Sumario

1. Introducción; 2. La categoría “campesino” como pregunta; 3. De productores asistidos a campesinos organizados. El proceso de conformación y consolidación de APENOC en un escenario rural en transformación; 4. Producir una clase que resiste. La permeabilidad entre los debates académicos y las apropiaciones políticas; 5. La categoría campesino entre los campesinos. El trabajo político de reproducción de una categoría y sus condiciones de apropiación; 6. Conclusión; 7. Bibliografía.

1. Introducción

Al mismo tiempo que se desarrollaba la campaña electoral que consagraría, en 1999, como Presidente de los argentinos a Fernando De la Rúa, se empezaba a conformar en el espacio rural del noroeste de la provincia de Córdoba un espacio de vinculación política que hoy se autodenomina como un movimiento social campesino. El recrudecimiento de las consecuencias negativas del neoliberalismo fue el telón de fondo de la inauguración de una novedosa forma organizativa para la región, con la conformación de la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (APENOC). Ese impulso que empezó en el postergado y conflictivo departamento de Cruz del Eje se irradió en pocos años a otras zonas rurales de la región, dando lugar al nacimiento de otros espacios colectivos similares: seis organizaciones de primer grado que fueron conformándose como parte de la misma estrategia y que, a partir del 2005, institucionalizaron su articulación en la constitución de una organización de segundo grado, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC)¹.

Los departamentos en los que este Movimiento tiene presencia forman parte del chaco árido serrano, región extrapampeana de la provincia cuyas condiciones estructurales se encuentran atravesadas por las dinámicas de expansión del capitalismo en el agro latinoamericano en el contexto de consolidación del agronegocio. Si bien esta dinámica tuvo sus particularidades en las diferentes espacialidades de la región, se puede referir de manera general la preeminencia de un proceso de expansión de la frontera agropecuaria que tuvo su máxima expresión durante los primeros años de este siglo. La ganadería extensiva y la siembra de pasturas en algunas zonas, la sojización en otras, transformaron significativamente la estructura socioproductiva de la zona (^{Decándido, 2014}). Estas transformaciones modificaron significativamente la estructura social agraria afectando negativamente las condiciones de producción y reproducción de las familias campesinas que históricamente fueron la base social y económica de la región (^{Becerra et al., 2011}; ^{Cáceres, et al. 2010}; ^{Preda, 2015}; ^{Romano, 2009}).

Durante los primeros años, el trabajo político de conformación y consolidación de lo que actualmente es el Movimiento se concentró en la producción de un grupo, en la configuración de un actor colectivo que aglutinó a cientos de pequeños productores y trabajadores de este espacio rural. Acumulado organizativo que tuvo sus efectos más evidentes cuando, con el estallido de la crisis nacional del 2001, la salida de la convertibilidad, la devaluación del peso y el consiguiente incremento de la rentabilidad del sector primario de la economía; se transformara el escenario agrario nacional, y se agudizara en esta zona la disputa por la tierra, el monte y el agua (^{Barchuk et al., 2010}; ^{Cáceres et al., 2010}; ^{Hocsman y Romano, 2009}; ^{Preda, 2015}).

En este contexto, el trabajo colectivo se orientó fuertemente a la defensa de la posesión de la tierra en manos de las familias campesinas, dado que la inseguridad dominial y la irregularidad de la tenencia de la tierra son una de las cualidades estructurales que, en esta zona, se asociaron históricamente a sus formas de producción (^{Romano, 2009}, ²⁰¹¹). En paralelo, se emprendieron proyectos de mejoramiento productivo, redes de comercio justo y compras colectivas, planes de conservación del bosque nativo, programas de acceso al agua potable, propuestas legislativas dirigidas al reconocimiento y fortalecimiento de la producción campesina y la vida en el espacio rural, experiencias de trabajo para jóvenes, comunicación alternativa y comunitaria y numerosas iniciativas de formación y educación popular.

Este proceso se encadenó con estrategias de intercambio y articulación con otras organizaciones sociales a escala nacional, regional e internacional, lo que con el tiempo se condensó en la incorporación al MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena); a la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo), y a la Vía Campesina. Los principales lineamientos políticos de las organizaciones que conforman estas articulaciones pueden englobarse en las ideas de reforma agraria integral y popular, la soberanía alimentaria² y en la propuesta de construcción de una ruralidad cuestionadora de los principios de desigualdad y exclusión que han regido históricamente los modelos de desarrollo y las economías agropecuarias de nuestro país y de Latinoamérica (MNCI, 2012; Cartillas de APENOC y MCC).

En las próximas páginas se verá de qué manera estas condiciones, mediadas por el trabajo político encarnado fundamentalmente en un grupo de especialistas (^{Bourdieu, 1988}, ²⁰⁰⁰, ²⁰⁰¹), convergen en que el MCC se autodefina, y sea frecuentemente caracterizado en los estudios académicos que lo toman como objeto de estudio, como expresión local de un sujeto político latinoamericano: el campesinado organizado que resiste los embates del capital.

Este artículo coloca esa operación como objeto de análisis. A partir de la pregunta sobre cuáles fueron las condiciones y los procesos mediante los cuales un espacio de vinculación se configura como un movimiento social campesino, problematiza el presupuesto de inmediatez que habitualmente da por sentada esa asociación y ubica el centro del análisis en el trabajo político que favoreció la institución del término campesino organizado como categoría preponderante de adscripción de un grupo y la concomitante configuración de un actor colectivo. En estas páginas me abocaré prioritariamente al trabajo político y a la pragmática en la que esta categoría opera.

Para ello daré cuenta, entre otras cosas, de un proceso de articulación, diálogo y negociación implícita entre portavoces del MCC y especialistas del espacio académico que hace especialmente interesante el análisis de las diferencias y entrecruzamientos que se dan, en este caso, entre el trabajo de elaboración de categorías sociales y el de elaboración de categorías analíticas (^{Rockwell, 1986}).

Los resultados aquí expuestos se encuentran fundados en un trabajo de investigación que, aunque con un claro abordaje sociológico, ha adoptado algunas herramientas del enfoque etnográfico. Esto contribuyó a construir como preguntas de investigación emergentes empíricos que no podrían haber sido contemplados sino a partir del ‘estar allí’, con disposición para aprehender las formas en que las dinámicas políticas suceden, se configuran y adquieren sentido para los propios actores que conforman la trama vincular que se articula en torno al MCC.

En la estrategia metodológica se combinaron técnicas diversas. El referente empírico se encontró circunscripto a una unidad referencial: el MCC, y acotado a una escala local: los departamentos de Cruz del Eje y Minas (Córdoba, Argentina). El trabajo de campo se concentró en 13 viajes que se distribuyeron entre julio de 2015 y septiembre de 2016. El universo de interacciones habilitadas durante las estadías en el lugar se desplegó fundamentalmente en torno a actividades propias del MCC y en estancias en las unidades domésticas de los agentes que participan de este espacio. Además de observación y registro etnográfico, se realizaron entrevistas semi-estructuradas y entrevistas etnográficas. También se analizaron documentos elaborados por el MCC y entrevistas semiestructuradas realizadas en el marco de otra investigación propia sobre APENOC, durante el año 2009³.

