupa. Ello sumado a fuertes rumores que hablan de una apatía por parte del gobierno con todo aquello que implique aumentos de productos alimenticios para el mercado interno, es poco alentador (op. cit.: 4-5).

En agosto, Kirchner volvería a ausentarse de la inauguración de la exposición ganadera para visitarla dos días más tarde, afirmando sentirse “como en su casa”. Por su parte, Miguens volvió allí a mostrar inquietud por la negativa del gobierno a reducir las retenciones ante el descenso de los precios de los granos, solicitó una reforma tributaria, y la creación de un Ministerio de Agricultura, entre otras de las demandas usuales. Pero un tema sobre el que la SRA venía insistiendo cobraría pronto particular relevancia: la discusión y puesta en marcha de un “plan ganadero” (^Anales, octubre 2004: 8 -9; 20).

Así, a poco más de un año de la asunción de Kirchner, la relación comenzaba a tensarse lentamente. En diciembre, la entidad protestaría por la falta de políticas concretas para el sector agropecuario, acusando al gobierno de limitarse a ejecutar medidas coyunturales y enumerando una serie de cuestiones problemáticas: no hay plan ganadero a pesar de las reiteradas reuniones con funcionarios del gobierno, no se logró el status de libre de aftosa con vacunación que podría haberse obtenido en octubre, el plan de trazabilidad del ganado no obtuvo consenso, el SENASA no se reestructuró, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCV) sigue inoperativo, las disputas en torno al reparto de la cuota Hilton recrudecen. A esto se sumaba la inacción ante problemas en las economías regionales, la falta de crédito y la cuestión de la refinanciación de las deudas con el Banco Nación, la presión impositiva, el escaso poder de la SAGPYA frente al Ministerio de Economía, y otros reclamos de contenido más general (Anales, diciembre 2004: 8-11).

Hasta aquí, sin embargo, la SRA limitaba su estrategia a las negociaciones con funcionarios del gobierno. Y de hecho, el diálogo había sido relativamente fluido, como lo atestiguan las reuniones mantenidas con funcionarios de distinto rango, entre los que se incluían el Vicepresidente y el Ministro de Economía (Memoria y Balance, 2004: 37-42). El panorama comenzaría a cambiar tras el desencadenamiento de un conflicto en torno a los precios internos de la carne.

4.2. De la desconfianza al enfrentamiento abierto: la crisis de la carne4Tras la eliminación de la fiebre aftosa y la inminente recuperación del status de “país libre con vacunación”, la producción cárnica comenzaría a reconquistar algunos de los jugosos mercados internacionales que se habían mantenido cerrados durante la década de 1990. Ya en el 2004, sobre un promedio histórico de aproximadamente un 15%, la proporción de carne exportada había trepado al 20% y continuaría subiendo. Al mismo tiempo, la reactivación económica había arrastrado una recuperación del consumo interno. Y a pesar de que el stock de ganado se había expandido, la oferta no podría igualar la velocidad del crecimiento del consumo interno y externo. Un ganadero y consultor privado resumiría al año siguiente la situación que comenzaba a plantearse en el 2004: “la cuenta es que a un lomo aquí le puedo sacar 5 dólares y al exportarlo puedo obtener 10 o 12 dólares [...] dejar de exportar cortes vacunos de alto precio en el mercado internacional para comerlos aquí significa tener un importante lucro cesante” (La Nación, 24/09/05). En este escenario, no era arriesgado presagiar un conflicto.

Los primeros meses del 2005 habían registrado fuertes alzas en algunos artículos que componían la canasta básica o incidían sobre ella. Uno de estos productos eran los combustibles. Ante esto, el gobierno había convocado a no comprar productos a la petrolera Shell en marzo: se trataba del “boi cot nacional que [se] le puede hacer [.] a quien se está abusando del pueblo” (La Nación, 11/03/05).

El siguiente turno sería el de la carne. La estrategia inicial del gobierno consistió en buscar un acuerdo de precios con los frigoríficos. Paralelamente, Kirchner siguió avanzando en la escalada: “hay sectores que no desean el mejoramiento paulatino del poder adquisitivo de la sociedad ni tampoco desean distribuir las rentas y las ganancias que puedan tener”, afirmó Kirchner en marzo sobre las petroleras y la cadena de producción cárnica (La Nación, 10/03/05). Por su parte, la SRA comenzó a mostrarse abiertamente crítica de la política económica del gobierno. En abril, exigía ya con mayor dureza el abandono de políticas que interpretaba como “cortoplacistas” y la discusión e implementación de un plan ganadero que mejore la oferta de carne, al tiempo que rechazaba el perfil que iba tomando la política del gobierno:

Nos señalan como los culpables de la inflación, cuando en realidad fuimos los responsables de que el país haya vuelto a caminar. Hemos contribuido, vía retenciones, con miles de millones de pesos [...], hemos transformado el alza de los precios internacionales en inversión genuina y en generación de mano de obra [...]. Este presente nos encuentra frente a un gobierno que por un lado tiene un discurso pro-exportador y por el otro no genera las condiciones mínimas para fomentarlas [...]. Disentimos por completo sobre la propuesta meramente cortoplacista e inconducente para salir de esta encrucijada. Se lo dijimos en todos los idiomas: queremos producir más. Llevamos dos años esperando la puesta en marcha del Plan Ganadero (Anales, abril 2005: 7).

El acuerdo tendría escaso efecto: los precios de la carne no descendieron, y los distintos eslabones de la cadena de producción de carne comenzaron a cargarse las culpas entre sí. Paralelamente, el gobierno incrementaría las retenciones a las exportaciones de leche en polvo y quesos, lo que desató nuevas críticas:

Es una locura, un acto esquizofrénico. Hasta hace poco se festejaba desde el gobierno [...] los logros obtenidos en la conquista de mercados [...]. Y hoy, exportar carne, leche y cereales quieren hacerlo aparecer como un acto de traición a la patria, que le estamos quitando la comida a los chicos, como una “voracidad” empresaria en la búsqueda de rentabilidad [...]. Son decisiones de neto corte electoralista: si sale en el diario que aumentó el precio de la leche, el gobierno tiene que salir al día siguiente a decir que hizo algo para evitar esa suba (Anales, agosto 2005: 15).

