4.1 El agronegocio como fascismo paraestatal

Como ya sostuvimos anteriormente, un primer rasgo o aspecto asociado con el ascenso del modelo de los agronegocios es la desarticulación del andamiaje institucional propio del anterior modelo agroindustrial (durante la década 1990), con el concurso previo de la represión durante la dictadura militar (década 1970-80) de las organizaciones de la sociedad civil urbanas y rurales (^{Giarracca yTeubal, 2008}). Tal desarticulación fue condición indispensable, aunque no suficiente para la integración económica mundial del agro local. Se requirió, además, de la emergencia de un nuevo patrón de regulación o “neoregulación” (Otero y ^{Lapegna, 2016}) en donde el rol del Estado cambió sus formas de intervención: de apoyar a la agricultura nacional pasó a promover agroempresas nacionales y/o multinacionales como agentes económicos primordiales. Ejemplo de esto, es el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 implementado a partir de diferentes políticas públicas en donde la agricultura familiar tiene un carácter residual². En este contexto, además se implementaron toda una serie de leyes de carácter ambiental tendientes a la defensa y gobernanza tanto de los bienes naturales como de los efectos de las actividades económicoextractivas sobre éstos últimos, sancionadas desde una perspectiva de desarrollo sustentable³. Es decir, emerge un tipo de gestión del ambiente ligada a la lógica neoliberal que propone una subordinación de la naturaleza por la economía, del espacio vital por el espacio económico global, la sustitución del dominio público y comunal por el privado, mediante un proceso de mercantilización o capitalización de la naturaleza.

En este contexto, el agronegocio como modelo se asentó sobre el despliegue de un fascismo paraestatal, es decir: “la usurpación de las prerrogativas del Estado (como coerción y la regulación social) por parte de actores sociales muy poderosos que, frecuentemente con la complicidad del mismo Estado, o bien neutraliza o bien suplantan el control social producido por el Estado” (^{Santos, 2009}: 488).

El fascismo paraestatal tiene dos dimensiones: el fascismo contractual y el fascismo territorial. El primero remite a “la discrepancia de poder entre las partes en el contrato civil es tal que la parte más débil, presentada como más vulnerable por no tener ninguna alternativa, acepta las condiciones impuestas por la parte más fuerte, por muy costosas y despóticas que sean” (^{Santos, 2009}:488). La lógica de apropiación que se despliega a partir del fascismo contractual se evidencia en múltiples esferas e involucra a múltiples y variados actores.

Este proceso de apropiación tiene como uno de sus principales hitos, el desmantelamiento del modelo tecnológico sostenido durante el modelo de desarrollo agroindustrial hasta la década de 1970, donde el INTA era el principal actor en el desarrollo de conocimientos y prácticas agronómicas y pecuarias en general y de la genética para la producción agrícola en particular (^{Boy, 2005}).

Este desmantelamiento implicó, por un lado, modalidades nuevas de apropiación del conocimiento como fue la expansión de los convenios de vinculación tecnológica entre empresas transnacionales y el sistema científico nacional (el ejemplo paradigmático es el convenio entre BIOSERES, Consejo Nacional de Ciencia y Técnica [CONICET] y la Universidad Nacional del Litoral). Estos convenios suponen la capacidad de las empresas transnacionales de imponer agendas de investigación.

Por otra parte, el desmantelamiento de la regulación anterior se expresó en nuevas esferas de privatización y mercantilización de la naturaleza como el caso de la apropiación del acervo genético del banco de semillas en manos del INTA por parte de las empresas transnacionales que ingresaron al país (^{Teubal y Palmisano, 2010}). Estas transformaciones establecieron las condiciones de posibilidad para avanzar en la regulación sobre el uso de la semilla transgénica, situación que ^{Perelmuter (2017}) ha caracterizado como “cercamiento jurídico de la semilla”. Este cercamiento implicó que prácticas consuetudinarias como el intercambiode semillas que históricamente estuvo basado en la reciprocidad y no en el canje mercantil y que fuera una parte constitutiva de determinadas formas de producir, fuera considerada como una práctica ilegal.

