Introducción

En Argentina, el año 2003 se presenta como un hito en el cual el entrante gobierno de Néstor Kirchner inauguró una etapa en la que las banderas de “memoria, verdad y justicia” se transformaron en “política de estado”. Esto conllevó grandes trasformaciones en la gestión del pasado reciente. Una serie de memorias que se encontraban silenciadas o subterráneas, ganaron el espacio público ocupando un importante lugar simbólico en la gestión de ese pasado (Crenzel, 2008).

Estudios como los de Ludmila Catela Da Silva (²⁰⁰³, ²⁰⁰⁸, ²⁰¹⁰) introdujeron un interrogante sobre la producción de memorias a escala local y su rol en la gestión social y política de ese pasado. Este trabajo busca aportar a ese campo de reflexiones mediante el análisis del proceso que llevaron adelante familiares de víctimas y activistas por los derechos humanos, de cara a la gestión de las memorias que se produjeron y/o emergieron en 2003 en Santiago del Estero.

Esto cobra mayor interés si tenemos en cuenta el contexto conflictivo a nivel local, el cual fue desencadenado a raíz del crimen de dos mujeres jóvenes, halladas con evidentes signos de tortura el 6 de febrero en la localidad de La Dársena, a unos 20 kilómetros de la capital santiagueña. Tras el “hallazgo de los cuerpos”,¹ familiares de las víctimas y diversas organizaciones sociales y políticas comenzaron a manifestarse en contra del juarismo, señalando que el gobierno provincial fue el encargado de encubrir el crimen. El caso se conoció pública y mediáticamente como el doble crimen de La Dársena.

Carlos Arturo Juárez y su esposa Mercedes Marina Aragonés, “La Sra. Nina”, habían gravitado la vida política de la provincia desde el primer peronismo. Hacia el 2003, comenzaban su sexto mandato en el gobierno provincial, esta vez encarnado en la figura femenina de ese binomio de gobierno: Marina Aragonés de Juárez. Desde 1995, el Juarismo estructuró una Dirección General de Seguridad, con rango ministerial, en cuyo seno se conformó la Subsecretaría de Informaciones a cargo del ex comisario Musa Azar, apoyada en el Departamento de Informaciones Policiales (en adelante DIP). Musa Azar y el DIP fueron englobados por activistas en derechos humanos, militantes de las bases políticas del juarismo y por diversos funcionarios dentro de las estructuras estatales, bajo la categoría “Musa y su gente”. Una categoría que nos habla del relativo control de este agente y de la continuidad de prácticas represivas y criminales.

Las protestas comenzaron a configurarse a partir de que los padres y hermanos de Patricia Villalba, una de las dos jóvenes mujeres víctimas del caso del Doble Crimen de la Dársena, se vincularon con una serie de activistas de base de la iglesia católica de su barrio. Olga y Roli, los padres de Patricia empezaron a coordinar y articular sus protestas y demandas de justicia patrocinados por Luis Horacio Santucho, abogado y reconocido activista en derechos humanos de la provincia que asumió la querella de la familia en la etapa de la instrucción. También construyeron puentes con Luis Alarcón, un viejo militante comunista cordobés.²

No pasó mucho tiempo hasta que estas redes que empezaban a tejerse, se conectaron con las que Younes Bshier y su familia construían en reclamo de justicia por la muerte de su hija Leyla, la otra víctima del caso del doble crimen de La Dársena. Poco a poco las marchas sumaron espacios adherentes, reclamos y repertorios de acción, no sólo sosteniéndose en el tiempo sino también disputando la opinión pública y las memorias con los sectores del juarismo que hasta ese momento detentaban una hegemonía que parecía indiscutible.

Ese proceso conflictivo desembocó en la primera intervención federal a una provincia argentina por “violaciones a los derechos humanos” a principios del 2004. Este trabajo apela a una descripción interpretativa de las memorias que circularon o emergieron a partir del conflicto, al tiempo que avanza en una reconstrucción histórica de ese pasado inmediatamente reciente (el 2003 y 2004). Dicho de otro modo, nos preguntamos cómo hasta la actualidad, circulan entre historias de vida, archivos, huellas del pasado (^{Ginzburg, 2003}), versiones, recuerdos y una serie de memorias sociales (^{Candau, 2006}) que vinculan el pasado reciente juarista con este pasado inmediatamente reciente de conflictos por el doble crimen y la “caída del Juarismo” en 2003-2004.³

Procuramos también, (re)construir cómo el activismo en derechos humanos fue progresivamente incorporando a los reclamos de justicia, consignas que aglutinaron cada vez a más casos de violencia y muertes violentas de ese sistema-de-estado juarista.⁴ Las entrevistas y recuerdos que transcribimos a continuación, van configurando una especie de mapa, una serie de indicios y puntos de referencia para comprender ese complejo proceso de resignificación. Nuestra hipótesis de trabajo fue, que los nuevos sentidos se produjeron justamente a la par de la transformación de los marcos sociales (^{Halbwachs, 2004}), lo cual permitió la emergencia pública del pasado reciente juarista que se encontraba relativamente silenciado.⁵

1. “Los de los derechos humanos” en las marchas

La “Asociación de Familiares, Amigos y Víctimas del Terrorismo de Estado, por la Memoria, la Verdad y la Justicia” que había empezado a marchar junto a Olga y todos los concurrentes a las “marchas del silencio”, lo hacía con una bandera que tenía grabado el siguiente lema: “Los desaparecidos de ayer, son los muertos de hoy”. Esa frase condensó todo un proceso de debates por parte de familiares y activistas por los derechos humanos de la provincia.

Parte de ello quedó registrado en una entrevista que tuvimos con Susana Habra “Susi” y Rita Ciucci:⁶

Susana: “Desde el ’83 hasta el 2003… ¡qué loco! 20 años… en el país ya se habían ido organizando y agrupando diferentes organismos. Pero aquí, el primer organismo que se institucionalizó fue la APDH⁷donde estaban familiares y otros militantes… Eso, como que los familiares durante la dictadura se organizaron, se pasaban información entre ellos, hacían algunas acciones conjuntas, viajaban juntos a hacer algunos trámites. De lo que yo me acuerdo, madres y padres de desaparecidos… y después desde el ´80. Yo vuelvo en el ’80,⁸hasta el ’82 por lo menos no he tenido ninguna actividad sostenida… pero sí me acuerdo que en el ’83 antes de las elecciones ya habían actividades más sostenidas. […] Desde ahí como que se fueron sosteniendo diferentes actividades de resistencia, porque hasta el 2003 no hubo prácticamente actividades de los organismos […] hasta las leyes de impunidad estoy segura que la APDH era el único organismo en Santiago. Cuando vienen las leyes de impunidad se produce ¡tal desasosiego! […] Esa situación produce un nivel de…”

Rita: “¡De bajón total!”