Similares argumentos esgrimió Miguens en su discurso inaugural de la Exposición Ganadera. Allí, la entidad acabaría de reafirmarse en la posición de confrontación contra un gobierno de ya visibles rasgos populistas que “discriminaba” al sector agrario. Miguens lo acusó de ser “indiferente” ante la importancia del sector agrario, y protestó por las retenciones, la expansión del gasto público, los costos laborales y la falta de obras públicas en el ámbito rural, entre otras cuestiones que se seguían sumando.

A fin de año volvería a objetar fuertemente la política kirchnerista, al reclamar, entre otras cosas, el otorgamiento de “incentivos” fiscales y financieros a la producción; “la búsqueda de políticas económicas superadoras a la actual política del asistencialismo”; y el “ajuste de los precios relativos y las tarifas de los servicios públicos” (Anales, noviembre 2005: 21).

Mientras la SRA endurecía sus críticas, el conflicto por la carne seguía desarrollándose. En agosto, Lavagna y Campos anunciaron la prohibición de faenar animales de menos de 300 kg de peso a partir de noviembre. Aunque la asociación manifestó compartir el objetivo final, esto es, el aumento del peso de faena, rechazó inmediatamente la medida argumentando que reduciría la rentabilidad y que, en última instancia, “desalienta la producción” (Memoria y Balance, 2006: 56). A ella se sumaron en un comunicado conjunto tanto la CRA y CONINAGRO como las cámaras que agrupan a los consignatarios, con similares argumentos. Por su parte, los frigoríficos y engordadores respaldaron el anuncio.

Entretanto, la carne había subido más del 11% en lo que iba del año, contra una inflación promedio que aún no alcanzaba el 8%. El gobierno buscó entonces alcanzar un nuevo acuerdo, incluyendo ahora también a los consignatarios y supermercados. En respuesta, la SRA, la CRA y CONINAGRO protestaron por la “marginación” a la que fueron sometidas a pesar de ser “parte fundamental” de la cadena (op. cit.: 57).

El acuerdo, que regiría durante 90 días, se firmó el 15 de septiembre. En él se procuraba impedir nuevos aumentos en el precio de la media res, que se dividiría en 17 cortes. Destacaba, además, el hecho de que los frigoríficos habían logrado imponer una cláusula que establecía que el acuerdo sólo se cumpliría si se mantenía estable el valor de la hacienda en los mercados. La SRA volvió a protestar, argumentando que el acuerdo era “cortoplacista” y “electoralista”, y que en realidad “l os productores ganaderos no son formadores de precios” (La Nación, 15, 16 y 17/09/05).

Días antes de obtener un holgado triunfo en las elecciones legislativas de octubre, el gobierno intentó descomprimir la presión escalonando el límite de faena, de forma que los ganaderos contaran con más tiempo para engordar a sus animales. Miguens reconoció la mejora, pero volvió a rechazar la medida junto a CRA, CONINAGRO y las cámaras de consignatarios (La Nación, 05/10/05; Memoria y Balance, 2006: 57-8).

La aparición de focos de aftosa en Brasil y el incremento sostenido del consumo interno, que se ubicaba ya alrededor de los 70 kg por cabeza, sin embargo, seguían presionando los precios hacia arriba. Ya en noviembre, el acuerdo tambaleaba nuevamente y distintos eslabones de la cadena anunciaban aumentos de precios (La Nación, 05/11/05).

Mientras las cámaras frigoríficas reafirmaban su compromiso de no aumentar los precios, la SRA presentaba su propio proyecto: el Plan Estratégico Ganadero Argentino. Se trataba de una serie de medidas agronómicas y fiscales, entre las cuales destacaban una deducción en el impuesto a las ganancias y créditos a tasas subsidiadas para la implantación de pasturas y el uso de fertilizantes, y cuyo costo fiscal ascendía a poco más de 1100 millones de dólares. (Memoria y Balance, 2006: 5960).

En noviembre, el gobierno anunció el aumento en 10 puntos de las retenciones a la exportación de carne fresca y congelada, elevándolas así al 15%. Como contrapeso, el escalonamiento del peso máximo de faena volvería a extenderse, y se implementarían otras dos medidas que iban en la línea de las sugeridas por la SRA: una línea de créditos con tasas subsidiadas para la implantación de pasturas, y la incorporación de las empresas agropecuarias al proyecto de ley de exención impositiva. Se trató una de las últimas propuestas impulsadas por Lavagna: incapaz de contener el avance de la inflación, fue reemplazado por Felisa Miceli a finales del mes.

Los anuncios volvieron a generar tensiones entre los distintos eslabones de la cadena. Mientras que la Asociación de Propietarios de Carnicerías avaló la medida, la SRA volvió a protestar: “el campo no es formador de precios, simplemente mandamos nuestros productos. Estamos volviendo a viejas prácticas que en la Argentina nunca tuvieron éxito" (La Nación, 19/11/05). También los exportadores y frigoríficos rechazaron los anuncios (P/12, 22/11/05, La Nación, 30/11/05).

Mas tampoco la elevación de las retenciones atenuó la suba de precios, que alcanzó el 11,5% entre noviembre y diciembre. El gobierno buscó entonces realizar un tercer acuerdo, incluyendo ahora también a las entidades agrarias. En cuanto se hizo evidente que las retenciones no serían modificadas, sin embargo, la SRA, la CRA y los consignatarios renunciaron a tomar parte (Pagina/12, 24/01/06). En respuesta, Kirchner las reprendió duramente:

Les pedimos responsabilidad a todos los sectores, especialmente a los más fuertes de la economía, a aquellos que tienen mayor nivel de rentabilidad, que están exportando [...]. Fíjense que tienen un dólar competitivo y que están ganando bien. Sean solidarios con el resto del pueblo argentino [...]. Les pido, no de corazón porque sé que esos sectores muchas veces no tienen corazón y sé cómo se mueven, que no haya avaricia, que haya comprensión, queremos que les vaya bien, pero queremos que les vaya bien a todos los argentinos [...]. A algunos sectores del campo como la Sociedad Rural o CARBAP les va bien, exportan más que nunca, lograron salir del encierro de años, pero no hay que ser avaros (Página/12, 25/01/06; La Nación, 26/01/06).