2. La categoría “campesino” como pregunta

Los estudios de Bourdieu sobre el campo político, las relaciones de representación política y las condiciones sociales que hacen posible que ciertas prácticas, relaciones y operaciones simbólicas puedan ser reconocidas como políticas y validadas en el espacio social como tales (¹⁹⁸⁸; ²⁰⁰⁰; ²⁰⁰¹; ²⁰⁰⁸; ²⁰¹⁴), son el fundamento teórico que respalda el análisis que el lector encontrará en este artículo. Pero, fundamentalmente, fueron herramientas que permitieron construir una pregunta sobre el proceso de trabajo político que hubo tras la configuración de la categoría campesino organizado como fundamento de conformación de un grupo social movilizado o movilizable.

El autor francés afirma que hacer política es darse los medios para producir grupos, nominándolos, “haciendo conocer y reconocer los principios de visión y división del mundo social que, como las consignas, producen su propia confirmación” (^{Bourdieu, 2001}: 89):

“Las fronteras políticas son verdaderas en la medida en que quien las enuncia sea capaz de volverlas verdaderas, haciéndolas ocurrir en la historia, lo cual depende tanto de su veracidad (su relativa correspondencia con posiciones objetivas) como de su autoridad, es decir, de su capacidad de movilizar las fuerzas necesarias para hacerlo verdadero” (^{Bourdieu, 2001}: 90).

Dar cuenta del proceso implicado en esa apuesta de veracidad y de autoridad de la categoría campesino organizado implicó, para el caso de estudio, reconocer y abordar de una forma específica la relación que se despliega, en los términos de Elsie ^{Rockwell (1986}), entre categorías sociales y categorías analíticas. Como plantea esta autora, el enfoque etnográfico implica reflexionar sobre qué estamos designando cuando utilizamos determinados términos en nuestros análisis científicos y sobre cómo nuestras conceptualizaciones se relacionan con las apuestas de los colectivos que pretendemos estudiar.

Tanto en su trayectoria conceptual dentro del espacio académico como en su semiótica política, campesino es una categoría polisémica sobre la cual no hay consenso. Las decisiones respecto a cómo definir ese colectivo, por lo tanto, se inscriben en disputas que son desplegadas en distintos espacios sociales. Sabemos, por su parte, que una cosa es construir una categoría en el proceso complejo de producir una clase y disputar sentidos y posiciones en el espacio político, y otra cosa es construir categorías analíticas (teóricas o empíricas) para comprender y explicar las dinámicas sociales que atraviesan y despliegan los actores que estudiamos (^{Rockwell, 1986}; ^{Bourdieu, 1995}, ²⁰⁰¹). Para el caso de estudio, y como veremos, esas disputas atraviesan y se entrelazan entre las propias del espacio académico y las del espacio político⁴. Elaborar un análisis, informado por las categorías bourdeanas, de estas relaciones y dinámicas fue fundamental para dar cuenta de las cualidades específicas que había tenido en el MCC el proceso de trabajo político de producción de grupo que se articuló en torno a la categoría de campesino organizado.

Se asumió para ello que la percepción del mundo social es resultado de una doble estructuración (objetiva y subjetiva) y que los sentidos sobre las clases son producto de esas condiciones sociales a la vez que generan efectos sobre el espacio social en el que éstas se configuran. Que son, en tal sentido, estructuradas y estructurantes (^{Bourdieu, 1995}). En base a ello, se recortó la pregunta específicamente a las cuestiones que hacen al trabajo político de representación sobre las clases mediante los actos de construcción de sí mismos y de los antagonistas que los agentes (individuales y colectivos) construyen en sus luchas para imponer la representación del mundo conforme a sus intereses (^{Bourdieu, 2014}).

Bourdieu destaca especialmente, en relación a ello, la relevancia de los procesos de delegación y representación por medio de los cuales algunos agentes ocupan la posición de “portavoces”, a partir de la cual contribuyen de manera significativa en el trabajo de conformación de un grupo (¹⁹⁸⁸; ²⁰⁰⁰; ²⁰⁰¹). La posición de portavoces fue, como se verá más adelante, ocupada prioritaria (aunque no exclusivamente) por un grupo de agentes que pudo asumir tal lugar debido al capital simbólico, cultural, político y social acumulado durante trayectorias que se desarrollaron prioritariamente fuera de los límites del espacio en el que el MCC se ancla. Refiero a una espacialidad diferenciada tanto en términos geográficos (son agentes foráneos y urbanos) como sociales (sus estrategias de reproducción social se anclan en trayectorias de clase media y no se despliegan centralmente en torno a la producción campesina).

Las desigualdades de recursos entre quienes participan del Movimiento (sobre todo, de capital político y de tiempo disponible para dedicar a tareas propias de la organización) favoreció una división del trabajo político hacia dentro de este espacio, según la cual ciertos agentes se especializaron en tareas de producción de los principios de visión y división que se condensaron como hegemónicos para el colectivo y produjeron un grupo de cualidades específicas⁵. Bourdieu destaca, no obstante, que la delegación y concentración de tareas políticas tiene una contracara constitutiva.

La duplicidad estructural del discurso político es la condición que impide la autonomización absoluta del campo político y la enajenación completa de los agentes políticamente no activos en cuyo nombre se habla, en cuyo lugar se ocupan espacios y se gestionan recursos (^{Bourdieu, 1988}). Por lo tanto, la politización de cualquier criterio de identificación es eficaz si es capaz de producir un grupo allí donde antes no lo había. Es decir, para el caso, si consigue que quienes participan de la red vincular del MCC se reconozcan en estos criterios y se sientan interpelados por sus imperativos prácticos, actúen como cuerpo y contribuyan a la continuidad de un grupo efectivamente existente, es decir, movilizado. Si es capaz de condicionar sus prácticas.

En estos términos, la pregunta por lo campesino se vuelve una pregunta por la pragmática política de esta categoría; por los espacios de relacionamiento que habilita y los que restringe; por las prácticas y los sentidos que legitima; por sus condiciones de producción, de reproducción y de efectividad en un espacio político.

3. De productores asistidos a campesinos organizados. El proceso de conformación y consolidación de APENOC en un escenario rural en transformación

A fines de los años 90 empiezan a llegar a la región noroeste del departamento Cruz del Eje jóvenes que encontraban en el espacio rural una oportunidad para desplegar un proyecto de vida asociado a la militancia. En términos generales, son agentes foráneos de clase media que habían transitado, desde lugares diversos, procesos de socialización política vinculados a los debates y posicionamientos que se estaban dando en el espacio de las organizaciones sociales latinoamericanas debido a haber tenido algún tipo de participación política no partidaria durante la década del ‘90. Participación que abarca desde espacios de Derechos Humanos, la militancia cristiana recostada en la teología de la liberación, el ámbito universitario, la militancia en barrios populares del espacio urbano, hasta incluso el paso a otra experiencia paradigmática de la organización del campesinado en la Argentina de fines de siglo XX: el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).