Susana: “Sí, se desmoviliza totalmente ese grupo que por su cuenta o en la APDH estaba moviendo las cosas. Es como que algunos siguen militando en algunos partidos y organizaciones… pero, como organismos o en relación a memoria, verdad y justicia, el bajón era total.”

Rita: “Ahí los familiares es como que… hasta se enferman. Porque había tal nivel de expectativa en que iba a haber justicia […] Lo que pasa también es que no termina ahí con esas leyes⁹[…]. No te puedo precisar la fecha. Pero era en los ’90… hemos sufrido amenazas y persecuciones. Yo me acuerdo una vez “Noni” vino y se quedó a dormir aquí dos noches porque andaba cagado en las patas. […] Eran como espasmos que tenía. El Juarismo digo, porque todo esto era por parte del Juarismo [...]. Pensándolo ahora a la distancia, no sé si iba dirigido a nosotros esa cuestión de intimidarnos y amenazar… tenía que ver con aislarnos también, con que no se nos arrimen […]. Incluso aquí se salió me acuerdo, en las marchas por Leyla y Patricia … Fue la primera vez que salimos con la bandera de los desaparecidos…”

Susana: “¡Claro! Ahí es donde empezamos a organizarnos.”

Rita: “¡Fijate vos! En Santiago, 20 años después aparecen los desaparecidos.”

Susana: “Pero en el 2003, participando así, no digamos desorganizados porque sí había organización, pero sí, sin estar organizados institucionalmente, es que… comenzamos a articular con La Olga… porque La Olga era el eje convocante de las movilizaciones. De hecho, en su casa había reuniones donde se veía el trayecto, las consignas y se hacían acuerdos […]. En un momento empieza a llegar Nación, de lo que después ha sido la intervención… Llega gente de Nación y era como que ahí, que había asumido Néstor, era un excelente momento…”

Rita: “¡Claro! pero aparte empezamos a armar las carpetas y a recibir las denuncias para armar las cajas”

Susana, para hablar de los organismos de derechos humanos en Santiago del Estero emplea el 2003 como eje del proceso. Desde ese año, muchos de los organismos que funcionaban en otras regionales comenzaron a tener representación en Santiago del Estero.¹⁰ Un reflejo de la situación previa al 2003, apareció en un encuentro casual que tuvimos a finales del 2014 con otro ex preso político y defensor de los derechos campesinos en sus conflictos por las tierras quien nos decía: “ustedes no saben lo que era tener que saludar a tu torturador en la parada del colectivo como si nada pasara”.¹¹

En algún punto, el control que se ejerció desde las Fuerzas Armadas y de Seguridad sobre quienes recuperaron la libertad luego de la última dictadura militar fue abrumador y cargado de mensajes intimidantes. Musa y “su gente” nunca se fueron de la escena pública y “los desaparecidos aparecen 20 años después” -nos decía Rita-. Con esa frase, ella hace referencia a un sentido atribuido a su participación durante las marchas en 2003. La desaparición no sólo la sentían como física, la falta de “los desaparecidos” en la escena pública santiagueña, mientras aparecían en otros lugares del país era parte del esquema de hegemonía del Juarismo; es decir, parte de la continuidad de esa desaparición física. La “aparición” de los desaparecidos constituía una “redención”, se sentía como el cumplimiento de una “deuda” de los vivos para con los muertos (^{Pita, 2010}). Durante 20 años no pudieron reclamar abiertamente justicia, no había oídos dispuestos a escuchar. El 2003 también fue el momento de dejar salir muchos sentimientos contenidos por parte de los ex presos políticos, exiliados y demás activistas de los derechos humanos en Santiago del Estero.

El conflicto por el doble crimen fue el escenario que posibilitó que ese pasado se hiciera presente. Fue parte fundamental del marco social que habilitó las escuchas. Es allí cuando este grupo de activistas que había empezado a marchar e institucionalizarse, elabora una bandera con las fotos y nombres de los desaparecidos santiagueños.

Susana:” Salir por primera vez con la bandera una de las marchas de los viernes. ¡Fue tremendo!”

Rita: “La gente que se paraba y miraba como diciendo ‘¿todos esos eran?’ Me impactó la reacción de la gente, sus caras. Que supongo será lo que ha pasado en Buenos Aires en el ’83.”¹²

Cuando Susana decía que la asunción de Néstor Kirchner era un excelente momento y Rita rememoraba en esa acción el armado de las “cajas azules”, lo que empiezan a narrar es el proceso de construcción de la intervención federal a la Provincia que se concretó en abril del 2004. Paralelamente a esa “deuda” para con sus compañeros desaparecidos -es decir, “hacerlos aparecer” de cara a la sociedad-, existió un enorme trabajo por construir “la caída del Juarismo”.

La articulación de los activistas en derechos humanos locales con referentes del activismo a nivel nacional y los funcionarios o -en palabras de los propios actores-, “la gente de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación”, implicó un trabajo sostenido de recolección de denuncias sobre las modalidades represivas que el aparato del Juarismo había desplegado al menos entre 1973 y 2003. La naciente institucionalización de la Asociación por la Memoria la Verdad y la Justicia¹³ posibilitó parte del trabajo de recolección de la información necesaria para la elaboración del “Informe Santiago del Estero”.¹⁴ Muchos de estos activistas comenzaran a recibir institucionalmente “denuncias contra del Juarismo”. “La gente hacía cola para hacer denuncias”, recordó Susana en la entrevista antes citada, al contarnos en detalle la ubicación y forma de trabajo que tuvieron.

