1. Introducción:

Desde inicios de los años ‘80 esta rama de la economía tuvo un rápido desarrollo en la región patagónica, y durante la década del ‘90 sufrió una profunda reestructuración a partir de la sobreexplotación del recurso merluza, que fue la especie objetivo central durante los años previos. Las consecuencias de ese sobre esfuerzo pesquero se hicieron evidentes hacia los años 1996-97, e impactaron de lleno en el inicio del nuevo siglo. Esto configuró una nueva etapa en la actividad pesquera de Patagonia, caracterizada por una situación de mayor conflictividad social y laboral, una dinámica de concentración económica y empresarial (que no será específicamente analizada) y por las disputas entre empresarixs y trabajadorxs del sector en torno a las nuevas correlaciones de fuerzas en el marco de la crisis y la reestructuración, expresadas especialmente en las confrontaciones relacionadas con las remuneraciones recibidas por la parte obrera.

En este artículo analizo el proceso desde 1997 a 2007, integrando la fase de crisis y la exitosa reestructuración de esta rama económica a partir del auge del langostino y el reordenamiento de la flota y la actividad pesquera alrededor de la captura de ese recurso, de mayor valor que la merluza en el mercado. El trabajo hace foco en el estudio de los conflictos sociales desarrollados en torno a esa rama económica, buscando demarcar los diferentes períodos que se hacen observables, para dilucidar los elementos que explican el alto nivel de beligerancia evidente en ciertas fases. Los resultados aquí expuestos constantemente dialogan con un relevamiento realizado con la misma metodología para la etapa 1983-1996 (^{Pérez Álvarez, 2020}).

2. Período y fuentes:

He investigado el proceso en un extenso período, alcanzando un primer nivel de sistematización entre 1983 y 2007; dentro de ese amplio recorrido me enfoco aquí en la etapa transcurrida entre 1997 y 2007. Esa fase permite observar los cambios que se generaron en el sector a partir de la crisis de la actividad pesquera a nivel nacional, debido a la sobre explotación del recurso merluza (^{Colombo, 2014}). Esto provocó una compleja situación social y laboral en todos los sectores vinculados a la rama, marco que comenzó a modificarse hacia el año 2000 por el auge del langostino en la región patagónica. A partir de ello se demarcaron una serie de tendencias, entre ellas el traslado del mayor esfuerzo pesquero hacia la Patagonia, el cambio del centro de gravedad de la operatoria a nivel nacional¹, relevantes modificaciones en las instalaciones en tierra y en los barcos, y el desarrollo de significativas dinámicas conflictuales en torno a los reordenamientos que estas transformaciones implicaron.

Siguiendo la tendencia de la reestructuración capitalista en la industria pesquera, que ya estaba en curso desde la última dictadura militar (^{Nogueira, 2018}), se profundizaron procesos de concentración y relocalización de empresas, unificando en grandes compañías las diferentes actividades de la rama económica e incentivando el traslado, desde las ciudades-puerto de la provincia de Buenos Aires hacia localizaciones de la Patagonia. Esto se dio en un marco que venía en curso al menos desde los años ’80 (^{Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 2004}), como expresión nacional de una tendencia general del capitalismo en esta etapa (^{Grigera, 2011}). En el caso particular de Argentina el grupo más concentrado de la industria deslocalizó inversiones, apropiándose para ello de importantes aportes estatales a través del programa de incentivos y subsidios para la radicación de actividades en Patagonia (^{Schvarzer, 1987}; ^{Ferrucci, 1986}).

Durante los años ‘80 y ‘90 se desarrollaron constantes disputas por la representación sindical de los trabajadores de la rama pesquera en la Patagonia argentina, así como enfrentamientos con las patronales que se instalaban, especialmente por el valor de la fuerza de trabajo y las condiciones de explotación laboral. Luego de 1996, con el agravamiento de la escasez del recurso merluza y el inicio del quiebre de la hegemonía del capital financiero (^{Bonnet, 2008}), se inauguró una nueva fase, específicamente analizada en este artículo. Las disputas por la representación sindical, en términos generales, ya se habían definido durante los años previos, con la derrota de los intentos de conformar sindicatos regionales. A la vez se había fracturado a lxs trabajadorxs pesquerxs en tierra, quedando quienes se desempeñaban en Buenos Aires representados por el SOIP² y lxs de Patagonia en el STIA³ (^{Pérez Álvarez y Schulze, 2020}). Los conflictos claves en la fase 1997-2007 tuvieron su eje en la remuneración de la fuerza de trabajo, en torno a las reestructuraciones que fue vivenciando la actividad pesquera.

Son 11 años relevados durante los cuales se recopilaron 230 conflictos, en base a la información publicada diariamente por el Diario Jornada (editado en la ciudad de Trelew desde 1954), archivos estatales (Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, Ministerio de Trabajo de Nación), entrevistas a trabajadorxs del sector⁴ y relevamiento bibliográfico. En un registro realizado en base a las mismas fuentes, analizado previamente y centrado en la fase de instalación y desarrollo de la actividad pesquera en la región (1983-1996), se registraron 131 conflictos en un lapso de 14 años (^{Pérez Álvarez, 2020}). El evidente aumento en la conflictividad se destaca con la simple presentación inicial de datos; en adelante se profundizarán otras líneas de análisis y reflexión.

Se debe destacar que sólo se han sistematizado los conflictos estrictamente vinculados a la actividad pesquera. Esto implica que se realiza un subregistro de la cantidad de hechos de combatividad vivenciados por las diversas fracciones de este amplio y complejo colectivo laboral, ya que no se ha integrado al relevamiento la participación de trabajadorxs vinculadxs a la rama pesquera en huelgas generales (a no ser que estas tengan convocatoria específica o una consigna propia, difundida por alguna entidad representativa de la actividad).

El volumen de información es muy importante: sólo la narración de los conflictos aquí nombrados compilan más de cien páginas en el formato requerido para este artículo. Por ello se ha optado por una presentación que haga eje en lo cuantitativo y que sólo sistematice, en clave cualitativa y de mayor descripción narrativa, aquellos hechos fundamentales para el sector y sus dinámicas conflictuales.

3. Territorio y algunos problemas explorados:

El foco, en términos de regionalidad, se posiciona en el noreste de Chubut, en el centro de la Patagonia argentina. Si bien regionalizar la actividad pesquera es complejo (ya que los barcos circulan más allá de los límites estipulados por jurisdicciones provinciales), la observación y registro hace eje en las actividades pesqueras que tienen centralidad en la región comprendida por los departamentos administrativos de Rawson, Biedma y Gaiman, en la provincia de Chubut.

Allí se ubican las ciudades de Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon, Puerto Madryn y la Península Valdés. En esa región se ubican dos puertos claves para la actividad pesquera de Argentina, en especial desde la década del ‘80: Puerto Madryn (^{Kaminker, 2019}; ^{Pereyra, 2019}) y Puerto Rawson (^{Gatica y Pérez, 2018}). En Rawson se concentra la actividad de barcos fresqueros, de bajo tonelaje, con foco en la captura de merluza y langostino. Si bien en la actualidad existe una inversión de grandes compañías de capital concentrado, el origen de la flota local era de empresas de carácter familiar y regional.

En Madryn, por tratarse de un puerto más importante y de aguas profundas, se ubican barcos de mayor porte, centrado en flota congeladora, tangoneros y barcos factoría. El capital en su mayoría es proveniente de empresas de carácter internacional, con eje en el origen español. En la Península Valdés se desarrolla la pesca artesanal, basada en trabajadorxs cuentapropistas que no consiguen acumular capital y generan escasa demanda de empleo asalariado.

Esto implica que en esta región encontramos distintas fracciones del capital entorno a la misma rama económica, disputándose los permisos y áreas de pesca. Ello tiene su correlato en evidentes divisiones dentro de la clase obrera agrupada en esta actividad. Además de la división en capas según sus distintos salarios (explicada por su diferente función y posición en el proceso productivo y por razones de género), también se hacen observables fracturas entre trabajadorxs de cada ciudad, de acuerdo a los alineamientos con sus patronales.

