Introducción

En América Latina si bien no todas las personas de color son pobres, sí casi todos los pobres son personas de color” (Dulitzky, 2017: 36), en convergencia con la definición de Anibal Quijano según la cual la raza es “el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años” (2000, 37). Así y todo, ésta parece haber ocupado su lugar privilegiado en el campo académico y en la arena política internacional recién en los últimos veinticinco años. La irrupción de la raza como tema y problema a nivel global, y su asunción como tarea y compromiso de organismos y centros de poder trasnacionales, comenzó en la segunda parte del siglo XX para ocupar a fin de siglo un lugar central en las agendas políticas estatales a nivel global.

El proceso global de politización de la cultura (Yúdice, 2000), la identidad (Fraser, 1999; Briones, 2005; Segato, 2007), la diferencia (Grimson y Bidaseca, 2013), las identidades étnicas y raciales (Lao Montes, 2011), de revisibilización étnica y racial (Alberto y Elena, 2016), de nuevas formas de visibilidad de lo indígena y lo afrodescendiente (Tamagno y Maffia, 2011) o de internacionalización de la cuestión indígena (Briones, 2005) y afrodescendiente, implicó la transmutación de la diversidad en un valor global, así como la creación e implementación de una batería de normativas, acciones y directrices internacionales para “visibilizarla” y “protegerla”. La puesta en valor de la diversidad, que a partir de la década de 1990 se expresó globalmente incluso “como condición de gobernabilidad” (Nivón Bolán, 2013: 26) generó -en algunos casos- y fortaleció - en otros- la organización y articulación de movimientos de indígenas, afrodescendientes, inmigrantes, minorías religiosas, lingüísticas, y de diversidad sexual a escala global.

En América Latina, este proceso global, convergió con el periodo de transición democrática, deviniendo en un cambio de paradigma en cuanto a los moldes de la actividad política y a sus vocabularios (Segato, 2007). Este proceso, según Rita Segato, generó el transitorio abandono de las críticas sesentistas al sistema y su reemplazo por las demandas de inclusión a través de la politización de las identidades (ibíd.). Así la diversidad se desplazó de los márgenes al centro de la escena política latinoamericana empujada desde más allá de los estados-nación.

La articulación entre el marco normativo internacional, la acción y organización de los movimientos sociales indígenas y afrodescendientes -para lo que aquí nos concierne- , y la búsqueda de legitimidad de gobiernos de corte neoliberal -primero-, y de carácter progresista -después-, se plasmó en la implementación de políticas estatales dirigidas a poblaciones históricamente subalternizadas en el marco de la nación. En este marco, este trabajo busca indagar en la manera en que los estados-nación latinoamericanos administran y han administrado históricamente su diversidad interior -y/o anterior- especialmente la referida a las poblaciones afrodescendientes. A fines de comenzar a develar los interrogantes y problemas que esta pregunta implica, he optado aquí por analizar el caso argentino, país que de manera antonomásica da cuenta del proceso histórico de subalternización e invisibilización de las poblaciones afrodescendientes en nuestra en América Latina. Aquí, el proceso de invención, imaginación y producción de la nación estuvo basado en el ideal o mito del blanqueamiento (distinto del mito del mestizaje que primó en la mayor parte de América Latina), sostenido a través de procesos y dinámicas de homogeneización ficticia y forzada.

En su estudio sobre las políticas raciales en Cuba en el siglo XX el politólogo Mark Sawyer (2005) formuló la categoría de ciclo de política racial. Categoría que implica la existencia de ciclos cortos de rápida emergencia que surgen en el marco de crisis del estado-nación y de cambios a nivel internacional y que funcionan como estructura de oportunidad a la movilización social y a cambios en las políticas raciales de los actores en juego (Ferreira 2013). Así la categoría supone tener en cuenta las interrelaciones entre las diferentes esferas de acción y significación en torno a lo racial, incluyendo el marco transnacional, el estatal y el de los movimientos sociales. Sostengo aquí que en el período que va entre c.19890 y c.2015, asistimos la constitución de dos ciclos de política racial. El primero (c.1989-2001) de matriz multicultural, dirigido estatalmente en Argentina por gobiernos de corte neoliberal y finalizado en el año 2001. Año en el cual la triple crisis argentina convergió con la Tercer Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, que representó un cambio de paradigma internacional con respecto a lo afrodescendiente. El segundo ciclo, es clasificado aquí como de matriz afrodescendiente, y situado entre el 2003 y 2015, abarcando la totalidad de los gobiernos kirchneristas, y convergiendo en su finalización con el comienzo del Decenio Internacional para los afrodescendientes según proclamara la Asamblea General de la ONU. Según Agustín Lao Montes (2017), la categoría de ciclo de política racial, permite realizar una cartografía del campo político afrodescendiente, el cual define como una comunidad política heterogénea, donde se debaten diversidad de perspectivas políticas e ideológicas, a través de intereses y proyectos en conflicto, los cuales implican escenarios y espacios políticos constituidos por las articulaciones nacionales y transnacionales/translocales en torno de las esferas públicas negras (p.140). Es tomando en cuenta lo teorizado por el autor que propongo realizar un análisis comparativo de las políticas estatales para la población afrodescendiente implementadas en Argentina entre el período neoliberal, y el kirchnerista. Así se analizarán socio-históricamente las políticas que tienen como eje a la diferencia racial, con el objetivo de rastrear las transformaciones en el vínculo entre la nación y la raza, dirigidas desde el estado argentino. En este sentido, busco explicar la manera en que el estado argentino produjo, administró y ordenó su diversidad interior entre 1989 y 2015, “apropiándose de manera diferenciada de los procesos globales y regionales dependiendo de la propia historia” (Segato, 2007: 150), y de los disímiles intereses y posibilidades gubernamentales.

1. Algunas coordenadas teórico-metodológicas

Frente a lo fluído, contradictorio, polémico, performativo y movedizo, de un término que es tanto una categoría académica, una identidad política y un mecanismo de dominación (y a veces ambas tres al mismo tiempo), me propongo precisar el porqué y el cómo de la utilización del signo raza (en términos de Segato, 2007). Dado que se apuesta aquí por un uso específico y contextualizado de esta categoría, en este apartado se argumenta también el porqué y los beneficios analíticos y políticos de entender a la raza en clave de larga duración en nuestro continente, así como de “leerla” en al interior de un contexto nacional particular. Al interior de esta última dimensión, se define aquí, qué entiendo por política estatal, y cuál será la metodología utilizada para analizarla en Argentina entre 1989 y 2015.

El objetivo aquí es evitar a toda costa una lectura reproductivista de matriz colonial, entendiendo que la teoría “en sociedades como las nuestras implica intervenciones en los imaginarios sociales y políticos que constituyen la experiencia de nuestro presente así como puntúan nuestro inmediato futuro” (Restrepo, 2005: 17). En esta clave propongo utilizar la categoría analítica de raza para designar al signo (Segato, 2007), que es efecto del proceso histórico de dominación y subalternización de los colectivos esclavizados durante la colonización europea. Así la raza es entendida como el efecto del proceso de racialización, signo con alto poder performativo, el cual a lo largo del tiempo “produce, tanto como nombra, lo que intenta ordenar de manera históricamente lábil e híbrida” (Guzmán, Geler y Frigerio, 2016: 18). Se busca leer aquí también, y de forma privilegiada, los procesos a través de los cuales los sujetos marcados por la raza, se han reapropiado a través de procesos de lucha y negociación, de las marcas de su opresión, convirtiendo a la “raza” en el móvil a través del cual interpelar el estado-nación en pos de derechos y demandas (Appelbaum et al, 2003; Frigerio y Lamborghini 2011; Restrepo, 2013; entre otros).

Según Aníbal Quijano (2014) el desenvolvimiento histórico del capitalismo se construyó sobre procesos de clasificación social, en tanto la esclavitud moderna precisó de la invención de la raza y de la instalación del racismo como sustento ideológico y cultural legitimizante (Gruner, 2010; Quijano, 2014). Así la raza constituye el centro del proceso por el cual “el colonialismo transformó las dialécticas constituidas del continente (América Latina) en dialécticas constituyentes en el marco de la economía mundo capitalista (Ansaldi y Giordano, 2012: 102).

La colonialidad del poder (Quijano, 2014), por la cual las relaciones de dominación coloniales han persistido más allá de la ruptura del nexo político colonial, implicó la perpetuación de la estructura racial colonial en los estados- nación tutelares o post-coloniales, convirtiendo a la raza en un “elemento estructural de larga duración” en nuestro continente (en los términos de Braudel, 1970). Las dinámicas de producción y fijación de categorías poblacionales al interior de los flamantes estados- nación determinaron la forma en que esta relación -entre el estado-nación y sus alteridades históricas- habría de reproducirse en las décadas posteriores. La raza, signo ordenador de matriz colonial, sobrevivió, como “reverso de la nación” (Rosenzvit, 2017), los sucesivos cambios de régimen político y hasta económico-sociales entre los siglos XIX y XX.