Es posible remitir a las trayectorias de militancia de estos agentes como la génesis de las disposiciones en las que asienta su apuesta por articular sus proyectos de vida alrededor del proyecto político encarnado en lo que es actualmente el MCC. Trayectorias que coinciden en la capacidad performativa de un habitus hecho a la medida de unas formas particulares de abordar la práctica política en un sector de la izquierda latinoamericana que apostó por formas particulares de organización social y contribuyó a su reproducción, de acuerdo a las condiciones coyunturales del campo político de finales del siglo XX.

“Bueno, y cuando me hacen la invitación a Santiago en el año 97, a Quimilí, al MOCASE, me fui (…) y fue encontrarse con algunas ideas novedosas, digamos, de democracia, horizontalidad, movimiento social…de poder hacer política en serio, a pesar de ser un movimiento social, porque eso como que siempre aparecía fracturado, una cosas es hacer un movimiento político y otra cosa es hacer un movimiento social (…) es un poco la previa a poder venir acá” (Hernán, Paso Viejo, 2009, Decándido)

Este ethos prefiguró una forma de intervención orientada por el objetivo de promover la organización política de los campesinos con vistas a la construcción de una subjetividad con conciencia de clase (^{Cowan Ros y Arqueros, 2018}: 25). Llegados a la región, empezaron a desarrollar actividades de militancia entre las familias de la zona rural, y a trabajar de manera articulada con y en programas estatales de desarrollo rural dirigidos a los productores familiares⁶. La posición que ocuparon en el espacio de vinculación definió la modalidad que adoptó la división del trabajo político: este grupo asumió estructuralmente las tareas de producción y reproducción del proyecto colectivo y en función de ello concentró la mayor parte de las tareas de conducción y representación.

A partir de esta experiencia de articulación, en 1999 se da por conformada APENOC, una organización orientada a impulsar el comportamiento corporativo de los pequeños productores del departamento Cruz del Eje. Como su nombre lo indica, APENOC se constituye inicialmente como asociación de productores, y se vale de vínculos y procesos afincados en programas estatales orientados al mejoramiento de la actividad productiva de los predios en base a la articulación colectiva.

El espacio de vinculación, inicialmente atravesado por una perspectiva de intervención pública por entonces promovida desde las instituciones de desarrollo rural⁷ adopta progresivamente tintes que reivindicaban las referencias a -y la solidaridad con- experiencias de otros procesos de organización de los sectores populares (tanto de movimientos sociales contemporáneos como de procesos políticos históricos) y tomaba como herramienta de análisis político una variedad de aportes vinculados a la producción de conocimiento crítico (desde la teoría marxista de la organización a la agroecología, de la pedagogía de la liberación a la geografía crítica). Esa deriva, como veremos, no fue un proceso automático ni inmediato.

Tal como se ha mencionado, las condiciones de expansión del capitalismo agrario en el contexto espacio-temporal local contribuyeron a que los primeros años de organización coincidieran con el inicio de un incremento de la presión sobre las tierras de algunas de las zonas extrapampeanas de Córdoba (^{Hocsman y Romano, 2009}; Romano, ²⁰⁰⁹; ²⁰¹¹).

Durante la década del ‘90 el modelo del agronegocio se consolidaba en las zonas más fértiles de la provincia (región pampeana) y del país. Cuando el aumento de la productividad encuentra límites para seguir ampliándose en esas regiones, la frontera entre las tierras sujetas al modelo agroindustrial y las tierras abandonadas a la lateralidad de la mediana y pequeña producción comienzan a correrse. Este proceso hace que aumente la presión del capital sobre tierras anteriormente desplazadas de estas lógicas productivas (^{Gras, 2017}). El arco noroeste de la provincia de Córdoba es uno de los principales escenarios en que se desarrolla este proceso. Aunque la transformación general de la estructura agraria asume formas distintas en cada uno de los departamentos o sub-regiones, la tendencia general fue el avance de la frontera agropecuaria, mediante mecanismos de reemplazo y desplazamiento (^{Preda, 2015}), agudizada en los primeros años del siglo XXI con el alza de la rentabilidad de los commodities a partir de la primera devaluación del peso (^{Aranda, 2015}).

Para entender las formas que asume la conflictividad territorial, es pertinente tomar en cuenta a ^{Romano (2009}), quien señala que en los departamentos cordobeses que integran el chaco árido y serrano, más del 70% de los campesinos y productores rurales no tienen títulos de sus tierras. La autora agrega que esta situación de precariedad se agrava por la vigencia de normativas incompatibles con la forma de producción y las lógicas campesinas de uso del espacio (ley 8884, 2000; 9100, 2004; 9150, 2004) y con prácticas jurídicas favorables a los actores asociados con el modelo agroindustrial en los casos de judicialización de conflictos territoriales. En este contexto y bajo dichas circunstancias, APENOC absorbe una demanda creciente de acompañamiento en situaciones de conflictos de tierra cuya expresión extrema y más conocida es el desalojo. Esta forma manifiesta de la conflictividad rural se convirtió así en unidad articulatoria práctica y simbólica del colectivo.

“En la década de los ’90 el Movimiento Campesino nace a partir de esto, de la resistencia digamos, de resistir en el campo. El principal eje de lucha del Movimiento Campesino era parar los desalojos y la lucha por las tierras. Luego a partir de, bueno eso fue desde fines de los ’90 hasta 2004, 2005 la lucha más fuerte era eso y lo que había, digamos. Era cuando estaban más en el auge el avance de la frontera agropecuaria entonces toda la energía estaba destinada a eso digamos” (Ariel, Villa del Soto, 2015, Decándido).

Alrededor del año 2002 se conforma el equipo jurídico, subgrupo del Movimiento especializado en el diseño e implementación de estrategias para la defensa de la posesión de la tierra. En torno a esta situación se fue diseñando una estrategia que excedía el aspecto técnico-jurídico para constituirla progresivamente como una problemática política, y asociarla al trabajo colectivo dirigido a modificar el escenario de relaciones de fuerza en la disputa por el ordenamiento del espacio agrario de la región. Las tareas y actividades de la organización, en un primer momento concentradas en el desarrollo de las dinámicas y lógicas productivas y de comercialización, fueron combinándose con estrategias dirigidas a la defensa de la posesión de la tierra frente al incremento de los desalojos en la región.

Esta situación fue articulada simbólicamente en torno a un diagnóstico y un proyecto político que, coherente con los principios ideológicos de aquellos militantes que ocupaban el lugar de portavoces del colectivo, introducía nuevos debates. La velocidad y amplitud del proceso de expansión de la frontera agrícola llevó a centrar la mirada en el proceso de exclusión que el modelo del agronegocio conlleva, dimensión que adquirió especial relevancia para constituir simbólicamente esa situación como una disputa factible de ser configurada en términos de clases sociales.

Con ello, se creaban condiciones para la construcción de nuevos antagonismos y se habilitaban nuevas categorías de articulación colectiva con cierta perspectiva de efectividad práctica, es decir, con posibilidades, socialmente mediadas, de ser reconocidas como válidas en el campo político y por los agentes a los cuales apelaba.

