1. Introducción

“Y llegó el Plan de Convertibilidad y nosotros líricos y dogmáticos, abrimos de par en par puertas y ventanas a la tormenta. Hoy tenemos la casa inundada”Fragmento del discurso del Ing. Eduardo Budd, Presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto (09/09/1995)

La vigencia de un nuevo régimen social de acumulación durante el último cuarto del siglo XX supuso para los actores socioeconómicos en general y los del mundo rural en particular un drástico proceso de estructuración y desestructuración que, como toda transición, no estuvo exento de tensiones. Tanto las transformaciones a nivel productivo como las que se operaron en la fisonomía del Estado implicaron la necesidad de alterar prácticas que históricamente los habían caracterizado y que, en muchos casos, servían como soporte material de sus identidades.² Este conjunto de cambios tuvo como resultante una creciente conflictividad que se tradujo a lo largo de la década de 1990 en reiterados paros, movilizaciones y otras formas de protesta protagonizados por un importante número de sujetos nucleados en diferentes instancias asociativas, algunas de las cuales resultaban novedosas en el espacio público. En este sentido, existe una profusa producción académica referida a las dinámicas que asumió la acción colectiva de estos sujetos, especialmente de aquellos que tenían sus actividades productivas ligadas al ámbito urbano. A modo de ejemplo, algunos estudios marcaron la importancia que asumieron las acciones colectivas de protesta de los empleados frente a cualquier otro tipo de organización, puesto que del total de las protestas registradas en el período 1989-2003, casi la mitad (49%) fueron realizadas por los sindicatos mientras que las de las organizaciones empresariales -dentro de las que se computa a las protagonizadas por las entidades agropecuarias- ocuparon un 6% del total. (Schusteret al, 2006: 33-34).³

No obstante estas apreciaciones, queda afuera un actor que ocupaba (y ocupa) una notable centralidad en la economía y en la política del país como lo son las entidades agrarias. Es decir, a pesar que en términos de cantidad de acciones colectivas las instrumentadas por los actores colectivos del agro ocuparon un lugar escasamente representativo, la capacidad de estos actores para redefinir reglas de juego en el campo político influyendo de manera directa sobre las decisiones de los gobernantes torna relevante su análisis. En esa línea, hay coincidencia entre los investigadores en señalar cómo desde 1994 se abrió una etapa de mayor confrontación por parte de las corporaciones agrarias frente a las consecuencias de las políticas económicas que coincidió con la maduración del régimen social de acumulación estructurado a partir de abril de 1991 con la sanción de la ley de Convertibilidad. Fue también en este lapso donde emergieron nuevas subjetividades -como el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha- que se tradujeron en una participación disruptiva en el espacio público por medio de diversos repertorios de protesta y que alimentaron un clima de creciente conflictividad.⁴

De esa producción se desprende que en 1994 se inició un ciclo de protesta agraria (^{Tarrow, 1997}), es decir, una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que culminó en 1999 y que supuso el camino hacia la salida del régimen social de acumulación. Ahora bien, nos interesa marcar que ese ciclo de protesta -para los actores del agro nacional- se inscribió en una red conflictual previa a 1994 que se remonta al momento de emergencia del nuevo régimen social de acumulación (1989-1991) donde quedaron configurados los tópicos sobre los que se vertebró la conflictividad a lo largo del período considerado.

En ese contexto -y aunque se registran valiosos antecedentes (Closa, 2010; Gordillo, 2010 y Gordillo et al, 2012)- consideramos necesario avanzar en el análisis de las respuestas de los actores socioeconómicos a los procesos de reforma estatal en las realidades provinciales. De forma más concreta, el objetivo del presente artículo es describir las dimensiones que asumieron las acciones colectivas y de protesta de un conjunto significativo de entidades del mundo rural cordobés. A los fines de observar los consensos y contrapuntos que se generaron entre las entidades agrarias y el Estado, nos interesan dos dimensiones para el análisis de la protesta agropecuaria: las redes de conflicto o conflictuales y el campo de negociación. La primeras refieren a la existencia previa (visible o no) de situaciones conflictivas que presiden la acción colectiva que deviene protesta social. Dichos conflictos pueden ser definidos como el resultado de la diversidad de valoraciones que tienen dos o más agentes sobre un bien público que evalúan como importante, ya sea por la cualidad del bien en relación a la reproducción material de los agentes, su peso simbólico o de otros mecanismos de constitución de la realidad social. El segundo hace alusión a las instancias vinculadas al complejo relacional -instalado en paralelo a las acciones disruptivas- orientado a solucionar o dar salida a la protesta. Su configuración responde a los mecanismos de atracción y rechazo, por lo que su delimitación implica estrategias de persuasión y procesos de conversación. Estos factores marcan y redefinen la protesta o el consenso (^{Scribano, 2003}).

Tomaremos como referentes empíricos dos de las entidades que operaban en el territorio de la provincia de Córdoba: la Sociedad Rural de Río Cuarto (SRRC) y a la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) ambas pertenecientes a las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).⁵ La elección de estas entidades se fundamenta por la representatividad que poseían en el ámbito cordobés que se refleja no solo en la cantidad de productores asociados a las mismas sino en la capacidad de mediación política frente al Estado provincial. No obstante, contrastaremos las prácticas y discursos de estas entidades con los del resto del arco de entidades que conformaban la red de representación de intereses agrarios en Argentina. En relación con las fuentes de análisis, emplearemos fundamentalmente la prensa gráfica puesto que -a pesar de que simplifica la complejidad de la información en relación con la que circula para otros públicos (especializados) y a otras escalas de la política- nos permite indagar las acciones colectivas y las protestas sociales en las que participaron la SRRC y la CARTEZ. Estos soportes a la par de que se erigen como un medio habitual de mediatización de la cuestión rural constituyen el canal por el cual la acción contenciosa se expresa y se transforma (Schusteret al, 2006; Carniglia, 2011). En este sentido, consultaremos los discursos de la dirigencia rural contenidos en el Suplemento Agropecuario (SA) del diario Puntal (P). Este medio gráfico era de circulación regional (abarcando el sur y sudeste de la provincia de Córdoba y de la provincia de San Luis) y poseía una tirada aproximada de 5000 ejemplares. La colección completa se encuentra disponible en la Hemeroteca del Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto (H, AHMRC).

