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Trabajo y sociedad

versión On-line ISSN 1514-6871

Trab. soc.  no.33 Santiago del Estero dic. 2019

 

ESCENARIOS RURALES: CONFLICTOS SOCIALES Y AGRONEGOCIOS

Después del conflicto. El accionar parlamentario de la burguesía agraria argentina (2009-2014)

After the conflict. The parliamentary actions of the Argentinian agrarian bourgeoisie (2009-2014)

Após o conflito. As agoes parlamentares da burguesia agrária argentina (2009-2014)

Eduardo SARTELLI* 

Nicolás GRIMALDI1** 

*Eduardo Sartelli es investigador de la Facultad de Filosofía y Letras/Universidad de Buenos Aires/ Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales- (FFyL/UBA/CEICS).

** Nicolás Grimaldi es investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales/ Universidad Nacional de La Plata/ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IdICHS/UNLP/CONICET). Correo grimaldi.nicolasesteban@gmail.com

RESUMEN

En el siguiente artículo, nos proponemos realizar un estudio pormenorizado, de la acción parlamentaria de las corporaciones agrarias, en el período 2009-2014. El objetivo es examinar la existencia real del llamado “Grupo A”. Es decir, un bloque parlamentario consolidado, ligado a los intereses agrarios capaz de arrastrar a ciertos partidos e imponer su voluntad. Para ello, hemos hecho, ante todo, un breve repaso de los principales conflictos e instancias de organización de la burguesía agraria en los años previos al 2008. En segundo lugar, procuramos reconstruir lo que ha sido la preparación de las entidades agrarias de cara a las elecciones de junio del 2009, y el accionar político de los diputados vinculados al agro. Para esto último, analizamos los proyectos económicos presentados por los llamados “agrodiputados” en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la Cámara de Diputados de la Nación, así como también, los proyectos presentados por los diferentes partidos políticos y su destino final. Por último, rastreamos los principales entredichos y cuestionamientos entre las entidades agrarias en el período analizado. Vista la documentación, la evidencia muestra la inexistencia de un bloque llamado “Grupo A”, que los partidos han presentado diferentes proyectos, no siempre ligados a un interés empresarial específico de cierta capa de la burguesía agraria y, por último, que ese heterogéneo accionar parlamentario no logró la aprobación de ningún proyecto.

Palabras clave: Burguesía agraria; Parlamento; Corporaciones empresariales; Estado

ABSTRACT

In the following paper, we will undertake a detailed study of the parliamentary actions of the agrarian corporations over the 2009-2014 period. The aim is to study the actual existence of the so- called “Group A”. That is, a consolidated parliamentary bloc, tied to agrarian interests and capable of dragging certain parties an impose its will. For that purpose, we have, first and foremost, undertaken a brief review on the project processing linked to the agrarian sector before the 2008 conflict. Secondly, we will seek to reconstruct which has been the preparation of the agrarian entities for the elections in June 2009 and the political actions of the deputies linked to the agrarian sector. For the latter, we will analyze the economic projects introduced by the deputies from the agrarian sector in the Commission of Agriculture, Livestock, and Fisheries of the National Chamber of Deputies, as well as the projects introduced by the different political parties and its final destination. Finally, we will track the main discussions and questions between the agrarian entities during the analyzed period. Looking at the documents, the evidence shows the absence of a bloc called “Group A”, it also shows that the parties have introduced various projects, not always linked to a business interest in a specific layer of the agrarian bourgeoisie, and lastly, that that heterogeneous political actions did not achieve the approval of any project.

Keywords: Agrarian bourgeoisie; Parliament; Business corporations; State

RESUMO

No seguinte artigo, propomos a realiza?ao de um estudo detalhado sobre a a?ao parlamentar das empresas agrícolas no período 2009-2014. O objetivo é examinar a existencia real do chamado "Grupo A". Ou seja, um bloco parlamentar consolidado, ligado a interesses agrários capazes de arrastar certos partidos e impor sua vontade. Para fazer isso, fizemos, em primeiro lugar, uma breve revisao do tratamento de projetos ligados á agricultura antes do conflito de 2008. Em segundo lugar, tentamos reconstruir o que foi a prepara?ao das entidades agrárias diante das elei?oes de junho de 2009, e a a?ao política dos deputados ligados á agricultura. Para este último, analisamos os projetos económicos apresentados pelos chamados "agro-deputados" no Comité de Agricultura, Pecuária e Pescas, da Cámara dos Deputados da Na?ao, bem como os projetos apresentados pelos diferentes partidos políticos e seu destino final. Finalmente, rastreamos as principais questoes entre as entidades agrárias no período analisado. Dada a documenta?ao, a evidencia mostra a ausencia de um bloco chamado "Grupo A", que as partes apresentaram diferentes projetos, nem sempre ligados a um interesse comercial específico de uma certa camada da burguesia agrária e, finalmente, a a?oes heterogéneas parlamentar nao conseguiu a aprova?ao de nenhum projeto.

Palavras chave: Burguesia agrária; parlamento; corporaoes; estado

SUMARIO

Introducción; 2. Las entidades agrarias y los conflictos previos al 2008; 3. ¿Existió el “Grupo A?; 4. Los partidos políticos y los intereses agrarios; 5. Conclusión; 6. Bibliografía; 7. Fuentes y portales web. 2 las tendencias intemas de la Federación Agraria Argentina (Tellechea y Muñoz, 2011; Tellechea, 2009).

El conflicto del 2008 en torno a la resolución N° 125, dio origen a una serie de trabajos que planteaban una dicotomía entre el kirchnerismo y una oposición “oligarca terrateniente”(Bilder, E., Rafart, G., Mases, E., Taranda, D. y H. Zambón, 2014; Ortiz, 2010; Retamozo, 2011) concepto que es asociadoa elementos precapitalistas del agro (Ansaldi, 1992). En contraposición, algunos trabajos se han encargado de analizar las transformaciones históricas del agro,discutiendo con estos postulados (Sartelli, 2008; Sanz Cerbino, 2014; Barsky y Dávila, 2008). Por otra parte, diferentes autores se han encargado deseñalar una supuesta adhesión “neoliberal “por parte de los sectores agrarios movilizados (de Montserrat Llairó, 2016), a partir de la existencia de una “elite” que logró hegemonizar al resto de las fracciones agrarias (Balsa, 2016). Este mismo hilo argumentativo, puede verse en las posiciones que tuvo el grupo de intelectuales nucleados en Carta Abierta, quienes hablaban de los peligros de una “restauración neoliberal” (Página 12, 15/05/2008). Así, algunos autores han planteado que el conflicto agrario del 2008, dio origen a una “fuerza social conservadora” de carácter antipopular y antidemocrático (Cotarello, 2016). El resultado del conflicto, habría sido en consecuencia el surgimiento de una “hegemonía escindida”,relacionada con la aparición de un proyecto pre hegemónico “republicano, conservador, y neoliberal” que logró conformar un frente de oposición fuerte luego de las elecciones del 2009 (Pucciarelli, 2017). Si bien existen trabajos que se han encargado de analizar el devenir político inmediatode las corporaciones en las elecciones del 2009 (Teubal y Palmisano, 2011),el accionar de las mismasdesde esa fecha en adelante, no ha sido un tema que haya sido abordado ampliamente por la bibliografía analizada.En virtud de ello, la demostración empírica de la existencia de tal fuerza corporativa en el plano político requiere aún ser demostrado. Concomitantemente, tampoco, se ha estudiado el accionar parlamentario de las entidades agropecuarias a partir de la conformación del bloque de los agrodiputados en 2009.

Hay un consenso generalizado: el año 2008 significó un punto de exacerbación de la conflictividad de la burguesía agraria con el Gobierno nacional, que enfrentó a este último en un conflicto que tuvo más de 100 días de duración. Luego de su participación en esta contienda y como corolario, la burguesía agraria despertó el interés de reclutamiento en diferentes partidos políticos opositores, quienesmanifestaron su intención de que representantes del campo, integren sus listas de cara a las elecciones legislativas del año 2009, confiando en conseguir un respaldo suficiente para evitar el triunfo del oficialismo. Pasadas las elecciones,3 se habló, política y periodísticamente, de la llegada al Congreso del bloque de “agrodiputados”,que se incorporarían al “Grupo A” de la oposición, dando la impresión de que los productores agrarios en su conjunto podrían tener representación política, e impulsar las medidas que el campo reclamaba. A partir de esta última observación, una primera pregunta refiere a si efectivamente ese bloque existió. Además, examinaremos particularmente a los partidos políticos que tuvieron representación en el Congreso, para determinar si existió uno o más partidos que hayan llevado adelante los reclamos específicos del campo. Es decir, nos preguntamos en qué grado la burguesía agraria consiguió hacer valer sus intereses de conjunto en el Congreso de la Nación, y también, si fue algún agrupamiento específico de la burguesía agraria la que consiguió esa representación, ya que “el campo” engloba a su vez a productores de diferente escala y productividad.4

El trabajo que abordaremos a continuación, se propone estudiar la acción parlamentaria sobre el agro, luego del año 2008, como forma de constatar los intereses puestos en juego por cada capa de la burguesía agraria, así como la estrategia utilizada para satisfacerlos. El objeto de estudio seleccionado, refiere a los posicionamientos políticos con relación respecto a la principal actividad económica del capitalismo argentino.5 Específicamente, buscamos responder al interrogante de si el conjunto de la burguesía consiguió conformar un bloque político, para defender sus intereses en el Congreso nacional, o bien si el período posterior al conflicto del 2008 estuvo caracterizado por la tendencia a la disgregación de la burguesía agraria.

Para alcanzar nuestro fin, nos valdremos de diferentes tipos de fuentes. Uno de nuestros insumos principales, serán los proyectos de leyes, declaraciones y resoluciones presentados en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, en el período 2009 2014. A partir de su análisis buscaremos comprender los intereses específicos que cada proyecto busca defender y a través de cuáles medidas. Al mismo tiempo, observaremos lo que se conoce como el giro a comisiones y el trámite, es decir, el recorrido que tuvo cada proyecto en la Cámara, para poder distinguir si tal proyecto logró superar la instancia de la Comisión, si llegó al recinto, si fue tratado, si fue aprobado, y cómo fue la votación. Para complementar estas fuentes, nos valdremos de periódicos provinciales y nacionales, publicaciones especializadas en la cuestión parlamentaria, y publicaciones oficiales de las entidades rurales, que nos permitirán reconstruir el trasfondo de lo que sucede en el Congreso. A saber:los cruces que se generaron entre los partidarios de las diferentes políticas públicas. Asimismo, reconstruiremos los debates entre las corporaciones agrarias por fuera del recinto parlamentario, acudiendo como fuente de información a los periódicos de tirada nacional y provincial.

