SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.21 número35El trabajo durante la Pandemia: continuidades y nuevas interrogaciones¿Trabajos esenciales pero no reconocidos? Un mirada desde la economía popular frente a la pandemia del COVID-19 índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

  • No hay articulos citadosCitado por SciELO

Links relacionados

  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO

Compartir


Trabajo y sociedad

versión On-line ISSN 1514-6871

Trab. soc. vol.21 no.35 Santiago del Estero dic. 2020

 

Dossier

Trabajo, género y desigualdades en la economía popular. Una mirada sobre la situación de los vendedores/as callejeros en tiempos de pandemia

Work, gender and inequalities in the popular economy. A look at the situation of street vendors intimes of pandemic

Trabalho, género e desigualdades na economia popular. Umolhar sobre a situado dos vendedores ambulantes em tempos de pandemia

 

Malena Victoria HOPP* Johanna MALDOVAN BONELLI** Mariana FREGA**’ Agustina TRAJTEMBERG****

Recibido: 26.05.2020 Aprobado: 19.06.2020

RESUMEN

Las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, decretadas el 20 de marzo del 2020 en la Argentina a causa del avance de la pandemia del COVID-19, han puesto en evidencia las profundas desigualdades en el mundo del trabajo y en las condiciones de vida de los distintos sectores de la sociedad. En este contexto, los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular han sido fuertemente

Licenciada en Trabajo Social, Magister en Políticas Sociales y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (CONICET-IIGG/UBA). Investigadora del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (CCC). Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). malenahopp@yahoo.com.ar Licenciada en Sociología y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con sede en el Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA-CONICET/UMET). Profesora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). johannamaldovan@gmail.com

Licenciada en Sociología, Magister en Diseño y Gestión de Programas Sociales y Especialista en Diseño, Evaluación y Gerencia social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Sede Argentina). Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con sede en la Universidad Nacional de Avellaneda (CONICET-UNDAV). marianafrega.s@gmail.com

****Estudiante de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabajadora en el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. agus.trajtemberg@gmail.com afectados: la inmensa mayoría viven al día con ingresos de subsistencia y se encuentran por fuera de los dispositivos formales de protección social.

En este artículo nos proponemos abordar la particular situación en la que se encuentran los/as vendedores/as callejeros/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando dos dimensiones que permiten comprender las condiciones de (re)producción y profundización de las desigualdades en tiempos de crisis: el género y el acceso a las políticas públicas. El análisis muestra que, frente al escenario actual y futuro, se requiere un cambio en la orientación de las acciones estatales que gire desde la lógica asistencial hacia el reconocimiento del valor económico, social y cultural del trabajo que aportan los/as trabajadores/as de la economía popular y contemplando sus problemáticas de manera integral con perspectiva de género.

Palabras clave: economía popular, trabajo, género, políticas públicas, COVID-19, vendedores callejeros

ABSTRACT

Preventive and compulsory social isolation measures, decreed in Argentina on March 20th of 2020 due to the advance of COVID-19 pandemic, had revealed the deep inequalities in the world of work and in life conditions of different sectors of society. In this context, popular economy workers had been strongly affected: most of them are living with subsistence incomes and they are on the outside of formal social protection policies.

In this article, we propose to tackle the particular situation of street vendors in Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considering two dimensions that allow understanding the conditions of (re)production and deepening of inequalities in times of crisis: gender and access to public policies. This analysis shows that in the present and future scene, it is required a change in the orientation on State actions in order to turn from an assistance approach to the recognition of the economic, social and cultural value of the work that popular economy workers are contributing, and to consider their problems in an integral way, including gender perspective.

Key words: popular economy, work, gender, public policy, COVID-19, street vendors

RESUMO

As medidas de isolamento social, preventivo e obrigatório, decretadas em mar?o de 2020 na Argentina devido ao avan?o da pandemia do COVID-19, destacaram as profundas desigualdades no mundo do trabalho e nas condi?oes de vida dos diferentes setores da sociedade. Nesse contexto, os trabalhadores da economia popular foram fortemente afetados por essas medidas: a grande maioria vive diariamente de renda de subsistencia e está fora dos mecanismos formais de prote?ao social.

Neste artigo, propomos abordar a situa?ao particular em que os vendedores ambulantes da Cidade Autónoma de Buenos Aires se encontram, considerando duas dimensoes que permitem entender as condi?oes de (re) produ?ao e aprofundar as desigualdades em tempos de crise: genero e acesso a políticas públicas. A análise mostra que, diante do cenário atual e futuro, é necessária uma mudan?a na orienta?ao das a?oes do Estado, que passa da lógica da assistencia ao reconhecimento do valor económico, social e cultural do trabalho em que eses trabalhadores contribuem e contemplando seus problemas de maneira integral com uma perspectiva de genero.

Palavras chave: economia popular, trabalho, genero, políticas públicas, COVID-19, vendedores ambulantes

SUMARIO

1. Introducción. 2. Abordaje metodológico. 3. Pandemia, trabajo y crisis. Su impacto diferencial desde la perspectiva de género. 4. La economía popular frente al COVID-19. 4.1. Los/as vendedores/as callejeros de la Ciudad de Buenos Aires. 4.2. ¿Cómo es trabajar en la calle? 4.3. Las principales problemáticas de los vendedores/as frente al COVID-19. 5. Las políticas públicas frente al COVID-19. 5.1 Principales limitaciones de las políticas para los vendedores/as callejeros. 6. Reflexiones Finales. Bibliografía. Fuentes.

1. Introducción1

La pandemia COVID-19 muestra nuevas expresiones de viejos problemas en el mundo del trabajo que requieren ser atendidos por los gobiernos nacionales y locales con la misma urgencia que la emergencia sanitaria. Las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, decretadas el 20 de marzo del 2020 en la Argentina y vigentes aún en el Área Metropolitana de Buenos Aires y otros distritos del país, han llevado a visibilizar las profundas desigualdades en materia de acceso al trabajo y al empleo y de condiciones laborales y socioeconómicas que atraviesan a los distintos sectores de la sociedad.

En este marco, los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular constituyen uno de los sectores del trabajo más fuertemente afectados por estas medidas: la inmensa mayoría viven al día con ingresos de subsistencia, se desempeñan en ocupaciones y oficios signados por la precariedad e informalidad, realizan sus tareas de manera individual y/o familiar, muchas veces dentro de los hogares y/o en la vía pública, sus condiciones de hábitat están marcadas por el hacinamiento y la falta de servicios básicos y se encuentran por fuera de los dispositivos formales de protección social, entre otras características.

Entre estos/as trabajadores/as, en este artículo nos interesa destacar la particular situación en la que se encuentran los/as vendedores/as callejeros/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En las últimas semanas, la flexibilización de diversas actividades no esenciales en el territorio porteño, llevó a incrementar el movimiento de personas que se trasladan a trabajar o bien a realizar compras. Asimismo, se observa que gran parte de los comercios aún no habilitados -fundamentalmente los de textil y calzado-tienen también sus puertas abiertas. De la misma manera, algunos/as vendedores/as han retomado sus actividades habituales y a la par de ello, han vuelto a padecer los abusos sistemáticos por parte de las fuerzas de seguridad y del gobierno local, a los que se encontraban sometidos/as antes de las medidas de aislamiento. La falta de reconocimiento de su trabajo como tal, los ha dejado por fuera de las medidas de apoyo del gobierno nacional destinadas a los distintos sectores productivos de la economía, reforzando su lugar de asistidos/as en la sociedad. Asimismo, esta falta de reconocimiento lleva a que su trabajo no sea considerado para habilitar su ejercicio en el actual contexto ni para diseñar protocolos específicos para su desarrollo. A pesar de ello, dado que estos/as trabajadores dependen de poder salir a la calle para ganarse el sustento diario, “quedarse en casa” no parece constituir una opción viable, al menos en el mediano plazo.

A partir de estas consideraciones, el objetivo de este artículo es analizar la situación de miles de trabajadores/as dedicados/as a la venta callejera en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) frente a la pandemia, considerando la dimensión de género y el acceso a las políticas públicas destinadas a atender las necesidades de este sector como ejes centrales de la (re)producción de desigualdades que se intensifican en contextos de crisis social y económica.

Para ello, comenzaremos por presentar algunos de los puntos centrales que hacen a las discusiones vinculadas al trabajo informal, la situación de las mujeres y los efectos diferenciales de la pandemia de COVID-19. En segundo lugar, presentaremos una caracterización de las condiciones socioeconómicas y laborales de los/as vendedores/as callejeros/as, a fin de dar cuenta de las principales problemáticas que los/as atraviesan en el actual contexto, poniendo especial atención en los modos diferenciales en que esto afecta a varones y mujeres. En tercer lugar; analizaremos las principales limitaciones de las políticas públicas de nivel nacional y local destinadas a atender las necesidades de estos trabajadores/as desde una perspectiva de género. Por último, exploraremos algunas de las estrategias posibles para hacer frente a las problemáticas de los/as vendedores/as callejeros durante y post cuarentena, considerando la dimensión de género y el acceso a políticas de protección social y de seguridad frente al COVID-19 como centrales en la construcción de alternativas sostenibles en el mediano y largo plazo.

