Sumario

1. Introducción 2. Origen y sentido del Monotributo Social Agropecuario como dispositivo de gobierno 3. Cambios en la conducción política y en la distinción de los sujetos: la transformación del MSA 4. La movilización en torno al cambio en el Monotributo Social Agropecuario 5. Reflexiones finales 6. Referencias bibliográficas.

1. Introducción

Desde la producción de las primeras políticas estatales para el desarrollo rural en el retorno de la democracia en Argentina se ha establecido como población objetivo sujetos/as carentes de tierra, de capital y con necesidades de capacitación. En los documentos que se gestan en las distintas unidades burocráticas¹ dedicadas a estas políticas se describen las condiciones de vida adversas y la ausencia de formalidad. Estas productoras y productores minifundistas o pequeños², según se argumenta desde esos escritos, no accedían a créditos bancarios ni a capacitación y tampoco contaban con tecnología en sus predios de trabajo. En el caso del Programa Social Agropecuario (PSA)³, en los primeros documentos, se describe cómo esta política promueve el crédito para los pequeños productores a partir de la confianza como un valor social perdido y como una entrega desde el estado a un sector que no es reconocido desde otras instituciones como un sujeto de crédito (SAGyP, 1995; SAGPyA 1998).

La década de 1990 en Argentina estuvo atravesada por cambios estructurales tales como los que se enmarcan en la reforma del estado. Se subordina la moneda nacional a partir de la ley de convertibilidad, se desarma la junta nacional de granos a la par de otros avances desreguladores como la privatización de empresas estatales y la apertura al mercado mundial (^{Thwaites Rey, 1999}). Esto generó un contexto adverso para los sectores más descapitalizados del sector rural, para Esteban ^{Tapella (2003}) en Argentina “se implementan diferentes fondos de inversión social para mitigar las políticas de ajuste, reducir los niveles de pobreza y frenar las migraciones rurales focalizando en distintos tipos de productores y pobres rurales” (²⁰⁰³:16).

En el año 2008 se produce en Argentina la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (SsDRyAF), un año después obtiene el rango de Secretaría de Estado con dos Subsecretarías en el marco del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP). Es en este contexto donde a partir de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía y Producción⁴ se crea el Monotributo Social de costo cero, específico para pequeños productores (^{Torres 2018}).

En este artículo, a partir de combinar lectura de documentos oficiales (manuales operativos y de gestión en el marco del PSA, digestos administrativos y resoluciones ministeriales), material periodístico, observación y participación en algunos hechos puntuales (movilizaciones y sesiones en la cámara de diputados), se busca indagar acerca de un dispositivo de gobierno como instrumento de regulación e identificación. Específicamente, nos preguntamos ¿Cómo desde el MSA se movilizaron ideas acerca del reconocimiento de derechos y de conformación de sujetos particulares en el contexto de una medida tributaria? Nos preguntamos acerca de los criterios de legibilidad, del acceso al mercado y las características del mismo.

El MSA funcionó por casi diez años en la órbita de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y sus posteriores transformaciones. Fue una herramienta que permitió a un sector con altas tasas de informalidad poder facturar por las ventas de sus productos sin tener que asumir los costos de otro tipo de régimen tributario, como el Monotributo o el Monotributo Social⁵ .

La cancelación del MSA se anuncia en el año 2018. En este contexto de término de este régimen se produjeron una serie de movilizaciones de sectores organizados del sector rural subalterno.

Muchos escritos sobre las políticas estatales de desarrollo rural en las últimas décadas han caracterizado el modo en que se producen las políticas, cómo fueron delineadas, otros se han enfocado en la implementación mientras que algunas/os autores/as se dedicaron a evaluar cómo habían sido ejecutadas (^{Manzanal y Nardi 2008}; ^{Neiman 2010}; ^{Fernández 2018}). Encontramos importantes contribuciones a la temática y una vacancia en aquellas miradas acerca de la política estatal que busca desarmar su naturalización y, en este escrito, a partir de una experiencia puntual queremos contribuir a ello.

Desde los estudios antropológicos del estado y, sobre todo, a partir de incorporar una perspectiva etnográfica en los análisis se aporta en "aprehender una porción del mundo social a través de un análisis centrado estratégicamente en las perspectivas de los actores y tendiente a integrarlas coherentemente en sus productos" (^{Balbi 2010}: 172). La perspectiva nativa, aclara Balbi, es una construcción analítica que desarrolla la/el etnógrafa/o a partir del análisis del comportamiento que se observa, atendiendo a aquello que se dice y a la información no verbal. Para Penélope ^{Harvey (2005}) "el desafío para una etnografía de cualquier estado es entonces identificar los trazos materiales que pueden ser involucrados etnográficamente y que abren, más que cerrar, subsiguientes perspectivas sobre las estructuras y las prácticas a través de las cuales este modo particular de poder tiene lugar y es reproducido" (²⁰⁰⁵: 10).

Timothy ^{Mitchell (2015}), por su parte, advierte que el estudio académico del estado tiende a representar de forma tergiversada la incoherencia de la práctica del estado. En su estudio acerca del efecto estado, inspirado tanto por Philips Abrams como por Michael Foucault, va a centrar parte de su análisis en el gobierno. Para él, "el gobierno refiere al poder en términos de sus métodos, más que a sus formas institucionales" (²⁰¹⁵: 169). Esta consideración del autor interesa a nuestros fines en este artículo centrado en el análisis de un dispositivo de gobierno.