Con ese trasfondo, este artículo se encuentra organizado en tres apartados. En el primero observaremos la recepción de los nuevos marcos normativos por parte de la SRRC y de las entidades reivindicativas integradas a CRA para contrastarlo con los posicionamientos del resto del arco representativo de intereses agrarios. En el segundo advertiremos las tensiones que el nuevo régimen social de acumulación trajo aparejadas para la dinámica de las corporaciones agrarias y sobre cuyos efectos se recostaron los principales conflictos entre éstas y el Estado durante todo el período. Finalmente, en el tercero, mostraremos cómo a lo largo del período analizado se sucedieron un conjunto de acciones colectivas y de protesta que pusieron en cuestión el “modelo” pero que no llegaron a erosionar el consenso construido.

Las entidades agrarias y el ‘modelo’: la construcción de consensos

La rígida paridad cambiaría fijada por la Convertibilidad füe una verdadera ruptura que solucionó rápidamente algunos de los problemas estructurales de la economía nacional como la inflación. Paralelamente, este nuevo esquema modificó profundamente la dinámica del campo político en general y las mediaciones políticas entre los actores socioeconómicos y el Estado en particular. La estabilidad lograda a partir de la Convertibilidad no solo fue la piedra angular de las políticas económicas del gobierno de Menem (^{Sidicaro, 2005}: 161) sino que además se constituyó en un recurso discursivo de alta performatividad política que imprimió una nueva dinámica a la relación entre actores socioeconómicos.

Las entidades rurales -con ciertos titubeos- prestaron su conformidad a la medida cambiaría. Los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) entendían que la convertibilidad era la “(■■■) única alternativa para frenar el proceso inflacionario, aunque la medida implique algún sacrificio para los sectores productivos ” (AHMRC, H, P, sábado 27/04/1991. p. 16) y se mostraban conformes con la política en general a pesar de ciertas ‘desprolijidades’ (AHMRC, H, P, lunes 06/05/1991. p. 14). Más controvertida resultó al interior del movimiento confederado, que ubicaba las opiniones de su dirigencia en posturas cercanas a las de Federación Agraria Argentina (FAA), cuyo titular -en contraposición con la SRA- expresaba que si bien: “(...) la dolarización de la economía crea cierta expectativa como lo creó en su momento el Plan Austral de 1985 (...) para arribar a una estabilización duradera es imprescindible una política de crecimiento (...) la dolarización puede disimular pero no corregir la inflación. ” Consultado sobre los efectos del plan sobre la economía, Humberto Volando advertía: “(...) en lo inmediato, en las próximas semanas, en los próximos meses, se van a lograr algunos indicadores llamativos, baja realmente considerable de la inflación, tasa de interés que puede bajar aún más, pero a costa de una recesión muy grande” (AHMRC, H, P, martes 09/04/1991. p. 18).

A los pocos días, en un comunicado de prensa el Consejo Directivo Central de la misma entidad ratificaba la postura de su titular ante la nueva situación económica, declarando el ‘estado de alerta y movilización’ de sus bases sociales, al tiempo que promovía una ‘campaña de esclarecimiento’ sobre los riesgos implicados en el Plan de Convertibilidad para el rumbo de la economía en general y del sector agropecuario en particular, puesto que según la entidad: “Congelar, de hecho, situaciones económicas y sociales sin corregir distorsiones preexistentes, pone en serio peligro la suerte, el destino, de muchos sectores tornados en aguda crisis al momento de aquella decisión”(AHMRC, H, P, martes 02/04/1991. p. 18).⁶

El representante de CARTEZ tomaba con cautela la lectura de las primeras consecuencias derivadas de la convertibilidad:

“(...) hubo algunas rebajas en los insumos, por ejemplo del gas-oil o los neumáticos, pero que no han rebajado todo lo que se esperaba. No obstante, mientras los precios relativos se van a mantener los pocos créditos que hay son caros. Debemos desterrar esa tendencia muy nuestra de ser exitistas. Vemos estas nuevas medidas y creemos que todo está solucionado pero solo es la preparación del terreno para luego efectuar el verdadero esfuerzo”(AHMRC, H, P, martes 21/05/1991. p. 18).

Más optimista era el titular de CRA, quien respaldaba el programa económico pero puntualizaba que su puesta en marcha se produjo: “(...) con muchos precios de la economía distorsionados, los que transcurrido cierto tiempo pueden llegar a convertirse en un impedimento para el éxito del plan” y agregaba:

“Apoyamos la convertibilidad de la moneda, la desindexación de la economía y la baja de las tasas de interés, con la consiguiente disminución de la inflación, porque entendemos que es el camino más apto para alcanzar la estabilidad con crecimiento. Nosotros estamos dispuestos a competir con el mundo, inclusive con los subsidios, siempre que podamos tener aquí similares relaciones de costo-producto que los que tengan allí”(AHMRC, H, P, domingo 09/06/1991. p. 25).

Asimismo, para la SRRC el saldo resultaba “positivo”. Así lo reflejaba el discurso de fin de año de su presidente:

“1991 ha sido un año con complicaciones, con incertidumbres, pero que también ha dejado algo positivo: la esperanza de un país mejor. La desesperante necesidad de salir de la mediocridad que habíamos caído, ha determinado cambios profundos en las estructuras de la sociedad argentina, en busca de los caminos idóneos, que nos permitan encaminarnos hacia la excelencia de un país mejor. 1991 ha sido un año en el que hemos afianzado un sistema de vida, que nos garantiza derechos, pero que también nos crea grandes obligaciones. El compromiso inexcusable de cada uno, en todos los sectores de la actividad, de cumplir con lo que nos corresponde hacer. Este ha sido un año en el que hemos comenzado a decirle no a la especulación y sí al trabajo fecundo y constructivo. No a la improvisación y sí al estudio serio y responsable. Un año en el que la sociedad argentina ha comenzado a marcar a quienes no brindan su aporte a la reconstrucción del país. Un año que ha exigido ya grandes esfuerzos, que deberemos multiplicar en el devenir, si es que realmente queremos transformar la Argentina.”(SRRC, comunicado de prensa, 21/12/1991).

No pasaría mucho tiempo, sin embargo, para que de este panorama de “apoyo con énfasis”(AHMRC, H, P, domingo 01/09/1991, p. 29) realizado en el marco de la 56° muestra de la SRRC se pasara a uno menos favorable unos pocos años después, cuando se empezaron a percibirse los nuevos conflictos que se abrieron a partir de la vigencia de la Convertibilidad. Así, con los efectos de la aplicación de la ley de Convertibilidad quedaban prefigurados los marcos conflictuales que caracterizarían la dinámica de la acción colectiva de las corporaciones agrarias durante el régimen social de acumulación. La alteración de los costos relativos de las unidades productivas generados por la Convertibilidad fue, en ese marco, el eje sobre el cual - sin cuestionar la vigencia de la misma- se estructuró la conflictividad que caracterizó al período.⁷

Otro de los ejes normativos del nuevo régimen social de acumulación fue la desregulación y apertura de la economía propiciada por el decreto 2.284 de noviembre de 1991. De esta manera, se concretaban las aspiraciones de un conjunto importante de entidades agrarias que, en el período de emergencia del régimen social de acumulación, demandaban la no intervención del Estado en los ‘asuntos privados’.