Antes de ingresar en el problema, debemos realizar una breve reseña, tanto de la conformación de las entidades agrarias, como de la conflictividad agraria durante el kirchnerismo hasta el año 2008, con el fin de periodizar la historia reciente del sector.

Las entidades agrarias y los conflictos previos al 2008

La representación de las entidades agrarias, proviene de cuatro corporaciones principales: la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas, y la Confederación Intercooperativa Agraria.

La primera de ellas, la Sociedad Rural Argentina(SRA), se constituye en 1866, nucleando a grandes propietarios de tierras pampeanas, que poseían a su vez otros intereses vinculados con el comercio, las finanzas, y las industrias urbanas, teniendo una fuerte influencia histórica en la política agropecuaria y protagonismo en el desarrollo tecnológico del sector, hasta el día de hoy (Barsky y Dávila, 2012). La segunda entidad, la Federación Agraria Argentina (FAA), surge en 1912, producto de las movilizaciones de arrendatarios que veían caer sus ingresos a partir de la fluctuación de los precios internacionales. El pasaje del arrendamiento a la propiedad de la tierra que se fue dando a lo largo de las décadas, terminó originando que en la base social de la FAA, aparezcan tanto propietarios como productores de escala media (Lissin, 2010). La tercera entidad en cuestión, surge a raíz de los procesos de transformación de la industria cárnica en las décadas del '20 y el'30, que originaron una fragmentación hacia el interior de la rama, entre los invernadores, que se encargaban de las fases finales de engorde de los animales y articulaban con los frigoríficos, en contraste con el grupo de los criadores, que quedó subordinado al primero. Por este motivo, surgió una tensión hacia el interior de la SRA, por la que los criadores apostaron por crear una red de representación nacional propia, siendo Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), en 1932, la primera de ellas. Al estar enfrentada con los frigoríficos, donde había un fuerte peso del capital inglés, la entidad surgió con un fuerte discurso nacionalista y antiimperialista, y con cierta tendencia a apoyar la intervención estatal, como la Junta Nacional deCarnes, y la Corporación Argentina de Productores de Carne (Barsky y Dávila, 2012). Para 1942, se crearía Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), donde estaría afiliada CARBAP, con una base social que consistía en propietarios de medianas y grandes explotaciones, que se dedicaban a actividades mixtas y ganaderas en la zona pampeana, y a las actividades regionales. Actualmente, posee más de 100 mil productores afiliados, nucleados en sus confederaciones internas.6 A medida que fue avanzando la homogenización entre criadores e invernadores, la entidad comenzó a tener posiciones cada vez más cercanas a las mantenidas por la SRA tradicional (Lattuada, 2006). Finalmente, la cuarta entidad, se crearía en 1956, cuando el cooperativismo agrario, principalmente vinculado al mercado interno, crea la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), que hoy día nuclea a 10 federaciones, y a más de 120.000 empresas cooperativas, siendo las principales asociadas la cooperativa láctea SANCOR, y la Asociación de Cooperativas Argentinas,7 que reúne a 150 cooperativas y 50.000 productores, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero.8El resto de las entidades afiliadas son FECOVITA, Federación Entrerriana de Cooperativas, Uncoga, FECOAR, UCAL, Federación de Cooperativas de Corrientes Limitadas, Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones, ACOHOFAR, AcaSalud, La Segunda, Federación Nacional de Productores de Papa, y Sancor Seguros. En el caso de CONINAGRO, la presidencia estuvo en manos de Carlos Garetto, quien reemplazo a Gioino en el 2008. Este último, era un ex presidente de SANCOR, y durante el conflicto por la resolución 125, se había reunido individualmente con el gobierno, donde este último ofreció ayuda financiera a cambio de abandonar la Mesa de Enlace.9 Ese mismo año, se produciría la salida de SANCOR de CONINAGRO, aunque retornaría en 2015.10

Procuraremos, ahora, reconstruir las diferentes instancias de organización que se dio el agro previo al conflicto por las retenciones y durante el mismo, para que nos sirva a la hora de analizar nuestro período. Rastrearemos así, si el agro ha conseguido, en la historia reciente, llevar adelante acciones en conjunto durante el kirchnerismo, además de lo sucedido en el 2008.

A los inicios del milenio actual, el 2 de marzo del 2003, cuando concluía la presidencia de Duhalde, se produjo un paro nacional organizado por las entidades agrarias de 5 días, que dividió a las Cámaras empresariales. El motivo de la protesta fue la suspensión del reintegro del IVA, por un monto cercano a los 800 millones de dólares. Parte de las demandas, también era aplicar el índice por inflación en el Impuesto a las Ganancias. Esto significaba, indexar los ingresos percibidos, para terminar pagando sobre las ganancias verdaderas, y no sobre las ganancias ficticias. El paro, contó con el aval de FAA, SRA, CRA, Centro de Exportadores de Cereales (CEC), y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), junto a otras 30 entidades menores vinculadas a la agroindustria. CONINAGRO no participó en la protesta. El titularde aquél entonces, Mario Raitieri, sostuvo que “el paro organizado por la cadena agroalimentaria no es oportuno ni por la metodología ni por la oportunidad”.11 La medida de fuerza, si bien no afectó el abastecimiento de alimentos en el país, sí llegó a paralizar las exportaciones de granos.

El sector, no volvería a registrar grandes conflictos hasta el año 2006, cuando se produjeron las peleas en torno a la industria cárnica, principalmente reclamando contra la intervención del gobierno en ese mercado, a través del establecimiento de pesos mínimos de faena, fijación de precios, y de los cupos de exportación. La primera medida en torno a este reclamo, se produjo en la localidad bonaerense de Saliquelló, el 27 de marzo, debido a la suspensión de las exportaciones de carnes impuestas por el gobierno. La medida, consistió en no comercializar hacienda ni granos. La segunda medida de aquel año, fue convocado por CRA el sábado 22 de julio, produciendo movilizaciones de productores en Córdoba, y más de 60 actos en Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y San Luis, y piquetes en el territorio bonaerense (Sartelli, 2008).12 La medida, rechazaba el cierre a las exportaciones cárnicas, aunque también se cuestionaba las restricciones a las exportaciones lácteas y al maíz, cuyo registro de exportadores había cerrado el 19 de noviembre del 2006, con 10,5 millones de toneladas a exportar, diez veces más que la misma fecha en el 2005.13 En paralelo al conflicto, el gobierno anunció un plan ganadero, que significaba el aporte de 857 millones de pesos entre el 2006 y el 2010, que fue apoyado por CONINAGRO, cuyo presidente, Fernando Gioino, declararía que es “un paso positivo” y que “Los aportes que hicimos se tuvieron en cuenta, aunque nosotros agregaríamos el plus por algunos kilos extras, los productores que alquilan los campos son más de 50 por ciento”.14 El tercer paro, fue el 3 de diciembre del 2006, y estuvo vinculado con el conflicto en torno a la industria de la carne. Los convocantes iniciales, fueron la Confederación Rural Argentina y la Federación Agraria Argentina, aunque sobre la fecha se sumaron también la Sociedad Rural Argentina. CONINAGRO, volvería a no adhirió a la medida, aunque dio libertad de acción a los afiliados de sus 750 cooperativas para que pudieran plegarse al paro si lo deseaban. Las entidades tenían reclamos comunes, como la acusación contra el gobierno de haberse quedado con más de 3.000 millones de dólares de sus ganancias en concepto de impuestos; el cuestionamiento de la fijación del precio del trigo por parte del gobierno, de 120 dólares la tonelada de trigo en el mercado interno cuando en el mercado mundial se pagaba 145 dólares; la suba del precio del ganado en pie; y la liberalización de las exportaciones de carne. A su vez, en las acciones de protesta que conformaron el conjunto de la medida, las entidades convocantes propusieron reclamos puntuales de cada una de las entidades. Por un lado, la Confederación Rural Argentina, reclamaba, junto a la Sociedad Rural Argentina, que el Gobierno implementara una política rural desregulada. Por el otro lado, la Federación Agraria Argentina, tenía como reclamo, la extranjerización de la tierra, políticas de sostén para pequeños y medianos productores, recreación de las Juntas Reguladoras, y una ley de arrendamiento (Azcuy Ameghino, 2007). En 2007, continuó el conflicto por las medidas del gobierno en relación al sector cárnico, con un paro provincial convocado por CARBAP, entre el 30 de abril y el 13 de mayo, que afectaba a las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Esta protesta tuvo una movilización inferior, ya que existieron diferencias hacia el interior de la propia CRA, como es caso de CARTEZ que agrupa a ganaderos de San Luis y Córdoba, y el propia Llambías, que querían limitar el paro a cinco días.

El año 2008significaría para el agro la unificación de las entidades en una unidad de comando, la Mesa de Enlace, donde se nuclearían las 4 entidades agrarias llevando adelante las acciones del plan de lucha contra el gobierno y la aplicación de la resolución 125. Esta resolución, se daba en el marco del despegue del precio de la soja que, según los datos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, había crecido, a comienzos del 2008, un 71.6% en relación al 2007 (de Montserrat Llairó y Palacio, 2016). A lo largo de los 129 días de conflicto, se produjeron 4 paros. El primero de ellos, se convocó el 11 de marzo, y se extendió hasta el 27 de marzo, cuando las entidades agrarias decidieron concurrir a una reunión con Cristina Kirchner, quien ofreció levantar la prohibición a la exportación de trigo, que el productor recibiera el precio pleno, la creación de una subsecretaría de desarrollo rural, y evaluar la situación de 4.500 deudores agropecuarios, a cambio de mantener las retenciones.

Luego de esta tregua, se produjeron tres paros más. El primero, el 7 de mayo que se extendería por 12 días, finalizando el 19 de mayo. El tercer paro, fue convocado el 27 de mayo y finalizó el 8 de junio. El último paro fue convocado el 15 de junio, a raíz de la detención de productores agropecuarios en Gualeguaychú el día anterior. Este paro, consistió solamente en la no comercialización de granos, aunque permitiendo la circulación de transporte público, privado, y de bienes perecederos.15 El paro se extendió hasta el miércoles 18. Además de los cuatro paros, se registrarían más de 1.000 medidas de acción directa, como piquetes, movilizaciones, y tractorazos y asambleas (Sartelli, 2008).