En la noción de efecto de estado Michel- Rolph^{Trouillot (2011}) incluye el efecto de aislamiento, de identificación, de legibilidad y de espacialización. El primero refiere a la producción de sujetos "individualizados y atomizados moldeados y modelados para la gobernanza como parte de un público diferenciado específico" (²⁰¹¹: 151), el efecto de identificación da cuenta de cuando se reordenan las subjetividades atomizadas en función de líneas colectivas donde los individuos se reconocen como iguales, el efecto de legibilidad indica la producción de un lenguaje y de un conocimiento común para la gobernanza, se crean herramientas de clasificación donde se busca regular colectividades. El último efecto, el de espacialización refiere a la producción de fronteras en los territorios.

El planteo de efecto de legibilidad que anuncia Trouillot está inspirado en Scott, en su idea de las prácticas de la legibilidad. Son efectos que se producen a partir de los instrumentos de planificación gubernamental (²⁰¹¹: 166).

A partir de estas consideraciones teóricas y la estrategia metodológica presentada anteriormente la organización del artículo se dispone de la siguiente forma; luego de esta introducción se hará una descripción del MSA desde su inicio hasta su finalización atendiendo a los cambios que se produjeron en las unidades burocráticas hasta el 2015. En la segunda sección se abordan las transformaciones en la cuestión del desarrollo rural pos 2015 y, en la tercera parte de este escrito, se analizan las movilizaciones que se produjeron a partir de las modificaciones del MSA. En la sección final se ensayan las conclusiones.

2. Origen y sentido del Monotributo Social Agropecuario como dispositivo de gobierno

El MSA se encuentra dirigido a "formalizar la comercialización de productores procedentes de la franja de actores agropecuarios de limitado potencial productivo, garantizándose asimismo, el acceso a una obra social y el cumplimiento de aportes previsionales" (^{Torres, 2018}: 35). Este dispositivo se origina en el año 2009 a partir de un acuerdo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el Ministerio de Economía y Producción, unidad burocrática de la cual dependía la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentos (SAGPyA). A diferencia del Monotributo Social, esta creación entre las dependencias citadas era de costo cero para el/la beneficiario/a.

El Monotributo Social no es de costo cero, pero si tiene una parte subsidiada por la unidad burocrática donde pertenece. Esta categoría tributaria "procura incorporar a la economía formal a aquellos actores en situación de vulnerabilidad que desempeñan actividades productivas, comerciales o de servicios al margen de la regularidad impositiva y previsional" (^{Torres, 2018}:1). Se crea en el año 2004 a través de la ley 25.865 como una variante del régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

Al revisar el manual operativo del PSA del 2010 (SAGPyA, 2010) se describe al MSA como "herramienta de inclusión y reforzamiento de derechos".

La narrativa acerca de la ampliación de los derechos o el reforzamiento de los derechos aparece de forma frecuente en los documentos oficiales que tomamos de referencia, también en los discursos tanto de los dirigentes del sector rural subalterno como en el de muchos funcionarios entre los años 2009 y 2015. De forma general viene acompañada de la idea de reconocimiento. En este escrito, tomamos la idea de ampliación de derechos como una categoría nativa del campo que estamos analizando, no como un hecho, sino como narrativa movilizada por algunos/as sujetos/as en situaciones determinadas. En palabras de uno de los Directores del Monotributo ⁶ se da la "incorporación a la economía formal como un derecho". Las características no se agotaban en no tener un costo para el beneficiario y poder facturar sino que, además, permitía contar con cobertura de salud para el grupo familiar y aportes jubilatorios.

Como criterio de elegibilidad⁷ (^{Fassin, 2003}), la/el beneficiaria/o debía cumplir con algunas condiciones, tenía que estar identificado en el Registro de la Agricultura Familiar (RENAF) y el monto anual facturado no podía superar los $72.000⁸ anuales.

La idea del Registro de esta población tiene su origen en la escala trasnacional, en la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF) que se crea en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en el año 2003. En el plano local, el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) fue una propuesta que surge desde el Foro Nacional de la Agricultura Familiar⁹ (FoNAF) (2007) para la "ejecución de políticas específicas dirigidas a la agricultura familiar" (14: 2007) . Estas vinculaciones revisten interés porque da cuenta de cómo algunas ideas que se cristalizan luego en forma de políticas estatales específicas que tienen su origen fuera del ámbito institucional-estatal.

A partir de la resolución de la SAGPyA N°255/07 se habilita la creación del Registro en la Secretaría, según el documento citado, se siguen las propuestas que habían recomendado las organizaciones nucleadas en el FoNAF. El objetivo del registro era tener información completa de todos/as las/os destinatarias/os y potenciales destinatarias/os de las políticas de Agricultura Familiar.

En un primer momento el registro era llevado por las organizaciones del sector y la inscripción fue planteada de manera voluntaria. Siguiendo el documento base del FoNAF (2007):

Las organizaciones cuentan con la capacidad de establecer un control social genuino sobre sus asociados y sobre los productores familiares en general, lo que, con supervisión por parte de la SAGPyA, garantizará la equidad y transparencia en el funcionamiento del registro y consecuentemente en la aplicación de las políticas para el sector (2007:15).

