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Trabajo y sociedad

versión On-line ISSN 1514-6871

Trab. soc.  no.33 Santiago del Estero dic. 2019

 

IMÁGENES Y MAGNITUDES DEL TRABAJO

La política pública y sus elementos constitutivos: una mirada desde el Programa Ingreso Social con Trabajo - Argentina

Public policy and its constituent elements: a look from the Social Income with Work Program - Argentina Trabaja

Políticas públicas e seus elementos constitutivos: um olhar a partir do Programa Renda Social com o Trabalho - Argentina Trabaja

Cynthia FERRARI MANGO** 

**Lic. en Ciencia Política (UNLaM), Mag. en Políticas Públicas (Flacso), Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Becaria doctoral Conicet en el AEPP y docente e investigadora en UNLaM. Correo: ferrarimangoc@gmail. com

RESUMEN

Las políticas públicas, específicamente las políticas sociales, fomentadas desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (en adelante, MDSN) de Argentina desde el año 2003 hasta el 2015 revalorizaron el cooperativismo y el trabajo autogestionado. Dichas políticas, giraron en torno a principios de la economía social y la centralidad del territorio.

A partir del año 2009 uno de los programas que cobró mayor relevancia fue el Argentina Trabaja - Programa Ingreso Social con Trabajo que proponía generar puestos de trabajo a través de la conformación de cooperativas (Resolución 3182/2009). El objetivo general de este trabajo es analizar las generalidades, antecedentes y contrapuntos del Programa Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja a partir de su surgimiento en el año 2009 bajo la órbita del MDSN hasta el año 2015.

La metodología es cualitativa dentro de la cual se desarrollaron diversas técnicas y estuvo basada en el análisis de documentos y, principalmente, en la revisión bibliográfica. Asimismo, se recogieron fuentes de datos secundarias sobre antecedentes del programa en términos de políticas sociales con contraprestación laboral, las que fueron volcadas a una base de datos y analizadas según sus objetivos, orígenes e incumbencias. Este artículo realiza un aporte relevante en el campo de la política pública específicamente en el área de la política social.

Este trabajo es parte de los resultados de una investigación mayor que llevo adelante en el marco de mi beca de doctorado de CONICET.

Palabras clave:  Política social; cooperativismo, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Trabaja

ABSTRACT

Public policies, specifically social policies, promoted by the Ministry of Social Development of the Nation (hereinafter, MDSN) of Argentina from 2003 to 2015 revalued the cooperative and self- managed work. These policies revolved around the principles of the social economy and the centrality of the territory.

As of 2009, one of the programs that gained most relevance was the Argentina Trabaja - Social Income with Work Program that proposed generating jobs through the establishment of cooperatives (Resolution 3182/2009). The general objective of this work is to analyze the generalities, antecedents and counterpoints of the Social Income with Work Program - Argentina Works from its emergence in 2009 under the MDSN until 2015.

The methodology is qualitative within which various techniques were developed and was based on the analysis of documents and, mainly, on the bibliographic review. Likewise, sources of secondary data on program background were collected in terms of social policies with labor compensation, which were turned over to a database and analyzed according to their objectives, origins and responsibilities. This article makes a relevant contribution in the field of public policy specifically in the area of social policy.

Keywords: Social policy; cooperativism; Ministry of Social Development; Argentina Work - Social Income Program with Work

RESUMO

Políticas públicas, especificamente políticas sociais, fomentadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social da Na?ao (doravante MDSN) da Argentina de 2003 a 2015 revalorizou o cooperativismo e o trabalho autogerido. Essas políticas giravamem torno dos principios da economia social e da centralidade do territorio.

A partir de 2009, um dos programas que ganhoumaiorreleváncia foi o Programa Argentina Trabaja - Renda Social comTrabalho, que propunha a gera?ao de empregos por meio do estabelecimento de cooperativas (Resolu?ao 3182/2009). O objetivo geraldestetrabalho é analisar as generalidades, antecedentes e contrapontos do Programa Renda Social com o Trabalho - Argentina, desde suaemergencia em 2009 no ámbito do MDSN até 2015.

A metodologia é qualitativa, na qualvárias técnicas foram desenvolvidas e baseadas na análise de documentos e, principalmente, na revisao bibliográfica. Da mesma forma, fontes de dados secundários sobre o histórico do programa foramcoletadasem termos de políticas sociais com remunera?ao do trabalho, que foram transferidas para um banco de dados e analisadas de acordó com seus objetivos, origens e responsabilidades. Este artigo faz umacontribui?ao relevante no campo das políticas públicas especificamente na área de política social.

Palavras-chave: social; cooperativismo; Ministério do Desenvolvimento Social; Argentina Trabalho - Programa de Renda Social com Trabalho

SUMARIO

Introducción, 1. Antecedentes y contrapuntos del Argentina Trabaja - Programa Ingreso Social con Trabajo, 2. Tamizando de los programas previos, 3. La normativa en contexto, Reflexiones finales, Bibliografía

Introducción

El objetivo general de este trabajo es analizar las generalidades, antecedentes y contrapuntos del Programa Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja (en adelante, Prist-At) a partir de su surgimiento en el año 2009 bajo la órbita del MDSN hasta el año 2015 que adquiere nuevas particularidades con el cambio de gestión (Hoop, 2016; Hintze, 2016; Arcidiácono y Bermúdez, 2018; Ferrari Mango y Campana, 2018; Ferrari Mango, 2019). Para ello, trabajamos con elementos constitutivos de las políticas públicas considerando los aportes teóricos provenientes de Subirats (2008), Oszlak y O’Donnell (1982) y Aguilar Villanueva (2003). En efecto, nos centramos en los antecedentes del programa en términos de política social, el contexto socioeconómico, político e institucional en el que surge el mismo, las normativas y documentos oficiales.

Con respecto a los antecedentes del programa en términos de políticas públicas, se consideran que los mismos funcionan a modo de aprendizaje. Asimismo, resultan útiles para destacar fortalezas, debilidades, similitudes, diferencias, actores gubernamentales participantes, titulares del programa, modos de intervención o bien estructuras sobre las cuáles se apoyaron para sus funcionamientos (Oszlak y O'Donnell, 1982).

En lo que refiere al contexto de surgimiento del programa, la política pública es el resultante de la relación entre el Estado y la sociedad civil (Oszlak y O’Donnell, 1982). Por ello, consideramos fundamental identificar y caracterizar el contexto en el que esa relación se está llevando a cabo en el programa. Los tres aspectos a destacar del mismo es el social, el económico y el político. De este modo, las políticas públicas se caracterizan por tener una dimensión temporal que reflejan cuestiones que se consideran problemáticas en una sociedad y las discusiones presentes en la agenda estatal.