Rita: “Esas fueron las famosas cajas azules […]. Esas cajas tenían todas las denuncias que habíamos sistematizado por categorías nosotros. Eran claras violaciones a los derechos humanos y sirvieron para justificar la intervención y disputarle a Juárez el territorio digamos”¹⁵

Las transformaciones a nivel nacional significaron la consolidación de un nuevo marco social: uno que miraba en Santiago del Estero a todos estos militantes -a “la gente de los derechos humanos”-,como aliados fundamentales en una disputa política contra el PJ-juarista.¹⁶ En simultáneo, el activismo construyó un hito fundante sobre este proceso.¹⁷

2. Una marcha que partió desde el mural de la memoria

Pedro Ramírez, escultor, militante y activista por los derechos humanos en Santiago del Estero,¹⁸ durante la toma de denuncias que relatan Rita y Susi, junto con otros compañeros y compañeras habían empezado a confeccionar las “cajas azules”, recibiendo parte de las denuncias. La construcción de la documentación que justificó la Intervención Federal fue una “verdadera gesta militante”, nos decía Pedro. “Llevábamos más de 600 denuncias que habíamos recopilado entre unos cuantitos. ¡Pero nada de computadora! De puño y letra porque no teníamos plata ni para comprar resmas”.¹⁹

En relación a su participación en las marchas por el doble crimen de La Dársena, esto nos contaba:

Pedro: “Hay algo que a mí me parece importante […] y es precisamente lo que simboliza la escultura […] el monolito, en el mural de la memoria digamos… que la primera escultura es una mano que descubre un velo de una cara y es… precisamente, ‘El despertar de la memoria’ se llama la obra. Y fue así, como que la muerte de estas dos jóvenes, Leyla y Patricia, fueron un disparador ¡un tremendo disparador!... O un disparo contra la desmemoria. Es decir, todos, todos estábamos con eso adentro… porque se había abierto una instancia nueva con Néstor Kirchner en el gobierno y esto fue justamente como el efecto movilizador digamos. Es como que, de pronto, los diques se rompieron y las aguas empezaron a fluir. Es decir, la memoria empezó a fluir, el compromiso empezó a fluir. Y no es porque antes no lo hayamos tenido, sino porque ahora se daban las condiciones objetivas y subjetivas para poder encausarlo.

A tal punto que una de las marchas que se hizo por Leyla y Patricia parte con la presencia de [Adolfo] Pérez Esquivel [Premio Nobel de la paz de 1980]… Es cuando hacemos la inauguración del muro de la memoria […] de ahí parte la marcha. Es innegable el significado que tuvo la muerte de estas jóvenes. Y me parece que históricamente nosotros no le estamos haciendo honor con la desmemoria sobre la muerte de ellas… Más que mínimamente en algún que otro… porque fueron sus muertes las que facilitaron todo un embate contra la estructura represiva que de pronto se vio acorralada y de pronto se vio que se le venía encima toda una serie de denuncias, ya sin escape porque se le venía también el gobierno nacional… Pero al gobierno nacional hubo también que ir a buscarlo.²⁰Es decir, no es que de voluntad propia ellos vinieron.

Fueron varias compañeras… fueron Rita Ciucci y Cristina Torres²¹a verlo a [Eduardo Luis] Duhalde y ahí empezó todo un movimiento. Estaba también Luis Alén, que es importante porque es santiagueño, hijo del historiador Alén Lascano, estaba ahí en la Secretaría de Derechos Humanos […]. Esos contactos han sido un factor importante en todo ese movimiento que se generó. Partiendo o haciendo pie en las movilizaciones por Leyla y Patricia, se acumuló fuerza como para ir en contra de toda la estructura de Musa Azar y regresar al pasado contra los crímenes cometidos. Para mí, es una situación que no podemos soslayar en un análisis de la historia de la represión en Santiago […]. De pronto estuvimos en las marchas. Era por la solidaridad, pero también por un objetivo que después se da, de poder llevar a juicio a toda esta basura.”²²

Diques que se rompen para que fluya la memoria. La condición fundamental para poder transmitir los recuerdos, dice Joël ^{Candau (2006}), es que existan oídos dispuestos a escuchar lo que se narra. El Juarismo había construido a partir de 1995 un esquema que aislaba al activismo en derechos humanos y a las organizaciones políticas, sociales y eclesiales que se le oponían (^{Schnyder, 2013}). Las principales compuertas de esos diques eran los funcionarios del área de seguridad que habían participado del proceso represivo en la década de 1970.

El sistema-de-estado juarista había consolidado estructuras de persecución política y redes criminales que se percibían como una amenaza constante. El terror era otro de los mecanismos empleados para aislar. Pero, a partir del doble crimen, esos marcos sociales que impedían la escucha y la enunciación cambiaron, se transformaron. Ahora “la bandera de los desaparecidos” marchaba pidiendo “justicia por Leyla y Patricia” desde un “mural por la memoria” con esculturas realizadas por un ex preso político.

Escultura de Pedro Ramírez que lleva el nombre de “El Despertar de la Memoria” y que se encuentra al frente del “mural de la memoria” en la Ciudad de La Banda. Imagen tomada por el autor el 3 de febrero del 2021.  

3. Las marchas y las carpetas de Musa

Como uno de los hechos fundamentales para sostener la necesidad de la Intervención Federal en el marco de este proceso conflictivo, Celeste Schnyder describe “el hallazgo de un archivo con aproximadamente 40 mil carpetas de espionaje político sobre referentes políticos y sociales de la provincia en el edificio donde funcionaba el DIP” (²⁰¹⁵:84).²³

Este hecho resultó en uno de los hitos que los diferentes grupos que participaron de las marchas recuerdan muy bien. Un entrevistado, en enero del 2019, me contó -una vez que el micrófono ya se había apagado- que fue durante las marchas que se arrimó alguien, que él identificaba como “enviado por alguien”. Aunque no me supo decir bien por quién, ya que en ese conflicto “había muchos intereses en juego”. Esta persona según nuestro entrevistado- les había “pasado el dato” sobre la existencia de estas carpetas, a algunos de los referentes que se encontraban al frente de las marchas. Algo que ya era un “secreto a voces” entre muchos activistas. Sin embargo, en esta oportunidad, esta persona habría identificado el lugar donde se encontraban esas carpetas: el edificio del Departamento de Informaciones Policiales al que refiere Schnyder.

Norma Cremaschi, una protagonista del proceso conflictivo de ese 2003 y 2004,²⁴ nos contó su experiencia en torno a las marchas y el proceso conflictivo por el doble crimen. Su testimonio es un relato en primera persona sobre la persecución política a los activistas, sobre el desarrollo de las marchas, sobre la participación social y los sentimientos que eso generó. Además, en medio de su narrativa, nos introdujo en un interesante recorrido de las marchas, haciendo énfasis en este proceso de “descubrimiento” de “las carpetas de espionaje de Musa”.