La disputa recrudecía. “El presidente no tiene materia gris”, aseveró en respuesta la vicepresidenta de CARBAP. Del lado de enfrente, el cariz populista que iba tomando el gobierno no hacía sino afirmarse, también en el ámbito discursivo: “la dirigencia ganadera que critica a Kirchner es la misma oligarquía vacuna que tiene las manos sucias de sangre”, afirmó Luis D'Elía, en ese entonces funcionario. También Hugo Moyano, líder de la CGT, deploró el proceder de “la vieja SRA, que cobijó a la oligarquía vacuna y fue cómplice de todas las dictaduras militares” (Clarín, 27/01/06).

El 8 de marzo, ante el fracaso de todas las medidas ya tomadas, el gobierno recurrió entonces a la carta más fuerte que le quedaba: el cierre de las exportaciones durante 180 días, manteniendo excepciones como la cuota Hilton y convenios bilaterales. Además de lamentar la pérdida de exportaciones, la posibilidad de perder mercados externos recientemente reconquistados, y la destrucción de la imagen del país como “productor y exportador previsible y confiable” (Memoria y Balance, 2006: 59-60), la dirigencia SRA procuró coordinar una posición conjunta con el resto de los eslabones de la cadena de producción cárnica, con el fin de consensuar una propuesta que incluyera la reapertura de las exportaciones. Dicho consenso, sin embargo, probó ser difícil de alcanzar, en la medida en que suponía que algún sector resignara parte de su ganancia (Anales, mayo 2006: 8-9).

El cierre parcial de las exportaciones tuvo el efecto de movilizar a los socios de la entidad. Durante la segunda quincena de marzo, estos se reunieron con miembros de la Comisión Directiva en distintas localidades, publicando en cada oportunidad declaraciones de protesta y solicitando la reapertura del mercado externo (Memoria y Balance, 2006: 62-3). Ello se sumaba a protestas organizadas por sociedades rurales de localidades de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes. Pero el gobierno condicionaba el reinicio de las negociaciones a una baja del 20% en el precio de la carne: “no habrá negociaciones hasta que bajen los precios", afirmó Kirchner el 31 de marzo, caracterizando al sector como la “patria ganadera” (Página/12, 31/03/06). Al día siguiente, miembros de sociedades rurales de Corrientes, a los que se sumaron dirigentes de la SRA y la CRA, realizaron una asamblea en Mercedes en la que se discutió la posibilidad de realizar acciones de protesta. Confiado en la reanudación de las negociaciones, Miguens procuró mantener la calma: “como productor entiendo los reclamos de mis colegas, pero como dirigente debo priorizar el diálogo para superar este conflicto” (La Nación, 01/04/06).

Las negociaciones se reiniciaron en abril. Tras dos semanas de reuniones con funcionarios de gobierno, el Subsecretario de la SAGPYA, Javier de Urquiza, y Guillermo Moreno, ya devenido Secretario de Comercio, se alcanzó un acuerdo entre el gobierno y las entidades agrarias, frigoríficos, carnicerías, supermercados y consignatarios. El convenio contemplaba rebajas de entre 17% y 41% en 12 cortes “populares”, planteaba a los ganaderos el compromiso de abastecer el mercado de hacienda con no menos de 180.000 tn de carne al mes, y a los frigoríficos el de implementar la comercialización interna de ganado por cuartos en lugar de medias reses. El gobierno, por su parte, flexibilizaría el cierre de las exportaciones, suspendería el límite de faena, avanzaría en la delineación del plan ganadero, daría apoyo financiero mediante el Banco Nación e incentivaría la implantación de pasturas y fertilización (La Nación, 20/04/06).

En mayo, los precios de la carne habían acumulado una baja del 10% en las carnicerías. Sin embargo, la caída de los precios de la hacienda en Liniers promediaba ya el 30%. En este marco, y con la CRA presionada para realizar un paro por sus federaciones y sociedades rurales, que continuaban realizando asambleas y movilizaciones, Kirchner recibió a las entidades agrarias y les anunció la reapertura de las exportaciones por un valor máximo del 40% de lo exportado el año anterior. El 4 de julio el porcentaje se extendió el 65%, incluyendo los cortes más caros. No fue suficiente: en el marco de fuertes disputas internas, la CRA acabó convocando al primer paro agrario contra el gobierno de Kirchner (Clarín, 14/07/06).

Éste tuvo lugar entre el 22 y el 25 de julio, con movilizaciones y cortes de ruta en las provincias de la región pampeana y el Noreste del país. En Entre Ríos, la filial de la FAA se sumó a la protesta. La SRA resolvió no participar, objetando que estaba teniendo lugar la Exposición Ganadera en Palermo (La Nación, 24/07/06).

Tras el paro, el conflicto comenzaría a cerrarse. La dirigencia de la SRA había actuado según su libreto: mantener la calma ante las reiteradas acusaciones, amenazas y medidas del gobierno, y procurar influir en la política negociando y presentando alternativas. Pero había logrado bastante poco. El plan que diseñaba el gobierno apuntaba a beneficiar a ganaderos que poseyeran no más de 1000 cabezas, cosa con la que, naturalmente, aquélla no estaba de acuerdo (Anales, Junio 2006: 10-2). El conflicto se había saldado además con una marcada redistribución de las ganancias en el interior de la cadena cárnica, que perjudicaba principalmente a los ganaderos (Azcuy Ameghino, 2007, pág. 290).