Asimismo, en lo que refiere a la normativa, el programa fue creado por la Resolución 3182/2009 del MDSN y ratificado por el Decreto 1067/2009 que introducen sus lineamientos, su inserción institucional, los objetivos, la direccionalidad discursiva y el componente territorial del programa. Las mismas permiten ver la orientación ideológica y práctica del programa como así también indirectamente adentrarnos en el estudio del Estado (Oszlak y O'Donnell, 1982).

Antecedentes y contrapuntos del Argentina Trabaja - Programa Ingreso Social con Trabajo

El Estado es un conjunto de relaciones sociales e históricas que realiza mediaciones con la sociedad civil en aspectos económicos, políticos, sociales y culturales en un territorio determinado contando con una garantía coercitiva centralizada (Garcia Delgado, 1996; Oszlak y O'Donnell, 1982; Oszlak, 1997; Twaites Rey, 1999). Dichas mediaciones se realizan a través de las políticas públicas las cuales -sólo a modo de esquema interpretativo- se las puede dividir en diferentes etapas, siendo las centrales: la etapa de formulación, la etapa de implementación y la etapa de evaluación (De León, 2007; Aguilar Villanueva, 2003; Tamayo Sáez, 1997; Meny y Thoening, 1992; Oszlak y O'Donnell, 1982 y Subirats, 1989). El Estado no es una unidad ilusoria, sino que está compuesto por un entramado de niveles jurisdiccionales, ministerios, secretarías, direcciones y organismos autárquicos que no están ausentes de conflictos y consensos. Cualesquiera de ellos, pueden participar en alguna o todas las etapas mencionadas.

Tras la crisis económica, institucional, social y política que atravesó Argentina a comienzos del siglo XXI, desde la dirigencia política, los discursos académicos y desde la sociedad en general se planteó la importancia y necesidad de un Estado más activo y presente en cuestiones socioeconómicas, orientado a consolidar una sociedad más inclusiva. A partir de allí, se puede hablar de un paradigma caracterizado por interpelar la modalidad de gestión de los diferentes niveles de gobierno y promover la vinculación entre la sociedad civil y el Estado, el cual se reflejó en algunas de las políticas públicas implementadas (Forni, Nardone, Castronuovo, Nouggues y Zapico, 2015; García Delgado y Ruiz del Ferrier, 2013; Mazzola, 2012; Fontdevila, 2012). El rumbo de este período García Delgado (2013) lo definió como un “modelo de desarrollo con inclusión social” que en materia económica se enfocó en priorizar el consumo interno y sustituir las importaciones mientras que en materia social destinó los esfuerzos en generar inclusión social a través de la ampliación de coberturas sociales y fomento de empleo.

El sector político que estuvo en el gobierno en Argentina desde el año 2003 hasta el 2015 fue el partido político “Frente para la Victoria” con los presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernandez de Kirchner (2008-2011 y 2012-2015). En su agenda de gobierno propusieron “recentralizar” al Estado (De Piero, 2012) con el fin de recuperar su capacidad de intervención en la esfera social, política y económica. Promulgaron como objetivo central en materia de política social, la inclusión social a través del trabajo (Grassi, 2012) generando lo que algunos autores señalan como un punto de inflexión en el tipo de política social impulsada por el Estado Nacional (Natalucci y Paschkes Ronis, 2011; Forni et al., 2015).

En el marco descripto, se crea el Programa Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja (en adelante, Prist-At) por la Resolución 3182/2009 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (en adelante, MDSN) y ratificado por el Decreto 1067/2009. El programa comenzó a implementarse desde el año 2009 y continuó con el cambio de gobierno ocurrido luego de la elección en noviembre de 2015, cuando la “Alianza Cambiemos” con la formula “Mauricio Macri Presidente -Marta Gabriela Michetti Vicepresidente” obtuvo el 51,34% de los votos (Dirección Nacional Electoral).A pesar de su continuidad, a travesó algunos cambios como la incorporación de nuevos entes ejecutores paralelamente a la gestión municipal y modificaciones en la contraprestación de los titulares vinculadas al componente educativo y de formación integral. Desde el año 2016 al 2018 se llevo a cabo la transición para luego transformarse junto con el Ellas Hacen y Desde el Barrio en el Hacemos Futuro (Ferrari Mango, 2019; Ferrari Mango y Campana, 2018; Hoop, 2018; Hintze, 2018;Arcidiácono y Bermúdez, 2018).

El Prist- At, en tanto política social bajo la órbita del MDSN desde el año 2009 hasta el año 2015, ha sido abordado académicamente desde diferentes disciplinas tales como la antropología, la sociología y la ciencia política. En este marco, tras realizar indagaciones preliminares sobre el programa (Ferrari Mango, 2018), se identificaron diversas dimensiones bajo las cuales ha sido estudiado: el tratamiento de la cuestión social (Lo Vuolo 2010; Hopp 2013), el carácter de innovación del programa en materia de política social (Natalucci y Paschkes Ronis, 2011; Arcidiácono y Bermúdez, 2015; Hopp, 2013) y la vinculación del programa con los principios de la economía social (Guimenez y Hopp, 2011). En este último eje, los interrogante son en torno a la naturaleza de las cooperativas (Hopp, 2013; Arcidiácono et al., 2014; Bertolini, 2010; Vuotto, 2011), su funcionamiento y la identidad de los beneficiarios/titulares del programa (Hopp, 2015).

Asimismo, otro debate que dialoga directamente con los anteriores está relacionado con la concepción finalística de política social (Fleury, 1999). Con ella nos referimos al conjunto de valores, definiciones, orientaciones y estrategias que conforman al programa. En efecto, la orientación del programa se concibe desde las siguientes variaciones: asistencial de empleo forzado (Lo Vuolo, 2010), empleo transitorio con “contraprestación” laboral y/o comunitaria (Gradin y Tiranti, 2012), transferencia de ingresos (Zaragaza, 2014) y transferencia de ingresos con contraprestación laboral (Fernández, 2012). Además, se lo concibe como un programa que retoma una visión trabajo céntrica (Guimenez y Hopp, 2011; Grassi, 2012) y genera oportunidades socio- ocupacionales convirtiéndose en un incentivo a la inclusión (Arcidiácono et al., 2014). En la misma línea, se discuten cuestiones vinculadas al mundo del trabajo (Isola, 2014; Butti, y Barbetti, 2013; Alzina, y Otero, 2013; Levy y Bermúdez, 2012; De Sena y Chahbenderian, 2011, Lo Vuolo, 2010; Iucci, 2010).

