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1. Introducción
Las migraciones desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia Argentina tienen una larga historia y en la provincia de Mendoza se remontan a mediados del siglo XX, momento en que estos flujos comenzaron a articularse como mano de obra estacional frente a la creciente demanda de trabajo para las cosechas frutihortícolas que no alcanzaba a cubrirse con el aporte de los trabajadores locales. Con el progresivo asentamiento en la provincia, nuevos espacios laborales se abrieron para las/os migrantes, en un contexto marcado por profundas transformaciones vinculadas a los procesos de reestructuración productiva de la agricultura. En el presente las/os migrantes bolivianas/os residentes en Mendoza constituyen la primera minoría de extranjeras/os alcanzando los 27.239 habitantes, de las/os cuales el 47% llegó antes de 1991; el 18% entre 1991 y 2001; y el 35% entre 2001 y 2010 (CNPHyV, 2010).
En este artículo abordaremos algunas de las especificidades de la participación de estas/os trabajadoras/es en el agro de Mendoza. Esta inquietud proviene de un estudio etnográfico iniciado en 2009 para analizar la articulación de las/os trabajadoras/es migrantes al trabajo estacional agrícola, principalmente a la actividad de cosecha 1 (Moreno, 2017). Esta investigación proporcionó información sobre un segmento laboral destinado a migrantes recientes (Herrera Lima, 2005) que se renueva periódicamente. Esto se ve reflejado en una alta movilidad en las trayectorias de las/os migrantes recién llegados o estacionales (Moreno, 2016 y 2018), procedentes de Bolivia y del noroeste de Argentina. El trabajo de campo prolongado en estos contextos permitió poner en relieve la coexistencia de distintas cohortes o “edades” (Sayad, 1998) en la migración boliviana hacia la provincia, así como la presencia mayoritaria de estas/os actoras/es en otros segmentos laborales emplazados en los territorios agrícolas. En este marco, los contratos en la producción hortícola, el empleo estacional en fábricas de conservas y el comercio en ferias fueron delineándose como parte del abanico de ‘trabajos posibles’ para la población migrante.
Por lo mencionado anteriormente, en este artículo buscamos caracterizar las particularidades que asumen estos trabajos desde un enfoque interseccional, atento a los mecanismos de segregación de la fuerza de trabajo. Desde un punto de vista metodológico, este trabajo se basa en una estrategia conceptual y una estrategia empírica; la primera porque se orienta a explorar los conceptos y debates que han tenido lugar en un campo del conocimiento, recuperando la historia del problema; la segunda porque interpreta la información empírica desde las teorías recuperadas (Maletta, 2009). Las anticipaciones de sentido que han guiado nuestra pesquisa apuntan a remarcar que las/os trabajadoras/es migrantes en Mendoza enfrentan un entrecruzamiento de desigualdades de clase, etnia, raza, género y condición migratoria, que se expresan en la generalizada ausencia de protección social, violación de derechos amparados por la ley, inestabilidad y bajas remuneraciones (Moreno, 2017). En el contexto particular de este artículo, anticipamos además que estas situaciones asumen modalidades específicas dentro de cada actividad laboral. Es por ello que a través de este ejercicio podremos restituir el complejo esquema que surge del cruce entre migraciones y trabajo en los territorios agrícolas, a la vez que remarcar las especificidades de cada trabajo en que las/os migrantes bolivianas/os constituyen una mayoría.
2. Segregación laboral de las poblaciones migrantes
La vinculación entre migración y trabajo ha estructurado una porción significativa del campo de los estudios migratorios internacionales (Sassen, 2001; Herrera Lima, 2005; Suárez Navas, 2010), dado que la dimensión laboral suele aparecer como una de las principales causas de las migraciones internas e internacionales, que se ajustan a las oportunidades desigualmente distribuidas en el territorio (Herrera Lima, 2005).
En términos teóricos, desde las ciencias sociales existe una vasta producción que ha buscado explicar esta vinculación y sus implicancias sociales, culturales, económicas y políticas. En el transcurso del siglo XX se produjeron un conjunto de teorías orientadas al análisis de la cuestión del mercado de trabajo y su segregación. Entre ellas, podemos mencionar la teoría del mercado de trabajo dual y aquellas de orientación marxista preocupadas por las divisiones de la clase trabajadora en base a una lectura de los conflictos y las desigualdades que jerarquizaban a la clase social por encima de las demás formas de clasificación social (Magliano y Mallimaci Barral, 2018).