En este sentido y siguiendo a Rita Segato (2007) el proceso de construcción de la nación argentina, implicó la producción - y reproducción (me permito agregar en clave de continuidad)- de raza, en tanto los grupos raciales fueron construidos como una función de unidad de la nación, esperándose de ellos que se comportaran como un componente étnico, en oposición al elemento no étnico dominante (Rosenzvit, 2017). Es por esto, que se privilegia aquí una lectura de la raza en clave nacional, entendiendo a la nación como su genuino “horizonte de sentido” (Segato, 2007: 27).

El modelo de nación que legitimó al estado argentino en los albores de su creación, persistió con su base europeizante y homogeneizante durante los siglos XIX y XX, y, a pesar de las coyunturas cambiantes, las poblaciones afrodescendientes mantuvieron su posición subalterna y anónima. Pero si la estructuralidad de la raza implica su dinamismo cabe aquí dar cuenta de su mutabilidad -condición de su carácter estructural- en el ocaso del siglo XX, cuyo inicio convergió con la oficialización y consolidación de la “desaparición afrodescendiente” y cuyos últimos diez años fueron escenario de la ruptura y puesta en cuestión del más oscuro de sus mitos nacionales.

Con el objetivo de analizar estas mutaciones, y las que se sucedieron en los primeros quince años del siglo XXI, propongo analizar la política estatal argentina para la población afrodescendiente. Así, y siguiendo a Oszlak y O'Donnell (1995), utilizó la categoría “política estatal” para dar cuenta “del conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil” (Oszlak y O’Donnell, 1995: 112). Entiendo que lo distintivo de esta categoría está en su capacidad para contemplar no sólo la acción sino también la omisión, teniendo en cuenta que, tal como explica Romero Rodríguez (2006: 73) “la ausencia de una política es una política”.

Parafraseando a Miguel Leone (2016: 20) en su tesis sobre la política indigenista, sostengo que “la política afrodescendiente se configura también en la silueta de la negatividad, en la ausencia de todo pronunciamiento sobre lo afrodescendiente, en el silencio de la invisibilización producida e inducida” (Valverde, 2013; Quijada, 2004). Entre el nombrar y el silenciar, el estado configura los regímenes de visibilidad de las identidades étnico-sociales, en tanto “proporciona los ‘marcos interpretativos’ dentro de los cuales esas identidades adquieren (o no) un sentido específico” (Garcia, 2016: 11).

En segundo lugar, sostengo que la categoría de “política estatal” permite rastrearla y explicarla en su carácter dinámico y relacional. Según Oszlak y O’Donnell, deben entenderse:

Las políticas estatales como "nudos" del proceso social. (En tanto) si entendemos a la política estatal como un conjunto de tomas de posición del estado respecto de cierta cuestión, y si este conjunto tiende a variar tanto a través de diversos organismos estatales como a lo largo del tiempo, es evidente que tal política no puede ser entendida ni explicada prescindiendo de las políticas de otros actores (1995: 115).

Es así, que en esta clave situada histórica, espacial, relacional y coyunturalmente, propongo leer comparativamente, las acciones, omisiones, resoluciones y postergaciones a través de las cuales, el estado nación argentino procesó la diferencia racial en el período 1989-2015. Con estos fines retomo aquí, también, la categoría formulada de “economía política de producción cultural” formulada por Claudia Briones (2005), la cual implica que la producción y reproducción de las formaciones nacionales de alteridad tienen como base articulaciones entre el sistema económico, la estructura social, las instituciones jurídico políticas y los aparatos ideológicos. Es al interior de esta categoría que me propongo pensar “la forma en que la distinción social de tipo racial, provee medios que habilitan o disputan modos diferenciados de explotación económica y de incorporación política e ideológica de una fuerza de trabajo -no menos que de una ciudadanía- que se presupone y re-crea diferenciada (Briones, 2005: 16).

A estos efectos, y para el caso argentino contemporáneo, realizaré un análisis desde la sociología histórica, llevando a cabo una “comparación diacrónica” (McMichael, 1992) .Se utilizará una metodología de corte cualitativo y sociohistórico para llevar a cabo una comparación individualizadora -contraste de los casos para captar sus peculiaridades-; y una comparación identificadora de la diferencia para identificar el principio de variación (Tilly, 1991) a lo largo del período histórico que aquí se estudia y manteniendo un lectura de larga duración.

2. El multiculturalismo a la argentina: política estatal afrodescendiente y neoliberalismo

Multiculturalismo es un término polisémico, no por su etimología sino por la historia discursiva que lleva cargada en su signo. Desde su creación y propuesta política en Australia (Banton, 2001), su bandera y programa ha sido tanto alentado como criticado por diversos actores y sectores académicos, militantes y estatales (véase Comaroff y Comaroff, 2011; Hall, 2010; Segato, 2007; Restrepo, 2005). Así no es solamente polisémico en tanto término sino también en cuanto proyecto, plural y contradictorio (Fernandez Bravo, 2013; Hall, 2010) que implica la convivencia de la diversidad al interior de la unidad.

La filosofía política del multiculturalismo globalizado (Annecchiarico, 2016) implicó el “consenso en tanto coexistencia al interior de un espacio y un tiempo determinados de diferentes identidades nacionales, lingüísticas, de género, sexuales étnicas y raciales” (Fernandez, Bravo: 2013: 245). Alentado y salvaguardado por la ONU, el multiculturalismo fue plasmado en su normativa internacional correspondiente a la protección de minorías, en tanto promoción de derechos, programas, seminarios y eventos.

La convergencia entre esta proceso global y la coyuntura regional de transición democrática produjo, a partir de 1989, una mutación en la economía política de la diversidad cultural (en términos de Briones, 2005) que en América Latina se plasmó en dieciséis reformas constitucionales. En esta clave, la protección de la diversidad se convirtió en una “condición de gobernabilidad (Nivón Bolan, 2013: 26) y condicionó “espacios de maniobrabilidad (Buffa y Becerra, 2012) para los estados latinoamericanos al interior de procesos de transición democrática y reordenamiento neoliberal.

En esta clave, el multiculturalismo, como redefinición jurídica y programática del carácter de los estados nacionales postcoloniales -en nuestra caso latinoamericanos-, implicó nuevas estrategias y políticas adoptadas para gobernar o administrar los “problemas” de la diversidad y la multiplicidad, sin transformar la asimetría de las relaciones raciales.

Al interior de este proceso Los regímenes de invisibilización (Garcia, 2016) a los que habían estado sometidos las poblaciones indígenas y afrodescendientes, fueron rasgados (no quebrados ni dados por obsoletos) a partir de la década de 1990, lo cual fue aún más trascendente en naciones cuyo mito de origen se había consolidado en la blanquitud y la europeidad. Al interior del multiculturalismo global, el reconocimiento de la diversidad nacional fue incentivada como índice del desarrollo y del progreso (Loveman, 2014) lo cual impactó de lleno en los estados-nación latinoamericanos siempre dispuestos a recibir el visto bueno internacional. La aparición en escena de lo históricamente negado torció los ya naturalizados mitos fundacionales, cuando las naciones ciegas al color se enfrentaron (¿preciara?¿parcial?¿insuficiente? o al menos) finalmente con las verdades más negadas de sus doscientos años de historia independiente.

En su análisis sobre la justicia en la era postsocialista, Nancy Fraser (1995) propone un dilema entre dos polos analíticos, pero no antitéticos, en la resolución de la injusticia: el reconocimiento y la redistribución. Mientras el primero, móvil “paradigmático del conflicto político a finales del siglo XX” (ibidem: 1), responde a la injusticia cultural o simbólica; el segundo busca reparar la injusticia socioeconómica, que está arraigada en la estructura económico-política de la sociedad. Aunque en la práctica ambas injusticias se retroalimenten, e incluso estén inherentemente relacionadas, la distinción entre ambos polos brinda un marco fructífero para analizar el accionar estatal de Argentina con respecto a las poblaciones afrodescendientes en el período estudiado.

Según “Chucho” García (2001: 55) a la hora de analizar las transformaciones en la relación entre el estado y la sociedad civil en clave de democratización hay tres procesos que deben tenerse en cuenta: a) la creación de nuevas legislaciones e instituciones vinculadas al pluralismo cultural; b) las fórmulas de empoderamiento ligadas a la gobernabilidad; c) y la adecuación de las instituciones de gobierno al contexto global actual, lo que implica trascender la relación únicamente entre gobiernos.

Al interior de esta caracterización incluiré lo elaborado por la organización regional Afroamérica XXI en “El Compendio Normativo Regional Afrodescendiente de América Latina” (2009), en el que las acciones estatales regionales dirigidas al pueblo afrodescendiente son clasificadas por: a.1) reconocimiento de aporte étnicos y decreto de un día de conmemoración nacional; a.2) creación de un instituto a nivel nacional de equidad racial que cuente con representantes afrodescendientes; b.1) titulación de tierras colectivas; a.3) legislación respecto a cátedras de estudios Afrodescendiente. Por último propongo agregar a esta clasificación un último punto que considere la manera en que desde el estado se conservó, modificó o transformó el retrato de la nación, en tanto narración legitimante de un orden histórico. Propongo entonces utilizar estas claves clasificatorias para analizar la manera en que el estado argentino procesó a la raza al interior del ciclo de política racial multicultural.