En la exposición de Palermo, Miguens volvió a destacar que: “como dirigentes preferimos la madurez del consenso a la esterilidad del enfrentamiento”, aunque no dejó de quejarse: “l o único que bajó [...] fue el precio de la hacienda en una proporción que jamás llegó al mostrador. Si bajó la carne, hasta más del 30% al productor y sólo el 5% en las carnicerías ¿quién fue el ganador?” (Anales, Septiembre 2006: 19). La respuesta la daría el propio vicepresidente de la SRA, Hugo Biolcati, pocos días más tarde:

Son 240 millones de dólares nuestros con los que se quedaron los industriales, los matarifes, los supermercados y los carniceros [...]. El sistema de contención de los precios de la carne [...] si es que tuvo algún efecto, fue bancado por nosotros, los ganaderos. Fuimos nosotros, los productores, los que pusimos el hombre mientras otros se llenaban de plata a costa de nuestro esfuerzo. Y después nos dicen que no tenemos solidaridad, que somos avaros (op. cit.: 138-9).

A esta altura, resultaba ya claro que la SRA, constituida históricamente como uno de los principales exponentes de la ideología liberal (y posteriormente, neoliberal) no albergaba simpatía alguna hacia un gobierno que iba consolidando su perfil populista. Tanto más cuanto que las políticas intervencionistas que éste comenzaba a poner en marcha recaían especialmente sobre la producción agraria, afectando la renta de la tierra.

También la CRA, que había marchado hacia el paro, se mostraba ya abiertamente crítica del gobierno. Por su parte, la FAA endurecía su posición: si bien su conducción había apoyado los distintos intentos del kirchnerismo por detener la suba de precios, delegaciones de distintas provincias comenzaban a realizar asambleas para discutir acciones de protesta (Pérez Trento, 2014). El vínculo entre estas organizaciones y el gobierno alcanzaba así un punto de quiebre.

Abordado durante la exposición de Palermo, Biolcati había afirmado que “[si bien] hemos estado permanentemente al lado del productor y de CRA en esta lucha por combatir medidas tan equivocadas [...] por más que lo compartimos, no es un paro nuestro", ya que "en la SRA no somos afectos a los paros" (La Nación, 24/06/06). Como se verá, tampoco serían reacios.

4.3. La SRA ante la consolidación del populismoUn nuevo enfrentamiento sobrevendría tras la intervención del gobierno en los mercados de granos. Meses antes del cierre del conflicto, con los precios tanto de la carne como de los granos en alza nuevamente, el gobierno había modificado el precio FOB del trigo, lo que implicaba un mayor valor en las retenciones cobradas sobre su exportación, al tiempo que presionaba por la baja de su precio interno. Posteriormente, intervendría también el mercado de maíz, disponiendo la fijación de precios internos y el cierre de las exportaciones. Finalmente, el conflicto por la carne tuvo un último coletazo, con la fijación de nuevos precios de referencia en el mercado de Liniers y un intento por recortar las exportaciones a 45.000 tn. Esta sucesión de medidas no hizo sino seguir irritando a la dirigencia de la CRA, que convocó a un nuevo paro, esta vez de 9 días de duración. La FAA adhirió inmediatamente a la medida, mientras que CONINAGRO, por su parte, dejó en libertad de acción a sus afiliados (La Nación, 29 y 30/11 y 1/12/06).

La SRA se plegaría esta vez, denunciando en un comunicado las “medidas erráti cas a las que asistimos desde hace más de un año [que] destruyen los mercados, las fuentes de trabajo [...] paralizan las decisiones de inversión [y] generan gran inseguridad jurídica en el sector”. (Memoria y Balance, 2007: 63). Era la inevitable respuesta ante el regreso de un gobierno que no dudaba en accionar sobre los mercados agrarios, y que comenzaba a encontrar en los capitalistas y terratenientes agrarios un enemigo a su medida: la “oligarquía ganadera”.

La participación de la SRA daría forma al paro más fuerte que enfrentaría el gobierno de Kirchner desde su asunción. Y marcaría, como la propia entidad lo reconocería, un punto de inflexión: “todas estas idas y vueltas [...], intervenciones y regulaciones resultaron inaceptables para el sector” (op. cit.: 77). Durante el paro, los delegados de la SRA emitirían un comunicado denunciando nuevamente la “manipulación” de los distintos mercados, sobre todo los de carne y granos, que “provocan la transferencia de recursos desde el sector primario a otros eslabones de la cadena de valor, sin beneficiar en nada al consumidor” (op. cit.: 64-5).

Es que también el mercado de trigo había sido intervenido, con el objeto de limitar las exportaciones y hacer caer los precios del mercado interno (La Nación, 10/10/06). Las cuatro entidades agrarias habían propuesto, en este contexto, la creación de un fondo destinado a subsidiar el trigo comprado por los molinos que vendían harina en el mercado interno, lo que volvía innecesario, afirmaban, el aumento de las retenciones (Memoria y Balance, 2007: 66).

Sin embargo, en enero del 2007, y ante el inicio de la nueva fase de alza de precios en los granos que no se detendría hasta ya iniciado el conflicto del 2008, el gobierno volvió a aumentar las retenciones a la soja en cuatro puntos, afirmando que la recaudación se utilizaría en el sentido propuesto por las entidades. Éstas rechazaron la medida y se congregaron para analizar la posibilidad de realizar un nuevo paro, fogoneado por FAA y confederaciones de la CRA (Página/12, 17/01/07). De momento, sin embargo, ni CONINAGRO ni la SRA apoyaron la propuesta. Esta última entidad ponderó las negociaciones con el gobierno en torno al uso de los fondos recaudados (Memoria y Balance, 2007: 68).

La implementación del subsidio, sin embargo, no satisfizo a la SRA, que anticipó la posibilidad de que los molinos compradores pudieran “cartelizarse” y, además de recibir los fondos, pagar un menor precio de compra (Memoria y Balance, 2007: 69). Por otra parte, aquéllos se destinarían a la generalidad de las industrias que producían alimentos utilizando granos como materia prima (como avícolas, aceiteras, engordadores de ganado vacuno, y criadores de cerdos y tamberos), de quienes se esperaba que trasladen el ahorro al precio final, lo que provocó que la asociación protestara por la “distorsión” de los mercados locales y la posibilidad de perder mercados internacionales, además de sembrar dudas respecto del destino final que tendrían esos fondos en un año electoral (Anales, marzo 2007: 16-20). La CRA, por su parte, denunció también que el mecanismo le parecía “poco transparente”. En la vereda de enfrente, los capitalistas avícolas y engordadores de hacienda vacuna apoyaron la medida, declarando que contribuiría a bajar los precios de sus mercancías (La Nación, 12/01/07). El conflicto involucraba así a distintos actores del FCA, dificultando su accionar. La propia SRA reconocería este problema, señalando que

[El] esquema de subsidios cruzados entre distintas cadenas productivas o eslabones de esas cadenas generó intereses contrapuestos y hasta conflictos entre algunos de los integrantes de este foro.