Esta decisión asumida por el gobierno de Menem de retirarle al Estado las posibilidades de intervenir a través de diversas facultades en la economía significó dar acogida a una de las aspiraciones largamente sostenidas por las corporaciones agrarias. La libertad de mercado, el achicamiento del Estado y la eliminación de las retenciones constituían el núcleo reivindicativo de las corporaciones agrarias inscriptas en una matriz de pensamiento liberal-conservadora y era uno de los aspectos claves sobre los que se conformó el campo de consenso al momento de la salida del régimen social de acumulación anterior.⁸

Así lo reflejaban los comentarios de los dirigentes rurales. Eduardo de Zavalía, de la SRA, afirmaba que “(…) la primera lectura del decreto de desregulación es positiva (...) estamos a favor de que se desregule, de que se simplifique la actividad económica”. Además agregaba que estas medidas eran “(...) oportunas y adecuadas al momento que estamos viviendo” y que implicaban “una reducción de costos que van a redundar en beneficio de los productores”(AHMRC, H, SA, sábado 02/11/1991 p. 4).

Una posición más entusiasta mostraba el movimiento confederado. El titular de CRA manifestó ‘un total apoyo’ y que de esa forma se “(...) cumplía con reivindicaciones que desde hace largo tiempo venía haciendo el sector”. En esa misma declaración, Arturo Navarro solicitaba que se profundizaran los alcances de la desregulación a otras áreas o actividades como por ejemplo las jubilaciones privadas, la afiliación obligatoria a obras sociales y el transporte aéreo(AHMRC; H, P, martes 05/11/1991. p. 20).

Todavía más entusiasta, el titular de CARTEZ y de la SRRC decía:

“Para los que hemos prácticamente vivido regulados, que estábamos hartos de que nos regulen y nos frenen la libertad, evidentemente esto ha sido una cosa inesperada (...) pero de todas maneras, la medida puede ser calificada con ‘10 puntos’. Una vez que todo esté desregulado, que se eliminen todas las injusticias que se cometieron, toda la corrupción que implicaba la regulación, vamos a marcar las cosas que sean necesarias”(AHMRC; H, SA, viernes 15/11/1991. p. 2).

Asimismo, un asociado a la SRRC consultado sobre dicha temática decía que se encontraba ‘muy conforme’ y recordaba que:

“Esto es algo que yo conocí antes que comenzaran a regularlo todo. Entonces mi país era distinto, había libertad para trabajar. Con esto se favorecerán todas las actividades, no sólo la comercial. Hay más tranquilidad, es un sistema más ‘suave’, con más facilidades para producir”(AHMRC; H, SA, viernes 15/11/1991. p. 3).

Fundamentalmente, tres aspectos implicados en el nuevo marco normativo eran los que mayor ‘satisfacción’ generaban en las expectativas de los dirigentes rurales. En primer lugar, consideraban que la medida produciría una disminución más o menos inmediata de sobrecargos, impuestos y contribuciones en forma directa que realizaban los productores.⁹ En segundo lugar, y en estrecha vinculación con lo anterior, sostenían que se observaría un mejoramiento del tipo de cambio ‘efectivo’, es decir el percibido por el productor. Finalmente, en tercer lugar, la libertad de mercados implicaría el abaratamiento de toda una gama de servicios, especialmente del transporte y de las prestaciones de diversos profesionales.¹⁰

Sin embargo, la dirigencia se mostraba más cautelosa a la hora de evaluar las consecuencias aparejadas en la eliminación de los diferentes organismos estatales. Esto se vinculaba principalmente a cómo se reordenarían algunas de las funciones que hasta ese momento habían tenido a su cargo.

Con una amplia aprobación de las entidades reivindicativas el gobierno de Menem había logrado sentar las principales directrices de la nueva política económica. No obstante, a lo largo de la década comenzaron a sucederse diversos reclamos por parte del sector agropecuario que, a pesar de que explícitamente no solicitaban la derogación de las medidas que configuraron el nuevo régimen social de acumulación, tácitamente cuestionaban el consenso construido en torno a su vigencia.

El ‘modelo’ en ¿cuestión?

Tempranamente las entidades agropecuarias -como lo dijimos más arriba- pusieron de manifiesto su descontento tanto ante los efectos derivados de la convertibilidad como a los de la apertura comercial.A principios de noviembre de 1992, a instancias de la Federación Agraria Argentina (FAA) y con la adhesión de CRA y Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) se realizó un paro agropecuario durante 48 horas.¹¹ Las demandas que desembocaron en el paro agropecuario de los días 2 y 3 de noviembre de 1992 se dirigían a criticar la estructura de costos relativos de las unidades productivas vigentes a partir del nuevo esquema cambiario.¹² Esta crítica se complementaba con otros pedidos más ‘clásicos’ en el repertorio de reivindicaciones de las entidades agrarias como la ‘presión tributaria’ y la ‘falta de crédito’ (Cfr.: AHMRC, H, P, martes 3/11/1992, p. 25; AHMRC, H, P, miércoles 4/11/1992, p. 24). Asimismo, se cuestionaban los efectos de la apertura comercial que afectaban a los productos agropecuarios nacionales, particularmente a los de origen lácteo.¹³ Luis Odorá, vicepresidente de CRA y ex-presidente de CARTEZ, resumía algunas de estas cuestiones:

Tenemos una política de convertibilidad que ha clavado el dólar en valores que no se ajustan a la realidad porque el dólar está en este momento devaluado un 38 por ciento debido al proceso inflacionario. Esto significa que la producción del campo también tiene que comercializarse teniendo en cuenta esos valores de inflación. (...) Queremos que el gobierno quite una determinada cantidad de impuestos para que el productor tenga un mínimo de rentabilidad para producir (AHMRC, H, SA, viernes 06/11/1992. p. 3)

A fines de julio de 1993, nuevamente CRA y CONINAGRO, a instancias de FAA, manifestaron su descontento ante las ‘desviaciones’ del plan económico.¹⁴ La convocatoria al denominado ‘camionetazo’ volvió a colocar en relieve la tensión en que la política económica del menemismo situó a los actores agrarios. Es decir, por un lado las medidas económicas dieron lugar a las reivindicaciones históricas de gran parte de las entidades y, por el otro, tanto la estabilidad conseguida como el apoyo brindado por las entidades condicionaron la legitimidad de sus reclamos. A su vez esta tensión operó como una suerte de ‘cerrojo’ discursivo que trabó el reclamo por la salida de la convertibilidad pero que de fondo cuestionaba su esencia. En declaraciones a la prensa, el entonces Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Felipe Solá, entendía que la protesta constituía: “(...) una campaña contra el programa de estabilidad económica, que alientan quienes pretenden ocultar su ineficiencia con un retorno a la inflación. Ellos sostienen que el plan va a estallar y para salvarse solo esperan la devaluación” (AHMRC, H, P, lunes 14/06/1993. p. 20).