La reforma constitucional de Argentina de 1994 es incluida por Raquel Yrigoyen Fajardo (2011) al interior del ciclo de constitucionalismo pluricultural, sin embargo, en comparación con el resto de la región, la argentina es más bien tibia y parcial. La misma no reconoce el carácter multicultural ni multiétnico de la nación o el estado, sino que mantiene el mito monocultural del siglo anterior. En cambio sí reconoce la preexistencia étnica y cultural, la identidad y el derecho de los pueblos indígenas, consolidando el proceso de reconocimiento de una ciudadanía indígena diferenciada, con derechos especiales (Carrasco, 2000).

Así, la reforma constitucional de 1994, diseñada en un contexto de “reconfiguración del estado” (Ottenheimer y Zubrzycki, 2011) y con el objetivo de “facilitar la implementación de políticas neoliberales en el marco de la globalización” (Yrigoyen Fajardo, 2011: 143), institucionalizó el proceso de reconocimiento de la alteridad histórica indígena, rasgando el manto homogeneizante de la nación y habilitando el espacio para ciudadanías diferenciadas. Por otro lado, y en completa tensión con lo recién dicho, a pesar de las demandas de los movimientos indígenas y afrodescendientes, la reforma en cuestión dejó intacto el artículo 25 que fomenta la inmigración, explícitamente europea, reproduciendo constitucionalmente el racismo histórico racismo institucional.

La nueva carta magna argentina otorgó rango constitucional a los pactos y convenios internacionales antes mencionados, institucionalizando el alto grado de aceptación que la normativa internacional obtuvo de parte del estado argentino. Como resultado de su implementación, en 1995 se fundó el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Durante la década siguiente, este se convirtió en el “principal artífice y administrador de lo afro en el plano estatal” (García, 2016: 182). Sin embargo, en sus primeros años de funcionamiento, e incluso hasta su reforma en el 2006, “la mayor parte de su actividad era fluctuante y de corto alcance, referida principalmente a receptar denuncias sobre xenofobia y discriminación por razones de nacionalidad. (...) (y) El personal del Instituto era pequeño, y ad honorem”(Ottenheimer y Zubrzycki 2011: 3). La creación y el funcionamiento del INADI dan cuenta de la territorialización argentina del paradigma multicultural global en una clave particularmente declaratoria. La lucha contra el racismo era apropiada, al tiempo que institucionalizada en la ley suprema nacional y a través de la creación de organismos oficiales, mientras éstos representaban más forma que contenido, dando cuenta de “una inflación de los derechos sin correspondencia con mecanismos institucionales aptos para hacerlos efectivos” (Yrigoyen Fajardo, 2011: 143).

En la misma clave puede leerse la aprobación de la Ley antidiscriminatoria, en 1998, que penaliza la persecución o el odio racial contra una persona o grupo de personas por causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas, aprobada en el marco de la creación del INADI, y como efecto de la incorporación nacional de la lucha global contra la discriminación. Ley que sin embargo es contemporánea con el asesinato policial de José “Delfín” Acosta Martínez en CABA, afrouruguayo que formaba parte del incipiente movimiento afrodescendiente en Argentina, que en su lucha contra la discriminación racial enfrentó a la policía mientras ésta hostigaba a dos afrobrasileños. La no resolución, y la falta de un mea culpa oficial por el asesinato en cuestión, da cuenta de la política oficial de invisibilización de las poblaciones afrodescendientes, que pese a su matriz colonial, continuaba vigente al promediar la década de 1990. En la misma coyuntura en que conviven el racismo policial, con el combate, también oficial, contra éste, el entonces presidente Carlos Menem, manifestó en una universidad en Estados Unidos que: “en Argentina no existen los negros; ese problema lo tiene Brasil” (en Ocoró Loango, 2018). Así quien fuera presidente de Argentina durante la (casi) totalidad del ciclo de política racial multicultural, no dudaba en calificar a los negros como problema al tiempo que aseguraba su inexistencia nacional.

Fruto de la constitución de 1994, y como parte de la descentralización estatal neoliberal que puso en funcionamiento la reforma en cuestión, surgió la Defensoría del Pueblo, un organismo especializado para cumplir la función estatal por antonomasia. En 1999 la organización afrodescendiente “África Vive”, fundada como respuesta a los dichos del presidente sobre la inexistencia de “negros” en Argentina, organizó el seminario “Presencia Negroafricana en la Argentina” en el marco del “Seminario Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Nuevos Migrantes”. Éste tuvo lugar en el auditorio de diputados, representando un hito en la visibilización estatal de lo afrodescendiente, como parte de los colectivos histórica y contemporáneamente subalternizados. Un año después, África Vive, que contaba con apoyo del BID y de la fundación Kellogs, encontró en “la titular de la Defensoría del Pueblo a su principal aliada” (Frigerio y Lamborghini, 2010: 146), para llevar a cabo una (pequeña) serie de acciones en sintonía con la incipiente “narrativa multicultural” de la Ciudad de Buenos Aires (2009).

Las tareas en cuestión en tanto acción estatal rasgaron -tímidamente- la ausencia de política como política, característica del estado argentino frente a la población afrodescendiente, aunque según Martina Garcia (2016: 63) “cuesta encontrar en aquella acción una política estatal específicamente orientada hacia la población afrodescendiente, más allá de la voluntad individual de la funcionaria en cuestión”. Los resultados del trabajo conjunto de África Vive y la Defensoría del Pueblo, fueron la organización de un baile en el histórico Shimmy Club, y un Censo sobre la comunidad afro en la Ciudad de Buenos Aires (Lamborghini y Frigerio, 2010). El informe que surgió de tal censo dio cuenta de su carácter deficiente, resultando en una magra contabilización de 200 personas. Así y todo, y pese a lo exclusivamente situado del mismo, su realización “brindó un primer reconocimiento oficial a la existencia de afrodescendientes -no sólo migrantes, sino sobre todo argentinos- en la ciudad, asestando un golpe a su invisibilización” (Frigerio y Lamborghini, 2011: 27). De hecho el informe en cuestión formaría parte de los documentos llevados a la III CMCR por parte del movimiento afroargentino. Tanto el censo como el baile en el Shimmy Club respondieron al objetivo de la visibilización, fueron parciales en sus resultados, y respondieron en gran medida al paradigma multicultural global en su clave celebratoria y contabilizadora de las minorías étnicas en América Latina.

La elección de Santiago de Chile como sede para la Conferencia preparatoria para la III CMCR, organizada por la CEPAL en el año 2000, puso en jaque a las geografías de la negridad (Restrepo, 2013) latinoamericanas según las cuales el Cono Sur representaba una zona no negra por antonomasia. En este marco, la Argentina del neoliberalismo se vio interpelada, a través de un proceso transnacional que hacía de su geografía el espacio de la negritud y de su lucha organizada. La participación de gobiernos y organizaciones afrodescendientes colocaba a este vínculo bajo la mirada global signada por la lucha contra la discriminación y las deudas estatales pendientes, así y todo el estado argentino llegaba a Santiago de Chile, falto de credenciales y sumido en su histórico y característico silencio entierro.

Según Aníbal Quijano (2000), “en el patrón mundial de poder colonial/moderno/capitalista/eurocéntrico, la democracia implica un sistema de negociación institucionalizada de los límites, de las condiciones y de las modalidades de explotación y dominación”. En la misma clave Verónica Giordano (2012: 32) sostiene que la democracia moderna se ha erigido sobre la contradicción entre una instancia de igualdad formal y una instancia real en la que son manifiestas las diferencias y las exclusiones. Al interior del multiculturalismo global, el paradigma democrático latinoamericano promovió ciertas inclusiones, mientras mantuvo en la sombra sendas exclusiones estructurales. En este sentido el multiculturalismo latinoamericano, implicó una particular “administración y jerarquización de la diversidad, representada como recurso de la nación y utilizada para legitimar la democracia” (Wade 2007: 385).

Así las paradojas del multiculturalismo estuvieron presentes en el tratamiento otorgado a las poblaciones históricamente subalternizadas, tanto de parte del complejo transnacional como de los estados-nación latinoamericanos. En tanto, el primero por un lado apoyó las iniciativas locales indígenas y afrodescendientes en pos del reconocimiento de derechos culturales; y por el otro, incentivó y permitió la aplicación de programas de ajuste estructural a costas de las mismas poblaciones enflaqueciendo políticas estatales de atención de derechos económicos y sociales (Briones, Cañuqueo, Kropff, y Leuman, 2007: 267). Recién en 1998, la Asamblea General de la ONU reconoció, por primera vez, la relación entre la escalada de intolerancia en un mundo globalizado y la distribución desigual de la riqueza, la marginalización y la exclusión social” (Banton, 2002: 77). La misma dinámica paradójica fue replicada por los estados-nación, al interior de los cuales las políticas multiculturales parecían dirigirse a la desigualdad cuando efectivamente buscaban disipar la presión en pos de estrategias que efectivamente acarreasen cambios sustantivos y estructurales. En ambas escalas el multiculturalismo implicó un:

proyecto racial de carácter contradictorio en el cual se tendió a reducir lo racial a lo cultural, con el efecto de minimizar u obliterar la importancia del racismo como componente central y estructural, negando así la importancia de las formaciones raciales en el tejido social; y reduciendo el racismo a discriminación o prejuicios (Lao Montes, 2018: 250).