Tampoco es conveniente ir al extremo opuesto de pretender consensos absolutos sobre cada uno de los temas que guardan relación con la cadena, al punto de lograr una parálisis del organismo. El abordaje de los temas debe moverse, por lo tanto, en un punto medio, que demande cierto consenso pero no pretenda coincidencias totales donde es imposible que ellas existan (Memoria y Balance, 2008: 51).

Pero mientras este frente se veía paralizado, la SRA avanzaba en la construcción de una alianza con las otras entidades agrarias, con las que se reunía de manera periódica (Memoria y Balance, 2007: 74).

A pesar de que el comienzo del 2007 presagiaba nuevos enfrentamientos, sobrevino una momentánea calma. La asociación ponderó el restablecimiento del diálogo con el gobierno, logrado a partir de febrero con la renuncia de Campos y su reemplazo por su segundo al mando en la SAGPYA, Javier de Urquiza. Ganadero y terrateniente en Santa Cruz, y con un pasado de delegado de la CRA en esa provincia, su nombramiento fue leído como una señal hacia el sector. Una entrevista publicada en la edición de julio de Anales señalaba precisamente que su nombramiento había significado la recuperación del diálogo con funcionarios del gobierno (Anales, julio 2007: 58-62). En el mismo sentido había obrado la renuncia de Felisa Miceli, una de las principales voces cantantes de los acuerdos de precios que tanto habían perturbado a la entidad, y su reemplazo por Miguel Peirano, de quien Miguens afirmó que “conoce profundamente la actividad, ha mantenido un bajo perfil sobre su actuación, ha participado de la actividad industrial” (Clarín, 17/07/07).

Paralelamente, la SRA avanzaría en su búsqueda por resolver a largo plazo el problema de la oferta de carne. Su propuesta consistía, además de la implementación del consabido plan ganadero, en una mayor selectividad en la política de abaratamiento de los cortes de carne acompañada por modificaciones en la tradicional dieta argentina:

Desde el punto de vista de los consumidores, la carne es un artículo de primera necesidad. ¿Pero cuál carne es de primera necesidad? Sobre la carne para el guiso o el puchero, no hay ninguna duda; también podemos incluir en esta categoría, en virtud de las tradiciones locales, el asado del domingo. Pero el lomo, el cuadril o el peceto, ¿son también artículos de primera necesidad? (...) Los consumidores tenemos que adaptarnos a la idea de que puede haber una carne barata para mantener nuestra tradición histórica de consumo, y otra carne cara que compita con las exportaciones y que tendrá precios similares a los de exportación (Anales, mayo 2007: 33).

Aparece como indispensable la puesta en marcha de una fuerte campaña educativa interna para diversificar el consumo de carnes por parte de la población local, a fin de reducir la “vacuno -dependencia” y mejorar los hábitos alimentarios con la incorporación de aves, cerdos, pescados y mariscos a la dieta nacional (Anales, diciembre 2007: 9)

El gobierno recogió el guante, pero no como a la SRA le hubiera gustado, ya que propuso utilizar los fondos del IPCVA para financiar la campaña. La entidad, por supuesto, rechazó la propuesta (Memoria y Balance, 2008: 53).

Poco tiempo después, la exposición ganadera fue el escenario de un nuevo entredicho, en pleno clima electoral. Allí asistió De Urquiza, quien sin embargo no pronunció su discurso y se retiró tras el de Miguens.

Las palabras de éste, como señalarían desde la SRA, no habían sido mucho más duras que en años anteriores. Pero desde el gobierno esperaban algún tipo de distensión, tanto más cuanto que en los días previos el vínculo con la SRA y las restantes entidades parecía comenzar a recomponerse. En lugar de ello, y además de las críticas ya usuales, Miguens había hecho también una referencia explícita a las elecciones presidenciales venideras, rodeado además por candidatos de la oposición como Macri, López Murphy y de Narváez (La Nación, 05/08/07):

El voto es una inversión que hacemos cada vez que vamos a las urnas. El productor agropecuario, cuando decide sembrar un cultivo, retener un ternero o preñar una vaca, debe atenerse a las consecuencias de su decisión. De la misma manera, cuando elige tal o cual propuesta, deberá vivir con las consecuencias de esa elección. Utilizar nuestro derecho cívico con responsabilidad será una eficaz contribución para conducir a la Argentina a los niveles de bienestar que nos merecemos (Anales, Agosto 2007).

Lo cierto es que, como señaló uno de los líderes de la oposición interna, a Miguens le hubiera sido difícil proceder de otra forma, principalmente porque los socios de la entidad, y los ganaderos en general, se hallaban particularmente ofuscados debido al prolongado conflicto por la carne (Página/12, 12/08/07). En este sentido, y a pesar de que Miguens afirmara en su discurso que “la SRA, cuando critica, no hace oposición”, el discurso y su puesta en escena parecían desmentirlo.

Fortalecido por el triunfo electoral que catapultaría a Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia con un 46% de los votos, y en el marco de un ascenso imparable del precio de los granos, el gobierno volvió a anunciar una suba de entre 5 y 8 puntos de las retenciones al trigo, el maíz y la soja. Como cabía esperarse, las cuatro entidades repudiaron inmediatamente la medida (La Nación, 8/11/07). Sin embargo, a días del recambio gubernamental, ninguna de ellas decidió realizar acciones de protesta. Se trataba, por una parte, de un gobierno en retirada, ante el cual tenía ya poco sentido enfrentarse, como afirmaría Miguens. Por otra parte, el alza del impuesto se ubicaba notablemente por debajo del aumento en los precios de los granos, que ya había iniciado su veloz curva ascendente: entre julio y diciembre, el precio de la soja había crecido un 40%, el del trigo un 67%, y el del maíz un 11%.