También, otra parte de la literatura se concentró en investigar el despliegue de la política social en el territorio y los actores que participan en la implementación del mismo (Ferrari Mango, 2019; Fernandez, 2012; Fizman, 2015; Longa; 2015; Fizman, 2012; Ferrari Mango, 2014; Ferrari Mango, 2013; Boix, M et al. 2011). Dichos actores engloban a municipios, a organizaciones sociales o bien a movimientos sociales que se instituyeron a partir de convenios con el MDSN como entes ejecutores en el territorio (Ferrari Mango, 2019 y Longa, 2017).

Por un lado, en lo que refieren a la modalidad de gestión del programa por parte de los municipios encontramos a Tiranti (2014) y Gradin y Tiranti (2012). A su vez, Gradin (2013) trabajó sobre el estilo de gestión que adquirieron las organizaciones sociales para llevar a cabo cooperativas. Kasparian (2019 y 2017) indagó sobre las cooperativas que estaban compuestas por integrantes de movimientos de desocupados en el marco del programa denominándolas como hibridas o incubadas mientras que Hudson (2016) las denominó como anfibias contribuyendo al debates al interior del cooperativismo a raíz del surgimiento de estas cooperativas.Por otro lado, en lo que refiere a movimiento sociales Natalucci (2012) y Natalucci et al, (2013) mostraron los debates y resistencias que generó en diversas organizaciones sociales la instauración del municipio como ente ejecutor del programa.Maneiro (2015) trabajo la lucha de las organizaciones sociales por la inserción en el Programa Argentina trabaja a través de acciones colectivas emprendidas por las organizaciones n su vinculación con el Estado y el conflicto sociopolítico. También, Maneiro (2016 y 2018) ha analizado la representación social de los titulares de los programas y sus demandas. Longa (2017) explicó la relación entre el movimiento evita y el gobierno local en torno al programa.

En este sentido, los debates previamente mencionados nos han permitido encontrar un vacío en lo que respecta a observar de manera integral los elementos constitutivos, los antecedentes y contrapuntos que retroalimentan al Prist- At en tanto política pública diseñada bajo la órbita del MDSN. La perspectiva de este trabajo es considerar al programa como una política social1 que se inspira en principios de la nueva economía social y solidaria así como también se nutre de políticas sociales que lo anteceden2 y es producto de un contexto nacional y de determinados actores (estos últimos son elementos constitutivos de las políticas públicas). Dicha perspectiva, que ha cobrado auge a partir del año 2003, implica el fomento de políticas sociales que promocionan y crean cooperativas de trabajo tuteladas por el Estado (Kasparian, 2019; Hudson, 2016; Vuotto, 2011, Hintze, 2010; Pastore, 2010, Altschuler, 2013; Altschuler, 2008 Altschuler y Casalis, 2006 y Danani, 2004).

Asimismo, desde la concepción de la nueva economía social y solidaria el instrumento que prevalece es la cooperativa de trabajo. El cooperativismo de trabajo ha sido fomentado desde programas sociales a través del MDSN durante la gestión ministerial de Alicia Kirchner. Durante su mandato se intentó incidir en el territorio local con el objetivo de ganar proximidad3 y fomentar valores de la economía social y solidaria tales como el trabajo cooperativo (MDSN, 2010; MDSN, 2007). A su vez, se inscriben dentro de una visión restringida de la economía social tradicional desde su específico diseño. Principalmente, porque las cooperativas en tanto actor heterogéneo en la Argentina (Vuotto, 2011) fueron fomentadas y creadas por el Estado.

Tamizando de los programas previos

Para introducirnos en los antecedentes del Prist-At en materia de política social, remarcamos tres periodos que permiten observar algunas particularidades de las mismas: la década de 1990, los años 2001-2003 y el periodo 2003-2015. Esta selección temporal es tomada de Forni et al. (2015) porque resulta explicativa para entender los antecedentes del Prist -At en materia de política social.

En este sentido, a continuación nos centramos principalmente en tres programas que corresponden a cada uno de los periodos citados (Ver tabla N1 al final de este apartado).

El análisis comienza en la década de 1990 con el “Plan Trabajar” (Resoluciones 327/98 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (en adelante MTEySS) y 397/98 del SEyCL), continúa con el “Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados” (en adelante, PJJHD) sancionado bajo el Decreto 565/02 del período 2001-2002 y, luego con el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” (Resolución 1375/04 -MDSN en adelante, PMO) a partir del año 2003. Finalmente, se sanciona la resolución que le da origen al Prist -At en el año 2009 bajo la órbita del MDSN (Resolución 3182/09).

Con respecto al “Plan Trabajar”, considerado un programa nacional de empleo transitorio (Ronconi, 2002), se pone en marcha en el año 1996 en un contexto de crisis macroeconómica y laboral reemplazando del Programa Intensivo de Trabajo (PIT) bajo la órbita institucional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El mismo, era un programa de transferencia condicionada en el cuál los beneficiarios tenían que realizar una contraprestación laboral para recibir un ingreso (Ronconi, 2002). En su normativa se planteaba el objetivo de:

“brindar ocupación transitoria a trabajadores/as desocupados/as en condiciones de pobreza o situaciones de vulnerabilidad social a fin de reducir el impacto de la caída del nivel de ingreso de sus hogares, mejorar su empleabilidad y atender situaciones de emergencia ocupacionalprovocadas por desajustes en los mercados de trabajo” (Chiara y Di Virgilio, 2005: 99).

Los beneficiarios del Plan Trabajar no podían percibir prestación por desempleo ni participar de ningún otro programa de empleo o capacitación laboral. Su financiamiento, en principio fue con fondos del gobierno nacional, pero al expandirse su cobertura se incorporó financiamiento del Banco Mundial. El tipo de trabajo se organizaba en proyectos de obras de infraestructura comunitaria y social. El beneficiario recibía un ingreso según la función que desempeñaba en el proyecto que oscilaba entre los $150 y $2004 en el año 2001(Gradin y Tiranti, 2012). De este modo, el programa en la década de 1990 estaba dentro de un marco general en el cuál las políticas públicas se describían y analizaban en relación a su carácter de focalizadas y descentralizadas (Forni et al., 2015).