Para ^{Jara et. al (2019}) "La creación del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF), en agosto del 2006, con participación de representantes de numerosas organizaciones del campo, generó los lineamientos sobre políticas públicas orientados al diseño de un plan estratégico para la Agricultura Familiar" (²⁰¹⁹: 346). Si bien desde la creación del PSA e incluso, en experiencias de otros programas de desarrollo rural en Argentina, se contempló la participación de los beneficiarios y se ha reconocido esa participación en las coordinaciones de algunos programas (^{Marcos 2020}), en este momento ese vínculo parece establecerse de un modo más estrecho.

Tanto el reconocimiento desde las instituciones estatales al FoNAF y luego al CAFCI, actualizan la necesidad de formalizar al sector, incluso reconocer mediante regulaciones específicas los espacios de diálogo. Tanto el RENAF como el MSA, estaban atravesados por la misma visión: formalizar un sector y sus actividades. Un mecanismo para hacer visible no solo como sujetos beneficiarios de políticas de desarrollo rural sino activos en estas. La producción de estos dispositivos hace visible lo invisible. Formalizar aquí es distinguir un grupo de sujetos/as que quedaba al margen de toda regulación.

Una de las preguntas que nos hacemos reside en esto último, en la necesidad de formalizar. Esto no es una novedad de los últimos años en este tipo de políticas estatales, sino que está presente, al menos, desde la década de 1990 donde se produce como necesidad oficializar el sector para acceder al mercado en mejores condiciones. También es una narrativa movilizada en pos de que las organizaciones cuenten con personería jurídica, que puedan ser identificadas. El MSA colabora con la idea de encuadrar la actividad en un marco jurídico en tanto pueden tener un registro de las ventas a partir de su facturación y, pueden acceder a derechos específicos que en otro momento, quedaban excluidos por las condiciones de informalidad, como el acceso a una jubilación y a un seguro médico.

Un aporte de ^{Foucault (2006}) es la pregunta acerca del modo en que busca ser gobernada la población. A partir de su análisis y sus preguntas acerca de cómo ser gobernado, por quién, hasta qué punto, con qué fines y buscando qué resultados. Allí surgen las claves para comprender la constitución de problemas de gobierno singulares que se constituyen desde las instituciones a través de procedimientos, cálculos y tácticas que permiten un ejercicio del poder. Una cuestión que encontramos original en este enfoque es que nos permite corrernos del estado como objeto-cosa para poder comprender el modo de gobierno.

Los aportes de Foucault son reconocidos en los trabajos de Nikolas ^{Rose y Peter Miller (1992}) quienes piensan al estado como un problema de gobierno. En este sentido, podemos pensar al MSA como una tecnología de gobierno particular que tiene como objetivo un efecto de legibilidad. A partir de la puesta en marcha de este dispositivo se crea una población particular que no solo produce y vende al mercado, sino que tiene un registro de ello y un reconocimiento tanto desde las instituciones estatales como de cualquier grupo social que les compre.

El mercado, lugar producido como inaccesible y a la vez inevitable para el desarrollo, se transforma en un espacio al que, a partir de estar registrado, reconoció a los agricultores familiares como sujetos. Desde el MSA se tornaron legibles, pudieron ser identificados.

La cuestión del mercado, producido como inaccesible por un lado y como lugar formal por el otro, fue tradicionalmente el centro de las políticas de desarrollo. Como afirman Caroline Dufy y Florence Weber (²⁰⁰⁹):

En el mundo occidental, el mercado se presenta como una construcción cognitiva eficaz, es un referente en relación al cual los agentes construyen las transacciones concretas. La fuerza así establecida del mercado abstracto implica considerar el rol esencial desempeñado por los economistas en tanto agentes de la difusión del modelo del mercado en el debate público. El mercado no se presenta como un concepto descriptivo sino más bien como una referencia activa en la construcción de las representaciones y de la identidad social occidentales [Carrier 2005] (²⁰⁰⁹: 53-54).

En el marco de las políticas de desarrollo rural, no era solo la falta de capacitación y capital lo que constituía la condición de subalternidad de las/os productoras/es sino también el limitado acceso que tenían al mercado que se daba por la combinación de las dos primeras cuestiones (entre otras). A pesar de los cambios en este tipo de políticas, de las transformaciones del contexto general, el acceso al mercado nunca fue cuestionado desde los documentos oficiales ni en el discurso que encarnaron muchos funcionarios.

En la revisión, tanto de manuales operativos, como de otros documentos que se producen desde las gestiones, las formas no mercantiles de intercambio aparecen de manera subordinada y de modo exclusivo, en los documentos que se hacen en el contexto de la crisis socioeconómica del 2001 (PSA 2001). Si bien encontramos menciones y acciones que tienden a favorecer otro tipo de relaciones económicas, como la economía social y solidaria, o a reconocer a sujetos/as productores/as a través de la categoría economía popular, no se cuestionó al mercado como destino privilegiado de las mercancías. Por ello, el Monotributo cobra sentido y aparece como elemento coherente en esta trama.