Existe una marcada diferencia entre los marineros y estibadores portuarios⁵ y los trabajadores de plantas en tierra, donde se cuenta el grueso del colectivo obrero pesquero. Dentro del trabajo en tierra, también se reproducen esas fracturas: los fileteros ganan más, y tienen mayor poder, que peones, envasadoras, calibradoras, planilleras, etcétera. La diferencia genérica utilizada para nombrar en este párrafo⁶ a las ocupaciones es intencionada: en los empleos mejor remunerados y con poder estratégico para atacar el proceso productivo, la mayoría de los trabajadores son hombres, mientras en los empleos peor pagados de la actividad en tierra predominan las trabajadoras mujeres.

Esas fracturas “horizontales” (^{Izaguirre, 1994}) explican en parte que en la región se desarrollasen constantes enfrentamientos entre distintas estructuras sindicales, que intentaron organizar a cada fracción de la clase en términos corporativos. Esos diversos proyectos gremiales también expresaron distintos alineamientos con fracciones del capital; pero, además, al tratarse de una actividad económica históricamente centrada en la provincia de Buenos Aires (^{Nieto, 2009}; ²⁰¹⁸) que recién hacia la década del ‘80 comenzó a desarrollarse con más fuerza en Patagonia (^{Altimir, 1970}; ^{Ibarra, 1997}; ^{Ibarra y Hernández, 2016}), el enfrentamiento “regional” coadyuvó a esas pugnas intraclase.

Mientras la actividad pesquera tradicionalmente organizada en Buenos Aires se estructuraba en torno a tres grandes sindicatos (SOMU para marineros, SUPA⁷ para portuarios y SOIP para las plantas en tierra)⁸, en Patagonia se observa una constelación de agrupamientos en permanente disputa: SIPPyMPM⁹, SUPPIA¹⁰, SUPAP¹¹, SOIPAP¹² y STIA, además de las delegaciones regionales del SOMU, SUPA y SOIP.¹³ Como ya se destacó esos agrupamientos con perfil regionalista ya habían sido derrotados para 1997¹⁴: de todas maneras la línea de enfrentamiento “regional” siguió siendo una marca presente en muchos de los hechos de beligerancia vivenciados en la rama pesquera.

Otro problema abordado es el de la periodización de la conflictividad en el sector pesquero. Para ello se compara la periodización construida para la conflictividad a nivel general en la región noreste del Chubut (^{Pérez Álvarez, 2017}; ^{Pérez Álvarez y Suarez, 2020}), en torno a la pregunta acerca de si los ciclos de beligerancia en la actividad pesquera están vinculados a la dinámica conflictual general o a cuestiones propias de la rama (escasez o abundancia del recurso, asignación de cupos, disputas regionales, etc.).

Se presenta, primero, un registro basado en un análisis principalmente cuantitativo, tanto en un formato escrito como en cuadros y gráficos. En el análisis cualitativo se exploran las huelgas más extensas y los conflictos claves en torno a las correlaciones de fuerzas entre los diversos sujetos y fracciones que integran la rama económica, así como las delimitaciones que los mismos generaron en las dinámicas de reestructuración productiva del sector.

4. Un primer registro cuantitativo:

Se enumeran aquí la cantidad de conflictos desarrollados en cada año, describiendo forma o instrumento de lucha utilizado, organización principal que convocó el hecho o que lo protagonizó, y fracción que la realizó¹⁵. Para finalizar el apartado se sistematiza esa información en cuadros y gráficos:

1997: 12 hechos. Marcha del SOMU contra presencia de marineros extranjeros - Toma de Subsecretaria de Pesca de Nación por parte del SOMU - Marcha del STIA reclamando el pago de las asignaciones familiares - Marcha de pesqueros autoconvocados por falta de recurso pesquero en Rawson - Piquete y Trabajo a baja producción del STIA en Harengus - Marcha del STIA en Puerto Madryn - Ocupación de Alpesca ante Lock Out de la empresa - Marcha en Madryn por parte de la Coordinadora de Gremios - Huelga y Piquete frente a Poseidón.

1998: 21 hechos. Asamblea pública del SOMU - Petitorio común de la Coordinadora Marítima y Pesquera - Huelga general de la Coordinadora Marítima y Pesquera (tanto de barcos como de plantas en tierra) durante varios días - 3 Asambleas públicas de la Coordinadora - 4 Marchas del STIA - Marcha de lxs integrantes de la flota amarilla¹⁶ de Rawson y Asamblea pública con presencia del intendente de esa ciudad - Huelga y Piquete en Poseidón - Marcha de la flota amarilla y Piquete - Marcha de trabajadorxs pesquerxs reclamando pago de las asignaciones familiares - Huelga del SOMU en barcos congeladores - Huelga y Ocupación de Alpesca con toma de rehenes (apoya el STIA, excepto la retención de rehenes) - Ocupación de Río Chubut (era una cooperativa “trucha”¹⁷, con personal trasladado desde Mar del Plata).

1999: 20 hechos. Huelga, Piquete, Marcha y Acampe del STIA contra Harengus, en Madryn - Acampe de trabajadorxs portuarixs en plaza central de Madryn - Marcha del STIA en Madryn y Buenos Aires - Sirenazo del SOMU - Marcha y Ataque de Coordinadora de Gremios en Madryn - Marcha de Coordinadora de Gremios desde Madryn hasta Rawson - Toma y Piquete frente a Mellino - Marcha de trabajadorxs de la pesca de Rawson, acompañados por el intendente - Piquete del STIA frente a Conarpesa - Marcha del STIA frente a Neptuno - Batucada del STIA frente a Subsecretaria de Trabajo por conflicto en Alpesca (junto a otros gremios) - Piquete frente a Subsecretaria de Trabajo, del STIA por Alpesca - Marcha en Madryn por Alpesca - Piquete frente a Alpesca

2000: 9 hechos. 2 Marchas de obrerxs de Dipemar a plaza de Rawson (una con el STIA) - Piquete en Neptuno, Trelew, por parte del STIA - Piquete de trabajadorxs de Trelew contra el STIA en Madryn - Marcha de desocupadxs de la pesca, de la actividad textil y la construcción, convocada por el STIA en Trelew - Marcha del STIA en Madryn - Marcha Coordinadora de Gremios Marítimos y Pesqueros a Buenos Aires - Piquete del SOMU en muelle de Madryn - Marcha del STIA en Madryn, reclamando pago de las asignaciones familiares.

2001: 21 hechos. Piquete frente a la planta Pescapuerta en Madryn, realizado por el STIA - Marcha y Piquete del SOMU - Corte de calle y Olla popular del SOMU - Toma del Concejo Deliberante de Madryn por parte de estibadorxs portuarixs - 3 Piquetes del STIA en Madryn - Marcha del STIA y trabajadorxs de Alpesca en Madryn - 2 Piquetes frente a Alpesca en Madryn - Ocupación de dos barcos de Alpesca con langostinos, realizado por el SOMU - Marcha del STIA y la Uocra¹⁸ contra la desocupación en Madryn - Piquete frente a la planta La Pescadita - Ocupación de Alpesca - Marcha y Ocupación del Banco Nación por situación de Alpesca - Marcha de trabajadorxs de la planta Tramar en Trelew - Marcha y Huelga nacional del STIA.

2002: 5 hechos. Piquete frente a la planta Cormorán, realizado por el STIA - Marcha del personal de Barillari, empresa de Comodoro Rivadavia, a Rawson reclamando permisos de pesca - Huelga de lxs marinerxs de la flota amarilla de Rawson - 2 Marchas de marinerxs de la flota amarilla.

2003: 13 hechos. Piquete frente a la planta Conarpesa de Rawson - Piquete frente a Nedar de Madryn - Marcha del personal de Nedar, con presencia del STIA - Marcha frente a la Subsecretaria de Trabajo en Trelew, por situación de la empresa Costas Patagónicas - Piquete frente a la Subsecretaria de Trabajo en Madryn, por la situación de Conarpesa - Marcha y Piquete frente a la planta Poseidón - 2 Piquetes frente a la pesquera Lourdes en Trelew - Ocupación de la planta pesquera Lourdes - Día y medio de piquetes en Madryn y Rawson por parte del STIA - Marcha del STIA hacia la Legislatura provincial.