Luego de la crisis del 2001 que atravesó la Argentina, hubo una creciente intervención del Estado que intentó paliar las consecuencias negativas ocasionadas por políticas públicas de corte neoliberal que se desarrollaron desde el año 1976 y consistieron principalmente en privatizaciones, desregulación, descentralización y tercerización. Desde el año 1996, en el marco de un aumento ininterrumpido de la tasa de desempleo, los gobiernos nacionales y provinciales implementaron diversos tipos de programas de ocupación transitoria (Arcidiácono, 2012; Quirós, 2011; Quirós, 2015). En este sentido, la falta de ingresos, de trabajo y de inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad era el problema agravante. De modo tal que la agenda institucional del Estado, se enfocó en resolver los problemas que ocasionó la crisis económica, social, política e institucional que atravesó el país.

En este contexto, en el año 2002 el gobierno interino de Eduardo Duhalde declara “emergencia ocupacional nacional” y a través del Decreto 565/02 crea el “Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados (en adelante, PJJHD)”5bajo la órbita del MTEySS. El PJJHD6es una reacción a la exclusión social de trabajadores imposibilitados para acceder a condiciones básicas de subsistencia con el objetivo de promover la cultura de trabajo7 y garantizar un ingreso a los sectores vulnerables afectados por la crisis del 2001 (Arcidiácono, 2012; Arcidiácono, 2006).

El PJJHD otorgaba un subsidio de 150 pesos (50 dólares en esa época) para jefes y jefas de familia que declaren su condiciona de desocupados con hijos de hasta 18 años de edad (Quiros, 2011). El programa recibía financiamiento del Banco Mundial y era ejecutado por las provincias y los municipios. El mismo tenía como objetivo específico otorgar una prestación económica que operase como ingreso social con el fin de proteger la integralidad de los hogares introduciendo dos elementos: la educación y el trabajo. En sus inicios, el beneficiario del programa no se veía obligado a una contraprestación pero frente a las fuertes críticas, por parte de la oposición política y los medios de comunicación, se decide la implementación de una contraprestación laboral de 4 horas diarias en proyectos comunitarios impulsados principalmente por las organizaciones sociales, o bien completar sus estudios así como también complementar con los controles de salud y asistencia escolar en el caso de los menores (Quiros, 2011; Arcidiácono, 2012).

A dos meses de su lanzamiento alcanzó una cobertura de más de 2 millones de beneficiarios con un presupuesto de casi 3.500 millones de pesos (Di Natale, 2004). De este modo, se destaca del programa la celeridad con la que se implementó, extendió y el volumen de beneficiarios que alcanzó. Golbert (2004) explica que la rápida implantación del plan se debió a la existencia de un consenso previo para un programa de estas características así como también a la capacidad de organización de los actores sociales involucrados, existencia de experiencia previa surgida de otros programas sociales y de empleo y el propio diseño del programa. En lo que refiere al consenso entre el Estado y la sociedad, se fundamenta en los valores compartidos que orientan las decisiones políticas (Fleury, 1999) y en la relación entre la sociedad y el Estado que transforma la estructura y las funciones de este último (Acuña, 2013; O'Donnell, 1984; Vilas, 2013). No obstante, el gobierno cierra la inscripción de beneficiarios al PJJHD a mediados del 2002 por motivos presupuestarios, evidenciando sus limitaciones para pensar al programa como un “derecho social” (Arcidiácono, 2012; Pautassi, 20048).

El programa fue considerado por la academia y los medios de comunicación como un una herramienta de negociación y relación entre organizaciones de desocupados y el gobierno nacional así como también un “instrumento para apaciguar el conflicto social de características inéditas que ponía en juego la continuidad del sistema político institucional” (Neffa et al., 2009: 285). En este sentido, si bien los resultados del programa generaron grandes crítica en algunos sectores de la sociedad, se convirtió en columna vertebral de las políticas sociales marcando un punto de inflexión en las mismas por la amplia cobertura que alcanza el Plan (Forni et Al, 2015). Así como también la trascendencia del programa radicó en su naturaleza de decreto de necesidad y urgencia, en su alcance poblacional, en la rapidez con la que se logró implementar y en el financiamiento por parte del tesoro nacional y el banco mundial (Quiros, 2011).

En el año 2003 la cantidad de beneficiarios del programa ascendían a más de dos millones de personas alcanzando su pico máximo de cobertura (Gonzalez Bombal et al., 2010). Luego comienza a reducirse la cobertura por diversos motivos, entre ellos que se crean otros programas que producen una migración de los beneficiarios 9 así como también el incumplimiento de la contraprestación por parte de los beneficiarios. A modo de ejemplo, puedo mencionar el caso del Plan Familias por la Inclusión Social que apunta a transferir ingreso a las familias pobres, sin las contraprestaciones que exige el PJJHD, demandado únicamente la realización de controles de salud y asistencia escolar de los hijos (Hintze, 2007). De este modo, se fue perdiendo gradualmente a los beneficiarios del programa que había sido pensado para un momento de crisis extrema.

En el año 2003 el MDSN, teniendo la estructura de base del PJJHD, implementó el Plan Manos a la Obra (en adelante PMO). La iniciativa se enmarco desde el MDSN quien buscó atender la cuestión social mediante una respuesta productiva anclada territorialmente a nivel local. Uno de los objetivos que persiguió fue incluir a los beneficiarios de planes Jefes y Jefas en emprendimientos productivos vinculados a la economía social y tanto Barrios de Pie y el Movimiento Evita impulsaron los micro emprendimientos y cooperativas de trabajo (Natalucci y Ronis, 2012).

El plan consistió en fomentar emprendimientos productivos locales con la intensión de alejarse de los planes del subsidio al ingreso sin contraprestación con un fuerte énfasis en la localización territorial de los emprendimientos, en el desarrollo local y en la inserción de los beneficiarios en procesos productivos (MDSN, 2006)10. Otro de los desafíos del enfoque del Plan era no reproducir programas “enlatados”11, sino contemplar las particularidades de cada región teniendo en cuenta: tipo de proyectos, modalidades de financiamiento, apoyo a perfiles productivos definidos por los actores territoriales, entre otros aspectos. En definitiva, su objetivo era promover la inclusión social a través de la generación de empleo y de la participación en espacios comunitarios utilizando los recursos humanos, naturales, culturales y económicos que estuviesen instalados en la comunidad en un marco de equidad y participación social. Además de contribuir a la mejora del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad y potenciar sus capacidades, el programa pretendió fortalecer a los actores locales y promover la economía social.

Para ello, uno de los ejes fundamentales fue la articulación del nivel central con los actores locales quienes jugaron un rol significativo como contraparte de los proyectos y como sujetos claves en el proceso de instauración y consolidación del Plan en los territorios. La vinculación interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno otorgó a la política mayores niveles de viabilidad y de sustentabilidad, a la vez que permitió incrementar la complejidad del proceso de construcción de las redes locales responsables de la ejecución. Como instrumentos para la consecución de los objetivos a) dictaron capacitaciones y brindaron asistencia técnica a los emprendedores y trabajadores que integraban pequeñas unidades económicas productivas; b) ofrecieron apoyo económico - financiero para la compra de insumos, materiales, y equipamiento para los pequeños emprendimientos productivos (MDSN, 2006).

