1.1 Perspectiva de análisis

Si bien los objetivos analíticos destacados no abarcan la totalidad de condiciones que contribuyeron a consolidar los sucesos confrontativos, consignamos su relevancia para caracterizar esta disputa³.Con ello, aspiramos contribuir a la elucidación de un proceso escasamente explorado en la bibliografía considerando la articulación analítica de los elementos cognitivos señalados, al tiempo de realizar un aporte al estudio de situaciones que intervinieron en las relaciones entre sindicalismo y kirchnerismo en un momento histórico particular (segundo gobierno de Cristina F. de Kirchner), y durante el primer gobierno de Mauricio Macri. En relación con ello, se distinguirá asimismo cómo el debate parlamentario por el IG en 2016 resultó uno de los acontecimientos de importancia en el que se activó una dinámica de alianzas de parte del gobierno que no contaba con mayorías legislativas para interponer su propio proyecto, así como de la oposición para promover una propuesta alternativa. Ello abonará a la interpretación de la dinámica política que se desplegó para esos fines.

La disputa en torno del IG, tributo de carácter progresivo a diferencia de otros como el del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se reveló por lo tanto entre 2012 y 2015 en acciones directas encaradas por trabajadores sindicalizados que contaron con aliados políticos en la contienda, pero asimismo en el plano retórico-discursivo tensionando criterios distributivos y redistributivos en la sociedad actual por parte de los distintos sectores y actores intervinientes en el proceso. En el 2016, aunque las acciones directas quedaron relegadas, las tensiones y los reclamos gremiales persistieron hasta concluir, si bien parcialmente, con la reforma regulatoria del IG.

Los conflictos sociales en torno a los tributos traducen criterios de justicia e igualdad entre grupos y clases sociales en torno a la producción y acumulación de riqueza. Los actores buscan legitimar sus posicionamientos y orientaciones programáticas en el espacio público, organizando sentidos sociales tendientes a reproducir o transformar desigualdades distributivas. Son esos sentidos y posicionamientos los que se vitalizan, dinamizan y reconstituyen en las distintas coyunturas y procesos políticos que pueden adoptar un carácter de enfrentamiento o de tensión latente.

La orientación de nuestra investigación ha sido cualitativa, y hemos estimado la importancia que adquieren valoraciones, acciones y estrategias que llevan adelante los actores en un entramado de poder y relaciones de dominación asimétrica. Como bien plantea O Donnell (1978), estas observaciones permiten comprender cómo se configuran y reconfiguran en el plano político -ideológico las posiciones de los distintos actores sociales, dominantes y subalternos, en relación con su posición estructural y su modalidad de organización corporativa.

El trabajo de campo y el análisis de la información se produjo a partir de la combinación de un conjunto de técnicas de investigación: realización de 20 entrevistas en profundidad a dirigentes sindicales, tributaristas, periodistas, funcionarios públicos y legisladores⁴, elaboración y sistematización de una base de información con noticias de los principales medios de difusión masiva que nos han permitido realizar una cronología del conflicto, acceso a testimonios de distintos referentes partidarios, gubernamentales, sindicales, economistas, y a información sobre el tributo; lectura de bibliografía e informes técnicos; análisis de las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios del IG en diciembre de 2016; estudio y codificación de los proyectos para la reforma del tributo presentados por los distintos partidos políticos en ese período⁵.

2. Un gravamen en su laberinto: sobre las complejidades de un impuesto progresivo

Las estructuras tributarias nacionales se componen de diversos impuestos. El Impuesto a la Renta o a las Ganancias es uno de los tributos progresivos por excelencia, ya que grava a los distintos grupos sociales de acuerdo a la rentabilidad de sus empresas o a los ingresos obtenidos por el desarrollo de su actividad productiva. En los países occidentales, esta clase de impuestos está presente como herramienta recaudatoria privilegiada para financiar el desarrollo de las actividades y provisión de servicios de los estados, si bien el monto de los ingresos y de la masa imponible varía entre las diversas economías.

Efectivamente, “el Impuesto a las ganancias es el tributo global y progresivo que alcanza las rentas o ingresos como manifestación de la capacidad contributiva (…) El objeto del IG, entonces, define bajo que conceptualización una renta resulta alcanzada por el gravamen, qué presupuestos fácticos son susceptibles de generar la obligación de ingresar al tributo” (^{Litvin, 2011}, pág 35).

Como bien analiza Sanchez ^{Roman (2013}), estos impuestos fueron incorporados en las estructuras tributarias a medida que se consolidaban los Estados de bienestar en diversos países, con el objetivo de lidiar con problemáticas de desigualdad presentes en aquellas sociedades. En el caso de la Argentina, este tributo denominado Impuesto a la Renta surgió en la década del 30, regulado por un gobierno dictatorial y por tanto con un consenso problemático desde su gestación. Los gobiernos subsiguientes habrán de contar con esta herramienta de recaudación si bien su peso en relación con otra clase de impuestos será menos relevante como estrategia para financiar los gastos del Estado.