2004: 30 hechos. 2 Huelgas en la empresa Naramar - 3 piquetes en Naramar - Piquete frente a la Subsecretaria por la situación de Naramar y Argenova - Ocupación de la planta Iberpesca en Rawson, por parte del STIA - Marcha a Legislatura provincial del STIA debido a la situación de Iberpesca - Marcha, por mismo contexto, al municipio de Rawson y a la Casa de Gobierno - Ataque (quema de cubiertas y rotura de vidrios) y Enfrentamientos con policía - Marcha del STIA a la comisaría, reclamando la libertad de los presos - Acto de la CGT y del STIA repudiando la represión estatal - Huelga del SOMU (no se permite la descarga de un buque chino) - Retención de servicios y Piquete en Alpesca - 2 Piquetes frente a la planta Conarpesa - Piquete y marcha del SOMU ante la sede de la CAPIP¹⁹ - 2 Ocupaciones de la planta de Alpesca - Marcha al Consejo Municipal Pesquero de Rawson - Huelga de marinerxs de la flota amarilla y Piquete al muelle de Rawson (durante 12 días, por parte del SOMU y SICONARA) - Marcha del SOMU - Marcha del STIA - Marcha en Rawson del personal de Iberpesca, Interpesca y desocupadxs - Piquete de trabajadorxs pesquerxs en Madryn - Huelga de marinerxs de Alpesca.

2005: 46 hechos. Marcha de desocupadxs de la pesca al municipio de Trelew - 2 Marchas del SOMU - Ataque del SOMU - 4 Piquetes de obrerxs tercerizadxs - Marcha de obrerxs tercerizadxs - Piquete frente a plantas pesqueras en Rawson - Piquete en ruta de Rawson - Retención de servicios en Harengus - Huelga del STIA en todo el territorio de Chubut - Piquetes en Madryn y Rawson - 11 marchas del STIA - 5 Piquetes del STIA - Huelga general en Madryn - Marcha general en Madryn - Ataque a casas de empresarios pesqueros por obrerxs de la pesca en Madryn - 2 Ocupaciones de Iberpesca en Rawson - Ocupación del Concejo Deliberante de Madryn - Ocupación de la planta Nedar, en Madryn - Ataques a casas de empresarios vinculados a la empresa Iberpesca.

2006: 13 hechos. Estado de alerta declarado por el STIA - Acto por Espinoza²⁰ - Piquete de obrerxs de Interpesca - Ocupación de la planta SM&S - Marcha de obrerxs de SM&S - Marcha de familiares del buque Don Rosario G. (naufragado) - Huelga Conarpesa - Marcha Conarpesa - Lock out patronal - 2 Cortes de Ruta de obrerxs de la empresa Flota Amarilla - 2 Ataques contra Flota Amarilla.

2007: 40 hechos. 2 Marchas, Piquetes y Ataques contra Flota Amarilla - 2 Huelgas del SUPA - 7 Marchas de obrerxs de la empresa Kaleu Kaleu - 3 Marchas de obrerxs de Iberpesca - Marcha contra la empresa Poseidón - 4 Huelgas del SOMU - 2 Huelgas del STIA - 3 Piquetes del STIA - 3 Marchas del SOMU - Piquete del SOMU - Retención de servicios del SUPA - Piquete y Marcha contra la empresa Veraz - Marcha de obrerxs de Agropez - Enfrentamientos protagonizados por afiliadxs del STIA - 2 Marchas del STIA - Ocupación de Agropez.

A continuación se presenta parte de la información sistematizada en cuadros y gráficos, centrando el análisis en las fracciones que protagonizaron los conflictos y en las formas de lucha que se utilizaron.

Grafico 1 Conflictos en la actividad pesquera del noreste de Chubut 1997-2007 según fracción que lo protagoniza 

Es evidente el gran peso en la conflictividad de lxs trabajadorxs en tierra: más del 70% de los hechos fueron protagonizados por ellxs. En comparación con la fase 1983-1996 se registra un significativo incremento de su relevancia: allí los conflictos del personal en tierra agrupaban el 50% del registro total. El otro sector que vivencia una gran transformación en su dinámica de lucha son lxs portuarixs: de agrupar más del 20% de los hechos entre 1983-1996 (más que el 15,2% del personal a bordo durante esa misma fase), pasó a protagonizar solamente el 3,9%. Claramente el inicio de la década del ‘90²² generó un disciplinamiento de esta fracción obrera, dinámica que se intentará analizar en investigaciones específicas.

Veamos ahora los conflictos relevados según la principal forma de lucha utilizada:

Gráfico 2 Conflictos en actividad pesquera del noreste de Chubut 1997-2007 según forma de lucha 

Con claras similitudes a la dinámica general del conflicto social (^{Pérez Álvarez y Suarez, 2020}), crecen las manifestaciones como forma de lucha (43%, cuando representaba menos del 30% entre 1983-1996) y caen las huelgas (34% en la fase 1983-1996, y apenas supera el 10% entre 1997 y 2007). Se reducen también las ocupaciones (del 16% al 8,3) y crecen significativamente los cortes (de apenas 4,6% entre 1983-1996 al 30% en la fase aquí trabajada). Son datos que evidencian la necesidad de lxs trabajadorxs de utilizar formas de lucha que extiendan el conflicto más allá del ámbito laboral, donde claramente han perdido poder en el marco del proceso de reestructuración neoliberal, la concentración empresarial y el aumento del desempleo y la precarización.

5. Elementos para un primer acercamiento cualitativo:

Se aborda aquí un registro más ligado a una descripción cualitativa, que hace eje en los principales conflictos y en aquellos episodios especialmente representativos de problemáticas claves en la actividad pesquera. Lo hago planteando, a modo de hipótesis, una periodización de la fase analizada.

Propongo cuatro períodos generales, los tres primeros ordenados en ciclos de 3 años y el último agrupando los 2 últimos años incorporados en la sistematización: entiendo que ellos inauguran una nueva etapa en las pesquerías de Patagonia, que la continuidad del proceso de investigación irá delimitando en sus contornos generales. El período inicial (1997-1999) integra los años de mayor crisis, con la caída abrupta del recurso merluza y el cierre de la pesca durante varios meses. Son años de importante conflictividad, aunque no los de mayor enfrentamiento.

Entre el 2000 y 2002 se ubica un primer año de incremento de la desocupación y agudización de la precariedad laboral, seguido por el inicio de la recuperación en torno al auge del langostino. Cae la conflictividad y se reestructura gran parte de la actividad pesquera, en un marco de sostenimiento de muy bajos salarios para lxs trabajadorxs del sector como parte de un contexto social sumamente complejo a nivel general.

El período de mayor enfrentamiento es 2003-2005: allí se protagonizaron los conflictos claves que exigieron una readecuación salarial para lxs trabajadorxs. Mientras las empresas habían conseguido enormes ganancias en los años más recientes, lxs obrerxs del sector seguían sufriendo condiciones propias del período de mayor crisis. Aquí se renegociaron, a partir del conflicto, las relaciones de fuerzas entre las diferentes fracciones de la rama pesquera, especialmente en la región patagónica.

Finalmente el “corto” período final (2006-2007) ubica dos años donde aún se están transitando parte de las dinámicas observadas entre 2003 y 2005, y a la vez parecen ir abriéndose nuevas perspectivas. Propongo agruparlos por separado a instancias analíticas y a modo de hipótesis: la principal diferencia es que se fragmenta todo escenario de unidad entre fracciones obreras y los reclamos se corporativizan prácticamente por completo.

Gráfico 3 Conflictos en la actividad pesquera del noreste de Chubut 1997-2007 según fracción que lo protagoniza por períodos en % 

Vemos que sólo se registra un fuerte marco de unidad durante la fase de mayor crisis para el conjunto de la rama económica, por la carencia de recurso: esos hechos “unitarios” expresaban, en general, reclamos en clave regionalista y de oposición a los cupos de pesca para otros territorios de la actividad pesquera nacional.