Cristina Kirchner envió el proyecto de las retenciones al Congreso para ser debatido.16 En la votación en Diputados celebrada el 5 de julio, el gobierno se impuso por 129 a 122 para la aprobación de la resolución, donde 15 votos del frente oficialista, el Frente Para la Victoria,fueron contrarios a la medida y 3 del partido De la Concertación. En el Senado, la votación aconteció el 17 de julio: 8 votos de senadores del FpV fueron contrarios a la medida y dos de partidos aliados, De la Concertación y el Frente Cívico de Santiago del Estero, generando un empate en 36 votos. La definición del vicepresidente Cobos y su voto “no positivo”, dejó fuera de escena a la resolución 125 de retenciones móviles.

Otro paro se produjo entre el 3 y el8 de octubre, reclamando que,contra las retencionesque se mantenían en el mismo nivel que a principio de año a pesar de que los precios habían caído, así como también la eliminación de los Registros Operación de Exportación, implementados por el gobierno como una forma de controlar el comercio exterior de cereales y carnes (Castro García, Comelli, y Palmisano, 2011). El cierre del paro, tuvo dos epicentros: el Congreso Nacional, y la localidad de San Pedro. En el primero, la entidad realizó, el miércoles 8 de octubre, un abrazo simbólico, junto a dirigentes de organizaciones sociales como Vilma Ripoll, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST); Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y militantes de Asambleas del Pueblo y Federación Tierra y Vivienda disidente.

La burguesía agraria había presentado, hasta el 2008, una situación de división, ya que no existieron medidas que contaran con el aval y participación del conjunto de las entidades. Si bien CONINAGRO no participó oficialmente en ninguna de las medidas, la SRA mantuvo una posición bastante oscilante, participando en dos, y sumándose al conflicto de la carne en el 2006. FAA, si bien mantuvo una posición un poco más cercana a gobierno nacional, participó en tres de los cinco paros (2003, 2006, y 2007), aunque debe marcarse que en muchos casos fueron las delegaciones regionales, principalmente Entre Ríos en torno a la figura de De Angelis, las que impusieron la participación de la entidad. En el caso de CRA y CARBAP, participaron en tres y dos paros respectivamente, siendo las organizaciones que mayor propensión a la acción directa demostraron, adquiriendo protagonismo en torno al conflicto de la carne, ya que son dos entidades que tiene un fuerte peso de representación productores ganaderos. De esta forma, lo que puede notarse, es que en los momentos anteriores al conflicto agrario por la resolución 125, la generación de una instancia de coordinación entre las entidades, como la Mesa de Enlace, fue una excepción y no la regla. En los casos en que existió una incipiente instancia de coordinación, como en la lucha contra la política ganadera del 2006 y el 2007, hubo divergencias en cuanto a la solución del reclamo, ya que mientras CRA y SRA intervinieron con una política liberal exigiendo el cese de toda intervención estatal, la FAA lo hizo exigiendo una intervención estatal en favor de las capas más débiles de la burguesía agraria.

¿Existió el “Grupo A?

3.1Los “agrodiputados”

Luego del año 2008, buscando aprovechar el respaldo que tenían los dirigentes del agro, los diferentes partidos políticos de la oposición, mostraron su predisposición a reclutar a algunos de los dirigentes agrarios como candidatos para las elecciones legislativas de aquel año. Con una importante participación de las entidades en las campañas electorales, que consistió en colocar fiscales, realizar encuestas, y establecer un bunker propio, las elecciones de junio del 2009 dejarían un grupo de diputados y una senadora, que formaban parte de las segundas y terceras líneas de SRA, FAA, y CRA, así como también algunos independientes (Castro García, Comelli, y Palmisano, 2011).

Los candidatos elegidos fueron: a) Ulises Forte, productor agrícola y ganadero de La Pampa, tenía una dilatada trayectoria política en la FAA y en la UCR. Dentro de la FAA, se desempeñó como presidente de la filial de Gral. Pico, accediendo a ser miembro del directorio nacional desde 1999 a 2009, siendo elegido Vicepresidente en 2005 junto a Eduardo Buzzi.17b) Pablo Orsolini, productor algodonero y ganadero en Villa Angela, Chaco, presidente de la filial de FAA de la localidad, llego a la vicepresidencia de la FAA en el 2000 de la mano de Buzzi, y fue representante de la FAA en la Comisión de productores familiares del Mercosur, COPROFAM, donde participan entidades de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. También, en el 2002, fue titular del RENATRE.18c) Ricardo Buryaile, productor agropecuario ganadero de la región norte del país, Formosa, de 2002 a 2009 se desempeñó en la acción gremial, siendo presidente de la sociedad Rural de Pilcomayo, presidente de CHAFOR (2000/2002) y (2004-2006) y vicepresidente Segundo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) (2007-2009).19d) Gumersindo Alonso, era un productor mixto agrícola-ganadera de Río Cuarto, se referenció con la filial de la SRA de aquella localidad, fue secretario de Agricultura con Menem, funcionario del gobierno de Manuel de la Sota, y fue electo diputado en 2003 por el Partido Nuevo (Luis Juez).20e) Estela Garnero, fue presidenta de la FAA de Río Cuarto, llegó a la Cámara apuntalada por Shciaretti, se desempañaba como productora agrícola, y poseía un tambo que alquilaba para que sea explotado por terceros.21f) Atilio Benedetti, productor agropecuario, fue intendente de Larroque, Entre Ríos, por el radicalismo entre 1995 y 1999.22g) Hilda Ré, ingeniera agrónoma, fue presidenta de la Sociedad Rural de Diamante, Entre Ríos, que integraba la SRA.23 h)Lucio Aspiazu, productor ganadero, es una ex presidente de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, entidad que se encuentra afiliada a CRA, por la que formó parte del Consejo Nacional de esta entidad.24 25 i) Jorge Chemes, productor tambero, en Nogoyá, Entre Ríos, en donde participó de la Sociedad Rural de esa localidad, afiliada a la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) que pertenece a CRA.26 j) Juan Casañas, productor tucumano, fue un productor autoconvocado en el 2008, no era orgánico de ninguna entidad, aunque se acercó a la FAA durante el conflicto, aunque rápidamente se acercaría al resto de las entidades.27k) Alfredo Olmedo, no estaba vinculado a ninguna entidad, pero es uno de los productores de soja más grande del país, con más de 100 mil hectáreas cosechadas por la empresa Olmedo Agropecuaria.28

Es decir, lo que puede observarse, es que los candidatos que fueron elegidos pertenecían, mayoritariamente, a regiones relativamente menos productivas en comparación con la pampa húmeda y, salvo la excepción de Olmedo, ninguno era gran productor sojero. Estos candidatos electos, principalmente los elegidos para la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, eran considerados los representantes del agro en la política, que iban a llevar adelante los diferentes reclamos del campo, funcionando como un bloque. Incluso, para alimentar esta idea de acción conjunta de los diputados, el 10 de diciembre del 2009 cuando asumían sus funciones, se realizó una presentación con un acto en el Rosedal de Palermo al que asistieron parte de la plana mayor de la Unión Industrial Argentina (UIA), como sus ejecutivos Juan Carlos Sacco, Daniel Funes de Rioja y Federico Nicholson junto con Luis Betnaza (de Techint), Alberto Alvarez Saavedra (Gador) y Miguel Acevedo (AGD). También estuvieron presentes miembros de AEA (Asociación Empresarial Argentina) y de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). El campo conseguía de esta forma, que una parte de sus dirigentes ingresaran al Congreso, a un año del 2008, que supo ser el de mayor relevancia en la historia reciente de la conflictividad rural.

3.2 La acción parlamentaria de las entidades agrarias

La llegada de los diputados con origen en las entidades agrarias, generó que en el mundo político y periodístico se hablase de la conformación de un bloque agrario opositor, de “agrodiputados”, que defenderían y llevarían adelante intereses del “campo”. 29De haber existido este bloque, a la hora de relevar y analizar los proyectos económicos presentados por cada una de las entidades, deberíamos encontrarnos con propuestas similares y complementarias. Analizaremos en las próximas líneas si a través del accionar parlamentario que llevaron adelante los diputados de cada una de las entidades, puede o no constatarse la existencia de un bloque agrario en el Congreso nacional. Para ello, comenzaremos observando los proyectos presentados por los diputados vinculados a la FAA, para luego establecer una comparación con los presentados por los diputados de la SRA y CRA.

Los primeros proyectos de los diputados de la FAA, fueron presentados por Pablo Orsolini en marzo del 2010, conla declaración de la emergencia agropecuaria debido a la sequía que había afectado el sudoeste bonaerense, la región agrícola de La Pampa, zona norte de Santa Fe, y a5 millones de hectáreas en Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, y Chaco, el proyecto insitió particularmente en la necesidad de una asistencia focalizada en los pequeños y medianos productores.30 De todas formas, al no contar con dictamen de comisión, el proyecto no logró ser discutido en reunión plenaria. Para la misma fecha, marzo del 2010, Orsolini presentó otro proyecto reclamando un subsidio para los productores de hasta 1.000 bovinos en la provincia de Chaco, aunque tampoco logró que su proyecto obtenga dictamen de comisión.31 El 7 de abril del 2010,con el apoyo de Elsa Álvarez, del radicalismo santacruceño, y Juan Tunessi, del radicalismo bonaerense, presentarían un proyecto de declaración por una demanda histórica de los últimos años de la FAA, a saber, el freno del desalojo y ejecuciones de pequeños productores y “campesinos”. El proyecto buscaba evitar un avance sobre estas unidades, a través de una regularización de dominio sobre tierras con “ocupación indígenas”, poseedores de tierra sin título fiscal, y poseedores de tierras fiscales.32 El proyecto, de todas formas, no saldría de la comisión. El 14 de abril, Orsolini y Forte, reclamarían la modificación en los contratos de arrendamiento, buscando implementar un sistema que beneficie a los pequeños productores arrendadores de tierra, aunque, como venía sucediendo, no consiguió dictamen de comisión para el proyecto.33 El 4 de mayo, Estela Garnero, apoyada por Eduardo Ibarra y Alberto Pérez, del Peronismo Federal de San Juan y San Luis respectivamente, propuso un sistema de compensación para los productores de hasta 450 toneladas de soja y girasol. La compensación, se establecería a partir de la diferencia surgida entre el precio FOB y el precio acordado en el momento de la transacción.34 Esta ley, si bien llegaría a sesión ordinaria, no fue tratada a pesar de contar con moción de preferencia.