Norma: “Veníamos [de La Banda a Santiago] por la Belgrano, hasta la autopista y veníamos toda la autopista hasta el Puente Nuevo²⁵y después llegábamos a la Rivadavia y Belgrano, doblábamos en La Belgrano y después se entraba a la Plaza Libertad. Así era el recorrido […]. El día que fue multitudinaria fue el 25 de Julio. Yo ahí supe que esto era el final del Juarismo. […] ¡Hacía un frío de re cagarse! Lloviznoso, mucho, mucho frío. Y un ¡montón de gente! ¿Has visto el puente de la costanera? Me acuerdo cuando pasamos por ahí abajo, arriba había ochocientas o mil personas mirando. Y sumándose cuando íbamos llegando […]. Ahí yo supe que se caía. Porque la verdad nosotros la estábamos pasando mal. Estábamos muy amenazados. Por Luis sobre todo…²⁶Lo veo ahora y lo encuentro medio aventurero todo lo que pasó en esa época. Pero yo lo viví con mucha angustia. Fueron muchos meses también. No me acuerdo exactamente cuando empiezo a ponerme nerviosa. Pero Luis recibía unos anónimos que… Como hacen los de la SIDE ¿viste? Pero paso por paso le describían el camino que hacía Rodolfo [su hijo] cuando salía de la escuela. […] Eso sí me puso… era chiquito en ese momento, habrá estado en primer año de la secundaria, 13 años más o menos. Pero, contrario de otra gente, cuando me pasan cosas así, yo no me achico, no me asusto, yo me angustio, pero me enojo. Mi naturaleza es esa ¡yo me enfurezco!

Tenía 24 horas un auto que se ponía allá o allá [señalando los costados de su casa] con dos o tres tipos arriba, que estaban mirando la casa mía. ¿Pero qué mierda iban a ver acá? Que yo salía a comprar la verdura y volvía. Era para amedrentar. Y no era que me daba miedo, yo los miraba fijo cuando salía, me daban ganas de ir a decirles: ‘¿no quieren un poco de agua caliente para unos mates o algo? ¡Infelices de mierda! ¿Qué creen que están haciendo?’ […]. Todo ese año fue así. Yo en el medio ese año estuve trabajando también en hacer el video, el documental ‘No hay derecho’ […]. Pero al final, aunque trataban de meter miedo ya había cambiado algo ¿viste? Como que sentíamos que eso ya no tenía vuelta atrás… Me acuerdo por ejemplo en la vigilia del DIP, ahí estuvimos con el padre y la madre de Patricia […] Lo que pasaba era que un grupo de abogados vinculados a los curas -de la Secretaría Diocesana creo-²⁷hicieron una denuncia […] en el juzgado federal por espionaje. A todo esto, el juez demora como cuatro o cinco días en mandar a allanar el lugar. Entonces nosotros habíamos organizado guardias. Estábamos de vigilia ahí afuera para evitar que saquen todo. Esto ya era casi con la Intervención [Federal]. Ya era 2004.²⁸Una de esas siestas yo estuve ahí haciendo el aguante y estuve con La Olga. […]Toda la noche hacíamos guardia, nos turnábamos… hasta que pusieron la faja, sacaron a la gente que estaba ahí y no podían entrar, ni sacar nada. Y después se llevaron todo eso al Juzgado Federal […]. Acordate que a fines del 2003 empiezan a abrirse las causas de Lesa Humanidad y cuando se allana, todo eso pasa como material de prueba […].

Después de que habían detectado el DIP…. íbamos por la Sáenz Peña… ya no faltaba nada para la Intervención, ya como que todos estábamos seguros… pero esa vez, en lugar de seguir por la Belgrano y en lugar de doblar por la Avellaneda, dobla la marcha por la Sáenz Peña, entonces nos pasaban las motos zumbando por al lado, desesperados los policías porque nos habíamos desviado del trayecto que esperaban… Cuando llegamos a la Príngles había vallas, no sé cómo habrán hecho para ponerlas tan rápido. Es inolvidable para mí ese momento. Había vallas y canitas. Yo iba con uno de esos cartelitos con palitos y las fotos de los desaparecidos. […] En eso veo a Juan […] que salta con una patada voladora contra las vallas, vos lo veías así flaquito todo el pelo engominado, como es él viste, ¡era fantástico verlo volar y patear esa valla! Caen las vallas y los canas se fueron para todos lados, se desbandan y ahí pasa toda la marcha por esa valla que había caído. No hicimos peores cosas porque la verdad que somos democráticos en serio, porque éramos diez mil monos ¡era para lincharlos a todos!”²⁹

Norma narra el conflicto identificando dos polos, dos estructuras que disputaban la escena pública. Los aprietes de la red de espionaje y persecución juarista, por un lado, y un conjunto de espacios y activistas reunidos en un “frente de acción directa”³⁰ por otro. Al calor de esa confrontación, diferentes espacios y agentes sociales estaban produciendo memorias que significaban ese presente del 2003, apelando a elementos que remitían al proceso represivo durante la última dictadura militar.

El recuerdo de Norma sobre las prácticas de espionaje y persecución a las que estuvieron sometidos como familia, le representó de inmediato el proceder de la SIDE. En Santiago del Estero, esas prácticas propias de -o similares a las de- la última dictadura militar, seguían vigentes en los márgenes del sistema-de-estado juarista.³¹ Las articulaciones entre “familiares” y “los de los derechos humanos” se fueron fortaleciendo al calor del conflicto y de acciones como la narrada por Norma. “Poner el cuerpo” para enfrentar esas redes criminales era parte de la construcción de los lazos entre los diferentes espacios que integraron el “frente de acción directa”.

Por otra parte, la marcha del 25 de Julio que Norma tenía tan fresca en su memoria por la cantidad de concurrentes, también fue retratada por el diario Página 12 en una nota titulada “Homilía para Juárez ausente”. Los medios nacionales describieron cómo esa marcha convocó alrededor de quince mil personas. Uno de los motivos por los cuales se transformó en un hito, es por el hecho de que se celebraban los 450 años de la ciudad de Santiago del Estero y que ni la gobernadora ni su esposo estuvieron presentes en la Provincia. En ese momento, el espacio público que estaba en disputa, había sido ganado por aquellos que reclamaban “justicia” y denunciaban al Juarismo por sus “violaciones a los derechos humanos”.³²

Por otra parte, sobre el final de las protestas, cercanos a la intervención federal, las marchas ya habían cobrado energía y envergadura. Como describe Norma, “el ambiente” era de triunfo y confrontación directa con el Juarismo. Claramente los marcos sociales ya no eran los mismos, ya no contenían ese pasado relativamente silenciado. Se empezaban a percibir las transformaciones que se estaban generando en el sistema-de-estado santiagueño. Las memorias que habían roto los diques de contención estaban transformando no sólo la forma de ver al Juarismo y su historia, sino también los proyectos políticos de futuro (^{Jelin, 2001}, ²⁰⁰², ²⁰¹⁹) que los diferentes sectores sociales que participaron del proceso conflictivo empezaban a vislumbrar.