Siguiendo la clasificación de García (2001) y Afroamérica XXI (2009) sostengo que en el período c.1989-2001 y frente al imperativo global de asumir la diversidad como un criterio organizador nuevo en las políticas estatales (Nivón Bolan, 2013: 36): Argentina creó legislación nueva vinculada al pluralismo cultural pero no a lo afrodescendiente, población cuyos aportes étnicos no fueron reconocidos bajo ningún concepto; tampoco estableció fórmulas de empoderamiento para la población en cuestión; pero sí adecuó su legislación otorgando rango constitucional a los convenios y declaraciones internacionales; y creó el INADI como instituto nacional de aproximación a la equidad racial aunque más bien fue de lucha contra el racismo, sin incluir a la igualdad como programa.

Entendiendo a la política estatal no solo como lo que se hizo, sino también como lo que dejó de hacerse, se dijo y se hizo significar, sostengo que en el ciclo de política racial multicultural, la política afrodescendiente de Argentina no presentó sistematicidad alguna ni tampoco programaciones orgánicas (Leone, 2016: 21, para la política indigenista), por el contrario pasó a ser un complejo heterogéneo de iniciativas gubernamentales puntuales, dispersas y muchas veces contradictorias. Sostengo también que esta heterogeneidad es el resultado de la tensión entre: la formación maestra de alteridad de la nación, racializada y reproductora de la raza, como base de la estructura social; y la articulación entre la hegemónica puesta en valor de la diversidad a escala global y la emergencia de movimientos afrodescendientes e indígenas locales, frente a un estados-nación dispuesto a legitimizarse en ambos planos, pero, que en tanto garante del orden social racializado, no estuvo dispuestos a desestructurarlo.

Así, el caso argentino es uno en el que ruptura y continuidad se tensan en una dinámica particular, respondiendo a su específica formación nacional de alteridad (Segato, 2007). La Argentina de 1990 se muestra profundamente comprometida con la normativa internacional dominante, pero, como se lee, más que un programa su postura es una exhibición. El reconocimiento de su diversidad interior estuvo dirigida únicamente (y de hecho parcialmente) a las poblaciones indígenas, posicionadas como la otredad “legítima” de la nación (Briones, 2005; Hooker, 2005), siempre y cuando sus demandas fueran en clave cultural sin interpelaciones de tipo económico o redistributivo. Así, tal como el estado uruguayo, el argentino soportó un reconocimiento culturalista, que habilitó componentes étnicos al interior de la nación, sin alterar el nosotros nacional, que se mantuvo como elemento no-étnico dominante.

En clave, también continuista, la emergencia de lo afrodescendiente, o su incipiente visibilización (Frigerio, 2008; Morales, 2017), replicó la histórica operación argentina por la cual lo afro se funde en lo pobre y la raza en la clase -dinámica incluso potenciada durante los gobiernos peronistas-, invisibilizando una desigualdad fundante y particular, y un tipo de demandas específico y siempre negado (Frigerio, 2008; Geler, 2006, 2013) . En la convergencia entre la inmigración desde países limítrofes, el ajuste estructural neoliberal, y el paradigma de la securitización, la raza mantuvo su circulación en tanto signo de la desigualdad, marcando a recién llegados y post-coloniales por igual. A la pobreza asociada al color, se le sumó, durante la década de 1990, la hiper visibilización xenofóbica, tanto oficial como social (Grimson, 2006), dinámica que un mismo movimiento extranjerizó e invisibilizó el lugar de lo afrodescendiente como parte fundante de la nación.

Se mantuvo así vigente la matriz nacional alterofóbica, al interior de la cual por un lado se reconoció la existencia de lo indígena, y por el otro se reforzó el pánico clasista en el que enraíza lo afrodescendiente. Las iniciativas de lucha contra el racismo dan cuenta de un estado profundamente comprometido con las paradojas del multiculturalismo global, que mientras empobreció con una mano, protegió con la boca, y con la otra volvió a empobrecer. La Argentina de los noventa, replicó la lógica de la París de América, se quiso primer mundista y ostentó “una línea de pobreza bajo la cual , para el año 2001, vivía un 46,7% de la población” (Basualdo, 2006: 317). En lo que al racismo respecta la argentina menemista mantuvo vigente “la versión extrema de la negativa : negó directa y explícitamente la existencia de la víctima” (Dulitzky, 2017: 666). En un claro caso de hipermetropía el estado argentino de los noventa (c.1989- 2001) acataba los derechos humanos globales al tiempo que desconocía a sus ciudadanos y socavaba los derechos que los amparan.

2.1. 2001: transformaciones multiescalares

Entre el año 2001 y el 2003, Argentina fue escenario de las crisis del modelo neoliberal, que produjo un punto de inflexión en su historia política y social. La crisis que comenzó siendo económica, arrastró consigo las condiciones de vida de los y las argentinos y argentinas, y derribó también al histórico orden institucional (Ansaldi y Giordano, 2012; Rapoport, 2012). La crisis del 2001-2003 arrasó con la institucionalidad política nacional, fracturando a los partidos tradicionales de masas e inaugurando una nueva conflictividad social, en algunos casos organizada, en el marco de un proceso cuasi insurreccional de deslegitimación radical de la clase históricamente dirigente (Ansaldi y Giordano, 2012: 634).

Al interior de este proceso de movilización social, las organizaciones afrodescendientes despuntaron por la convergencia entre la situación nacional y una coyuntura global de fortalecimiento y consolidación de su posición transnacional. En septiembre del año 2001, se desarrolló en Durban, Sudáfrica, “La Tercer Conferencia Internacional contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia” que contó con la asistencia de más de 10.000 personas; fue resultado de cuatro conferencias regionales preparatorias y tres reuniones preparatorias del Comité, en las que participaron representantes de los estados, de la ONU, de otras agencias intergubernamentales y de ONGs.

Más allá (y más acá) de los intríngulis que planteó la III CMCR en la arena política global, es seguro que ésta implicó un punto de inflexión (Loveman, 2013) en cuanto al tratamiento de las poblaciones afrodescendientes a escala internacional, nacional y local. Ya sea que se la califique como un éxito (Mosquera Rosero-Labbé, León y Rodríguez, 2009, Lao Montes, 2006) o como una calamidad (Banton, 2002), existe un consenso académico y militante para calificarla como un hito fundacional (De la fuente, 2018) que representó un evento global de cambio en las relaciones raciales en América Latina, en tanto modelador de las políticas raciales, fuertemente concatenado con las respectivas “crisis estatales y las imperantes políticas transnacionales” (ibidem).

La III CMCR produjo la articulación de lo afrodescendiente como identidad política transnacionalizada, y como categoría singular institucionalizada a nivel global. El efecto durban (Restrepo, 2009), consolidó las bases “para la construcción de políticas públicas (globales y nacionales), creando nuevos espacios de acción política y otros soportes para la protección de los derechos de los pueblos afrodescendientes” (Septién, 2017: 30), “interpelando a las narrativas emergentes (e históricas) sobre raza, mestizaje y nación” (Annecchiarico, 2015: 292). Es a partir de estos nuevos lenguajes, sentidos y acciones, que Romero Rodríguez, presidente de la uruguaya organización Mundo Afro, manifestó con respecto a la III CMCR: “a ella entramos negros y salimos afrodescendientes; con identidad... Para mí, es el hecho más importante en la presencia del negro en la historia de América Latina” (citado en Mosquera et al, 2009: 22).

A razón de la III CMCR lo afrodescendiente irrumpió como prioridad en las agendas y programas de los organismos internacionales actuantes en la región (Loveman, 2014), convergiendo con el proceso de transnacionalización de los movimientos afrodescendientes latinoamericanos (Lao Montes, 2017), y produciendo la emergencia de un “agenda global para una ciudadanía afrodescendiente” (Antón, Bello, Del Popolo, Paixao Rangel, 2009: 17). En este marco los estados-nación en América Latina, firmantes de la Declaración de Durban y de su Plan de Acción, enfrentaron la presión resultante de esta articulación, a través del reconocimiento de su deuda histórica y de políticas específicas dispuestas a repararla. En este plano regional, las transformaciones en la coyuntura política de cada nación, tanto internacional como doméstica,, modelaron sus políticas raciales y los límites y alcances de los compromisos adquiridos.

En la Argentina, la crisis en que derivó el modelo neoliberal, arrastró consigo un tipo de vínculo particular entre el estado y sus ciudadanos que había sabido legitimar las políticas económicas y sociales de los últimos diez años. La desigualdad estructural de la Argentina neoliberal se había sostenido sobre un imaginario nacional de raíz racializante y colonial, que desde hacía siglos reproducía la diferencia como base de esta -nunca nueva- desigualdad. La crisis, que puso en jaque al discurso neoliberal, afectó también a la estructura racial que le servía de soporte.