El 12 de mayo, Orsolini y Forte propusieron reducir y segmentar las retenciones, proponiendo una del 33% para la soja, 20% para el trigo, 18% para el maíz, 15% para el girasol, y estableciendo compensaciones para los productores de menor escala.35 Este proyecto, entró en colisión con lo planteado por CRA y SRA, que impulsaban retenciones en 0% en todas las producciones, excepto la soja. Por este motivo, se dió un cruce entreCRA-SRA, y la FAA, con acusaciones de traición.36 Vale aclarar, que tanto Buzzi como De Angeli, habían impulsado una movilización a favor de las retenciones segmentadas en agosto del 20 1 0.37De todas formas, a pesar del movimiento que generó, el proyecto no llegó a reunión plenaria, por lo que sería reproducido en el 2012.

El 14 de julio del 2010, Orsolini y Forte, también reclamó la aplicación de compensaciones para los productores de la región extrapampeana, que se ubiquen a más de 300 kilómetros de su destino final.38 Respecto a este proyecto, declararían que “La política pública debe actuar fortaleciendo las oportunidades de las empresas más débiles, que son las que menos acceso tienen al financiamiento y a las escalas”. 39Al igual que sucedió con el proyecto anterior, no saldría de comisión, por lo que sería reproducido en el 2012.

El 7 de abril del 2011, los diputados de la FAA, junto a Casañas y Eduardo Kenny, del radicalismo pampeano, reclamaron al Poder Ejecutivo que tome medidas, sin especificar cuáles, para preservar la vialidad y el desarrollo de pequeños y medianos productores de carne porcina,que se veían obligados a disminuir a sus precios debido a la importación de este tipo de carnes desde Brasil, aunque, como sucedió con el resto, no llegó a reunión plenaria.40

El 4 de marzo del 2013, Orsolini presentó un proyecto de declaración para expresar preocupación por la situación de los productores lácteos, cuestionando la política llevada adelante por el gobierno, principalmente por el establecimiento de precios, pero tampoco llegó a reunión plenaria.41 Acto seguido, encontramos dos proyectos referidos a la cuestión de la cuota de carnes de alta calidad, denominada Cuota Hilton, el primero de ellos presentados por Orsolini el 12 de junio del 2013, y el segundo presentados por Forte, el 8 de agosto del 2013, donde sostendrían que el gobierno debía dar a conocer los motivos por los cuales no se había cumplido con los embarques correspondientes a la cuota 2012-2013, hecho que estaba sucediendo por quinta vez consecutiva. Ninguno de los dos proyectos llegaría a la reunión plenaria.42

Finalmente, el 24 de septiembre del 2013, junto a la diputada de la CC-ARI de Chaco, Alicia Terada, Orsolini solicitó que no se les cobrase impuestos nacionales, durante el término de un año, a productores agropecuarios chaqueños.43 De todas formas, este proyecto tampoco saldría de la Comisión de Agricultura. Puede notarse, que la política que buscaron implementar los diputados ligados a la FAA, persiguió una política diferenciada por parte del gobierno, entre los grandes y chicos, exigiendo protección para estos últimos, es decir, un programa que no proponía la liberalización del comercio agrario, sino que sugería la intervención estatal en favor de una fracción determinada de la burguesía agraria.

En el caso de los diputados de CRA, se observa la presentación de una serie de proyectos que eran contrarios a la posición que había tenido la FAA respecto a la política agraria. El primer proyecto que encontramos, presentado en febrero del 2010, por Buryaile y los diputados radicales Jorge Álvarez, por Santa Fe, Miguel Giubergia, por Jujuy, y Hugo Castañón, por Río Negro, buscaba modificar el impuesto a las Ganancias, para que el tributo no sea pagado por las sociedades en su conjunto, sino por cada uno de sus participantes de manera individual. El objetivo del proyecto, según los propios autores, era incentivar la asociación entre productores, para evitar el minifundio, a partir de una mejora en la distribución de la carga fiscal.44 Es decir, buscaba limitar la creación de pequeños productores, impulsando la creación de una capa media. De todas formas, al igual que sucedió con los proyectos de la FAA, este proyecto no llegó a reunión plenaria.

El segundo proyecto que encontramos, se presentó el 21 de abril del 2010, y estuvo firmado porBuryaile, Olmedo, Aspizau, Casañas, Chemes, Sergio Pansa, por el Peronismo Federal de San Luis, Gladys Gonzáles, por PRO bonaerense, Jose Arbo, por el Partido Liberal de Corrientes, Oscar Aguada, por la UCR de Córdoba, y Raúl Rivara, por el Peronismo Federal de Buenos Aires. Este proyecto fueuno de los que mayor conflictividad generó entre los diputados de esta entidad, y los diputados de la FAA, ya que CRA proponía modificar la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), por una Oficina Nacional de Control y Estadística Comercial Agropecuaria (ONECCA), que limitaba sus atribuciones a la fiscalización y control de la comercialización de la cadena agroalimentaria, evitando “cualquier distorsión en la libre concurrencia de los operadores de la industria”.45 Este proyecto, llegó a reunión plenaria, aunque no fue tratado.

El tercer proyecto, fue presentado el 30 de abril del 2013, por Chemes y Aspiazu, que impulsaron una modificación del sistema de arrendamiento, buscando derogar la ley 13.246, para ser reemplazada por una nueva ley que, según los diputados, mejoraba “la vieja relación en la que el patrimonio del propietario le daba mayor poder de negociación frente al arrendatario, ha cambiado y por lo tanto, al menos en ese sentido o por esa razón, ya no se justifica proteger a una de las partes (a ninguna de ellas) sino que se debe buscar una relación jurídica más flexible para que las partes puedan discutir y acordar condiciones particulares complementarias y equilibradas, con el objetivo de seguir permitiendo el acceso a la producción en suelos ajenos”.46Este proyecto, tampoco llegaría a ser tratado en la reunión plenaria.

El cuarto proyecto, presentado el 16 de julio, firmado por Casañas, Arbo, Buryaile, Aspiazu, Chemes, Kenny, y Gustavo Ferrari, del Peronismo Federal de Buenos Aires, y proponía eliminar todas las retenciones, excepto para la soja, que establecía un criterio de reducción escalonada de 7 años, y para la carne, que proponía 3 años, sentenciando que solo el Congreso podía ser el que fijaba las mismas.47 Este proyecto, como veremos, sería duramente cuestionado por la FAA. Tampoco llegó a reunión plenaria, por lo que el proyecto sería reproducido en 2012 y 2014.A pesar de tener una posición proclive a liberalización del comercio agrario, CRA impulsaría algunas políticas que apuntaban a establecer protección a las producciones extrapampeanas. El 15 de abril del 2014, los diputados Buryaile, Daniel Kroneberger y Francisco Torroba, de la UCR de La Pampa, Héctor Gutiérrez, de la UCR de Buenos Aires, y Juan Casañas, presentaron dos proyectos: uno reclamando la eliminación de las retenciones al trigo, al maíz y sus derivados,48 y el otro fijando retenciones a la soja en 30%, 27% para sus subproductos, 20% para los biocombustibles, con un sistema de compensación de las primeras 300 toneladas de soja.49Ninguno de los dos proyectos salió de la comisión.

En relación a la producción láctea y ganadera, los diputados de CRA adoptaron una posición más proclive a la intervención y la ayuda estatal. Respecto a la ganadería, en abril del 2013, Buryaile reclamó asistencia económica no reintegrable para productores con bovinos con hembras de entre 300 y 500 cabezas, y de entre 500 y 1.000 en la región Patagónica, y un plan de privilegios fiscales, aunque no obtuvo el despacho de comisión.50 En relación a los lácteos, el 12 de septiembre del 2013, Chemes, presentó un proyecto de “protección” del tambero frente al “oligopolio” de las usinas. Buscaba así formalizar la compra de la leche por parte de las usinas a través de un contrato donde se fijara claramente el precio, fecha de pago, etc. En la fundamentación del proyecto, el autor sostuvo que “El rol del Estado en mercados con semejantes conformaciones tiene que balancear poderes. Queremos un Estado activo. Queremos un Estado que equilibre el poder del oligopolio”.51De todas maneras, en este caso, el proyecto tampoco salió de la comisión.

Vale aclarar que, en conjunto, CRA y FAA presentaron tres proyectos buscando proteger a capitales menos concentrados. El primero de ellos, lo presentaron, el 6 de octubre del 2011, Buryaile, Orsolini y Forte, junto a Martínez de la UCR de La Rioja, y Lanceta, de la UCR Buenos Aires, reclamando créditos al sector agropecuario, con tasas por debajo al promedio de los 6 principales bancos, orientada a pequeños y medianos productores del agro y de la agroindustria.52 El segundo, sería presentado en abril del 2012, por Orsolini, Forte, Buryaile, junto a Agustin Portela y Rodolfo Fernández, de la UCR de Corrientes, Alicia Terada de la CC de Chaco, Mario Fiad, de la UCR de Jujuy, Víctor Maldonado, de la UCR de Chaco, y Bernardo Bella, de UDESO de Salta, en el que reclamarían una eliminación momentánea, entre 2011 y 2014, de las retenciones a la soja, el maíz, el sorgo, el girasol, y el trigo, para productores de hasta 600 toneladas de soja o girasol, 900 de trigo, 1.200 de maíz, y 1.000 de otras producciones, las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y NOA, compuesta por Salta Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, y el norte de Santa Fe y Córdoba, afectadas por la sequía.53 El tercero, fue presentado el 16 de octubre del 2013, por Forte, Orsolini, Chemes, y Barchetta, del socialismo santafesino y miembro de la FAA electo en 2011, junto a diputados radicales como Storani, de Buenos Aires, Enrique Vaquie, de Mendoza, Daniel Kroneberger, de La Pampa, Víctor Maldonado, de Chaco, y Elsa Álvarez y Eduardo Costa, de Santa Cruz, donde propusieron un “Programa de Reinserción Productiva de Pequeños y Medianos Productores” en tierras sub-explotadas y/u ociosas, para productores que hayan tenido que abandonar sus tierras en los últimos 10 años.54

Al igual que sucedió con los proyectos antes mencionados, ninguno de los 3logró salir de las comisiones. Puede advertirse que CRA tuvo una posición osciló entre una liberalización del comercio agrario de cereales y oleaginosas, y el establecimiento de protección para productores menos competitivos. Aunque sí tuvo una posición intervencionista en el caso de la producción láctea y ganadera, es decir, en dos producciones que se encuentran con dificultades desde hace años por su pérdida de competitividad en el comercio mundial.55

En el caso de la SRA, se observa una posición que se distanció mucho más de lo que había propuesto la FAA. El 8 de junio del 2010, la diputada Hilma Re,buscó, junto a Susana García yElisa Carrió, diputadas de la CC, que se eliminen los derechos de exportación para las producciones primarias y sus derivados, con la excepción de la soja para la cual se mantenía una retención del 25%, sosteniendo que la fijación de las retenciones son potestad del Congreso Nacional y no del Poder Ejecutivo, porque “los derechos sobre las exportaciones son, esencialmente, un impuesto transitorio y de emergencia. Son asimismo un impuesto distorsivo, que desalienta la producción, y que al aplicarse sobre las ventas brutas no tiene en cuenta los márgenes reales de ganancia y rentabilidad de cada productor. Creemos importante dejar sentado esto ya que, más allá que esta norma esté regulando justamente dichos derechos, pensamos que en un esquema tributario de largo plazo debe contemplarse la eliminación definitiva de dichos derechos, y avanzar en la mejora y ampliación de otros impuestos, como el caso del Impuesto a las Ganancias, que son mucho más justos y progresivos”. Es decir, apuntaba entonces a eliminar la mayoría de las retenciones de la producción agropecuaria, impulsando un programa que favorecía a los capitales agrarios de mayor tamaño. Proponía, en cambio, que la recaudación del Estado parta de “impuestos progresivos a la renta y al patrimonio no productivo”, y de “la renta financiera, o a las grandes herencias”.56A pesar de contar con el apoyo de Carrió, el proyecto no logró salir de las comisiones.