2.1. El Impuesto en la región

Esta herramienta impositiva se encuentra presente en los países de la América Latina, si bien su recaudación por parte de los Estados ha mostrado en general desequilibrios en relación con el peso de otros gravámenes sobre las estructuras tributarios. Así, ^{Jimenez, J. P., y Podestá, A. (2016}) destacan un sesgo hacia la recaudación del gasto en el consumo y, por lo tanto, la persistencia de una lógica tributaria con escasos resultados distributivos. De esta manera, al comparar estos países con los de otras regiones, se distingue una importante brecha con la baja recaudación del IG o a la renta personal. Los autores sugieren tres elementos de consideración para observar este proceso: 1) la evolución de las alícuotas condujo a la reducción de las tasas marginales máximas en el promedio de los países⁶; 2) una base imponible estrecha como consecuencia de un significativo número de exenciones, deducciones, y por los niveles de mínimos no imponibles; 3) los altos niveles de evasión y morosidad en el pago del tributo. En contraposición a ello, las tasas marginales mínimas mostraron un incremento en América Latina, pasando de una tasa promedio de 7,5% en la década de 1980 a un 9,8% en 2016. Ello traduce una disminución de la brecha promedio entre las tasas marginales máximas y mínimas impactando desfavorablemente en el grado de progresividad y el efecto redistributivo del impuesto.

Esta descripción abona a las apreciaciones resaltadas con respecto a la capacidad de los estados en la región de afectar los procesos de desigualdad a través de la herramienta tributaria en las últimas décadas. Como bien destacan Nun (2012) e Iñiguez (2015), las estructuras tributarias se constituyen en ámbitos propicios para examinar la manera en que los distintos gobiernos lograron intervenir en la reorientación de recursos a favor de la disminución de los procesos de desigualdad existentes, o bien consolidar una redistribución regresiva de recursos púbicos. Según sostienen los autores, durante los años de gobiernos de orientación progresista en la región en el actual milenio, las reformas tributarias para paliar la desigualdad social han sido en general insuficientes.

2.2 El impuesto a las Ganancias en la Argentina

En la Argentina, el conflicto en torno del IG se concentró exclusivamente, como señalamos, en la cuarta categoría , que es aquella que grava las ganancias obtenidas por el trabajo personal⁷, e incluye a los trabajadores en relación de dependencia y trabajadores autónomo (^{Ruiz, J.P, 2013}). El tributo, que surgió en año 1933 si bien sus modificaciones producidas en 1973 le otorgaron la nominación de “Impuesto a las Ganancias” , tiene una fuerte incidencia sobre los trabajadores asalariados registrados de mayores ingresos y se encuentra directamente relacionado con los resultados de las negociaciones colectivas entre empresarios y trabajadores, con el monto y el ajuste del mínimo no imponible (MNI) por parte del Estado, con las escalas y con las alícuotas que estipulan porcentajes diferentes a ser gravados conforme al valor de los ingresos afectado por el impuesto.

Los reclamos sindicales en torno del valor del MNI resultaron centrales a lo largo del conflicto. Este es un valor “mínimo” que permite determinar cuál es el piso salarial que queda exento del pago de ganancias. Este umbral se conforma a través de la suma de los conceptos que puede deducir el trabajador y difiere para distintos trabajadores según cuál sea su carga familiar y por la posibilidad de realizar otras deducciones. Entre las que se permitían hasta su modificación en diciembre 2016, se encontraban los intereses de créditos hipotecarios, gastos de medicina, seguros de vida, gastos en sepelios, aportes a planes en seguros de retiro, aportes patronales por personal doméstico, hasta un tope en todos estos casos. Como deducciones especiales se distinguen cargas de familia por cónyuge, hijos, entre otros.

Los asalariados formales experimentaron aumentos nominales anuales de sus remuneraciones en forma ininterrumpida desde el 2005 en adelante, al tiempo que se producían los siguientes procesos: incrementos en los precios de la economía doméstica fruto del proceso inflacionario, atraso en los ajustes del MNI, congelamiento de las escalas y alícuotas.

Por tanto, en 2008 los salarios más bajos imponibles fueron de $ 4.015 netos (solteros) y $ 5.563 (casados y con dos hijos), cifras que cambiaron en 2010 (a $ 4.818 y $ 6.664) y en 2011 ($ 5.782 y $ 7.998) En el año 2013 el MNI registró nuevamente un alza sustantiva (a través del decreto 1242) consignándose en 15.000 pesos de salario bruto ($12.450 netos), con o sin hijos. Esta medida constituyó una bisagra en lo que refiere a los ajustes del MNI por razones ligadas a la dimensión política del proceso: fue el producto de la reacción del gobierno ante los reclamos de los trabajadores por un lado y, por el otro, de la performance negativa que tuvo el oficialismo en las elecciones legislativas de aquel año. Fuerzas de la oposición, como analizaremos posteriormente, habían recalado en este conflicto para sumar adhesiones electoralistas entre los sectores afectados por el IG.

El congelamiento de las escalas, asimismo, implicaba que un trabajador que tributaba en las escalas inferiores, pudiera pasar a pagar en una escala superior con un aumento de al menos $769 mensuales, mientras que en los tramos superiores ese aumento debía superar los $2308 por mes para pasar a una categoría más elevada (^{Basualdo, et al., 2014}).

La combinación del congelamiento de las escalas, de los ajustes por parte del gobierno del MNI pero que resultaron menores que el aumento de precios de la economía especialmente desde el 2011⁸, los incrementos salariales de los trabajadores formales en las negociaciones paritarias⁹, la afectación de distintos ítems del recibo de sueldo que consideraba el Estado para el pago de ganancias (el cobro de viáticos por parte de trabajadores en actividades como las del transporte de pasajeros, es un ejemplo), o la inexistencia de algunos rubros a ser deducidos del pago del tributo (alquiler de viviendas, es otro ejemplo), fueron advertidos por los sindicatos cuyos afiliados notaban un acrecentamiento de sus ingresos a ser comprendidos en el pago del IG.