Al mes siguiente, Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia, nombrando como Ministro de Economía a Martín Lousteau. Tras otros tres meses en que el precio de los granos siguió aumentando velozmente, éste creyó encontrar la solución definitiva: un esquema de retenciones móviles que acompañara los movimientos de precios. Conforme variaran los precios, el impuesto delineado en la Resolución 125 se movería, pudiendo alcanzar un máximo del 50%.

Inmediatamente, los titulares de las cuatro entidades reaccionaron disponiendo un paro comercial de dos días y volvieron a conformar de hecho la Comisión de Enlace. El paro agrario más largo de toda la historia, y probablemente uno de los más trascendentes, se ponía así en marcha.

4.4. “El piquete está de moda”. La SRA en el conflicto del 20085Al día siguiente, las asociaciones emitieron un primer comunicado, titulado “el campo dice basta”, en el que convocaban a “no comercializar] productos del campo como consecuencia de una nueva confiscación por parte del gobierno” durante 48 horas, se declaraban en estado de “asamblea permanente”, y anunciaban nuevas reuniones para decidir el curso a seguir. Ante la intransigencia del gobierno, que no hacía sino escalar el conflicto con declaraciones que acusaban a los protestantes de ser “extorsionadores” o “anti-pueblo”, las organizaciones instaron a seguir el paro.

La SRA se vio forzada a rever algunas de sus posiciones: ya no sólo se trataba de una medida de fuerza como el paro, que revestía además particular intensidad, sino de cortes de ruta que rápidamente comenzaban a multiplicarse. Interrogado en una entrevista radial, Miguens sólo atinó a decir al respecto que “el piquete está de moda. Es la medida que más duele” (Página/12, 21/03/08).

El desabastecimiento generado en las zonas urbanas, sin embargo, comenzó a inquietar a los líderes de la protesta, que exhortaron a los manifestantes el día 25 a no interrumpir dicho suministro. No menos inquietante resultaba el momento en que se había desencadenado el conflicto: se trataba de la época de la cosecha gruesa. La Comisión de Enlace aclaró en este sentido que: “el paro es comercial, por lo tanto la recolección de la cosecha en condiciones normales para su almacenaje debe realizarse, asumiendo luego la firmeza suficiente para defender la producción” (Memoria y Balance, 2008: 63).

La protesta recién despuntaba, y ninguno de los bloques en pugna parecía dispuesto a ceder. A pesar de buscar posicionar a la SRA como más predispuesta a la negociación en relación a otras entidades, Miguens no pudo evitar tener que volver a justificar la metodología de los cortes de ruta, y el día 25 afirmó que “a la mayoría de la gente no le gusta que se corte la ruta [pero] el dato objetivo es que los cortes muestran la impotencia de la gente del campo, que siente que es la última oportunidad que le queda para pelear por su fuente de trabajo (La Nación, 25/03/08). Por su parte, la presidenta acusó a los activistas de instalar “piquetes de la abundancia”. No obstante, tras un discurso conciliador y el llamado a reiniciar las negociaciones, el conflicto entró en un primer impasse. Atrás quedaban más de dos semanas de cortes de ruta, una escasez de alimentos que comenzaba a hacerse sentir en los precios, manifestaciones en contra del gobierno, e intentos de ganar el control de la calle que acabaron en episodios de violencia, como el que protagonizó Luis D'Elía en Plaza de Mayo.6 Otras manifestaciones singulares del conflicto radicaban en la acción de individuos que no respondían directamente a ninguna de las organizaciones de la Mesa de Enlace, y fueron denominados por la prensa “autoconvocados”. Cabe destacar, sin embargo, que uno de sus referentes principales en la provincia de Entre Ríos, uno de los focos de este fenómeno, era Alfredo de Ángeli, líder distrital de la FAA.

El llamado a negociar fue recibido de distinta forma por los dirigentes de las entidades. Una de las que se mostraba más dura era la FAA, cuyo presidente afirmó que “hay un cambio de tono y de actitud, pero no hay una definición [...] el paro es el que es porque la gente no recibió las respuestas que esperaba, y que eran la vuelta atrás con las retenciones (La Nación, 28/03/08). En contraposición, y a pesar de los reiterados embates del gobierno que hacían especial foco en ella, la SRA mostraba mayor disposición a negociar: “no pretendemos que acepte dar marcha atrás, sino que acepte analizarlas, discutirlas, y demostrarnos cuáles son las ventajas y necesidades de esa medida, y permitirnos ofrecer medidas superadoras”, afirmó Miguens (La Nación, 29/03/08).

Tras una serie de discusiones en torno a una nueva propuesta oficial, que incluyó anuncios de reintegros para alrededor de 60.000 pequeños capitalistas agrarios, y que fueron rechazados por “imprecisos” por las cuatro entidades, el paro se levantó unos días más tarde y los cuatro dirigentes fueron recibidos por funcionarios del gobierno. Sin embargo, no se lograron avances en relación a las retenciones. A pesar del reemplazo de Lousteau por Carlos Fernández, las negociaciones permanecían estancadas.

Al término del mes de tregua, las negociaciones no habían avanzado en lo más mínimo. En este contexto, y con los piquetes reinstalándose en las rutas, los enfrentamientos verbales recrudecieron y la Comisión de Enlace anunció nuevas medidas de protesta. En el ínterin, Miguens había dejado ver la estrategia que seguirían: “vamos a federalizar la protesta hablando con intendentes y gobernadores porque las provincias son las más perjudicadas por la entrega de la riqueza al poder central" (La Nación, 10/05/08). Y, en efecto, la semana siguiente las entidades comenzaron a reunirse con gobernadores y partidos políticos de la oposición, buscando sumar apoyos a la protesta e incluso consensuar un proyecto alternativo (Página/12, 12/05/08). En esa misma semana, Cristina Kirchner convocó a reanudar el diálogo. Las acciones de protesta se detuvieron nuevamente el 20 de mayo; sin embargo, las negociaciones volvieron a fracasar.