Los pobladores del espacio rural del noroeste cordobés, encontraron en este espacio respuestas prácticas a problemáticas que no habían podido ser gestionadas efectivamente por medio de otras estrategias. Permitió mejorar las condiciones de confrontación directa y negociación en situaciones de conflictos de tierra y aumentar las posibilidades, de las familias implicadas, de mantener la posesión, y habilitó el acceso, a través del trabajo colectivo organizado, a derechos que históricamente habían sido vulnerados para este grupo poblacional.

En estas condiciones, la idea de confrontación con el agronegocio en torno a la categoría de territorio se fue consolidando de la mano del proceso reciente de agudización de los conflictos de tierras. La categoría de campesino fue, paralelamente, apareciendo como alternativa a la de productor familiar, y la relativa autonomización de las políticas y programas de desarrollo rural fueron dando lugar a la consolidación de formas organizativas específicas.

En el próximo apartado se dará cuenta de cómo el trabajo político que apuntaló estas transformaciones se respaldó en el proceso de producción de la categoría de campesino organizado. En dicho proceso, los debates que se daban en las ciencias sociales en torno a la elaboración de categorías analíticas se entrecruzaron con los que se dieron en este espacio de vinculación en torno a la elaboración de categorías políticas, es decir, capaces de articular un grupo y de hacerlo existir mediante la prefiguración de las prácticas.

4. Producir una clase que resiste. La permeabilidad entre los debates académicos y las apropiaciones políticas

A partir del trabajo de recopilación de antecedentes -sobre sociología agraria, procesos de conflictividad territorial en el espacio rural, lógicas y dinámicas de articulación política de las organizaciones de los sectores subordinados del agro en general, y en particular de estudios que hubieran tomado como objeto de estudio empírico al MCC o a los procesos sociales del espacio agrario del noroeste cordobés- fue posible reconstruir una tendencia, en cierto sub-campo del espacio académico, a elaborar categorías analíticas que den cuenta de la complejidad de los procesos investigados pero que, a la vez, sean reconocidas por los sujetos estudiados como aporte a la visibilización de su situación de opresión y reivindicación de sus luchas y formas organizativas.

Uno de los aportes que más resonaba en estos estudios fue el debate en torno a la noción de territorio, introducida desde la geografía crítica a los estudios sociales agrarios, ya que proporciona herramientas para describir y explicar las dinámicas de la espacialidad rural desde lo que dio en llamarse el enfoque socioterritorial. MançanoFernandes conceptualiza al territorio como un:

“espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder (...) El territorio es, al mismo tiempo, una convención y una confrontación (…) es un espacio de conflictualidades” (^{MançanoFernandes 2005}: 34).

A la luz de ese concepto,el proceso actual de transformaciones de la estructura agraria aparece explicado como la contradicción y oposición conflictiva entre dos modelos antagónicos que están disputándose el ordenamiento del espacio y lo hacen en desigualdad de condiciones: el agronegocio, en condiciones de superioridad técnica, económica, jurídica, política e ideológica desplaza a la producción campesina que persiste, a pesar de todo, conservando así una forma de territorialización en la cual se articula la reproducción de la vida con la producción y, sobre todo, una forma de organización colectiva (^{Porto-Gonçalves, 2002}; ²⁰⁰⁸; ^{Mançano Fernandes, 2005})⁸.

Dada la capacidad explicativa de este enfoque para analizar los procesos de expansión de la frontera agropecuaria en el noroeste cordobés, fue bien recibido por académicos de distintas disciplinas que estudiaron estos procesos. Estos diagnósticos para las regiones extrapampeanas de Argentina, y específicamente para la de Córdoba, resaltaron insistentemente el proceso de reemplazo mediante el cual la ampliación de la frontera agrícola implicó el movimiento del capital que incorpora nuevos suelos a la producción, destruyendo las formas productivas que le precedieron en el territorio u ocupando regiones con bosque nativo (^{Hocsman y Romano, 2009}; ^{Romano, 2009}; ^{Barchuket al., 2010}; ^{Cáceres et al., 2010}; ^{Romano, 2011}; ^{Barri y Wharen 2013}; ^{Preda, 2015};^{Villegas Guzmán, 2011}; ²⁰¹⁷).

La apelación a este modelo explicativo contribuyó a que las condiciones de vida en el campo, así como los desalojos, fueran incorporados dentro de un marco interpretativo que señaló especialmente la relación de exclusión. Según aquel, las ‘modernas’ dinámicas económicas subordinan a las ‘tradicionales’ de la mano de ‘nuevos’ actores que se territorializan desplazando a los agentes que habían tenido el ‘histórico’ control de estas espacialidades.

Este clima analítico, así como sus aportes conceptuales y empíricos, proveyó al MCC de herramientas que permitían (trabajo político mediante) poner en relación las consecuencias sociales negativas concretas que este modelo productivo estaba generando en la producción y en la vida rural de las familias de la región, con un diagnóstico macroestructural que homologaba los procesos locales a la situación de otras zonas de Argentina (incluso de otros países). Los portavoces del MCC elaboraron estrategias de trabajo político: reprodujeron estas nociones en cartillas, cuadernillos de formación interna, fomentaron debates en espacios colectivos de discusión, elaboraron discursos para instancias públicas de manifestación y -claro- manifestaron su posición en las instancias de interacción circunscritas a esta investigación.

Ello se combinó con la promoción de prácticas de intercambio entre los participantes del Movimiento y compañeros de otros lugares en instancias provinciales, nacionales e internacionales de encuentro entre organizaciones hermanas, que proveyó información y conocimiento sobre las consecuencias que este modelo estaba generando en la provincia y en otras regiones del país y de la región, lo cual contribuyó a asociar cada conflicto particular con una escala macro:

“Y… la realidad campesina lamentablemente está como que cada vez hay más atropellos. O a lo mejor antes siempre lo había, nada más que como no estábamos organizados no sabíamos que en otro punto de la provincia, o que a la vuelta de la casa había…” (Ana, Cachiyullo, 2009, Decándido).

No obstante, sus aportes, el diagnóstico centrado en la exclusión y el desplazamiento tenía un límite en términos políticos. El énfasis que ponía en los procesos de despojo de las poblaciones campesinas corría el riesgo de derivar en la reducción de este grupo a la condición de sujeto pasivo, sólo recuperado como víctima de las presiones expulsivas del capital. A modo de antídoto, se hizo lugar prioritario la pregunta por -y la defensa del- campesino como agente colectivo capaz de articular movimientos y prácticas de resistencia a estos procesos: era preciso denunciar la exclusión, pero a la par de ello, también estaba la necesidad de reivindicar las luchas que estaban llevando adelante los movimientos rurales.

Con claras referencias a categorías y diagnósticos que circulan en las ciencias sociales respecto a ello, en un cuaderno sobre Derecho al Territorio elaborado por el MNCI se lee, al respecto:

“En virtud de las transformaciones observadas en las zonas pampeanas de la provincia de Córdoba, las opciones hegemónicas son las dominantes, pero no las únicas. Desde distintos lugares del campo profundo surgen las resistencias heterogéneas que se expresan en acciones de protesta, reivindicaciones y exigencias políticas de reconocimientos de derechos, los que nos están llamando la atención sobre un proceso que parece ampliarse en las formas de penetración del capital por extensión, por intensidad y por despojo. Los movimientos sociales de América Latina y sus reivindicaciones por la distribución de la tierra y la soberanía alimentaria plantean el debate en torno al proyecto hegemónico global de la lógica de acumulación capitalista de los sectores rurales, y las resistencias que se expresan con el surgimiento de sujetos contrahegemónicos locales. Enmarcamos la actuación del MCC dentro de los movimientos sociales que surgieron en la década de los años ‘90 en distintas provincias del país para hacer frente a las políticas neoliberales globales” (MNCI, 2012).