En esta clave la resolución de las crisis del 2001-2003 traería consigo nuevos relatos nacionales en los que lo afrodescendiente ocuparían un novedoso lugar, al interior de una nueva economía política de la diversidad cultural. A partir del año 2001, la articulación entre el marco normativo internacional, los movimientos afrodescendientes y el estados-nación de Argentina, produciría un nuevo ciclo de política racial con sus respectivos lenguajes, sentidos y políticas raciales.

Durante los primeros quince años del siglo XXI América Latina fue escenario de un reordenamiento político y social, llevado a cabo por gobiernos de signo contrario a los de la década anterior. En este marco Argentina (2003-2015), Bolivia (2006- actualidad), Brasil (2003-2016), Chile (2006-2010), Ecuador (2007-2017), El Salvador (2009-actualidad) Honduras (2006-2009), Nicaragua (2007- actualidad) Paraguay (2008-2012), Venezuela (1999-2013) y Uruguay (2003-actualidad), con distintos matices e intensidades, atravesaron procesos de reestructuración estatal a través de la acción de gobiernos que fueron definidos como progresistas , posneoliberales, de centro-izquierda, de nueva izquierda, de giro a la izquierda, o hasta socialistas del siglo XXI. A pesar de las diferencias históricas y coyunturales, en todos los casos se llevaron a cabo transformaciones de la estructura social; reposicionamientos en la arena global; y modificaciones del vínculo entre el estado-nación y sus gobernados, especialmente con quienes ocupaban posiciones subalternas y con los movimientos y organizaciones sociales.

Salta a la vista la forma en que los dos primeros procesos afectaron a las poblaciones afrodescendientes: en tanto ocupantes de las posiciones subalternas de la estructura social, y como colectivo históricamente negado por los estados-nación, y celebrado parcial y tardíamente durante la década anterior. Para la última cuestión, que involucra a la arena global, los reposicionamientos nacionales implicaron: la intensificación de los procesos de integración regional -especialmente a través de la creación del UNASUR y la CELAC y el fortalecimiento del MERCOSUR y la Comunidad Andina- (Ansaldi y Giordano, 2012: 680), replicando y fortaleciendo la regionalización del movimiento afrodescendiente; la gestación de instancias de cooperación SUR-SUR, potenciando la relación entre América Latina y África (Lechini, 2014) -modificando las nociones nacionales sobre el continente, históricamente invisibilizado, e incluso resultando en Argentina en modificaciones de las regularizaciones migratorias--; y la desalineación con respecto a los intereses y programas de Estados Unidos (Ansaldi y Giordano, 2012: 676-682), lo que implicó un alejamiento de las políticas neoliberales que durante la década anterior habían afectado especialmente a las poblaciones en cuestión.

En Argentina estos procesos fueron llevados a cabo por los gobiernos kirchneristas (2003-2015). Las políticas estatales implementadas produjeron una mutación en la economía política de producción cultural, que afectaron al vínculo entre el estado-nación y sus alteridades históricas, transformando las posiciones y condiciones de las poblaciones afrodescendientes. El estado que emergió de la resolución de la crisis del modelo neoliberal fue escenario y agente de nuevos espacios de acción e interlocución en torno a la raza, la desigualdad y la injusticia.

La llegada al gobierno del Frente para la Victoria representó un parteaguas en la historia política argentina, hecho que fue reapropiado por los flamantes presidentes en sus discursos programáticos y relatos nacionales. Los procesos de integración regional, bajo la nómina de la Patria Grande, implicaron y reforzaron la revisión del relato de la excepcionalidad argentina, plasmándose incluso, en la creación del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. La apertura oficial del espacio para re-narrar la nación, en una clave regional, menos blanca y excepcional, funcionó como una estructura de oportunidades para el ingreso de las políticas de la igualdad en la diferencia, en lo que respecta a las poblaciones afrodescendientes.

La participación en la III CMCR de representantes oficiales y de las organizaciones afrodescendientes de ambos países implicó un compromiso -cuasi vinculante- en pos de políticas estatales focalizadas. Así, Nicolás Fernández Bravo (2013: 246) sostiene que “la temática afro ingresó por primera vez en la agenda del estado como consecuencia de Durban”, siendo que “la firma de la Declaración la transformó en un instrumento legal para exigir el reconocimiento de la existencia de una minoría negra argentina” (López, 2012). Aunque aquí se defiende que la adopción de políticas estatales dirigidas a la población afrodescendiente en Argentina proviene de la década anterior - e incluso en una clave de larga duración y entendiendo a las políticas estatales también en clave de omisión, exclusión e invisibilización, de los dos siglos pasados-, resulta innegable que la III CMCR implicó un punto de inflexión insoslayable. En este sentido, pasado un mes de la conferencia se firmó un memorándum de entendimiento entre el gobierno argentino y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el acuerdo mutuo de cooperación en el desarrollo y puesta en práctica de un Programa Contra el Racismo en la República Argentina, en convergencia con la Declaración y el Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Durban (Ministerio de Justicia, 2014).

La crisis económica que asoló a la Argentina en los meses posteriores obstaculizó la pronta realización de los compromisos asumidos y transformó las posteriores relaciones de fuerza en todos los niveles. El prometido Programa Contra el Racismo en la República Argentina hubo de esperar hasta la resolución de la crisis (Fernandez Bravo, 2013) y la consolidación del nuevo orden vigente, resultando en una pausa en la política estatal para afrodescendientes entre el 2002 y el 2005. En palabras de Alejandro Grimson (2006: 13): “en 2001 y 2002 se produjo una crisis definitiva de la legitimidad de un modelo económico, político y cultural y de la narrativa nacional que éstos proponían”, en consecuencia el orden que surgió después, implicó nuevos “modos de interpelación e identificación de los actores sociales”.

El emergente proyecto nacional contempló a la inclusión social y a la reducción de la desigualdad social como condición de la democracia (ibidem.: 16) al interior de un proceso en el cual “América Latina fue la única región del mundo donde los principios y políticas que se aprobaron en Durban han tenido influencia significativa tanto en los movimientos afrodescendientes, como en los gobiernos, incidiendo en las políticas públicas como en la sociedad civil” (Lao Montes, 2011: 32). En el plano de las organizaciones afrodescendientes, éstas salieron fortalecidas de la III CMCR, consolidadas como agente político y posicionadas como interlocutor válido de agencias y organismos internacionales y de los nuevos gobiernos nacionales. Así, el movimiento afrodescendiente en Argentina atravesó en la primer década de los 2000, ciertos deslizamientos identitarios que le permitieron abarcar cada vez más agrupaciones y militantes (Lamborghini y Frigerio, 2010) lo que se tradujo en un incremento de capitales simbólicos y económicos, incluso cuando éste proceso no estuvo exento de tensiones y contradicciones intra y entre organizaciones.

La asunción de Néstor Kirchner en Argentina, en el año 2003, creó las condiciones para el posicionamiento de los afrodescendientes, ya empoderados a través de su acción nacional y del respaldo internacional, al interior de la agenda pública (Ocoró Loango, 2018: 269). El kirchnerismo que se representó a sí mismo como el gobierno de los derechos humanos postuló en la publicación oficial “Afrodescendientes y Derechos Humanos” del año 2014: 13): la necesidad de desbordar la democracia formal a través de la recuperación del rol del estado y de la activa participación de los movimientos y organizaciones sociales, en pos del reconocimiento del carácter intercultural de la nación. Así, en una clave revolucionaria, el estado se presentó a sí mismo como rupturista de su histórico marco identitario, avanzando en un nuevo paradigma de derecho y en busca una verdadera igualdad sustantiva (ibidem.). En este marco, la convergencia entre un movimiento afrodescendiente en vías de crecimiento, la consolidación global de la lucha contra el racismo y en pos de las afroreparaciones, y un gobierno nacional en busca de legitimar su discurso en clave de derechos humanos, produjeron la institucionalización en Argentina de la agenda afro.

En los términos de la clasificación utilizada en el capítulo anterior, durante los gobiernos kirchneristas se crearon nuevas legislaciones e instituciones vinculadas al pluralismo cultural, reconociendo aportes étnicos y decretando un día de conmemoración nacional, así como legislando la creación de Cátedras Afrodescendientes; se aplicaron fórmulas de empoderamiento ligadas a la gobernabilidad, incluso a través de la creación de institutos de equidad racial con representantes afrodescendientes; y se adecuaron las instituciones de gobierno al contexto global, aunque en ningún caso se titularon tierras colectivas para las poblaciones en cuestión. Así, la política estatal para afrodescendientes fue profundizada con respecto al ciclo anterior, desbordando, no sin excepciones, la matriz multicultural.

