SUMARIO

1. Introducción. 2. Abordaje Metodológico. 3. La actividad ladrillera: proceso y condiciones de trabajo. 4. El trabajo en las fábricas: desigualdades preexistentes e impactos de la pandemia. 5. Condiciones de trabajo y de vida: desigualdades preexistentes e impactos de la pandemia en los hornos de la economía popular. 6. Reflexiones finales. 7. Bibliografía

1. Introducción

La pandemia del COVID-19 ha provocado una de las mayores crisis económicas y sociales a nivel global de las que se tenga registro en la historia contemporánea. La propagación del virus y las consecuentes medidas tomadas por los distintos gobiernos para evitar los contagios masivos -ante la ausencia de una vacuna- se han centrado en regular distintas formas de distanciamiento físico y, ligado a ello, en la paralización de las actividades económicas consideradas “no esenciales” durante las fases más duras de asilamiento, o bien en su reconversión a través del denominado “teletrabajo” en los casos en los cuales ello ha sido posible.

De aquí en más, la emergencia y propagación del virus trajo consecuencias inusitadas en los distintos planos de la sociedad, afectando a las diversas dimensiones de la vida humana: se modificaron las formas de vincularse con otros/as afectiva y emocionalmente, los espacios de encuentro, las formas de trabajar y de educar, los hábitos de higiene, las prácticas de cuidado, entre tantas otras. Estos cambios, generados de manera abrupta y sin modelos de referencia sobre qué y cómo actuar, trajeron aparejados un cumulo de interrogantes vinculados a cómo construir “nuevas” bases sobre las cuales organizar al orden social post-pandemia. En otras palabras, el término “nueva normalidad” irrumpió en el ámbito público y comenzó a atravesar los debates de los gobiernos y la sociedad en su conjunto.

Los debates emergentes permitieron visibilizar en algunos casos y profundizar en otros las discusiones sobre los complejos entramados de desigualdad que signan a la sociedad argentina. La elevada demanda para acceder a los subsidios y programas estatales, las largas colas para recibir bolsones o un plato de comida en las ollas populares, la falta de conectividad y de medios tecnológicos, las situaciones de hacinamiento y carencia en el acceso a viviendas, la falta de trabajo y los magros ingresos con los cuales subsisten millones de personas en el país fueron algunas de las principales problemáticas que se pusieron en debate. Ante ello, durante los últimos meses, el Gobierno Nacional ha destinado un importante monto de recursos para atender algunas de estas problemáticas: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para el sector de los monotributistas, desocupados/as y trabajadores/as informales -que alcanzó a cerca de ocho millones de personas- y el ATP para el sector del empleo formal, fueron algunas de las medidas de mayor impacto. Sumado a ello, se han implementado políticas sectoriales específicas, distribuido alimentos y reforzado los montos de programas sociales y prestaciones previas, como la Asignación Universal por Hijo o los bonos otorgados a las jubilaciones y pensiones. Estas medidas permitieron contener el agravamiento de la crisis laboral y social, sin embargo, resultan aún insuficientes. La línea de pobreza en Argentina se sitúa cerca de los cuarenta y cinco mil pesos para una familia de cuatro miembros¹ y lejos está de los montos que otorgan las distintas prestaciones sociales.

La pandemia emergió, a su vez, en un contexto ya por demás crítico de la economía nacional. Durante el período 2015-2019, bajo la gestión de Cambiemos, la situación socioeconómica nacional empeoró drásticamente, a partir de la caída de la actividad, el aumento del desempleo, la precariedad, la informalidad y la pobreza. Las sucesivas devaluaciones de la moneda y los elevados índices inflacionarios llevaron a un empobrecimiento generalizado de la población que impactó principalmente en los sectores populares y, por ende, en sus niveles de ingresos (^{CESO, 2016}). En lo que respecta al período reciente, una encuesta realizada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (EDSA COVID-19) durante los primeros días del mes de mayo ha estimado que el 8,2% de los ocupados había perdido su empleo para dicho mes o no había podido realizar su actividad por cuenta propia, el 39,3% estaba suspendido o debió dejar de trabajar, el 4,2% tomó licencia por ser parte del grupo de riesgo, el 22% estaba trabajando menos horas y sólo el 26,4% seguía trabajando como siempre o más horas (^{Donza, 2020}).

Los datos más recientes provistos por la Encuesta Permanente de Hogares muestran que para el segundo trimestre de 2020 la tasa de desocupación se ubicó en un 13,1%, mostrando un incremento de 2,7 puntos en relación con el primer trimestre y de 2,5 puntos en la comparación interanual para el mismo período. El aumento del nivel de desempleo resulta aún más preocupante al observar la caída de la tasa de actividad, que fue de 8,8 puntos porcentuales frente al primer trimestre del 2020. Es decir, a quienes perdieron su trabajo o empleo durante el período debe añadirse una considerable porción de la población declarada inactiva como consecuencia de no haber podido trabajar durante la fase de aislamiento más estricto estimada en 2,5 millones de personas en los grandes aglomerados urbanos. Por otra parte, el deterioro de la situación laboral no fue homogéneo entre las distintas categorías ocupacionales siendo los asalariados informales (sin descuento jubilatorio) y los/as cuentapropistas los más afectados/as. Se estima que entre los primeros se perdieron 1,3 millones de puestos de trabajo y entre los segundos cerca de 750.000. La caída de empleo entre los/as asalariados/as formales fue de aproximadamente 260 mil puestos de trabajo. Si bien en conjunto son los varones quienes mostraron un mayor aumento del desempleo, con un incremento de 3,1 puntos porcentuales, se observa que las mujeres jóvenes (14 a 29 años) fueron especialmente afectadas por la desocupación: entre ellas el incremento fue de 4,6 puntos porcentuales llegando a alcanzar un 28,5% para el período informado.

De ahí que, el análisis de los impactos de la pandemia no puede dejar de lado las amplias heterogeneidades y desigualdades presentes y pre-existentes en la sociedad argentina, ligadas a su vez a los derechos, protecciones y recursos que los y las trabajadores y sus familias tuvieron y tienen para afrontar la actual situación de crisis. Dicho de otro modo, la importancia de dar cuenta de cómo estaba construida la “vieja normalidad” en la realidad laboral argentina, es el camino necesario para que las formas de abordar la crisis provocada por la pandemia trasciendan la búsqueda de paliativos de sus efectos inmediatos y tengan en cuenta un enfoque histórico centrado en las desigualdades históricamente construidas y cristalizadas, en post de revertirlas.

En este marco, el sector ladrillero -caso que aborda este artículo- se vio profundamente afectado en los últimos meses. La construcción, sector de cuyo dinamismo depende la producción ladrillera por ser uno de sus principales eslabones, se encontró prácticamente paralizada desde los inicios de la pandemia (salvo casos específicos de obras públicas) dada su inhabilitación en las fases más duras de aislamiento. A nivel nacional, la baja de abril - mes del confinamiento más estricto- fue de un 51,5% frente a marzo (sumando una caída interanual del 40,2% en el período enero-abril) y su variación interanual representó una caída del 75,6%, siendo el peor indicador de la actividad en cerca de tres décadas. En este contexto, durante abril también se observó una caída abrupta en lo que respecta al consumo de materiales para la construcción. Entre éstos el consumo de ladrillos huecos² disminuyó un 87,1% respecto al mismo mes del año anterior y un 28,6% acumulado en el primer cuatrimestre del año en su variación interanual (^{INDEC, 2020}b).

Al respecto, en el sector ladrillero confluyen desde hace décadas múltiples relaciones laborales, niveles de formalidad y formas de organizar el trabajo que van desde el trabajo asalariado formal, una importante presencia de la informalidad en el empleo, emprendimientos que se desarrollan bajo la lógica de “patrón oculto” -es decir, trabajo asalariado encubierto-, a un sector mayoritario de unidades productivas familiares, englobadas bajo lo que el sindicato entiende como parte de la “economía popular”. A su vez, parte de estas unidades ha desarrollado cierto nivel de asociativismo y algunas de ellas se han formalizado como cooperativas de trabajo. En tal sentido tanto los niveles de formalidad como el acceso a protecciones sociales por parte de estos/as trabajadores/as es por demás heterogéneo, aunque suele primar la informalidad tanto económica como laboral. En el sector ladrillero prevalecen las situaciones de explotación, una alta presencia de trabajo migrante irregular y de trabajo infantil, elevados niveles de informalidad económica y laboral, y condiciones de trabajo sumamente precarias ligadas a los bajos ingresos, lo arduo de las tareas, la exposición a las inclemencias climáticas y la falta de protecciones, entre otras dimensiones.

De ahí que cabe preguntarse: ¿qué situación se avizora en el camino a la post-pandemia para los/as trabajadores/as ladrilleros/as? y, en dicho marco: ¿qué prácticas y situaciones signaban a “la vieja normalidad” de este sector del trabajo?, ¿qué aprendizajes nos deja el contexto actual para pensar el diseño de políticas que apunten a una mayor igualdad y justicia social? A partir de estos interrogantes este artículo se propone analizar los impactos que tuvo la pandemia del COVID-19 en la producción y en las condiciones de trabajo y de vida de los/as ladrilleras/os y cómo estos se vinculan y articulan con las problemáticas estructurales previas presentes en el sector.