Se puede señalar que las distintas aproximaciones al estudio del mercado de trabajo han ido incorporando actores, instituciones sociales, tiempo, espacio y territorio. Además, “han pasado de una visión estática a otra dinámica, que pone su atención en los cortes longitudinales, sin perder de vista las dimensiones que intervienen en los procesos” (Herrera Lima, 2005: 63).
Pries (2000) realiza un valioso aporte desde la Teoría Sociológica del Mercado de Trabajo, en su revisión de las diversas posiciones teóricas desarrolladas en la última mitad del siglo XX en el contexto latinoamericano. En este marco, destaca que hasta la década de 1970 el estudio del mercado de trabajo estuvo regido por el enfoque neoclásico con un fuerte sesgo economicista (Pries, 2000), exhibiendo fuertes limitaciones para captar la riqueza y complejidad de los procesos de trabajo (Herrera Lima, 2005; De la Garza Toledo, 2011). Desde esta perspectiva se considera que la movilidad de los trabajadores se rige por las leyes de oferta y demanda, factores que tienden a equilibrarse (Lara Flores, 2001). En el contexto migratorio, esta perspectiva postula que tanto migrantes como nativos compiten por los mismos puestos de trabajo en un mercado homogéneo, en el que el efecto de la migración es básicamente negativo, dado que contribuye a incrementar la desocupación y a disminuir los salarios (Moore, 2011).
Los aportes segmentalistas (o neo-institucionalistas) parten de la crítica del modelo neoclásico e introducen elementos de análisis sociológico al estudio del mercado laboral (Pries, 2000; Herrera Lima, 2005). “El mercado de trabajo no es un lugar donde oferentes y demandantes se encuentren libremente, porque tanto la oferta como la demanda se hallan mediadas por contextos sociales y culturales complejos que segmentan a los trabajadores en un sinnúmero de categorías” (Lara Flores, 2001: 366). La teoría del mercado de trabajo dual (Piore, en Pries, 2000), considera que el mercado de trabajo es heterogéneo y desigual y que, cuando menos, existen dos sectores: uno primario, que engloba las actividades mejor calificadas, con salarios más altos y mayor estabilidad laboral; y uno secundario, que presenta las características opuestas, como una creciente inestabilidad laboral, salarios más bajos y condiciones laborales precarias y peligrosas2 (Benencia, 2008). Así, al englobar actividades ‘no deseadas’ y de baja calificación, se produce una escasez de mano de obra local en el mismo frente en el que los empleadores recurren a mano de obra inmigrante para ocupar en el sector secundario (Benencia, 2008). Desde esta perspectiva entonces, los migrantes juegan un rol complementario (no competitivo) de la mano de obra local (Arango, 2000) en las posiciones más subordinadas de la jerarquía laboral.
Las críticas a las visiones neoclásicas del mercado de trabajo generaron otros desarrollos que renovaron las miradas académicas sobre los mercados y procesos de trabajo (Benencia y Quaranta, 2006). En términos generales, se observa la recuperación de los desarrollos conceptuales de Polanyi (1992), que entiende lo económico y lo social de modo imbricado y busca superar “la visión de lo micro y lo macro como niveles de análisis mutuamente excluyentes, para intentar una visión articulada por vínculos meso sociales, donde (…) las redes de relaciones sociales juegan un papel central” (Herrera Lima, 2005: 63). Partiendo de la categoría de embeddedness, Polanyi (1992) considera que toda acción económica está contenida o entramada en interacciones sociales, donde el énfasis está puesto en los procesos de trabajo. Por lo tanto, focaliza en las trayectorias laborales y en los proyectos biográfico-laborales. Ubica al sujeto dentro de un campo de interacciones múltiples y recurrentes, que suponen no sólo el conocimiento cercano de los individuos con quienes realiza los intercambios, sino también el conocimiento de las reglas sociales de funcionamiento de los espacios sociales acotados en los que se desenvuelve.