Días más tarde el titular de CARTEZ y ex-presidente de la SRRC, Eduardo Budd, en una entrevista daba cuenta de la ‘inmutabilidad’ de la paridad cambiaría:

- ¿Entonces qué se hace para salir de esto? Nosotros ya lo dijimos. Además de una refinanciación, acá hace falta una reducción tributaria. Que se saque el impuesto a los activos. Lo mismo que las retenciones al IVA, un impuesto que no puede tener una alícuota del 18 por ciento sino un 4 como ha pedido CRA. (...) Solá se manifestó de acuerdo en modificar el sistema pero dijo que iba a llevar tiempo. Lo que pasa es que acá hacen falta soluciones heroicas. En exportaciones, por ejemplo, yo no quiero que muevan el dólar pero quiero que me den reembolsos para poder exportar (AHMRC, H, SA, viernes 18/06/1993. p. 3)

Las declaraciones de Budd resumían algunos de los reclamos centrales que convocaban a la medida de protesta, los cuales fueron ampliados más tarde en un comunicado de prensa. El escrito sostenía en clara alusión a los efectos de la convertibilidad sobre el sector agropecuario que: “El campo está muy mal y padece una profunda crisis económica. (...) Hoy, los productores nos encontramos atados a un dólar estancado, que solo beneficia a unos pocos sectores en detrimento del nuestro, que día a día ve cómo su capital va desapareciendo rápidamente, sin poder hacer nada al respecto” (SRRC, comunicado de prensa, 27/07/1993). Sin embargo, al enumerar los pedidos no aparecían medidas tendientes a la corrección de los desfasajes generados en los costos relativos por la convertibilidad sino que se concentraban en propuestas tendientes a la eliminación de la carga impositiva.¹⁵

Este había sido convocado por FAA y a través de diferentes gestiones había logrado la adhesión de CRA y CONINAGRO. Nuevamente, la SRA optó por no adherirse a pesar de que en muchos aspectos coincidía con el diagnóstico realizado por las otras entidades.¹⁶ La situación era descripta por el titular de la entidad convocante, quien sostenía que: “Más de 5 mil millones de endeudamiento, la ausencia de nuevos créditos y la permanente situación de crisis es lo que nos impulsa a tomar esta medida” (AHMRC, H, P, lunes 01/08/1994. p. 10). Ante esta situación aparecían cuatro demandas centrales de la protesta rural resumidas en un documento elaborado conjuntamente por las entidades. Estas solicitaban al Gobierno: 1) la refinanciación de pasivos y créditos para la reconversión y recomposición del capital de trabajo, a una tasa de interés de nivel internacional y a un plazo mínimo de 10 años; 2) la suspensión sin más trámites de las exportaciones de aquellos productores agropecuarios cuyos países subsidian la producción; 3) reintegros para las exportaciones de las economías regionales; 4) la eximición de las deudas previsionales que pesaban sobre la mayoría de los productores (AHMRC, H, P, lunes 01/08/1994. p. 10).

En relación con la primera cuestión planteada, un comunicado de presa de la SRRC, advertía:

(...) la crisis del campo se ha trasladado con toda crudeza y gravedad a los centros urbanos, especialmente del interior del país provocando recesión, desocupación, parálisis, desaliento, pobreza. Los testimonios de esta situación se dan cotidianamente. Ya no son solamente las entidades agropecuarias que lo advierten: son las que representan a los sectores del comercio, la industria, los servicios, etcétera, que están pidiendo decisiones gubernamentales que permitan sobrellevar este trágico momento en la economía de un vasto sector de la vida nacional. Lamentablemente, pareciera que nuestras autoridades son las únicas que no ven esta realidad. En vano han sido nuestros reclamos, nuestra prédica, nuestras peticiones. Y los tiempos se han agotado. ¡Debemos reaccionar! (SRRC, comunicado de prensa, 05/08/1994)

Hacia la finalización de la década analizada se asistió a un agravamiento de la situación económica y social de los productores agropecuarios, especialmente los pequeños. Fue así como al iniciar el año FAA, CRA y CONINAGRO convocaron a una asamblea y concentración rural en la localidad bonaerense de Pergamino con el objetivo de “(..■) poner de manifiesto el endeudamiento del agro, que alcanza una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares” (AHMRC, H, P, miércoles 06/01/1999. p. 22). La misma reunió a más de 2.000 productores agropecuarios. Lo importante para destacar de esta medida es que allí las entidades resolvieron una profundización del ‘plan de lucha’ en procura de una solución definitiva al problema del endeudamiento tributario, el establecimiento de reglas claras para seguir produciendo y una reducción del precio del gasoil y de las tarifas de peajes (AHMRC, H, P, miércoles 13/01/1999. p. 11).

En ese marco CARTEZ, FAA y CONINAGRO acordaron movilizaciones en diferentes localidades de la provincia de Córdoba con especial foco en la ciudad capital, Río Cuarto, Villa María y San Francisco (AHMRC, H, P, domingo 10/01/1999. p. 13 y AHMRC, H, TA, viernes 12/03/1999. p. 2). En síntesis, se sostenía que: “las empresas rurales están produciendo a pérdida”, por lo que era necesario que con la protesta: “(■■■) la ciudad tome conciencia de la situación por la que atraviesa el campo” (AHMRC, H, P, miércoles 17/03/1999. p. 14).