2. Abordaje metodológico

Los resultados que presentamos en este artículo surgen, en primer lugar, de un relevamiento sobre las formas de organización y las condiciones laborales de los/as trabajadores/as de la economía popular dedicados a la venta callejera en la CABA, desarrollado en noviembre-diciembre de 2019, junto al Programa de Trabajo y Economía Popular del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad. El relevamiento se realizó en las inmediaciones de tres de los principales puntos, donde se concentra la actividad: Plaza Miserere (Estación Once), Plaza Constitución y Estación Retiro. Consistió en la aplicación de un cuestionario conformado por treinta y cuatro preguntas que tuvo por objetivo la realización de una caracterización socio-laboral de los/as entrevistados. En este marco se indagaron datos socio-demográficos y una serie de preguntas vinculadas con las formas de trabajo de los/as vendedores y sus articulaciones con los actores más relevantes para el desarrollo de la actividad.

Se relevaron ochenta y dos casos bajo la técnica de muestreo no probabilístico. Es decir que lo que se buscó no fue extrapolar los resultados al conjunto de la población, sino poder dar cuenta de la mayor heterogeneidad posible entre los/as vendedores/as en las tres zonas escogidas. La elección de las zonas estuvo determinada por el trabajo previo de registro de trabajadores/as de la economía popular realizado por el equipo del Programa de Trabajo y Economía Popular. El vínculo construido con referentes de las organizaciones de representación del sector, junto a la identificación del equipo como parte del Ministerio (a través de la utilización de pecheras, por ejemplo, de algunos/as de los integrantes que participaron del trabajo de campo), fueron claves para poder acceder al campo y aplicar el instrumento de relevamiento. Teniendo en cuenta estas consideraciones buscamos dar cuenta de la mayor diversidad posible en este universo en términos de sexo, edad, tipo de mercancías comercializadas, origen migratorio y vinculación con las organizaciones de representación.

En segundo lugar, llevamos a cabo tres grupos focales durante el mes de noviembre de 2019 que tuvieron por objetivo conocer la mirada de los propios actores sobre su trabajo, así como las estrategias y recursos que despliegan individual y colectivamente para "ganarse la vida" y enfrentar las principales problemáticas que identifican como parte de su quehacer cotidiano en la calle. Para ello, exploramos las trayectorias laborales de estos trabajadores/as, las relaciones que establecen con otros comerciantes de la zona, clientes, proveedores de la mercadería que comercializan, con otros/as vendedores/as y organizaciones de representación del sector y con el Estado nacional y local, tanto a través de sus intervenciones sociales como por ser objeto del accionar represivo de las fuerzas de seguridad y del ordenamiento del espacio público. Intentamos conocer cuáles son los principales problemas o dificultades en su trabajo y qué políticas o regulaciones específicas podrían contribuir a mejorar sus condiciones laborales y garantizar el acceso a sus derechos como ciudadanos (seguridad, respeto, protección social, no discriminación, entre otros).

El primero de estos grupos estuvo conformado por cuatro vendedores senegaleses, tres varones y una mujer de 29, 30, 50 y 32 años de edad. Uno de los integrantes, además de ser vendedor, ofició de traductor, en tanto que el idioma nativo es el wolof y en la mayoría de los casos el manejo del español era limitado. El segundo grupo, estuvo compuesto por tres mujeres (una peruana de 53 años, una argentina de 45 y una boliviana de 41 años) y un varón (peruano de 58 años). Todos ellos trabajan en la zona de Plaza Miserere - Once. Del tercer grupo participaron dos mujeres (argentinas, de 53 años y 60 años) y tres varones (dos argentinos de 56 y 47 años y uno uruguayo de 49)2. Realizan su actividad en las zonas de Microcentro y Constitución, uno de ellos no tiene un lugar de venta fijo. Esta primera instancia nos permitió conocer la situación de este sector de actividad previa al COVID-19.

En un segundo momento, luego de decretadas las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, durante la primera semana de abril de 2020, realizamos entrevistas telefónicas a cuatro referentes/as de organizaciones del sector a fin de detectar las principales problemáticas sufridas por estos/as trabajadores/as, el rol de las organizaciones en la contención y ayuda a sus representados/as y las potenciales vías de respuesta para abordar la compleja situación en la que éstos/as se encuentran. Sumado a estas entrevistas, en las semanas subsiguientes sostuvimos algunas conversaciones informales con nuestros/as entrevistados/as y con trabajadores/as del Ministerio Público de la Defensa.

Además, hemos recurrido al análisis de fuentes estadísticas y documentales entre las cuales se destacan: un Censo de Trabajadores de la Vía Pública recientemente realizado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) cuyos datos hemos tomado como fuente de comparabilidad de los resultados de nuestro relevamiento. También relevamos legislaciones de distintos ámbitos de aplicación, informes y recomendaciones de organismos internacionales, notas periodísticas, las redes sociales de las organizaciones de vendedores y artículos científicos, ponencias y tesis de especialistas en la temática y vinculados con las consecuencias socioeconómicas de la pandemia COVID-19.

3. Pandemia, trabajo y crisis. Su impacto diferencial desde la perspectiva de género

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 y las subsiguientes medidas de prevención tomadas desde el gobierno nacional y los estados provinciales para prevenir la propagación del virus, así como aquellas orientadas a asistir a la población en materia económica, sanitaria y social, están teniendo un fuerte impacto sobre las formas de vida de los hogares, que han visto trastocada su vida cotidiana ante este inédito contexto. Esto se refleja tanto en la emergencia de nuevas problemáticas como en el agravamiento de situaciones ya conocidas que, en este escenario, complejizan la situación de los hogares atravesados previamente por diversas desigualdades económicas, sociales y de género.

Entre estas desigualdades, la inserción diferencial en la economía de millones de trabajadores y trabajadoras se encuentra signada por la problemática de la informalidad laboral y la consecuente desprotección social y desafiliación de los principales marcos regulatorios que históricamente han sido construidos para responder a las necesidades y brindar derechos al trabajo asalariado. En este sector, las mujeres son las más afectadas y tienen mayores niveles de vulnerabilidad que sus pares varones.

A nivel global se estima que cerca de 2.000 millones de trabajadores/as forman parte de la economía informal y que, dentro de éstos cerca de 1.600 millones se están viendo afectados por las medidas de confinamiento y contención del virus. En palabras de la OIT, la imposibilidad de trabajar y, por ende, de obtener ingresos para subsistir ha situado a este sector en un dilema de compleja solución: “morir de hambre o por el virus” (OIT, 2020).

En América Latina y el Caribe alrededor de 126 millones de mujeres trabajan en el sector informal. La elevada participación en la informalidad y la precariedad laboral ha llevado a que mujeres y niñas se hayan visto afectadas de manera desproporcionada ante las medidas adoptadas a nivel global para evitar la propagación del virus. A esto se suma que más de uno de cada cuatro hogares de la región están a cargo de mujeres, son éstas quienes tienen más probabilidades de perder su fuente de ingresos en el actual contexto y tienen menor acceso a los mecanismos formales de protección social que los varones, llevando ello a profundizar aún más los niveles de feminización de la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres frente a las consecuencias sanitarias y económicas del COVID-19 (CARE y ONU MUJERES, 2020).

En Argentina, la situación previa a la expansión del COVID-19, ya presentaba una economía en crisis, con altos niveles de endeudamiento, inflación y caída de la actividad económica, un mercado de trabajo fragmentado y fuertemente precarizado y un elevado nivel de desigualdades entre varones y mujeres en lo que respecta a las brechas de participación laboral, ingreso y distribución de tareas productivas y reproductivas. En el marco de la situación general de las/os trabajadoras/es, las mujeres mostraban una situación crítica antes del inicio de la pandemia. Entre las principales características de la situación laboral de la población previa a la pandemia se destacan, a nivel nacional, una tasa de desempleo que alcanzaba al 10,6 % en el segundo trimestre de 2019 y, dentro del sector de los/as ocupados/as, un 13,1% de subocupación y cerca de un 36% de informalidad en el empleo. En el tercer trimestre de 2019, la tasa de empleo femenina era del 43,9%, y las mujeres representaban el 76% de quienes realizaron el trabajo en el hogar (no remunerado), necesario para la reproducción familiar. Por otra parte, desde el 2017 se observó un incremento sostenido de trabajadores/as bajo relaciones laborales precarias, principalmente monotributistas e independientes o bien insertos en la economía informal. En línea con lo que sucede a nivel global, la participación de las mujeres en el sector informal en Argentina es mayor que la de los varones. Entre ellas un 45% son trabajadoras por cuenta propia (no profesionales) y un 23% trabajadoras en casas de familias (Donza, 2019).