Gráfico 4 Conflictos en actividad pesquera del noreste de Chubut 1997-2007 según forma de lucha por períodos en % 

Entre diversas lecturas que se podrían destacar, interesa señalar la correlación inversa entre aumento de cortes y caída de las huelgas: en las fases de mayor desempleo y precarización (2000-2005) los cortes se disparan como forma de lucha y caen, significativamente, las huelgas. Lo inverso sucede en el período inicial y final, ambos con situaciones de mayor empleo formalizado. También es revelador que los enfrentamientos y ataques se ubiquen especialmente durante los últimos períodos: las acciones de protesta con rasgos directos de violencia física se expresaron ante la evidencia palmaria de la desigualdad, entre un empresariado que se enriquecía de manera acelerada y una clase obrera pesquera que seguía atravesando condiciones de vida muy penosas.

6. La caída de la captura del recurso merluza: 1997-1999

Desde 1996 ya se observaba una reanimación de la conflictividad obrera en general, y eso impactaba también dentro del sector pesquero. Esa tendencia se reforzó en 1997, al registrarse las primeras señales evidentes de la falta de merluza y las suspensiones de personal que ello acarreaba. Durante ese año adquirieron fuerza sectores del colectivo laboral pesquero que se identificaron como “autoconvocados”: realizaron acciones de lucha no avaladas por su sindicato, al cual criticaban, expresando una mayor tendencia hacia la combatividad y formas de democracia directa. Estos grupos tuvieron fuerza en las plantas en tierra, enfrentando la conducción del STIA.

La crisis pesquera se agravó en marzo, con la quita de permisos de pesca a la flota regional. Se registró una importante movilización de pesquerxs en Rawson, exigiendo medidas al Ministerio de la Producción al cumplirse diez días sin poder trabajar. El gobierno provincial intentó desviar el problema hacia el enfrentamiento con el gobierno nacional²⁴.

Mientras se profundizaba esa tensión por la situación del recurso, la quita de permisos y la extensión de las vedas, también se generaban conflictos en diversas plantas. Los empresarios aprovechaban la coyuntura para imponer despidos y acentuar la precarización laboral (con acciones directas, llegando al lock-out en algunas plantas), situación que lograrían consolidar hacia el año 2000 y que, junto al auge del langostino, fueron las bases del posterior despegue de la actividad. En Patagonia hasta allí se había consolidado un mercado laboral pesquero caracterizado porque la mayoría del personal estaba registrado legalmente, resultado de fuertes luchas obreras en los años ‘80.

Alpesca suspendió a 570 trabajadorxs durante un mes, escudándose en un procedimiento de crisis por falta de recurso. Se sucedieron conflictos similares en otras plantas, donde también había despidos o se empeoraban las condiciones de trabajo. A fin de año el SOMU se movilizó contra la posible quiebra de la empresa API, que dejaría 300 marinerxs sin trabajo, reclamando el final de la veda.

En enero de 1998 el SOMU declaró a la actividad pesquera en "estado de alerta", convocando a los otros gremios del sector. Se levantó un programa de doce puntos entre el SOMU, STIA, SICONARA, SAON, el Centro de Patrones Fluviales y la Asociación de Patrones y Capitanes de Pesca. Iniciaron una huelga, que no fue general, por la crisis del sector y, en particular, contra los primeros telegramas de despido enviados a trabajadorxs de Alpesca. La CAPIP expresó su acuerdo con el proyecto gremial, que hacía énfasis en el rechazo a la veda y en el reclamo de leyes promocionales para la pesca en la región.

La huelga se mantuvo durante varios días, pero sin generar un gran impacto. De hecho el STIA solicitó que se dictase la conciliación obligatoria, intentando frenar la sangría de nuevos despidos en Alpesca. Allí se negoció una suspensión del personal hasta el 31 de enero, pagando la empresa una garantía laboral horaria durante ese mes.

La flota amarilla de Rawson impulsó una gran movilización popular, apoyada por el intendente de la ciudad. Decidieron dejar de pescar y volver en forma anticipada a puerto, denunciando que en los cuadrantes autorizados había ejemplares juveniles. Exigían que se modificase la veda, afirmando que la Secretaría de Pesca no conocía el mar ni le interesaba preservar el recurso. A la movilización se sumaron las familias de lxs marinerxs y el personal de las plantas en tierra. Se rechazaba también la intención de imponer inspectores a bordo de los barcos para controlar la pesca.

Tras un conflicto en la planta Poseidón, febrero volvió a estar marcado por la movilización de la flota amarilla. El gobernador y el subsecretario de pesca de la nación (que había viajado por este conflicto) recibieron a lxs manifestantes, aceptando autorizar otros cuadrantes y postergar la presencia de inspectores hasta el 31 de marzo. La negociación la encabezaron los dueños de barcos, apoyados por lxs trabajadorxs que buscaban sostener sus fuentes de trabajo.

Tras una huelga de lxs marinerxs de buques congeladores durante abril, a partir de mayo volvió a emerger el conflicto de Alpesca. Lxs trabajadorxs del turno tarde decidieron frenar la producción y ocupar la planta, cerrando las puertas y portones con candados, y obligando a los supervisores y directivos a permanecer en el lugar. Reclamaban que se derogase un acuerdo que realizó la empresa con la comisión sindical interna, que implicaba serios retrocesos en los derechos laborales: el más significativo era la obligación de trabajar de 10 a 12 horas, cuando antes realizaban turnos de 8. El STIA apoyó el reclamo, pero solicitando que dejasen salir al personal jerárquico; a las pocas horas se aceptó la conciliación obligatoria, por lo cual se levantó la ocupación. Lejos estaba la solución del reclamo, y seguiría una dura pelea al interior de esa planta, por entonces la pesquera con mayor cantidad de personal en Patagonia.

En junio la Secretaría de Pesca de la Nación determinó un paro biológico por cupo de merluza. Esto agravó la crisis y la situación de lxs trabajadorxs; de todas maneras no hubo casi acciones hasta septiembre, cuando el STIA se movilizó por algunos reclamos puntuales. En diciembre fueron lxs trabajadorxs de Río Chubut quienes ocuparon esa planta, que funcionaba como una cooperativa “trucha”, empleando a personal traído de Mar del Plata en condiciones de gran precariedad.

Durante 1999 se desarrolló un extenso conflicto en Harengus y otro en Conarpesa. En ambos casos se profundizó la precarización laboral y se produjeron despidos y suspensiones. En abril la Coordinadora de Gremios Marítimos expresó su rechazo a la veda biológica que se implementaría en junio. Denunciaron que el problema era el saqueo que realizaban los buques extranjeros y que a ellos se debía limitar, cuidando el trabajo nacional.

El SOMU denunció situaciones de malas condiciones laborales en varios buques y surgieron algunos conflictos por la formación de “cooperativas”, tanto en la estiba como en el procesamiento de pescado en tierra. El 1° de junio los gremios de la Coordinadora de Gremios Marítimos se movilizaron en Madryn y luego a la Capital Federal, para participar de una marcha nacional por el tema pesquero. La veda a la captura de merluza llenó de internas y disputas a la ciudad de Puerto Madryn. El 5 se realizó un debate público en el cual se expresaron los sectores fresqueros, congeladores, las plantas en tierra y los sindicatos. Las luchas internas se alineaban entre las grandes empresas transnacionales con flotas de congeladores y las empresas no tan poderosas (con mayor participación nacional) de barcos fresqueros con plantas en tierra.

La flota congeladora, originaria de la Comunidad Europea, había sido claramente favorecida por el gobierno menemista. Entre 1992 y 1998 la captura de merluza en Argentina se duplicó, como consecuencia de la presión de los barcos congeladores. Mientras en 1989 solo el 20% de la captura era de congeladores, para el ‘98 ese porcentaje ascendía al 60,7%. La situación se agravaba por la transferencia de permisos de fresqueros a congeladores: en 1994 eran 94 los congeladores que tenían licencias de pesca; dos años después ya eran más de 120.

Los empresarios de la flota fresquera destacaban la diferencia de los puestos de trabajo que cada sistema generaba, planteando que a igual captura el congelador ocupaba 72 personas y el sistema fresquero a 422. Las movilizaciones siguieron en julio, ya con problemas en varias plantas. En Madryn los comercios suspendían los créditos a obrerxs de plantas que procesaban merluza, pero no a los que trabajaban con langostino o calamar.