Las demandas solicitadas al Gobierno por parte de las asociaciones rurales fueron sintetizadas en un ‘Plan de Salvataje’. Los seis puntos centrales demandados por las asociaciones rurales eran: 1) la postergación de los impuestos nacionales y provinciales y suspensión de nuevos tributos sobre los préstamos y sobre la ganancia mínima presunta establecida por la reciente reforma tributaria; 2) la ampliación del actual plan de refinanciación de pasivos elaborado por el Banco Nación y la bonificación de las tasas de interés de los créditos destinados para el sector; 3) la reducción del precio del gasoil en términos acordes con el valor internacional del petróleo; 4) la disminución de costos de la producción y de mantenimiento de las empresas del sector, actuando sobre el componente impositivo; 5) la reducción de las tarifas de peaje, especialmente para el transporte de la producción y la bonificación de las tasas de interés en los créditos destinados al sector; y finalmente 6) la estructuración de créditos y warrants para retener los granos y no tener que salir a vender la cosecha con apuro a precios de remate (AHMRC, H, TA, viernes 12/03/1999. p. 4).¹⁷

En sentido similar, el titular de CARTEZ realizaba un llamado para aunar esfuerzos de todos los sectores de la sociedad:

Nuestra posibilidad de seguir siendo productores está llegando a su fin (...) La familia del campo hace mucho que viene sufriendo los avatares de políticas erróneas (...) no estamos pidiendo privilegios sobre ningún otro sector. Estamos sugiriendo a todos aquellos sectores del trabajo y la producción que se sientan afectados que estrechemos filas en bien de nuestra Argentina (AHMRC, H, TA, viernes 19/03/1999. p. 3).

Al mes siguiente, ante la falta de medidas oficiales para paliar la crisis del sector, FAA convocó a la realización de un paro de tres días bajo la modalidad de ‘tranqueras afuera’. Acompañaron la medida CRA y CONINAGRO, a las que se le sumó, por primera vez desde 1975, SRA. El objetivo de la protesta era que “(■■■) el Gobierno reaccione ante los graves problemas que vive el sector” (AHMRC, H, P, jueves 08/04/1999. p. 8).

Nuevamente el contenido de lo demandado por las entidades giraba en torno a reivindicaciones económicas históricamente sostenidas -especialmente por SRA y CRA-. En este sentido, los dirigentes solicitaban la eliminación de la Reforma Tributaria y de impuestos sobre la ‘renta presunta’ así como sobre los intereses de los préstamos. Además, peticionaban la suspensión del componente impositivo del gasoil, una mejora de la lucha contra la evasión impositiva, la refinanciación de pasivos a través del recálculo de deudas y una política crediticia para el sector. Finalmente, decían que estos pedidos se sustentaban en la necesidad de “(■■■) recuperar la competitividad (...) en el marco de un proceso sostenible productiva, económica y socialmente ” (AHMRC, H, P, jueves 08/04/1999. p. 8).

Asimismo, se reiteraba la percepción de las asociaciones rurales de que las acciones colectivas constituían la única alternativa posible para canalizar sus demandas al espacio público. En este sentido expresaba un comunicado de la SRRC:

ESTA SOCIEDAD RURAL DE RÍO CUARTO NO DISFRUTA CON SITUACIONES O DETERMINACIONES DE ESTA NATURALEZA. Se pronuncia, por el contrario, a favor del diálogo, del entendimiento, de la negociación. Empero, la desconsideración de que somos objeto, nos obliga a adoptar medidas extremas. SEAMOS SOLIDARIOS Y MANTENGÁMONOS UNIDOS. AFRONTEMOS LA SITUACIÓN CON RESPETO PERO CON DECISIÓN (SRRC, comunicado de prensa, 16/04/1994. Mayúsculas en el original).

Esta coyuntura de importante visibilidad de la protesta rural culminó con un paro bajo la modalidad de ‘tranqueras cerradas’ con movilización a la ciudad de Buenos Aires. El mismo había sido convocado por FAA y habían comprometido su participación CRA y CONINAGRO (AHMRC, H, P, martes 04/06/1999. p. 12). A diferencia de lo que pudo observarse en las reivindicaciones sostenidas por las asociaciones rurales a lo largo del período, aquí volvieron a aparecer las relacionadas con las consecuencias sociales del nuevo ‘paradigma’ productivo.

En definitiva -el representante de CARTEZ- como lo había sostenido en otra oportunidad afirmaba que: “Ha llegado el momento de cambiar todo aquello que impide el desarrollo en dignidad de la familia del campo (...) Nuestra posibilidad de seguir siendo productores está llegando a su fin (...) la familia del campo hace mucho que viene sufriendo losavatares de políticas erróneas (...) no estamos pidiendo privilegios sobre ningún otro sector ” (AHMRC, H, P, sábado 10/06/1999. p. 24).

En un nuevo comunicado de prensa, la SRRC describía la situación y, a la par de que se quejaba por la ‘presión fiscal’, ejercía una crítica a las prácticas de la clase política:

A la situación desventajosa de los muy bajos precios de nuestra producción granaria, debemos sumar las exacciones que sufrimos por parte de un Estado, que pareciera que viviera una realidad distinta de la que vivimos todos nosotros, malgastando todos los recursos que obtiene, como, por ejemplo, pagando estas absurdas jubilaciones de privilegio, o condonando las deudas de algunas Obras Sociales, con el sólo objetivo de conseguir los favores de los gremialistas. O pagando los altísimos costos de las campañas electorales, que incluyen luchas internas absurdas. O privatizando las empresas del Estado a precio vil, a valores que seguramente son los más caros del mundo, como los peajes, endeudando al país, en cifras insospechadas, mientras que, por otra parte, este mismo Estado parece insaciable a la hora de querer recaudar, aumentando la presión fiscal a límites insostenibles, imponiendo el pago de impuestos tan repudiables, como el de la Renta Presunta, el de los intereses, el nuevo impuesto al Gasoil, etc. (SRRC, comunicadode prensa, 11/06/1999).

Indudablemente, esta nueva dinámica afectó profundamente la relación entre el gobierno y las corporaciones agrarias. Al menos dos dimensiones de la misma presentaron notables cambios. Por un lado, se operó una suerte de recambio en la posición de los actores que alteró las posibilidades de mediación política y, por ende, la eficacia de la acción corporativa. Así, el lugar que hasta entonces las corporaciones -entre ellas las agrarias- habían usufructuado en la vinculación con el Estado pasó a estar en manos de actores de carácter internacional (^{Sidicaro, 2005}; Lattuada, 2006). Por otro lado, el clima ideológico funcionó como condicionante no solo de las opciones políticas sino también de la propia acción empresaria (Beltrán, 2006: 213). De esta forma, los discursos y las reivindicaciones de las corporaciones agrarias centrados en la necesidad tanto de brindar ‘estabilidad’ y ‘reglas claras’ como de ‘reformar el Estado’ operaron como una restricción que permitió al gobierno de Menem desestimar y sustraerse de todo tipo de reclamo.