Desde esta perspectiva se ubica al funcionamiento de las redes sociales en el centro de la estructuración de los intercambios involucrados en los procesos de reclutamiento, remuneración, asignación a puestos y movilidad de la fuerza de trabajo en el mundo laboral (Herrera Lima, 2005). Sutti Ortiz (2002) destaca que el mérito de los estudios del trabajo que se han enfocado en las migraciones laborales, radica en que han contribuido a comprender los procesos mediante los cuales los trabajadores se informan y buscan sus trabajos movilizando redes de amistad y parentesco. Lejos de negar las fuerzas del mercado y de las organizaciones, esta perspectiva de análisis permite incluir otros elementos que intervienen en el funcionamiento de los mercados laborales, lo que supone partir de una noción distinta de los trabajadores, ya no como totalmente determinados por las estructuras, sino con capacidad para actuar dentro de ciertos márgenes de libertad y constreñimiento, y en el contexto de un campo más amplio de interacciones múltiples. De hecho, en esta perspectiva el ‘actor’ es tanto individual como colectivo, dado que se lo entiende como un sujeto inmerso en redes múltiples de relaciones sociales, que finalmente son las que intervienen y ayudan a explicar las dinámicas del mercado laboral (Herrera Lima, 2005).
Finalmente, se suman los enfoques del trabajo centrados en la segregación, que comparten con los estudios segmentalistas su énfasis en las diferencias existentes al interior de la fuerza de trabajo, aunque van un poco más allá al indicar que estos segmentos “se contraponen en una estructura de fuertes asimetrías” (Lara Flores, 2001: 375). Estas consideraciones surgen como consecuencia de la evidencia empírica acerca de la existencia de desigualdades para distintos grupos sociales, en función del sexo, la nacionalidad, la étnia, la raza, la preferencia sexual, la religión e incluso la edad (Herrera Lima, 2005).
Bajo este marco, se ha destacado el potencial de la interseccionalidad para pensar la segregación laboral en tanto experiencia de múltiples opresiones, que parte de reconocer que las posibilidades de que las personas obtengan un trabajo dependen no sólo de su capital humano sino también de otros criterios no económicos (Castles, 2013). Esta perspectiva caleidoscópica sobre la desigualdad surge en el marco de los debates feministas y refiere a la percepción imbricada de las relaciones de poder (Vivieros Vigoya, 2016). Para ello apela al entrelazamiento y a la co-constitución de matrices de opresión y a la diversidad de posiciones que los sujetos sociales ocupan en virtud de ellas en las sociedades capitalistas, racistas y patriarcales (Davis, 2005; Crenshaw, 2013; Hill Collins, 2012; Hooks, 1992; Lorde, 1978).
En el marco de los estudios migratorios este enfoque se ha tornado una apuesta teórico-metodológica para comprender las relaciones sociales de poder y los contextos en que se producen las desigualdades sociales vividas por los sujetos, mediante el abordaje de diferentes posiciones y clasificaciones sociales históricamente situadas (Magliano y Mallimaci Barral, 2018). Éstas inciden en la articulación al mercado de trabajo, ya que como refiere Lara Flores (2001), la intercambiabilidad de la mano de obra y de los puestos de trabajo, se basa en una normatividad explícita o implícita, por lo cual cierto tipo de trabajadores no pueden acceder a cierto tipo de puestos. “Esta normatividad puede tener como ‘mecanismo consolidador’ la estigmatización de ciertos grupos, a los cuales se les asignan iguales o similares cualidades o un mismo comportamiento laboral” (Lara Flores, 2001: 370), contribuyendo a legitimar una estructura de empleo que los condena a los trabajos más penosos. Fue Sayad (2008) quien advirtió de forma pionera que aquello que mejor define la condición social “migrante” es la provisoriedad que asume una presencia extranjera que colectivamente es tolerada por encontrarse subordinada al trabajo y al rol laboral de quien la porta.