De este modo, a partir del año 2003 comenzó un ciclo de crecimiento económico y cambios en las políticas sociales, a partir de distintas gestiones desarrolladas desde el MDSN vinculadas a la economía social (Forni et al, 2015). En la sanción del Decreto N° 1506/04 se estableció que desde el MTEySS y el MDSN se iba a clasificar, a la población objetivo de programas según sus condiciones de empleabilidad. En efecto, aquellos beneficiarios con mayores posibilidades de insertarse al mercado laboral continuarían obteniendo su beneficio bajo la órbita del MTEySS mientras que el resto estaría sujeto a los programas del MDSN. Otro Ministerio que también fomentó la creación de cooperativas a través de políticas públicas fue el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio (en adelante MPFIPyS) con el Programa Agua + Trabajo12 que se implementó a nivel territorial.

En función de la descripción precedente de los antecedentes del Prist- At en materia de política social, observo que si bien existe una continuidad se producen a innovaciones. En este sentido, Guimenez y Hopp (2011) parten de la idea de considerar al Prist-At como una nueva política social que en la implementación centra la temática del trabajo. De este modo, discursivamente la formulación del programa se aleja de las políticas asistencialistas y focalizadas que se implementaron bajo el periodo neoliberal promulgando generación de empleo a través de política social.

En la misma línea, Natalucci y Paschkes Ronis (2011) explican que el Prist - At produce una innovación en materia de política social en la Argentina. Los autores enuncia que a partir de la asunción de Néstor Kirchner hubo un punto de inflexión en el tipo de política social: “sin dudas, el Programa Ingreso Social implicó un punto de inflexión” (Natalucci y Paschkes Ronis, 2011:12), producto de un proceso de aprendizaje en torno a las políticas sociales anteriores y a su retroalimentación con organizaciones sociales. Las novedades que encuentran en el programa son: considerar al trabajo como núcleo de organización, establecer mecanismos institucionales para garantizar el cumplimiento de las horas de trabajo y organizar a los beneficiarios en cooperativas que debían recibir capacitaciones y asistencia técnica para favorecer su funcionamiento.

Arcidiácono, Kalpschtrej y Bermúdez (2014) explican que el programa implica una novedad a partir de un “punto de inflexión de una línea de intervención que procura generar oportunidades socio-ocupacionales ligadas a esquemas de economía social”. La innovación del Prist -At con respecto a otros programas sociales es crear cooperativas desde el gobierno en las cuáles los titulares del programa cuentan con la figura del Monotributo social13. El mismo es un avance en materia de inclusión de los trabajadores14, que le permite al cooperativista tener un sistema de protección social basado en acceso a una obra social y aportes jubilatorios. En un diálogo informal con un titular del programa, Nicolás de 65 años con problemas de visión, me cuenta que está iniciando su trámite jubilatorio ante la Anses y me muestra la planilla con los años de aporte pidiéndome que verifique que estén los que corresponden al programa. De este modo, verifico que tiene los 7 años de aportes desde el inicio del programa en el año 2009.

En síntesis, hasta aquí, hemos descripto y analizado tres programas que consideramos como antecedentes del Prist-At. Los mismos, expresan una continuidad que se complejiza y profundiza con respecto al anterior (Forni y Castronuovo, 2015; Gradin y Tiranti, 2012). Principalmente, en lo que refiere a la forma de concebir la política social que en la década del noventa, parten de una mirada asistencial en sintonía con los postulados del banco mundial y, como en esta última década se intenta a través de la incorporación de principios de la economía social dignificar el trabajo como contraprestación del programa a través del fomento de cooperativas de trabajo. Recordemos que los tres programas se caracterizan por una fuerte impronta territorial y revalorizan a los actores locales gubernamentales (municipios) y no gubernamentales (organizaciones sociales y movimientos sociales) con diferente magnitud.

La normativa en contexto

Uno de los elementos constitutivos de las políticas públicas son las normativas (Subirats, 2008). La normativa que le da origen al Prist -At fue la resolución 3182/2009 del MDSN, ratificado por decreto 1067/2009 y depende institucionalmente de la Unidad Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo del MDSN, establecida por el mismo decreto. Además, se rige por la Resolución 3026 de septiembre de 2006, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). La decisión de que el programa estuviese bajo la órbita del MDSN15 y que no estuviera regido por el MTEySS se debió a que se dividió a la población objetivo en dos categorías16: empleables e inempleables17. Los primeros iban a recibir intervención del MTEySS y los segundos quedarían bajo el dominio del MDS (Scarfó et al., 2009).

En su resolución resalta la importancia de promover el trabajo como fuente de integración social en sectores sociales marginales y vulnerables. Recordemos que su principal objetivo es:

“la promoción del desarrollo económico y la inclusión social, a través de la generación de nuevos puestos de trabajo genuino, con igualdad de oportunidades, fundado en el trabajo organizado y comunitario, incentivando e impulsando la formación de organizaciones sociales de trabajadores”(R 8132/2009, Art. 1).

Del objetivo se desprende la necesidad de generar inclusión social, la cual traerá aparejada desarrollo económico. En este sentido, no trata a las políticas sociales escindidas de lo económico y las considera un mecanismo central de redistribución del ingreso, propiciando de esta forma el empleo como instrumento de integración social, es decir, una visión trabajo céntrica (Grassi, 2012; Grassi y Danani, 2009).

La manera de formular la política pública en su normativa, condiciona la forma en que dicha cuestión va a ser resuelta por parte del Estado (Subirats, 2008). En la formulación del programa, se parte de una concepción de Estado presente, activo y promotor que actúe desde los derechos de los ciudadanos y no desde las carencias (R.3182/2009). A su vez, en el mismo título de la política pública vemos cómo se plantea que el problema es la falta de ingresos y la solución es una transferencia de ingresos a cambio de una contraprestación laboral18. En síntesis, el objetivo es doble: fortalecer derechos y mejorar indicadores sociales del país. La cuestión socialmente problematizada que intenta encauzar la resolución del programa es el desempleo junto con la falta de ingresos y la inclusión social de sectores vulnerables. Para ello, la solución se busca a través de la generación de puestos de trabajo que en este caso se materializa conformando de cooperativas de trabajo tuteladas por el Estado (Vuotto, 2011).