En este marco, la pandemia del COVID-19 ha llevado a visibilizar y extremar aún más la fragilidad de las condiciones laborales de aquellos/as que forman parte de la economía popular. En términos generales, éstos son trabajadores/as por cuenta propia, con bajos niveles educativos y escasos niveles de capitalización que desarrollan actividades de subsistencia por las cuales reciben bajos ingresos. Muchas de estas actividades se llevan a cabo en la vía pública o bien en los hogares de los/as trabajadores/as bajo formas familiares de producción. A su vez, gran parte de ellas no se encuentran legalmente reconocidas y están por fuera de los regímenes de protección social y del amparo del derecho laboral (Maldovan Bonelli, 2018). A esto se suman las precarias condiciones de hábitat de estos/as trabajadores/as, atravesadas por la falta de acceso a servicios básicos (como agua, luz, cloacas, gas natural y conectividad a internet) y altos niveles de hacinamiento.

En este marco, la restricción a la movilidad de las personas trajo inmediatas consecuencias para el habitual desarrollo de las actividades de producción y de servicios. La reconfiguración de la actividad económica ha tenido diversos tipos de impactos, algunos más y otros menos visibilizados, aunque no por ello de menor importancia. Entre los impactos de mayor visibilidad se encuentra la modificación en los ingresos económicos de los hogares, afectados por una reducción que se agrava según los niveles de actividad, llegando a verse reducidos por completo en algunos casos. De menor presencia en la agenda, pero fundamental para la producción de políticas públicas, es el análisis del trastocamiento de la organización reproductiva de los hogares. Entre éstos se destaca la sobrecarga de tareas domésticas y comunitarias que involucra principalmente a las mujeres, en tanto que refieren a actividades naturalizadas como propias del ámbito de lo “femenino” (Murillo, 1996; Collin, 1994). La sobrecarga de tareas dada -en los casos de hogares con niños/as y adolescentes- por el cierre de escuelas y la virtualización de actividades educativas, sumada a los nuevos requerimientos en términos de cuidado de adultos mayores o sectores de la población en riesgo, mayor sostenimiento emocional de familiares y vínculos cercanos y de tareas de limpieza asociadas a la seguridad frente al COVID-19 y el mayor tiempo de permanencia en el hogar, entre otras situaciones, colocan a las mujeres (tradicionalmente encargadas de estas tareas) en una situación de mayor desventaja en relación a sus pares varones. A estas situaciones, se añade la participación en redes comunitarias ya sea en asistencia o bien en la búsqueda de recursos para el sostenimiento del hogar, que se incrementa en las mujeres de sectores populares.

El incremento de los trabajos no remunerados, en estos contextos, va de la mano del crecimiento de condiciones precarias para la inserción laboral de las mujeres frente a la pérdida de empleo de los varones. Paradójicamente, la superación de las crisis que afectan al empleo en las ramas masculinizadas del mundo del trabajo, no implica necesariamente un mejoramiento de las condiciones de empleo para las mujeres que mantienen una tendencia consolidada hacia la precarización e informalidad (Gálvez Muñoz y Rodríguez Madroño, 2012).

Sobre este aspecto existe una vasta bibliografía que en las últimas décadas que ha dado cuenta del particular rol de las mujeres ante los contextos de crisis y las distintas perspectivas desde las que puede abordarse esta cuestión. Ocupadas mayormente en sectores altamente feminizados y más proclives a sufrir los embates de los procesos económicos recesivos, son las mujeres quienes protagonizan las estrategias de resistencia frente a las crisis, diversos trabajos analizaron este fenómeno en distintas coyunturas, dando cuenta de este protagonismo en los movimientos de desocupados y en las organizaciones territoriales, desde mediados de la década del 90 y en los años posteriores a la crisis del 2001 en Argentina (Voria y Pighin, 2014; Andújar, 2005; Rauber, 2002; 2007). En la actualidad, esto también se evidencia en la activa participación de las mujeres en las organizaciones de la economía popular y en la articulación del trabajo comunitario, productivo y social que se despliega.

En esta clave, Pérez Orozco (2014) propone pensar cómo se articulan estos procesos de crisis económica que devienen en fuertes (re)ajustes en las políticas estatales que buscan la recuperación de los procesos de acumulación de capital, a costa del derrumbamiento de las condiciones de sostenibilidad de la vida. Para la autora, el ajuste final opera en los hogares mediante el despliegue de estrategias feminizadas que intensifican y multiplican los trabajos y trasladan los costes principalmente a las tareas menos valoradas y visibilizadasque soportan a las económicas. La pandemia demuestra, en este sentido, que los trabajos esenciales o imprescindibles (aún frente a la paralización de la producción o comercialización), son aquellos ligados a la reproducción y al sostenimiento de la vida (el cuidado de los hogares, la atención de la salud, por mencionar los más evidentes) siendo éstos los que menor reconocimiento tienen en términos tanto materiales como simbólicos.

4. La economía popular frente al COVID-19

Según datos recientes, la economía popular comprende a 4,2 millones de personas (OCEPP, 2019) entre las cuales -según datos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- se estima que el 56% son mujeres, insertas principalmente en ocupaciones precarias y escasamente reconocidas y remuneradas, tales como el trabajo doméstico y las tareas de servicio comunitario. Ligado a ello, entre los/as beneficiarios/as de programas sociales que han promovido el trabajo a través de cooperativas, la mayoría son también mujeres. Estas representan, a su vez, el 62% de quienes perciben el Salario Social Complementario y el 74% de quienes integran el Programa Hacemos Futuro (OGyPP, 2020).

En el mes de marzo del 2020, a partir de la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia3, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizó, mediante un cuestionario electrónico, un censo de trabajadores/as de la rama de espacio público. En total se relevaron 87.197 casos a nivel nacional. Del total de encuestados/as, el 37,5% trabaja en Buenos Aires y el 6,5% en CABA. La rama de espacio público integra vendedores ambulantes, feriantes, cuidacoches, artistas callejeros y artesanos, de los cuales el 51,3 % son mujeres y 48,7% varones. A nivel nacional, los/as vendedores/as ambulantes representan más de la mitad de los trabajadores/as de esta rama de actividad (55,1%), el 51,3% de ellos son varones y el 48,7% mujeres.

Este grupo de trabajadores/as de la economía popular se encuentra especialmente afectado por las medidas de aislamiento social, debido a la imposibilidad de salir a la calle para trabajar y la consiguiente merma o carencia absoluta de ingresos y las dificultades de acceso a recursos para sobrellevar la cuarentena. Asimismo, el censo muestra que para más del 90% de las personas encuestadas que integran la rama de espacio público, ésta es su única fuente de ingresos y que sólo el 3,5% está inscripto en el régimen de monotributo. El 90% no recibe asistencia ni tiene cobertura social y más del 70% tampoco percibe la Asignación Universal por Hijo, a pesar de que éstos/as tienen un promedio de tres hijos por trabajador/a.

La vulnerabilidad socioeconómica y la desprotección que muestran estos datos no son resultado de las medidas tomadas frente a la pandemia. Por el contrario, se trata de una característica definitoria de las condiciones socio-laborales previas al advenimiento del COVID-19 y que, como veremos en detalle en el caso de los vendedores callejeros de la Ciudad de Buenos Aires, se han profundizado en el actual contexto.

4.1. Los/as vendedores/as callejeros de la Ciudad de Buenos Aires

A partir del relevamiento sobre las condiciones laborales y las formas de organización de los vendedores/as callejeros de la Ciudad de Buenos Aires, realizado entre noviembre y diciembre de 2019, junto al Ministerio Público de la Defensa, observamos que existe una importante presencia de población adulta (con un promedio de 39 años), mayor cantidad de varones (60%) y una fuerte preeminencia de extranjeros/as (77%), de los/as cuales cerca de la mitad arribó al país en los últimos diez años. Entre ellos, se destaca la población senegalesa, cuya situación migratoria presenta altos índices de irregularidad. En cuanto al nivel educativo, cerca del 75% no ha finalizado la educación media obligatoria.

La gran mayoría de los/as vendedores/as vive en la Ciudad, reside en hoteles o pensiones precarios donde suele compartir habitaciones con otros/as vendedores/as o con sus familias. Los hoteles se encuentran ubicados en zonas cercanas a los lugares de venta de nuestros/as encuestados/as, que son los barrios de Once, Congreso, Balvanera y Constitución. Esto permite el fácil acceso tanto a los lugares de trabajo, como a instituciones educativas, centros de salud, y otros servicios urbanos.