Para ello, en un primer apartado presentamos el abordaje metodológico y las técnicas de recolección utilizadas para producir los datos que se presentan en este artículo; en un segundo apartado se realiza una caracterización de la actividad ladrillera en el país dando cuenta de las principales etapas del proceso de trabajo, los tipos de unidades productivas existentes en función de las relaciones laborales que priman en ellas y el lugar que ha tenido el sindicato en la organización de la actividad en los últimos años. En tercer lugar, analizamos las condiciones de trabajo y de vida que caracterizan al sector en las fábricas ladrilleras y los principales impactos que ha tenido la pandemia en el sector, en el período más duro de aislamiento; en cuarto lugar, analizamos dichas dimensiones en el sector de la economía popular. Finalmente, exponemos algunas de las principales problemáticas comunes en ambos tipos de unidades productivas y las reflexiones finales de ese trabajo.

2. Abordaje Metodológico

El análisis aquí presentado se basa en los resultados obtenidos en un trabajo de investigación³ y vinculación⁴ que nos encontramos llevando a cabo desde el año 2013 junto a la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA). En este marco hemos desarrollado proyectos y actividades que incluyeron distintos diseños metodológicos y técnicas de recolección de información.

En lo que respecta a los datos presentados en este artículo, recobramos, en primer lugar, entrevistas en profundidad realizadas a integrantes de la conducción nacional del sindicato, de las conducciones provinciales y regionales, así como a trabajadores y trabajadoras de ambos tipos de unidades productivas que en total suman un corpus de cerca de sesenta entrevistas, de las cuales se han retomado las más relevantes en función de los objetivos propuestos. En segundo lugar, recuperamos notas de campo realizadas en el marco de la observación participante en espacios de trabajo, asambleas, encuentros nacionales y movilizaciones en el espacio público, entre las principales.

Finalmente, en lo que respecta al análisis de la situación del sector durante el contexto de las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado a partir del 20 de Marzo de 2020, hemos llevado a cabo un relevamiento durante el 10 y el 17 de Mayo orientado a indagar los principales impactos de la pandemia tanto en el sector de trabajadores asalariados como de aquellos/as que trabajan en la economía popular⁵. Para ello, hemos diseñado dos cuestionarios: uno destinado a delegados de fábrica y el otro a delegados/as y/o referentes/as de barrios y comunidades ladrilleras. Dada las diferencias estructurales de ambos sectores la decisión fue utilizar dos instrumentos, aunque con varios puntos en común, de manera tal de tener cierta comparabilidad entre ellos y a su vez poder realizar un diagnóstico sobre la situación actual de ambos.

El cuestionario estuvo organizado en tres ejes de análisis: el primero, orientado a dar cuenta de las características de las unidades económicas y familiares relevadas, lo cual nos permitió aproximarnos a las características estructurales de las condiciones vida y de producción de los/as trabajadores y familias ladrilleras; el segundo, se focalizó en las condiciones de la producción y el trabajo, haciendo particular hincapié en los efectos de la pandemia; el tercero, se centró en el acceso a recursos y servicios básicos, así como en las percepciones en torno a los principales problemas vividos por el sector en el contexto estudiado y ante una potencial reapertura de la actividad.

El cuestionario se aplicó a delegados en el caso de las fábricas y a delegados/as o bien referentes de las comunidades u organizaciones asociativas en el sector de la economía popular. El objetivo fue que éstos/as respondieran preguntas acerca de la situación general de las unidades productivas a las que representan. Por lo cual, los datos relevados en torno a la situación particular de los y las trabajadoras resultan una aproximación a sus realidades realizada desde la mirada de quienes los/as representan. Dado que el cuestionario se llevó a cabo de manera auto-administrada a través de la plataforma provista por Google Forms, dicha decisión se basó en la complejidad que, como veremos a lo largo del análisis, tiene el sector para acceder a medios tecnológicos e internet. En este sentido, la articulación con el sindicato fue central para contactar a los representantes de las distintas unidades productivas. El trabajo de relevamiento se llevó a cabo de manera colectiva y fue transmitido a través de los/as representantes de la comisión directiva nacional a los/as delegados/as provinciales y de éstos a los/as delegados/as de base.

A partir de este relevamiento se obtuvieron respuestas de 53 casos en barrios y organizaciones de la economía popular y de 68 casos de unidades productivas bajo “patrón” distribuidos en quince provincias del territorio nacional siendo éstas: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. A partir de la información relevada, se busca aportar a la detección de nudos problemáticos que sean de utilidad para poder diseñar estrategias, acciones y propuestas sindicales y de políticas públicas que permitan mitigar los impactos del covid-19 en el sector ladrillero, teniendo en cuenta las profundas desigualdades que atraviesan al sector históricamente.

3. La actividad ladrillera: proceso y condiciones de trabajo

La actividad ladrillera se lleva adelante en el mundo desde tiempos remotos. El ladrillo es el material más usado en la construcción de edificios y casas y, aunque existen otros sistemas para la construcción, éste sigue siendo su principal insumo. En este sentido, ^{Müller (2001}) señala que independientemente de su utilidad en la construcción y de las facilidades para su producción, el ladrillo constituye un elemento cultural que hace a la identidad constructiva de las ciudades latinoamericanas.

De ahí que, si bien existen diversas formas de producir el ladrillo, algunas de ellas con un grado relativo de industrialización, el ladrillo artesanal sigue teniendo una importancia central en el desarrollo de la industria de la construcción. Su producción se basa en la implementación de técnicas milenarias, que dan como resultado una calidad específica de adobe fuertemente valorada. A pesar de ello, lo rudimentario del proceso no ha variado prácticamente en cientos de años de historia de la actividad. Por otra parte, la falta de homogeneidad del producto debido a la carencia de una certificación sobre el proceso debilita las posibilidades de competir en el mercado, devaluando aún más la imagen de una actividad que ya de por sí se encuentra fuertemente invisibilizada.

El proceso de fabricación artesanal está determinado principalmente por el corte manual del ladrillo a través del empleo de moldes realizados principalmente de madera o aluminio. Asimismo, en la mayor parte de las etapas del proceso de trabajo la actividad implica un bajo aporte de capital y de tecnología. A grandes rasgos, la producción del ladrillo se realiza en tres espacios diferenciados: el pisadero, que es el lugar donde se realiza la mezcla del adobe; las canchas y secaderos, donde se realiza el moldeo, el corte, el secado y el apilado; y los hornos, donde se quema el ladrillo cortado, constituyendo la etapa final de producción del bien. Luego existen también espacios de acopio de la materia prima y de los pallets de ladrillos, así como espacios de vivienda y de recreación que utilizan los/as trabajadores/as. La distribución de estos espacios y su separación depende principalmente del tamaño de las unidades productivas, que como veremos, difieren entre sí principalmente por el tipo de relaciones laborales que priman en cada una de ellas.

La primera etapa del proceso es la preparación de la mezcla. Para ello se utilizan como materias primas principales tierra, elementos para amalgamar la mezcla como viruta de madera o aserrín, residuos de caucho o cuero y agua. En los hornos de mayor capitalización la mezcla se realiza con tractores que durante mínimo doce horas giran sobre el pisadero asentando los materiales, mientras que en los hornos más precarios es posible encontrar pisaderos a base de tracción animal o humana, lo cual incide drásticamente sobre las condiciones laborales de estos trabajadores. La calidad de la tierra utilizada es determinante para la producción ya que de ella depende la calidad del producto final. En algunos hornos, estos insumos se obtienen a través del trueque, aunque lo más frecuente es que éstos se compren o bien se extraigan del terreno donde se produce. Al respecto, una trabajadora de una cooperativa menciona que

“…casi siempre el ladrillero tiene que buscar un lugar donde sacar tierra, siempre se acaba la tierra, no es que tenés una cava, no hay una política que te diga “acá los ladrilleros sacan la tierra para hacer ladrillo”, no… Te arriendan un campo y vos tenés que ir ahí y sacar tierra hasta que no tengas más tierra y te vas a otro lado a hacer otro campamento” (Soledad, Entre Ríos, 2017).

Ello implica que una parte importante de los hornos se vayan trasladando de un predio a otro cuando la tierra se acaba -lo que sucede principalmente en el caso de las unidades de la economía popular-. A su vez, la existencia de diversas disposiciones municipales y provinciales que prohíben la extracción de tierra de los suelos locales por razones de protección ambiental conlleva que muchas veces la tierra es traída de otros municipios o mismo provincias, o bien que la extracción se realiza de manera irregular. Esta situación, con el desarrollo de la pandemia y la consecuente restricción de la movilidad, tuvo -como veremos- un importante impacto sobre las posibilidades de continuidad de varias unidades productivas.