En este marco, el programa es presentado por el gobierno nacional como una política social, que articula los esfuerzos del Gobierno Nacional y Municipal con el fin de promover la inclusión social a través del trabajo en cooperativas19. Tal como mencione anteriormente, Vuotto (2011) y Pastore (2010) explicaron cómo en la Argentina las cooperativas tienen una naturaleza diversa y es a partir de la crisis del 2001 cuando el Estado comienza a impulsar cooperativas de trabajo bajo su tutela a través de políticas públicas.

El contexto sociopolítico previo al surgimiento del programa se caracteriza por el decrecimiento de la cantidad de los programas sociales. En el caso del PJJHD existía menor cantidad que en sus comienzos. En términos concretos, mientras que en el año 2003, había una cobertura que cubría a más de dos millones de personas, en el año 2008 los beneficiarios alcanzaban a unas ochocientas mil personas. Además, existía una depreciación del ingreso e inflación constante por lo que se profundizó la distancia económica y social entre los beneficiarios de programas y los trabajadores formales lo cual provocó un núcleo duro de pobreza denominado desde el discurso oficial como “inempleables” (Gonzalez Bombal et al., 2010). Algunos beneficiarios del programa habían derivado al PMO, en el cuál tenían mucha injerencia organizaciones sociales que de a poco fueron incorporándose a la estructura del Estado dando lugar a un proceso denominado burocratización de las organizaciones piqueteras(Longo, 2015;Gradin, 2013,Natalucci, 2010; Perelmiter, 2012).

Asimismo, en la esfera sociopolítico antecedió un conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno Kirchnerista. En este sentido, se desarrolló un enfrentamiento (que duró aproximadamente 4 meses, de marzo a julio) entre el gobierno nacional a cargo de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y las entidades más representativas del agropecuario argentino, vinculado a un reclamo de este último en torno al aumento de retenciones. El desencadenante del conflicto fue el anuncio de la Resolución N° 125/2008 que implicaba retenciones. La normativa se dictó por un decreto presidencial y fue debatida en el Congreso Nacional donde se aprobó en la Cámara de Diputados y derogada en el Senado de la Nación tras el desempate con el voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos. La misma se institucionalizó a través de los medios de comunicación, adquirió relevancia y se hizo partícipe del debate a toda la sociedad lo que ocasionó una polarización social entre Kirchneristas y no Kirchneristas (De Luca y Malamud, 2010), un cuestionamiento a la gestión del gobierno y un desgaste de la imagen de la Presidenta (Aruguete y Zunino, 2010). En este sentido, el Poder Ejecutivo adelantó cuatro meses la convocatoria a las elecciones, previstas inicialmente para octubre previendo un deterioro aún mayor de la situación (Tagina, 2011).

En las elecciones legislativas de medio término celebradas el 28 de junio 2009 el resultado fue desfavorable para el oficialismo (De Luca y Malamud, 2010). La lista del Frente para la Victoria encabezada en la provincia de Buenos Aires por el ex presidente Nestor Kirchner - Daniel Scioli obtuvo el segundo lugar con el 32.3% de los votos mientras que la lista Unión PRO cuyos principales candidatos eran Francisco De Narváez - Felipe Solá obtuvo el 34.6% de los votos ubicándose en el primer lugar. Le siguió en el orden de obtención de votos, la lista del Acuerdo Cívico Social Stolbizer - Alfonsín con 21.1% de los votos (Ministerio del Interior, Dirección Nacional Electoral ; Tagina, 2011). A su vez, De Narváez se impuso en la provincia de Buenos Aires por 2,3 puntos.

Desde el primer semestre del año 2008 hasta fines del 2009, tanto la imagen presidencial, como el apoyo y la confianza hacia la gestión gubernamental eran cuestionadas por un sector de la sociedad. En las evaluaciones, las percepciones negativas superaban a las positivas y se profundizaban con la crisis financiera mundial que repercutía sobre Argentina. Hasta esta elección el Frente para la Victoria (FPV) había contado con mayoría propia en ambas cámaras legislativas (Tagina, 2011), tras el resultado de la elección pierde la amplia mayoría que tenía en ambas Cámaras (Catterberg y Palanza, 2012).

Asimismo, las elecciones se llevaron a cabo en un contexto de crisis económica mundial que comenzó en Estados Unidos en julio-agosto de 2007 y hasta mediados de setiembre de 2008 había 20 21 22 sido muy benevolente con los mercados emergentes (Damill y Frenkel, 2009). Desde el año 2008, la crisis financiera internacional interrumpió el período de altas tasas de crecimiento económico que habían atravesado la mayoría de los países sudamericanos. Particularmente, Argentina paso de ser el país que crecía más rápido a uno de los que evolucionaba más lentamente, redujo el superávit fiscal y tuvo dificultades en el pago de los servicios de la deuda pública (De Luca y Malamud, 2010). La crisis internacional impactó a través del financiamiento y contracción del comercio internacional. En este marco, la Argentina mostró en el año 2009 un completo aislamiento financiero internacional del sector público y fuga de capitales con un flujo prácticamente continuo desde julio del año 2007, intensificado durante el conflicto agropecuario en el segundo trimestre de 2008 (Damill y Frenkel, 2009).

En efecto, a nivel nacional el contexto económico se caracterizaba por una desaceleración económica en el marco de la crisis internacional, estancamiento de la creación de puestos laborales y persistencia del núcleo duro de la desocupación. La tasa de desempleo en el tercer trimestre del año 2009 en Argentina, según datos del Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) cuestionados por la oposición, había sido de 9,1% y se ubicó en el cuarto trimestre del 2009 en 8,4% mientras que un año antes era de 7,3%23.

En este marco, se sanciona una de las políticas públicas más significativas en Argentina unos días previos al sanción del Prist: la Asignación Universal por Hijo24 (en adelante, AUH). Se la considera por la academia, ciudadanía y políticos una de las políticas públicas federales más significativas en materia de inclusión social y distribución de la riqueza (Mazzola, 2012; García Delgado, 2013). De este modo, la AUH fue respaldada por un amplio consenso entre todos los sectores de la sociedad a fines del 2009 como política nacional creada por un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1602/09.

La misma pretende universalizar las asignaciones familiares a través de un sistema no contributivo destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que no perciben otra asignación familiar, debido a que pertenecen a hogares cuyos padres se encuentren desocupados o bien se desempeñen en la economía informal o en el servicio doméstico. De este modo, son percibidas tanto por los trabajadores formales como los informales logrando una universalización del derecho (Mazzola, 2012). La AUH está bajo la órbita del organismo descentralizado Administración Nacional de la Seguridad Social (en adelante Anses) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (en adelante MTEySS).