En casi la mitad de los hogares de nuestros/as encuestados (48%), conviven entre dos y cuatro personas, cerca de un 33% tiene más de cinco miembros y un 18,5% corresponde a hogares unipersonales. En todas las categorías prevalecen los varones, salvo en la de mayor cantidad de miembros: éstos son el 66,7% de quienes viven solos y el 53,8% de quienes viven en hogares de entre dos y cuatro integrantes, el 65,2% de los hogares de entre cinco y siete y apenas el 25% de los hogares que poseen más de ocho miembros (aunque éstos representan sólo el 5% de la muestra). La cantidad de integrantes de los hogares es mayor entre los inmigrantes que entre los/as argentinos/as y se eleva particularmente en el caso de los senegaleses. Así, mientras que casi el 80% de los/as argentinos/as vive en hogares de entre uno y cuatro miembros, entre los/as senegaleses/as y bolivianos/as, cerca del 60% vive en hogares de más de cinco integrantes. Son, a su vez, los más jóvenes quienes habitan en los hogares más numerosos: un 55% convive con cinco o más personas y el porcentaje restante con entre dos y cuatro. Por el contrario, el 80% de los mayores de 50 años viven en hogares de menos de cuatro integrantes4.

Un relevamiento sobre las condiciones habitacionales de los hoteles de la CABA (LowyCopello, 2018) señala que más de la mitad de los hoteles relevados no cuenta con espacios recreativos o de esparcimiento familiar. A su vez, casi la totalidad cuenta con cocina y baño compartidos entre todos/as los/as inquilinos/as del establecimiento. Estas condiciones de habitabilidad ya precarias, se agudizan durante el aislamiento social: tener que desarrollar la vida cotidiana dentro de una habitación, compartida con más personas, profundiza aún más el hacinamiento. Además, resulta dificultoso tomar todas las medidas de higiene cuando el baño y cocina son compartidos. La consigna “quedate en casa” resulta ser mucho más difícil de cumplir cuando esa casa no reúne las condiciones de una vivienda adecuada.

Ya se han confirmado casos con COVID-19 positivo en hoteles familiares. La precariedad habitacional sumado al hacinamiento que existe, provoca mucho temor entre los/as residentes a contraer la enfermedad. Si la autoridad local no toma las medidas necesarias, el contagio se puede producir aceleradamente en estos establecimientos, poniendo en riesgo la salud de los/as inquilinos/as.

En cuanto a las condiciones en las que varones y mujeres se desempeñan en la venta callejera, distintos estudios señalan el modo en que ciertas dificultades los/as afectan de manera diferencial. Entre las principales, se destacan la necesidad de conciliar el cuidado de los niños y niñas y la estigmatización que padecen muchas trabajadoras al tener que realizar su trabajo en la vía pública, acompañadas por sus hijos/as, así como las mayores dificultades que encuentran para insertarse en otro tipo de empleos o actividad que les permita el acceso a protecciones sociales (MoraesSchultz, 2009; Guajardo, 2008). Al respecto, es interesante señalar que poco más de la mitad de los varones encuestados (51,1%) no tiene hijos, mientras que esta situación representa solo a un 5,9% de los casos entre las mujeres. Esto marca una clara diferencia en cuanto a las responsabilidades y carga de trabajo doméstico y de cuidado que interviene también en la disposición de tiempo para el trabajo mercantil.

Ante la pregunta por el cuidado de los/as niños/as durante la jornada laboral, en el caso de los varones, ellos responden que son las madres las principales responsables de esta tarea. En segundo lugar, indican que sus hijos/as van a la escuela mientras ellos trabajan. Para las mujeres, en cambio, la escuela es el principal, y en la mayoría de los casos, único espacio de cuidado de sus hijos/as. Muy pocas comparten esta tarea con el padre u otros familiares. Estos datos muestran, tanto las desigualdades de género presentes en la organización familiar que marcan posibilidades diferenciales de inserción laboral y la sobrecarga de trabajo para las mujeres, como las condiciones en las que éstas se encuentran atravesando la cuarentena, sin contar con la principal institución de cuidado que tenían antes de la pandemia. Asimismo, en este contexto la exigencia de la continuidad educativa para los miembros escolarizados vuelve más extrema la sobrecarga, también debido a las serias dificultades que tienen estos hogares respecto del acceso a la infraestructura tecnológica necesaria para mantener a los niños/as en contacto con las instituciones educativas.

Es importante considerar que hasta el momento se han reactivado parte de las actividades económicas en el AMBA y se debate un horizonte de paulatina apertura de otros rubros considerados no esenciales. Sin embargo, la suspensión de la actividad escolar se mantiene y es posible que no se reanude a la par de la vuelta al trabajo de muchas/os grupos de trabajadores/as, poniendo en jaque la posibilidad de trabajar de quienes no cuenten con otro tipo de apoyo, en su mayoría mujeres. La pandemia y la situación de aislamiento han visibilizado la centralidad de los soportes sociales e institucionales de la vida social y el conjunto de tareas sistemáticas y cotidianas que realizan las mujeres para garantizar la sostenibilidad de la vida, más aún en las condiciones de suma desprotección de los/as trabajadores de la economía popular dedicados a la venta callejera.

En línea con lo que muestran los datos a nivel nacional, para la mayoría de nuestros/as encuestados/as, la venta callejera es su principal y única ocupación y alrededor de tres cuartos se dedica a la actividad desde hace al menos tres años. La inestabilidad de los ingresos en la venta ambulante obliga a los hogares, y especialmente a las mujeres, a desplegar distintas estrategias que les permitan solventar sus economías domésticas, mientras que otras tantas, con gran proporción de trabajadoras migrantes, también envían dinero a sus familias de origen que están al cuidado de sus hijos/as, mientras ellas intentan establecerse en el nuevo destino. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, esta actividad cuenta con una importante presencia de la colectividad peruana, paraguaya, dominicana, boliviana y senegalesa (en esta última con presencia mayoritaria de varones). Esta condición dificulta las posibilidades de insertarse en otros sectores de la economía y el empleo debido a las trabas burocráticas para acceder a la documentación y la escasez de recursos que tienen quienes migran en búsqueda de una alternativa de trabajo fuera de sus lugares de procedencia. También resulta un aspecto problemático en cuanto a que su precaria situación se constituye en un obstáculo para el acceso a las políticas y programas sociales.

Si bien más de la mitad de los/as vendedores/as encuestados/as (54,9%) considera esta actividad como transitoria y en los grupos focales realizados muchos expresaron su deseo de tener "un trabajo seguro, con vacaciones" o poder dedicarse a “su verdadero oficio”, la venta callejera aparece como una estrategia de generación de ingresos para quienes no pueden insertarse en el mercado laboral formal:

“He pasado varios ciclos, de cambiar trabajos y bueno... ahora quedarme en éste. No tengo otra posibilidad, por la edad. Pero tampoco soy vieja, tengo 53 años” (Grupo focal 2. Marta, 53 años, argentina. Trabaja en Microcentro. Diciembre 2019).

“. mi labor en un principio después de que terminé el secundario fue trabajar cuidando chicos, en casa de familia. Como tenía la base de administración hotelera, también trabajé como moza, en catering sociales. La presión de tanto, parece que mi cuerpo no aguantó y me enfermé. Caí en cirugía, me operaron y me prohibieron hacer fuerza por el abdomen. Tuve que salir a la calle.” (Grupo focal 1. Sandra, 41 años, boliviana. Trabaja en Once. Noviembre 2019).

“Yo tenía un puesto de esos amarillos en Constitución y vendía golosinas. Hasta que me quedé sin trabajo, hace un año y meses, y empecé a vender en la calle. A parte con el problema de salud que tengo, es evidente que no voy a poder trabajar de otra cosa. ” (Grupo focal 2. Andrea, 60 años, argentina. Trabaja en Constitución. Diciembre 2019).

“Es un gran problema, como dicen acá, yo también ando con problemas de salud, por eso estoy cobrando una pensión no contributiva, tengo certificado de discapacidad. Por la edad que tengo y mi estado de salud tampoco me toman en ningún lugar.” (Grupo Focal 2. Matías, 56 años, argentino. Trabaja en Constitución. Diciembre 2019).

Los testimonios de estas/os vendedoras/es, personifican algunos de los datos relevados: una parte importante de quienes trabajan en la calle son personas que, por su edad y estado de salud, son excluidas de la posibilidad de elegir otras opciones de empleo. Esta cuestión es clave para comprender la situación de los/as vendedores/as frente a la pandemia y el modo en que distintas dimensiones de la desigualdad se combinan profundizando la situación de vulnerabilidad. Además de que muchos vendedores/as callejeros se encuentran dentro de los grupos de riesgo ante el COVID-19, prácticamente ninguno de los entrevistados/as cuenta con cobertura de salud. La desprotección derivada de la informalidad y la inexistencia de formas de reconocimiento institucional de esta actividad como un trabajo, que garanticen el acceso a derechos y seguridad social, colocan a estos trabajadores/as de la economía popular en una situación crítica.

4.2. ¿Cómo es trabajar en la calle?