La segunda etapa del proceso es el corte. Para ello, el barro ya preparado es trasladado hasta “las canchas”⁶ con una carretilla que llena pesa alrededor de ciento diez kilos. Los moldes se cargan sobre una pequeña tabla, se alisan para sacar el resto de barro y se desmoldan en el suelo. Ello equivale a dos adobes. Cada molde cargado pesa cerca de seis kilos y con una carretilla llena llegan a producirse entre sesenta y setenta ladrillos. La cantidad de ladrillos cortados por día depende del tamaño de la unidad productiva, pero en general, un cortador de fábrica corta cerca de mil ladrillos diarios, lo que implica agacharse quinientas veces por día con el peso mencionado. Luego, el adobe queda a la intemperie alrededor de una semana para un primer secado, dependiendo ello de las condiciones climáticas (el proceso suele ser más rápido en verano, cuando también se da la temporada alta de la actividad). Posteriormente éste se apila y se deja orear, liberando las canchas y permitiendo un mayor secado antes de la quema.

Finalmente, con el ladrillo casi seco, se procede al armado del horno y a la quema. Ésta se realiza en distintos tipos de hornos, que se diferencian en las medidas, formas y maneras de ser construidos según los establecimientos. Algunos se montan y otros son fijos y se rellenan con la producción semanal, quincenal o mensual, dependiendo del establecimiento. Una vez que la cocción termina, se esperan entre cuatro y seis días para que el horno se enfríe, abriendo ventilaciones de manera secuencial, se clasifican los ladrillos según su calidad y se apilan sobre pallets para ser vendidos. Los ladrillos producidos suelen ser de calidades heterogéneas. Por ello, son clasificados en ladrillos de primera y de segunda y, en consecuencia, son comercializados con distinto precio. “Esta clasificación se realiza en base a su terminación y al sonido que emite al golpearlo ligeramente que da cuenta del grado de cocción alcanzado” (^{Pucheta Rosini y Suqueli, 2017}: 40). Los emprendimientos de mayor tamaño poseen espacios destinados a guardar el stock producido; en los emprendimientos pequeños permanecen en la intemperie hasta ser vendidos o son cargados directamente al camión que realizará el traslado.

4. El trabajo en las fábricas: desigualdades prexistentes e impactos de la pandemia

Como mencionamos previamente, parte del sector ladrillero está conformado por unidades productivas fabriles, donde priman relaciones asalariadas. Este subsector está compuesto por los “trabajadores con patrón” y se encuentra presente, principalmente, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Para conocer el impacto de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en estas unidades productivas encuestamos a sesenta y ocho delegados de distintos establecimientos del país. Los datos obtenidos fueron principalmente referentes a la situación de fábricas ladrilleras situadas en la provincia de Buenos Aires (88%), en las localidades de: Mar del Plata, Florencio Varela, Ministro Rivadavia, Cañuelas, Marcos Paz, Carlos Spegazzini, San Andrés de Giles, Monte Grande, La Matanza, General Las Heras, Lobos, Tristán Suárez. Asimismo, respondieron delegados de fábricas situadas en las Provincias de Tucumán, Chaco, Misiones, Córdoba y Santa Fe.

En promedio, las fábricas relevadas poseen 16.8 trabajadores, es decir, que se trata en general de micro y pequeñas empresas⁸. De los establecimientos relevados un 29,4% poseen entre uno y diez trabajadores, mientras que la mayoría (54,4%) está integrada por entre once y veinte trabajadores. En el 5,9% de las fábricas trabajan de veintiuna a treinta personas, un 1,4% emplean de treinta y uno a cuarenta, un 4,4% está integrada por cuarenta y uno a cincuenta trabajadores y la misma proporción está conformada por cincuenta y un trabajadores o más.

Fuente: Elaboración propia en base a 68 casos, 2020.

Gráfico 1: Distribución de casos relevados por provincia y por cantidad de trabajadores por fábrica 

Como señalamos previamente, las fábricas ladrilleras se sitúan en zonas periurbanas. Esto implica que los ladrilleros y sus familias se encuentran apartados de centros de salud. Tomando en consideración tanto la distancia desde las viviendas como desde las fábricas, los trabajadores y sus familias deben trasladarse más de dos kilómetros para acceder a atención sanitaria. Por otro lado, los territorios periurbanos están atravesados por la falta de infraestructura urbana. Muchas veces no cuentan con calles pavimentadas, transporte público, cloacas, agua potable, desagües cloacales. Este aislamiento, sumado a que el proceso productivo del ladrillo implica que en muchos momentos los trabajadores deban seguirlo de cerca, conlleva que algunos establecimientos dispongan de viviendas para los trabajadores.

A partir del relevamiento supimos que en poco más de la mitad de las fábricas relevadas hay trabajadores que viven en ellas. En un 7,4% de las fábricas viven todos los trabajadores, en un 7,2% vive más de la mitad, en un 38,3% vive entre la mitad y menos de la mitad y en el 48,5% restante ninguno de los trabajadores vive en el predio donde producen.

De este modo, los trabajadores y sus familias viven en el predio donde se fabrican los ladrillos. La calidad de estas viviendas es heterogénea y durante los años fue cambiando. En algunos casos “las piecitas” fueron volviéndose más amplias y cómodas. Sin embargo, las condiciones de precariedad laboral y del hábitat coadyuvan a que las mujeres -y en varias ocasiones los/as niños/as- jueguen un rol de importancia en la producción.

Al respecto, en las fábricas ladrilleras no existen registros de mujeres contratadas en tareas de producción directa de ladrillos, aunque sí en ocasiones ocupan puestos de secretarias, administrativas o personal de limpieza. Las características de las tareas -basadas en el uso de la fuerza y en un fuerte desgaste físico- hacen que éste sector esté fuertemente masculinizado. Por lo cual, si bien no existen regulaciones que impidan el trabajo de las mujeres en las fábricas, tanto en la patronal como en el sindicato la idea de la prohibición del trabajo femenino estuvo arraigada durante años⁹. Sin embargo, esto no impide que en muchos establecimientos las mujeres participen de las tareas productivas. Es decir, trabajen; y lo hagan sin ser reconocidas laboralmente, bajo condiciones de completa irregularidad y desprotección. En el caso de las mujeres esto implica una jornada laboral duplicada, ya que al trabajo en el horno se le agregan las tareas domésticas y de cuidado.

En otros casos, cuando los trabajadores no viven en las fábricas, suelen habitar en zonas cercanas conformando “barrios ladrilleros”, como es el caso de Cañuelas:

“Acá tenemos ocho hornos sobre la Ruta 3, grandes y medianos y dos chicos y hay siete cortadores por horno. Todos viven por acá por el barrio, acá no hay habitantes en los hornos, familias. Las familias están allá por las Heras, distanciadas, por la Ruta 6. Ahí tienen que salir, entra una combi para la escuela porque en la ruta 6 no hay colectivo, si quieren salir tienen que pagar remis” (Jorge, Cañuelas, Buenos Aires, 2018).

En nuestros datos se observa que un 63.5% de las fábricas relevadas se ubican a menos de cuatro kilómetros de las viviendas de los trabajadores y en casi un 32% esa distancia es mayor. En el caso de Marcos Paz, un empleado de una ladrillería de la zona, nos contó que los ladrilleros “más antiguos” vivían en los hornos, pero frente al aumento de situaciones de robo y violencia, se fueron mudando al barrio Lisando de la Torre, ubicado a unos 5 kilómetros. A partir de entonces, todos los días, cruzan en bicicleta el campo para ir a trabajar.

En el contexto de COVID-19 y ASPO los gobiernos han aumentado la distribución de alimentos y viandas en comedores, en articulación con las organizaciones sociales presentes en cada territorio. Al preguntar acerca del acceso de los trabajadores de las fábricas a recursos como bolsones de comida comedores y elementos de limpieza y protección, los delegados, en gran medida, desconocían las particularidades de cada familia ladrillera.

Pese a ello, las respuestas indican que el acceso a dichos recursos es restringido. En relación con los bolsones de mercadería, casi en un 31% de las fábricas encuestadas, todos los trabajadores acceden. En cuanto a comedores y viandas, en un 13% de las empresas, más de la mitad de los trabajadores acceden a las mismas. Finalmente, casi en un 17% de las fábricas, todos los trabajadores acceden a elementos de limpieza y protección. A su vez, tanto en los casos en que las familias viven dentro del predio de la fábrica como en barrios cercanos a ellas, tienen que trasladarse más de dos kilómetros para acceder a negocios para comprar alimentos e insumos básicos y a instituciones de asistencia comunitaria, como organizaciones barriales, comedores o iglesias.

4.1. Condiciones de trabajo e impactos de la pandemia en la producción

La informalidad que atraviesa al sector ladrillero no solo coloca a las mujeres y niños en una situación de desprotección: en las fábricas la mayoría de los trabajadores no están registrados. Al respecto, desde el año 2010 el sindicato ha llevado a cabo diversas estrategias en articulación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y con los Ministerios de Trabajo provinciales en pos de avanzar en los niveles de registración en el sector. Sin embargo, el proceso de fiscalizaciones y regularización de los trabajadores se vio especialmente afectado durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, dado el cambio de orientación de la política laboral y los impactos que la crisis económica tuvieron sobre la actividad. En el caso de nuestros datos, solo un 12% de las fábricas consideradas en el relevamiento tenía a la totalidad de sus trabajadores registrados en el mes de mayo y casi un 40% de los establecimientos tenían a menos de la mitad en dicha situación. En un 13% de los hornos relevados todos los trabajadores eran informales.