Considerar ilegal el uso propio de la semilla es la condición para establecer un tipo de contrato basado en la extrema desigualdad entre las partes en el cual el uso de semillas transgénicas supone la determinación unilateral del quantum en el pago/cobro de regalías. En efecto, signo de esta situación son las condiciones que establece el contrato en torno a la soja Intacta RR2 PRO, el cual obliga a pagar el canon por la propiedad intelectual tanto si se adquiere semilla certificada como si se utiliza la producida en el propio campo (o lo que los productores llaman bolsa blanca). La empresa “ofrece” realizar el pago de regalías de manera anticipada o en el punto de entrega (es decir, con su comercialización). La adhesión a estos acuerdos y contratos, que no están contemplados en la actual Ley de Semillas, fueron efecto de la presión que, principalmente la empresa Monsanto, ejerció sobre los productores: amenaza con retirarse del mercado argentino, operativos de fiscalización, incautación de embarques a la Unión Europea y demandas judiciales.

La apropiación de renta también se da a partir de mecanismos tributarios en el intercambio comercial de insumos. En efecto, Carla ^{Gras y Valeria Hernández (2015}) sostienen que las innovaciones motorizadas por las empresas transnacionales (ET) en lo que respecta a la comercialización de los insumos (contratos de exclusividad entre las empresas y los comercios locales y facturación directa) implica “un desplazamiento de una parte de la renta agrícola desde el Estado hacia las ET, las que capturan el 24% de la segunda facturación que en el nuevo sistema queda suprimida” (^{Gras y Hernández, 2015}: 92). En este contexto, queremos resaltar que la apropiación de la renta por parte de las empresas transnacionales supone el deterioro de la capacidad regulatoria del Estado.

Por otro lado, las reformas institucionales de la década de 1990, sentaron las bases del “nuevo contratismo” en donde contratos de arrendamiento/aparcería rural de carácter accidental asumen el papel que adquiere la flexibilización laboral en el sector industrial (^{Manzo, 2014}). En este contexto, la proliferación de los contratos accidentales aparece como un eslabón imprescindible en las nuevas modalidades asociativas de empresarios pero que, sin embargo, suponen una diferencia de poder de negociación a la hora de la realización del contrato. Un ejemplo de esto lo da el análisis que realizan ^{Sosa Varrotti y Frederico (2018}) de las formas de contractualización que despliega la empresa El Tejar. En este caso, la organización en red de la producción, más allá de ser presentada como un modelo horizontal o bien un modelo win-win, esconde un estilo de contractualización atravesado por relaciones de poder en donde una de las partes impone condiciones opresivas sobre las otras⁴.

Por su parte, el fascismo territorial, siguiendo a Santos, sobreviene cuando “actores sociales con enormes cantidades de capital disputan al Estado el control sobre los territorios donde actúan, o neutralizan ese control al cooptar o coaccionar a las instituciones del Estado y al ejercer la regulación social sobre los ciudadanos del territorio, sin que éstos participen y en contra de sus intereses (^{Santos, 2009}: 488). Entendemos que estas son las condiciones que caracterizan los procesos que operan en los frentes de avance, agrarios y rurales, sobre todo en aquellos más dinámicos en términos capitalistas. Allí se viene registrando, junto a la histórica conflictualidad por la tierra, conflictos por el agua y el monte, por las externalidades socioambientales derivadas del uso de los agroquímicos de los “paquetes tecnológicos”, y a su vez se observa el aumento agudo de la violencia rural (^{Domínguez y Estrada, 2013}, ^{GEPCyD, 2010}).