4. Memorias solapadas sobre “las marchas”

Hasta aquí hemos nombrado a las marchas como “las marchas del silencio”, aunque en las entrevistas que hicimos, diversos activistas las recuerdan -al menos entre 2015 y 2021- como “las marchas por la Verdad y la Justicia”.³³ A lo largo de todas las protestas, la denominación “marchas del silencio” correspondió a una iniciativa de los propios actores que fue recogida y potenciada por una intervención mediática que tendió, entre sus narrativas y versiones, a conectar este caso con el de María Soledad Morales en Catamarca. Con el tiempo y el trabajo de las memorias, la denominación “marchas del silencio” quedó solapada por aquella que nombraba a las protestas, apelando a las categorías “verdad y justicia”.

Estas formas de narrar y de nominar a las marchas, tuvieron que ver con los momentos presentes en los que la memoria estuvo trayendo del pasado los elementos necesarios para articular las acciones y significaciones políticas que las protestas y el caso ameritaban.³⁴ Ya sea bajo la denominación “marchas del silencio” o “por la verdad y la justicia”, lo que ambas formas de referirse a las protestas enfatizaban era la necesidad de “justicia”.³⁵ ¿Pero, qué diferencias significativas encierran ambas denominaciones?

En el caso de la primera, surge entre los propios manifestantes, sobre todo “los familiares”. Esta denominación pone énfasis, en una palabra: “silencio”. Pero lo hace justamente “no callando”, sino marchando. Denunciaban el silenciamiento al que estaban sometidos y sometidas los y las marchantes, apuntaban directamente al “poder juarista”. Además de ello, ese repertorio de acción ya había probado su éxito en el objetivo de “la caída”. La primera forma de enunciar a las marchas remitía a los puntos en común que presentó el doble crimen de La Dársena con el recuerdo del crimen y posterior conflicto por el caso María Soledad Morales en Catamarca.³⁶

Ella era una adolescente de 17 años, asesinada en septiembre de 1990. Su caso, al igual que el del doble crimen de La Dársena, ocupó las primeras planas de los medios con alcance nacional casi a diario. Los puntos en común entre ambos casos son muchos: jóvenes mujeres que desaparecieron después de una fiesta o supuesta fiesta. El hallazgo del cuerpo lo protagonizaron trabajadores informales que recorrían la zona. Las muertes se produjeron en lugares distintos a los elegidos para “arrojar” o “descartar” los cuerpos y previamente se intentó tapar las huellas de los crímenes.³⁷ En ambos casos la principal sospecha recayó sobre hombres jóvenes que mantuvieron relaciones sentimentales con las jóvenes, encuadrando en la categoría jurídica de femicidios. En ambos casos se empezaron a nombrar a los “hijos del poder” como implicados en los crímenes. Entre ellos figuraban el hijo del comisario encargado de la investigación y un sobrino del gobernador Ramón Saadi para el caso catamarqueño y en Santiago del Estero entre los “hijos de”, llegó imputado al juicio oral el propio hijo de Musa Azar. Por otro lado, “los Saadi” se habían mantenido en el poder político desde los años ’40 y ’50, como la gravitación política del Juarismo en Santiago del Estero. Además de todos estos elementos en común, las protestas en el caso María Soledad estuvieron encabezadas por familiares y sectores de la Iglesia Católica de Base, como desde un primer momento pasó en el caso de Leyla y Patricia.³⁸

Un punto de coincidencia central es el desenlace de ambos ciclos de “marchas del silencio”, ya que lograron “la caída” de gobiernos que eran tildados de “feudales”. Y es ahí donde se presenta un elemento que consideramos clave para el proceso de reconstrucción significativa del pasado. Como dijimos previamente, las memorias no solo tienen que ver con la reproducción presente del pasado, sino también con la proyección política hacia el futuro. Quienes articularon en las marchas durante el proceso conflictivo son lo que Elizabeth ^{Jelin (2002}) denomina emprendedores de la memoria. Personas que, a partir de la reconstrucción significativa del pasado, proyectan narrativas que permiten articular proyectos políticos, rituales y prácticas a futuro. La categoría de “feudal”, contrasta con un modelo político democrático. Al hacerlo, refuerza las nociones tendientes a mirar al gobierno juarista como autoritario.³⁹ Es decir, haciendo foco en las personas de Carlos Juárez y “La Señora” Nina Aragonés, plantea una autoridad que excede las potestades de un gobierno democrático ya que enfatiza las condiciones de poder cuasi absoluto del “señor feudal” transformando a los ciudadanos en vasallos por el sólo hecho de permanecer dentro de -o pertenecer a- los límites del feudo.⁴⁰

Dentro del proceso de disputa por la significación del Juarismo, las categorías no sólo jugaron un rol simbólico, sino que fueron elementos que permitieron hablar e iluminar determinadas prácticas que se encontraban silenciadas. Hablar de “régimen feudal” parecía ser una estrategia potente para visibilizar aquello que categorías como “derechos humanos” o “centros clandestinos de detención” no habían logrado hasta el momento. En su lugar, fueron sumamente potentes las reminiscencias del caso catamarqueño. El 12 de junio del 2003, el diario Clarín publicaba una nota cuyo título y copete decían: “Conmoción en Santiago del Estero. Emotivo encuentro entre los padres de María Soledad con las familias de las chicas.” Y continuaban la bajada diciendo: “Sabemos que este momento es difícil, pero tienen que tener fe”, citando la frase de aliento que los padres de María Soledad transmitían a los familiares de Leyla y Patricia. Además, en esa nota retrataban el encuentro de la siguiente manera:

“Fue un abrazo, corazón contra corazón, en la entrada de la modesta casa del barrio Dorrego. Duró cinco minutos, pero para quienes las rodeaban, pareció una eternidad. Ada Morales y Olga Villalba, madres de dos víctimas de la sinrazón, se encontraron ayer en Santiago Del Estero para demostrar que saben honrar la vida. ‘Son unas bestias, son unas bestias’, repetía Olga (la mamá de Patricia Villalba, una de las víctimas del doble crimen que ahora sacude a Santiago) en alusión a lo que hicieron los asesinos con su hija y a lo que otros asesinos, hace casi 13 años, le hicieron a la hija de Ada, en la vecina Catamarca.”⁴¹

Sin que estas memorias que conectaban ambos casos desaparecieran, el proceso conflictivo, los actores que se incorporaban al mismo y la expansión de las bases sociopolíticas que sostenían las protestas, fueron dando paso a otras narrativas. Éstas, enmarcadas en otras memorias que hasta ese momento se habían mantenido subterráneas (^{Pollak, 2006}), desarrollaron otras formas de nominar a las marchas, dando paso con el tiempo a la categoría de “verdad y justicia”. Con ella se lograba conectar el caso de La Dársena con elementos simbólicos propios del activismo en derechos humanos y del proceso represivo durante la última dictadura militar. Pero, sobre todo, esa forma de nominar a las protestas apelaba a los elementos propios del “retorno a la democracia” y la lucha del movimiento de derechos humanos en ese contexto.