Este abordaje invitó a abordar la conflictividad rural contemporánea del norte de Córdoba, haciendo énfasis en el despojo pero también en la contraparte indómita de estos procesos. Una doble operación simbólica fundamental que acompañó estos debates fue la de construir la idea de modelo campesino como previo y resistente a la incursión dominante del capitalismo en el agro, y la de reivindicarlo como forma de organización de la producción primaria no sumisa al capital.

Concomitantemente, en el campo académico esta discusión catalizaba una contraposición amplia y compleja en términos de supuestos y sus consecuencias analíticas, y que es frecuentemente referida como oposición entre dos paradigmas explicativos y dos propuestas políticas: el “capitalismo agrario” y la “cuestión agraria”. Mientras la primera es asociada a las perspectivas asumidas por organizaciones sectoriales o por instituciones públicas, la segunda es reivindicada por y para los movimientos sociales críticos al capitalismo (^{MançanoFernandes, 2008}).

Como señala ^{Hocsman (2014}), a diferencia de las intervenciones desarrolladas en torno a la noción de productorfamiliar, el concepto de campesino recuperado en el campo de la economía política permite, dada su referencia clasista,

…no sólo interpretar analíticamente las características y dinámicas socioeconómicas que lo constituyen, sino dar cuenta del horizonte político implícito -y explícito- en las modalidades de relacionamiento históricamente conflictivo [subalternizado y, por tanto, antagónico] con otras clases del campo, así como su particular relacionamiento con la naturaleza, no basado en su mercantilización (^{Hocsman, 2014}: 44-45).

Volver a hablar de campesinos, en este contexto, expresó la necesidad de (o la apuesta por) un corrimiento político desde pensar y prefigurar la articulación entre capitalismo y campesinado como momentos de un desarrollo progresivo, medido desde la vara de la producción capitalista, a pensarla como una relación de antagonismo o subordinación entre dos modelos contradictorios. Con esta dicotomía se reponía como central la condición de conflictividad y de lucha encarnada en una categoría clasista en contraposición a un concepto históricamente asociado a la forma organizativa de la producción.

Esta específica forma de conceptualización puede sintetizarse en una de las frases más elocuentes y más recuperadas de Armando Bartra:

“La palabra campesino designa una forma de producir, una sociabilidad, una cultura, pero ante todo designa un jugador de ligas mayores, un embarnecido sujeto social que se ha ganado a pulso su lugar en la historia. Ser campesino es muchas cosas, pero sobre todo es pertenecer a una clase: ocupar un lugar específico en el orden económico, confrontar predadores semejantes, compartir un pasado trágico y glorioso, participar de un proyecto común. En especial esto último: participar de un sueño, compartir un mito y una utopía” (²⁰¹⁰: 7).

Todo este desarrollo conceptual sirvió para visibilizar y ponderar a un actor que había sido negado en su especificidad, y sirvió también para lo que a los portavoces del espacio de vinculación que analizamos -y a los estudios críticos que lo tomaron como objeto- tanto les interesaba: reivindicarlo como actor político confrontativo y revolucionario.

La articulación de ello con una caracterización del proceso agrario en términos de disputa antagónica entre modelos territoriales sirvió al fin político de hacer reaparecer analíticamente al campesinado como polo positivo de una conflictividad inherente a la estructura social agraria. Se entiende, en estos términos, la eficacia política de convertir la categoría de campesino organizado en bandera de una lucha colectiva como condición de posibilidad de su subsistencia -y reemergencia- social.

Apoyado en fundamentos teóricos construidos en esta clave, aquellos portavoces que había trabajado en la aglutinación de una heterogeneidad de actores en torno a la categoría de productor familiar, condensada en el nombre “APENOC”, desplegaron luego estrategias dirigidas a consolidar el término campesino organizado como forma de posicionarse en el por entonces tan vigente debate en torno a la categoría de agricultura familiar, hegemónica aún en los organismos públicos y estructurante de las políticas de desarrollo rural (^{Hocsman, 2014}; ^{Mançano Fernandes, 2008}, ^{Cowan Ros y Berger, 2018}).

Ello se inscribe en el contexto nacional de los primeros años de este este siglo, cuando aún resonaban los resabios de la crisis política estallada en el 2001, que se proyectaban en el cuestionamiento a la estructura del Estado y a sus políticas como asistencialistas y ligadas al modelo neoliberal. Además, en una zona que arrastra las consecuencias de una larga historia de postergación y marginación en las políticas públicas, el Estado no era reconocido de manera extendida como garante de derechos.

Adoptar aquella categoría fue una forma, para el MCC, de definir su lugar en el escenario de disputa y delimitar su relación con otros actores. Además, de abonar la validez y la autoridad de un principio regulador de la práctica organizativa: lo que conseguimos es gracias a la organización. La experiencia de alcanzar mejoras en la calidad de vida y de haber podido frenar desalojos a partir de la solidaridad y articulación entre vecinos abonó la confianza en la efectividad de esta forma organizativa como apuesta válida para ese contexto espacio-temporal.

Este movimiento inscribe definitivamente la práctica del MCC en un proyecto movimentista global que cuestiona la apropiación privada y privativa de los bienes naturales y del trabajo humano para la acumulación de riquezas, y reclama la recuperación de su control para el pueblo con la finalidad última de reproducir la vida en condiciones de dignidad.

Asumirse como campesinos organizados significó, por un lado, dejar de posicionarse como productores demandantes de políticas estatales, dejar de ser pobres rurales destinatarios de políticas sociales y pasar a reconocerse como colectivo que encarna en sus prácticas un modelo productivo alternativo y contrapuesto al del capitalismo agrario. Por el otro, de encuadrar las estrategias políticas en un horizonte de autonomía en relación a los lineamientos de la institucionalidad pública y alternativas a las apuestas dirigidas al campo político partidario y al espacio estatal⁹. Aunque no sería correcto inscribir a este colectivo de manera estanca en una posición autonomista, sí es atinado reconocer que, tras la noción de campesino organizado, se escudaba la decisión política de priorizar los procesos organizativos que se desplegaban por fuera del campo político institucional como forma de resolver necesidades y, sobre todo, como forma de disputar el control de la tierra:

“En el MNCI tenemos una estrategia amplia de lucha por la tierra. Hay una cuestión efectiva que es el tema de concienciar en organizarnos. Pensamos mucho en lo poco efectivo que han sido ciertos espacios como las mesas de diálogo que se inventan: ‘mesa de tierras’, ‘mesa de diálogo’, ‘mesa de enlace’, comité de emergencia’, ‘registro de poseedores’… La cuestión es que el capitalismo no se detiene en estos espacios, la lógica de pensamiento en estos espacios es la misma, apaciguarnos, distraernos. El capitalismo se detiene cuando salimos a parar los desmontes del agronegocio en el territorio” (MNCI, 2012).