También se registraron acciones en Rawson y se conformaron las primeras agrupaciones de desocupadxs de la pesca. Desde el 1° al 5 de octubre el STIA realizó una protesta con quema de cubiertas frente a Conarpesa. En diciembre el eje se trasladó a Neptuno, al que se acusaba de contratar extranjeros y personal “en negro”, y a Alpesca, que suspendió todo su personal por la veda de merluza.

7. De la desocupación al comienzo del auge del langostino: 2000-2002

Al comenzar el año 2000 el gobierno nacional firmó una nueva veda para la pesca de merluza. Esto configuraba un marco muy complejo para todas las fracciones de la actividad pesquera en la región, ya que al limitarse la posibilidad de captura esto impactaba en el conjunto del sector. Casi de inmediato se desarrollaron conflictos en varias plantas de procesamiento, que despedían o suspendían su personal.

En marzo el STIA denunció que más de 1800 trabajadorxs no habían recibido salarios durante los últimos meses, reclamando subsidios y el levantamiento de las vedas. A fin de ese mes se movilizaron lxs obrerxs de Neptuno y durante abril se profundizaron los enfrentamientos, con reclamos contra el propio sindicato por su escaso accionar. El STIA llamó entonces a una marcha en Trelew, donde desocupadxs de la pesca se dirigieron a la municipalidad y el Concejo Deliberante. Una acción similar realizaron en Madryn ante el Consejo Municipal Pesquero: el eje sindical estaba puesto, al menos en este período, en reclamarle al Estado en sus diferentes niveles y no a las patronales; especialmente se criticaba la extensión de la veda biológica.

El 30 de mayo se desarrolló la marcha nacional pesquera, con la llegada de alrededor de 1500 trabajadores de esta región a la Capital Federal. Hubo fuerte apoyo de las empresas congeladoras, que aseguraron la presencia de todas sus tripulaciones. Participó el SOMU, SUPA, Capitanes y Patrones de Pesca y el STIA: se plasmó así una alianza entre la flota congeladora y estas fracciones obreras, que apoyaron el reclamo de un corredor marítimo exclusivo para los buques congeladores a cambio de la promesa de que descargarían el pescado para que fuese procesado en las plantas.

El SOMU realizó una semana de permanencia en el muelle de Madryn, paralizado por la falta de actividad pesquera. Allí prendieron cubiertas en señal de protesta, planteando la necesidad de articular un plan de lucha con los otros gremios afectados. No se registraron nuevas acciones hasta marzo de 2001, excepto algunas movilizaciones particulares del STIA.

Allí se generó un conflicto en Pescapuerta, de obrerxs precarizadxs que reclamaban su pase a planta. Según el empresario, de origen español, no podía efectivizar al personal porque estaba pescando con un permiso habilitado de manera temporal por un recurso de amparo. En abril la Coordinadora de Gremios Marítimos planteó su rechazo a la decisión estatal de habilitar la operación de buques poteros de bandera extranjera en la zona económica exclusiva. Marinerxs desocupadxs se movilizaron frente a la Subsecretaría de Trabajo de Madryn, quemando cubiertas y cortando la calle. En mayo fueron lxs estibadorxs quienes marcharon, ocupando el Concejo Deliberante para visibilizar la falta de trabajo.

Durante junio y julio continuaron las acciones de obrerxs precarizadxs en distintas plantas (Alpesca, La Pescadita y algunas “cooperativas” de fileterxs); también se realizaron otras protestas, directamente como “desocupadxs” de la pesca. Marinerxs de Alpesca ocuparon barcos de la empresa, y acciones similares se desarrollaron sobre las instalaciones en tierra. Finalmente la empresa se vendió a un grupo económico sudafricano, que prometió garantizar la permanencia de los puestos de trabajo.

En noviembre la pesquera Tramar anunció el despido de 112 operarixs de Trelew, por falta de permisos de pesca. Durante diciembre se produjo la insurrección popular a nivel nacional (^{Iñigo Carrera y Cotarelo, 2004}), que modificó la situación del país y generó un nuevo piso para la movilización popular. A partir de allí las luchas obreras comenzaron a evidenciar otro impulso. El STIA cumplió un rol relevante durante el diciembre de 2001 del noreste chubutense, con participación en las constantes marchas y cortes de rutas.

Hacia febrero de 2002 trabajadorxs de la planta Cormorán reclamaron trabajar turnos de 8 horas: hacía meses sufrían una abrupta reducción horaria y salarial. El STIA denunció que esa situación ya no tenía razón, porque la crisis había sido superada por el auge del langostino, en especial para las empresas que exportaban en dólares. En ese contexto de mejora económica, se trató de un año sin conflictos de relevancia. Lxs obrerxs eran reincorporadxs al empleo, y eso se vivía como un avance enorme con respecto al período anterior y a los años 2000 y 2001. La recuperación económica hacía eje en la pesca del langostino y en la continuidad de las condiciones de precarización y súper explotación laboral, gestadas en la fase de crisis y todavía no puestas en cuestión por lxs trabajadorxs.

Recién a fin de año se observa un conflicto, que ya se entronca con las características generales que se desplegarían en el nuevo período. La flota amarilla de Rawson se paralizó por un reclamo de aumento salarial de la tripulación de los barcos. Se les negaba el pago a precio dólar, como fijaba el convenio colectivo de trabajo. Mientras esperaban una respuesta de los armadores, se movilizaron y reclamaron frente al Ministerio de Trabajo, pidiendo además que se sumen al reclamo lxs integrantes del SOMU y el SICONARA, pese a que la mayoría de esxs marinerxs no estaban afiliadxs.

Tras más de dos semanas de conflicto se dictó la conciliación obligatoria. Lxs marinerxs aceptaron la medida, ya que aparentemente había un preacuerdo de aumento que se pondría en marcha tras los 15 días de conciliación. La CAPIP ya había reclamado una pronta solución, indicando que la falta de pesca había hecho caer la producción en un 70%. Fue la primera fracción obrera de la pesca que tomó nota de la recuperación económica y exigió que eso se expresase en una nueva correlación de fuerzas, especialmente a partir de que se viera reflejada en una recomposición salarial.

8. Tras la crisis, la lucha por una nueva relación de fuerzas: 2003-2005

En enero del 2003 el SOMU denunció que había barcos tangoneros pescando a escasa distancia de Rawson, aprovechando la abundancia de langostino. La provincia reconoció que existían muchas infracciones, pero no ejecutó medidas para evitar la depredación del recurso.

Alrededor de 130 fileterxs despedidxs rodearon la planta de Conarpesa, quemando cubiertas y amenazando con ocuparla. Intervino la Subsecretaría de Trabajo de la provincia y, tras varios días de conflicto, el STIA aceptó la propuesta empresarial: firmar contratos con una tercerizada hasta junio. Para sostener sus empleos aceptaban pasar a ser precarizadxs, perdiendo su estabilidad laboral y su antigüedad en Conarpesa. El auge del langostino hacía que lxs fileterxs ya no fuesen claves para el proceso productivo.

En marzo otro hecho tuvo ingredientes parecidos: trabajadorxs de la planta Nedar se manifestaron en Madryn, reclamando el pago de la garantía horaria, garantizada por convenio cuando había poco recurso para procesar. La planta, perteneciente a Conarpesa, se negaba a pagar argumentando que eran empleadxs eventuales, contratadxs por una tercerizada. A los pocos días fileterxs de Costas Patagónicas reclamaron en Trelew por sueldos adeudados: el representante de la empresa solicitó el despido de todo el personal.

Durante el mes de julio se realizó el congreso de la UIA (Unión Industrial Argentina) en Puerto Madryn; en ese marco la CAPIP destacó la centralidad de la industria pesquera a nivel nacional, y en particular para la Patagonia. Reclamaron políticas de promoción e inversión estatal para la creación de astilleros en la región, la exención impositiva para la importación de repuestos y que se habilitase la presencia de barcos congeladores al norte de Puerto Deseado.

Nuevos reclamos obrerxs se desarrollaron en Conarpesa, Poseidón y Lourdes, entre otras plantas. En todos los casos los conflictos se ordenaron en torno a la precarización y pauperización que sufrían lxs trabajadorxs de la pesca en tierra, siendo atravesadxs por la reestructuración productiva a partir del cambio de especie objetivo clave, desde la merluza hacia el langostino. Como ya se destacó este proceso les quitaba centralidad a lxs fileterxs, que eran un engranaje vital de la dinámica productiva previa, centrada en el procesamiento de merluza. Ese trabajo, con conocimiento de oficio, tenía una valorización y un poder estratégico muy relevante, rol que se perdía en la elaboración del langostino.