La venta callejera es un trabajo que requiere de la puesta en juego de saberes, así como del desarrollo de estrategias para insertarse y sostenerse en un medio en el cual prácticamente no existen reglas formales de funcionamiento. Requiere “poner el cuerpo”, “en la calle hay que estar”, nos dicen. Se trabaja prácticamente todos los días de la semana, durante largas jornadas (que rondan las nueve horas diarias), a cambio de ingresos que, en la mayoría de los casos, apenas superan el umbral de indigencia. Sumado a ello, la exposición a las inclemencias climáticas, la dificultad de acceso a cuestiones básicas (ir al baño, comer, tener posibilidad de sentarse o descansar un momento), la discriminación, los robos y, fundamentalmente los abusos y decomisos de mercadería de las fuerzas de seguridad e inspectores del

Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, vuelven a ubicar a este colectivo en una situación de suma vulnerabilidad.

Tras doce años de gestión del PRO (y la Alianza Cambiemos) en la CABA, las intervenciones estatales hacia estos/as trabajadores/as se han sustentado en la criminalización y persecución, poniendo el foco en los argumentos de “ilegalidad”, “irregularidad” e “informalidad” de la actividad. De ahí que la venta callejera es definida como un problema que atañe al ordenamiento del espacio público y mayormente es considerada una actividad ilegal y desleal que merece ser reprimida (Perelman, 2014; Pita y Pacecca, 2017).

Entre nuestros/as entrevistados/as cerca del 80% considera que el principal riesgo de su trabajo se vincula a los abusos de las fuerzas de seguridad, seguido por el cansancio físico (50%), la exposición a las inclemencias climáticas (40%), los bajos ingresos (30%), las situaciones de discriminación (22%) y, en menor medida los robos, las peleas por el acceso al espacio de trabajo (11%), los accidentes de tránsito (7,5%) y las situaciones de violencia de género (2,5%).

Estas situaciones son padecidas tanto por varones como por mujeres, sin embargo, son muchos los relatos de vendedoras que han sufrido este tipo de ataques en presencia de hijos/as pequeño/as que las acompañan en su labor diario. Esta problemática se hace presente frente a la imposibilidad de contar con espacios de cuidado donde dejarlos al resguardo de las inclemencias del tiempo y de los riesgos propios del trabajo en la vía pública. Las situaciones de abuso policial se repiten asiduamente en los centros de mayor concentración de venta ambulante y las propias trabajadoras reconocen la existencia de casos de acoso sexual por parte de agentes de seguridad hacia las vendedoras. Los modos en que se despliega la persecución policial e institucional sobre esta actividad, implican la exposición de las mujeres a formas de violencia, recrudecidas por su condición de género5.

En esta línea, diversas investigaciones han contribuido también a comprender el impacto de las experiencias de organización, particularmente en las mujeres del sector, como herramientas para la reconfiguración de su lugar dentro del espacio doméstico y los grados de autonomía que la actividad laboral les ha proporcionado, transformando sustancialmente también su posición en la vida pública. Asimismo, han brindado elementos para el análisis del proceso de feminización de la venta ambulante y la activa participación de las mujeres en la resistencia a la represión policial y a las políticas excluyentes del Estado (Sona Sombory y Nieva, 2017; Hasemann Lara, 2009).

Frente al incremento de la represión por parte del gobierno porteño hacia el sector, varios colectivos comenzaron a organizarse para la defensa de sus derechos y, entre ellos, de garantizar el acceso a la ciudad para poder trabajar. Así surgieron algunas organizaciones como los Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), los Vendedores Ambulantes Organizados (VAO) y la rama de Trabajadores y Trabajadoras en Espacios Públicos perteneciente a la UTEP. La organización del sector no es fácil y ello se debe, en gran parte, al tipo de tarea que desarrollan y a cómo la llevan a cabo. La gran mayoría trabaja solo/a, compra y vende por su cuenta. Son escasos los casos en los cuales se construyen redes para la compra colectiva de mercadería o bien de asociación para producir o vender en común. Ello sucede en contadas ocasiones, en las cuales la organización se da entre familiares, vecinos/as o amigos/as que acuerdan vender lo mismo en lugares diferentes.

A pesar de estas dificultades, son estas organizaciones las que se han movilizado para brindar respuestas a los/as vendedores/as a través de la organización de ollas populares, la ayuda con la inscripción a los programas estatales y la distribución de alimentos en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, el 20 de marzo del 2020.

4.3. Las principales problemáticas de los vendedores/as frente al COVID-19

La paralización de gran parte de la actividad económica a partir de la emergencia sanitaria y más específicamente, la imposibilidad de trabajar de estos colectivos, tuvo un fuerte impacto en sus condiciones de vida. Los días previos a la cuarentena estuvieron signados por la escalada de la violencia de las fuerzas de seguridad y de los agentes del Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, que culminaron con el fallecimiento de una vendedora y la posterior represión a quienes se manifestaron para denunciar el hecho. En el marco de la situación estructural de precarización laboral y desprotección institucional analizada y por un presente que ha acrecentado los niveles de vulnerabilidad económica y social de esta población, nos interesa destacar los principales problemas relevados durante el período de aislamiento entre los/as vendedores/as callejeros/as de la Ciudad:

1)    La Falta de ingresos y alimentos son el problema principal que señalan nuestros informantes. Las medidas de aislamiento restringen prácticamente todas las posibilidades de trabajar de los/as vendedores/as callejeros, así como de otros colectivos que desarrollan su actividad en la vía pública. Quienes ante la extrema necesidad lo hacen, están siendo discriminados y reprimidos6. Muchos se han quedado con mercadería que no han podido vender y la mayoría ha destinado el poco capital acumulado para reponerla en comprar alimentos y cubrir las necesidades básicas: “Nuestro problema principal es que como no se puede salir no tenemos facturación, vivimos de lo que vendemos en la calle, si no podemos salir estamos hundidos” (Entrevista a Roberto, 49 años, uruguayo. Trabaja en Microcentro, realizada el 12/4/2020). Además de las dificultades actuales debido a la imposibilidad de trabajar, los/as referentes/as de las organizaciones plantearon la incertidumbre por la vuelta al trabajo después de la cuarentena.

2)    En cuanto a la situación habitacional, estos/as trabajadores/as y sus familias se encuentran dentro de las piezas que alquilan -en muchos casos de manera informal- en hoteles y pensiones de la Ciudad y temen posibles desalojos por falta de pago. Estos hoteles permiten el pago diario, lo que constituye un facilitador para quienes abonan con sus ingresos del día. No obstante, al renovarse el contrato diariamente, esto expone a los/as inquilinos/as a que el riesgo de desalojo se presente todos los días. Si bien ninguno de los entrevistados/as afirmó la existencia de desalojos efectivos al momento de la realización de las entrevistas, en abril del 2020, sí han registrado amenazas por parte de los dueños de los hoteles en caso de que no pagaran7.

A dos meses de decretadas las medidas de aislamiento social obligatorio, el 13 de junio, la organización de Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO) denunció en las redes sociales la situación que estaban atravesando “las verdaderas víctimas de la cuarentena” que son perseguidas por las fuerzas de seguridad y discriminadas por verse en la necesidad de salir a vender para llevar el pan a sus familias y cubrir los gastos de alquiler y servicios básico: “Muchos de nosotros los vendedores ambulantes estamos siendo desalojados de nuestros hogares porque ya no podemos solventar los gastos de alquiler gastos de luz, agua nosotros los vendedores ambulantes no vivimos del aire también comemos y nuestros hijos también ”. Esta situación se vincula con la informalidad y el consiguiente desamparo, a pesar de las regulaciones de alquileres dictadas por el Gobierno Nacional (DNU 320/2020) que prohíbe los desalojos hasta el 30 de septiembre8.

3) Debilidad y/o reciente conformación de las organizaciones de representación. Si bien, como hemos mencionado, existen experiencias organizativas en la Ciudad que buscan la sindicalización de los/as vendedores/as callejeros, éstas se encuentran poco consolidadas. No obstante, son estas organizaciones las que vehiculizan en mayor medida la transferencia de recursos, fundamentalmente alimentarios. Estos esfuerzos se encuentran limitados por la falta de información y las dificultades para gestionar permisos de circulación, que imponen serios problemas para que el apoyo llegue a quienes lo necesitan.

5. Las políticas públicas frente al COVID-19

Las políticas sociales hoy cobran un lugar central en las estrategias económicas de las y los vendedores/as callejeros/as. Frente al aislamiento social y la imposibilidad de obtener ingresos provenientes de sus actividades laborales, las medidas adoptadas por el gobierno se vuelven esenciales.

Como señala Esquivel (2011), la política social incide en las relaciones sociales y de género, y puede incrementar las desigualdades o compensar esas inequidades. En ese sentido, desde hace tiempo dentro del campo de las políticas sociales se vienen construyendo consensos en la necesidad de dar cuenta de la incorporación de la perspectiva de género frente al incremento del fenómeno de la feminización de la pobreza y el activo protagonismo de las mujeres en la resolución de las necesidades de los hogares en contextos de suma vulnerabilidad. Si bien esto configura un avance fundamental en el reconocimiento y tratamiento de las desigualdades, la política pública continúa todavía atravesada por múltiples tensiones debido a la persistencia de una mirada sectorial de las problemáticas que atraviesan varones y mujeres. Por un lado, las políticas asistenciales (así como en salud sexual y reproductiva) son las que en su mayoría tienen como población objetivo centralmente a las mujeres mientras que, por otro lado, en las políticas de empleo o aquellas orientadas a la macroeconomía y desarrollo, éstas están ausentes (Anzorena, 2017).