Estas condiciones comenzaron a poner en duda, para una porción de los trabajadores, la progresividad del IG, así como también ello fue puesto en discusión por tributaristas, dirigentes partidarios, periodistas. Para ilustrar estos argumentos, el economista y tributarista Dr. Litvin, ampliamente consultado por la prensa sostenía: “La reforma más urgente es la del Mínimo No Imponible. Lo que ha pasado en la última década con los MNI y las escalas es que se ha manipulado este MNI y se les ha exigido a todos los asalariados medios y casi bajos también que empiecen a pagar los impuestos a las ganancias. Se ha popularizado el impuesto a las ganancias y eso hay que corregirlo inmediatamente” (Entrevista realizada por ^{Lombardi, Carlos, 19-01-2016}).

Los descontentos de una parte de los asalariados con el IG resultó aún más acentuada con la promulgación del decreto 1.242 de 2013, porque implicó que los trabajadores que cobraban hasta $15.000 brutos en aquél año, pero luego recibieran incrementos salariales, quedaran liberados del pago del impuesto, mientras los nuevos que ingresaban al mercado de trabajo con salarios superiores a $15.000 bruto debían tributar. Este decreto, por tanto, contribuyó a generar un aumento de la desigualdad al interior de la masa asalariada que a igual remuneración bruta podía percibir un ingreso de bolsillo diferente. La cantidad de trabajadores que aportaban al IG con el decreto de 2013 pasó a ser del 13,2% en 2012, al 10, 5% en el 2013.

Marcelo Dominguez, tributarista de la Universidad de Buenos Aires observaba al respecto:“se están produciendo inequidades entre los trabajadores que obtienen el mismo sueldo mensual” (^{Clarín,12/03/2014}).

El periodista Marcelo Zlotogwiazda, con variadas intervenciones que observaban positivamente distintas medidas implementadas por el kirchnerismo, expresaba en aquella dirección: “El punto débil de Kicillof (ministro de economía del segundo gobierno de Cristina F. de Kirchner) no radica en que las personas paguen más que antes, porque, en definitiva, lo que aportan no es exagerado, y porque esa mayor tributación recae sobre un segmento social que gana mucho más que el promedio, lo que tiene un claro efecto progresivo sobre la distribución del ingreso. El punto débil de Kicillof está en el mecanismo por el cual los trabajadores están pagando más. No fue, como hubiese correspondido, porque hubo una decisión política de modificar por ley el régimen tributario, sino porque el mínimo no imponible y la escala de ingresos sobre las que se aplican las alícuotas quedaron retrasados o directamente congelados, mientras que la actualización salarial fue acompañando a la alta inflación” (^{31/3/ 2015})¹⁰.

El universo de trabajadores tributantes quedaba por lo tanto comprendido conforme a las sucesivas modificaciones del MNI del siguiente modo:

La importancia de la recaudación del IG por parte del Estado - al igual que en otros países - es clave para sostener el gasto público y social. Efectivamente, su peso en la Argentina en términos del PBI se duplicó entre 1997 y 2012, llegando a representar 6,4 puntos porcentuales en ese último año, mientras que al 2016 representaba el 5,49 del PBI. La participación en el total de los recursos tributarios del IG habría caído sin embargo del 24,5% en 2015 a 20,6% en 2016 (^{Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, 2016}; Nota Técnica Nº 59, Finanzas Públicas, segundo trimestre 2012, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas). Los fondos obtenidos con la recaudación de este impuesto son destinados en porcentajes diferentes a la Administración Nacional de la Seguridad Social, y a fondos coparticipables entre Nación y Provincias.

En suma, una serie de condiciones confluyeron para gestar y consolidar desde el punto de vista tributario un conflicto en torno del IG, entre los cuáles puede mencionarse: a) Las personas físicas que más tributan son los asalariados habiendo crecido sostenidamente su participación¹¹, b) Las escalas y tramos en vigencia hasta 2016 para liquidar el impuesto generaban que las personas físicas pagaran una misma tasa - la más alta-aunque sus ingresos resultaran muy disímiles; c) hacia el año 2016 se constató que las empresas en conjunto aportaron a la recaudación total en la misma medida que las personas físicas, e históricamente el sector capitalista lo había hecho por el doble, restándole progresividad al gravamen dada la capacidad que tienen las empresas de trasladar una buena parte del tributo vía precios (^{Foro Universitario de Estudios Fiscales, 2016}).

3. La consolidación de un conflicto político-tributario: las organizaciones sindicales y los reclamos por el Impuesto a las Ganancias (2012-2015)

3.1 Sindicalismo y kirchnerismo en la antesala del conflicto

En el año 2012 tuvo lugar la primera medida de fuerza que destacó entre sus consignas la eliminación del IG sobre la cuarta categoría. Y ello coincide con un momento clave de las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de Cristina F. de Kirchner, al ponerse de manifiesto la ruptura de aquella alianza estratégica que había primado entre Hugo Moyano¹², líder de la CGT unificada entre el 2005 y el 2012, y el gobierno kirchnerista.

Ciertamente, el liderazgo de Moyano al frente de la CGT unificada y su relación con el primer y segundo gobierno kirchnerista expresa una etapa particular de los vínculos entre gobierno y sindicatos en la Argentina. La progresión del conflicto tributario del IG resulta uno de los rasgos que permiten observar por tanto la trasmutación de esta relación por un lado, y un cierto declive en la capacidad político-sindical del líder camionero para mantener unificada a la organización confederal, por el otro¹³. En este aspecto, la profundización de la disputa en torno al IG puede leerse como un proceso que es causa y a la vez consecuencia de esta relación compleja entre el dirigente gremial, una gran parte del sindicalismo agrupado en el sector de transporte que su figura logró representar, algunos sindicatos sectoriales, y el liderazgo kirchnerista.