En Argentina la lucha contra el racismo había sido declarada en el ciclo anterior a través de la creación del INADI, en el marco de la reforma constitucional, sin embargo según lo planteado por los gobiernos kirchneristas: el nuevo marco normativo adquirió eficacia recién al interior del modelo de estado social de derecho por éstos impulsado (Ministerio de Justicia, 2014: 12). Así, el organismo dispuesto a liderar la lucha contra la discriminación fue transformado en el marco del nuevo gobierno, convirtiéndose, ahora sí, en el “principal artífice y administrador de lo afro en el plano estatal” (García, 2016: 182). En el año 2005 se aprobó finalmente por decreto presidencial, el Plan Nacional contra la Discriminación (PNcD), “guía rectora de la actividad global del INADI” (Ottenheimer y Zubrzycki, 2011: 4), que reconoce a la población afrodescendiente como uno de sus grupos destinatarios. A partir de ese momento “se inicia un proceso sostenido de visibilización de las temáticas afro, representando un punto de ruptura, en tanto se interpela a la sociedad argentina en su totalidad” (García, 2017: 42), lo cual explica porqué sendos investigadores sitúan aquí el ingreso de la temática afro a la agenda estatal argentina (García, 2016 Lamborghini y Frigerio, 2010; Ottenheimer y Zubrzycki, 2011; Maffia y Zubrzycki 2011). Durante ese año y el siguiente el organismo en cuestión fue puesto bajo la órbita del flamante Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, al tiempo que se creó en su interior el “Foro de Afrodescendientes y Africanos”. El mismo posibilitó la penetración institucional de afrodescendientes al interior de la estructura estatal argentina, y fue inaugurado el 10 de octubre en el marco de los contrafestejos del (entonces) Día de la Raza (Frigerio y Lamborghini, 2011b: 31), representando una subversión estatal de la memoria nacional oficializada. También en el año 2006 se aprobó por ley la competencia del CERD para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas que alegaren ser víctimas de violaciones al Convenio, y se colocó bajo la órbita del INADI el seguimiento de dichas comunicaciones.

En los años siguientes y durante todo el período que aquí se abarca las acciones del INADI en favor de los afrodescendientes aumentaron progresivamente a través de publicaciones, eventos, campañas y seminarios. Incluso según Martina Inés García:

únicamente en el caso del INADI se registra un trabajo sostenido en el tema (muchas veces articulado con otras agencias estatales), siendo que es el organismo que hegemoniza el tratamiento de los temas afrodescendientes y hace posible afirmar que existe una política pública vinculada a “lo afro” que opera como una atmósfera de visibilización general de la temática (2016: 106).

La renovada impronta del organismo durante las gestiones kirchneristas implicó un puntapié para el ingreso de la temática afro en sendas agencias y espacios estatales, en el marco del, ahora hegemónico, paradigma de los derechos humanos. Según la publicación oficial “Afrodescendientes y Derechos Humanos” (2014: 15): a los “fines de lograr una política pública de protección y promoción de derechos y acciones positivas para la inclusión igualitaria del colectivo afrodescendiente, se ha visualizado la necesidad de articulaciones interinstitucionales” de las siguientes agencias y espacios estatales: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior y Transporte, Secretaría de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la Secretaría de Derechos Humanos, INADI e Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Dirección Nacional de Promoción de los Derechos Culturales y Diversidad Cultural dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social de CABA, Legislatura porteña, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y Cancillería Argentina.

Así y todo, el papel jugado por el INADI en la redefinición de la formación nacional de alteridad argentina con respecto a lo afrodescendiente, no estuvo libre de tensiones y sinsabores. Según Nicolás Fernández Bravo (2013) el contenido del PNcD da cuenta de una posición ambivalente con respecto al paradigma multicultural, en tanto por un lado la discriminación es ligada a factores estructurales, incluso a la “configuración del estado nacional” (Ministerio de Justicia, 2014: 15); mientras por el otro se extranjeriza a lo afro ligandolo directamente a la inmigración africana o americana. En la misma clave, Ana Cristina Ottenheimer y Bernarda Zubrzycki (2011: 4) señalan que las acciones del INADI pueden clasificarse en dos grupos: “la vigilancia sobre las conductas discriminatorias, y la celebración de la diversidad, la cual resultó especialmente fructífera para los afrodescendientes en tanto se corresponde con el mandato internacional de promover la mayor visibilidad del colectivo”. Por otro lado y manteniendo la tensión, el relevamiento y modificación de textos escolares en clave de no discriminación y reconocimiento de la diversidad étnica nacional, llevada a cabo por el INADI desde el 2005 (Frigerio y Lamborghini, 2011b), representa una acción a destacar a contramano del paradigma multicultural; al tiempo que éste fue reforzado por la posición subalterna en la que fueron mantenidos los activistas afrodescendientes al interior del organismo (ibidem.). Pasando revista del trabajo del INADI entre el 2005 y el 2009 puede decirse que la sobrerrepresentación de las dimensiones religiosas y artísticas de lo afrodescendiente (Garcia 2016; Frigerio y Lamborghini, 2011b) en los eventos y publicaciones del INADI, dan cuenta de la persistencia del paradigma multicultural, característico del ciclo anterior, que promueve la diversidad en términos de celebración y espectáculo.

La búsqueda por acciones estatales contrarias a esta matriz recibió una nueva impronta en los albores de la nueva década y en convergencia con los deficientes resultados de la Conferencia de Examen de Ginebra (conocida también como Durban II). Durante el año 2008 sendos integrantes del Foro de Afrodescendientes del INADI se retiraron del mismo, en vistas de la posición subalterna en la que se los mantenía y de la matriz culturalista que el organismo no había sabido trascender, truncando la realización del planeado “Año de la Visibilidad Afro” (Frigerio y Lamborghini, 2011b). Meses después los recién partidos consiguieron inaugurar la Comisión de Afrodescendientes y Africanos/as en el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, cuyo lanzamiento contó con mesas de trabajo sobre acciones afirmativas, mujeres afro y migrantes. Las siguientes acciones y vinculaciones de la comisión dieron cuenta de su perfil de movilización articulada con los reclamos de diversos colectivos: movimientos sociales de corte clasista, otras organizaciones afrolatinoamericanas, y con el campo de los derechos humanos (Lamborghini y Frigerio, 2010: 33). Se arriba así al momento en que Eva Lamborghini y Alejandro Frigerio (2011b: 33) sitúan el comienzo del período en que el movimiento afroargentino logró interpelar al estado en cuestión..

Dos años después de su creación, la comisión logró su mayor logro a través de la inclusión de la pregunta sobre afrodescendencia en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, demanda histórica del movimiento afroargentino que se articuló exitosamente con el imperante mandato global. La obtención de datos estadísticos fehacientes sobre las poblaciones afrodescendientes e indígenas había sido uno de los compromisos asumidos en la III CMCR y representaba uno de los máximos objetivos planteados por agencias y organismos transnacionales. Según Mara Loveman (2014: 275, 293) para principios del siglo XXI las agencias de desarrollo y los prestamistas internacionales clave tradujeron las recomendaciones por las reformas en los censos en cuasi mandatos, produciendo que para el 2010, diecisiete de diecinueve países de la región, incluyendo a Argentina, hubieran introducido nuevas preguntas sobre orígenes raciales y étnicos en los censos nacionales.

Considerando a los censos nacionales como retratos de la nación, dado que documentan, demuestran y clasifican (performativamente) a la población, la inclusión de los afrodescendientes implicó un reconocimiento estatal de su existencia, así como una maniobra en pos de revertir su histórica invisibilización. Retomando la categoría de George Reid Andrews (1989) la inclusión de la variable étnico racial en el censo argentino del 2010, se dio por terminado el, más que centenario, etnocidio estadístico de la población afrodescendiente.

En palabras de un representante del INDEC: el “censo es el mayor operativo civil en tiempos de paz” y la inclusión de la variable étnico racial implicó “la primer política pública destinada a los afrodescendientes de y en la Argentina” (Fernández Bravo, 2013: 255). En el mismo sentido en la página web de la institución se sostenía que: “La incorporación de temáticas en el Censo como la discapacidad, pueblos originarios y afrodescendientes ubican a la Argentina en el conjunto de países que se han comprometido y han dado respuesta en el plano de las operaciones estadísticas, no sólo a los convenios internacionales, sino a una deuda, de larga data, existente con ciertos sectores de la población de Argentina (Frigerio y Lamborghini, 2011b: 35).

En el marco de la política estatal kirchnerista para los afrodescendientes, el censo no fue él único retrato nacional en el cual, finalmente, se les dio lugar a la población en cuestión, en cambio ésta fue, también, celebrada '-en clave multicultural- en el marco de los festejos del bicentenario.

En el año 2011, Año Internacional de los Afrodescendientes, Argentina celebró los doscientos años de la Revolución de mayo, en un evento organizado por el estado, desde el cual se enunció a la nación a través de los sentidos y lenguajes dominantes, teniendo a la sociedad toda como principal interlocutor. En una clave marcadamente rupturista, el entonces Secretario de Cultura de la Nación Argentina declaraba: “en 1910 las elites gobernantes auto-celebraron su supuesta posición blanca, homogénea europeizante (..) hoy, estamos no “por suerte”, sino por una decisión política en las antípodas de aquella situación” (Coscia, 2011: 30), e incluso como principal responsable de los festejos del bicentenario sostenía: “Nosotros festejamos la diversidad como nuestra especificidad más valiosa (..) celebramos la variedad, es la fibra íntima de nuestra argentinidad” (ibidem.:30).