Los restantes proyectos, fueron presentados por Gumersindo Alonso, y apuntaban, en la mayoría de los casos, a eliminar las retenciones a la exportación. El primero de ellos, se presentó el 17 de junio del 2010, junto a Ernesto Martínez del Frente Cívico de Córdoba, proponían eliminar las retenciones de las producciones agrícolas, sosteniendo que las retenciones deberían eliminarse en el mediano plazo, comenzando por los productos regionales.57De todos modos, no superó de las comisiones. El segundo, que tuvo igual suerte, fue propuesto junto a Ernesto Martínez el 13 de julio del 2010, apuntando a la eliminación de las retenciones al trigo, el maíz, el sorgo, el girasol, y los respectivos subproductos, con un cronograma de eliminación de las retenciones a la soja de 5 años en que llegara a 0%.58 El tercero, se presentó el 4 de agosto del 2010, y tampoco tuvo buen destino las comisiones. Se proponía eliminar las retenciones a la exportación de carnes porcinas, ovinas, caprinas, aves, caballo, bovinas procesada, tocinos, grasas, carnes saladas y ahumadas, apoyado, además de Ernesto Martínez, por Susana Mazzarella, también del Frente Cívico cordobés. Además de la eliminación de las retenciones, sostenía que debía implementarse un plan ganadero, para evitar la liquidación de hembras.59 Finalmente, el 4 de noviembre del 2013, también junto a Mazzarella y Martínez, presentó un nuevo proyecto, esta vez elaborando un cronograma de eliminación de retenciones entre el 2013 y el 2017, aunque tampoco consiguió salir de las comisiones.60 Como notamos, la SRA, sí tuvo una posición de liberalización del comercio agrario en su totalidad, incluyendo a las producciones regionales, aunque, al igual que sucedió con CRA, para el caso de la ganadería, proponía la eliminación de las retenciones y la aplicación de un Plan Ganadero de asistencia al sector. En ese sentido, mantenía un programa liberal para la producción más competitiva del campo, mientras que tenía posiciones más proteccionistas frente a las producciones que presentan mayores dificultades.

En consecuencia, en términos de la política agraria que los diputados electos en 2009 buscaron impulsar, no se constata la existencia de un bloque de “agrodiputados” homogéneos susceptible de ser considerado “Grupo A”, ya que muchas de las propuestas presentadas fueron contradictorias entre sí. Al mismo tiempo, mientras un sector, los diputados de la FAA, tuvieron una política de favorecer a los capitales menos concentrados del agro, como también a las producciones extrapampeanas, la SRA, impulsó una política que se orientaba a favorecer a los capitales agrarios más concentrados, coincidiendo más con el liberalismo, aunque tenía sus reservas con el sector ganadero. CRA, tuvo oscilaciones, sobre todo, en torno a las producciones regionales, los lácteos y la ganadería. Por último, sobre la “fuerza” política de este “grupo”, debe señalarse que, de un relevamiento de 29 proyectos presentados, solo uno logró salir de las comisiones de Agricultura y de la de Presupuesto, pero no fue tratado en el recinto en la sesión correspondiente. Es decir, en el plano parlamentario, se advierte ante una manifiesta incapacidad de ambos programas por imponer sus condiciones a través del Congreso. Puede argumentarse que esa debilidad solo se manifestaba en el recinto parlamentario, pero en caso de tener una fortaleza mayor fuera de él, alguna de las dos propuestas (o ambas), podría haber presionado, no ya la aprobación, sino tan solo el tratamiento de algún proyecto.

3.3 El fuego cruzado afuera del Congreso

Las diferencias entre las entidades no solo se dieron dentro del recinto parlamentario, sino que también en las declaraciones públicas. A fines del año 2009, aparecieron fuertes cruces entre las corporaciones, siendo el principal eje la política de intervención estatal diferenciada que buscaba impulsar la FAA, frente a una política que beneficiara más los sectores concentrados de los productores primarios, que impulsaban CRA y SRA, y la política de mayor cercanía con el gobierno que promovían las cooperativas de CONINAGRO.

Uno de esos choques se daría por la entrega por parte del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, de 5 millones de pesos a productores del sudoeste bonaerense afectados por la sequía del 2009, luego de una reunión entre el ministro y Buzzi, en la localidad de Stroeder, en zona de influencia de CARBAP. La ayuda llegó dos meses después de que el gobierno anunciara la devolución del 100% de las retenciones al trigo y maíz para productores de 800 toneladas y 1.200, respectivamente.61 Por este motivo, se daría un cruce entre Llambías y Buzzi, sosteniendo que no confiaban mutuamente en el otro.

Luego de algunos entredichos menores, como en relación a los actos por el bicentenario que realizó el campo y a los que Buzzi no asistió(y criticó, debido a la poca asistencia), se daría un entredicho entre el dirigente de FAA y CRA, principalmente, en tornoa la política que debía llevar adelante los representantes del agro en el Congreso. Como vimos en el apartado anterior, Buryaile intentó realizar una modificación de la ONCAA,62que limitaba el poder de la misma convirtiéndola en una oficina de estadísticas. Buzzi, por su parte, sostenía que debía realizarse una modificación en la ONCAA, aunque la misma debería ser para que existiera un instrumento que dé equidad a la comercialización. Además, volvió a pedir por la rebaja de las retenciones para los pequeños y medianos productores. También, comenzaba a poner en cuestión la continuidad de la Mesa de Enlace, declarando que “la mesa de enlace sigue unida por ahora, depende de que haya consensos sobre instrumentos comerciales para los pequeños productores y de que ningún sector vaya sesgando la representación hacia los sectores liberales”.63 Anticipándose a estas declaraciones, CARBAP se había posicionado a favor de Buryaile y en contra de Buzzi, titulando que “El proyecto de Buryaile es el proyecto del campo”. El comunicado, funcionó como respuesta a una carta enviada por Buzzi a los diputados nacionales, donde señalaba el rechazo de la entidad al proyecto presentado por Buryaile para modificar el ONCAA.64

El otro punto de conflicto estuvo ligado a retenciones diferenciadas. Como observamos en relación a los proyectos presentados por las entidades en el Congreso Nacional, FAA defendía una posición que apuntaba a la segmentación de las retenciones, mientras SRA y CRA reclamaban una eliminación total de las retenciones, con algunas excepciones para el caso de la soja. Una aplicación de retenciones diferenciadas, permitiría contener la renta dentro de la fracción más pequeña de la burguesía agraria, mejorando su competitividad frente al resto de la burguesía. Se trata entonces, de una fracción que reclamaba protección por parte del Estado. Como motivo de la contraposición de estos proyectos, Buzzi salió al cruce declarando que

“Están tratando de poner el proyecto de ellos y el proyecto de ellos no establece claramente la segmentación. Si Buryaile no toma el proyecto de segmentación que hemos pedido, que presentaron montones de diputados, vamos a hacer declaraciones de un fuerte repudio (...)En tanto la mesa de enlace no apoye contundentemente la segmentación, no tenga ninguna duda de que hay quiebre de la mesa de enlace”.65

Este distanciamiento entre la FAA y el resto de las entidades, quedaría marcado con el tractorazo realizado en Rufino, Santa Fe, a comienzos del 2011. En su discurso, el presidente de la FAA, atacó al gobierno al decir que estaban ahí para “denunciar la responsabilidad de un gobierno que viene permitiendo desde hace cinco años una fenomenal transferencia de recursos de los productores trigueros más chicos hacia la billetera de unas pocas empresas multinacionales”. De todas formas, marcaría distancia con el resto de las entidades agraria, argumentando del siguiente modo:

“No nos vamos a inclinar al altar del liberalismo económico, para que el mercado se arregle solo. Se deben abrir las exportaciones para mejorar el precio al productor triguero, pero también hacen falta son políticas de fondo, que garanticen la viabilidad de los miles de pequeños y medianos productores. Debe haber una segmentación de las retenciones y hay que crear un organismo público-privado que transparente el comercio de granos, en reemplazo de la Oncca. En síntesis, como hemos dicho siempre, el Estado debe intervenir, pero de manera virtuosa, y no como hasta ahora, que lo único que hizo fue garantizar la concentración y las ganancias de unos pocos”.66

El segundo hecho del año 2011, que marcaría el avance de la tensión de la Mesa de Enlace, se daría por las gestiones realizadas por parte del gobierno, a través de Julián Domínguez, para que la industria molinera compre 500 mil toneladas de trigo a precio pleno a una cooperativa, Agricultores Federados Argentinos (AFA), vinculada con la FAA. AFA, había sido creada en 1932 por agricultores vinculados a la FAA, y estaba conformada por 36.000 productores, 1.600 empleados, y presencia en 130 localidades de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos,Santiago del Estero, Chaco, Salta, Tucumán, y San Luis. Con una capacidad de almacenamiento de hasta 3 millones de toneladas, AFA era una las cooperativas más grandes de

América Latina.67 La SRA, pediría a la a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y a la Bolsa de Comercio de Rosario, investigar la compra, por poner en riesgo la libre competencia. CARBAP, por su parte, emitiría un comunicado, declarando su rechazo.68 Al verse implicada, la propia FAIM salió a defender la medida, a través de su presidente, Alberto España, quien dijo que con esta medida se beneficiaba al pequeño productor que conseguía vender su producción a precio internacional, es decir, sin retenciones.69 Esta situación, iría generando un abroquelamiento entre FAA y CONINAGRO, con esta última minimizando la situación con la cooperativa AFA, y cuestionando que la Mesa de Enlace se había quedado en la protesta y sin propuesta. Un mes después de este affaire, tanto Buzzi como Garetto, salieron a cuestionar el rol de la SRA y CRA en la última dictadura.70