La vitalización del movimiento obrero y su expresión en la consolidación de la relación entre la CGT y el gobierno en esta etapa debe comprenderse asimismo en un proceso que singularizó al gremialismo argentino bajo la categoría de “neocorporativismo segmentado” de nuevo cuño que reunió, según ^{Etchemendy y Collier (2007}) algunos atributos claves: la extensión de la negociación a nivel de cúpulas entre empresariado y sindicatos organizado por un Estado favorable a la organización sindical; la inexistencia de un control unidireccional del gobierno sobre el movimiento sindical a pesar de la relación de alianza entretejida entre ambos actores y, sustantivamente, la representación por parte del sindicalismo organizado con mayor capacidad de presión político-corporativa - como resulta el caso de la CGT en este período - de una porción no mayoritaria de la Población Económicamente Activa¹⁴.

Las políticas neoliberales impulsadas desde mediados años 70 en el país dieron lugar a un proceso de fragmentación de la clase trabajadora consolidando ese “otro” movimiento obrero compuesto por sectores de la economía informal, precarizados y asistidos por planes sociales y programas de empleo que habían quedado excluidos mayormente de la representación gremial de las organizaciones sindicales tradicionales (^{Abal Medina, 2016}).

En este contexto, la CGT unificada estableció una relación orgánica con el gobierno y de este vínculo resurgió un movimiento sindical que recuperó su poder de negociación al tiempo que logró resituarse en el escenario político-nacional (^{Anigstein, 2016}). Dicha articulación adoptó sin embargo distintos matices y características a lo largo de este ciclo. ^{Marticorena (2015}) define tres etapas para caracterizar este proceso de alianza y cooperación: un primer momento estuvo signado por la conformación de una alianza entre el gobierno y la CGT - 2004/2007-; un segundo momento por la integración de la CGT al gobierno - 2008/2010¹⁵-; y un tercer momento, que culminó en 2012, marcado por la fractura de esta alianza.

Esta ruptura entre el gobierno y Hugo Moyano finalizó entonces con la división de la CGT en “Azopardo” y “Alsina” - la primera bajo el liderazgo del líder camionero y la segunda del dirigente metalúrgico Antonio Caló -y fue el resultado de tensiones que ya se habían preanunciado desde el 2009 y 2010 en adelante. Dichas tensiones obedecían a demandas corporativas no atendidas por el gobierno nacional pero también a las propias pujas al interior de la confederación vinculadas con las diversas orientaciones políticas y gremiales que la comprendían. Entre las situaciones que generaron aquellas rispideces pueden enumerarse a modo ilustrativo: a) El reclamo en el 2010 por la regulación de un proyecto alentado por Hugo Moyano y el abogado Héctor Recalde para lograr que los trabajadores de grandes empresas en primer término obtuvieran una participación en las ganancias¹⁶; b) enfrentamientos por la definición de las listas electorales del Frente Para la Victoria; c) el avance de la juventud de La Cámpora en la estructura de gobierno; d) cambios en la dinámica económica y las dificultades de sostener el crecimiento con redistribución como ocurriera años anteriores; e) la conformación de un espacio sindical opositor en la CGT que se propuso disputar cargos al grupo de Moyano en las elecciones de 2012 y la instalación de la figura de Caló (ligada al sector industrial revitalizado durante la década) para presidir el secretariado general de la CGT -candidatura apoyada por funcionarios del gobierno - (^{Natalucci y Morris, 2016}; ^{Marticorena, 2015}) ¹⁷. Con la división de la CGT, junto a la CGT Azul y Blanca presidida por Luis Barrionuevo, y a las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA de los Argentinos y CTA Autónoma), la representación de los trabajadores quedaba expresada en cinco agrupaciones sindicales de tercer grado al comenzar el conflicto por el IG.

Esta fragmentación de la CGT y la crisis de liderazgo de Moyano para mantener unida a la organización ha sido incluso observada por algunos referentes del gobierno de Cristina F. de Kirchner como una fuente insoslayable que otorgó espesor al conflicto en torno al IG:

“Moyano se va de la CGT, no necesariamente en la interpretación de una disputa política con nosotros. Moyano se va de la CGT, porque el 80% de los gremios representados en la CGT no quería que Moyano siguiera siendo Secretario General. Por eso no logra nunca tener, la mayoría del Consejo Directivo. Él entonces ¿qué hace? Toma ese conflicto. Porque es un conflicto donde él se siente damnificado, digamos. Pero puede sumar a otro grupo de gremios, que casualmente son los dueños de transportes, que son sus aliados más cercanos y luego, los otros afectados. Pero básicamente es eso, un reclamo que nace, se origina en una afectación de los gremios del transporte. Que camioneros, por lo tanto Moyano, lo asume como un conflicto general de los trabajadores y él lo mediatiza de esa manera, como Secretario General de la CGT. Y ahí empieza el conflicto” (Entrevista realizada por los autores a un ex funcionario de gobierno de Cristina F. de Kirchner, febrero 2017).