El 25 de mayo se realizaron dos actos. Organizado por la Comisión de enlace, al acto de Rosario concurrieron entre 170.000 y 300.000 personas. Destacó allí la participación de políticos de la oposición: si bien no formaron parte de los oradores, su presencia denotó el grado creciente de politización que iba adquiriendo el conflicto. Quien sí habló ante la multitud fue Alfredo de Ángeli, que sostuvo una de las posiciones más duras: “si no hay solución, empieza de nuevo el paro y les aviso que si volvemos a cortar rutas es por culpa del gobierno”. Miguens, por su parte, presentado como “uno de los líderes más moderados dentro de la protesta”, mantuvo efectivamente una posición más conciliadora: “ratificamos nuestra voluntad para el diálogo a pesar de los obstáculos y mentiras que tuvimos que soportar en estos últimos meses [...] los del campo queremos que al gobierno le vaya bien porque si le va bien, nos irá bien a todos” (Anales, junio 2008: 21-2). Paralelamente, el gobierno organizó su propio acto en Salta, de convocatoria algo menor. Allí, además de la presidenta, tomó la palabra Urtubey, gobernador de la provincia: también el gobierno buscaba solidificar los apoyos locales.

El 29 de mayo el gobierno anunció una modificación del esquema, que fue rechazada por “unilateral” y por ser “más de lo mismo” (La Nación, 29/05/08). Mientras tanto, se reiniciaban las hostilidades. Al día siguiente, la prefectura arrestaría a manifestantes en San Pedro por cortar la ruta y anunciaría días después su intención de impedir los cortes mediante el uso de la fuerza pública.

El conflicto seguía estando lejos de resolverse; por el contrario, sus dimensiones crecían: y en algunas ciudades, aunque con epicentro en Buenos Aires, el 16 de junio se realizó un cacerolazo en repudio a la política desarrollada por el gobierno en el conflicto. Al día siguiente, éste anunció el envío de la Resolución como proyecto de ley al Congreso, que se convertía así en el nuevo escenario de batalla.

La SRA, mientras tanto, seguía mostrándose como una de las alas más conciliadoras del bloque agrario: “las posturas radicalizadas, de una y otra parte, no contribuyen en nada. Los reclamos del campo [...] y la postura inquebrantable del gobierno [...] tendrán que reencontrar el equilibrio perdido” (Anales, junio 2008: 14). Lo que no obstaba para que mostrara su regocijo frente a la “unidad” lograda para enfrentar la medida, la “conciencia de sí” que exhibió “el campo argentino”, y el “reconocimiento” brindado por la ciudadanía (op. cit.: 7).

El día 20 los cortes fueron completamente levantados, mientras comenzaban los intentos por parte de representantes de las entidades y funcionarios del gobierno de ganar el voto de diputados y senadores. Si bien el proyecto fue aprobado inicialmente en la Cámara de Diputados con algunas modificaciones, dos semanas después la Cámara de Senadores vetó el proyecto con el “voto no positivo” del propio vicepresidente de la Nación, dando así un cierre al conflicto favorable al bloque agrario.

La SRA se mostró exultante:

Nada volverá a ser lo mismo en la Argentina [...]. Lo que empezó siendo un reclamo del campo terminó siendo una lucha de todo el pueblo por recuperar las instituciones. El resultado no puede ser más alentador: la democracia argentina ha mejorado su calidad y su funcionamiento. El campo le ha puesto límites a un poder que por momentos parecía omnipotente y ha logrado un lugar en la sociedad que nadie le podrá disputar por muchos años (Anales, julio 2008: 6).

Así, la SRA lograba anotar, por primera vez en un largo tiempo, lo que parecía ser un triunfo valiosísimo, al haber formado parte de una coalición que infligió al gobierno una derrota trascendente.

5. ConclusionesA lo largo de este trabajo, hemos procurado ahondar en el análisis de la acción política de una de las corporaciones más tradicionales de la Argentina en los primeros años del gobierno kirchnerista. Detengámonos ahora, brevemente, en algunas de las conclusiones que pueden extraerse de su accionar a lo largo de este período.

En primer lugar, la consolidación de un gobierno con marcadas características populistas implicó, para la SRA, la adopción de un rol cada vez más abiertamente antagónico. Si bien inicialmente procuró contemporizar con aquél, la relación comenzó a tensionarse ante la negativa a eliminar las retenciones y atender algunos de los reclamos referentes a políticas sectoriales. Posteriormente, el conflicto por la carne se constituyó como un punto de quiebre a causa de las distintas medidas de intervención de los mercados.

Destaca, en este sentido, el contraste en relación al período anterior, en el que (aunque con no pocos matices) la SRA se convirtió en aliada de los sucesivos gobiernos neoliberales. Así, y sin dejar de cuestionar algunos aspectos de la política económica que estos implementaron, la asociación accionó en defensa del régimen de la Convertibilidad durante toda una década, incluso a pesar de que éste sostuvo una moneda fuertemente sobrevaluada que dio lugar a la apropiación de una gran fracción de la renta de la tierra (Iñigo Carrera, 2005).

Puede trazarse, al respecto, un paralelo con el accionar de la SRA en décadas anteriores. Como han señalado distintos autores, en el período que sucedió a la década del peronismo, caracterizado por la alternancia de gobiernos militares y democráticos, la relación que la entidad mantuvo con estos tomó un signo inequívoco (aunque no sin matices). Por una parte, el vínculo fue mucho más estrecho con los gobiernos militares, bajo los cuales recuperaba el acceso al gobierno vía el nombramiento de funcionarios que eran socios de la entidad o tenían un fluido contacto con ésta. Dichos regímenes solían ser referidos por la dirigencia de la asociación como “nuestro gobierno”. 7 Por otra parte, su acceso a los gobiernos democráticos se vería mermado, y la SRA tendería a rechazarlos y en muchas ocasiones a enfrentarlos (Sidicaro, 1982; de Palomino, 1988). Tras la consolidación del régimen democrático, y particularmente a lo largo de las décadas de 1990 y 2000, la entidad exhibió un patrón de acción similar: el apoyo a los gobiernos neoliberales y la presión por la profundización de las políticas que ponen en marcha contrasta fuertemente con el rechazo de la intervención de los mercados que ejecutaron los gobiernos populistas durante el período aquí estudiado, rechazo que acabó por extenderse, como vimos, hacia la generalidad de sus políticas. Por otra parte, es pertinente destacar que en este período, la SRA jamás puso en cuestión al régimen democrático; por el contrario, destacó la importancia de la participación electoral, sugiriendo implícitamente la elección de un gobierno de distinto signo.