El 15 de junio el diario Pagina 12 realizaba una vinculación directa entre las denuncias que empezaban a sistematizarse contra el Juarismo y el final de la última dictadura militar en una nota titulada: “Madres como las de la CONADEP”. Allí decía el medio:

“El informe de la Comisión de Derechos Humanos del Obispado tiene el aliento del Nunca Más de la Conadep. Los casos se van acoplando uno a uno en un tendido de hojas donde se acumulan 100 retratos. El informe reúne los casos denunciados por las Madres del Dolor, agrupación que fue creciendo con el impulso del obispo Gerardo Sueldo, uno de los hombres que perdió la vida en un supuesto accidente durante el gobierno de los Juárez.”⁴²

Cuando el conflicto aumentaba sus repercusiones y “los familiares” acrecentaban el apoyo político, “Nina” Juárez comenzó un intento de acercamiento con los Villalba. En un encuentro que mantuve con esta familia, recordaron una corta, pero contundente conversación telefónica de Olga con Nina Juárez, quién llamó para “darles sus condolencias”. Olga enojada se las rechazó, colgándole el teléfono “por llamar cuatro meses tarde”.⁴³ Este intento de acercamiento quedó graficado también en dos notas del diario Página 12. El 18 de junio del 2003 el medio titulaba “Los Villalba, con la Nina” y contaba que “Nina puso a disposición su agenda del día para hablar con la familia sobre los detalles de la denuncia y de la investigación”.⁴⁴ Al día siguiente, el 19 de junio el medio revelaba más sobre ese encuentro:

“‘¿Por qué eligieron a un Santucho?’. La pregunta resultaba algo molesta. Karina Villalba, la hermana de Patricia, pensó un momento antes de responder. Frente a ella no estaban más que su papá, Juan Domingo, y la gobernadora de Santiago, la anfitriona del encuentro y dueña de la pregunta. El Santucho por el que preguntaba Nina Aragonés de Juárez es Luis, abogado de los Villalba y sobrino del legendario Mario Roberto Santucho, el integrante del ERP asesinado por los hombres que condujeron el terrorismo de Estado. La gobernadora había impedido el acceso a la reunión a los abogados, entre los que estaba justamente Luis Santucho. Karina finalmente respondió: ‘Porque confío en él y comparto su postura’.”⁴⁵

El 22 de junio, Página 12 dedicó una extensa nota a un actor que durante un largo período de tiempo había estado relativamente entre bambalinas. La nota se titulaba “La historia negra de un represor que se recicló como funcionario”. Su copete decía “El comisario que zafó por la obediencia debida y se recicló como espía de provincias”. Allí el diario realzaba algunos puntos del trayecto de Musa Azar que resumía en la bajada de la nota:

“Es el hombre más temido de Santiago. Y más denunciado: figura en el ‘Nunca Más’, acusado por 23 desapariciones. Zafó por la obediencia debida. Y se convirtió en mano derecha de los Juárez para construir un poder de terror. Es Musa Azar, ahora sospechado en el doble crimen.”⁴⁶

Estas reminiscencias del proceso represivo de la última dictadura militar en Argentina eran parte de una narrativa mediática que en junio del 2003 estaba disputando sentidos del pasado, en pos de un objetivo político vinculado estrechamente a la categoría de “justicia”. Lo que se buscaba desde muchos sectores vinculados al activismo en derechos humanos era reabrir los juicios por delitos de Lesa Humanidad. Un paso fundamental en esa dirección se daría el 21 de agosto del 2003, cuando, tras un fuerte impulso del gobierno nacional, se consiguió la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.⁴⁷ En este sentido, el caso del doble crimen La Dársena presentaba elementos que aportaban a esa disputa en relación a las políticas de “memoria, verdad y justicia” a nivel nacional. Mostraba cómo Musa Azar -que había sido beneficiado por esas “leyes del perdón”- se había incorporado al “Estado juarista” y luego, en pleno 2003 aparecía como “encubridor e ideólogo” de un crimen que había captado la atención de todo el país.⁴⁸

No sólo los medios captaban la fuerza simbólica que tenían estas memorias y reminiscencias al proceso de transición. Grupos políticos como el “Movimiento Político y Social Gerardo Sueldo” que, casi desde el principio de las protestas se habían sumado a las marchas (^{Silveti y Santalamacchia, 2009}), también lo vieron con claridad. Sus argumentos quedaron registrados en un panfleto que circuló en las marchas con el título que decía: “del Juarismo a la democracia”. En 2003 en Santiago del Estero, los argumentos parecían emular a aquellos empleados en el ’82 y ‘83 para transitar desde la dictadura a la democracia. La inminencia de una intervención federal era interpretada como un período en el cual articular fuerzas políticas de cara a una elección sin el Juarismo. Esa percepción de este grupo político históricamente opositor, también era compartida por los tradicionales justicialismo y radicalismo.

La intervención federal que ocupó los espacios estatales a partir de abril del 2004 amparada en consignas y gestiones en pos de “justicia”- ya empezaba a ser percibida como un “vacío de poder”. Así, entre reclamos de justicia, “marchas del silencio”, banderas de “memoria, verdad y justicia” y denuncias a los responsables del proceso represivo -que empezaban a ser compartidas por el movimiento de derechos humanos, el Gobierno nacional y “familiares”-, “los derechos humanos violados por el Juarismo” empezaron a ocupar un lugar central en las narrativas que los denunciaba y retrataba como responsables de la continuidad entre la última dictadura y el “feudalismo de los Juárez”. El pasado reciente invadió el espacio público; las memorias pujaron en una disputa por resignificar el proceso represivo al calor de este proceso conflictivo (2003-2004).

5. Los Derechos Humanos como categoría decisiva en el conflicto

Estas pujas de sentidos en torno al gobierno provincial y su historia no encontraron un Juarismo pasivo. Desde sus espacios también se buscaba deslegitimar a quienes protestaban. Entre las estrategias empleadas se “operaba” en pos de acrecentar las diferencias al interior del “frente de acción directa”.

Algunos relatos y sentidos promovidos por “operadores políticos del Juarismo”⁴⁹ tenían al menos dos objetivos. Por un lado, sostener a las bases del Juarismo, en tanto espacio político que respaldaba a la gobernadora; y por otro lado, erosionar las alianzas al “operar” sobre los actores que habían confluido en las marchas.⁵⁰

No todos los que participaban de las “marchas del silencio” se sentían en sintonía con los reclamos de una parte del activismo en derechos humanos, que era identificada como “militantes setentistas”, “ex presos políticos”, “subversivos”, “radicales” o como militantes vinculados a “temas del pasado”. Desde el Juarismo, esa diversidad de organizaciones e identidades políticas eran englobados dentro de categorías como “zurdos” o “subversivos”.