De manera similar, Neves describía este tipo de procesos sobre su caso de estudio afirmando que:

“La forma de confrontación con los apropiadores de tierras requirió renunciar a agruparse bajo la categoría de productor familiar, o de pequeño productor, y aglutinarse en torno a la de campesino, reclamando los derechos asociados a ese grupo. Así otras estrategias se volvieron necesarias: otras redes, otros valores, otros enemigos se constituyeron” (^{Neves, 1997}: 264).

Frente a condiciones de subordinación estructural de las familias campesinas de cara al avance de la territorialización del capital, la opción constituirse como una organización política con estas características fue parte de una apuesta dirigida a defender colectivamente la posesión de las tierras, fortalecer la producción campesina y mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la región. Recuperar para sí una noción de campesino como sujeto desplazado pero resistente, fue una manera de acumular capital simbólico en la arena pública, en una disputa que en ese momento se estaba librando fundamentalmente en contra de los empresarios o productores capitalistas. La apuesta fue construir un diagnóstico centrado en la idea de una lucha de clases que se libraba en las transformaciones de la estructura agraria y en la cual el Estado aparecía fundamentalmente como aparato de dominación de una clase, como garante de los derechos de los empresarios en detrimento de los de los campesinos.

La articulación entre debates y disputas simbólicas que se daban concomitantemente dentro de los campos académico y político le dio, de esta forma, un lugar autorizado y autorizante al diagnóstico que reconocía a los productores rurales de la región noroeste de Córdoba como expresión local de un sujeto político latinoamericano: el campesinado resistente.

Esta operación es parte constitutiva del trabajo político de conformación del MCC. Su efectividad política se sustenta en su capacidad performativa para producir un grupo y no otro; para delimitar, definir, habilitar y restringir el margen de lo posible y de lo pensable; para legitimar, autorizar, validar lo que se puede y debe hacer y lo que no. A fin de cuentas, para moldear las prácticas.

5. La categoría campesino entre los campesinos. El trabajo político de reproducción de una categoría y sus condiciones de apropiación

En el apartado precedente se presentó una de las dimensiones o aristas del proceso de conformación de una clase en torno a la categoría de campesino organizado: aquella centrada en el trabajo realizado por agentes especializados. Portavoces que son parte del colectivo y que, en alianza y diálogo con especialistas del espacio académico, despliegan y desarrollan una tarea que es al mismo tiempo práctica y simbólica. Ésta consistió en encontrar una síntesis que vuelva coherente la conjunción de descripciones exhaustivas de la realidad socioterritorial de la región con necesidades políticas de reconocimiento y reivindicación del colectivo. En esa correspondencia se deposita la esperanza de que “la verdad” sobre la condición campesina, sobre el antagonismo con un modelo de desarrollo agrario calificado de excluyente, sobre su inclusión en un proceso de organización de escala latinoamericana, sea reconocida y adoptada como “la verdad de su propia condición” por todos quienes hacen parte del MCC.

Pero, como se ha dicho, paralelamente a las condiciones de las disputas simbólicas desplegadas en estos campos -concentrada significativamente en las prácticas de los agentes especializados en el trabajo político- la efectividad política de una categoría depende también de las condiciones de apropiación por parte de aquellos actores que pretende “representar”, de su capacidad para convertir las condiciones de existencia compartidas en un factor de identificación y movilización colectiva.

En palabras de Bourdieu, presupone ese “acto de magia que permite hacer existir lo que no era sino una colección de personas plurales, una serie de individuos yuxtapuestos, bajo la forma de una persona ficticia, una corporación, un cuerpo” (1988: 162).

Tal como se pretende demostrar en este último apartado, las disposiciones y las prácticas colectivas de los pobladores rurales de los departamentos de Minas y Cruz del Eje que forman parte del MCC no fueron estructurados de manera directa, inmediata, a partir de la ‘mano invisible’ del contexto de conflictividad agraria latinoamericana, sino que se encontraron mediadas por un proceso de trabajo político. En ese proceso, la apropiación de la categoría de campesino organizado por parte de quienes participan del espacio organizativo fue, como ya se ha repetido, una apuesta fundamental.

La frase recuperada en el título de este artículo “Decir ‘yo soy un campesino organizado’ es tu política” fue formulada en una entrevista realizada en 2016 con Beto, un poblador y productor de unos 40 años que vive con su familia en Cañada Larga y participa de APENOC desde sus inicios. Mientras describía su participación en el MCC y caracterizaba las especificidades de este espacio colectivo, deslizó esa afirmación, cuya contundencia radica menos en su originalidad respecto a las manifestaciones comunes en este espacio de vinculación que en su capacidad de condensar de manera sintética una forma extendida de dar sentido a la práctica organizativa. Así como ésta, es posible rastrear, en narraciones orales y fuentes documentales sobre los primeros años de APENOC, numerosos relatos de diversos actores que señalan que la auto-denominación como campesino se empezó a usar sistemáticamente a partir de una intencionalidad política descrita como toma de conciencia de la propia posición y como forma de revalorización de una categoría social históricamente estigmatizada.

“Si, o sea, antes, antes que se forme la organización mucha gente no quería ser campesino porque le daba vergüenza, o será porque tiene miedo de que se le rían la gente (…) y campesino [ahora] o sea significa que nosotros ya no tenemos miedo de sentirnos campesinos como antes.” (Sebastián, Los Escalones, 2009, Decándido).

“Estamos rescatándonos como campesinos, nos ponemos el traje de campesinos y recuperamos nuestra identidad.” (Cartilla de APENOC).

A partir de ese trabajo político se establecieron, para mis interlocutores, conexiones factibles de ser interpretadas en términos de escalas (entre lo macro y lo micro), de condicionamientos (entre lo estructural y la práctica) o en términos de interrelación entre universos sociales o campos (entre el campo político y el espacio de la reproducción social). Estas mediaciones hicieron posible que el involucramiento de una productora de cabras de Pichanas con un proyecto de huerta, o la participación de una portera de una escuela rural de El Quicho en un taller de género puedan ser considerados como parte de un proceso de lucha del campesinado latinoamericano contra la opresión histórica del capitalismo.

Ello convirtió a este espacio de vinculación en algo percibido como novedoso para la región. Novedoso no porque no hayan existido previamente experiencias de colaboración, tradiciones comunitarias, formas de reciprocidad y organización colectivas entre vecinos; sino porque sólo a partir de ciertas condiciones y de la capacidad prefigurativa del trabajo político de un grupo de militantes (en ‘alianza’ con un grupo de académicos) fue posible que la cotidiana tarea de reproducirse socialmente de las familias de la región significada en términos clasistas y articulada a un espacio político particular del que los pobladores no habían participado anteriormente: el campo movimentista latinoamericano.