3. Inserción laboral de migrantes bolivianos en mercados laborales de Argentina
Numerosas investigaciones en el contexto nacional han puesto de relieve la participación histórica de migrantes originarias/os de Bolivia que acompañaron la expansión de las economías regionales a partir de 1950 y contribuyeron con creces al desarrollo de la horticultura y los cultivos de vid, azúcar, yerba mate y tabaco (Balán, 1976, Giarracca, Bidaseca y Mariotti, 2001, Benencia y Karasik, 1995; Benencia, 2006, Pizarro y Trpin, 2010, Aguilera y Aparicio, 2011, Bendini, Radonich y Steimbreger, 2012, Moreno y Torres, 2013, Quaranta, 2015, Moreno, 2017).
Aunque acontecieron fluctuaciones y cambios en las dinámicas de desplazamiento, desde sus primeras expresiones mantuvieron una presencia ininterrumpida hasta la actualidad. Sassone (2021) argumenta que la inmigración boliviana ocupa un rol protagónico en el escenario de las migraciones internacionales de Argentina, en tanto corriente tradicional que mantiene una vigente actualidad. La cultura de la movilidad, sus dinámicas espaciales y los modos de territorialización, muy propios de esta población (Zalles Cueto 2002; Hinojosa Gordonava, 2009), ponen de manifiesto una migración activa compuesta de generaciones y generaciones que renuevan y singularizan su geografía. Sus comportamientos espaciales muestran, a escala nacional, una distribución por difusión territorial, que los posiciona como el colectivo más disperso en todo el país (Sassone y De Marco 1994; Sassone et al., 2021).
Tal como se desprende de los antecedentes revisados, gran parte de estos desplazamientos constituyen migraciones laborales (Pizarro et al., 2011). De acuerdo con Cerrutti (2009), la motivación laboral es central en la migración limítrofe a la Argentina. Alrededor de 3/4 de los varones que inmigraron a la Argentina provenientes de países limítrofes declararon que se fueron de sus países por falta o problemas de trabajo. Entre las mujeres, si bien las motivaciones para emigrar son más variadas, la búsqueda de alternativas laborales es también la razón predominante. En este marco, casi la mitad de las migrantes bolivianas (48,3%) adujeron dicho motivo3 (Cerrutti, 2009: 44).
En este marco, las investigaciones reseñadas documentan que históricamente estas/os migrantes han tenido una inserción marginal en el mercado de trabajo argentino, que resultaba funcional a la demanda de empleos de baja calificación, especialmente en el sector informal (Benencia, 2008), junto a la asignación de los/as migrantes a los escalones más bajos de las jerarquías laborales en áreas rurales (Trpin y Pizarro, 2017). Estas tendencias persisten en las primeras décadas del siglo XXI, consolidando un patrón de inserción segmentada en determinados sectores como la agricultura, la construcción, el comercio ambulante, los talleres textiles, el servicio doméstico, las pequeñas industrias y los cortaderos de ladrillos (Sassone, 2009; Pizarro et al., 2011, Pizarro, 2013; Trpin y Pizarro, 2017).
En referencia a estos aspectos, numerosos autores (Meillassoux, 1985; Wolf, 2005; Morberg, 1996; Herrera Lima, 2005; Pizarro, 2009; Pizarro et al., 2011) sostienen que este tipo de segmentación de la fuerza de trabajo, que ordena jerárquicamente a los grupos y categorías de trabajadores y que re-crea continuamente en el nivel simbólico diversas distinciones culturales (étnico-nacionales, raciales, de género, entre otras); resulta central en la acumulación capitalista, en tanto que mecanismo históricamente específico de movilización, gestión, socialización y distribución de la fuerza laboral (Magliano y Mallimaci Barral, 2018). Erik Wolf (2005) sostiene en este sentido que el modo de producción capitalista en su avance por el mundo ha recurrido a la yuxtaposición de trabajadores de diferentes orígenes sociales y culturales, siendo esta heterogeneidad tanto un producto como una condición necesaria de la reproducción del sistema. El autor señala dos modos a través de los cuales se produce esta segmentación: “ordenando jerárquicamente a los grupos y categorías de trabajadores, y produciendo continuamente y recreando simbólicamente marcadas distinciones ‘culturales’ entre ellos” (Wolf, 2005: 460).