Cuando los medios de comunicación nacionales ya contaban con corresponsales constantes en la provincia, el Juarismo no dudó en poner en marcha operaciones también sobre ellos. Subrepticiamente, se brindaba “informantes” a los y las periodistas, que pudieran orientar la agenda mediática y los tópicos sobre los cuales se hablaría. Entrevistados, de quienes sólo diremos que se encuentran vinculados al Poder Judicial, nos brindaron detalles de una de esas operaciones: identificaron como parte de las redes vinculadas a la trata de personas,⁵¹ a una de las “fuentes” que más contó a los y las periodistas de los diarios Clarín y Página 12 sobre “el mundo de la noche”, “las drogas” y “la prostitución”.⁵² Todos tópicos que tendieron a describir la vida privada de Leyla de una forma amarillista, discriminativa y revictimizante, amparada en múltiples prejuicios de género. Sin embargo, los elementos que surgían de ese proceso, finalmente no se reflejaron en la sentencia judicial ni en los alegatos de las querellas y la fiscalía. Por el contrario, se transformaban en callejones sin salida dentro del expediente que, en los hechos, demoraban la causa y desviaban recursos de la investigación hacia lugares infructuosos.

La revictimización de Leyla tras la circulación en la opinión pública y mediática de estos múltiples prejuicios de género, fue tal que sus familiares debieron marchar con un cartel que pedía que cesaran esos ataques. El diario Página 12 del 7 de junio, en una nota titulada “Silencio por Leyla y Patricia”, comenzaba su nota expresando: “‘No enjuicien, no ensucien a Leyla’, decía uno de los estandartes anclados en medio de la marea de gente que iba abriéndose espacio anoche, entre las calles que rodean la plaza cabecera de la capital de Santiago”.⁵³ Los “familiares” de Leyla se vieron en la obligación de salir a “responder” y usaron la categoría “no ensucien”. Lo que buscaban era despegar a Leyla de las redes de “trabajo sucio” del Juarismo.⁵⁴

Las “acusaciones” del Juarismo a Leyla por su “trabajo como prostituta” fueron empleadas también para dirimir sus internas. Muchos de los funcionarios que renunciaron hacia junio o julio producto de las acusaciones públicas e internas del PJjuarista, eran referentes masculinos de las ramas políticas con alguna pretensión en la línea de sucesión del envejecido líder Carlos Juárez y de la deslegitimada gobernadora Marina Aragonés. Sin embargo, los motivos por los cuales se los “obligaba a renunciar” fueron por estar acusados de ser parte de “los clientes de Leyla”; esto aparecía como “moralmente inaceptable”. Dentro de este proceso conflictivo donde las representaciones estaban en plena disputa, se fue construyendo a Patricia como una “víctima inocente” y a Leyla, “por su estilo de vida”, como una víctima que “algo había hecho”.⁵⁵

Lo que el Juarismo proponía de manera implícita, apoyándose en todos estos prejuicios de género, era que la muerte de una persona que había ejercido la prostitución no era motivo para protestas. Por consiguiente, pretendían despojar a las marchas de su pedido de “justicia” y vincularlas exclusivamente con una cuestión de disputa política por la sucesión.⁵⁶ Pero, ¿qué elementos fueron los que posibilitaron que, a pesar de las diferencias identitarias, de objetivos políticos y los fuertes embates del Juarismo, estos sectores tan diversos se aglutinaran primero y resistieran fortaleciéndose luego?

Por un lado, lo relativamente periférico de estos sectores opositores dentro del campo político local, los llevó a encontrar en las marchas y las protestas, una herramienta para visibilizarse o dar a conocer sus reclamos de justicia en tanto activistas y “familiares”. Por otro lado, la categoría “derechos humanos” actuó como un factor aglutinante, como una representación simbólica que permitió dejar de lado las diferencias identitarias. Logró hacer confluir a todos estos sectores bajo el manto de “los derechos humanos”.⁵⁷ En otras palabras, permitió que las operaciones políticas del Juarismo perdieran eficacia. Este nuevo frente discursivo de los “derechos humanos” (^{Fonseca y Cardarello, 2005}), ya no permitía individualizar a víctimas, familiares o grupos activistas. Si bien la categoría derechos humanos surge desde abajo, desde la interacción socio-política dentro del conflicto, también cobró fuerza por los encuadres nacionales que la empezaban a impulsar como “política de estado”.⁵⁸

Organizaciones de víctimas de gatillo fácil, ex presos políticos, campesinos, comunidades eclesiales de base, partidos de izquierda, sindicatos opositores, familiares de Leyla y Patricia, entre otros, se reunían en torno a una lectura en común: era el “Estado juarista” al que apuntaban como responsable de haber vulnerado sus derechos. En ese marco, todos se sentían contenidos por la categoría “derechos humanos”. Las violaciones a los derechos humanos que recaían sobre el Juarismo, fueron el eje que surgió “fruto de la negociación entre diversos grupos de interés trabajando en torno de un mismo tema” (^{Fonseca y Cardarello, 2005}:8).

A pesar de esa relativa indiferenciación, no faltó el conflicto al interior del “frente de acción directa”. Luis Alarcón recordó que en una de esas reuniones hubo mucho debate y trabajo para consensuar un volante unificado que todas las organizaciones aportarían a reproducir y repartir.

“‘¿Se dan cuenta lo que dice aquí?’ y ya había varios que me miraban como diciendo ‘con qué problema nuevo nos va a salir este’ […] lo que pasó es que había una lista enorme de reclamos. Que los campesinos, que la comida de los comedores, que justicia por los desaparecidos, que los derechos humanos de los de un lado y los del otro y los de más allá… Pero yo les dije en ese momento. ¡Me pareció muy injusto! Y estábamos en la casa de los Villalba... Así que no me pudieron decir nada […] ‘¿se dan cuenta donde pusieron el pedido de justicia por Leyla y Patricia? Al último lo pusieron _. ^“59

La categoría “derechos humanos”, al promover esa abstracción aglutinante y generalizante de la multiplicidad de casos e identidades también aportó a que se perdiera la especificidad de los reclamos. Esta pérdida de singularidad era potente en la disputa política, pero no así en la disputa jurídica que miraba a cada caso por separado. Ninguno de los actores intervinientes en las marchas a los que pudimos entrevistar, concibe que el proceso conflictivo haya finalizado con “justicia para Leyla y Patricia”. A decir de Emilio ^{Crenzel (2014}) sobre los crímenes de la dictadura, el conocimiento es fundamental para la construcción de una memoria de la justicia. Y en el caso de La Dársena, el desconocimiento y el ocultamiento fueron elementos que, al menos “las redes de Musa y su gente” sabían cómo producir. Fue un eficiente productor de impunidad amparándose en redes criminales productoras de esa ausencia de conocimientos sobre lo que les pasó a sus víctimas (^{De Sousa Santos, 2006}).