Las últimas medidas que generaron discordia en la Mesa de Enlace, serían, por un lado, el anuncio realizado por Kiciloff, nombrado como ministro de Economía, luego de reunirse con la FAA, en 2015, donde el gobierno limitaba el ingreso al registro de operaciones de exportación (ROE) a aquellas corporaciones que mejoren el precio que pagaban a los pequeños productores de trigo, así como también anunciaba un sistema de crédito para aquellos que no acopien más de 60 toneladas de soja, medida cuestionada por CRA que exigía la eliminación de los ROE.71 También, el gobierno anunciaría, junto a la dirigencia de la FAA, un plan de estímulo para productores de hasta 1.600 toneladas de girasol, trigo, o maíz, y hasta 1.000 toneladas de soja,72 y subsidios para productores lecheros de hasta 6.000 litros.73 Como parte de este proceso de ruptura con la Mesa de Enlace, en 2015 se protagonizarían 2 paros agrarios, uno en marzo y otro en agosto, sin la participación de la FAA que se dio su propio plan de protestas.74 A modo de cierre de aquel año, los nuevos dirigentes de CRA, como Pedro Apaolaza, vicepresidente de CRA, y Atilio Carignano, de la SRA de Jesús María, sostendrían que había llegado el fin de ciclo de la Mesa de Enlace. Dejarían también una frase que resume bien el proceso en el que se encontraban: “debemos enterrar el kirchnerismo y con él también a la mesa de enlace, y de esta manera reflotaremos a las entidades”.75

Visto de esta forma, puede verse que las diferencias que se dieron en el accionar parlamentario no se debió a una ausencia de coordinación o diferencias de filiación partidaria, así como las declaraciones cruzadas que se dieron afuera del Congreso, no fueron mediáticas ni de egos personales. Se trataba de una disputa real entre las entidades a partir de la existencia de al menos dos programas diferentes, uno más proteccionista y otro liberal, producto de las diferentes fracciones que se reproducen en el agro. En ese sentido, lo que se ve luego del 2008, es la reaparición de las diferencias internas, lo que dificulta hablar de un sector denominado “el campo” como un todo homogéneo. Por otra parte, también debe señalarse que, si bien el accionar institucional vía Parlamento resultó mayoritariamente infructuoso para ambos programas, en las negociaciones directas con el Poder Ejecutivo, fue la pequeña burguesía la queconsiguió respuestas parciales a sus demandas con posterioridad al 2008.

Los partidos políticos y los intereses agrarios

Veamos ahora sí, más allá del llamado “Grupo A” (que vimos que no existió), podemos ligar las propuestas de la burguesía agraria con algún partido en particular. La bibliografía académica, arribó a un cierto consenso para señalar que a partir del conflicto por la Resolución 125, se gestó una oposición de carácter oligárquica, neoliberal, y conservadora.76 Este frente es el que habría logrado imponerse en el 2009, conformando el “Grupo A” entre diputados de la UCR, el PRO, la CC, y el peronismo disidente.77A partir de ello, nos proponemos observar la relación que existió entre el conjunto de los partidos políticos de la oposición y las organizaciones que representan a los diferentes sectores agrarios, haciendo foco en determinar la existencia o no de la representación de intereses oligárquicos y neoliberales.

Si tomamos el caso de la UCR, lo que podemos observar es que, mayormente, en el período analizado, se expresaron fragmentos de ambos programas en torno al comercio agrario. Así, el primer proyecto que encontramos, en junio del 2010, es el presentado por los diputados Álvarez y Barbieri, por Santa Fe y Buenos Aires, que propusieron eliminar las retenciones, excepto para la soja, para la que proponían un tope de retención del 33%, segmentado de acuerdo al débito fiscal acumulado, donde los que menos débito acumulen tendrán una alícuota del 0%.78 El proyecto, no salió de las comisiones.

Dentro deun esquema orientado a la liberalización del comercio agrario, se aprecia el pedido del diputado riojano Martínez, en julio del 2010, para eliminar las retenciones y establecer una reducción escalonada de los montos de las alícuotas a la soja hasta su total eliminación para el año 2016 y una devolución de los porcentajes de los productores de hasta 500 toneladas durante ese tiempo.79El proyecto, tampoco logró trascender de las comisiones. En 2013, este mismo diputado, junto a su par también riojana, Brizuela y Doria de Cara, reclamaron eliminar las retenciones al trigo y un crédito subsidiado a través del Banco Nación. El proyecto no consiguió salir de las comisiones.80

La eliminación de las retenciones y un escalonamiento para la soja, también fue reclamado por los diputados pampeanos Kronenberger, Torroba, y Olívares., a mediados del 2014, aunque tampoco logró que su proyecto salga de las comisiones.81 Si bien, el radicalismo asumió una posición híbrida entre los dos programas que hemos reseñado, también tuvo propuestas vinculadas directamente con el programa proteccionista, como en 2014, cuando los diputados del Chaco, Tejedor y Maldonado, de Jujuy, Giubergia, y de La Rioja, Martínez, reclamaron la reducción y segmentación de las retenciones, a través de un sistema de compensaciones, y su fijación por el Congreso Nacional.82 Como sucedió mayoritariamente, el proyecto no salió de las comisiones.

En cuanto al PRO, podemos observar, por un lado, una política que apuntaba a liberar el comercio agrario, con la excepción de la soja a la que establecían una retención del 25%, beneficiando a los productores más eficientes del agro. Ello se constata, en los proyectos presentados en 2010 por Gribaudo y Gladys González.83 De todas formas, el proyecto presentado por Gladys González, realizaría una salvedad en relación con una reducción del 20% en las retenciones a la soja para los pequeños productores. Ninguno de los dos proyectos logró salir airoso de las comisiones. Dentro de este tipo de política, en 2014, también encontramos los pedidos de eliminación de las retenciones al girasol y al maíz, indistintamente de la escala de producción, aunque tampoco llegó al reciento.84 Al igual que sucedió con la UCR, Federico Pinedo, uno de los dirigentes de peso dentro del partido PRO, reproduciría 4 veces un proyecto presentado en el 2008, sin que el mismo corriera mejor suerte en las comisiones. Este proyecto, proponía retrotraer las retenciones al año 2007, y la creación de un Fondo de Equilibrio Federal, que distribuya el 34% de lo recaudado por retenciones, es decir, reducción y coparticipación de las retenciones.85

Si observamos los otros agrupamientos opositores, nos encontramos con que la Coalición Cívica, en 2014, a través de Elisa Carrió y Fernando Sánchez, por CABA, y Pablo Javkin, por Santa Fe, iban a proponer que el parlamento recupere la capacidad de fijar los montos de retenciones y buscando estipular una política de retenciones que eliminara al conjunto de las mismas, aunque mantenía solamente las retenciones a la soja en 25%.86El proyecto, tampoco logró arribar al recinto parlamentario.

Por su parte, el peronismo disidente, que surgió con varios dirigentes que fueron rompiendo con el FpV, presentaron dos proyectos en mayo del 2010: uno impulsado por Obeid, junto a otros diputados del peronismo santafecino, donde proponían la eliminación de las retenciones al trigo, sorgo, maíz, y girasol, sin suerte en las comisiones.87 El segundo, fue impulsado por diputados de La Pampa, Misiones, Mendoza, Buenos Aires, Salta, San Luis, y Río Negro, reclamando la eliminación de las retenciones a los lácteos, el trigo, el maíz, el sorgo, y el girasol.88 Este último, si bien logró trascender las comisiones, no fue debatido en reunión plenaria, a pesar de contar con moción de preferencia solicitada por el diputado Felipe Solá.

En 2013, el Frente Renovador, solicitó la reducción y suspensión de varios aranceles de las retenciones, entre ellos, la eliminación al trigo, mientras que mantenía en los mismos niveles que el gobierno nacional, las retenciones al girasol y la soja, aunque no conseguiría superar las

comisiones.89

Finalmente, el partido Unión por Córdoba, de Schiaretti, presentarían una serie de proyectos que exigían una defensa de la producción del maíz y el trigo en particular, a partir de percibir una política fiscal discriminada, aunque ninguno logró superar las comisiones.90

En relación a estos 4 partidos, durante el período analizado, podemos ver que, mientras la Coalición Cívica y el peronismo disidente tuvieron un programa que se inclinó hacia una posición más liberal, tanto el Frente Renovador como el partido Acción por Córdoba, detentaron una posiciónproclive a la defensa de las producciones menos competitivas, como el trigo y el maíz, frente a las producciones más competitivas, como la soja.

Por último, los partidos alineados con el oficialismo muestran mayor énfasis en la solución proteccionista, si bien no encontramos en el Frente para la Victoria un bloque homogéneo en contra o a favor de la burguesía agraria como un bloque unificado.

Así, en el año 2009, dentro del bloque FpV-PJ, el diputado cordobés Heredia, propondría establecer retenciones de 20% para trigo, girasol, y maíz, y 28% para la soja, con una compensación de 3 puntos para los productores que hubiesen producido hasta 2 mil toneladas.91Dentro de esta estrategia, debemos incluir también el proyecto presentado en 2009 por los diputados Cantero (Córdoba), Morante (Chaco), Solanas (Entre Ríos), y Canela (Salta), que proponía compensaciones para productores de hasta 1.500 toneladas y de regiones que se ubiquen hasta 750 kilómetros del puerto de embarque.92 En la misma sintonía, apuntaba el proyecto del diputado salteño Vilariño, presentado en 2012, que proponía compensación a los productores de distancias mayores a 500 kilómetros.93 En relación al bloque FpV-Bloquismo, en el 2013, la diputada sanjuanina Caselles, iba a proponer la creación de un Fondo Federal para créditos productivos con destinos a pequeños y medianos productores agropecuarios.94 De todas formas, a pesar de la existencia de un fuerte peso del programa reformista, dentro del oficialismo también observamos variantes que pueden ser vinculadas con el programa más liberal.Es el caso del proyecto presentado en 2009, por los diputados por Entre Ríos, Cremer de Busti, Zavallo, y Petit, se propuso reducir las retenciones a 20% para el trigo, el maíz y el sorgo, y 30% para la soja y el girasol, y una compensación para los productores de hasta 2.000 toneladas.95 A pesar de provenir del propio oficialismo, ninguno de los cinco proyectos logró superar la instancia de las comisiones.