Por lo tanto, la segregación laboral constituye una forma de regulación sociocultural, por medio de la construcción social de identidades laborales, “que legitima cierto tipo de contrataciones y condiciones laborales sumamente desfavorables para los trabajadores (…) lo que, [sumado] a las condiciones de irregularidad de su situación migratoria, los ubica en una posición de vulnerabilidad tanto estructural como cultural” (Pizarro, 2010: 2-3). Como refiere Sayad (2010), en tanto trabajadores, a los migrantes se les reserva los peores puestos del mercado de trabajo. Se estigmatizan entonces como “trabajos para migrantes” todos aquellos trabajos “sin gran cualificación, despreciados técnica y socialmente” (Sayad, 2010: 239). En este sentido, es preciso resaltar que las imposibilidades para acceder a la formalidad laboral y lograr mejores condiciones de trabajo no es una cuestión de voluntad de las/os trabajadoras/es migrantes ni una dificultad a la que hayan tenido que enfrentarse recientemente, sino que constituye una experiencia indisoluble de su trayectoria migrante (Perissinotti, 2020).
Estas teorías ponen de relieve además los beneficios que reporta al sistema capitalista mundial la diferenciación laboral entre ‘nativos’ e ‘inmigrantes’. Kearney (2008) dirá en este sentido que estos sistemas de trabajo son económicamente ventajosos para las economías receptoras, “no sólo porque la mano de obra barata se les entrega por sí misma, sino también porque los costos de reproducción y retiro de dichos trabajadores recaen sobre economías de regiones distantes y distintas” (2008: 103).
Estas modalidades de segregación laboral se han transformado en el contexto de una nueva geografía social global desde finales del siglo XX en adelante (Sassen, 2003). La desregulación económica bajo el auge neoliberal ha derivado en una creciente jerarquización, precarización e informalización del empleo para los migrantes (Castles, 2013), dando lugar a lo que Sassen (2003) denomina contrageografías de la globalización. Tal como plantea Castles (2013), emplear migrantes temporalmente es otra forma de aumentar el control patronal y reducir la demanda de mejores salarios y condiciones de trabajo. En este marco, la expresión trabajo precario se utiliza cada vez más para caracterizar la reestructuración neoliberal de los mercados de trabajo, en que “los migrantes constituyen una gran parte del precariado mundial” (Standing, 2011: 90).
En la ruralidad latinoamericana, el impacto del neoliberalismo en la producción agropecuaria ha tenido lugar a partir de su inserción como parte del sistema agroalimentario de producción y comercio mundial de alimentos. Las políticas de ajuste estructural que se implementaron en este proceso provocaron el incremento sostenido del nivel de concentración de la tierra, el desplazamiento de pequeños productores familiares y la creación de una considerable masa de desempleadas/os rurales que engrosaron las filas del trabajo asalariado y las migraciones laborales de temporada, únicas fuentes de recursos e ingresos para las ex familias campesinas (Bengoa, 2003). Los estudios sobre el tema han señalado que la aplicación de políticas neoliberales no ha resultado neutral en relación con el género, afectando de manera desigual a varones y mujeres debido a sus diferentes roles en la producción y reproducción social (Mingo, 2011). Para ellas se ha producido un incremento en la participación de la esfera productiva presionada por la disminución general de los ingresos; sin una mayor redistribución de las cargas reproductivas, que por el contrario se han visto incrementadas frente a la desaparición de servicios sociales básicos antes provistos por el Estado (Deere, 2006).
Los procesos de reconversión de la agricultura han dirigido la producción a los mercados globalizados apoyándose en la profundización del trabajo asalariado en todos los niveles, y ampliando la inseguridad laboral, producto de mercados de mano de obra despiadados y no regulados. En este marco, se ha recurrido a la categoría de “agricultura flexible” para remarcar la combinación entre flexibilidad productiva y uso de trabajo precario (Bendini y Lara Flores, 2007). De acuerdo con Mónica Bendini y Sara Lara Flores esta combinación promueve:
[...] nuevas formas de acceso al trabajo con diversidad de modalidades de intermediación; pero, a su vez, con ampliación de redes sociales; persistencia de migración temporal de arrastre con reorganización de los grupos domésticos; aumento del trabajo transitorio, de la movilidad pendular y de los desplazamientos múltiples con rotación en diversos circuitos y empresas. Estos fenómenos y procesos van construyendo nuevas formas territoriales y espacios sociales, aunque sin desaparición de la histórica precariedad laboral existente en el campo (2007: 24 -25).