A través del MSA los/as agricultores familiares podían facturar sus ventas, hacer legible los ingresos prediales a través de facturas donde se registraban los intercambios. También les permitía acceder a canales de venta que, sin la posibilidad de emitir una factura, aparecen vedados, como ser proveedores de instituciones estatales o empresas. Y, a su vez, presentaba la ventaja de no sumar costos fijos, ya que era subsidiado por el MAGyP y el MDS.

Hasta el cambio en el régimen tributario del 2018, el MSA como herramienta había alcanzado a 50.000 familias¹⁰ (^{Gandulfo 2018}). El acceso a este tipo de Monotributo era compatible con otras políticas estatales que se habían proclamado en el contexto de creación de este como la Asignación Universal por Hijo o las Becas Progresar. Al MSA podían acceder tanto los productores/as inscriptos en el RENAF como las cooperativas de trabajo rural y grupos de productores. En el caso de los grupos de productores que accedían al Monotributo el monto total a facturar se multiplicaba por el número de miembros y, en el caso de las cooperativas, los asociados podían retirar hasta el monto máximo destinado a la facturación individual ($48.000 al año durante el primer periodo o $72.000 hacia el final).

Siguiendo a Cris ^{Shore y Susan Wright (2011}) las políticas públicas son performativas y están en constante disputa, crean relaciones, sujetos políticos y nuevas subjetividades. Al acceder al MSA los/as productoras/es creaban nuevas relaciones en un marco de formalidad dado por el registro de la venta de sus productos o servicios. No solo pueden ser legibles ante los otros sino también pueden crear nuevos vínculos, específicamente, nuevas vinculaciones con el mercado formal.

En la propuesta de ^{Scott (2000}; ²⁰⁰⁹) la legibilidad se enmarca en el conocimiento y control desde el estado a la población " el poder requiere unidades legibles, cuyos rasgos -culturales- las doten de esencias incambiables a lo largo del tiempo" (^{Gómez Carpintero, 2010}: 310). En la noción que elabora ^{Trouillot (2011}) se argumenta que son los efectos que permiten la planificación gubernamental "las prácticas que van de la producción de un idioma y un conocimiento para gobernanza hasta la elaboración de herramientas teóricas y empíricas que clasifican y regulan las colectividades" (²⁰¹¹:166). Claro que, como este último autor aclara, no solo los gobiernos "ven como el estado", sino que es un efecto que puede ser producido desde instituciones no estatales.

Sostenemos que el MSA puede ser pensado como una práctica de legibilidad desde el estado a una población particular, produce un segmento más acotado que la identificación como agricultores familiares ya que, para ser monotributistas debían estar registrados en el RENAF y realizar la tramitación de este elemento fiscal. Uno de los movimientos que implica esta figura fiscal es salir de lo informal para ser parte de los espacios formales de venta, tanto de productos como de servicios. Esta nueva formalidad adquirida a través de una figura fiscal podemos pensarla como un corrimiento desde el margen (^{Das y Poole, 2008}). Ello implica que “traen la necesidad de distanciarse de la imagen del estado como una forma administrativa coherente y racional, para pensar las prácticas políticas de regulación y disciplinamiento que llamamos estado” (^{Das y Poole, 2008}: 19). El interés de Das y Poole (²⁰⁰⁸) está puesto "no tanto cómo el estado torna a la población legible para sí, sino mas bien cómo estos documentos se encarnan en formas de vida a través de las cuales ciertas ideas de sujetos y ciudadanos empiezan a circular entre aquellos que utilizan estos documentos" (²⁰⁰⁸: 31). Lo que dimensionan no es solo cómo desde las instituciones se busca hacer legible sino cómo la población utiliza esa legibilidad. Formulan la idea de un sujeto que no solo es objeto de una política, sino que despliega estrategias.

Aproximarnos al estado, no como un sistema coherente y ordenado, sino a partir de las prácticas políticas que lo constituyen nos permite dimensionar por qué se dan determinados cambios en las instituciones y a qué responden. Por qué algunos sujetos rurales subalternos pueden ocupar espacios determinados en estas estructuras aunque, como afirmó Nikos Poulantzas (²⁰⁰⁷), siempre en condición de subalternos.

Hacemos esta mención acerca de los sujetos rurales subalternos ocupando lugares de gestión porque, entre 2012 y 2015 dirigentes de distintas organizaciones campesinas, indígenas y de pequeños productores acceden a cargos directivos en la transformación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar a Secretaría. Si bien esto sucede de manera independiente a la trayectoria del MSA es necesario ponerlo en contexto por las transformaciones que sufriría este dispositivo con el cambio de gobierno y la transformación que se da en los espacios de gestión del desarrollo rural, que parecen contrastar con el periodo anterior.

3. Cambios en la conducción política y en la distinción de los sujetos: la transformación del MSA

^{Duffy y Weber (2009}) afirmaron que la política social "no son dones hechos a los pobres, sino contra-dones devueltos a los trabajadores, a cambio del don inicial que hicieron de su trabajo, cuyo salario no representa un contra don suficiente; ni los patrones ni la sociedad han saldado cuentas con ellos" (²⁰⁰⁹: 45). La propuesta de estas autoras nos alienta a analizar las transformaciones del MSA entre la construcción de este como un derecho a una porción de la población; y cómo los cambios que sufrió la herramienta tributaria formaron parte de una cuestión más amplia acerca del quehacer del desarrollo rural.