Estas situaciones ocurren principalmente en los frentes sojeros de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, y en el frente turístico-minero de las provincias patagónicas. Se trata de zonas donde a su vez se ha registrado la mayor cantidad de casos de asesinatos de población indígena y campesina (los más renombrados han sido Cristian Ferreyra y Miguel Galván del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina), a manos de sicarios privados, pero también de fuerzas de seguridad estatales (^{Domínguez y Estrada, 2013}). En los procesos de desalojo o arrinconamiento de familias y comunidades operan efectivos policiales o militares más allá de los bordes legales, y con frecuencia también guardias privadas contratadas por empresarios que buscan apropiarse de un territorio (Barbetta, 2009).

En algunos casos, el fascismo territorial que señalamos para comprender la lógica de los agronegocios se entrecruza con procesos de despojo y colonización estatal de larga duración, como es la violencia contra las poblaciones indígenas, tanto en el monte chaqueño, en las selvas de yungas precordilleranas, como en la estepa y andes patagónicos. De igual modo el fascismo territorial se puede asociar con la definición actual de landgrabbing (acaparamiento de tierras) que hace la FAO (2012) donde incluye como factor explicativo del proceso, el rol de los Estados como vendedores o compradores de tierra, y la dinámica de acumulación del capital. Si bien la literatura en torno al acaparamiento de tierras da cuenta de los mecanismos y procesos a través de los cuales tanto Estados como empresarios agrícolas controlan la tierra, la mirada del acaparamiento en un contexto de fascismo social nos permite profundizar el análisis. Aquí, el Estado y la territorialización del capital actúan excluyendo e invisibilizando a poblaciones campesinas e indígenas quienes son arrojados nuevamente al estado de naturaleza. Pero también estas dinámicas operan sobre amplias franjas de productores familiares que se ven compelidos a desprenderse de sus tierras (o de la gestión productiva de las mismas).

Por otra parte, el paradigma tecnológico del agronegocio también expulsa al estado de naturaleza a una importante parte de la población rural que ve afectada sus condiciones de vida y arraigo como consecuencia de efectos sobre la salud humana, animal y vegetal, derivadas de las fumigaciones y pulverizaciones aéreas y terrestres, aunque también podrían mencionarse los efectos negativos en la salud debido a las plantas de acopio de granos.

Frente al debate público del problema, las autoridades nacionales sin importar cambios de gobierno han declarado la inocuidad de los principales agroquímicos, y se han limitado a proponer el seguimiento de manuales de buenas prácticas. Sólo, en la escala municipal y provincial el Estado ha asumido alguna regulación, estableciendo distancias mínimas para las aplicaciones de agroquímicos. Las poblaciones rurales y rururbanas afectadas, e incluso científicos y ambientalistas, denuncian que además de los riesgos de cáncer y otras enfermedades asociados con agroquímicos en general, suponen la ocurrencia de un “experimento masivo a cielo abierto” (como solía decir el biólogo Andrés Carrasco en sus exposiciones públicas). En este contexto, el despliegue del modelo de los agronegocios implica, más allá de la gestión sustentable de los recursos, la desigual distribución de los impactos negativos derivados del manejo del ambiente (desmonte, agricultura industrial, infraestructura y urbanización del espacio rural, etcétera). En otras palabras, la desigual distribución de las denominadas “externalidades” ambientales implica para un importante sector de la población, la expulsión de sus lugares de “pertenencia”, el deterioro de las condiciones del hábitat y sus modos de vida, entre otras cuestiones.