En este escenario, el conflicto por el IG comenzó a gravitar progresivamente en la agenda sindical de la CGT Azopardo, de la Azul y Blanca, acompañando el reclamo la CTA Autónoma. La figura de Moyano adquiría entonces una presencia relevante en torno a esta demanda. Al mismo tiempo, otros sindicatos y fuerzas políticas se fueron plegando al reclamo, a fin de aprovechar una oportunidad política en la captación de votos electorales o bien, por solidaridad de clase. La problemática del tributo concitó por tanto adhesiones diversas a los trabajadores denunciantes, tanto de agrupaciones de centro derecha como de izquierda.

El proceso de heterogeneización del mundo del trabajo tuvo en suma varias consecuencias. Una de ellas, como expresa ^{Torre (2017}) se observa en el plano de las demandas. El movimiento sindical pugnó por la defensa de su bienestar así como también se resistió al pago del IG. Este último reclamo, sin embargo, fue adoptado por una parte de las organizaciones gremiales al tiempo que la masa de trabajadores afectados por el tributo comprendería a una porción de los asalariados mejor ubicados en términos relativos en la pirámide de ingresos. Sobre ello argumentaremos en las próximas líneas.

3.2 La conformación del conflicto político

En la dinámica que produjo el proceso de fragmentación organizativa del sindicalismo de fuerza político corporativa en la Argentina, el 27 de junio de 2012 Hugo Moyano convocó a un primer paro nacional con movilización hacia la Plaza de Mayo durante la era kirchnerista, donde una de las demandas de jerarquía fue la derogación del IG. El acatamiento gremial a esta medida de protesta fue sin embargo dispar entre las organizaciones sindicales, y aún moderado en otras, como las que representan a los trabajadores del sector de transporte. En esta acción confrontativa inicial comenzaron a reflejarse asimismo los alineamientos entre aquellos gremios que enfática o tímidamente se fueron distanciando del gobierno, de aquellos que mostraron su adhesión y apoyo al proyecto político de la presidenta.

Los gremios de servicios como comercio, Luz y Fuerza, sanidad y los estatales de la UPCN no acataron el paro ni la movilización, al igual que las entidades metalúrgicas (UOM) y mecánica (SMATA) y el sector de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Hugo Yasky. Adhirieron gremios como el de los camioneros, estibadores portuarios, judiciales, canillitas, dragado y balizamiento, municipales, vidrio y el sector de la CTA de Pablo Micheli. Los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte - C.A.T.T- se plegaron a la movilización a Plaza de Mayo pero garantizando el normal funcionamiento del transporte.

El 20 de noviembre de 2012 sin embargo tuvo lugar un segundo paro general convocado por el sector de la CGT alineado con Moyano, Barrionuevo y la CTA Autónoma, conducida por Pablo Micheli¹⁸, de mayor contundencia que aquella primera medida de fuerza. En gran parte de los medios de comunicación e incluso en sectores de la dirigencia política, se tiende a destacar esta medida como el primer paro general que tuvo que afrontar el kirchnerismo en la presidencia. Las demandas que encabezaban la protesta fueron la elevación del MNI, la universalización de las asignaciones familiares, un aumento de emergencia de las jubilaciones y la devolución de la deuda con las obras sociales. El gremio de los camioneros paralizó la recolección de residuos, el transporte de combustibles y el abastecimiento de los cajeros automáticos, no hubo actividad bancaria ni vuelos de cabotaje. Por el contrario, los principales gremios industriales agrupados en la CGT liderada por Antonio Caló no se sumaron a la medida de fuerza, tampoco los empleados de comercio y sanidad, el transporte público automotor, ni los subterráneos. Los trenes ofrecieron servicios condicionales (salvo la línea Sarmiento que adhirió al paro).

A la convocatoria se sumaron la CGT Azul y Blanca, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, el Partido Obrero (PO), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), entre distintas organizaciones. También respaldaron la protesta la Sociedad Rural, el entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, gobernadores y diversos diputados y dirigentes de la oposición¹⁹.

El 19 de diciembre los gremios de aquellas centrales marcharon hacia Plaza de Mayo, destacándose nuevamente, entre un conjunto de reclamos, el de Ganancias. En esta oportunidad, Hugo Moyano puso de manifiesto su posición disruptiva respecto del gobierno:

“Es un impuesto maldito que este gobierno maldito mantiene para seguir manejando la caja. (…) Esta lucha la tenemos que llevar al plano político porque en el 2013 los trabajadores vamos a votar a quien garantice los derechos de los trabajadores” (Página 12,20/12/ 2012).

Un conjunto de elementos se conjugaron para dar lugar a la conformación de este proceso político. Algunas dimensiones analíticas, como las oportunidades políticas, los procesos organizativos, enmarcadores o marcos interpretativos, se disponen como claves fértiles de indagación en la literatura sobre acción colectiva(^{Mc Adam, McCarthy, Zald, Gamson, 1999}).

En relación con el IG se advierte, por un lado, que los trabajadores mayormente afectados por el pago del tributo se encuentran vinculados con sindicatos de fuerza político-institucional y corporativa en el gremialismo argentino, algunos de los cuales fueron aumentando sus afiliaciones e incrementando sus remuneraciones en el milenio actual conforme al mejoramiento de las variables económicas y socio laborales²⁰. Ello resultó un canal privilegiado para encausar los reclamos y otorgarle contundencia a las medidas de fuerza.

“Ese millón y medio de trabajadores se puede constituir en un obstáculo muy fuerte, por ejemplo para el transporte… el descontento es grande. Una cosa es un millón y medio de gente que no tenga ninguna incidencia, otra cosa es un millón y medio de gente que tenga un determinado poder de fuego en una determinada instancia económica” (Entrevista realizada por los autores a un dirigente del sindicato de Dragado y Balizamiento, octubre 2015).