En el año 2015 es elegido como presidente Mauricio Macri, con esto la Alianza Cambiemos llega al gobierno nacional. Una de las primeras acciones que se ejecutan está directamente relacionadas con la cuestión agropecuaria: la baja de las retenciones a las exportaciones¹¹ y la devaluación de la moneda. Esto sucede en el primer mes de gestión, si bien para los sectores concentrados del agro argentino eran buenas noticias no lo fueron para los sectores subalternos rurales que, más temprano que tarde, vieron los efectos de la desregulación.

La desregulación del mercado cambiario, para Javier ^{Rodríguez (2018}) impacta en una suba de precios, en aumento de la inflación, en una pérdida del salario real y en la caída del consumo. Para él, la quita o la reducción de los derechos de exportación implicó "en los hechos el abandono de las políticas diferenciadas en general, pero en particular de un tipo de políticas diferenciadas hacia el sector (...). El contexto general ha priorizado la financiarización y por lo tanto el abandono de una política productiva general" (²⁰¹⁸: 103).

Como informó Alejandro ^{Rofman (2018}), el aumento de las tarifas eléctricas, el aumento de los insumos alimenticios para el ganado y la quita de retenciones incrementaron los costos generales de las pequeñas producciones. A este panorama se le suman los cambios en las políticas estatales dirigidas para el sector de la agricultura familiar en el macrismo. A este periodo distintos autores lo han señalado como de "institucionalidad aparente"¹² (^{Nogueira, Lattuada y Urcola 2017}; ^{Soverna y Bertoni, 2019}).

En el año 2015 asume como Secretario de Agricultura Familiar el Ing. Oscar Alloatti, el MAGyP pasa a llamarse Ministerio de Agroindustria (MA). El conductor de esta cartera fue un dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas,¹³ Ricardo Buryaile. La gestión de Alloatti estuvo marcada por el despido de una gran cantidad de técnicos y técnicas que desempeñaban su trabajo en las delegaciones provinciales de la Secretaría y por una falta de acciones específicas para el sector. Su mandato fue breve, a fin del año 2016 presenta la renuncia como Secretario (Garziglia 2016)¹⁴, la unidad burocrática estuvo acéfala por un tiempo, hasta que fue fusionada con otra Secretaría y pasó de denominarse "Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial" (SAFCyDT).

El abogado Santiago Hardie, quien fuera gerente de la fundación Pensar¹⁵, quedó al mando de la Secretaría. Él fue uno de los 26 funcionarios que se nombraron en Agroindustria en el año 2016. El perfil de este no desentonaba con los nuevos agentes de las distintas unidades burocráticas de gestión del Ministerio. Como afirmaron ^{Nogueira, Lattuada y Urcola (2017}) en base a un estudio de Paula ^{Canelo y Ana Castellani (2016}):

"Agroindustria es uno de los lugares donde han ingresado mayor cantidad de personas con trayectoria laboral exclusiva en el ámbito privado o vinculados a las corporaciones tradicionales del sector (Sociedad Rural Argentina -SRA−, Confederaciones Rurales Argentinas −CRA− y Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios −COPAL−). Esto indicaría cierta “CEOcracia” ministerial como telón de fondo de la actual gestión del desarrollo rural y la agricultura familiar" (2017: 46-47).

La hipótesis que planteamos en la apertura de esta sección es que, en la conducción de la Alianza Cambiemos en el gobierno nacional hay una transformación en las ideas acerca del desarrollo rural que se expresa en las políticas que se producen en ese sentido.

Algunas/os autores/as han indicado que uno de los cambios más notorios se da en el perfil del agricultor familiar que pasa de una "visión campesinista" en la etapa de Pérsico (2012-2015) a una idea de "emprendedor" o productor de tipo empresarial en el macrismo (^{Lattuada, Nogueira y Urcola 2019}). Interesa esta caracterización alrededor del sujeto del desarrollo como emprendedor porque vemos emerger una visión novedosa dentro de la trama de la política estatal del desarrollo rural.

El emprendedor, en este contexto, está caracterizado como un sujeto económicamente viable, de acuerdo con ^{Lattuada, Nogueira y Urcola (2019}) en ese sentido se refuerzan las acciones que tienden a la comercialización como el sello "Producido por la Agricultura Familiar", la inclusión de los productos de la agricultura familiar al Código Alimentario Argentino, el programa de capacitación en Tecnologías de la Información y la Comunicación orientada a fortalecer la comercialización y la creación de la tienda virtual "Somos Fibra" del INTA.

En la trayectoria entre el PSA, el Proyecto de Desarrollo para Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) y, en la SsAF con sus posteriores transformaciones institucionales, hay una continuidad en tanto la idea de la construcción de beneficiarios a través de grupos de productores (^{Marcos 2019}). Si bien los grupos, en un primer momento de estas políticas eran constituciones de hecho y entrada la primera década del 2000 eran deseables organizaciones formales, con personería jurídica, el beneficiario fue siempre producido de manera colectiva. En el contexto del gobierno de la Alianza Cambiemos esto se transforma y se produce el beneficiario como un "emprendedor" (^{Lattuada, Nogueira y Urcola. 2019}).