4.2 El agronegocio como fascismo del apartheid (para la separación) social

El agronegocio ha significado la reorganización del sistema agroalimentario y la estructura agraria. Inclusive su despliegue se ha dado a la par de la implementación de políticas de ordenamiento territorial. De modo tal se ha reestructurado la disposición espacial del agro argentino, y los modos de acceso y uso de los recursos naturales. Los usos del suelo se han reconfigurado, y los agro-ecosistemas han sido redefinidos en función del mapa productivo. Es una reconfiguración que concibe espacios agrarios integrados al orden global, diferenciándolos de aquellos espacios remanentes que aún no han sido incorporados o que presentan ambientes naturales y humanos resistentes al cambio y a la integración. Estas transformaciones y reconfiguraciones implicaron el despliegue del fascismo del apartheid social. Éste se define como: “la segregación social de los excluidos a través de la división de ciudades [para nosotros de los territorios rurales] en zonas salvajes y zonas civilizadas. Las zonas salvajes son las zonas del estado de naturaleza de Hobbes. Las zonas civilizadas son las zonas del contrato social y viven bajo la amenaza constante de las zonas salvajes. (…) En relación al Estado, la división agrega un doble criterio de acción estatal en las zonas salvajes y civilizadas. En las zonas civilizadas, el Estado actúa de forma democrática, como un Estado protector, incluso si en ocasiones es ineficiente y poco fiable. En las zonas salvajes, el Estado actúa de manera fascista, como un Estado predador, sin ningún respeto, ni siquiera en apariencias, por el Estado de derecho” (^{Santos, 2009}: 488). Este tipo de fascismo social puede observarse por ejemplo en el ascenso de una narrativa que repone la noción de frontera agropecuaria en clave civilización/barbarie.

Durante el denominado “conflicto campo-gobierno” en el año de 2008, donde principalmente ciertos sectores de la producción agraria reclamaban por las retenciones agrícolas o derechos de exportación, podían leerse en movilizaciones, piquetes y palcos, carteles con frases que hacían referencia a la identificación entre los intereses del campo y aquellos del conjunto del país: “El campo presente” / “El campo de pie” / “El campo es mucho más que campo” / “Apoyemos al campo, defendamos al país” / “Sin el campo, no hay futuro” / “Contra el campo no hay país” / “Viva la patria, viva el campo” / “Si matan al campo, el país no come”.

Los medios de comunicación de masas, sin importar su posición ideológica, reponían este núcleo de sentido sobre la existencia de un actor social que representaba la totalidad: “El Campo”. Esta significación social de UN solo campo resuena con momentos históricos anteriores en los cuales se consolidó la clase terrateniente capitalista en Argentina (^{Hora, 2002}). Sin embargo, por fuera de este campo, como lo denuncian las organizaciones de pequeños productores y campesinos, hay “otro campo”, o bien están “los de la tierra”. También en esta disputa, frente a la patria identificada con los intereses del sector agroexportador argentino, estarían los sectores sociales urbanos que dependerían del “alimento” o de las “divisas” que produce “el campo”.

El campo como unidad, así como representación de los intereses de la patria o la nación, son condensaciones de sentido que recogen y amplifican también las asociaciones no gubernamentales más representativas del nuevo modelo agrario dominante. Es el caso de AACREA y AAPRESID que se posicionan como instituciones técnicas asumiendo un rol “constructivo” ya sea de un “modelo de desarrollo agropecuario” o de un “modelo de nación” (^{Liadaut, 2015}). Según Liadaut (²⁰¹⁵) se trata de una elaboración ideológica con intenciones hegemónicas: “En este caso evidentemente se realiza una apuesta por una visión liberalconservadora de nación. Esta concepción se basa en un fuerte apego por las naciones extranjeras del norte como modelo a imitar y presenta como frontera la idiosincrasia del ser argentino (criollo) como el modo de comportamiento a eliminar. Se reaviva en este discurso la dicotomía civilización y barbarie, de fuerte presencia en la historia argentina” (^{Liadaut, 2015}: 24).

Como trae la cita, el campo asociado con la nación entronca con la dicotomía sarmientina “civilización o barbarie”. Esta imagen cumple una doble función, como antinomia que confronta dos fuerzas irreconciliables, pero a su vez como un proceso histórico inevitable de cambio, el pasaje de sociedades tradicionales (bárbaras) a sociedades modernas (civilizadas) (^{Svampa, 2006}).