“El campo no puede esperar”: la salida de la convertibilidad y la crisis de representación política

Como pudimos observar, desde mediados de la década de 1990, se inició un proceso de pronunciado deterioro económico que se agudizó hacia su final. La creciente imprevisibilidad de la economía se conjugó con una caída generalizada de los precios internacionales de los productos de origen agropecuario (Salvia, 2012) y fue uno de los factores que permite explicar las protestas conjuntas de la totalidad de las corporaciones agrarias.¹⁸

A pesar del recrudecimiento de la protesta agraria, el régimen cambiario establecido por la convertibilidad continuaba proyectando su amplia performatividad política sobre la dinámica entre los actores socioeconómicos y el Estado. Iniciado el año 2000, y pese a que las demandas de las entidades agrarias se vinculaban con los efectos generados por el retraso cambiario (en particular, la aducida ‘falta de competitividad’ del sector), un balance en el noveno aniversario de la medida no planteaba significativos repararos. Consultados los dirigentes agrarios de las principales entidades nacionales, no vacilaban en evaluar como positivo el saldo de nueve años (AHMRC, H, P, sábado 01/04/2000, p. 15).

Rápidamente este consenso en torno a la vigencia de la paridad cambiaría comenzó a erosionarse ante la agudización de la crisis económica y la inacción del gobierno de Fernando De la Rúa. Aunque el camino para la estructuración de la medida de protesta fue tortuoso y no contó con la participación de todas las entidades agropecuarias, se concretó en el mes de octubre bajo la modalidad de ‘tranqueras afuera’, es decir, con el compromiso de no realizar ningún tipo de transacción comercial o bancaria por el término de cinco días.¹⁹ Las principales demandas se vinculaban al pedido de eliminación del impuesto a la renta presunta y a los intereses así como a la necesidad de que se generen las condiciones para el crecimiento del sector agropecuario.

Fue en ese marco donde los dirigentes agrarios expusieron -con cierta cautela- la necesidad de una salida de la convertibilidad, posición sostenida por FAA y CRA (Cfr.: AHMRC, H, P, lunes 16/10/2000, p. 12; AHMRC, H, P, martes 17/10/2000, p. 12). Sin embargo, en un diagnóstico cercano a la SRA, la dirigencia cordobesa reprodujo los argumentos que habían legitimado las bases del régimen social de acumulación y que se encontraban inscriptos en una matriz liberal-conservadora.²⁰ Por un lado, se buscaba una explicación a los problemas del agro en el -todavía- excesivo tamaño del Estado y en su incapacidad para ponerse a tono con las nuevas necesidades de la producción agropecuaria:

(...) Pareciera que el sector agropecuario argentino solo está en la mente de los políticos al momento de pensar en sumar recursos para un Estado que sigue sobredimensionado e insaciable a la hora de recaudar. Esto se ha puesto de manifiesto, una vez más, en las últimas decisiones del Gobierno Nacional, despreciando justas peticiones de nuestras entidades y haciendo oídos sordos a los reclamos que surgen de una situación tan crítica, que está haciendo naufragar numerosas empresas rurales, que ya no cuentan con la savia natural de una mínima rentabilidad. (...) el campo argentino produce más y mejor, los productores somos más competitivos, nuestras empresas ajustaron sus gastos en todo lo posible, incorporamos moderna tecnología. En definitiva, hicimos todos los esfuerzos para mejorar y, a cambio de esta generosa disposición, tenemos: un combustible mucho más caro. Una mayor presión impositiva, con impuestos tan absurdos como el de los intereses, a la renta presunta, mayores alícuotas, etc. (...) servicios cada vez más caros y funcionarios corruptos e ineficientes, que son buenos a la hora de buscar excusas, pero fallan a la hora de cumplir sus obligaciones. En definitiva, pese al mayoritario aporte que hace el campo a la economía del país, los políticos argentinos siguen olvidándose de nosotros (AHMRC, H, TA, viernes 05/10/2000, p. 15).²¹

Por otro lado, la ‘presión fiscal’ que ejercía el Estado y la ausencia de una política agropecuaria que se conectaba con una sensación de ‘falta de seguridad jurídica’ eran los factores por medio de los cuales la dirigencia de la SRRC explicaba la crisis de rentabilidad por la que atravesaba el sector:

No hay seguridad jurídica en un país en el que su política tributaria depende de las necesidades del gobierno de turno según el ministro que ejerza la función y donde se discrimina a un sector en detrimento de otro, dependiendo de la capacidad de ‘lobby’ de cada uno. El campo espera respuesta. Por ahora no las tiene (AHMRC, H, TA, viernes 20/10/2000, p. 15).

En ese sentido, en otra intervención de la dirigencia en la prensa se demandaba la necesidad de:

(...) derogar la actual política impositiva, que resulta ineficiente y exageradamente gravosa. Necesitamos que esta política fiscal sea simple y de fácil recaudación. Proponemos la libre disponibilidad del componente impositivo del gasoil - nuestro principal insumo - dejando de lado ‘inventos’ estimados oficialmente como solución para el más alto costo de producción y que ni siquiera llega a ser paliativo para nuestras empresas. En fin, sin una justa política agropecuaria, el sector rural continuará sin guía y sin rumbo (AHMRC, H, TA, viernes 03/11/2000, p. 3).

Así, en la discursividad generada por la SRRC se continuaba apelando a los tópicos que conformaban su matriz discursiva liberal-conservadora (el tamaño excesivo del Estado, la voracidad fiscal, la ausencia de seguridad jurídica), sin hacer mención u ofrecer cuestionamientos a la raíz del problema que era el atraso del tipo de cambio y la alteración de la estructura de costos relativos de las unidades productivas que la convertibilidad jaqueaba.²²

En este contexto, se inició un proceso de profundización de la conflictividad, que en el caso de las corporaciones agrarias, fue mayormente canalizado por las entidades adheridas a FAA, las cuales protagonizaron manifestaciones, movilizaciones, cortes de ruta y otras acciones colectivas hasta finalizar el período considerado con una intermitente participación del resto de las entidades que conforman la red de representación de intereses agrarios. Probablemente, en esta situación haya operado como un factor que inhibió la organización de acciones colectivas de manera conjunta la actitud del gobierno que se mostraba no permeable para incorporar las demandas de las entidades agrarias, cerrando los espacios de negociación o acuerdos (AHMRC, H, P, sábado 19/05/01, pp. 12-13). En estas acciones colectivas planteadas por FAA, además, apareció un abierto cuestionamiento al “modelo de Menem-Cavallo-De la Rúa” dado su “fracaso estrepitoso e inocultable”, denunciando el acelerado proceso de liquidación de unidades productivas, la falta de rentabilidad y descapitalización, el endeudamiento y la continuidad de medidas que tendían a acentuar la regresividad del sistema (AHMRC, H, TA, viernes 23/03/01, p. 6; AHMRC, H, P, martes 27/03/01, p. 11; AHMRC, H, P, martes 30/10/01,

pp. 10-11).