La producción de un nuevo beneficiario del desarrollo rural genera exclusiones. Los despidos masivos en los inicios del macrismo a las/os trabajadores de la SAF delineó un sentido del para qué del desarrollo y para quiénes el desarrollo. Parte de la planta de técnicos/as en el estado abocado a esta cuestión trabajaba con grupos de productores en diversos temas que iban desde lo productivo hasta el fortalecimiento de las organizaciones. Al constituir un sujeto beneficiario descrito desde las cualidades personales del emprendedor individual, la asistencia técnica se produce como descartable y, junto con ello, las/os trabajadoras/es.

En noviembre del año 2017 hay un cambio en la conducción del MA que pasa a manos del dirigente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y, hasta entonces su presidente, Luis Miguel Etchevehere. En ese mismo mes se elimina la obligación de liquidar divisas producto de las exportaciones de bienes, servicios y materias primas, mediante un decreto (^{De Anchorena, 2018}). La salida de Buryaile y el paso a la conducción del ex presidente de la SRA mostraría cambios, sobre todo, a partir del año 2018 cuando el presidente Mauricio Macri acude al Fondo Monetario Internacional en busca de un préstamo que impondría condicionalidades, como el ajuste fiscal que produjo, entre otras cosas, que el Ministerio pasara a ser una Secretaría de estado a fines de ese año.

En este clima de ajuste, a mediados del año 2018 se comunica que el Monotributo Social Agropecuario de costo cero dejará de existir en el 2019. Esta medida fue acompañada por la eliminación de 80 direcciones y coordinaciones y 900 despidos del Ministerio en todo el país (^{Lattuada, Nogueira y Urcola 2019}).

Los productores/as que hacían uso del MSA tenían dos opciones, darse de baja o pasarse al Monotributo Social que se aloja en el MDS. Si no efectuaban la baja generarían una deuda con Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que se producía a partir del no pago de uno de los tributos que componen el instrumento fiscal.

La mudanza de los agricultores familiares a partir del instrumento fiscal al MDS parece afianzar, aún más, la distinción entre sujetos rurales subalternos y emprendedores rurales de perfil empresarial como sujeto deseable en la trama de la agroindustria.

4. La movilización en torno al cambio en el Monotributo Social Agropecuario

Si bien el cambio en las condiciones del MSA se producen e informan a mediados del año 2018, muchos/as habían denunciado que el instrumento estaba frenado hacía un año y no se realizaban nuevos empadronamientos (^{Gandulfo, 2018}). El cambio fundamentalmente se centró en que desde el Ministerio de Agroindustria se dejaba de subsidiar el MSA y, los/as productores/as que habían accedido al beneficio se deberían inscribir al Monotributo Social.

Los cambios acontecidos tienen eco en las organizaciones de productoras y productores del sector rural subalterno que, en el mes de agosto de 2018, realizaron una presentación en el anexo de la cámara de diputados y, antes de este evento, una serie de movilizaciones.

Siguiendo una propuesta de Edward ^{Thompson (1995}), María Inés Fernández ^{Álvarez (2017}) sostiene que "en lugar de preguntarnos por qué la gente protesta, interrogar qué hace la gente cuando tiene hambre. Un desplazamiento que en lugar de explicar las causas (reducidas a factores), invita a explorar las condiciones que hacen posible esas acciones" (²⁰¹⁷: 35). Este pasaje resulta inspirador para pensar las movilizaciones en torno a la quita del MSA.

Como se expuso, el MSA al momento de su creación, fue descrito desde la narrativa oficial de las unidades burocráticas del estado como un derecho y una posibilidad que les permitía a los agricultores familiares acceder a facturar por los bienes y servicios en el mercado, tener aportes jubilatorios y una obra social.

Si bien la inscripción al dispositivo estaba frenada desde el 2017, es en el 2018 cuando empiezan los reclamos de parte de las organizaciones, al anunciarse la modificación del monotributo. La movilización en el espacio público es, como advierte Marc ^{Abélès (1997}) un elemento esencial de la vida política. Para el autor "Estos ritos señalan los momentos en los que la vida política toma un rumbo más agitado. La manifestación en la calle ofrece la oportunidad de exhibir un simbolismo muy especial: si los ritos anteriormente citados se referían a valores de consenso, la manifestación enarbola los símbolos del antagonismo" (¹⁹⁹⁷: 7).

El día 2 de agosto del 2018 por la mañana distintas organizaciones del sector rural subalterno se reunieron en la Cámara de Diputados para exponer en una comisión cómo afectaba la quita del MSA su trabajo cotidiano. Específicamente, el tema se trató en la Comisión de Análisis y Seguimientos de Normas Tributarias y Previsionales. Esta comisión estaba presidida por la diputada Nacional por Misiones María Cristina Britez del Frente para la Victoria.

Esta reunión a la que fueron convocadas las organizaciones a través de sus representantes, también estaban invitados tanto el Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere como el Secretario de Agricultura Familiar Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, quienes no asistieron al evento, aunque se pudo observar la presencia de ex funcionarios del MAGyP entre los participantes.

La reunión se ordenó de la siguiente manera, luego de la presentación a cargo de la diputada Britezse abrió una ronda de presentación para los distintos representantes de las organizaciones que se encontraban en el recinto. La carta de presentación de las/os dirigentas/es de las organizaciones fue similar, mencionaban su lugar de origen, la cantidad de kilómetros que habían recorrido para llegar hasta allí y remarcaban que no era solo la quita del Monotributo los que los/as movilizaba sino también la pérdida de políticas para el sector.