Retomando esa tradición, el agronegocio reinstala al campo como motor del progreso, del lado de las fuerzas civilizadoras frente a la violencia/inseguridad e irracionalidad/ineficiencia que habita las ciudades (a la inversa que la propuesta de Sarmiento en la que la barbarie provenía del campo y atacaba la civilización naciente en las ciudades). Por otro lado, en la legitimación del agronegocio se recrea también la idea de frontera civilizatoria ligada a la inserción en el “mundo globalizado” y al arribo de la “sociedad del conocimiento”. Con matices, los apologistas del agronegocio abonan esta perspectiva histórica, cubriendo un espectro que va de la celebración sin fisuras de la modernización agraria, descalificando toda crítica bajo la acusación de “tecno-fóbicos” (Héctor Huergo podría representar esta posición), a la versiones más refinadas que incorporan la crítica ambiental y reponen la apuesta por el “desarrollo sustentable” para saldar la grieta entre crecimiento económico y cuidado del medioambiente (Gustavo Grobocopatel es en este caso un referente). Sin embargo, hay consenso entre los principales voceros del agronegocio sobre la alteridad del modelo, un conjunto de resabios anacrónicos o sectores reactivos y dogmáticos que aún persistirían en condiciones de “atraso” / “pobreza rural” / “degradación ambiental”.

En este contexto, la antinomia civilización o barbarie, y los valores del liberalismo conservador que la enarbolan, recobra ímpetu y se presenta como una línea de frontera entre aquellos que se atreven a “mirar al futuro” y dar forma a una “nueva sociedad” y las resistencias del pasado y el subdesarrollo.Así, la idea del productor “agro-innovador” del agronegocio, reedita el componente civilizatorio modernizador que se le asignaba a los pioneros en el avance de la frontera territorial de los Estados Nación frente a los “salvajes” o pueblos indígenas.

Esta demarcación temporal y espacial subyace con potencia en el concepto y noción de “avance de la frontera agropecuaria”. La recomposición actual de situaciones de frontera es presentada como un proceso económico-productivo: “A mediados del siglo XX, cuando la conquista agropecuaria se hubo expandido a todo el territorio nacional, comenzó una nueva frontera, la de los rendimientos. Fue un proceso montado en la tecnología y la recolección y de tal magnitud que logró multiplicar la producción cerealera desde niveles de veinte millones de toneladas de cereales hasta los cien millones de toneladas actuales” (^{Lanusse, 2011}).

Desde una perspectiva crítica, en cambio, lo que se observa es que estamos ante una construcción ideológica revestida de neutralidad valorativa gracias a la elaboración de un concepto de carácter descriptivo. El avance de la frontera agropecuaria (en sus múltiples frentes) reduce la comprensión del proceso a sus dimensiones agronómicas y económicas como el uso del suelo y los posibles rindes. Es un análisis que evita toda referencia a la conflictualidad presente en las relaciones sociales que se territorializan o desterritorializan detrás de un cambio en el uso en un “ecosistema natural” (así como la metáfora del “desierto” a conquistar refería en el siglo XIX a espacios vacíos, la idea de espacio natural o ecosistema a incorporar al uso agro-ganadero también señala en el siglo XXI la ausencia de relaciones sociales que habitan o disputan un territorio). Este reduccionismo analítico acaba siendo un discurso celebratorio del despliegue de los agronegocios como reorganización del sistema agroalimentario, y encubre los procesos de apropiación y violencia que supone, ubicándolos en un “afuera”, exteriorizándolos de su lógica, montando así su alteridad como realidad invisible, producida como ausencia.

Lo que reinstala esta noción de frontera, es la demarcación de un límite que separa mundos diferentes. Entre un mundo donde hay unos modos civilizados, y un mundo salvaje donde los modos son los de la violencia, a pesar que se quiere mostrar su carácter excepcional o azaroso. Del otro lado de la frontera, en los territorios reivindicados por comunidades indígenas o campesinas, se contratan sicarios para matar o torturar a pobladores, las policías detienen sin orden judicial personas involucradas en conflictos de tierra, las bandas armadas de seguridad privada se desplazan y actúan con total impunidad, muchos desalojos se llevan a cabo sin sentencias firmes, las organizaciones y líderes sociales que denuncian estos hechos son a su vez denunciadas penalmente como asociaciones ilícitas.