Los gremios del transporte, agrupados en la C.A.T.T y alcanzados por el IG acompañaron mayormente los paros generales (si bien no todos los hicieron del mismo modo en las primeras medidas de fuerza) otorgando fortaleza a las contiendas. Hugo Moyano detentaba una importante influencia en esta confederación que fue relanzada al comienzo del conflicto por el impuesto. En este caso, los trabajadores de los gremios del transporte cobran una cantidad de adicionales fijos y remuneraciones extras por trabajar feriados o días no laborables, y ello es alcanzado para el pago del tributo impactando sobre sus salarios.

Asimismo, los gremios reclamantes contaron con “aliados estratégicos” (Tarrow, 1994) para robustecer su posición. Partidos de izquierda se comprometieron en las medidas de fuerza cortando accesos a la ciudad y visibilizando la demanda. Al mismo tiempo, dirigentes partidarios y sociales, en el marco de las campañas electorales o en apoyo a medidas resistentes contra el oficialismo, alentaron y acompañaron los reclamos por ganancias.

Concomitantemente, el conflicto vinculado al IG dinamizó una discusión en torno a los criterios de justicia distributiva sostenida tanto por actores del trabajo como de los funcionarios de gobierno para darle legitimidad a las acciones colectivas encaradas por unos, y a las respuestas y posicionamientos dispuestos por los otros. En esta dirección, el concepto de “marcos interpretativos” nos permite analizar y describir representaciones simbólicas e indicaciones que los actores utilizan para interpretar eventos y conductas y sugerir alterativas de acción, dando cuenta de una dimensión ideal-valorativa de los comportamientos sociales. Los marcos se establecen en base a las definiciones que los actores realizan sobre las relaciones sociales, los derechos y las responsabilidades. Esta constituye una dimensión sociocultural y política de indiscutible centralidad (^{Mc Adam, McCarthy, Zald, Gamson, 1999}).

Vale la pena señalar, como bien observa Sanchez ^{Román (2013}), que en términos históricos los impuestos progresivos como el de la renta (antigua denominación del IG), tuvieron un lugar poco destacado en el sistema tributario nacional, y que tanto la desconfianza hacia el Estado como la inflación y los ajustes del MNI y la revisión de escalas en ese marco, generaron un aumento de prácticas evasivas y de fraude por parte de sectores alcanzados por este impuesto, incentivando desigualdades al interior de los grupos contribuyentes, como así también, respecto de otras clases sociales. Ello pudo notarse por ejemplo, entre los años 60 y principios de los 70. Algunas de estas disconformidades fueron destacadas incluso por representantes de empresarios, como la UIA.

Por lo tanto, la reflexión sobre la equidad y el tipo de progresividad que un impuesto como el de ganancias supone no es novedosa, pero sí podemos indicar que el lugar que adquieren dirigentes sindicales y los trabajadores por ellos representados en esta interrogación, resulta en una situación que se expresó en acciones colectivas que interpela directamente al Estado y no reconoce antecedentes de estas características en el siglo precedente.

Los actores sindicales que protagonizaron los eventos conflictivos en torno al IG en el actual milenio, observaron la reproducción de condiciones que consideraban desiguales ante el peso del gravamen sobre los salarios, mientras otros grupos sociales obtenían importantes rentabilidades por la realización de actividades económicas y no recibían igual tratamiento en la estructura tributaria. Esta perspectiva sobre el tema queda plasmada en los siguientes testimonios de dirigentes sindicales:

“Nosotros, los trabajadores, aportamos mucho, aportamos a la salud a través de nuestras obras sociales, aportamos a través de los impuestos, pero, efectivamente, nosotros no somos los que tenemos que mantener a los que menos tienen o en todo caso no debiéramos serlo habiendo otros sectores, que la llevan con la pala como dice la Presidenta. Pareciera que fuera una burla que el IG le pegue a una parte de los trabajadores y, sin embargo, la renta financiera no esté o el juego, donde hay mucho dinero circulando y que debiera tener un gravamen, al menos” (Entrevista realizada por los autores a un dirigente gremial del Sindicato del Seguro y de la CGT, octubre de 2015).

No planteamos la eliminación del impuesto a las ganancias, sostenemos que tiene que haber una reforma tributaria en la Argentina en donde se establezca con claridad quiénes deben pagar y cómo deben pagar y que antes que atacar un salario de convenio que le pueda parecer alto a algunas autoridades del gobierno, primero deberían mirar un poquito las transferencias de acciones en la bolsa que eso si es una timba financiera; tendrían que mirar un poquito más algún gravamen mayor al juego. Era un impuesto progresivo, y eso lo perdió hace rato. Lo perdió porque ¿qué es ganancia y qué no es ganancia? ¿Cuál es la inflación real? A partir de ahí: ¿cómo tienen que ser las escalas y cada cuánto? No tiene sentido hablar del tributo como tributo, es una expoliación del bolsillo a mansalva. El impuesto tiene un sentido, bueno, mira me cobran esto en función de esta pirámide de tributación, y acá no hay pirámide. Nosotros creemos que el trabajo no es ganancia” (Entrevista realizada por los autores a dirigente de la Asociación Bancaria, noviembre 2015).