En gran parte de las exposiciones se dijo que era una pérdida de derechos, algunos relacionaron el MSA con la posibilidad de poder “blanquear” o de emitir factura, como una ventaja para acceder al sistema privado de salud, o como un dispositivo que visibiliza su trabajo. En varios momentos, aquellos/as que tomaban la palabra apelaron a situaciones puntuales de su vida para remarcar como había sido transformada a partir del acceso a ese dispositivo.

Un malestar general se percibía en la reunión debido a la ausencia tanto del Ministro como del Secretario que eran los responsables de las modificaciones del régimen tributario. En un momento tomó la palabra un dirigente que enfatizó en cómo el MSA le permitía "salir de la invisibilidad" y agregó "nosotros no somos un sujeto social (…) somos sujetos productores”, y “queremos ser parte del proceso económico, no recibir ayuda”, además, como respondiendo a algunas acusaciones dijo “No son dádivas como dicen, son derechos”.

Entre las diversas exposiciones y en las distintas narrativas que se iban desplegando pudimos identificar aquellas que eran más críticas con la herramienta. Esto quizás fue posible por el clima de confianza que se presentaba en el recinto. Muchas/os de las/os representantes de las organizaciones que estaban allí se conocían entre sí, también tenían algún vínculo con los diputados o con los trabajadores del estado que se habían hecho presentes.

Hacia el final de la reunión un dirigente de una organización de la provincia de Buenos Aires comentó que, si bien todavía era una herramienta "inmadura" y que muchos/as agricultores no la utilizaban, no era esta una razón válida para eliminarla. En ese sentido dijo "el Monotributo estaba gateando todavía y no lo dejaron caminar”.

Algunas intervenciones comprendieron el cese del MSA como parte de una política más amplia "es un gobierno oligárquico que vino a tomar al estado como sus propias empresas. No va a escatimar ningún esfuerzo en eliminar la agricultura familiar" expresó un productor, "esto se enmarca en una brutal transferencia de recursos desde abajo para arriba" dijo un ex funcionario.

Esta reunión se realizó a principios de agosto, los titulares del MSA tenían tiempo de reempadronarse entre los primeros días de julio y el 10 de agosto, sino lo hacían, iban a generar una deuda con la AFIP. Ya a partir de enero de 2019 directamente, los que podían, iban a pasar a ser monotributistas sociales.

Antes de esta reunión en la comisión de la Cámara de Diputados, muchas organizaciones se movilizaron al MA para visibilizar allí su reclamo. Eso sucedió el 26 de junio de 2018 pero no es un evento aislado, a mitad de ese mes, en la entrada de la SRA un grupo de organizaciones había hecho un verdurazo como protesta a las políticas económicas del macrismo y para visibilizar al "otro campo".

En la movilización al MA, uno de los expositores en la sesión de diputados, comentaba que le habían hecho llegar a Santiago Hardie una nota para que revea la decisión. También algunos expusieron que se habían reunido con el entonces jefe de gabinete Marcos Peña pero que sus reclamos no habían sido escuchados.

Santiago Hardie había sido entrevistado unas semanas antes por el diario "La Nación" allí, en referencia al MSA expresó que:

"Lo estamos revisando, porque a mí particularmente es una figura que no me termina de convencer. Existe el Monotributo Social, que formaliza la parte impositiva y que cubre la mitad de la obra social, mientras que el Monotributista paga su otra mitad. En el caso del MSA, es el Ministerio el que paga esa otra mitad. Creo que hay políticas públicas con mayor eficiencia que esta"¹⁶.

Uno de los últimos expositores de la jornada del 2 de agosto comentó que la idea que movilizaba Hardie iba en sintonía con lo que el Ministro le había expresado en la reunión acerca de su lugar: "ustedes tienen que ir a Desarrollo Social". Esta frase fue marcada por el dirigente como una ofensa al sector. "Es lamentable que desde un Ministerio donde fuimos a firmar convenios para compra de maquinarias, ahora nos dicen que somos parte de un país de pobres. Ellos quieren un país de pobres. Hardie nos dijo que no supimos usar el Monotributo".

Ana ^{Rosato (2009}) afirmó que es necesario pensar "espacios o dominios donde la política puede ser entendida (y definida) como un quehacer cotidiano donde las personas hacen uso y desuso de relaciones institucionales y de relaciones personales" (²⁰⁰⁹: 11). En la reunión que presenciamos, parte del quehacer cotidiano en torno al MSA era accionado en las intervenciones de las distintas personas que participaron como parte de la "agricultura familiar". Muchas/os hicieron referencia a que les brindaba "un blanqueo" a la hora de vender a la vez que los presentaba en mejores condiciones para la venta de sus productos "si no tenes Monotributo te sacan las cosas a mitad de precio" expresó un agricultor de Puerto Piray, en un sentido similar un productor de la provincia de Buenos Aires dijo "dependemos del Monotributo para vender y defender el precio. Vamos a ser presos de los mayoristas y las grandes cadenas de supermercado".