Durante septiembre comenzaron los reclamos del STIA, que iba calentando los motores hacia la gran huelga de 2005 (^{Pérez Álvarez, 2009}). En el marco de un plan de lucha exigiendo aumento salarial a la CAPIP, se realizaron acciones en Madryn (piquetes en el parque industrial pesquero y marcha hasta la sede empresarial), Rawson y Trelew (un piquete en la ruta que une Rawson con Playa Unión) y Comodoro Rivadavia. La CAPIP presentó un pedido de conciliación obligatoria que fue aceptado por el STIA, levantando los piquetes tras un día y medio de permanencia.

En diciembre el STIA marchó ante la Legislatura: reclamó medidas para contrarrestar la caída de las plantas en tierra por la falta de merluza. Se denunció que esto se debía a la falta de controles estatales, que permitían que ante la aparición del langostino (de mucho mejor precio) los barcos no trasladasen la merluza a tierra (tirándola al mar). La depredación del recurso se seguía llevando adelante, mientras los gobernantes miraban para otro lado.

Durante enero, febrero y marzo se desarrolló un conflicto en la pesquera Naramar. Además se registraron acciones contra cooperativas “truchas” en distintas ciudades de la provincia, siendo algunas clausuradas por el Estado provincial debido a las graves condiciones que sufrían sus trabajadorxs. Naramar cerró su planta, evidenciando que ante la concentración en el langostino muchas instalaciones en tierra se hacían prescindibles, o solo eran redituables bajo modelos de extrema explotación laboral; Argenova atravesó un proceso similar durante esos mismos meses.

En junio la planta de Iberpesca, de Rawson, fue ocupada por sus obrerxs, que reclamaron el pago de la garantía horaria ante la escasez de merluza para procesar. Se movilizaron a la Legislatura, donde quemaron cubiertas y protagonizaron algunos enfrentamientos con la policía y ataques al edificio. Tras la intervención de la dirigencia sindical se trasladaron la sede gremial; una hora después fueron atacados por la policía, culminando con nueve obrerxs heridxs por balazos de goma, un policía por un balazo de sus colegas y cuatro detenidxs. El dirigente del STIA se despegó del conflicto, diciendo que el sindicato no convocó la marcha y que la culpa era del empresario que presionaba a sus trabajadorxs.

A la semana del ataque contra lxs trabajadorxs de la pesca se promovió una concentración con el objetivo de pedir sanciones a la policía: la medida no superó las mil personas, y el gobierno provincial afirmó que fue un fracaso. Esto pareció debilitar la búsqueda de mejoras salariales en el sector pesquero, aunque el reclamo seguía en el ambiente.

Mientras se desarrollaban nuevos conflictos en Conarpesa y Alpesca, el SOMU reclamó frente a la CAPIP la garantía de un sueldo estable aunque no hubiese suficiente pesca. Además solicitaban mejores condiciones en los buques. Esto se daba en un difícil contexto, por el repentino faltante de calamar y langostino, que se sumaban a la conocida carencia de merluza: para el secretario de pesca de Chubut, la que comenzaba podía ser la peor temporada de la década.

En octubre lxs trabajadorxs de Alpesca ocuparon la planta, quemando cubiertas en el exterior. Reclamaban contra una serie de despidos y los repetidos ataques de la empresa, por ejemplo la suspensión de su obra social. El mes se cerraba con la preocupación permanente por una nueva crisis en el sector. El empresariado convocó a lxs trabajadorxs a conformar un “frente común” para reclamar medidas promocionales al gobierno nacional; eran los mismos que en los últimos meses habían impulsado despidos en Naramar, Argenova, Industrias Pesqueras Patagónicas, Iberpesca, Agropez, Barillari, etc., en medio de constantes fraudes laborales subcontratando supuestas cooperativas.

En noviembre parecía solucionarse el problema pesquero con la apertura de un nuevo cupo para la captura de merluza en Chubut. Sin embargo allí surgió otro conflicto, por el reclamo de lxs marinerxs de la flota amarilla de un aumento del 38% en sus sueldos, el incremento de la garantía salarial y un seguro por accidentes fatales. La medida impedía la salida de los barcos, participando de la misma el SOMU y el SICONARA.

La patronal negó que el pedido obrero tuviera lógica y desde su organización corporativa (la Cámara Costera de la Flota amarilla) informó que lxs marinerxs tuvieron un aumento del 240% desde el 2002. Por su parte el STIA reclamó una rápida solución del conflicto para que fuera posible volver a la actividad en las plantas, sin expresar solidaridad con lxs trabajadorxs en huelga. Tras varios días, Conarpesa ofreció un aumento del 20% para la merluza y del 30% para el langostino. Las otras empresas, que no querían acordar ese incremento, terminaron aceptando por la presión del gobierno provincial.

Mientras se anunciaban nuevas inversiones en la pesca (la italiana Panapesca inauguró una planta de procesamiento en Madryn: Kaleu-Kaleu), obrerxs de Iberpesca e Interpesca se movilizaron en Rawson y Madryn porque lxs fileterxs no trabajaban en forma estable hacía cinco meses, quemando cubiertas frente a esas plantas. Y muy rápidamente se demostró la justicia del reclamo de lxs marinerxs de la flota amarilla, en torno a sus condiciones de trabajo y al derecho a ser mejor remunerados por una labor tan peligrosa: el 25 de noviembre del 2004 se hundió el pesquero Siempre Don Pablo, muriendo tres de sus tripulantes.

A principio de 2005 la Cámara que nuclea a la flota amarilla, expresó su rechazo a los cupos de merluza otorgados desde Nación, denunciando que el acuerdo se había realizado a favor de Mar del Plata. El 6 de enero se movilizaron desocupadxs de la pesca al municipio de Trelew, reclamando puestos de trabajo y denunciando que Naramar había reabierto trayendo obrerxs precarizadxs desde Mar del Plata. Lxs marinerxs de Alpesca, afiliadxs al SOMU, protagonizaron un conflicto (que provenía del 2004) durante enero, por condiciones de trabajo.

La situación de extrema precariedad, heredada del período de crisis y que las empresas pretendían perpetuar, generaba nuevos reclamos obreros. En febrero lxs trabajadorxs de una contratista de mano de obra reclamaron, con cortes y quema de cubiertas, contra la precarización laboral. El STIA denunció que esto era parte normal del funcionamiento de la empresa Sistemas Temporarios (que tercerizaba personal para varias plantas), con contratos en negro, cooperativas “truchas”, etc. Tras algunas semanas de acciones se llegó a una victoria obrera, con la firma de un acuerdo que estipulaba el pase a planta de todo el personal tercerizado²⁵.

Nuevos conflictos surgieron durante marzo en Conarpesa, Argenova, Agropez, Harengus y otras plantas. Se incubaba el reclamo de una recomposición salarial y la mejora en las condiciones laborales, intentando enfrentar la “herencia” de la crisis que agobiaba a lxs trabajadorxs de la rama desde, al menos, 1997. El STIA realizó el 16 de marzo una asamblea de delegadxs, en la que votó un plan de acción: “en los últimos catorce años desde 1991 las empresas del sector aumentaron su productividad, ocupando menos trabajadores y con menos horas trabajadas; aunque la productividad por trabajador y por hora trabajada aumentó en forma espectacular, como así también los ingresos corrientes de las empresas (que aumentaron sus ganancias y rentabilidad) mientras no pasó lo mismo con nuestros salarios” (Diario Jornada, 17/3/05).

Tras casi un mes de negociaciones con el gobierno y la CAPIP, el 13 de abril el STIA convocó una huelga por tiempo indeterminado en todas las plantas pesqueras de Chubut, por un aumento del 100% al básico. El 14 se cortó la ruta provincial nº 1 en tres sectores, para impedir el funcionamiento de las pesqueras de Madryn y la operatoria del puerto. La negociación convocada por el gobierno para el 15 no dio resultados y el conflicto amenazaba con extenderse. El día 17 algunos funcionarios provinciales apoyaron el reclamo obrero, mientras la CAPIP planteaba que su ofrecimiento no superaría el 29,8%.