En suma, en relación a los partidos, hemos relevado un total de 23 proyectos. Ninguno pudo aprobado, mientras que solo el proyecto del Peronismo Federal que refería a la eliminación de lácteos y cereales, pudo arribar a la sesión en la Cámara, aunque no fue tratado, a pesar de contar con moción de preferencia.

Conclusión

A lo largo del artículo, hemos reconstruido el trámite parlamentario de una serie de proyectos vinculados con la apropiación de renta, permitiéndonos elaborar una serie de aseveraciones: en primer lugar, no es cierto que se haya consolidado un bloque de agrodiputados (el denominado “Grupo A”), ya que no existió una acción conjunta de los diputados de las diferentes entidades agrarias. Como apuntamos, impulsaron una política distinta y hasta contradictoria en el Congreso de la Nación, respondiendo a los intereses particulares de cada una de las fracciones de la burguesía agraria. Así, la FAA llevó adelante un programa de protección de los pequeños capitales agrarios, defendiendo la segmentación e intervención del Estado a favor de esta fracción particular. Las SRA, por su parte, orientó su política con un rumbo más liberal, aunque como apuntamos, en relación a la ganadería y la industria láctea, tuvo propuestas más proteccionistas. La CRA, por su parte, tuvo un movimiento pendular entre ambos programas.

En segundo lugar, a partir de las fuentes aquí utilizadas, tampoco puede afirmarse la tesis de la existencia de una hegemonía de la visión liberal hacia el interior de la alianza agraria, ya que se desarrolló una disputa, tanto dentro como fuera del Parlamento, entre ambos programas, concluyendo en la ruptura de la Mesa de Enlace conformada en el 2008.

En tercer lugar, no existió un “partido del campo”, ya que tanto los partidos opositores como del oficialismo, propusieron proyectos que se emparentaban con alguno de los programas del agro. Por otra parte, en términos de política agropecuaria, puede notarse que los partidos del supuesto “Grupo A”, tampoco tuvieron una posición unificada ya que, principalmente la UCR, osciló entre propuestas reformistas y otras más liberales, y también elementos de la Coalición Cívica y el peronismo disidente apoyaron propuestas de ambos programas. De esta forma, no hubo una estructuración de la oposición en torno a una supuesta política liberal del agro.

En cuarto lugar, debe señalarse que la alianza que el agro constituye es, por un lado, defensiva, y por el otro, conformada a partir de un elemento exógeno.96 La alianza agraria se produce como reacción de la burguesía rural a la avanzada del Estado sobre la renta diferencial, como es el caso de la Resolución 125 en el año 2008. Este fenómeno no es una novedad, ya que el agro también se unificó en defensa de la renta diferencial en 1970 y 1975, constituyendo el antecedente de la Mesa de Enlace.97 Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, para enfrentar las huelgas de peones en 1923 u oponerse al “Estatuto del Peón Rural” en los 40.98 Es decir, es una alianza que surge para defenderse de un ataque externo, generalmente vinculado al Estado apareciendo como “gran terrateniente” que avanza sobre la renta diferencial del conjunto de la burguesía rural. Este es el elemento aglutinante del conjunto de la burguesía agraria, constituyendo una alianza de características defensivas. Por eso, cuando se le presenta la oportunidad de avanzar contra el gobierno kirchnerista, la alianza rural comienza a resquebrajarse, dando como resultado la recomposición del kirchnerismo en el 2011. La burguesía agraria de menor tamaño, nucleada principalmente en FAA, aparece como el elemento más oscilante producto de su situación estructural. Frente a los avances del gobierno sobre la renta de la tierra, es la primera que se moviliza, aunque también es la más permeable a desmovilizarse cuando obtiene beneficios o gestos

del gobierno.99

En quinto lugar, lo que se puede observar en base a los datos mostrados, es la existencia de una debilidad política de burguesía agropecuaria. La estructura económica argentina requiere de la renta diferencial como forma de compensar su falta de productividad a escala internacional. Las dificultades de la burguesía argentina para salir del mercado interno y competir en el mercado mundial, es el producto de la brecha productiva entre la Argentina y la economía de los países vectores a nivel mundial. La renta diferencial, aparece así como un elemento compensador de esta situación, permitiendo generar una batería de medidas impositivas, crediticias, de subsidios, que garantiza la existencia de una burguesía industrial que en mayor o menor medida, directa o indirectamente, se beneficia de la compensación generalizada que significa la apropiación y distribución de renta diferencial.100 En ese sentido, el programa de la burguesía agropecuaria en cualquiera de sus fracciones, o sea limitar la capacidad de apropiación y distribución de renta por parte de otras fracciones sociales, implicaría un ajuste, con despidos en el empleo público, quiebre de empresas industriales, eliminación o reducción de programas de contención social. Así, el programa de la burguesía agropecuaria es sumamente impopular y no puede aplicarse sin grandes dosis de represión o desatando una crisis política. La burguesía industrial, en cambio, al encontrarse más concentrada y centralizada que el agro, y al tener en la clase obrera la posibilidad de establecer una alianza, posee una capacidad mayor de presión y de imponer sus intereses en el gobierno que la burguesía agraria. Este proceso tiene raíces históricas, si bien se ha planteado el peso del sector agrario en la gestión estatal entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX,101 la burguesía agraria presenta dificultades para tener injerencia en las principales decisiones políticas, por lo menos a partir de 1946. De allí en más, como señalan trabajos recientes, fue expropiada en cuotas importantes de renta diferencial aún con gobiernos que suelen ser asimilados como representantes de los intereses de la “oligarquía terrateniente” como las dictaduras de 1966-1973 y 1976-1983.102 Esto habla de una dificultad de la burguesía agraria en general para incidir en la gestión pública y de las corporaciones agrarias para establecer mediaciones con el Estado, a pesar de haber colocado cuadros políticos en los distintos gobiernos, ya sean democráticos como dictatoriales.

Por último, debemos señalar que el período posterior al 2008, estuvo caracterizado por las dificultades del conjunto de propuestas de la burguesía agraria para imponer proyectos propios, ya que la inmensa mayoría no logró superar la instancia de las comisiones correspondiente, a lo que debe sumarse las fuertes internas en la Mesa de Enlace. De esta forma, a partir de los datos recolectados, parecería que, a partir del 2008, no se gestó un bloque opositor agrario, de características “conservadoras y neoliberales”, sino un bloque con heterogeneidades cuyo programa apareció en disputa. Así, las explicaciones a la crisis en que ingresó el espacio kirchnerista no deberían buscarse en el enfrentamiento con una “oligarquía liberal”, sino que debe avanzarse en un análisis más profundo de la composición social de la fuerza que termina desplazando al kirchnerismo, haciendo foco en el resto de las fracciones de la burguesía, principalmente la industrial de mayor tamaño, que terminan inclinando la balanza.103

Bibliografía

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Grimaldi, N. (2018). La disputa por la renta durante la primera década del siglo XXI en Argentina (Tesis Doctoral, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de La Plata). [ Links ]

2Introducción El accionar político de las corporaciones agrarias, en la Argentina reciente, ha sido objeto de análisis de una buena cantidad de trabajos e investigaciones. Se trata de un tema fue abordado desde diferentes perspectivas. Varios estudios examinaron el accionar político de los grupos agrarios a fines del siglo XX (Lattuada, 2006), el estudio particular de las corporaciones entre fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI (Pérez Trento, 2014; Lissin, 2010; Monterrubianesi, 2012), e incluso

3Aquellas elecciones arrojaron una derrota del gobierno en distrito claves como en Buenos Aires, donde Unión PRO se impuso con el 35,58% frente al 32,11% del FpV; Córdoba donde la UCR sacó el 29,04% y el FpV 9,12%, y Santa Fe donde el Frente Progresista Cívico y Social sacó 39,58% y el FpV obtuvo 9,56%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el FpV obtuvo 11,61% de los votos, muy lejos del 31,19% de los votos del PRO

4Partimos de considerar al agro como una rama en la cual las relaciones capitalistas se encuentran plenamente desarrolladas, sin que existan mecanismos extraeconómicos de apropiación del excedente como suele atribuírsele a la oligarquía y al terrateniente. Producto de este desarrollo,proliferan las clases socialespropias de la economía capitalista, a saber: la burguesía y la clase obrera. De acuerdo a la capacidad productiva, la burguesía se divide en capas, encontrando así a la gran burguesía agraria, la mediana y la pequeña. Para una mayor precisión ver Sartelli, E. (2008). Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía

5Las estadísticas económicas indican que el agro desde 1980 a 2014 aportó en promedio más del 50% de las divisas que recibió el país, mientras que la industrial aportó poco más del 30% en el mismo período. En ese sentido, el agro se constituye históricamente como el sector más competitivo de la economía argentina y el mayor proveedor de divisas a la economía argentina. Para una mayor precisión de este aspecto ver Grimaldi, N. (2018). La disputa por la renta durante la primera década del siglo XXI en Argentina (Tesis Doctoral, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de La Plata).

6Confederación de Asociaciones Rurales de Mendoza, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Pcia. de Santa Fe, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, la Confederación de Asociaciones Rurales de Tucumán, la Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa, la Federación de Sociedades Rurales del Chubut, la Confederación Rural De San Luis, Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Federación de Entidades Rurales de Salta, la Federación Ruralista de Jujuy, la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, y la Confederación Rural de Misiones.