“E- Y la gente de acá, antes que lleguen ellos ¿nunca habían pensado en organizarse? M- No, nunca. Nunca. Nunca lo vimos de unirse, nunca lo pensamos así como está ahora. E- Y tampoco sabés de que haya habido antes… M- No. nunca ha habido así…” (Marta, Las Abras, 2009, Decándido) “E- ¿Sabés de alguno… sabés de historias, cosas, antecedentes comunitarios, de luchas comunitarias en la zona, antes de APENOC? C- Eh… no, no. Sí en la zona de Media Naranja, de Cruz del Eje al norte, ahí sí hubo una familia que… pero fue por un momento, digamos, por algo concreto que necesitaban… También en El Chacho, por la lucha por el agua (…). Pero no más que eso. O sea, acá en la zona es como que… lo comunitario, lo de… salir a luchar con otra gente, con otras comunidades, nace a partir del ‘99 cuando empieza la organización, digamos” (Carmelo, Cruz del Eje, 2009, Decándido).

La extendida apropiación de la categoría en este espacio de vinculación da cuenta de su capacidad estructurante. Así como frente al cura se movilizará la identidad católica; frente al intendente, la pertenencia ciudadana; frente a todo lo que tenga que ver con el MCC (y por lo tanto, también en lo relativo a las interacciones que constituyeron mi trabajo de campo) se activa prioritariamente una particular ‘identidad campesina’ como aquello que se supone que debe ser la principal forma de ponerse en escena.

Este relato de la propia historia y del propio lugar social asume formas diferentes e irreductibles pero, en términos generales, es una forma de construcción de la campesinidad que no recoge elementos aleatoriamente, sino que se erige en base a aquellas cualidades que pueden ser reconvertidas y reinterpretadas en clave de resistencia, lucha, solidaridad, compromiso o que ‘demuestran’ que la vida campesina es una alternativa auténtica a los modelos empresariales de organización de la actividad agraria en base al despojo, la explotación y el desplazamiento.

Esta operación selectiva se recuesta entendimiento tácito de cuáles son los elementos legítimos en torno a los que se articula este ‘ser campesino’ asociado al colectivo-MCC. Este “conocimiento práctico” (^{Bourdieu, 1995}) radica en la habilidad de reconocer cuáles son los más y menos valorados elementos de la ‘campesinidad’, y se manifiesta de manera contundente en la relación que los agentes establecen con lo foráneo, con aquello que reconocen como ‘no campesino’.

Los acuerdos implícitos que regularon (sino completamente, al menos en gran medida) las interacciones de campo que se dieron en el marco de mi investigación estuvieron atravesados por estas disposiciones, según las cuales se estima y desestima lo que es o no relevante comunicar sobre la experiencia de vivir en el campo del noroeste cordobés, y en función de las cuales los sujetos construyeron para mí un relato lo más coherente y transparente posible.

Como señala ^{Bourdieu (2014}), no es novedad que los campesinos se encuentren obligados a representar el papel -para los citadinos, pero también para sí mismos- de alguna de las figuras de campesino, a hacer de “campesino encampesinado”. En este proceso, algunas de sus problemáticas, sus demandas, sus costumbres, sus vínculos son recuperadas para ser articuladas en relación con esa identidad particular, contribuyendo a instaurar, consolidar y legitimar unas formas específicas de organización interna y de acción pública, una forma (y no otras) de resolver sus ‘problemas’.

Esta forma de afirmación de una pertenencia social y territorial es una condición explotada por el MCC al momento de poner en escena la representatividad que el colectivo tiene en relación a sus ‘bases sociales’. Hay instancias de escenificación política en las cuales las marcas de clase de los portavoces foráneos son valoradas negativamente. Sobre todo, cuando la validez de la forma organizativa apela a la auténtica representación de una clase que, a priori, no se encuentra corporizada por aquellos dirigentes de origen social y geográfico externo a la categoría socialmente extendida de campesino.

Esta dinámica se manifiesta claramente, por ejemplo, cuando se dan encuentros con funcionarios con el fin de negociar recursos o políticas públicas o cuando se participa de encuentros e intercambios con otros movimientos y organizaciones sociales. Para legitimar la pretensión de incidir en la definición de políticas y los recursos a ellas asociados, así como para validar la participación en el campo de los movimientos sociales, el MCC debe mostrarse como el legítimo colectivo representante de una población específica y legítimo organismo de canalización de sus demandas. Uno de los capitales principales a invertir para alcanzar esa posición es demostrar en la arena pública la capacidad de constituirse como grupo organizado y movilizado de ‘campesinos auténticos’.

Aunque esta operación tenga sentido en términos políticos, sería una reducción sociológica asumir, sin más, que la multidimensionalidad que atraviesa las prácticas y relaciones de los pobladores rurales son en todo coherentes y reductibles a la escenificación de sí que despliegan en las apuestas relativas a su comportamiento colectivo en el campo político. La asunción de la perspectiva etnográfica contribuyó, por un lado, a detectar ese riesgo y a convertirlo en parte objeto de investigación y, por el otro, a acceder a dinámicas cotidianas ‘campo adentro’ en las cuales esas escenificaciones por momentos se ‘relajaban’. Allí accedí a otras formas de significar la participación en este espacio de vinculación. Ir a un encuentro provincial no siempre ni para todos significa contribuir a la lucha de los oprimidos del campo, participar de una red de comercio justo no necesariamente es simbolizado como una apuesta estructural por el fortalecimiento de intercambios más igualitarios; defender la posesión de las tierras no significa encorsetar las estrategias económicas a la producción familiar y no capitalizada de alimentos ni restringir la actividad política a la participación en organizaciones como el MCC; presentarse ante funcionarios públicos como representante de los campesinos organizados del noroeste de córdoba no inhabilita la posibilidad de apelar a otras categorías de identificación (partidarias, religiosas, ciudadanas) en redes de vinculación política que se despliegan de manera paralela a la del Movimiento.

Con esta ilustrativa referencia a un complejo panorama, quiero decir que, independientemente de la capacidad articulatoria que tiene la escenificación de ese campesino organizado, los sentidos y las prácticas que los diferentes agentes asocian a esta posición en su vida cotidiana son sumamente heterogéneos (^{Decándido, 2019}, ²⁰¹¹). La condición de campesino se vincula a campos semánticos disímiles; se moviliza en situaciones diversas y se combina con relaciones sociales y políticas que exceden aquellas circunscritas la red vincular del Movimiento. Las familias que hacen parte del MCC desarrollan estrategias de reproducción que exceden ampliamente la producción familiar no capitalizada de alimentos al tiempo sus estrategias de vinculación política extralimitan la condición de sujetos revolucionarios.

Como dijo uno de los militantes de APENOC en una actividad dirigida a estudiantes universitarios que iban a hacer pasantías al Movimiento:

El Movimiento Campesino está formado por familias muy diversas. No en su condición social (porque todos son productores de cabritos), sino en cuanto a compromiso, cabeza, corazón, cuerpo, manos. Hay gente que tiene mucha claridad y la explica y milita muy clara. Pero no todas las familias son así. Algunas participan en una marcha, un evento, una campaña, un viaje, en la escuela, o en alguna reunión de comunidad, esporádicamente, y después no vienen más. Estas familias no la ven tan clara y no la explican tan clara (Augusto, Serrezuela, 2015, Decándido - Registro de campo).