Asimismo, con sólo días de diferencia de la promulgación de la AUH, se sanciona el Prist- At. Siguiendo la lógica de argumentación de Oszlak y O’ Donnell (1982), la sanción de ambas políticas sociales puede ser entendida como instrumento para apaciguar un conflicto sociopolítico que afectaba la gobernabilidad. Es decir, son las políticas públicas y su aceptación o no las que garantizan la gobernabilidad (Illari, 2006).

A continuación, en la tabla 1 subsiguiente se puede observar esquemáticamente lo que venimos desarrollando. Principalmente, la comparación del Prist- At con dos programas que consideramos como antecedentes. Para ello, los ejes que hemos considerado corresponden a algunos de los elementos constitutivos de las políticas públicas tales como normativa, año en que se sanciona, órbita institucional presidente / gestión, fuente de financiamiento, contexto de surgimiento y naturaleza.

Tabla 1 Antecedentes del Prist -At 

Programa / Ejes comparativos Plan Trabajar Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados (PJJHD) Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” (PMO)
Normativa Resoluciones 327/98del MTEySS y 397/98 del SEyCL Decreto 565/02 Resolución 1375/04
Año en que se sanciona 1996 2002 2003
Órbita Institucional Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación ( MTEySS) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) Ministerio de Desarrollo Social de la Nación(MDSN)
Presidente / Gestión Carlos Menem Gobierno interino de Eduardo Duhalde Néstor Kirchner
Fuente de financiamien to Primero con fondos del gobierno nacional pero al expandirse su cobertura se incorporó financiamiento del Banco Mundial. Financiamiento por parte del tesoro nacional y el banco mundial Fondos del MDSN y Tesoro Nacional.
Contexto de surgimiento Crisis de 1995. Recesión económica y déficit fiscal. Perdurabilidad del desempleo. Efecto tequila en México que repercute en argentina generando desconfianza a la convertibilidad. Crisis de diciembre de 2001 de envergadura política, económica, social e institucional. Uno de los desencadenantes de la crisis fue la medida económica denominada “corralito” (restricción de la libre disposición de dinero en efectivo). Se produjo estallido social y huelgas generales que ocasionaron la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rua. A partir del 2003, fomento de la Economía Social y territorialidad desde el MDS bajo la gestión de Alicia de Kirchner.En términos sociopolíticos, resultados desfavorables en elecciones legislativas. Decrecimiento que programas sociales. Disputa del gobierno con el sector agropecuario. Crisis económica internacional.
Naturaleza Programa de transferencia condicionada en el cuál los beneficiarios tenían que realizar una contraprestación laboral para recibir un ingreso (Ronconi, 2002) Programa conocido con el nombre de planes de empleo o planes sociales (Quiros, 2011). Fomentar emprendimientos productivos locales para de salir de los planes del subsidio al ingreso sin contraprestación mediante el fomento de la cultura del trabajo y localización territorial de los emprendimientos.

Fuente: Elaboración propia en base a normativas, documentos nacionales y trabajos académicos.

Reflexiones finales

En este trabajo se abordaron aspectos generales, antecedentes y contrapuntos del Programa Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabajatales como políticas sociales previasyel contexto de surgimiento del mismo. Para ello, comenzamos presentado una recopilación de las diferentes dimensiones bajo las cuales se han abordado los estudios sobre el Prist- At. En efecto, he encontrado una vacancia en lo que respecta a un abordaje integral del programa en tanto política pública. En definitiva, hemos analizado los elementos constitutivos de las políticas públicas (Oszlak y O'Donnell, 1982; Subirats, 2008 y Aguilar Villanueva, 2009) a partir del tamiz de los programas previos.

El Prist -At promovido por la Resolución 3182/2009 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ratificado por el Decreto 1067/2009 no ha sido una decisión aislada del ministerio. El mismo, forma parte de un conjunto de políticas sociales que tienden al cooperativismo de trabajo con una orientación territorial, inspirada en principios de la nueva economía social y solidaria y que tienen vinculación directa con los Gobiernos Locales.

Los elementos de la política social del Prist -At que he analizado tales como sus antecedentes, contexto de surgimiento, implicancia de la normativa y actores me han permitido comprender los aspectos macro sociales nacionales. Entre ellos, identificamos que el mismo es producto de un clima de época que comenzó principalmente con el Plan Nacional Manos a la Obra en el año 2003 caracterizado por fomentar una concepción de política social inspirada en principios de la nueva economía social y retroalimentada con una impronta territorial. También, se encuentra como antecedente el Plan Trabajar.

En efecto, en lo que refiere a los antecedentes del programa en términos de política social, hice un recorte temporal desde la década del noventa a la actualidad e identifique tres programas: Plan Trabajar (1996), PJJHD (2002) y PNMO (2003). En los mismos se encontraron similitudes y continuidades pero también pequeñas innovaciones.En lo que refiere al contexto socioeconómico, político e institucional en el que se sanciona la normativa, se caracterizó por un clima adverso. El mismo se caracterizó por un enfrentamiento entre el sector agropecuario y el gobierno; resultado desfavorable en las elecciones legislativas para el oficialismo y crisis económica internacional que repercutió en la economía nacional. En este marco, se sanciona la normativa Res 8132/2009 que le da origen y contenido institucional al programa. Asimismo, con unos días de diferencia se sancionó la AUH.

La orientación de la política social promulgada por el MDSN se materializa en un programa social y éste desciende desde el nivel de gobierno nacional y se implementa en el territorio a través del nivel de gobierno municipal. De este modo, se produce una relación entre el nivel macro en el cual se formuló el Prist-At y el nivel micro en el cual se implementa el programa, constituyendo una relación interjuridiccional entre ambos niveles de gobierno. En esta relación, el MDSN tiene preponderancia en el proceso de formulación del programa y el municipio en calidad de ente ejecutor se enfoca en el proceso de implementación en el distrito.

En la formulación, a cargo del gobierno nacional a través del MDSN, se observa la concepción finalística porque es producto de la visión de los discursos, problemas, actores y conflictos de intereses presentes en determinado momento sociohistórico, en el marco de una coyuntura sociopolítica y económica presente en el país. A partir del análisis previo, consideramos al Prist- At como un programa de transferencia de ingresos condicionada con eje trabajo céntrico, que se inspira de principios de la nueva economía social y solidaria como también se nutre de políticas sociales que lo anteceden. Los principios de la nueva economía social y solidaria, después de la crisis del 2001en Argentina, se ven reflejados en fenómenos que abarcan experiencias inducidas por el Estado a través la sanción de políticas públicas. Dentro de estas, el instrumento que se ha generalizado es el de las cooperativas de trabajo tuteladas por el Estado que tienen arraigo territorial. Las políticas públicas que han fomentado cooperativas de trabajo son una decisión política tomada desde el MDSN. Este último, históricamente estuvo asociado a la asistencia.