Dicho de otra manera, en el frente discursivo la categoría “derechos humanos” potenció la responsabilidad estatal en los crímenes que se denunciaban. Sin embargo, el Juarismo fue exitoso al impedir que el “secreto a voces” se rompiera del todo. Al poner el foco en la “dudosa moralidad” de las víctimas, lo que estas narrativas producían -o pretendían producir- era una relativa invisibilización del accionar criminal al amparo del sistema-de-estado juarista. Desviaban el foco del propio crimen, lo volvían a introducir en una trama de sentidos que hasta lo naturalizaba: Andaba en “fiestas”, “prostitución” y “trabajos sucios”, “algo habrá hecho”.

6. Mapa de las memorias haciendo sus trabajos

El activismo en derechos humanos logró que las transformaciones en los marcos sociales nacionales jugaran a favor de tejer puentes y articular acciones que derivaron en “la caída del Juarismo”, modificándose en el 2003 y 2004 los marcos sociales locales. Desde diferentes perspectivas, distintos actores recuerdan el proceso conflictivo vinculándolo a sus propias historias e identidades, procurando producir una narrativa que de un sentido presente a ese pasado inmediatamente reciente. Al hacerlo, nos brindan una referencia para comprender un contexto conflictivo que la había ligado emocional y políticamente a un colectivo diverso que marchaba reclamando “justicia” y denunciando las “violaciones a los derechos humanos”.

Musa Azar se transformó para “los familiares” -al igual que para muchos santiagueños y santiagueñas- en un hito. Era quien “estuvo atrás” de los esquemas de “impunidad” y de muerte. Muchos y muchas de quienes marchaban en 2003, tiene un saber práctico que les dice que él fue uno de los principales responsables. El juicio llevado adelante en 2008, comprobó su participación como ideólogo del crimen de patricia para encubrir el de Leyla. Pero esa sentencia no respondió por qué mataron a estas jóvenes. Las memorias sociales -a diferencia de las sentencias por delitos de lesa humanidad y la propia sentencia por el caso del doble crimen de La Dársena- no expresan con exactitud qué es lo que hacía Musa Azar, aunque sí, lo señalan como el principal símbolo de la “represión durante la dictadura” y del “poder” y la “impunidad” del Juarismo.

Esto que gran parte de la sociedad santiagueña empezaba a decir en voz alta durante la conflictividad del doble crimen entre los años 2003 y 2004, era algo que los activistas y organismos de derechos humanos venían relatando al menos desde el retorno a la democracia en 1983. Con ello, la imagen de un Musa Azar tenía un significado más: hablaba de la larga duración de este personaje en los procesos represivos y la violencia policial y política del Juarismo. Veinte años después que en algunas grandes urbes del país, en Santiago Del Estero se marchó con una bandera con los rostros de los desaparecidos.⁶⁰ En aquel momento conflictivo, una de esas marchas salió desde La Banda, desde un mural que poco a poco se iría institucionalizando.

El trabajo documental que Norma nos mostró cuando la entrevistamos, producido al calor mismo del conflicto por el doble crimen, titulado “No hay derecho. La costumbre de la injusticia en Santiago”, es un claro ejemplo de la memoria que empezaba a fluir. Es un material de archivo que, al observarse en detalle, refleja los recuerdos y memorias narradas. Entrelaza el doble crimen de La Dársena con tiempos de un pasado reciente dictatorial. Los años de represión predictadura y dictatorial (1973-1983) y de hegemonía y crisis del Juarismo (1995-2004) se entrelazan en memorias largas que se extiendes desde el pasado reciente a un pasado mucho más próximo, inmediatamente reciente.⁶¹

La situación fue tal que el activismo en derechos humanos no sólo salió del aislamiento, sino que empezó a articular y entró de lleno en la disputa por ganar espacios dentro del sistema-de-estado. La Secretaría de Derechos Humanos de Nación revistió de legitimidad institucional a muchos de estos activistas que comenzaron, no sólo a tener una voz que ahora era escuchada, sino a trabajar con diferentes sectores sociales y políticos que denunciaban las violaciones a los derechos humanos del Juarismo. Además de narrar sus memorias, ahora eran quienes escuchaban a tantos otros silenciados por el Juarismo. Se empezaba a percibir un clima que tenía muchas reminiscencias de la “transición democrática del ‘83”. No sólo los desaparecidos aparecieron en una bandera en 2003; el trabajo de archivo nos muestra que los diarios a nivel nacional hablaban de la CONADEP y del Nunca Más para referirse al conflicto en torno al doble crimen de La Dársena. En algún punto, se hacía patente la noción de que “los desaparecidos de ayer son los muertos de hoy” cómo señalaba la bandera que los activistas habían llevado a las marchas. Sin embargo, comprender el rol de esta categoría es inherente a comprender la disputa política y las memorias de la política (^{Rabotnikof, 2006}). La articulación con el kirchnerismo fue una estrategia para disputar Santiago del Estero en tanto territorio político.

El reclamo de “justicia por Leyla y Patricia” en “las marchas del silencio” en marzoabril del 2003, fue conjugándose con los reclamos por “Verdad y Justicia” en las marchas por el esclarecimiento de una multiplicidad de crímenes entre mayo y junio del 2003. Ese proceso dio paso luego, a un reclamo por justicia ante las “múltiples violaciones a los derechos humanos del Juarismo” a partir de fines de junio del 2003. Sin que ninguna de estas consignas desaparezca del todo, la categoría “derechos humanos” fue ganando mayor peso relativo. El frente discursivo se fue consolidando en torno a los derechos humanos y la democracia como banderas. Parecía que “la caída” del Juarismo traería nuevamente la democracia y con ella la justicia que nos sacaría del “feudalismo”. Pero sigue vigente la pregunta en relación a por qué mataron a estas dos jóvenes. O al menos cómo es que, a pesar del juicio llevado adelante en 2008, “familiares” y activistas aún no saben con exactitud qué es lo que pasó con las jóvenes cuyos restos se encontraron en La Dársena el 6 de febrero del 2003.