El vínculo con el gobierno kirchnerista, en síntesis, atravesó un giro abrupto, cuyo punto de quiebre puede hallarse en la expansión de las políticas de intervención de los mercados agrarios: instauración y aumento en las retenciones, acuerdos de precios, precios máximos, y suspensión de exportaciones, entre otras medidas de similar calibre, encresparon a la dirigencia de la SRA, cuya preferencia por formas de protesta que no involucraran la interrupción del comercio mercantil comenzó a flaquear. En este sentido, destaca también su estrategia política. Por una parte, la entidad subrayó desde el primer momento la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo con los funcionarios del gobierno. Lo hizo incluso tras los enfrentamientos desatados en torno al precio de la carne, en el que privilegió la negociación a la posibilidad de convocar a un paro, y durante el conflicto generado en torno a la resolución 125, en el que se constituyó como el ala negociadora de la Comisión de Enlace. Pero al mismo tiempo, es claro que le resulta mucho más sencillo realizar medidas de fuerza ante un gobierno de las características del kirchnerismo que a otro identificado con la ideología neoliberal: bajo los doce años de mandato de Menem y De la Rúa se negó sistemáticamente, con sólo una excepción, a participar de los numerosos paros con que las restantes entidades agrarias los enfrentaron. Así, en cuanto se hizo evidente que gobierno profundizaría su avance sobre la apropiación de la renta de la tierra agraria, la SRA amplió el repertorio de sus estrategias políticas, recurriendo también al enfrentamiento directo como herramienta de presión.

Otro aspecto relevante de la acción política de la SRA en este período refiere a sus alianzas políticas. En primer lugar, sobresale su búsqueda por recrear un espacio político amplio, como lo fuera el G-8 durante la década previa. El FCA, en este sentido, parecía capaz de articular demandas más específicas que aquél, en la medida en que reúne a los distintos eslabones de la cadena de producción de mercancías agrarias. Pronto quedó en evidencia, sin embargo, que la intervención del gobierno en estos mercados había dado lugar a intereses contrapuestos entre los miembros del grupo, incapacitándolo para actuar políticamente. Tras reconocer este problema, la SRA reconfiguró su política de alianzas volcándose ahora hacia sus pares sectoriales que, lideradas por la CRA, comenzaban a constituirse como uno de los sectores que más fuertemente enfrentaban al gobierno: no sólo porque el paro de diciembre del 2006 había sido en sí mismo significativo, sino también porque el realizado en marzo del 2008 se constituiría en un punto de inflexión para la articulación de una oposición política fuerte.8

Este desplazamiento en las alianzas entabladas, en síntesis, muestra el rol desempeñado por la SRA en la coordinación de acciones políticas. La propia entidad es, en sí misma, un ámbito en el que representantes de la clase terrateniente coordinan su acción. Dada la limitación de su potencia, sin embargo, procura establecer un sistema de alianzas que a lo largo de este período mostró ser dinámico, transformándose rápidamente en la medida en que lo hacía el contexto político.

La acción política de la SRA a lo largo de este período, en síntesis, muestra una serie de tensiones y reconfiguraciones, que se van desplegando a medida que se consolidan lo que serían los rasgos principales de la política económica de los gobiernos kirchneristas. Queda asimismo en evidencia, por otra parte, que dicho período constituye un campo fecundo para profundizar en el análisis del accionar de las corporaciones de capitalistas y terratenientes.

3Un análisis detallado de la organización de este paro en el contexto de la crisis económica puede hallarse en el trabajo de Salvia (2014a).

4Un detallado análisis de este conflicto puede hallarse en el trabajo de Azcuy Ameghino (2007, págs. 273-316).

5Una pormenorizada cronología del conflicto puede encontrarse en los trabajos de Barsky y Dávila (2008, págs. 235-327) y de Comelli, et. al. (2011). Por su parte, Giarracca, Teubal y Palmisano (2008) presentan una crónica en la que secuencian el conflicto en etapas.

6Por delante quedaba, en cambio, la urgencia por dar término al proceso de producción granaría: si bien buena parte de la cosecha ya se había realizado, el costo del almacenamiento había frenado parte de esa labor. Por otra parte, tras el levantamiento del paro, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la trilla de soja no había llegado aún al 5%. Restaba, asimismo, transportar la producción (P/12, 04/04/2008).

7En este sentido cabe destacar, como lo hacen Sidicaro (1982) y de Palomino (1988), que algunos de los gobiernos militares que recibieron inicialmente el apoyo de la SRA acabaron siendo blanco de sus críticas, aunque ciertamente mucho más matizadas que las que espetaría a los gobiernos democráticos del período. El momento de mayor tensión probablemente se haya alcanzado bajo el período del gobierno de facto instaurado en 1966: tras haber apoyado el golpe, la SRA pasó a repudiarlo e incluso acusarlo de promover medidas con “fundamentos colectivizantes”, para conformar posteriormente por primera vez la Comisión de Enlace.

8En efecto, el veto a la Resolución 125 constituyó no sólo el primer traspié significativo de la gestión los Kirchner, que fracasarían dos veces en la sanción de una ley de vital importancia, puesto que les hubiera permitido incrementar marcadamente la recaudación fiscal. El conflicto acabó además por cristalizar una fuerte oposición al gobierno por parte de distintos sectores de la sociedad, que por añadidura se animaban a enfrentarlo en las calles. Más aún, esta oposición tuvo posteriormente un correlato político a nivel partidario: el oficialismo ganó un muy estrecho margen (31 puntos contra 29, aproximadamente) las elecciones legislativas del año 2009, a pesar de llevar nada menos que a Néstor Kirchner a la cabeza de la lista, lo que tampoco le impidió perder en la provincia de Buenos Aires frente a de Narváez (Varesi, 2011).

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