Durante muchos años los/as ladrilleros/as trabajaron desconociendo que existía un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que regulaba condiciones mínimas de la actividad. En este sentido, quienes gestionaban y gestionan el sindicato poseen un rol fundamental, tanto en dar a conocer el CCT vigente en cada fábrica como en exigir su implementación y garantizar la presencia de delegados de base.

En relación con las categorías de trabajadores y los niveles salariales, en las distintas etapas que componen el proceso de trabajo encontramos jerarquías y puestos delimitados y distintas categorías establecidas por el CCT. Asimismo, en las fábricas se articulan distintas formas de contratación laboral- trabajadores mensualizados y jornalizados- y distintas formas de cobro- por día, por hora o por productividad (a destajo). Muchos trabajadores trabajan de manera estacional e intercalan la actividad ladrillera con otras actividades generalmente vinculadas al sector agropecuario. La existencia de distintas modalidades de contratación en la actividad se vincula con al menos dos factores. Por un lado, la estacionalidad de la actividad por cuestiones climáticas y, por otro, el origen migrante de parte del colectivo de trabajadores.

En cuanto al primer punto, debido a que gran parte del trabajo se realiza a la intemperie y que las inclemencias climáticas pueden afectar o interrumpir el mismo, los trabajadores formales poseen por CCT una compensación del 12% del salario, el cual muchas veces resulta insuficiente para cubrir los días perdidos. Esto genera que deban relegar los días de descanso en pos de un ingreso que les permita compensar los días en los cuales no pudieron trabajar.

En cuanto al segundo punto, principalmente en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, una gran proporción de los ladrilleros son migrantes. Según una encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el año 2015, de los 445 trabajadores que comprendían los veintidós hornos relevados en Buenos Aires, 324 eran de origen boliviano (73%), 110 eran argentinos (25%) y sólo 11 (2%) eran oriundos de otros países. La alta presencia de migrantes imprime características y dinámicas específicas al trabajo ladrillero. Por un lado, condiciona la temporalidad del mismo, ya que muchos trabajadores viajan para visitar a sus familias y, por el otro, involucra el envío de remesas a su país de origen. Determina, también, la representación sindical, ya que la rotación en los puestos y las expectativas de retorno al país de origen inciden en las posibilidades de organización y en la construcción de colectivos de trabajo estables y duraderos.

Dentro de las distintas categorías laborales y formas de cobro presentes en la actividad ladrillera, el trabajo del cortador es central en el desarrollo de la producción, al punto que entre los trabajadores es el más valorado y es entendido como un oficio. Según el CCT vigente, el trabajo de corte y apilado de ladrillo es pagado a destajo (por millar). Aprender el oficio implica entonces responder a una productividad media, ser capaz de cortar al menos “cincuenta manos” en aproximadamente seis horas de trabajo. Cada mano se corresponde con cuarenta ladrillos y actualmente se paga $41 para el “cortador de primera” y $36 el “oficial cortador”. Ello hace que el salario por jornada de estos trabajadores ronde los $2000 pesos diarios, lo cual permitiría acceder a un ingreso mensual de alrededor de $40.000 mensuales (en condiciones en las cuales se pudiera trabajar cinco días de la semana y exista demanda de corte), duplicando así el salario mínimo que desde octubre del 2019 se ubica en $ 16.875, pero aún por debajo de la Canasta Básica.

En el apilado participan los cortadores y también otra categoría de trabajadores definida por CCT que son los llamados “por hora”. Éstos son, en palabras de un trabajador de Florencio Varela, “los chicos que no saben cortar”, es decir, los que carecen de oficio y que se dedican a hacer las tareas más simples del proceso. Así, “los por días trabajan por hora, se lleva a la hornalla, se apila” (José, Florencio Varela, 2015). El valor actual de la hora de trabajo para estos trabajadores es de $180, lo cual permite un ingreso mensual estimado de $28.800.

Sin embargo, los ingresos de estos trabajadores pueden verse afectados en función de las condiciones climáticas y de la infraestructura que cada fábrica disponga o bien de la demanda existente, ya que fuertes lluvias pueden hacer que se pierdan días de trabajo o que se deba reorganizar la jornada laboral. Así el régimen salarial a destajo impone sobre estos trabajadores no solo una situación de mayor explotación de los cortadores, sino también la presencia de “trabajo encubierto” de otros miembros de la familia, como las mujeres e hijos/as que dan “una mano” para que la jornada “termine antes” y tenga así un mayor “descanso”. Estas situaciones son frecuentes y representan una de las formas extendidas de trabajo no pago que se expresa bajo una forma de “ayuda” cuando en realidad contribuyen a la valorización del capital en la empresa. Otra forma extendida de “adelantar”, compensar la pérdida de días o generar un ingreso extra, es el trabajo fuera del horario pre-establecido o los fines de semana.

En relación con los trabajadores ladrilleros mensualizados, en función de la escala salarial vigente en el mes de octubre un peón cobrará un salario de $34.289,10 y los quemadores, choferes, maquinistas, tractoristas, asentadores, oficiales orilleros y serenos $36.954,14 (incluyendo el 12% de compensación climática).

A raíz del contexto de ASPO implementado en el país a partir del 20 de marzo, casi un 93% de las fábricas ladrilleras encuestadas pararon en su totalidad la producción. El 7% restante continuó trabajando parcialmente, con horarios y personal reducido. Los impactos de la paralización de la actividad se observaron principalmente en lo que respecta a las condiciones salariales de los trabajadores, más que en la situación del empleo.

Fuente: Elaboración propia en base a 68 casos, 2020

Gráfico 2: 

Así, para mediados de mayo, en un 97% de las fábricas ladrilleras encuestadas no se habían realizado despidos, como tampoco hubo, en gran medida, suspensiones (se dieron en un 9% de los casos). Por otro lado, encontramos que en 22% de las fábricas se adelantaron vacaciones y en un 57% se eliminaron beneficios sobre el salario que los ladrilleros poseían.

En relación con el pago de salarios, en un 45.6% de los casos se estableció el pago en cuotas. En un 25% de las fábricas el salario de los trabajadores se continuó pagando con normalidad y en un 20.6% se pagó un monto reducido. Finalmente, casi en un 9% se dejaron de pagar los salarios. Es decir, un 75% de las fábricas consideradas en el estudio han afectado el pago de salarios en alguna medida.

Fuente: Elaboración propia en base a 68 casos, 2020

Gráfico 3: 

Una de las medidas de mayor envergadura adoptada por el Estado para paliar los efectos de la crisis en el sector asalariado fue la implementación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Si bien la resolución que da inicio al programa es de inicios de abril, al momento de aplicar el cuestionario todavía no se había realizado el primer pago de la prestación, por lo cual no pudimos acceder a información acerca de cuántas fábricas habían sido incorporadas al mismo. Las charlas informales sostenidas con miembros del sindicato en los meses posteriores dan cuenta de que en términos generales estas empresas ingresaron al ATP, aunque no contamos con datos precisos sobre cuántos trabajadores cobraron su salario por esta vía.

Más allá de esta situación cabe considerar que, como mencionamos anteriormente, en el sector asalariado existe un alto nivel de informalidad laboral, por lo cual es de prever que el alcance de un programa de este tipo sea potencialmente limitado en función de la baja cantidad de registro existente. En este sentido, varios trabajadores tuvieron que recurrir al IFE para paliar la merma de sus ingresos. Nuestros encuestados señalan que hubo un elevado nivel de inscripción: cerca de un 60% accedieron al cobro de la prestación. Por otra parte, quienes afirman que los trabajadores de los establecimientos que representan fueron rechazados (el 17%), desconocen los motivos de dicho rechazo. La información relevada a través de entrevistas a integrantes de la comisión directiva y a delegados provinciales apunta a que el principal obstáculo ha sido la situación migratoria irregular de gran parte de estos trabajadores que, en su mayoría, son bolivianos. Cabe considerar que el IFE tiene como uno de sus requisitos ser argentino nativo o naturalizado y contar con una residencia legal en el país de dos años. Así, estos trabajadores, a pesar de que han migrado en gran parte de los casos hace más de diez años, suelen volver por algún período a sus países de origen y no logran regularizar su situación migratoria en el país, llevando ello a que no cumplan el requisito de dos años de residencia.