7http://www.coninagro.org.ar

8http://www.acacoop.com. ar

9La Nación, 24/04/2008; La Capital, 31/05/2008

10Infocampo, 06/12/2014

11La Voz, 07/03/2003

12Sartelli, E. (2008). Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía.p.171

13La Nación, 18/11/2006

14El Sol, 26/07/2006

15La Capital, 15/06/2008

16La Nación, 18/06/2008

17Los datos fueron extraídos de la web oficial del ex diputado, http://www.ulisesforte.com.ar

18Los datos fueron extraídos de la columna sobre el dirigente, disponible en http://www.lapoliticaonline.com/columna/pablo-eduardo-orsolini/

19Datos extraídos del portal oficial del Ministerio de Agroindustria de la Nación: http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ministerio/cv_funcionarios/Ricardo_Buryaile.php

20Infocampo, 11/05/2009

21La Voz, 15/05/2009; Página 12, 11/05/2009

22La Nación, 23/05/2009

23Datos extraídos de la web oficial de la Coalición Cívica http://www.ccaridiputados.com.ar/hilma-re- diputada-nacional-mandato-cumplido/

24Infocampo, 07/05/2009

254Los datos fueron extraídos de la columna sobre el dirigente, disponible

26nhttp://www.lapoliticaonline.com/columna/jorge-chemes/

27Portal “Tucumán a las 7”,30/08/2010

28Portal “Crítica de la Argentina”, 17/02/2009

291 La Nación, 29/06/2009

30Cámara de Diputados, Expediente N° 0129-D-2010, Trámite Parlamentario N° 4, 02/03/2010

31Cámara de Diputados, Expediente N° 0121-D-2010, Trámite Parlamentario N° 4, 02/03/2010

32Cámara de Diputados, Expediente N° 1842-D-2010, Trámite Parlamentario N° 28, 07/04/2010

33Cámara de Diputados, Expediente N° 2199-D-2010, Trámite Parlamentario N° 34, 14/04/2010

34Cámara de Diputados, Expediente 2854-D-2010, Trámite Parlamentario N° 47, 04/05/2010

35Cámara de Diputaos, Expediente N° 3212-D-2010, Trámite Parlamentario N° 54, 12/05/2010

36Portal “La Política Online”, 25/08/2010

37Portal “La Política Online”, 20/08/2010

38Cámara de Diputados, Expediente N° 5136-D-2010, Trámite Parlamentario N° 96, 14/07/2010

39'Infocampo, 16/07/2010

40Cámara de Diputados, Expediente N° 1657-D-2011, Trámite Parlamentario N° 24, 07/04/2011

41Cámara de Diputados, Expediente0111-D-2013, Trámite Parlamentario N° 1, 04/03/2013

42Cámara de Diputados, Expediente4686-D-2013, Trámite Parlamentario N° 69, 12/06/2013; Cámara de Diputados, Expediente5671-D-2013, Trámite Parlamentario N° 107, 08/08/2013

43Cámara de Diputados, Expediente N° 6672-D-2013, Trámite Parlamentario N° 140, 24/09/2013

44Cámara de Diputados, Expediente N°6297-D-2009, Trámite Parlamentario N° 183, 19/02/2010

45Cámara de Diputados, Expediente N° 2430-D-2010, Trámite Parlamentario N° 39, 21/04/2010

46Cámara de Diputados, Expediente 2605-D-2013, Trámite Parlamentario N° 39, 30/04/2013

47Cámara de Diputados, Expediente N° 5269-D -2010, Trámite Parlamentario N° 98, 16/07/2010

48Cámara de Diputados, Expediente N° 2546-D-2014, Trámite Parlamentario N° 27, 15/04/2014

49Cámara de Diputados, Expediente N° 2545-D-2014, Trámite Parlamentario N° 27, 15/04/2014

50Cámara de Diputados, Expediente N° 1818-D-2013, Trámite Parlamentario N° 25, 10/04/2013

51Cámara de Diputados, Expediente6488-D-2013, Trámite Parlamentario N° 132, 12/09/2013

52Cámara de Diputados, Expediente N°4987-D-2011, Trámite Parlamentario N° 148, 06/10/2011

53Cámara de Diputados, Expediente N°2285-D-2012, Trámite Parlamentario N° 31, 18/04/2012

54Cámara de Diputados, Expediente N° 7064-D-2013, Trámite Parlamentario N° 155, 16/10/2013

55Para un análisis de la situación actual de estas producciones, ver Azcuy Ameghino, E. (2007). La carne vacuna argentina: Historia, actualidad y problemas de una agroindustria tradicional(No. E10/88). Imago Mundi; y Cominiello, Sebastián: Transformaciones en los procesos de trabajo y en la estructura social de la producción tambera en Argentina, 1976-2007, Tesis de doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 2014.

56Cámara de Diputados, Expediente N° 3844-D-2010, Trámite Parlamentario N° 71, 08/06/2010

57Cámara de Diputados, Expediente N° 4328-D-2010,Trámite Parlamentario N° 78, 17/06/2010

58Cámara de Diputados, Expediente N°5057-D-2010, Trámite Parlamentario N° 95, 13/07/2010

59Cámara de Diputados, Expediente N° 5474-D-2010, Trámite Parlamentario N° 105, 04/08/2010

60Cámara de Diputados, Expediente N°7287-D-2013, Trámite Parlamentario N° 167, 04/11/2013

61La Gaceta, 10/09/2009

62'Parlamentario, 24/02/2010

63La Capital, 04/06/2010

64Página 12, 21/05/2010; CARBAP, Comunicado N° 1.458, 26/05/2010

65Página 12, 23/08/2010

66La Capital, 11/01/2011

67http://afa.afascl.coop/quienes.php

68CARBAP, Comunicado N° 1.534, 26/01/2011

69 1 La Coz, 29/01/2011

70Página 12, 27/03/2011

71La Coz, 30/01/2015

720Página 12, 15/07/2015

731 El Cronista, 20/08/2015

74 2 La Nación, 04/03/2015; La Nación, 24/08/2015

75La Capital, 21/10/2015

76Para leer trabajos que parten de esta concepción, ver: Balsa, J. J. (2016). “De la oligarquía a los agronegocios”. RevistaMaíz, junio; Cotarelo, M. C. (2016). Argentina (1993-2010). El proceso de formación de una fuerza social.Imago Mundi, Buenos Aires, 2016; Ortiz, S. (2010). La patria terrateniente. Ed. Peña Lillo, Buenos Aires; y Pucciarelli, A.; Castellani, A. (Coord.) (2017) Los años del kirchnerismo. La disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal, Siglo XXI, Buenos Aires, 2017

77Portal “La Política Online”, 12/11/2010

78Cámara de Diputados, Expediente N° 4532-D-2010, Trámite Parlamentario N° 82, 24/06/2010

79Cámara de Diputados, Expediente N° 5072-D-2010, Trámite Parlamentario N° 95, 13/07/2010

80Cámara de Diputados, Expediente N° 5315-D-2013, Trámite Parlamentario N° 172, 04/11/2013

81Cámara de Diputados, Expediente N° 6644-D-2014, Trámite Parlamentario N° 110, 27/08/2014; Cámara de Diputados, Expediente N° 9391-D-2014, Trámite Parlamentario N° 174, 27/11/2014

82Cámara de Diputados, Expediente N° 0946-D-2014, Trámite Parlamentario N° 11, 19/03/2014

83Cámara de Diputados, Expediente N° 2546-D-2010, Trámite parlamentario N° 41, 26/04/2010; Cámara de Diputados, Expediente N° 4991-D-2010, Trámite parlamentario N° 93, 08/07/2010

84Cámara de Diputados, Expediente N° 8833-D-2014, Trámite Parlamentario N° 162, 07/11/2014; Cámara de Diputados, Expediente N° 2389-D-2014, Trámite Parlamentario N° 25, 11/04/2014

85Proyecto original, disponible en, Cámara de Diputados, Expediente N° 2464-D-2008, Trámite Parlamentario N° 49, 21/05/2008

86Cámara de Diputados, Expediente N° 1133-D-2014, Trámite Parlamentario N° 12, 20/03/2014

87Cámara de Diputados, Expediente N° 3234-D-2010, Trámite Parlamentario N° 55, 14/05/2010

88Cámara de Diputados, Expediente N° 3176-D-2010, Trámite Parlamentario N° 54, 12/05/2010

89Cámara de Diputados, Expediente N° 8075-D-2013, Trámite Parlamentario N° 191, 27/12/2013

90Cámara de Diputados, Expediente N° 3494-D-2014, Trámite Parlamentario N° 44, 14/05/2014; Cámara de Diputados, Expediente N° 4271-D-2014, Trámite Parlamentario N° 58, 03/06/2014; Cámara de Diputados, Expediente N° 7184-D-2014, Trámite Parlamentario N° 121, 11/09/2014

91Cámara de Diputados, Expediente N° 0866-D-2009, Trámite Parlamentario N° 13, 18/03/2009

92Cámara de Diputados, Expediente N° 1668-D-2009, Trámite Parlamentario N° 28, 15/04/2009

93Cámara de Diputados, Expediente N° 5995-D-2012, Trámite Parlamentario N° 111, 28/08/2012

94Cámara de Diputados, Expediente N° 2855-D-2013, Trámite Parlamentario N° 44, 08/05/2013

95Cámara de Diputados, Expediente N° 0872-D-2009, Trámite Parlamentario N° 13, 18/03/2009

96Grimaldi, N. (2018b). La disputa por la renta durante la primera década del siglo XXI en Argentina (Tesis Doctoral, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de La Plata).

97Sanz Cerbino, G. S. (2014). Antecedentes históricos de la unidad de las corporaciones agropecuarias pampeanas: La formación de la Comisión de Enlace y la disputa por la renta (1966-1973). Mundo agrario, 15(29), 0-0.

98Sartelli, E. (1993). “Rehacer todo lo destruido. Los conflictos obrero-rurales en la década de 1927- 1937”. En Ansaldi, W. (comp.) Conflictos obrero-rurales pampeanos (1900-1937), tomo 3. Buenos Aires: CEAL, pp. 241-291.; Mateo, G. (2005). “El corporativismo rural frente a la política agraria peronista: SRA-FAA-ACA”. En Lázzaro, S. y Galafassi, G. (Comp.) Sujetos, política y representaciones del mundo rural. Argentina 1930 1975. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 119-164

99Grimaldi, N; y Sanz Cerbino, G. (2018). “Del quiebre de la alianza gobernante al recambio político: acción política y reclamos corporativos de la burguesía agropecuaria e industrial en la Argentina, 2009-2015”. Ponencia presentada en las IV Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe, 15, 16, y 17 de noviembre del 2018, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

100Sartelli, E. (2008). Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía. Ediciones RyR.

101Ansaldi, W. (1994). Mediaciones políticas y construcción de la democracia argentina. Estudios: Centro d Estudios Avanzados, (3), 115-135.

102Cerbino, G. S. S. (2014). Notas sobre la intervención política de la clase dominante en la Argentina, 1955 1976. Economía del Caribe, (14), 4.

103Grimaldi, N; y Sanz Cerbino, G. (2018). “Del quiebre de la alianza gobernante al recambio político: acción política y reclamos corporativos de la burguesía agropecuaria e industrial en la Argentina, 2009-2015”. Ponencia presentada en las IV Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe, 15, 16, y 17 de noviembre del 2018, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

1 Eduardo Sartelli es investigador de la Facultad de Filosofía y Letras/Universidad de Buenos Aires/ Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales- (FFyL/UBA/CEICS). Nicolás Grimaldi es investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales/ Universidad Nacional de La Plata/ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IdICHS/UNLP/CONICET). Correo grimaldi.nicolasesteban@gmail.com

Recibido: 11 de Julio de 2018; Aprobado: 24 de Marzo de 2019

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