Así, el bicentenario funcionó como condición de posibilidad para subvertir los históricos relatos nacionales, "acentuando el carácter multirracial y pluricultural de la diversidad (como) esenciales a la nacionalidad argentina" (Elena, 2016: 202). Eduardo Elena incluso sostiene, que en el caso argentino, "esta intención de los altos cargos oficiales de celebrar el componente no blanco de la nación no tiene paralelo en la historia del país, dejando la impresión de haber entrado en una nueva era racial" (ibidem). En el mismo año se aprobó la ley que cambiaba el nombre del feriado del 12 de octubre, fecha oficial del desembarco de Cristóbal Colón en América, de “Día de la Raza” a “Día del Respeto de la Diversidad Cultural”, en una clave crítica y subversiva. Un año después en el nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, Cristina Fernández de Kirchner sostenía frente al público:

Yo quiero decirles, a los que por ahí les falta alguna lección de historia, que la mayor parte de los ejércitos liberadores de la Argentina se constituyeron con negros, mestizos, mulatos, indios, que eran los que iban al frente de batalla [...] de acuerdo con el censo de 1778, el 50% de la población argentina era negra, con mayoría angoleña. el sargento Cabral era hijo de una esclava negra algo que fue celosamente ocultado por la historiografía oficial (en Ocoro Loango, 2018: 274, las itálicas son de quien escribe).

Así la máxima autoridad del estado argentino subvertía públicamente el relato oficial de la Argentina blanca, remarcando, en el día de la liberación nacional, la participación militar de los afrodescendientes, y colocando a una figura de este colectivo al interior del panteón de los héroes de la patria. En el mismo movimiento la presidenta se paraba en la vereda de enfrente con respecto a la historiografía oficial, al tiempo que no descartaba el lugar de la historia como la encargada de aleccionar a los ciudadanos.

En el marco de las modificaciones de la historiografía oficial, el campo educacional -formal e informal- funcionó como vehículo privilegiado. Durante la segunda década del siglo XXI se desarrollaron “revisiones del pasado nacional” (García, 2016) que fueron plasmadas y circuladas en el sistema educativo, y en seminarios y publicaciones oficiales destinados al público general. La transformación de la enseñanza en torno a lo afrodescendiente fue colocada bajo la órbita del INADI y llevada a cabo a través de la revisión y modificación de materiales educativos, y de la consecuente publicación de cuadernillos para comunicadores, docentes y alumnos en el marco de la diversidad intercultural, aunque no específicamente referidos a lo afrodescendiente. En lo referido al campo de los medios de comunicación, se generó también desde la Defensoría del Pueblo el “Decálogo de buenas prácticas en relación al tratamiento mediático audiovisual del colectivo de afrodescendiente en Argentina”, y se creó el dibujito animado "La asombrosa excursión de Zamba" cuyo personaje secundario es una niña negra -aunque sin nombre, ha de decirse-, hija de padre esclavo y madre liberta.

Los cuadernillos para docentes y alumnos fueron producidos junto al Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a los cuales se sumaron la serie de publicaciones realizadas por éste último actor estatal: "Afrodescendientes y Derechos Humanos, normas, documentos y recomendaciones" (2014), y "Argentina raíces Afro, visibilidad, reconocimiento y derechos" (2014b). En ambos libros se destacaba el compromiso del kirchnerismo con los afrodescendientes en Argentina, e incluso se sostenía que "por primera vez en la historia, el Estado argentino asume el compromiso de desarrollar una política pública dirigida hacia el colectivo afro" (Ministerio de Justicia, 2014b: 11). Incluso, los seminarios de los cuales surgió el segundo libro fueron realizados en el Archivo Nacional de la Memoria, reforzando la vinculación entre la lucha por la recuperación de la identidad y la memoria nacional, bandera del gobierno, y la puesta en valor de la presencia afrodescendiente. En esta clave, en el evento representantes del movimiento afrodescendiente sostuvieron:

(nuestro fin es) rescatar los aportes a la construcción de la identidad nacional de los afro argentinos y afrodescendientes y resaltar la importancia de la visibilización de la historia nacional afro para avanzar en el campo de la memoria, de los derechos humanos y así poder quebrar con la negación llevada a cabo por la historiografía hegemónica que sostiene que en la Argentina no hay comunidad afro” (citado en Ocoró Loango, 2018: 271)

El libro en cuestión, es producto de la narración oral de afrodescendientes de y en Argentina, en una perspectiva federal, histórica y actual. Así la publicación enfrenta en un mismo movimiento a tres factores esenciales del ideal de la nación argentina: la sobrevaloración de Buenos Aires por encima del resto del país, la falacia de que los afrodescendientes o son extranjeros o han desaparecido, y el desprestigio eurocéntrico de la historia oral como fuente constitutiva de la memoria nacional.

En este sentido, en los últimos años de los gobiernos kirchneristas, la rearticulación del vínculo entre los afrodescendientes y el estado nación, recibió una nueva impronta, plasmada en censos, bicentenarios y campañas educativas. Este proceso fue producto de un fortalecimiento de lo afrodescendiente en la arena global, así como en el plano de los movimientos sociales a escala regional y en ambos países. Así y todo, durante el kirchnerismo se mantuvo vigente "la ausencia de vinculación con las condiciones socioeconómicas de la población afrodescendiente y con el racismo que opera en niveles estructurales (Frigerio y Lamborghini, 2011c: 39). A partir del año 2011, frente en vistas de las falencias del camino recorrido la política estatal argentina comenzaría a transitar la vía de la afroreparación.

Un tratamiento estatal de lo afrodescendiente de manera, integral, interseccional y transversal en el marco de la justicia social, precisa de acciones que combinen el reconocimiento y la redistribución. Aún cuando la distinción entre ambas soluciones sea análitica, responde, como se dijo, a conflictos que se retroalimentan histórica y cotidianamente, cuyo desenlace satisfactorio debe resolverse en y entre ambos polos. La salida a este dilema paradojal fue planteada por los movimientos sociales afrodescendientes en la III CMCR e incluso defendida históricamente desde la llamada “era del imperialismo” (Lao Montes, 2006: 137), bajo la forma de las afroreparaciones. En palabras del autor: la justicia reparativa conjuga redistribución con reconocimiento y abarca varias esferas de injusticia, las afroreparaciones suman reclamos materiales y simbólicos y van al meollo mismo de la definición y el carácter de la ciudadanía en cuanto identidad política (ibidem.: 137, 138).

La profundización de la acción estatal para afrodescendientes se plasmó en la reestructuración de los organismos estatales a cargo. En el 2011 se reemplazó, al interior del INADI, el Foro de Afrodescendientes por el Programa Afrodescendientes contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que cuenta con mayor financiamiento estatal y con la participación de activistas contratados, y está articulada con el Foro de la Cancillería Argentina. Años después, en el 2014, la Secretaría de Cultura fue transformada en Ministerio y en su interior se puso en funcionamiento el Programa de Afrodescendientes. A pesar de lo focalizado de los flamantes espacios estatales, los eventos y seminarios por éstos patrocinados, generaron la oportunidad para los demorados encuentros entre el el colectivo organizado afrodescendiente y los ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y de Educación, resultando en la asunción de compromisos por parte de éstos últimos dos.

En mayo del 2013, el estado argentino promulgó la ley N° 26.852, declarando al día 8 de noviembre como “Día Nacional de los/as afroargentinos/as y de la cultura afro”, en homenaje a María Remedios del Valle, mujer afrodescendiente que luchó en las guerras de la independencia. La ley compuesta por cuatro artículos incorpora dicha fecha al calendario escolar; encomienda al Ministerio de Educación la incorporación a los contenidos curriculares, la conmemoración de la misma y la promoción de la cultura afro; y encomienda a la Secretaría de Cultura de la Nación su conmemoración anual a través políticas públicas que visibilicen y apoyen a la cultura afro en sus distintas disciplinas. La ley en cuestión, implica una continuidad con la ley N° 4355, declarada el año anterior por la la Legislatura Porteña para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos, que declara al 25 de de julio como Día de la Mujer Afro, y representa también un triunfo del movimiento afrodescendiente organizado a nivel nacional a través del Consejo Nacional de Organizaciones Afro en Argentina y de la Asamblea Permanente de Organizaciones Afro en Argentina, así como el nacimiento de la Comisión Organizadora del 8 de Noviembre.

En el campo de la subversión, la ley promulgada por el estado argentino, hizo lo suyo al reconocer oficialmente el papel de los afrodescendientes en la conquista del territorio, “nexo comunitario primordial y constitutivo de la nación” (Geler, 2006: 134), en líneas de continuidad con lo declarado por la presidenta un año atrás, e incluso al incorporar a la historia nacional el accionar no sólo afro sino femenino. Así y todo, la ley en cuestión, aunque agrega el componente afro al interior de la nación, lo hace manteniendo su lugar conmemorativo relegando su accionar heroico al pasado, y circunscribiendo su presente al folklore celebratorio.