Como hemos señalado previamente, las tareas realizadas durante la producción del ladrillo artesanal implican un bajo nivel de tecnificación o son eminentemente manuales. A ello se agrega el hecho de que, salvo excepciones, la jornada laboral transcurre a la intemperie. Las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) “están constituidas por los factores socio-técnicos y organizacionales del proceso de producción implantado en el establecimiento (o condiciones de trabajo) y por los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo” (^{Neffa, 2015}:14). Existe una relación estrecha, pero no unidireccional, entre el proceso de trabajo y la salud, ya que el mismo involucra demandas, exigencias y riesgos para las personas, las cuales responden según sus propias capacidades de adaptación y resistencia. Sin embargo, Neffa (Ibídem) entiende que, debido a la carga global de trabajo efectivamente soportada, junto con los riesgos del medio ambiente laboral presentes en cada actividad, los/as trabajadores/as sufren sobre sus cuerpos las marcas del trabajo.

Durante la jornada laboral los/as ladrilleros/as realizan tareas arduas y repetitivas, generalmente a la intemperie, con una alta exposición a riesgos, así como una sobreexigencia física que conlleva serias consecuencias en la salud. Asimismo, y a pesar de estar regulados por CCT, muchos de los elementos de protección no son utilizados durante la realización de las tareas, incrementando así los riesgos de la actividad. Una de las principales consecuencias de estas condiciones penosas son los dolores corporales y las afecciones respiratorias producto de la aspiración de humos durante la quema. Al respecto, un estudio realizado por la Secretaría de Minería de la Nación en el año 2011 relevó -entre otras cuestiones- las percepciones de los riesgos que acarrea la actividad para la salud de los productores. Los resultados mostraron que un 46% considera que ésta afecta mucho su salud, un 26% que la afecta un poco y otro 26% que no la afecta. En relación a las fuentes de malestar señaladas el esfuerzo físico de las tareas es la principal, seguida por la inhalación del humo de la quema, posteriormente por el trabajo a la intemperie y finalmente la duración de la jornada de trabajo.

Uno de los delegados que hemos entrevistado nos cuenta que sufre de calambres y dolores musculares recurrentes. En relación a ellos, el médico fue claro: “el doctor me dice “te vas a recuperar, un tiempito, si volvés al trabajo, a lo mismo, casi no hay garantías de que te mejores, lo que tenés que hacer es irte del horno, dedícate a otra cosa” (Pedro, Marcos Paz, Buenos Aires, 2019). Un cortador que en promedio moldea dos mil adobes diarios se agacha e incorpora mil veces por día. “Con el trabajo que hacemos [los dolores corporales] vuelven”, sostiene Pedro. En la misma línea, el delegado regional de Florencio Varela nos relataba

“Vos imaginate que es un molde doble, el tipo mete la mano en una carretilla con barro, pone el barro ahí adentro y le pasa la mano, lo alisa y lo corta. O sea, no, no…no te imaginás otra cosa. O sea, un guante, donde se humedeció, se le metió esa tierrita y todo lo demás…Lo que es impresionante es ver la deformación de los dedos, y eso. Y las columnas yo no me las quiero ni imaginar” (Eduardo, Florencio Varela, Buenos Aires, 2014).

Las afecciones respiratorias y la edad de muchos de los trabajadores ladrilleros, los coloca en un lugar de riesgo frente a la pandemia. Sumado a ello, solo en un 10% de las fábricas todos los trabajadores se han vacunado contra la gripe y en un 15% de los establecimientos ningún trabajador se ha vacunado. En el porcentaje restante se vacunaron parte de los trabajadores y en un gran porcentaje (53%) el delegado no tenía conocimiento al respecto¹⁰.

Hasta aquí, hemos analizado la situación de los/as trabajadores/as ladrilleros/as “con patrón” y sus familias en términos laborales, de vivienda, salud y de acceso a recursos y protecciones. En síntesis, podemos mencionar que en las fábricas ladrilleras, preexisten al ASPO importantes niveles de precariedad e informalidad en el trabajo: los bajos ingresos se articulan con la desprotección laboral, en tanto y en cuanto entre los casos relevados apenas un décimo de los hornos tiene a todos sus trabajadores registrados. En este contexto, la interrupción del trabajo en casi la totalidad de las fábricas, con la consiguiente desregulación del salario, explica que los problemas señalados por quienes fueron encuestados como más acuciantes fueran “la imposibilidad de trabajar” y “la falta de ingresos”. En un segundo lugar, aparecen como respuestas “la falta de alimentos” (42,6%), “los problemas de salud” (42,6%) y “la distancia de las instituciones sanitarias” (39,7%). Como menos urgentes aparecen “la distancia de los lugares de provisión de alimentos” (32,3%), “la falta de elementos de protección contra el Covid-19” (26,4%) y “las condiciones de las viviendas” (19%). Estas problemáticas identificadas por los trabajadores señalan condiciones de trabajo y de vida que deben ser atendidas en tanto persisten con independencia a la reapertura de las fábricas dada en los diferentes distritos a partir de la fase que se determine en función de su situación epidemiológica.

5. Condiciones de trabajo y de vida: desigualdades prexistentes e impactos de la pandemia en los hornos de la economía popular

Los hornos ladrilleros de la economía popular se encuentran distribuidos por la mayoría de las provincias en las cuales la actividad tiene presencia. En el caso de nuestro relevamiento, hemos obtenido datos referidos a cincuenta y tres casos de barrios y/o comunidades ladrilleras distribuidos en catorce provincias en los cuales existe cierto nivel de organización asociativa y donde el sindicato tiene presencia.

Fuente: Elaboración propia en base a 53 casos, 2020.

Gráfico 4: Distribución de casos relevados por provincia y por cantidad de familias integrantes  

Denominamos barrios y/o comunidades ladrilleras a los territorios donde habitan familias que se dedican a la actividad. Estos territorios pueden a veces ocupar extensiones pequeñas y estar ocupados por cinco o diez familias que se dedican a la actividad y, en otras ocasiones, tener amplias extensiones de tierra en la cual trabajan cien o doscientas familias ladrilleras. En el caso de nuestros datos, en promedio, las comunidades relevadas se componen de cuarenta y siete familias, aunque se observa una amplia dispersión en los datos, habiendo comunidades con menos de diez familias y otras que abarcan a cien, doscientas y hasta quinientas familias. En este marco, la mayor parte de casos que hemos relevado corresponde a comunidades pequeñas y medianas: un 56,5% corresponde a barrios u organizaciones donde viven y trabajan menos de veinte familias, un 24,5% se compone de entre veintiuna y cuarenta familias y en el restante 18,8% la cantidad de familias supera las cuarenta.

Asimismo, una de las características de las unidades productivas de la economía popular es la unidad entre espacios productivos y reproductivos. Nuestros datos señalan que en un 60% de los casos los hornos están en un radio menor a 200 metros de las casas. En algunas ocasiones, los hornos suelen concentrarse en un mismo terreno y, en otro, estar un poco más dispersos dentro de una localidad o en el marco de tierras aledañas. En lo que respecta a los casos relevados la mayoría de las familias tienen sus viviendas cercanas entre sí (un 70%), mientras que un 30% se encuentran más dispersas.

Como señalamos previamente, la estrategia de representación sindical desplegada por la UOLRA en el sector, y también de algunas comunidades ladrilleras que no se encuentran vinculadas al sindicato ha sido la formalización de sus emprendimientos a través de la conformación de cooperativas de trabajo. Sin embargo, son pocos los casos que han logrado una formalización plena. La mayoría ha desarrollado cierto nivel de asociativismo centrado en acuerdos para la venta de la producción, para la compra de insumos de manera colectiva o, en menor medida, para trabajar de manera conjunta.

Los obstáculos en el camino a la formalización son diversos, algunos refieren a problemáticas comunes que atraviesan distintos colectivos que trabajan de manera relativamente asociativa, tales como a la dificultad de establecer consensos sobre cómo organizar el trabajo y la comercialización y la multiplicidad de requisitos que presenta el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para conformar y sostener una cooperativa en el tiempo y otro, particularmente asociado al sector, es la irregularidad que poseen estas familias en su vínculo con la tierra en la que viven y trabajan.

Así, mientras que para quienes alquilan o son propietarios de la tierra cerca del 70% de las comunidades han iniciado los trámites de inscripción para formalizar su actividad o bien ya posee la inscripción formal como cooperativas; para quienes se encuentran en una situación irregular en relación a la ocupación de los terrenos, poco menos del 20% ha iniciado los trámites y apenas un 10% se encuentra formalizada. El 70% restante no ha llegado si quiera a iniciar el proceso de formalización. Existen también algunos casos en los cuales se han establecido comodatos o bien acuerdos para la utilización de tierras fiscales, pero éstos son una minoría en relación al resto. Las situaciones de irregularidad limitan el acceso al crédito y entre ellos a las medidas específicas que se han tomado ante la pandemia para el sector cooperativo y de la economía social, popular y solidaria y restringen las posibilidades de facturación, necesarias para mejorar la posición en la cadena de intermediarios que -como veremos- determina el precio de venta del ladrillo y, por ende, el ingreso de estas familias.