Para el día 19 el conflicto se profundizaba. A los piquetes del STIA se sumaron lxs estibadorxs, que extendieron los cortes a la ruta de acceso norte a Madryn. Ya eran cinco los cortes principales y se calculaban en unos catorce cortes simultáneos en la provincia. El dirigente del SUPA planteó su solidaridad con el reclamo del STIA, sosteniendo que el derecho a trabajar se los quitaba la CAPIP, por su negativa a compartir una porción de sus ganancias.

El Subsecretario de Trabajo se dirigió al corte principal junto al intendente de Madryn, para notificar a los sindicalistas el llamado a una nueva conciliación obligatoria. Lxs trabajadorxs aceptaron la reunión, trasladándose a las banquinas de la ruta. En la negociación la CAPIP aceptó subir su oferta de $4,70 la hora a un “máximo” de $6. El sindicato planteó que como mínimo aceptaría $7,80, siendo su reclamo original $8,10 por hora.

Al otro día, y tras el fracaso de la negociación, se volvió a cortar la ruta nº 1. La justicia ordenó el desalojo del piquete y por la tarde del miércoles 20 más de cien efectivos de la guardia de infantería intimaron a lxs trabajadorxs: tras situaciones de mucha tensión, se negoció el levantamiento del corte sobre una vía de la ruta. El jueves 21 fracasó otra negociación entre las partes.

La mayoría de los gremios de Puerto Madryn debatieron la convocatoria a un paro general en la ciudad. La Cámara de Comercio de Madryn reclamó la urgente resolución del conflicto, que ya afectaba la economía de toda la región. El viernes 22 se resolvió la convocatoria a paro general y movilización para el lunes 25 en Madryn, llamado en conjunto por las distintas centrales sindicales. A ello se contraponía lo sucedido en Comodoro Rivadavia, al sur de la provincia: allí se llegaba a un acuerdo en la huelga pesquera. Mientras en Madryn se unían otros sectores al reclamo, la huelga se fragmentaba a nivel regional y perdía mucha de su contundencia.

El conflicto involucraba a unos 6 mil trabajadorxs en Chubut, de lxs cuales unxs 3 mil vivían en Madryn (el principal parque pesquero de Patagonia). Durante el fin de semana se mantuvieron los cortes en Madryn y Rawson, mientras en Comodoro se ratificaba el acuerdo que llevaba la hora a $6,04 pesos. El frío y la lluvia habían complicado la continuidad de los cortes, pero estos se sostuvieron con una firme disciplina en base a lxs delegadxs de plantas y el cumplimiento de los turnos de 8 horas. Si bien la huelga general no fue muy contundente (no se sintió en ALUAR²⁶ y en el Estado), sí fue impresionante la movilización callejera, con la presencia de al menos 5 mil trabajadorxs. Por la madrugada lxs obrerxs decidieron volver a cortar totalmente la ruta, lo que provocó otra intimación policial.

Los días siguientes fueron de constantes negociaciones. Ya superada la tercera semana de conflicto se generaban algunos disensos en la cámara patronal, entre quienes pensaban que era tiempo de llegar a un acuerdo y aquellos que se oponían. El dirigente de la CAPIP, Mario Ordiales, sostenía que estaban: “sin poder entrar a nuestras plantas, sin poder mantener los equipos de frío, sin acceder a las computadoras, a la administración de las empresas, sin mover los vehículos que dejamos dentro de las plantas o los barcos que tenemos en el puerto. Hay un estado de sitio” (Ámbito Financiero, 27/4/05). Por su parte Nuñez, dirigente del STIA, remarcaba: “No podemos retroceder, nuestros salarios son los peores de la actividad en todo el mundo, pagan en pesos, venden en euros, y no nos dan el aumento” (Ámbito Financiero, 29/4/05).

La patronal intentó llevar la negociación a nivel nacional y realizarla directamente con la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Los dirigentes nacionales aceptaron reunirse en Buenos Aires, cuando no habían viajado a la provincia en más de tres semanas de conflicto. Esto generó críticas de lxs trabajadorxs y del dirigente sindical local, Luís Núñez.

Para el 5 de mayo seguía sin haber novedades. El gobierno provincial apostaba ahora a estirar el conflicto, al igual que la patronal, negociando con los demás gremios que no se generasen otras movilizaciones o paros generales. En Madryn se mantenía el corte a la ruta nº 1 y tres piquetes en el camino al puerto. Lxs trabajadorxs de Rawson sostenían el piquete de la ruta que conectaba la ciudad con el puerto y se movilizaron a la Legislatura.

La extensión del conflicto iba mermando las fuerzas y las solidaridades obreras: el SUPA decidió suspender sus acciones de lucha y gestionó una ayuda económica gubernamental para sus afiliadxs. Lxs pesquerxs marcharon por Madryn realizando escraches a las casas de los empresarios, pero la huelga ya iba quedando aislada y perdía contundencia. En Rawson lxs obrerxs ocuparon las instalaciones de Iberpesca, amenazando con vender la mercadería congelada para cobrar lo adeudado.

La dirigencia del STIA decidió impulsar una marcha desde Madryn hasta Rawson, la capital de la provincia. Son unos 80 kilómetros, que se harían en su mayor tramo a pie por la ruta nacional nº 3, iniciándose el 10 de mayo con unxs 400 trabajadorxs. En Rawson fueron recibidxs por el gobernador, que anunció un fondo anticrisis para la pesca y ayuda social para sus familias. Pese a ello no hubo medidas claras ni soluciones, y la larga marcha pareció haber estirado otros dos días el conflicto, cansando aún más a lxs trabajadorxs que hicieron ese enorme esfuerzo sin conseguir resultados concretos. La huelga siguió, pero ya sin nuevas iniciativas del sindicato.

En Madryn el 13 volvieron a marchar casi mil trabajadorxs de la pesca. El 16 se produjo otra movilización, ahora centrada en las mujeres y niñxs, tras más de un mes de huelga. Dos días después se aceleró la resolución del conflicto. La CAPIP elevó una nueva propuesta al STIA donde supuestamente había mejorado la oferta. Se realizó una asamblea de más de 1500 trabajadorxs, que rechazó el ofrecimiento y ratificó la huelga.

El gobierno provincial pasó a posicionarse directamente en contra de la medida de fuerza, exigiendo su fin y amenazando con la represión. Se planteó que la contrapropuesta del STIA era inviable y que al cumplirse 37 días se había terminado el tiempo de negociar. El 20 de mayo se llegó a un acuerdo que levantó la huelga: el STIA terminó aceptando $6,50 la hora (antes del conflicto era de $3,40). El salario asegurado tenía un aumento significativo y entre lxs fileterxs se pasaba de $0,30 por kilo a $0,42. Más allá de diversos balances acerca de si la huelga fue un éxito para lxs obrerxs, no hay dudas que generó un nuevo piso salarial y un cambio significativo en la correlación de fuerzas entre las distintas fracciones del sector pesquero.

En junio y julio se desarrollaron acciones de lucha, por ejemplo en Nedar, Iberpesca y Santa Bárbara, para que se cumpliese lo acordado. Hubo ocupaciones de plantas y ataques a las casas de algunos propietarios. Los últimos días del año se vivieron en el marco de constantes reclamos por un mayor cupo de merluza para el año 2006.

9. Nuevos horizontes en la actividad: 2006-2007

Se siguieron generando una relevante cantidad de conflictos, que ya se desarrollaban sobre un nuevo piso. La renegociación impuesta por la gran huelga del 2005 implicó reformas profundas en el escenario general del mercado de trabajo pesquero, que se recuperaba, al menos en parte, del legado de bajos salarios y precarización laboral que el empresariado buscaba sostener tras el período de crisis.

Las acciones se concentraron en las plantas con peores condiciones o que se negaban a reorganizar sus estructuras y formas de empleo, como en Moliendas del Sur. También entró en crisis, y cerró sus puertas, la tercerizada SM&S. Otros hechos de conflictividad se produjeron en Interpesca y Conarpesa.