En efecto, al Prist-At lo definimos como un programa social que materializa una concepción de política social propuesta desde el MDSN, que refleja la decisión política de generar empleo a través de principios de la economía social y solidaria e irrumpir en el territorio local proponiendo una gestión del programa a cargo del ente ejecutor municipio. Asimismo, el Prist -At profundiza el proceso de reestructuración de las políticas sociolaborales iniciado en el 2003 a través de una estrategia de política social que tiene contradicciones y dificultades pero intenta fortalecer la promoción del trabajo asociativo.

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1Otras perspectivas bajo las cuales se ha abordado la temática de la política social son: el gerenciamiento social (Kliksberg, 2004), el desarrollo humano (PNUD, 1998 y Sen, 1999), el ingreso ciudadano (Lo Vuolo, 1995), la economía social (Corragio, 1999) y el desarrollo local y economía social (Arroyo, 2009 y Rofman, 2006). Para profundizar sobre las diferentes perspectivas véase: Coraggio, José Luis (1999). Política social y economía del trabajo. Alternativas a la política neoliberal para la ciudad. Madrid: Miño y Dávila.

2Referimos específicamente al Plan Trabajar, al Plan Jefas y Jefes de Hogares y al Programa Manos a la Obra.

3Para un análisis en profundidad véase Perelmiter (2012).

4Según datos del Indec en el abril del 2001 en el gran Buenos Aires, la Canasta Básica Total de la Línea de Pobreza equivalía a $154,30.Vease http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/74/pob_tmay01.pdf

5Para un análisis en profundidad véase Zibecchi, C y Paura, V (2017).

6Para un análisis en profundidad véase Paura, Vilma (2013).

7Para un análisis en profundidad véase Reygadas, Luis (2002).

8Para un análisis en profundidad véase Pautassi, L. (2004).

9Se crea el Programa de Empleo Comunitario (PEC) mediante resolución 07/03 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el fin de contener a los que había quedado excluido del PJJHD. El PEC permitía entablar una relación directa entre el Estado Nacional y las organizaciones de desocupados. otros dos nuevos programas: “Plan Familias por la Inclusión Social” y “Seguro de Capacitación y Empleo (SCE)”.

10MDSN (2006). La construcción pública del Desarrollo Local. La experiencia del Plan Nacional Manos a la Obra, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, PNUD, Buenos Aires.

11Los programas enlatados establecían rígidamente los parámetros según los cuales la población beneficiaría debía ser seleccionada, los montos a financiarse, así como el tipo de prestaciones que podían brindarse. Los mismos predominaron durante la década de los noventa impulsados por el BM y el FMI. Los mismos (Guimenez y Hopp, 2013).

12Para profundizar sobre el análisis de esta política pública se puede recurrir a Salvador Tiranti (2015).

13“La diferencia entre el Monotributo social con el Monotributo común es que el trabajador inscripto en aquel solo abona la mitad del valor de la obra social en forma mensual. El componente impositivo y el aporte jubilatorio, están subsidiados totalmente y accede a la AUH (Fesser, Bausset, MutuberríaLazarini 2012)” (Arcidiácono y Bermúdez, 2015:18).

14Encuentra a los cooperativistas del programa en una mejor situación referida al sistema de protección entorno a titulares de otros programas sociales o bien de otro tipo de cooperativas (las clásicas de la economía social) pero en una situación de desventaja en relación al trabajador asalariado. En este sentido, genera tensiones con las cooperativas genuinas.

15Algunas de las competencias del MDSN son fomentar la integración social y el desarrollo humano, la atención y la reducción de las situaciones de vulnerabilidad social, el desarrollo de igualdad de oportunidades para estos sectores y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias (R.3182/2009). Por ello, la política social es un instrumento de restitución y realización de los derechos sociales.

16Para profundizar sobre la raíz de estos conceptos se sugiere Scarfó et al. (2009).

17Se entiende por empleabilidad al conjunto de calificaciones, conocimientos y competencias que aumentan las posibilidades de los sujetos de conseguir y conservar un empleo (Weinberg, 2004).

18En Argentina para considerar cuando una persona es pobre o es indigente se tiene en cuenta los ingresos monetarios que permiten aproximarse de un modo indirecto la posibilidad de adquirir bienes y servicios que funcionan como satisfactores de necesidades. El nivel de ingreso que clasifica a una persona de indigente corresponde a no poder comprar alimentos básicos para cubrir sus necesidades de calorías, es decir, la Canasta Básica Alimentaria. El nivel de ingreso para estar por debajo de la línea de pobreza se le adjudica a quienes no pueden comprar alimentos, otros productos y servicios básicos, es decir, la Canasta Básica Total. Así, la inyección de dinero en los sectores vulnerables modifica positivamente los resultados de las mediciones.

19En palabras de la ex presidenta de la Nación Cristina Fernandez de Kirchner el significado del Prist - At: “significa un abordaje diferente a los planes que normalmente con asistencialismo se han desarrollado en nuestro país, tiende no solamente a que la gente tenga trabajo sino que además se organice socialmente, algo característico del movimiento cooperativo ” (Discurso de lanzamiento del Programa Ingreso Social con Trabajo por Cristina Fernandez, 200919).

20Ver resultados en: http://www.elecciones.gov.ar/estadistica/archivos/2009/Totales_por_Provincia_28_deJunio_de_2009.pdf

21http://elecciones.gov.ar/admin/ckfinder/userfiles/files/Elecciones-Nacionales-2009.pdf

22Ministerio del Interior. Sitio oficial del creado para las elecciones: http://www.elecciones.gov.ar/paginas/if_top.htm.

23Diario la Nación. (21-05-2010) “El Indec dice que bajó el desempleo. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1267234-el-indec-dice-que-bajo-el-desempleo. Consulta 22/02/10) y Diario Clarín. (200-02-10). “El desempleo bajó a 8,4%, pero está más alto que hace un año atrás”. Disponible en: http://www.ieco.clarin.com/economia/desempleo-alcanza-Indec_0_212978748.html.Consulta 22/02/10).

24Para profundizar sobre la AUH Véase Arcidiácono, P.; Carmona B. Verónica; Paura, V. y Straschnoy, M. (2012) y Maneiro, M. (2017).

Recibido: 11 de Abril de 2018; Aprobado: 17 de Junio de 2019

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