Por otra parte, si bien hasta el momento del relevamiento fueron pocos los casos en los cuales se registró alguna amenaza de desalojo (un 10%), esta situación corría el riesgo de agravarse con el correr de los días en tanto que, de entre quienes alquilan la tierra, al menos la mitad tenía problemas para pagar el alquiler en dicho momento. Entre quienes ocupan de manera irregular la tierra, la amenaza de desalojo es una situación permanente e incide también en otras posibilidades de proyección y organización de la vida, como es el caso de las viviendas. Así, varias comunidades ladrilleras viven en casillas sumamente precarias, hechas de madera, lona, chapas y materiales de descarte, en ocasiones en zonas inundables o contaminadas por la disposición de basura a cielo abierto. Aquellos/as que han hecho cientos de miles de ladrillos a lo largo de su vida, apenas cuentan con un techo de chapa para cobijarse.

Muchas de estas familias carecen a su vez de algunos servicios básicos, lo cual es especialmente visible en el caso del acceso a cloacas. Cerca de la mitad de las familias no tiene viviendas de material y alrededor de un cuarto no accede al agua potable. Esto, además de ser un problema determinante para la reproducción de la vida en condiciones dignas, amplía las desigualdades en términos de posibilidades de protección y cuidado frente a la propagación del COVID-19. Por otra parte, prácticamente en ninguna de las comunidades existe la conexión a wi-fi y cerca de un cuarto tampoco tiene conexión a internet a través de datos. La falta de medios de conexión es señalada por estos trabajadores como uno de los problemas principales en el contexto actual, en tanto que genera serios obstáculos para la continuidad y el apoyo de las tareas escolares de los/as niños/as y adolescentes. Al respecto, una de las demandas señaladas como urgentes es la necesidad de contar con dispositivos electrónicos y medios de apoyo para sostener la educación virtual, ya que, además de estos recursos varias familias tampoco cuentan con los recursos formativos para realizar el acompañamiento de sus hijos/as. En este sentido, la pandemia ha profundizado la situación de miles de niños, niñas y adolescentes que de por sí, ya se encontraban previamente en una situación de amplia vulneración de sus derechos. En los hornos ladrilleros, la socialización temprana en los espacios de trabajo y la falta de oportunidades y de acceso a otras posibilidades de vida llevan a una reproducción de los ciclos de exclusión social. Los/as niños aprenden el oficio desde pequeños y se insertan tempranamente en la actividad, generalmente urgidos por la necesidad de aumentar los escasos ingresos familiares y luego porque son pocas las oportunidades que encuentran para acceder a un empleo en mejores condiciones. Cuando “hay que entregar ladrillos”, la participación de los/as niños/as continúa siendo uno de los primeros recursos a utilizar para llegar a tiempo con los pedidos. En este sentido, mientras persistan las situaciones de explotación indirecta de estas familias y no se logren mejorar las condiciones de producción y venta, así como el acceso a las distintas instituciones de protección y desarrollo social, las situaciones de trabajo infantil seguirán vigentes.

Tal como sucede en el caso de las fábricas, los hornos se sitúan generalmente en áreas periurbanas, alejadas de los centros urbanos y, muchas veces, de los lugares de provisión de alimentos e insumos básicos, así como de las principales instituciones de asistencia y provisión social. En los casos relevados, solo un 20% accede a negocios para comprar alimentos e insumos en un radio de 500 metros, un 33,85% lo hace en un radio de entre 500 metros y un kilómetro, un 33,96% debe trasladarse entre 1 y 2 kilómetros y un 7,55% debe recorrer más de 2 kilómetros para realizar sus compras. Las distancias de acceso se incrementan en el caso de la cercanía de los centros de salud. En este caso solo un 11% se encuentra a menos de 500 metros de distancia, un 22,6% debe recorrer entre 500 metros y un kilómetro, un 45% entre uno y dos kilómetros y un 18,9% más de dos kilómetros. Finalmente, en lo que respecta a la distancia respecto de instituciones de asistencia, tales como organizaciones sociales, confesionales o comedores, un 17% tiene acceso a alguna de ellas en un radio de 500 metros, un 34% en un radio de entre 500 metros y un kilómetro, un 35,8% entre uno y dos kilómetros y un 13% debe recorrer más de dos kilómetros para acceder a alguna de estas organizaciones.

Cabe considerar que en estos casos las distancias “objetivas” se ven afectadas por otro tipo de factores, tales como el estado de los caminos o los medios de movilidad accesibles en cada territorio. Así, en lugares donde las distancias parecen a primera vista “cortas” conllevan en realidad otras complejidades, tales como acarrear el peso de las bolsas de compra durante más de un kilómetro en caminos de tierra; o bien la imposibilidad de entrar y salir de algunas comunidades los días de lluvia por ser zonas inundables o bien porque los caminos se tornan intransitables.

De ahí que, el hecho de vivir relativamente lejos de los centros urbanos y de provisión de bienes y servicios educativos, sanitarios o recreativos (entre otros), en lugares donde “ni el colectivo pasa” y “tenés que pagar para salir”, como menciona uno de nuestros entrevistados, acrecienta el aislamiento de las familias y reduce las oportunidades de entablar otras redes de socialización. En este sentido, la vida en el horno reduce la cotidianidad a las necesidades de lo productivo, la dinámica cotidiana se organiza en torno al trabajo y las relaciones primarias se entablan en esa dinámica, con las otras familias que habitan esos espacios y territorios. En otras palabras, en el mundo ladrillero la vida empieza y termina en el horno (Maldovan y ^{Goren, 2020}).

La paralización de la actividad y la imposibilidad de obtener insumos o bien de vender lo producido, ante la implementación de las medidas de aislamiento, el cierre de fronteras municipales y provinciales y la reducción de la movilildad, amplió drásticamente las brechas de desigualdad en el sector y llevó a un mayor empobrecimiento de un conjunto de trabajadores por demás ya atravesados por diversas dinámicas de exclusión social.

5.1. Cambios y continuidades en el trabajo y la producción

La implementación de medidas de prevención de la propagación del COVID-19, definidas principalmente por el establecimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio a partir del 20 de marzo de 2020, tuvieron un impacto directo sobre la producción en el sector. Como veremos, los principales cambios se vinculan a la paralización de la actividad, aunque también, en los casos de las unidades que continuaron produciendo, se generaron otros problemas, principalmente para concretar operaciones de ventas, obtener insumos o bien para sostener los precios de comercialización previos a la pandemia. En los casos relevados, solo un 2% continuaba produciendo normalmente al momento del relevamiento, es decir, como lo hacía previo a la pandemia. Una importante mayoría, un 56,6% dejó de producir y un 41,5% continuó produciendo, pero en menor cantidad a como lo hacía previamente. En términos generales, quienes continúan produciendo han disminuido fuertemente los niveles de producción: un 40,9% actualmente produce cerca de lo mitad de lo que producía anteriormente y un 54,5% apenas un cuarto en dicha relación. Apenas un 4,6% llega a producir cerca de tres cuartos de lo que producía antes.

Fuente: Elaboración propia en base a 22 casos, 2020.

Gráfico 5 

Como hemos mencionado anteriormente, sea en las fábricas o en los emprendimientos de la economía popular, la producción se lleva a cabo generalmente de manera familiar, aunque los procesos de invisibilización de quienes participan del trabajo son diferentes. En el caso de la economía popular, si bien suelen participar los distintos miembros de la familia en diversas tareas, los varones son quienes suelen considerarse los “responsables” de la organización de la producción y el resto de los miembros de la familia quienes “ayudan” a través de múltiples tareas. Así, en la actividad ladrillera se trabaja familiarmente: “participa la familia, el hermano, la esposa”, más allá de cuál sea la relación laboral que prime. De ahí que, la participación de la familia en el trabajo no puede desligarse de las condiciones laborales y de vida en el sector. Como suele suceder en gran parte de las actividades familiares, para el trabajo “no hay horarios”, se trabaja “para sobrevivir”, “sin descanso” (Maldovan y ^{Goren, 2020}).

La utilización de la fuerza de trabajo familiar es la única manera que el sector tiene para producir más y de esta manera, aumentar sus magros ingresos. La lógica de trabajo familiar refuerza a su vez la vigencia de una forma tradicional de división sexual del trabajo bajo la cual las mujeres participan de las tareas productivas y continúan siendo las encargadas de la gestión del hogar (^{Kergoat, 1998}).

En tanto que los/as ladrilleros/as de la economía popular viven generalmente “al día”, la inhabilitación de la actividad en el contexto de la fase más dura del aislamiento conllevó un serio riesgo para las posibilidades de reproducción de estas familias, como sucedió en tantas otras ocupaciones del sector. Los motivos señalados por los referentes encuestados permiten profundizar en esta situación:

Fuente: Elaboración propia en base a 53 casos, 2020.