Estos señalamientos ponen en discusión, para los actores sindicales, la concepción de progresividad de un impuesto como el IG, al gravar desigualmente actividades productivas y financieras, y al haber quedado desvirtuada la herramienta impositiva durante el ciclo kirchnerista por su impacto en la forma de recaudación. Y a medida que los gremios no encontraron respuesta desde el gobierno para impulsar la modificación del tributo las tensiones se fueron acrecentando, distinguiéndose entonces los paros de actividades como un repertorio de acción privilegiado para enmarcar la confrontación.

A ello se sumaba, por otra parte, que a consecuencia de la ruptura del líder camionero con el gobierno el reclamo por el IG se constituyó en un modo de presión política para equilibrar las relaciones de fuerza a su favor, e intentar fragilizar políticamente a la presidenta colocando al dirigente sindical al frente de la disputa por el tributo.

Con el desarrollo del conflicto se fueron involucrando dirigentes políticos opositores al gobierno. La discusión por el IG impregnó entonces la campaña electoral del 2013²¹, amplificándose en la voz del principal contendiente en ese entonces del kirchnerismo, el ex jefe de gabinete Sergio Massa, quien apuntó a profundizar las tensiones:

“El impuesto a las Ganancias les pisa la cabeza a los trabajadores (…) No puede ser que el que gana un millón de dólares comprando y vendiendo acciones o bonos o aquel que hace un plazo fijo corto y especulativo no pague impuesto a las ganancias como en casi todos los países del mundo y sí lo haga un jubilado o laburando (Sergio Massa, diario La Nación, 27/8/2013).

Como reflejo del impacto electoral generado por la derrota del gobierno en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), a fines de agosto del 2013 se anunciaron cambios en materia fiscal que reducían la porción de asalariados afectados por el IG, pero que agregaban complejidad en el proceso: a partir de ese momento los sueldos inferiores a 15 mil pesos brutos en promedio entre enero y agosto quedarían exceptuados del pago del gravamen. La medida fue ampliamente apoyada, en un principio, por la dirigencia sindical y calificada de “electoralista” por diferentes dirigentes de la oposición²².

3.3 El recrudecimiento de la disputa: acciones directas y posicionamientos proselitistas

En los inicios del 2014 las disconformidades de los trabajadores sindicalizados comenzaron a expresarse nuevamente. Así, ante los acuerdos paritarios del primer semestre la demanda por la revisión del IG y el MNI retornó con potencia en sus agendas. Consecuentemente, en aquél año y en el 2015 los conflictos tanto sectoriales como generales que coincidieron en la demanda por la modificación del tributo se incrementaron.

El 10 de abril y el 28 de agosto de 2014 se produjeron dos paros nacionales convocados por la CGT-Azopardo conducida por Hugo Moyano, la CTA-Autónoma y la CGT Azul y Blanca liderada por el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo. Al mismo tiempo, se desarrollaron una serie de manifestaciones y paros encarados por distintos gremios, entre los que se distinguió el de trabajadores bancarios y el protagonismo que fueron adquiriendo los gremios del transporte.

Las otras dos centrales sindicales - la CTA conducida por Hugo Yasky y la CGT oficialista liderada por el metalúrgico Antonio Caló - no apoyaron ninguna de las medidas de fuerza ocurridas en el período kirchnerista, si bien dejaron trascender, con respecto a la demanda del IG, el descontento de los trabajadores a la presidenta en distintas reuniones concertadas con la mandataria para tratar diversos temas. Es importante señalar que ambos agrupamientos se manifestaron mayormente a favor del gobierno de Cristina F. de Kirchner hasta el final de su mandato.

Como contrapartida, la posición del gobierno ante la escalada de protestas se fue endureciendo, apuntando a deslegitimar el reclamo por el IG al considerarlo anti solidario en términos de clase, y enfatizando como perturbante la preocupación por el impuesto de un sector del trabajo que percibía los salarios más elevados. En palabras del ministro de economía en aquella etapa se observa esta apreciación:

“En Argentina tenemos más o menos 11 millones de trabajadores, de los cuales pagan Impuesto a las Ganancias sólo 1,029 millones, la verdad es un impuesto a los altos ingresos, a los trabajadores que más ganan; a nadie le gusta pagar impuestos pero este impuesto es un contribución solidaria de los trabajadores que más ganan al Estado, pero no es para los funcionarios. Como todos los impuestos va a las políticas de Estado como la Asignación Universal por Hijo, la construcción de escuelas, obra pública" (Axel Kicillof, Ministro de Economía, La Nación, 30/11/ 2014).

Los gremios reclamantes, igualmente, continuaron insistiendo sobre la necesidad de reconsiderar el financiamiento del estado proponiendo grabar con el impuesto a otros grupos sociales y actividades económicas lucrativas, como reflejan las siguientes palabras:

“Nosotros planteamos el concepto que el salario no es ganancia. No es que pensemos que somos intocables los compañeros que tengan salarios altos. Entonces, mientras no se discuta todo el sistema impositivo nosotros planteamos que el salario no es ganancia, las ganancias la obtienen las empresas, la renta, la renta financiera, y etc. pero el salario como concepto, no es ganancia” (Entrevista realizada por los autores al Secretario General de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina y dirigente de la CTA-A, octubre 2015).