Hacia fines de año se desarrolló un relevante conflicto con lxs trabajadorxs de la empresa Flota Amarilla, que protagonizaron cortes de rutas durante varias jornadas. En ese marco se registraron enfrentamientos con las fuerzas policiales y ataques a las viviendas de los dueños del establecimiento.

El 2007 se verá atravesado por el conflicto provocado por el incendio de la recientemente instalada Kaleu-Kaleu, y la decisión de sus dueños de no volver a ponerla en marcha. Era una señal de la reestructuración de la rama pesquera en Patagonia, que con el cambio de especie objetivo ya no tenía interés en sostener estructuras tan significativas en tierra, implicando esto una relevante pérdida de puestos de trabajo estables.

También se registraron movimientos de protesta, por recomposición salarial, entre lxs portuarixs y marinerxs. En el seno del SOMU, además, se produjo el reemplazo de su dirigencia a partir de una decisión nacional de intervenir las delegaciones regionales. Quien fue desplazado, Antonio Cuello, intentó actualizar el viejo anhelo de conformar un sindicato de la pesca con tintes regionalistas, formando el Sindicato de Pesca Costera del Chubut, pero sin que el mismo lograse ninguna trascendencia. El SOMU desarrolló varios reclamos por salarios y condiciones de trabajo durante este año, quizás influenciado por el surgimiento de ese posible competidor sindical.

Distintos hechos de beligerancia se protagonizaron en pesqueras como Agropez e Interpesca. Es relevante, para comprender el nuevo piso de derechos que impuso la huelga del 2005 en la región, el proceso en la pesquera Veraz. Trabajadorxs de esa planta, ubicada en Rawson, reclamaron aumento salarial, con cortes de calles y quema de cubiertas frente al portón de ingreso, denunciando que los dueños eran de Mar del Plata y amenazaban con despidos ante cualquier reclamo: “Ellos están acostumbrados a mantener a la gente como en Mar del Plata: esclavos. Aquí le vamos a demostrar que los trabajadores somos de Chubut y que hay un convenio colectivo de trabajo que hay que respetar”, declaraba el obrero Marcelo Castaño (Diario Jornada, 23/10/07). Ese nuevo marco es el que parece señalar la continuidad de la dinámica conflictual en el sector pesquero de Patagonia, rasgos que se seguirán explorando en futuros avances de investigación.

10. Reflexiones finales

Este artículo aporta un registro sistemático sobre los conflictos en torno a la actividad pesquera en la Patagonia durante la fase 1997-2007, estableciendo diversas lecturas comparativas con la etapa 1983-1996. Ya se han resaltado distintos elementos, y expuesto diversos resultados, a lo largo del escrito, tanto sobre la fase aquí investigada como acerca de los rasgos característicos de cada etapa y de los balances que pueden formularse al contrastar los resultados en clave comparada.

Aquí se intentarán retomar brevemente esos registros. Una hipótesis fuerte es que hacia 1997 comenzó un nuevo ciclo de la rama pesquera; el mismo se caracteriza por una mayor conflictividad, en el marco de la crisis del recurso merluza por la sobrepesca generada en los años previos. Esto se observa al contrastar la cantidad de conflictos registrados en los 14 años previos (131) con los 230 hechos aquí sistematizados.

La promoción al desarrollo pesquero en Patagonia, impulsado desde la dictadura militar y continuado luego de 1983, consolidó la concentración de capital en esta rama económica, permitiendo la deslocalización de actividades empresariales y promoviendo la fragmentación regional del colectivo laboral. Las grandes empresas generalizaron la pesca a través de barcos congeladores, provocando un crecimiento de la captura que depredó el recurso en pocos años.

Un rasgo evidente de la fase 1983-1996 fue la permanente disputa al interior del colectivo obrero pesquero, tanto entre sus distintas capas como entre trabajadorxs adherentes a diferentes estructuras sindicales. Esto no aparece como especialmente significativo en la fase aquí trabajada. La amplia mayoría de los conflictos entre 1997 y 2007 se ordenan en clave “vertical”, entre las diversas fracciones de trabajadorxs y sus patronales. Esto no inhibe que también se registren algunos enfrentamientos a nivel “horizontal”, pero los mismos no adquieren un rasgo de predominancia. También aparecen momentos de unidad entre las fracciones obreras y ciertas cámaras empresariales, pero esto solo se da en coyunturas particulares, especialmente ante las situaciones de carencia de recurso y en las disputas de tinte regionalista por la asignación de cupos o la diagramación de las vedas biológicas.

En esta fase los sindicatos no expresan un interés destacado por la sustentabilidad del recurso. De hecho constantemente se oponen a la extensión de las vedas o a la presencia de inspectores en los barcos, y son escasas las críticas al “descarte” de las especies menos valiosas. Estos elementos, que hacen referencia a una conciencia más “ecologista” (que en investigaciones en curso hoy sí emergen como un interés primordial de las dirigencias gremiales), no eran motivo de preocupación en esos años. Quizás la razón de esa novedosa inquietud, además de la creciente relevancia del movimiento ambiental en Patagonia (^{Hermosilla Rivera, 2020}), lo tenga el evidente impacto que las fases de escasez del recurso tuvieron sobre las condiciones de vida de lxs obrerxs de la pesca.

Un contraste destacable con la fase 1983-1996, es la absoluta preponderancia que entre 1997-2007 adquirieron lxs trabajadorxs en tierra para explicar la conflictividad del sector, agrupando más del 70% de los hechos. Por otra parte se desplomaron los conflictos portuarios, especialmente aquellos registrados en el puerto pesquero más importante de Patagonia, el de Madryn. Mientras en la fase previa se observaron permanentes enfrentamientos contra la intención de “desregular” la actividad de la estiba, en la etapa aquí trabajada casi no se registran conflictos significativos: el puerto se presentó como un ámbito de “orden”, especialmente comparado con la conflictividad en las plantas de procesamiento. Lxs marinerxs, por su parte, mantuvieron una incidencia similar entre ambas fases.

Al construir la periodización para los conflictos laborales en el sector pesquero se observó una interrelación entre factores generales y elementos particulares (en especial vinculados a las condiciones del recurso) para explicar los hitos de corte. A un primer período (1997-1999) marcado por la carencia del recurso merluza y el avance de la precarización laboral, le siguió el 2000-2002 que estuvo atravesado por los efectos de la crisis, tanto la general del país como la particular del sector. Fue un período difícil para lxs obrerxs, caracterizado por el avance sobre sus conquistas y la fragmentación de su colectivo laboral. Al mismo tiempo comenzaba la recuperación económica del sector, en torno al auge del langostino y la caída del precio de la fuerza de trabajo provocada por el mismo contexto general y particular.

El período de mayor conflictividad fue 2003-2005, donde lxs trabajadorxs primero recuperaron sus espacios productivos, en el marco de una continuada mejoría de la actividad a partir de la abundancia del langostino, y luego protagonizaron las grandes luchas que generaron un nuevo piso de condiciones laborales en el sector. Fue durante esa etapa cuando lxs obrerxs protagonizaron las luchas que derrotaron la intención patronal de perpetuar las condiciones de precariedad y súper explotación heredadas de los períodos de crisis. En base al conflicto se renegociaron las relaciones de fuerzas entre las diferentes fracciones de la rama pesquera, en un proceso que comenzó en Patagonia y luego impactó en Mar del Plata (^{Schulze, 2020}).

En el registro de los instrumentos de lucha utilizados se destaca la caída de las huelgas. Ese rasgo expresa parte de la transformación que estaba sufriendo el sector, algunos de los efectos que estos procesos generaban sobre lxs trabajadorxs y los caminos que los sujetos subalternos formularon para sostener sus reivindicaciones en el marco de la nueva relación de fuerzas.

El incremento de la desocupación y la tercerización laboral generó una disponibilidad excedentaria de fuerza de trabajo, debido a la cual la tradicional medida de negarse a trabajar ya no garantizaba el éxito de los reclamos: ahora esas acciones necesitaban ser acompañadas por instrumentos que extendiesen el conflicto más allá del ámbito laboral, como los cortes de rutas, calles y accesos a las plantas o a los puertos. La continuidad del relevamiento dará elementos para confirmar o descartar estas tendencias de cambio y seguir afinando nuestro registro.