Es por ello por lo que, en las situaciones de frontera, donde el agronegocio se muestra como fuerza progresista y civilizatoria, se gestan unos paisajes y territorios donde se vacía al otro de humanidad, de civilidad, un otro/otra despreciado y criminalizado, incluso se trata de otro/a que es pasible de ser eliminado físicamente. Desde la criminalización de organizaciones de base hasta el asesinato de sus integrantes, la noción de frontera representa el intento de desbaratar toda alteridad política que dispute espacios geográficos, patrones tecnológicos y reconocimientos de soberanías no estatales, y que en definitiva se oponga a lo que se ha llamado a escala global “nueva ola de cercamiento de los bienes comunes” (^{Boyle, 2008}; ^{Harvey, 2004}).

4.3 El agronegocio como fascismo financiero

Otro de los rasgos característicos del agronegocio es la creciente financiarización. Sin embargo, lo que queremos marcar aquí, es que, con ella, emerge también una clase de fascismo social que es el financiero. Se trata del despliegue de una lógica especulativa de lucro con un enorme poder discrecional no sólo capaz de debilitar la economía real sino también condicionar las formas de vida de los que están abajo a través de desigualdades de poder que no son democráticas (^{Santos, 2009}).

En el plano agroalimentario esto se expresa en el desplazamiento del alimento como bien salario y base material de la sociedad, hacia su condición de mero activo financiero. En la actualidad los mercados internacionales y la especulación financiera son quienes controlan los precios agrarios y alimentarios. Esta financiarización del agro ha sido asociada con procesos tales como la “especulación alimentaria”, ya sea producto del acaparamiento directo de la producción, mercados de futuros, ingeniería financiera (^{García Arriola y Arieta, 2015}).

De esta manera, en la agricultura hemos pasado de precios basados en la productividad, después en el dumping de las ayudas y ahora en la especulación financiera. El correlato de la especulación alimentaria es la dieta neoliberal, la cual consiste en la globalización de la dieta industrial estadounidense. Pero a la vez, segmenta la calidad y el acceso a los alimentos de acuerdo a los ingresos. De esta forma, las clases de bajos y medianos ingresos consumen alimentos mayormente compuestos de carbohidratos, mientras que el acceso a una canasta diversificada en base a alimentos de calidad en términos nutricionales (carnes, frutas, verduras y otros productos de valor agregado) se limita a las clases de ingresos medio-altos y altos (Otero y ^{Lapegna, 2016}). En otras palabras, parafraseando a ^{Santos (2009}), el control del sistema agroalimentario por parte de grupos financieros se ha traducido en un poder de veto sobre el derecho al acceso a una alimentación sana y de calidad, para gran parte de la población.

Sin embargo, la financiarización de la agricultura no sólo avanza sobre los alimentos sino también en los espacios productivos con el crecimiento exponencial de la demanda de tierras para la producción de commoditiespor parte de grupos inversores privados, fondos de inversión y pensión (^{Gras y Hernández, 2013}). Por un lado, la imagen del sujeto “productor agrario” va dejando lugar al sujeto “inversor”. Por el otro, implicó un doble movimiento en las estructuras agrarias a partir del aumento de los cánones de arrendamiento y cambios en la modalidad de los contratos (a precio fijo y por adelantado). En este contexto, el poder de veto operó sobre la agricultura familiar de dos formas. Por un lado, imposibilitando la ampliación de la escala de producción, como consecuencia de los procesos de Landgrabbing, descritos anteriormente. Así, los sujetos medios de la estructura agraria o bien se vieron obligados a prestar servicios a terceros o arrendar tierras en zonas extrapampeanas. Por el otro, implicó el surgimiento de un nuevo sujeto social, el “rentista”. Es decir, aquel que pudo mantener la propiedad de la tierra, pero debió abandonar o alejarse de la actividad agropecuaria, a raíz de dificultades financieras, climáticas, familiares, de productividad, etc.