La feminización de la política social muestra como resultado que son las mujeres de los sectores populares quienes además de desplegar distintas estrategias de trabajo, precarias e inestables en su mayoría, se ocupan de la gestión para el acceso, de las redes de ayuda comunitaria, así como del cumplimiento de los requerimientos y la contraprestación que exigen los programas y políticas (Zibecchi, 2019). Estas condicionalidades añaden nuevas vulnerabilidades a las mujeres titulares de la política social, ya que implican más sobrecarga de trámites administrativos y de tareas de cuidado, reforzando su rol de cuidadoras y su lugar en la reproducción del hogar.

La contracara de este proceso podemos encontrarla en los “baches” de la política social en relación con otras poblaciones también vulnerables pero que no constituyen el foco de atención, como ocurre con los varones jóvenes o los adultos de mediana edad en caso de no tener hogares a cargo. Algunos/as autores/as refieren al término maternalismo (Martínez Franzoni y Voorend, 2008)para hacer referencia a la tendencia dentro del diseño e implementación de los programas de privilegiar los roles reproductivos como condición suficiente y/o excluyente para la percepción de ayuda social. Estos puntos ciegos de la política pública ponen de relieve las concepciones que continúan reproduciendo el rol del varón proveedor, cuando la realidad evidencia situaciones más complejas, donde los esquemas tradicionales de la organización económica doméstica se reconfiguran.

En el caso argentino, a las políticas preexistentes a la pandemia del COVID-19, a las cuales accedían algunos/as de los/as trabajadores/as de la economía popular -como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el subsidio habitacional provisto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- se han añadido otras: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los bonos complementarios de $3000, que se sumaron a modo de refuerzo de los montos establecidos de los programas como el Salario Social Complementario, y la distribución de alimentos y tarjetas alimentarias tanto para los hogares como para los comedores comunitarios. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad otorgó un bono de $3000a destinatarios/as de programas de asistencia a población vulnerable.

Entre estas medidas, nos interesa destacar el IFE por la envergadura que ha tenido y el volumen de población a la que ha alcanzado. Si bien no contamos con datos acerca de cuántos/as de los/as vendedores/as que trabajan en la Ciudad lo han percibido, consideramos que un análisis sobre quién ha sido la población beneficiaria en su conjunto permite acercarnos a dar cuenta de las tensiones en relación a cómo se sitúan varones y mujeres de manera diferenciada en el abordaje de la política social y en las posibilidades de ejercicio de trabajos remunerados.

El IFE es una transferencia de $10.000 pesos argentinos por grupo familiar para a trabajadores/as informales, desocupados/as, trabajadoras/es de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías más bajas, que hacia fines del mes de mayo había alcanzado a poco más de ocho millones de beneficiarios/as. El monto se otorga a un solo integrante del grupo familiar y su valor es sustancialmente menor al de la canasta básica9.

Una característica de esta medida es que prioriza la titularidad de mujeres. En el caso de aquellas que ya perciben la Asignación Universal por Hijo, el cobro del IFE fue automático y sin necesidad de realizar ningún trámite, aspecto fundamental en un contexto dificultoso para el desplazamiento. Según un informe de ANSES, el total de receptores fue de 7.854.316. Dicho ingreso se pagó en dos etapas: la primera destinada a titulares de AUH y Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) (2.389.764). La segunda, alcanzó a quienes realizaron la inscripción y cumplían los requisitos de acceso y fueron 5.464.552 destinatarios/as. En la Ciudad de Buenos Aires cobraron el IFE 290.217 personas. De ese total, 70.247 percibían la AUH o AUE y 171.567 fueron trabajadores/as informales: 41.451 monotributistas y 6.953, empleadas de casas particulares (ANSES, 2020)

Algunos datos provistos por el Ministerio de Economía (D'Alessandro, Prieto, O'Donnell y Tundis, 2020) sobre el impacto del IFE resultan relevantes para comprender el modo en que esta transferencia se articula con políticas de abordaje a los sectores más sensibles, como es el de la economía popular, signado por altos niveles de informalidad laboral. Según el informe, el 89% de los/as beneficiarios/as son trabajadores/as informales, el 8,6% monotributistas sociales y monotributistas categoría A y B, mientras que el 2,4% son trabajadoras de casas particulares. De los hogares que recibieron el IFE, el 85,6% son monomaparentales, principalmente encabezados por mujeres que son las únicas adultas responsables de los niños, niñas y adolescentes a cargo. Asimismo, muestra que, dentro del universo de mujeres titulares del IFE entre 18 y 25 años, un 96,9% se encuentra en la informalidad. En el rango de 26 a 65 años, esta situación alcanza al 81,9%.

La implementación de este programa ha sido clave en la atención del sector de la economía popular, pero no suficiente debido a la complejidad de la situación. Si bien el monto otorgado prioriza como principales receptoras, según indica la resolución, en primer término, a las mujeres, no está exenta de dificultades en la implementación. Al ser un ingreso único por grupo familiar, desconoce las múltiples situaciones que pueden impedir el efectivo acceso de las mujeres (violencia de género, aspectos legales de conyugalidad, entre otros).

Por otra parte, entre las medidas que tienen como destinatarios a los/as trabajadores/as de la economía popular, previo al inicio de la cuarentena, en marzo de 2020, se lanzó el Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, unificando los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. Este consiste en una transferencia monetaria de $8500, equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, que alcanza a 512.000 trabajadores/as. Como contraprestación, se exige la participación en alguna de las tres líneas de actividades previstas en el mismo: proyectos socio-productivos, terminalidad educativa, y proyectos socio-laborales o socio-comunitarios. Las autoridades del Ministerio de Trabajo anunciaron en los primeros días de junio que aquellos perceptores del Programa que no fueron alcanzados por el IFE percibirán un pago adicional de $3. 000. Esta medida llegaría a 260.000 personas.

Más recientemente, se ha lanzado el Registro Nacional de Trabajadores/as de la Economía Popular (RENATEP) con el objetivo de reconocer, formalizar y garantizar sus derechos y habilitar el acceso a herramientas que les permitan potenciar su trabajo. Ser parte del mismo les permitirá acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación; participar de redes de comercialización y tener acceso a herramientas crediticias y de inclusión financiera. La puesta en marcha de este Registro se encontraba prevista en la Ley de Emergencia Social, aprobada en diciembre de 2016.

Este conjunto de medidas representa un importante aporte del Estado en materia de asistencia y acompañamiento a este sector del trabajo. Sin desmedro de ello, consideramos que su implementación está atravesada por un conjunto de limitaciones que se profundizan en el caso de los/as vendedores y que abarcan también a otros/as trabajadores/as de la economía popular. A continuación, señalaremos los principales obstáculos recabados en nuestro caso de estudio.

5.1 Principales limitaciones de las políticas para los vendedores/as callejeros

En primer lugar, en el caso de los/as vendedores/as hemos registrado a partir de nuestras entrevistas diversas limitaciones para el cobro del IFE. Las principales razones radican en la situación migratoria irregular de muchos/as de estos/as trabajadores/as y en la dificultad para acceder a los medios para tramitar la solicitud, tales como la falta de acceso a internet o de información sobre cómo realizar la inscripción. En el caso de la comunidad senegalesa, se suma la dificultad del idioma, ya que muchos no manejan el español.

En segundo lugar, se observan dificultades de acceso a recursos alimentarios debido a la dispersión territorial de estos/as trabajadores/as, que como mencionamos residen en hoteles y pensiones en distintos puntos de la ciudad, y la irregularidad de su distribución.

En tercer lugar, y fundamentalmente en el caso de las mujeres, la atención de las necesidades del hogar y niños/as full time, se suma a la participación en redes de apoyo y la gestión de recursos urgentes en un contexto de múltiples riesgos y escasez de medidas de prevención (contagio y temor; dificultades de comunicación, vinculación y entrega de alimentos debido al aislamiento). Si bien es necesario priorizar el acceso de las mujeres a planes y programas (que incluyan ayuda alimentaria de calidad, asistencia en salud, vivienda y en problemáticas vinculadas a la violencia de género en el contexto de aislamiento) lo cierto es que aún persiste la dificultad de ofrecer alternativas de más largo plazo para atender las problemáticas estructurales de estos/as trabajadores/as de la economía popular. En tal sentido, se torna imperioso delinear políticas específicas para revertir la profundización de las desigualdades de género.