Y aquí es pertinente movilizar otro factor para complejizar la descripción de Augusto: el hecho de que los recursos simbólicos y culturales para poner en escena la campesinidad, como elemento identitario que debe ser movilizado políticamente, están desigualmente distribuidos hacia el interior del espacio. Con ello refiero, fundamentalmente, a las ya mencionadas condiciones de desigualdad entre quienes asumieron la posición de portavoces (capitales simbólico, político, cultural mediante) y quienes, desprovistos de tales recursos, delegaron parte del trabajo político a quienes (reconocimiento mediante) se instituyeron como sus representantes legítimos.

Lo que pretendo destacar aquí es que esta polisemia y esta pragmática irreductible que se despliega en la cotidianidad de los campesinos organizados tensan y complejizan las condiciones de apropiación de aquello que los portavoces proponen cuando cristalizan una específica categoría de lo que significa ser campesino, asociándolo a un proyecto revolucionario, confrontativo y antagónico. Cuestiona, también, las tendencias encorsetantes que muchas veces movilizamos desde las ciencias sociales para definirlos y caracterizarlos desde la vara de su adecuación (o no) a procesos de resistencia clasistas.

Asumir para nuestros estudios que sólo es pertinente lo ‘encampesinado’ de los campesinos, lo revolucionario en sus prácticas organizativas, lo coherentemente crítico de sus discursos, es problemático en términos metodológicos y epistemológicos (porque implica tomar sin más una categoría social como categoría analítica y omitir las condiciones sociales de su producción y su validez) pero también lo es en términos políticos, en la medida que fuerza a nuestros interlocutores a encajar en modelos que los reducen y objetualizan.

6. Conclusión

En este artículo se pretendió dar cuenta de la configuración del MCC como un colectivo de campesinos organizados no fue un proceso automático, derivado directamente del contexto de conflictividad agraria del espacio rural del noroeste de Córdoba de principios de este siglo, sino que estuvo mediada por el trabajo político de un grupo de especialistas cuya dotación de capital y trayectorias sociales, especialmente las de socialización política, habían moldeado sus habitusy los ubicaba en condiciones favorables para ocupar la posición de agentes activos en la división del trabajo político al interior de un espacio de vinculación que fue configurándose en torno a la conformación de APENOC.

La categoría de campesino organizado fue estructurante porque generó “efectos de cuerpo” respecto de un espacio de vinculación en una espacio-temporalidad concreta. Las condiciones en que se desplegó este proceso fueron reconstruidas en las páginas precedentes: Se referenciaron las condiciones de sostenimiento de la posición particular de ‘los que vinieron’, lo cual favoreció la privilegiada influencia de sus formas de concebir y practicar la organización colectiva por sobre otras lógicas de vinculación. Se recuperaron las condiciones coyunturales de las transformaciones de la estructura agraria de la región en la que se conforma APENOC, que con el incremento de la presión directa sobre la posesión de las tierras hizo inmediata, extrema y manifiesta la conflictividad entre actores, y habilitó las condiciones materiales para una disputa capaz de configurarse en términos de confrontación entre clases. Referí a la disponibilidad de producciones académicas comprometidas con establecer estas relaciones, visibilizar las consecuencias sociales de la expansión del capitalismo agrario y reivindicar las expresiones colectivas de los sectores agrarios subordinados como parte de un proceso de resistencia al capitalismo.

Dadas esas condiciones, se dio cuenta del proceso social de construcción de un grupo en torno a una particular categoría de campesino como momento estructurado y estructurante. Estructurado por estas condiciones que acabo de enumerar, y estructurante de una forma particular de conformación del colectivo y de sus lógicas en tanto “cuerpo”. En relación a ello, se atendió especialmente al trabajo de articulación simbólica que desplegó un grupo de especialistas y que se valió de la apropiación y diálogo con agentes del espacio académico. A partir de ello se estructuraron debates y discusiones que contribuyeron a la elaboración de una categoría que, recostada en cierta legitimidad analítica, tuviera, sobre todo, efectividad política.

Dicha operación, sumada a la efectividad práctica del comportamiento corporativo favoreció la adhesión de los pobladores locales a estos principios organizativos y permitió que el MCC se consolidara como legítimo representante de los campesinos organizados del Noroeste de Córdoba. Con la conformación del MCC, se constituyó un grupo movilizado o movilizable al tiempo que se produjeron las condiciones de legitimidad de la posición de los portavoces y de su trabajo político. Ello se sostuvo en prácticas de escenificación de un “campesino encampesinado” asentadas en un proceso selectivo consistente en rescatar -para sí mismos y para los foráneos- algunas cualidades de la propia condición social y de las relaciones desplegadas en ese espacio rural y en omitir otras.

Sin embargo, el proceso de fijación, de consolidación, de clausura que respaldan el “efecto de cuerpo” de categoría de campesino organizado no es total, absoluto, unidireccional, definitivo ni estático. Para dar cuenta de ello se presentaron sucintamente elementos que refieren a un proceso cuyo desarrollo exhaustivo excede los límites de este artículo. Ello, no obstante, sirvió para plantear que las formas de apropiación de la categoría de campesino revolucionario, resistente, luchador, emancipado y crítico, así como la adhesión a unas formas particulares de la práctica colectiva, se produce y reproduce cotidianamente en tensión con la persistencia y convivencia (más o menos conflictiva) con otros principios de filiación y con otras lógicas de vinculación.

Para concluir, cabe destacar aquellos aportes que considero más relevantes en términos teóricometodológicos y epistemológico-políticos. Lo primero que rescataré es la utilidad de las herramientas bourdeanas para reinsertar el análisis sociológico en las mediaciones que configuran la práctica política: en vez de asumir a priori que el MCC es la expresión local de procesos de movilización del campesinado latinoamericano, el marco teórico-metodológico invitó a describir qué mecanismos sociales sustentan histórica y prácticamente esta mediación. Por otra parte, el enfoque etnográfico, tal como señala ^{Rockwell (1986}), ha contribuido al proceso reflexivo de atender a las formas en que se desplegaban en el ‘campo’ (y no solo en el proceso de investigación) las relaciones y entre categorías analíticas y categorías sociales.

De ello se desprende el último aporte, de carácter epistemológico-político. La comprobación de que las posibilidades de comprender la complejidad de los procesos políticos que se dan en el espacio rural se expanden cuando se suspenden las matrices normativas como única manera de legitimar, desde las ciencias sociales, aquellos procesos que estudiamos y con los que habitualmente simpatizamos. Tal como señala Julieta ^{Quirós (2014}), cuando propone buscar relaciones más genuinas e interesantes entre conocimiento y política y convoca, no a volver a señalar lo siempre señalado, a “reafirmar y confirmar que los malos son malos y los buenos son buenos” (²⁰¹⁴: 63); sino a reponer los mecanismos sociales que operan en las relaciones y los procesos que estudiamos para complejizarlos desde lugares incómodos, controversiales, contradictorios. Lugares que no se podrían habitar sin las herramientas que todo un cuerpo de trabajadores de la ciencia ha construido para ello y que sustentan una “verdad sociológica” que tiene su génesis en mecanismos diferentes a los que operan en la práctica política.