4.4.El agronegocio como fascismo de la inseguridad

Un aspecto que se destaca para abordar los agronegocios es la producción de subjetividades. En general se analiza la emergencia del emprendedorismo y el management agropecuario. Sin embargo, también se puede observar el ascenso de significaciones y acciones sociales que se centran en el problema de la “seguridad” o en una supuesta condición de inseguridad que estarían atravesando los mundos agrarios y rurales.

Por un lado, se apela a la inseguridad como la carencia de marcos jurídicos que garanticen la propiedad privada y la iniciativa empresarial. En este marco, son recurrentes los pedidos de seguridad jurídica de las organizaciones gremiales del agro que agrupan a los grandes productores agropecuarios, ante las amenazas de las supuestas usurpaciones de tierra o abigeatos. Se trata de colocar el derecho de propiedad en una jerarquía superior sobre otros derechos, como pueden ser el derecho posesorio para los campesinos o el derecho comunitario indígena, en el marco de la conflictualidad territorial que atraviesa la ruralidad argentina. También pueden mencionarse en esta misma dirección, los reclamos por seguridad jurídica de parte de las grandes empresas productoras de insumos agropecuarios por sus derechos de cobro de regalías por semillas o patentes de agroquímicos (recordemos los litigios de Monsanto por sus derechos sobre la soja RR o el Round up, y los intentos por modificar la ley sobre semillas).

Por otro lado, la inseguridad opera a través del miedo a perder la condición de ser parte del modelo, el riesgo de quedar fuera de las cadenas de valor del campo, ser inviable como productor, quedar entre los “perdedores”, no poder consolidar el patrimonio familiar, etc. Este es el caso que más se ajusta a la definición de fascismo de la inseguridad de Santos, el cual “consiste en la manipulación discrecional del sentido de la inseguridad de las personas y grupos sociales vulnerables debido a la precariedad del trabajo o a causa de accidentes o eventos desestabilizadores” (^{Santos, 2009}: 489). El fascismo de la inseguridad no actúa tanto sobre sujetos que se reconstruyen como campesinos o sobre las comunidades indígenas. Sobre estos sujetos, como vimos, el despliegue de los agronegocios activa otros fascismos. La manipulación del sentido de inseguridad opera más bien sobre las identidades chacareras y de los que aún se autodefinen como “colonos” o “gringos”. Nosotros lo relacionamos con el temor del mundo chacarero a quedar afuera del contrato social, perder la explotación familiar, quedar en el pasado o en el atraso tecnológico, verse despojado del patrimonio heredado.

En efecto, estos sujetos, en los casos en que han optado por volverse sojeros, lo hicieron primeramente por temor a perder la tierra, la explotación heredada, a fracasar frente a su linaje, a pesar de los riesgos a la salud o la pérdida de autonomía relativa frente a los complejos agroindustriales, etc. Se trataba de “salvar el campo” para “no perder” lo que se había logrado con tanto “sacrificio”.

Este proceso de adaptación significó desde la desaparición de cientos de miles de productores familiares, su endeudamiento y remate de tierras, o su salida de la producción, hasta las decisiones más trágicas ligadas al suicidio, pero también la acción colectiva, y más recientemente la emergencia de experiencias de transición agroecológica.

Sin embargo, más allá de la conciencia acerca de la inviabilidad estructural que implica el modelo de agronegocios para la producción familiar o las denuncias de falta de alternativas políticas por parte de expresiones gremiales como Federación Agraria, predominó la promesa de inclusión vía profesionalización y adopción de una racionalidad empresarial. Sin embargo, parafraseando a ^{Santos (2009}), lo que aquí se pone en juego es el miedo de quedar al otro lado de la línea abismal, tanto en el pasado como en un presente inviable. De este modo, el fascismo de la inseguridad actuó fuertemente en la desarticulación del mundo chacarero a partir de la emergencia del discurso del emprendedorismo y el management agropecuario en conjunción con la difusión de las nuevas tecnologías agropecuarias.