Por tanto, los desacuerdos por el IG en la Argentina dieron lugar a un conflicto en torno a la distribución y redistribución de recursos entre grupos sociales, y al interior de la clase trabajadora, que estuvo vinculado sin dudas con la necesidad imperiosa del erario público de contar con financiamiento destinado al gasto social. Pero al mismo tiempo, la disputa valorativa-ideológica penetró en la escena de discusión pública dando cuenta de cómo la estructura tributaria escasamente discutida en el gobierno pero también en la clase dirigente en general, traduce relaciones de dominación y poder cuestionadas en esta ocasión por los sectores del trabajo, considerando la manera en que los distintos sectores aportan colectivamente a sostener beneficios sociales para los trabajadores.

En este contexto, en el primer semestre de 2015 tuvieron lugar los últimos dos paros generales que el sindicalismo argentino organizó contra el gobierno de Cristina. F. de Kirchner. Entre las consignas que inspiraban las medidas se destacaba en los afiches pegados en las calles por los gremios: "Maldito impuesto al trabajo", adquiriendo los del transporte un fuerte protagonismo.

La presidenta de la nación, sin embargo y como se distingue en variados testimonios e información recolectada en la investigación, consideraba idónea la herramienta tributaria del IG y para ello apelaba a la solidaridad de clase avivando la relación confrontativa con una parte del gremialismo argentino:

“Como decía Evita, le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de dónde vinieron que al de los oligarcas (…) No tenemos que enojarnos por los que no piensan como nosotros, me duele mucho más cuando los que vienen del palo [sindicalistas] y lograron «pelechar» un poco, lograron un trabajo más remunerado, se olvidan los que están fuera del trabajo o todavía no ganan lo suficiente" (La Nación, 1/4/ 2015).

Un aspecto novedoso que originó el conflicto en torno al IG fue el de la alianza de organizaciones gremiales cuyas agendas reivindicativas y metodologías de lucha han sido históricamente diferentes, particularmente ente la CGT conducida por Hugo Moyano y la CTA-Autónoma. Para esta última especialmente, que nunca logró obtener el reconocimiento institucional por parte del Estado (personería gremial) como tiene la CGT (y ello en parte por la presión de la CGT para no descentralizar su poder), la “unidad en la acción” fue evaluada entre sus integrantes como una estrategia para revitalizar las pugnas sindicales, marcar con mayor firmeza la oposición al gobierno nacional, y reinstalar algunas consignas ya planteadas por esta central.

Si bien la posición en especial del Poder Ejecutivo había sido resistente a favorecer una cambio en la regulación del IG, ante el clima de enfrentamiento dispuso una medida paliativa en mayo de 2015 por la escalada de los reclamos sindicales, que favorecía al 68% de los trabajadores que pagaban ganancias, principalmente de los sectores que percibían los ingresos más bajos dentro de la masa tributante²³. Esta medida no fue suficiente, de todos modos, para los gremios más activos en el reclamo del IG, que se mantuvo con firmeza en el quinto paro nacional realizado el 9 de junio de 2015, sin obtener de todas maneras una respuesta favorable a las demandas. A partir de allí, las acciones colectivas en torno al IG entraron en un impasse reivindicativo en el marco de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre de 2015.

Con todo, la problemática no perdió relevancia en la agenda pública. Por el contrario, los principales candidatos presidenciales lo incorporaron como un temade importancia en sus promesas electorales. Retomando la consigna sindical de que “el salario no es ganancia, es remuneración” (Clarín, 22/10/2015), Sergio Massa, del Frente Renovador, sostuvo durante toda su campaña la eliminación del IG, asegurando que esos ingresos serían compensados con una mayor regulación estatal sobre el juego y la renta financiera. El propio Mauricio Macri prometió en un escueto spot que “en mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso”²⁴.

Por último, el candidato oficialista del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, incorporó la promesa de modificación del tributo a días de la elección presidencial del 25 de octubre: “Vamos a tomar una medida de fondo en materia de Impuesto a las Ganancias. Un trabajador o jubilado que gane menos de 30 mil pesos netos de bolsillo no va a pagar ese impuesto. Además esta medida se actualizará automáticamente de acuerdo al porcentaje de incremento de movilidad jubilatoria" ( La Nación , 22/10/2015).

El candidato del oficialismo no pronunció cambios en las escalas del cálculo de las retenciones de ganancias, aspecto que moldeó gran parte de las peticiones sindicales. Durante la campaña para el ballotage redefinió sin embargo los alcances del cambio propuesto: en caso de llegar a la Presidencia, aseguró que iba a modificar el mínimo no imponible del IG hasta los $25 mil para trabajadores autónomos y en relación de dependencia.

Los paros generales-nacionales encarados por parte del sindicalismo argentino ameritan por tanto diversas lecturas: enarbolaron un conjunto de demandas hacia el gobierno nacional en donde el IG cobró relevancia a partir de los problemas que fueron advirtiendo gremialistas, economistas, periodistas, dirigentes políticos, respecto del tributo, por su impacto cada vez más acentuado sobre los ingresos de los trabajadores aportantes. Pero al mismo tiempo, una lectura política del proceso permite visualizar las medidas colectivas como estrategias corporativas tendientes a situar el liderazgo de Moyano y de una parte del sindicalismo con capacidad de presión en la arena pública de cara a la gestión del próximo presidente. Torcer las relaciones de fuerza a favor del actor gremial se distingue como un objetivo de aquellas confrontaciones.

Con la emergencia de un nuevo ciclo político en la Argentina a partir del ascenso de una flamante alianza de fuerzas políticas en el gobierno, la calle dejaría de constituir el escenario privilegiado para enmarcar la contienda por el IG. El Parlamento se apreció entonces como un ámbito de resolución, aunque parcial, del enfrentamiento entre una parte del sindicalismo y Poder Ejecutivo.