En cuarto lugar, este contexto evidenció las dificultades de acceso a recursos y protecciones por partes de los varones de hogares unipersonales. Existe una importante proporción de varones migrantes, sin documentación y/o sin hijos a cargo (jóvenes o adultos mayores) que son excluidos de la asistencia social quedando en una situación de absoluto desamparo. Esta población no es contemplada en las principales intervenciones implementadas (antes y en el contexto de la pandemia) y constituye un punto ciego de las políticas sociales. En este marco, otra dimensión desde un enfoque de género sobre las desigualdades, debería contemplar a los adultos varones sin grupo familiar a cargo, muchos de ellos vendedores y trabajadores informales, también sin ingresos en el contexto de la pandemia.

6. Reflexiones Finales

La pandemia del Covid-19, sin duda, ha reconfigurado el escenario social y económico local y golpeado con fuerza los sectores más vulnerables, teniendo un impacto diferencial en el caso de las mujeres y de las vendedoras ambulantes en particular. En este marco, el objetivo de este artículo fue analizar la situación de los/as trabajadores/as de la economía popular, dedicados/as a la venta callejera en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) frente a la pandemia del COVID-19. Para esto, tuvimos en cuenta dos dimensiones: el género y el acceso a las políticas públicas como elementos centrales que permiten comprender las condiciones de (re)producción y profundización de las desigualdades en contextos de crisis.

Tal como analizamos, para quienes viven “al día” la obligación de “quedarse en casa” (que garantiza tanto el auto-cuidado como el cuidado del conjunto social para evitar la propagación del virus) no resulta una opción viable. Y ello fundamentalmente, para quienes no han accedido a ninguna de las medidas de transferencia de recursos implementadas hasta el momento por el Gobierno Nacional y en menor medida por el Gobierno local. Este grupo está constituido principalmente por migrantes y varones sin hijos.

Asimismo, la urgencia por salir a trabajar ante la carencia absoluta de ingresos y la falta de ayuda alimentaria, se enfrenta a las complejidades que ha traído aparejado el cierre de los espacios de cuidado, especialmente de las instituciones escolares y la sobrecarga de tareas que esta situación ha implicado, centralmente para las mujeres. Si bien las mujeres suelen encontrarse en una mejor posición que sus pares varones en relación al acceso a las políticas sociales y a redes comunitarias que juegan un rol clave en el sostenimiento de las condiciones de vida, ellas son también quienes menos posibilidades tienen de volver a realizar trabajos remunerados en el contexto de aislamiento social y el consiguiente cierre de establecimientos escolares y de cuidado infantil. Esto supone importantes limitaciones al momento de generar o ampliar los ingresos percibidos y las coloca en una situación de mayor desprotección. Estas complejidades tienden también a consolidar las desigualdades de género y a cristalizar una división sexual del trabajo que refuerza el rol de las mujeres en el ámbito reproductivo y el de los varones en el ámbito productivo.

La necesidad de salir a la calle sin contar con un permiso habilitante y los recursos suficientes para garantizar la protección frente al COVID-19, también implica serios riesgos tanto para la salud como por la exposición a ser víctimas de la represión policial y de los agentes de control de la Ciudad, de la discriminación y la xenofobia, tal como ha sido denunciado por las propias organizaciones de representación de los/as vendedores. Esta falta de reconocimiento formal de su actividad -como sucede con otros trabajos de la economía popular- limita las posibilidades de establecer protocolos y acceder a otro tipo de medidas que se han implementado para los/as trabajadores asalariados y el sector formal de la economía, relegándolos al lugar de la asistencia y desconsiderando el aporte al bienestar social del trabajo que realizan mediante la venta callejera y la participación en redes de apoyo comunitarias.

Los diagnósticos de la situación económica para lo que resta de este 2020 no son nada alentadores. La recesión y la caída de la actividad económica tendrán un severo impacto en las economías domésticas de la clase trabajadora en su conjunto. Esta situación agrava las condiciones de empleo actual. En este contexto es posible que el sector de venta callejera sea receptor de miles de nuevos y nuevas trabajadores que se volcarán a la actividad frente al peligro de la desocupación o la falta de ingresos.

El escenario post pandémico, sin duda es preocupante. La profundización de las brechas de género en el mundo del trabajo, principalmente en lo que refiere a ingresos y condiciones de inserción entre varones y mujeres será uno de los nudos problemáticos más acuciantes y que afectará más crudamente a las mujeres de los sectores populares. En este sentido, el fortalecimiento de políticas que promuevan el mejoramiento de las condiciones y oportunidades laborales para las trabajadoras del sector será clave. Esto debe ir acompañado de políticas que contemplen la dimensión del cuidado de modo que posibilite con mayor eficacia la resolución de las tensiones entre tiempo de trabajo y tiempo de cuidado, brindando recursos e infraestructura de calidad para la atención de esta demanda.

Como hemos visto, la seguridad de un ingreso y el apoyo estatal para el sector de venta ambulante es vital para garantizar un piso mínimo en las condiciones de vida de sus hogares. En este contexto, la continuidad de las políticas destinadas a paliar la situación crítica que enfrentan los/as trabajadoras de la economía popular y especialmente las mujeres, son indispensables (aunque como analizamos insuficientes) en la medida en que gran parte de éstas se encuentra imposibilitada de retomar su actividad laboral. Junto a ello, se requiere un cambio de mirada desde la asistencia hacia el trabajo con perspectiva de género, que habilite pensar nuevos modos de “pasar la cuarentena” y pensar la centralidad de la participación de la economía popular en la post-pandemia, a partir de políticas de reconocimiento del valor económico, social y cultural del trabajo que aportan estos/as trabajadores/as.

Bibliografía

Andújar, Andrea (2005). “De la ruta no nos vamos': las mujeres piqueteras (1996-2001)”. Ponencia presentada en X Jornadas Interescuelas. Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario. Disponible en: https://www.aacademica.org/000-006/390

Anzorena, Claudia (2017). “Lecturas feministas para el análisis teórico y empírico de las políticas públicas. En Alvarado, M y De Oto, A (edit.). Metodologías en contexto Intervenciones en perspectiva feminista/poscolonial/latinoamericana. Buenos Aires: CLACSO. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D13685.dir/Metodologias en contexto.

pdf

Collin, Fran$oise (1994). “Espacio doméstico. Espacio público. Vida privada” En: Seminario Permanente “Ciudad y Mujer”. (Pp. 231-237) Madrid. Disponible en: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/espacio-domesticoespacio-

publico-vida-privada.pdf

Donza, Eduardo (2019). Heterogeneidad y fragmentación del mercado de trabajo (2010-2018). Buenos Aires:    Educa    Disponible    en:

http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2019/2019-

OBSERVATORIO-DOCUMENTO-ESTADISTICO-HETEROGENEIDAD-

FRAGMENTACION.pdf

Esquivel, Valeria (2011). “La economía del cuidado en América Latina. Poniendo a los cuidados en el centro de la agenda”. En Serie “Atando cabos, deshaciendo nudos”. Panamá: PNUD. Disponible en: https://www.americalatinagenera.org/es/documentos/Atando Cabos.pdf Gálvez Muñoz, Lina y Rodríguez Modroño, Paula (2012). “La desigualdad de género en las crisis económicas”.    En Investigaciones    Feministas, Vol.    2, pp. 113-132.    Disponible    en:

https://doi.org/10.5209/rev INFE.2011.v2.38607

Guajardo, Elizabete (2008). Construcción de identidad emum grupo de mujeres comerciantes ambulantes de La ciudad de Chillán. Tesis de Memória en Sociología. Chile: Universidad de Concepción

Hasemann Lara, Ana E. (2009). “La discriminación institucional de vendedoras ambulantes: Los retos de una “pobre” madre pobre trabajando en la calle”. En Revista Pueblos y Fronteras digital, vol. 5, núm.    8,    pp.    237-263.    Disponible    en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci arttext&pid=S1870-41152009000200237 Maldovan Bonelli,    Johanna. (2018). La    economía    popular:    debate conceptual    de un campo    en

construcción    (Vol. 1). Buenos    Aires:    UMET.    Disponible en:https://citra.org.ar/wp-

content/uploads/2019/12/2018 LIBRO PEPTIS-cuadernillo-1 La-economi%CC%81a-popular-

MALDOVAN-BONELLI.pdf.pdf

Martínez Franzoni, Juliana. yVoorend, Koen. (2008). “Transferencias condicionadas, regímenes de bienestar e igualdad de género: ¿blancos, negros o grises?”. En Revista de Ciencias Sociales, 122, IV, pp. 115-131. Disponible en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/9879

MoraesSchultz, Laura (2009): “El comercio ambulante en el centro de la ciudad de Concepción. Una análisis desde la perspectiva de género”. Ponencia presentada en el XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires:    Asociación Latinoamericana de Sociología. Disponible en:

http://cdsa.aacademica.org/000-062/897.pdf

Murillo, Soledad (2006019960). El mito de la vida privada. De la entrega al tiempo propio. Madrid: Siglo XXI

Pacecca, María Ines, Canelo, Brenda y Belcic, Sofia (2017). “Culpar a los negros y a los pobres. Los" manteros" senegaleses ante los allanamientos en el barrio de Once”. En Pita, M. V. y Pacecca, M. I (eds.), Territorios de control policial. Gestión de ilegalismos en la Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Colección Saberes.