El resto de las entidades no planteaba un cuestionamiento abierto al modelo de la convertibilidad. Por ejemplo, en esa misma coyuntura, CARTEZ hacía un llamado a las autoridades para que implementarán “una verdadera política agropecuaria y no solo paliativos de coyuntura”, demandando una “simplificación de la política impositiva y se eliminen los nuevos gravámenes” (AHMRC, H, P, domingo 08/04/01, p. 11).

Asimismo, fue en este momento donde comenzó a percibirse, en las intervenciones públicas de los dirigentes de la SRRC, un nuevo componente que permitió explicar la crisis por la que atravesaba el país en general y el sector agropecuario en particular: la ‘clase política’. A la tradicional apelación de un Estado sobredimensionado se le adicionaba la crítica a una clase política incapaz de resolver la coyuntura problemática por la que atravesaba la economía argentina. A continuación transcribimos un fragmento de la columna institucional de la SRRC que -pese a lo extenso- sintetiza los principales argumentos de esa explicación y sobre los cuales se asentaron las posteriores intervenciones. Bajo el título de: “Es imprescindible racionalizar los tremendos gastos del Estado” se demandaba lo siguiente:

1). Queremos un sector político que haga de la política una forma de vida y NO UN MEDIO DE VIDA. Habrá que imponer los ajustes que correspondan, que se sancione a los personajes y se excluya a los incompetentes. 2) Queremos una política agropecuaria que se inspire en la producción y en los productores, con un Ministerio de Agricultura y Ganadería, que jerarquice y dignifique a nuestro sector, ya que hoy por hoy es el principal aportante de divisas genuinas para el país y sin embargo se continúa degradándolo y empobreciéndolo cada vez más, haciendo que muchas empresas rurales sean inviables. 3) Queremos una Política Impositiva que sea justa, simple, de fácil recaudación y fiscalización y que SANCIONE A LOS VERDADEROS EVASORES, que no tienen castigo y que gozan de una perversa impunidad, escudados en una Justicia que es lenta, permisiva e ineficiente. 4) QUEREMOS EQUILIBRIO FISCAL, CON UN ESTADO QUE GASTE LO QUE PUEDA Y NO LO QUE QUIERE, como lo tiene que hacer cualquier empresa o persona. 5) Queremos que se desregulen todos los servicios, privatizados o concesionados, acabando con los monopolios de las empresas que tienen a su cargo los mismos y que en la actualidad hacen y cobran lo que se les antoja. 6). Queremos una Política Financiera que acompañe la producción del país y con la cual obtener un crédito no signifique una partida de defunción para nuestras empresas. 7) Queremos SEGURIDAD JURÍDICA, con reglas de juego estables, claras y duraderas. 8) Queremos Justicia Social, con una justa redistribución de ingresos y no como ocurre actualmente que quedan en manos de unos pocos - generalmente amigos del gobierno de turno - que, encima, se llevan los dineros fuera del país. 9) Queremos un Estado que privilegie la producción a la especulación y que sancione a los corruptos (AHMRC, H, TA, viernes 30/03/2001, p. 6. Mayúsculas en el original).

El pedido de la SRRC combinaba representaciones, reivindicaciones y demandas que históricamente habían integrado el programa reivindicativo de la entidad, como el rol central del agro en la economía nacional, la discriminación por parte del Estado, la ausencia de política fiscal y crediticia ‘justa’, etc., con un profundo cuestionamiento al Estado y a los políticos. La corrupción, las prácticas prebendarias, la ineficiencia de la acción de los agentes estatales eran ahora factores que permitían explicar la crisis. Más que una crisis vinculada a la esfera de la economía era una de tipo político que ponía de manifiesto la imposibilidad de los partidos de dar respuestas a las demandas de la sociedad.²³ Es decir, los partidos políticos no habían podido afrontar exitosamente la ‘reconversión’ que desde el Estado (y desde el Mercado) se les exigió a los sectores productivos.²⁴ En este sentido, la Convertibilidad continuaba proyectando un fuerte influjo simbólico sobre el campo político, puesto que la dirigencia de la SRRC -a diferencia por ejemplo de la de FAA- no la percibía como uno de los elementos en los cuales se originaban los problemas de competitividad agrícola y de costos relativos de las empresas (Cfr.: AHMRC, H, TA viernes 27/04/01, p. 7; AHMRC, H, TA, viernes 08/06/01, p. 11; AHMRC, H, TA, viernes 30/11/01, p. 13).

Estos mismos discursos se pusieron de manifiesto al finalizar el período de estudio. El Centro Empresarial, Comercial, Industrial y de Servicios (CECIS)²⁵convocó a una movilización en la plaza céntrica de la ciudad a los fines de exigir una solución para la crisis económica por la que atravesaba el sector y la sociedad. La consigna de la convocatoria sostenía: “Basta de mentiras. Reaccionemos: el país agoniza” (AHMRC, H, P, lunes 17/12/2001, p. 13). La SRRC adhirió a la manifestación del CECIS. Su diagnóstico de la situación era consecuente con una crisis de representación política:

Nuestra entidad por un principio de prudencia, hasta ahora ha actuado con bajos decibeles, tratando de no hacerle más difícil la tarea a un gobierno que fue elegido democráticamente. La visible y notoria crisis que atraviesa la sociedad se torna irresistible. Mucha responsabilidad le atañe a la clase política que está lejos de colaborar para hacer de esta una sociedad vivible. Peleamos contra el empobrecimiento del pueblo y contra de esta larga recesión (SRRC, comunicado de prensa, 18/12/2001).

Sus pedidos continuaban enfatizando en los elementos que, de forma casi invariable, se reclamaban desde tiempo atrás: la habilitación de líneas de crédito accesibles, la reducción de la carga fiscal sobre el sector y de los aumentos en los servicios:

El alto costo del dinero: con un sistema financiero que parece casi feudal y perjudica a todos los sectores productivos.

El sistema impositivo está mal orientado: si se redujeran los impuestos ese dinero quedaría en el pueblo, que invertiría mucho mejor en la economía local.