Gráfico 6 

Dentro de los casos relevados cerca del 70% menciona que el principal problema para continuar produciendo es la falta de dinero para comprar insumos. Seguido a ello se menciona la falta de compradores (53,8%), la imposibilidad de trasladar lo producido y la dificultad de conseguir insumos en tanto que no hay quienes los provean (51,9% en ambos casos) y luego el miedo al contagio (42,3%). El hecho de que la actividad no sea considerada esencial, es decir que la producción se haya parado en el marco de la ley, no aparece como una restricción relevante para estas familias, así como tampoco lo es la falta de trabajadores para llevar a cabo las tareas. Así, la imposibilidad de vender y por ende de obtener ingresos para volver a comprar insumos y continuar produciendo ha sido un factor fundamental en la ruptura del ciclo productivo. Si a ello añadimos lo señalado anteriormente, referido a la informalidad del sector y la consecuente dificultar para acceder a créditos que permitan reactivar el ciclo, vemos cómo la pandemia ha afectado seriamente no sólo los ingresos de estas familias de manera transitoria, sino su posibilidad de volver a producir y sostener su fuente de subsistencia. Al respecto, estudios anteriores sobre el sector de la economía popular han profundizado y explicado con claridad el lugar que el endeudamiento juega en el lugar de dependencia en el cual se sitúan estos trabajadores y las condiciones desiguales de acceso al crédito que poseen en relación a los/as trabajadores/as formales (^{Chena, 2018}).

Previo al decreto de las medidas de ASPO, es decir, en una situación “normal”, el promedio mensual de unidades producidas por las familias de las comunidades relevadas era de 25.000 ladrillos, aunque poco más de la mitad producía menos de 20.000 ladrillos por mes. Los volúmenes de producción de estas unidades corresponden generalmente a la realización de una quema mensual, lo cual varía también en función de la estacionalidad de la producción y de la demanda existente. En verano y en los meses secos -dependiendo ello de la zona del país- se suele producir más (el adobe se seca más rápido y requiere menos tiempo relativo de horneada) y en invierno y durante los meses de lluvia los niveles de producción bajan, en tanto que el trabajo se realiza a la intemperie.

Son los compradores quienes se acercan a los barrios ladrilleros en busca de ladrillos baratos y es allí donde prima la lógica de la competencia, fundamentalmente en los barrios donde no se han logrado alcanzar acuerdos para el establecimiento de precios mínimos por millar. Los compradores son en su mayoría revendedores, por lo cual el precio máximo que pagan suele ser la mitad del valor de mercado. Dado que con lo que se vende apenas se logra un ingreso de subsistencia -en varias ocasiones complementado con otros provenientes de changas o programas sociales- la necesidad de vender se torna urgente. En estos casos, y a partir de lo expresado por los representantes del sindicato, son pocos/as los/as trabajadores/as que han podido realizar otros trabajos, como vía para obtener algún ingreso. Si bien la encuesta no fue aplicada a los hogares y trabajadores/as directamente, la información provista por los/as referentes comunitarios y organizacionales muestra que en cerca de un tercio de los casos relevados, alguno/a de los miembros de las familias ladrilleras han realizado otros trabajos desde el inicio del ASPO hasta el momento de aplicación de la encuesta. En términos generales, quienes lo han hecho se han volcado hacia actividades del sector agropecuario, tales como la cosecha de pomelo, maíz, el corte de leña, la pesca y actividades de huerta, entre otras. Estas actividades son en general aquellas con las que estos/as trabajadores/as suelen intercalar la producción de ladrillos, debido a la estacionalidad de la producción.

De ahí que, si las familias no venden su producción no tienen dinero para comprar alimentos y tampoco para seguir trabajando. Tal como nos mencionaba uno de nuestros entrevistados “cuando la panza aprieta tenés que vender” y eso lleva a “vender barato” (José Luis, Paraná, Entre Ríos, 2018). En una nota recientemente publicada en La Gaceta de Tucumán¹¹, José Miguel Bustos, titular normalizador de la UOLRA en la provincia, mencionaba que

…el precio de los 1.000 ladrillos en boca de horno ronda los $ 5.500. Lo que pasa es que los corralones almacenan la producción y venden los 1.000 ladrillos a $ 16.000 si son de primera y $ 11.000 si son de segunda. El productor vive en la pobreza a pesar de que haya casas y edificios hechos con la materia prima que produce. Han hecho millones de ladrillos y son pobres. Si superada la pandemia se reactiva la producción, aumentará la brecha entre ladrillos demasiado caros y productores demasiado pobres.

En esta línea, nuestros datos muestran que la baja de la producción se vincula directamente con una abrupta caída de las ventas: prácticamente tres cuartos de los/as referentes entrevistados/as han señalado que las familias de las comunidades y organizaciones que representan no han podido vender su producción. Quienes han podido vender todo o parte de su producción lo hicieron, en más de la mitad de los casos (58.3%) a un menor precio que el establecido previo a las medidas de ASPO y, un 33,3% a igual valor que antes. Los principales motivos señalados en los casos en los cuales se ha bajado el precio son la imposición de un menor precio por parte de los compradores y la urgencia para vender por la necesidad de obtener ingresos.

Por otra parte, los referentes encuestados señalan que una gran mayoría de las comunidades ladrilleras no cuenta con stock para vender (cerca del 70%) y, entre quienes tienen stock, cerca del 60% tiene diez mil ladrillos o menos para vender, otro 23,5% entre diez mil y veinte mil y el 15% restante más de veinte mil. Es decir, que el stock con el que se cuenta es en promedio bajo y apenas alcanza a una producción mensual en condiciones “normales” de trabajo.

De los datos producidos se desprende que uno de los principales problemas que tienen las familias ladrilleras de la economía popular para volver a trabajar se vinculan a la falta de dinero para comprar insumos (62,3% de los casos relevados), en segundo lugar, a las posibilidades de ser sancionados ante eventuales controles vinculados al cumplimiento de medidas de ASPO (un 35,8%), y la dificultad para entregar y/o vender la producción (34%). A la falta de dinero para la compra de insumos se añade que la gran mayoría de las unidades tampoco tiene insumos acopiados y, como hemos visto, quienes cuentan con stock, éste es limitado. Esta situación se complejiza aún más ante las restricciones impuestas a la movilidad ya que, como hemos señalado previamente, dependiendo de las provincias y municipios, varias unidades productivas compran la tierra o la leña en otras localidades que no son las de su residencia.

Sumado a ello, al momento de aplicación de la encuesta y pensando en una eventual reapertura de la actividad alrededor de un 35% de estas familias no contaba con los elementos de protección establecidos por los distintos protocolos frente al COVID-19. Si a esto añadimos las dificultades en el acceso a agua potable y a elementos básicos de higiene y limpieza el camino para el retorno a la producción se torna aún más complejo. Ligado a esta situación, cabe destacar que una parte importante de estos/as trabajadores/as pueden considerarse población de riesgo frente al contagio del virus, en tanto que las condiciones laborales bajo las cuales se ejerce la actividad generan -como hemos señalado en el caso de las fábricas- importantes afecciones a su salud. La escasa utilización de tecnología y lo arduo de las tareas realizadas implican un fuerte desgaste físico que implica agacharse cientos de veces por día y levantar peso de manera sistemática y repetitiva, o bien pisar el barro descalzos/as, y tener las manos en el barro sin utilización de guantes durante largas horas; la cercanía de los hornos respecto a las viviendas expone a estas familias a la inhalación de humos provenientes de la quema y expone a estas familias a accidentes como quemaduras; y el trabajo a la intemperie implica sufrir las inclemencias climáticas tanto en los momentos de calor como de frío extremo, entre las principales problemáticas detectadas. Algunos trabajadores de la economía popular así lo relatan:

“El frío es lo peor. Hay veces que terminas de trabajar y tenés los pies morados, entumecidos del frío. Es tanto frío que te pica de la helazón. A veces por andar descalzo y entumecido no te das cuenta qué pisas y te lastimas los pies. Pero hay que trabajar. Después al día siguiente quizás no te puedas levantar por los calambres, el dolor de huesos” (Néstor, Las Talitas, Tucumán, 2020).

“…vos estás ahí en el calor y salís afuera y hace un poco de frío, más la humedad, te secás con el fuego, el humo parece que se desparrama más para abajo que para arriba, todo eso es un problema muy grande para la salud y al otro día cuando vos te levantás es impresionante, te agarra una gripe te agarra cualquier cosa y no servís como si fuera para el otro día… te cuesta un montón seguir laburando, estás todo con la nariz tapada” (Julio, Paraná, Entre Ríos, 2017).

Estas situaciones conllevan a que una parte importante de estos/as trabajadores sufran enfermedades crónicas, como diabetes, asma, lesiones de disco y hernias, así como enfermedades digestivas debido al consumo de “agua contaminada”, según nos explica una de las encargadas de la obra social sindical en el partido de Cañuelas (Buenos Aires). A ello se añaden las distintas barreras en el acceso a la atención sanitaria, dadas por la distancia respecto de los centros de salud, la falta de medios de transporte, la falta de cobertura laboral vinculada a la elevada informalidad que caracteriza al sector y, particularmente en el caso de la economía popular, por el hecho de que, dadas las diversas falencias que caracterizan al sistema público de salud, la obtención de turnos o la atención por guardia requiere de largas horas o días de espera y, en estos casos, perder un día de trabajo implica perder los ingresos diarios por lo cual se suele desistir de la espera y las enfermedades empeoran.