Se puede comprender que este dispositivo se presentaba para muchos/as productores como una ventaja, algunos referían a estas por el lado de los precios, que es parte de sus negociaciones cotidianas cuando venden a mercados concentradores, hubo otras productoras que hicieron énfasis en cómo el acceso a una obra social había cambiado la calidad de vida de las familias.

Una de las cuestiones que planteamos al inicio de este artículo está presentada bajo el presupuesto analítico de que el MSA podía ser comprendido como un efecto de legibilidad. Como un dispositivo creado con la finalidad de otorgar reconocimiento y control sobre un sector de la población que se encontraba al margen de las transacciones económicas formales. Ese reconocimiento está vinculado con la producción de sujetos/as particulares, en el marco de una política de desarrollo rural y en un momento político específico. Estar registrado implicó visibilizar a una gran cantidad de productores rurales subalternos que accedían al mercado en condiciones adversas, que no tenían aportes jubilatorios y que no contaban con cobertura médica privada. Esto fue relatado, tanto desde los organismos estatales implicados en su ejecución como en la voz de muchos productores/as, quienes contemplaban el monotributo como un derecho al momento de su creación. Esto explica como el fin de esta política suscitó esta serie de movilizaciones que fueron destacadas como parte de un retroceso general en las políticas estatales.

5. Reflexiones finales

Nuestro punto de partida fue pensar al MSA como un dispositivo de legibilidad, como parte de una estrategia de gobierno dirigida a una población particular que, a partir de la inscripción a este singular sistema tributario se la reconocía como sujeto económico activo al involucrarse con el mercado. Se podían diferenciar sujetos desde una identidad particular y con una práctica de venta específica que estaba registrada.

Comprendemos también que hay un movimiento que se hace desde un margen hacia el mercado. Muchos/as de los/as productoras que accedieron a ser Monotributistas Sociales Agropecuarios ampliaron sus canales de comercialización en espacios anteriormente vedados por la informalidad. La tensión entre formalidad- informalidad es una de las cuestiones que aparece de forma frecuente asociada al trabajo de los productores rurales subalternos. No solo es identificada desde las instituciones estatales sino que es mencionada por los sujetos/as que componen este colectivo.

Al traer al análisis la idea de margen se puede comprender la dinámica entre los dispositivos de legibilidad y cómo son utilizados por la población. En el caso que abordamos, el MSA fue un dispositivo creado desde una institución estatal en un contexto particular donde la "ampliación de los derechos" formaba parte de la narrativa oficial.

Un aporte que encontramos desde los estudios de la antropología del estado es poder dimensionar no solo la práctica política desde las instituciones estatales sino también poder dar cuenta, a partir de un análisis etnográfico, el modo en que la población es atravesada por las decisiones de política estatal y de qué manera esto es vivenciado. En las movilizaciones en torno a la quita del MSA y en la reunión en el anexo de la Cámara de Diputados, muchos/as productores/as expusieron cómo y de qué manera estar en ese régimen tributario había sido beneficioso para sus vidas. Esas transformaciones cotidianas iban desde poder conseguir mejores precios para sus productos y acceder a otros mercados, cuestiones relacionadas con prácticas económicas, pero también fueron referidos cambios al contar con acceso a un sistema de salud particular o tener aportes jubilatorios.

Los cambios que se producen a partir de la llegada de Cambiemos a la conducción del poder ejecutivo están acompañados, como repusimos en el artículo, de medidas de desregulación que impactaron negativamente en la vida cotidiana de este tipo de sujetos/as ante los aumentos de servicios públicos, de la devaluación y la transformación de las políticas de desarrollo rural.

Cuando afirmamos que la eliminación del MSA cobra sentido en la producción de las políticas estatales de desarrollo rural bajo la conducción macrista, lo sostenemos porque comprendemos que hay un cambio en la creación de los sujetos de dichas acciones estatales. Arjun ^{Appadurai (1991}) anuncia que a lo largo de nuestra vida estamos atravesados por distintos procesos de política pública, desde las cuales somos identificados, al cambiar el tipo de identificación y desde donde se produce esta identificación, se transforman las acciones para los/as diferentes sujetos. Cuando los/as afectados/as por la pérdida del MSA denuncian que quieren trasladarlos al MDS como población objetivo, lo que hacen es manifestarse contra otra identificación que esquilma su función de productores.

La visibilidad a la que apuntaron muchos/as de los productores/as que se movilizaron refería a su función social como abastecedores de alimentos. De estas mercancías que entraban en circuitos comerciales convencionales a partir de poder emitir facturas, de tener un marco fiscal particular. El nuevo cariz de productor esperado desde las políticas de desarrollo rural pos 2015 se sostenía en la producción de otros/as sujetos/as que podían prescindir de una categoría fiscal subsidiada al pensar en "emprendedores rurales" o en productores pequeños pero capitalizados. Así, el resto que no entrara en ese tipo de categorías ya no serían objeto de incumbencia de esa unidad burocrática.

A partir del análisis de un dispositivo particular con una estrategia metodológica que combinó múltiples acciones buscamos una mirada que no cosifique ni los procesos a través de los cuales se produce y reproduce la política estatal ni las acciones de los/as sujetos/as que estas buscan conformar. Etnografiar la movilización ayuda a comprender los modos en los cuales la población hace uso de los dispositivos de gobierno en el marco de otras estrategias de vida posibles.