El costo excesivo de los servicios (SRRC, comunicado de prensa, 18/12/2001)

Ahora sí, en ese contexto, aparecía la salida de la convertibilidad y la consecuente devaluación como una perspectiva favorable para resolver la situación económica de los productores:

Solo para Río Cuarto, una devaluación del orden del 40% se reflejaría en un ingreso extra de alrededor de 100 millones anuales, solo por exportadores de granos, con lo que el impacto sería sumamente importante para la economía de la ciudad y la región. (...) una devaluación nos beneficiaría a la larga (AHMRC, H, P, sábado 22/12/2001, p. 14).

La finalización del esquema cambiario sostenido por la convertibilidad y la salida del régimen social de acumulación planteaba la conformación de un nuevo campo de negociación entre las corporaciones agrarias y el Estado Nacional. Entre los tópicos que rápidamente lo integraron se encontraban la pesificación de las deudas del sector rural y la no implementación de retenciones a las exportaciones agropecuarias. La frustración de estas demandas, especialmente la vinculada a las retenciones, marcarían la dinámica relacional entre los actores agrarios y los sucesivos gobiernos, cuyos puntos más álgidos estuvieron en el primer trimestre del año 2003 y en los primeros seis meses de 2008.

A modo de conclusión

El régimen social de acumulación que emergió de la crisis hiperinflacionaria de 1989 y que estuvo vigente hasta la salida de la convertibilidad cambiaría en enero de 2002 no solo alteró las estrategias de inversión y acumulación de los actores agrarios sino que proyectó innovaciones en el campo de lo político. Si por un lado, la crítica coyuntura imponía una creciente convicción sobre la necesidad de un cambio de rumbo económico, por el otro, la ideología neoliberal aparecía como el marco interpretativo (y operativo) a partir de la cual debían encontrarse las soluciones.

Este contexto operó como el vector que le posibilitó a la entidades agrarias canalizar representaciones sobre el Estado y la economía que eran previas (históricas). La seguridad jurídica, la inviolabilidad del derecho a la propiedad privada y, fundamentalmente, el tamaño sobredimensionado del Estado y su acción ineficiente que se manifestaba en un castigo al sector por medio de diferentes impuestos eran los tópicos centrales de la matriz discursiva liberal- conservadora que en dicha coyuntura re-actualizaban su significación. Fue en ese marco que las sociedades rurales y confederaciones nucleadas en CRA canalizaron de manera más aguda el cuestionamiento a las políticas económicas vigentes y que comenzó a articularse un consenso en clave anti-intervencionista.

Esta disposición de los actores agrarios reforzó la idea de lo imperioso del cambio y fue operativa para fijar la legitimidad de las medidas de tinte neoliberal a la par que acercó diagnósticos y posiciones de la mayoría de las entidades agrarias y de los principales referentes de los partidos políticos mayoritarios. Entre los puntos que conformaron el campo de negociación se encontraban: la eliminación de los aranceles de importación, la disminución de los costos de comercialización y la posibilidad de que el productor pudiera retener la venta del cereal mediante el aumento de su capacidad de almacenamiento, la reducción de los costos de fletes avanzando en una política de liberación del sistema de contratación y un tipo de cambio efectivo con un único mercado libre y sin retenciones a las exportaciones.

Esto inauguró la construcción de un consenso neoliberal. Sin embargo, esto no supuso ingresar en un período exento de tensiones entre el gobierno y las entidades agrarias. En el germen de la configuración de este consenso se encontraban lo que se constituirían en sus principales contrapuntos. La puesta en marcha de la convertibilidad supuso una alteración de los costos fijos de las empresas agropecuarias y colocó en cuestión -en más de una oportunidad- la reproducción de las mismas. Si bien en una primera instancia la paridad cambiaría facilitó el acceso al crédito y la compra de maquinarias e implementos agrícolas que resultaron vitales para enfrentar el contexto productivo, tuvo como contrapartida el incremento del precio de los servicios y de insumos esenciales para las labores agrícolas como el gasoil. El techo impuesto al dólar por la convertibilidad resultó desfavorable para los productores agropecuarios por el desfasaje en los precios internos y la necesidad de afrontar gastos en la divisa extranjera. Esta ecuación comprometió el desempeño económico de las unidades productivas y fue un reclamo frecuente en las acciones colectivas que las entidades agrarias estructuraron durante el período.

Aunque se ha mostrado cómo desde el año 1994 se asistió a una oposición más decidida contra los efectos del modelo económico que se tradujo en la movilización y protesta de múltiples actores sociales, la SRRC, la CARTEZ y una parte significativa de las corporaciones agrarias mostraron su descontento tempranamente ante tal situación. Desde 1992 se impulsaron diferentes acciones colectivas que ponían de manifiesto las ‘desviaciones’ del plan económico. Estas fueron, generalmente, impulsadas desde la FAA y no lograron contar con la participación de todo el arco de entidades. La principal ausente en esas medidas de fuerza fue SRA, entidad que brindó un apoyo sin fisuras al modelo económico y que, además, contaba entre sus dirigentes a funcionarios del gobierno menemista. La acción de la SRA de no prestar su adhesión para la conformación de un frente común con el resto de las entidades agrarias le restó efectividad a la protesta agraria y fue denunciada por la dirigencia de la SRRC. La incorporación de la SRA en el paro agropecuario de 1999 pareció obedecer más a su coyuntura institucional que a la que marcaba la política nacional.

Las demandas de la dirigencia, analizadas en conjunto, apuntaban a la necesidad de que el gobierno corrigiera la cuestión de los costos relativos por medio de la habilitación de líneas de crédito. A esto se sumaban demandas vinculadas a denunciar la situación de endeudamiento pero que, por ejemplo, no formaban parte del repertorio reivindicativo de la SRRC y sí constituía una situación acuciante de las bases sociales de FAA. Una cuestión para resaltar de los diagnósticos realizados por la dirigencia de la SRRC en esas instancias fue que eran trazados desde el prisma de su matriz liberal-conservadora. Es decir, se advertían las consecuencias adversas de la convertibilidad pero discursivamente no eran atribuidas a la misma. Las protestas eran motivadas por la ausencia de una política agropecuaria clara, por la excesiva presión fiscal o por el todavía desmesurado tamaño del Estado, enunciados que conformaban el núcleo de la discursividad liberal-conservadora de la entidad. Consideramos que esta cuestión es un indicativo de la performatividad política que continuaba ejerciendo la convertibilidad sobre el campo político, puesto que la estabilidad que había logrado este régimen cambiario había ingresado como un valor social que era necesario conservar. Fue recién en el contexto de crisis generalizada que se evidenció en diciembre de 2001 que los productores nucleados en la SRRC plantearon la necesidad de acudir a una devaluación monetaria como solución a la conflictiva situación.