6. Reflexiones finales

El actual contexto de pandemia del COVID-19 y las consecuentes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales y locales para prevenir la propagación del virus han agudizado una situación de extrema urgencia en el sector ladrillero. A lo largo de las páginas de este artículo hemos buscado dar cuenta de cómo la paralización de la actividad durante el período de aislamiento estricto (que ha ido variando en las distintas provincias en función de su situación epidemiológica) ha agravado las múltiples situaciones de precariedad que atraviesan a los/as trabajadores/as del sector y sus familias.

En tal sentido, nuestro objetivo ha sido, no solo analizar los impactos de la pandemia en el sector, sino dar cuenta fundamentalmente de cómo éstos se han expresado de manera diferencial en distintos sectores del trabajo en función de los recursos y posibilidades a los que éstos accedían en el momento previo a la emergencia del virus y su propagación a nivel global. En este caso particular, a pesar de las heterogeneidades presentes entre las distintas unidades productivas ladrilleras -sean éstas de carácter empresarial o de la economía popular- existen un conjunto de problemáticas comunes que hasta el momento han sido poco abordadas por la política pública.

Entre ellas, se destaca, en primer lugar, el desarrollo de la actividad en áreas periurbanas, generalmente en zonas de difícil acceso. En el caso de las fábricas, una parte sustancial de los trabajadores (y a veces también sus familias) vive en los hornos donde trabajan o bien, en “barrios ladrilleros” aledaños; en el caso de la economía popular, la unidad del espacio productivo y reproductivo se da en prácticamente la totalidad de los casos. Así, a las distancias objetivas se suma otro conjunto de circunstancias que complejizan la situación de aislamiento: los caminos suelen ser de tierra y estar en mal estado y, a la par de ello, las instituciones de asistencia y negocios de provisión de alimentos y elementos esenciales suelen estar fuera de los barrios, dificultando el acceso a bienes y servicios básicos. En el caso de las fábricas, los trabajadores y sus familias tienen que trasladarse más de dos kilómetros para acceder a los mismos, tanto si viven en algún barrio como si lo hacen dentro del predio de las fábricas. En el caso de la economía popular las distancias varían en los distintos casos analizados.

En segundo lugar, gran parte de las familias ladrilleras habitan en viviendas precarias, en ocasiones hechas con materiales de descarte y situadas en terrenos inundables. Así, quienes fabrican uno de los insumos centrales para la construcción, no logran siquiera acceder a dichos materiales para construir sus espacios de vida. En este contexto las recomendaciones que apuntan a transitar la pandemia “dentro del hogar” parecen olvidar las diferencias sustanciales en términos de acceso a la vivienda que existen en los distintos sectores de la población. A esto se añade la escasez de conectividad disponible en las áreas en las que las viviendas se ubican, complejizando las posibilidades de permanencia de los/as niños/as y adolescentes en las instituciones escolares; y la falta de provisión de servicios básicos, entre los cuales el agua potable es determinante, tanto para la reproducción de la vida en condiciones dignas, como para la adopción de las principales medidas de protección frente al contagio.

En tercer lugar, las condiciones de trabajo del sector se encuentran signadas por los bajos ingresos y la desprotección social y laboral. Tal como hemos señalado, la proporción de trabajadores asalariados formales es baja y entre quienes trabajan en la economía popular, el acceso a las protecciones ligadas al trabajo se vincula principalmente a prestaciones estatales a las cuales no todos/as acceden. En este punto la creación de dispositivos institucionales, fundamentalmente durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner como han sido la Asignación Universal por Hijo/a y por Embarazo, el Plan de Inclusión Previsional y el Monotributo Social han sido cruciales en la ampliación del acceso a derechos por parte de los/as trabajadores/as informales y, entre ellos, de aquellos que forman parte del complejo entramado de la economía popular. Posteriormente el Salario Social Complementario creado en el marco de la Ley de Emergencia Social -al que han accedido algunos/as trabajadores/as ladrilleros/as- implicó también un importante avance en el reconocimiento del sector como trabajadores/as y en la distribución de recursos para la mejora de sus ingresos.

Durante el período que se realizó el relevamiento presentado en este artículo -segunda semana de mayo de 2020- la actividad ladrillera estuvo prácticamente paralizada, lo cual generó serias consecuencias sobre las posibilidades de sostener las fuentes de trabajo del sector y, por ende, sus ingresos. En las fábricas, los principales impactos de la inactividad en el período se observaron en las condiciones salariales, más que en la situación del empleo, ya que tres cuartos de los casos relevados en el estudio han afectado el pago de salarios en alguna medida (mediante el pago en cuotas, pago de un monto reducido o interrupción del mismo). En el caso de la economía popular, la mayor parte de las familias ladrilleras ha dejado de producir durante el período analizado y son pocos los/as trabajadores/as que han podido realizar otras actividades remuneradas. En términos generales, quienes continuaron produciendo, lo han hecho en menor nivel, lo cual se vincula directamente con las dificultades para vender o con la falta de capital para invertir en insumos y la dificultad para acceder a éstos.

En pos de paliar los efectos de la crisis, la principal medida de transferencia de ingresos tomada por el Gobierno Nacional hacia los hogares de trabajadores/as desocupados/as, informales y monotributistas de las categorías más bajas ha sido el Ingreso Familiar de Emergencia. En el sector ladrillero, el cobro del IFE durante los primeros meses del ASPO, tuvo dificultades persistentes debido a que muchas familias no contaban con acceso a internet para realizar el trámite, desconocían cómo éste se llevaba a cabo o fueron rechazados por no cumplir con los requisitos del mismo. Por otro lado, el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) sostuvo el salario de los trabajadores asalariados registrados en las fábricas ladrilleras, aunque en proporción, como hemos visto, los trabajadores formales en el sector son pocos. En términos generales, la situación de informalidad en la que se encuentra gran parte de los/as trabajadores/as ladrilleros/as los/as excluye del conjunto de medidas adoptadas por el gobierno para el sector formal (como créditos para la producción o compra de insumos o su incorporación a la provisión de servicios esenciales), dejando abierta únicamente la vía asistencial para garantizar su reproducción.

Por otra parte, los montos diferenciales otorgados por ambas prestaciones -de $10.000 en un caso y entre uno y dos salarios mínimos dependiendo del caso en el otro- así como el tipo de medidas implementadas y recursos distribuidos para los distintos sectores del trabajo evidencia la fractura que históricamente distingue a las políticas orientadas al sector formal de aquellas destinadas al sector informal. En este último, las políticas siguen teniendo entre sus principales supuestos la definición de los beneficiarios como sujetos de asistencia, antes que, como sujetos productivos. De ese modo, se tiende a desconocer su condición de trabajadores/as, la capacidad de generar ingresos a partir de la invención de su propio trabajo y el aporte a la satisfacción de necesidades y al bienestar del conjunto social que éste contiene.

En este marco, el diseño de regulaciones para la actividad que permitan mejorar las condiciones de trabajo de quienes lo hacen de manera asalariada, así como el desarrollo de políticas específicas para las familias de la economía popular en materia productiva y protectoria deviene un aspecto que requiere de una mirada integral en pos de paliar los impactos negativos de la pandemia, pero también de promover la justicia social a partir de desandar las desigualdades previas que atraviesan al sector. A su vez, resulta necesario fortalecer el lugar de los emprendimientos ladrilleros en la cadena de valor en la que se insertan, a fin de fortalecer a los primeros eslabones de la cadena, reducir los niveles de intermediación y mejorar los ingresos y condiciones de vida de los productores directos. La intervención sobre estos aspectos resulta crucial para que, ante una potencial reactivación de la producción y del sector de la construcción, los beneficios del crecimiento se distribuyan de manera más justa entre los distintos sectores vinculados a su desarrollo.

Al respecto, la “doble” estrategia de representación sindical de la UOLRA llevada a cabo en el último lustro -orientada a representar tanto a trabajadores asalariados como a aquellos/as de la economía popular- fue sumamente relevante para promover derechos en el sector. Los múltiples convenios entablados con diversas áreas estatales, así como con otras organizaciones sociales y políticas, contribuyeron a visibilizar a un conjunto de trabajadores/as escasamente reconocido por las políticas públicas y a gestionar recursos en pos de mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Su accionar ha sido también central en el marco de la pandemia, en tanto que han llevado a cabo acciones tales como la distribución de alimentos y otros bienes, materiales escolares, campañas de vacunación, asistencia en la inscripción al IFE, entre otras.

Como toda relación, aquella entablada entre el poder económico concentrado y el amplio y heterogéneo sector del trabajo en argentina implica tensiones y disputas. Las relaciones son en última instancia relaciones de poder. El modo de desarticularlas y de construir bases distintas que apunten a consolidar otros patrones de distribución, producción y consumo, dependerá en gran parte del lugar que el Estado tome en impulsar relaciones más justas, pero también, de la capacidad de organización y disputa que las organizaciones sociales, políticas y sindicales tengan en ese largo y complejo camino.