Aún cuando la promulgación de la “Ley María Remedios del Valle”, haya implicado “la institucionalización ya no de la invisibilización, sino de la visibilización de los afrodescendientes” (Ocoró Loango, 2018: 269), ésta dejó más bien un saber a poco, de hecho su efectiva implementación atravesó un proceso de progresivo debilitamiento entre su promulgación y los años inmediatamente siguientes. Las políticas estatales dispuestas a promover la visibilización y el apoyo a la cultura afro no trascendieron de ninguna forma las celebraciones del 8 de noviembre que, incluso en su carácter espectacular, fueron perdiendo fuerza, fondos y participación estatal; rumbo profundizado con el fin de los gobiernos kirchneristas.

Siguiendo la clasificación de García (2001) y Afroamérica XXI (2009), utilizada para el ciclo anterior, sostengo que en los años que van entre el 2001 y el 2015, y apropiándose del imperativo global de reparación con respecto a lo afrodescendiente, como “criterio organizador nuevo en las políticas estatales” (Nivón Bolan, 2013: 36): Argentina creó legislación vinculada al pluralismo cultural, esta vez específicamente afrodescendiente, reconociendo aportes étnicos, estableciendo un día de conmemoración nacional, y plasmando sus aportes culturales en cátedras y espacios educativos específicos; estableció fórmulas de empoderamiento para la población en cuestión a través de su ingreso en organismos estatales orientados explícitamente a esta cuestión; en línea de continuidad también adecuó su legislación con respecto a la normativa internacional, manteniendo el rango constitucional de los convenios y declaraciones internacionales, y avalando desde lo jurídico nuevos procedimientos del CERD, así como los documentos emitidos en la III CMCR; por último fortaleció al INADI como instituto nacional de aproximación a la equidad racial, manteniendo su impronta de lucha contra el racismo, pero sumando a la igualdad como programa mas no como resultado; en contrapartida, mantuvo la postura de no titular tierras colectivas aún frente al reclamo organizado de la comunidad afrodescendiente de San Félix, en Santiago del Estero.

Política estatal argentina para afrodescendientes en el ciclo de política racial multicultural y en el ciclo de política racial afrodescendiente.

Conclusiones

En Argentina el “imperialismo global de los derechos humanos” (Segato, 2007) se convirtió en bandera estatal tanto de los gobiernos neoliberales como de los kirchneristas, dando cuenta de la forma en que la “politización de la cultura opera para avalar agendas muy distintas, casi contrapuestas” (Wright, 1998). Así, globalmente consolidado el combate contra el racismo, en general, y el tratamiento de lo afrodescendiente, en particular; el estado argentino administró de manera particular su diversidad interior, representada como recurso de la nación y utilizada para legitimar a los gobiernos de turno, en su lucha por la justicia y la igualdad (utilizando los términos de Wade, 2007: 385).

En Argentina la formación maestra de la alteridad nacional, fue explícitamente interpelada durante los gobiernos kirchneristas, aunque esta declaración oficial no haya resultado en una desarticulación de la misma. En una clave de continuidad entre el ciclo multicultural, y el afrodescendiente, el gobierno argentino volvió a declarar estar completamente comprometido con la normativa internacional vigente en lo que respecta a los derechos, la protección y la promoción de las minorías - ahora no sólo indígenas sino tambíen afrodescendientes-, e incluso mantuvo la impronta culturalista en sus reconocimiento de la diversidad. Incluso, a pesar de encontrarse en las antípodas ideológicas del gobierno anterior, el kirchnerismo persistió en su negativa a alterar la desigualdad racial en términos estructurales a través de acciones redistributivas, aún cuando la redistribución haya sido bandera oficial de su gestión.

Sostengo que esta dinámica responde a la apropiación kirchnerista del relato dominante de una Argentina dividida en términos de clase, a través del cual históricamente se negó a la raza como factor explicativo de la desigualdad, y objeto de políticas estatales específicas. Incluso esta misma matriz - potenciada por todos los gobiernos peronistas (Elena, 2016)- fue mantenida a la hora de agregar “color” a las categorizaciones sociales nacionales l como muestra Ezequiel Adamovsky (2008): durante el enfrentamiento entre el gobierno kirchnerista y el llamado “campo” -histórica elite nacional , éste último se postuló como el representante de la “europeidad” al tiempo que el primero se apropió de una “negritud popular” (Geler, 2016) en términos de clase, vinculando explícitamente al componente no europeo y a las clases populares argentinas.

Sin embargo, y en un movimiento rupturista, durante el kirchnerismo lo afrodescendiente fue rescatado oficialmente del manto anónimo bajo el cual el estado lo tenía confinado desde hace siglos, e incluso desbordó la matriz indigenista que le había sido sobreimpuesta en los años noventa. En este sentido se llevó a cabo la inclusión oficial de la diferencia afrodescendiente, que pese a su carácter celebratorio (en la clave de lo desarrollado por Lamborghini y Frigerio, 2010) -heredado del período anterior-, rasgó, desde el propio estado, el ideal del yo argentino: blanco, homogéneo y alterofóbico. Incluso el carácter conmemorativo del reconocimiento dispensado por el estado a la población afrodescendiente, fue explicado por el Secretario de Cultura de la Nación, según el cual: “conmemorar implica contribuir a la memoria colectiva (..) objetivo de este gobierno que no consagra una única manera de ser nacionales (Coscia, 2011: 25-30).

En las últimas décadas la relación entre el estado-nación y la alteridad histórica afrodescendiente estuvo marcada en Argentina, por la tensión entre continuidad y ruptura. Aún cuando las políticas estatales para las poblaciones afrodescendientes en el período c.2003-2015 superaron en sendas dimensiones a las del período anterior, éstas dieron cuenta del vínculo contradictorio entre políticas de corte progresista en el campo del reconocimiento, funcionando al interior de un sistema capitalista excluyente per se, y en el marco de formaciones nacionales de alteridad que combinan la inclusión y la exclusión en dinámicas sedimentadas y renovadas.

Es aquí, que cabe preguntarse por las posibilidades reales de desracializar nuestras sociedades desde el estado en una clave anti-racista y decolonial. En este sentido la inherente articulación entre el capitalismo, el imperialismo, el patriarcado y el racismo -pilares fundamentales de la colonialidad del poder (Quijano, 2000)-, se perfila como un obstáculo estructural para las políticas estatales llevadas a cabo por los gobiernos progresistas en el marco del anti-racismo, en cuanto buscan trabajar sobre la diferencia racial sin alterar eficientemente la estructura capitalista, patriarcal e imperial, de la primera es causa y consecuencia.

Ahora bien, mientras durante los gobiernos neoliberales de la década de 1990, e incluso durante los kirchneristas, la relación de estos cuatro pilares se evidenció de manera implícita, en los últimos años asistimos a un embanderamiento violento de su nexo colonizante, en boca de gobiernos de derecha e incluso de ultraderecha y/o golpistas, que defienden abiertamente posturas y políticas racistas y misóginas, ni hablar de capitalistas y de subyugación al orden imperial. El robustecimiento de la colonialidad del poder alcanzó su clímax con la asunción de Donald Trump en los Estados Unidos, y fue coronada incluso con la de Jair Bolsonaro en Brasil, en 2017 y 2019 respectivamente. Los pronunciamientos racistas de ambos líderes convergen con la reemergencia del fascismo en ciertos países europeos, e incluso en la propia Argentina tienen sus propias ediciones y adaptaciones oficiales que hacen, en todos los casos, extrañar el tibio y políticamente correcto multiculturalismo. Para el caso que aquí nos convoca los dichos del presidente argentino de que “en Sudamérica todos somos descendientes de Europeos” implican no sólo un explícito retroceso en la política racial con respecto a las décadas anteriores, sino incluso la articulación perversa entre esta negación simbólica y el proceso global de negación física y de derechos, que obliga a aclarar lo obvio: que las vidas negras importan (black lives matter).

Si “la raza siempre implica un diálogo entre el pasado y el presente, en el cual fragmentos de lo viejo se encarnan e incorporan en lo nuevo, generando una repetición inexacta a través de la cual el racismo se transforma y traspasa al interior de nuevas estructuras y procesos” (Holt, 2000), resulta menester indagar en nuestro pasado -reciente y no tanto- en busca de las claves que nos iluminen el presente en cuestión. Fue a estos efectos, que busqué en este artículo rastrear las continuidades y rupturas en la política estatal afrodescendiente del último cuarto de siglo. El objetivo de analizar la forma en que dos modelos de estado antagónicos procesaron la diferencia racial en el marco de la nación, respondió no solo a un interés historiográfico, sino también a la urgencia de “contemplar nuestra situación con perspectiva, y de identificar sus causas y los efectos que produce” (Tilly, 1991:26). La raza como componente estructural de nuestras sociedades, se convirtió, “con el transcurrir de los siglos, en una cárcel de larga duración” (^Braudel, 1970), así y todo, la historia de los últimos años ha sido - y debe y puede ser- una de demoliciones, deconstrucciones, tensiones e insuficientes, pero nuevas edificaciones.