Pérez Orozco, Amaia (2014) Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de sueños

Perelman, Mariano (2014). "Viviendo el trabajo. Transformaciones sociales, cirujeo y venta ambulante". Trabajo y Sociedad (23), 45-65.https://www.redalyc.org/pdf/3873/387334695003.pdf

Pita, María Victoria, Gómez, Joaquín. ySkliar, Mariano. (2017) “Historias mínimas. Apuntes para una etnografía del control contravencional y la gestión de ilegalismos en la Ciudad de Buenos Aires”. En: Pita, M. V. y Pacecca, M. I (eds.) Territorios de control policial Gestión de ilegalismos en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: Colección Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Colección Saberes.

Rauber, Isabel (2007). “Género y alternativas populares en Latinoamérica y El Caribe”. En Rebelión. Disponible en https://rebelion.org/genero-v-alternativas-populares-en-latinoamerica-v-el-caribe/

___(2016 020020). “Mujeres piqueteras: El caso de Argentina". En : Reysoo, F. Économie

mondialisée et identités de genre. Ginebra: Graduate Institute Publicationspp. 107-123. Disponible en: https://books.openedition.org/iheid/6176

SonaSobory, Federico y Nieva, Florencia (2017): “Permanecer y resistir: análisis de los procesos de resistencia y empoderamiento de las vendedoras callejeras en San Salvador de Jujuy.” Trabajo y discriminación en Jujuy. Documento de Trabajo N° 33. San Salvador de Jujuy: SIMEL Nodo NOA/FCE/UNJu; en: www.fce.uniu.edu.ar/simel

Voria, Andrea y Pighin, Romina (2014). “Fisuras de género en torno al escenario de crisis de 2001 en Argentina”. En Memoria Académica VIII Jornadas de Sociología de la UNLP. Ensenada: Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52854

Zibecchi, Carla (2019). “¿Interlocutoras del Estado? El caso de las destinatarias de programas sociales y las referentes de organizaciones territoriales en la Argentina”. En Prospectiva. Revista de Trabajo Social e intervención social, No. 27, enero-junio:    pp. 31-54. Disponible en:

https://revistaprospectiva.univalle.edu.co/

Fuentes

Administración Nacional de la Seguridad Social (2020). Acceso al IFE. Ingreso Familiar de Emergencia

ANRed (2020). Murió una vendedora ambulante de 75 años atropellada cuando era perseguida por la Policía de la Ciudad. Disponible en:https://www.anred.org/2020/03/19/murio-una-vendedora-ambulante-de-75-anos-atropellada-cuando-era-perseguida-por-la-policia-de-la-ciudad/

CARE y ONU Mujeres (2020): “Análisis rápido de género para la emergencia de COVID-19 en ALC”, Mayo    2020.    Disponible    en:https://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/05/ lac%20report spanish%20f

inal%20jun2-comprimido.pdf?la=es&vs=143

D'Alessandro, M., Prieto, S., O'Donnell, V. y Tundis, F. (2020). Ingreso Familiar de Emergencia. Análisis y desafíos para la transferencia de ingresos a trabajadores/as precarios. Ministerio de Economía. Secretaría de Política Económica. Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Disponible en:https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dneig-ingresofamiliardeemergencia-

analisisvdesafios.pdf

Diario Página 12    (2020). “Para quedarse en casa hay que tener una”. Disponible

en::https://www.pagina12.com.ar/256792-para-quedarse-en-casa-hav-que-tener-una Diario Infobae. “Una pareja fue desalojada de un hotel familiar, el hombre murió en la calle e investigan si tenía COVID-19” Disponible en: https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/06/08/una-pareja-fue-desalojada-de-un-hotel-familiar-el-hombre-murio-en-la-calle-e-investigan-si-tenia-covid-

19/

Facebook    Vendedores    Ambulantes    Independientes    de    Once.

https://www.facebook.com/VendedoresAmbulantesIndependientesDeOnce/

LowyCopello, M. Cecilia (2018). Informe sobre las condiciones habitacionales de los Hoteles de la CABA. Asesoría Tutelar N°1 ante la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario.

Observatorio del Derecho a la Ciudad (2020). “La PANDEMIA del CORONAVIRUS y la CRISIS HABITACIONAL    en la CIUDAD de BUENOS AIRES”. Disponible en:

https://observatoriociudad.org/la-pandemia-del-coronavirus-y-la-crisis-habitacional-en-la-ciudad-de-

buenos-aires/

OCEYPP (2019). Estimación cuantitativa de la economía popular.

Disponibleen:https://docs.wixstatic.com/ugd/54048a 87f5b2dcf38f4e76bbbbf5be49746f5e.pdf OIT (2020). Brief: COVID-19 crisis and the informal economy. Immediate responses and policy challenges, May 2020. Disponible enhttps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed protect/---protrav/—travail/documents/briefingnote/wcms 743623 .pdf OGyPP (2020). Desigualdad social y desigualdad de género. Radiografía de los barrios populares en la Argentina actual.    Abril    de 2020.    Disponible en:    https://c015f97f-ebd0-4de8-be6f-

104721f4c01f.usrfiles.com/ugd/c015f9 1e1b3450ce24411bb1182004b0bfed5f.pdf

Trabajo y Sociedad, Núm. 35, 2020 25

1

El conocimiento y la realidad se construyen y transforman colectivamente. Este artículo no hubiera sido posible sin la colaboración y el apoyo del Programa de Trabajo y Economía Popular del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, de las organizaciones de representación del sector, especialmente de Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO) y de Vendedores Ambulantes Organizados (VAOS) y sus referentes/as y de los/as vendedores/as callejeros que nos brindaron su tiempo y compartieron sus experiencias de trabajo y de vida. A todos ellos y ellas, queremos agradecerles muy especialmente. También queremos mencionar el apoyo institucional del CONICET, el IIGG, la UBA y el CITRA-UMET. Del Proyecto PICT 2018- N° 00593 "Estrategias de sindicalización de trabajadores no asalariados: los casos de la UOLRA y la CTEP" y del Proyecto UBACyT “Trabajo, asistencia, seguridad. Políticas sociales y modos de problematización en la Argentina de la reconstrucción neoliberal (2016-2019).” Código: 20020170200063BA.

2

Los nombres y datos filiatorios provistos en el presente informe son ficticios a fin de garantizar el anonimato de los/as entrevistados/as.

3

Abordaremos las características e implementación de este programa en el punto 3 de este artículo donde se analizan las políticas públicas frente al COVID-19.

4

Poco más de la mitad de quienes viven solos no tienen hijos (un 53%) y en los hogares más numerosos es donde nuestros encuestados/as declaran tener más hijos. Más allá de esta situación cabe destacar que entre los hogares compuestos por entre 5 y 7 miembros, poco más de un tercio no tiene hijos.

5

Esta situación se puso una vez más en evidencia días antes del inicio de la cuarentena, con la muerte de una vendedora ambulante, Beatriz Mechato López, de 75 años que a mediados de marzo fue atropellada en la Ciudad de Buenos Aires, tras intentar escapar de la persecución de la Policía de La Ciudad y la Agencia gubernamental de control del Gobierno de la Ciudad bajo la amenaza decomisar la mercadería de los vendedores y vendedoras y desalojarlos de la vía pública (Agencia ANRed, edición de 19/03/2020)

6

   Al respecto se pueden ver las denuncias públicas de la organización VAIO en https://www.facebook.com/VendedoresAmbulantesIndependientesDeOnce/

7

   En este contexto, el hecho de no contar con los ingresos provenientes de la venta callejera resulta un obstáculo a la hora de cubrir el pago de la habitación. Incluso, gran parte de los destinatarios del Programa de Atención a Familias en Situación de Calle del GCBA o “subsidio habitacional” manifiestan que el monto ($8.000 es el máximo otorgado, a menos que se solicite un aumento por la vía judicial) resulta insuficiente para cubrir la totalidad del alquiler. De los 10.615 subsidios vigentes al año 2019, 4.109 habían sido obtenidos mediante un recurso de amparo en el sistema judicial, dato que demuestra las dificultades que hay en el acceso y las limitaciones que tiene la política pública (Observatorio del Derecho a la Ciudad, 2020).

8

De hecho, ya se dieron a conocer muchos casos, como en el Hotel Saavedra en el barrio de Once, donde el dueño intentó desalojar a un grupo de ocho personas trans y travestis por falta de pago. El fallecimiento de Leonardo Javier Macrino, a metros del Hotel La Florida en el barrio de Constitución del cual había sido desalojado tres días atrás, pone de manifiesto la precariedad habitacional y la ausencia de política social en materia de vivienda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Página 12, edición del 03/04/2020 e Infobae, edición del 08/06/2020).

9

La canasta básica total para un hogar de cuatro integrantes (que delimita la línea de pobreza) en abril de 2020 fue equivalente a $42.593,98 (INDEC, 2020).

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons