Presentación

Este dossier reúne artículos surgidos de investigaciones empíricas relativas al funcionamiento de parte de las instituciones que integran el sistema penal de la provincia de Santiago del Estero. Las mismas fueron realizadas durante la ejecución del proyecto PICT “Configuraciones del poder estatal y resistencias en el norte argentino: dispositivos de control social, prácticas genocidas y militancias/activismo de derechos en Santiago del Estero”¹. Dicho proyecto se propuso conocer las modalidades de ejercicio de la violencia estatal a través del estudio de algunos dispositivos de control social articulados en distintos momentos históricos en Santiago del Estero. Así como también se propuso indagar en la incidencia de las militancias y activismos en el campo de los derechos humanos y la seguridad democrática para establecer límites al funcionamiento de esos dispositivos.

Esta forma de aproximación a la racionalidad que articula a las relaciones de poder en la provincia, busca aportar al campo de estudios políticos locales principalmente centrados en el análisis de la conformación y dinámica del campo del poder (^{Martínez, 2013}; ^{Picco, 2012}), el Estado (^{Tenti, 2005}), la conformación del peronismo (^{Vezzosi, 2021}) y sus redes partidarias (^{Vommaro, 2009}; ^{Silveti, 2009}; ^{Godoy, 2014}); el funcionamiento del régimen político (^{Schnyder, 2013}; ^{Campos, 2021}). Aquí focalizamos en el Estado, o más precisamente en las agencias situadas en el campo de lo estatal, para examinar procesos históricos vinculados a la gestión de la conflictividad social y la otredad, y como éstos se materializaron en dispositivos institucionales, saberes expertos y prácticas orientadas a la regulación de sujetos sociales caracterizados y clasificados como peligrosos.

Esta línea de análisis tiene un amplio desarrollo en las ciencias sociales de Argentina. Por un lado, desde el campo de la historiografía se ha mostrado que el proyecto modernizador impulsado por las elites dirigenciales a fines de SXIX y principios del SXX dio lugar a la creación de un conjunto de oficinas públicas, bajo los cánones del positivismo criminológico y el higienismo social, orientadas hacia la vigilancia y normalización de la población para su ciudadanización (^{Caimari, 2002}; ^{Salessi, 1995}; ^{Ruibal 1993} entre otros). Esa pretensión de las elites, no obstante, no se ha traducido en la configuración monolítica del aparato estatal. Al contrario, “el Estado aparece profundamente fragmentado y desacoplado en múltiples agencias, figuras, lógicas y prácticas sociales: cárceles, hospitales, burocracias, escuelas, policías, abogados, organismos reguladores, etc. Los trabajos en esta línea han permitido conocer mucho más en detalle cómo funcionaban los agentes estatales y cuán imbricadas estaban sus prácticas y representaciones por la contigüidad con otros actores sociales” (^{Bohovslasky, 2015}: 244).

Por otro lado, desde el campo de la antropología política y jurídica se analizó el campo policial y judicial desde el punto de vista del funcionamiento cotidiano de sus agencias, los dispositivos institucionales y las rutinas administrativas, las interacciones de sus agentes con otras agencias y grupos sociales, las dinámicas entre estas burocracias con las poblaciones (^{Tiscornia, 2008}; ^{Pita, 2010}; ^{Sarrabayrouse Oliveira, 2011}; ^{Villalta, 2012} entre otras).

Un supuesto teórico que transversaliza a los artículos del dossier, al decir de ^{Melossi (1992}), es que “quienes estudian el control social no pueden tratar al “estado” como una variable independiente” (p. 211). Los mismos exploran dos instituciones de control social propias del sistema penal, el policial y el judicial, entendidos como lugares donde tienen lugar procesos de producción de verdad.

Así, el artículo de Luis Garay y Guillermo Martínez reflexiona sobre el discurso de la sentencia producida por el juicio por los crímenes perpetrados durante el Operativo Independencia en Tucumán. Los autores problematizan el proceso de elaboración del pasado que ocurre en el proceso judicial, las tensiones entre la lógica de la construcción de la prueba jurídica y las memorias e identidad cultural de las víctimas, predominantemente peones rurales de comunidades campesinas marcadas por la dominación colonial. El artículo explora otras narrativas de elaboración del pasado presentes en comunidades rurales del noroeste argentino como formas de resistencia a la producción de olvidos sobre las violencias contra estas poblaciones.

En sentido similar el artículo de Florencia de Marco se enfoca en las dificultades que enfrentan las mujeres sobrevivientes del terrorismo de estado para lograr judicializar los abusos sexuales perpetrados contra ellas durante su cautiverio. Tales dificultades están asociadas, por un lado, a la matriz sexo-genérica que subyace a la configuración del aparato del derecho penal, y por otro, al lugar de la violencia sexual como dispositivo de control social de las mujeres empleado por la última Dictadura Cívico Militar. Ambos aspectos confluyen para obturar la posibilidad de recrear dentro de la escena judicial el marco institucional que posibilite que el trauma pueda ser puesto en palabras, que los delitos sexuales sean debidamente juzgados y que el daño sea reparado.

En suma, ambos artículos ponen en relieve las experiencias subjetivas y sociales que quedan por fuera del dispositivo judicial y aportan elementos para problematizar la naturaleza construida y relativamente arbitraria de la verdad jurídica y sus efectos de verdad histórica.

En el proyecto PICT nos centramos en cómo a través de las prácticas escritas de estas agencias, materializadas en distintos documentos que portan la legitimidad de lo estatal, se produce la clasificación de grupos sociales en categorías a las que se les asigna valor relativo, positivos y negativos, en base al cual no solo se establecen jerarquizaciones sociales, relaciones de distinción y estigmatización, sino que también se justifican distintas intervenciones estatales sobre las personas.

En ese sentido el artículo de Federico Medina indaga diferentes experiencias de encierro de “jóvenes en conflicto con la ley penal”, tanto en comisarías como en establecimientos de encierro específicos para jóvenes de la provincia de Santiago del Estero. Y cómo tales experiencias se encuentran estrechamente vinculadas, por un lado, a determinadas condiciones sociales que producen a un joven como “criminal y peligroso” que habilitan la tramitación judicial/penal de los hechos delictivos que se les atribuyen. Por el otro, en las condiciones institucionales bajo las cuales policías y fiscales despliegan distintas actuaciones sobre estos jóvenes y cómo a través de esas actuaciones los agentes van construyendo la legitimidad de su intervención. Como advertirá quien lee, se combina la preocupación por el poder de la intervención estatal sobre los cuerpos con la exploración de los sistemas microlegitimadores del poder. Este articulo además contribuye a iluminar “el papel central que desempeñan los agentes oficiales del control social en la definición de la desviación y el delito” (^{Melossi, 1992}: 212).

El dossier cierra con el artículo de Francisco González Kofler, una investigación sobre la protesta por los crímenes de la Dársena en el marco de la conflictividad social y política imperante en la provincia hacia el año 2003 El artículo explora la articulación entre las diversas formas de protesta social y las memorias, pensadas aquí como otros espacios de producción de verdad, en su sinergia con el activismo legal en el campo de los derechos humanos. Así como también su incidencia para el juzgamiento de funcionarios vinculados a distintos hechos de violencia estatal y su productividad política para la intervención Federal de la provincia.

En esta investigación colectiva optamos por problematizar los procesos de construcción de estatalidad a través del análisis de las prácticas administrativas de algunas instituciones de control social, entendiendo que allí se definen y operan, en parte, procesos de clasificación de grupos sociales. A su vez, las prácticas escritas de estas burocracias penales constituyen lo que ^{Das y Poole (2008}) definen como mecanismos de legibilidad y visibilidad que maximizan el alcance de la vigilancia estatal sobre los sujetos sociales pero que tienen como reverso que pueden contribuir a visibilizar y fortalecer las demandas de reconocimiento de derechos. Por último, en conjunto el dossier busca plantear que las instituciones de control social del sistema penal, si bien conforman un régimen de producción de verdad sobre la valoración de los grupos y de los individuos, no son los únicos. Estos se desenvuelven en una arena de contiendas en las que varios grupos disputan diferentes regímenes de valor (^{Appadurai, 1991}).