En este marco, el desafío es comprender la profundización de tal heterogeneidad para poder explicar la proliferación de los límites y las fronteras que atraviesan el campo del trabajo vivo (Mezzadra y Neilson, 2016). Siguiendo esta premisa y a través de la lente interseccional, emprenderemos la reconstrucción del esquema de segregación laboral en el que se inscribe la presencia de las/os migrantes de Bolivia en el agro de Mendoza.
4. La participación de trabajadoras/es migrantes en la agricultura de Mendoza
Para situar nuestro análisis conviene destacar que la provincia de Mendoza, ubicada en el centro-oeste de Argentina, se caracteriza por poseer un clima árido con fuertes restricciones hídricas. Por este motivo, la actividad agrícola se efectúa en los oasis agrícolas bajo riego que abarcan el 5% de la superficie provincial. Estos espacios también concentran la mayor proporción de la población y de las actividades productivas.
En referencia a la estructura del sector agrícola de la provincia, el 85,5% corresponde a la producción vitícola, seguida en un 9,7% por la producción de frutales y en 4,9 por la producción de hortalizas (DEIE, período 2017/2018). Estas producciones han estado sujetas a profundas transformaciones en las últimas décadas, de la mano del auge del modelo neoliberal (Balán, 1980), como reseñamos anteriormente. Estos procesos de ‘reestructuración’ de la agricultura (Neiman, 2010) han propiciado en Mendoza una mayor concentración de los factores de producción, favoreciendo a los grandes productores nacionales y extranjeros de perfil empresarial, que han orientado su producción al mercado internacional en escenarios altamente competitivos (Pedone, 1999, Cerdá, 2020). Paralelamente, estas transformaciones han tendido a subordinar o excluir a los pequeños productores locales de estas actividades, manteniéndose las condiciones de precariedad con relación al trabajo agrícola (Neiman y Bocco, 2005; Bocco, 2007; Berger y Mingo, 2012).
Todos estos procesos han provocado una transformación de los espacios rurales, en los que se observa una reducción del área cultivada, asociada a la disminución de la superficie vitícola; una expansión y posterior concentración de la superficie frutícola (con nogales y especialmente olivos, que triplican su participación), mientras que las hortalizas han permanecido más estables con relación a los volúmenes, aunque con importantes variaciones en la composición interna del sector (Van den Bosch y Bocco, 2016).
En todos los sectores productivos analizados se observa que las jerarquías laborales están atravesadas por diferenciaciones entre nacionalidades: las actividades vitivinícolas y frutícolas fueron iniciadas por inmigrantes italianos y españoles, siendo afianzadas por sus descendientes (los ‘criollos’), algunos de los cuales todavía se mantienen como propietarios con larga trayectoria. La horticultura fue desarrollada tempranamente por migrantes españoles. Sus descendientes la continuaron hasta la década de 1980, momento en que comenzaron a ser remplazados paulatinamente por migrantes bolivianos (‘paisanos’) en el contexto de crisis de la vitivinicultura.
Las transformaciones reseñadas se han acompañado por un cambio en el patrón de distribución de la población rural, ligado a la creciente concentración de la propiedad y desaparición de propiedades menores; como a estrategias laborales implementadas por las grandes empresas tendientes a reducir la cantidad de trabajadores permanentes. En este marco, las diversas labores de mantenimiento de los cultivos han pasado a organizarse en base a cuadrillas de trabajadores temporarios, contribuyendo con ello a disminuir los costos laborales y a desdibujar los vínculos entre empleadores y empleados a través de diversas figuras de intermediación (Fabio, 2010; Moreno, 2018).
Sobre la base de esta breve descripción de la producción agrícola de Mendoza, profundizamos ahora en los trabajos segregados donde se concentra mayoritariamente la población migrante oriunda de Bolivia. Desde una perspectiva interseccional, procedemos de forma inductiva para realizar, siguiendo a Maletta (2009), una pesquisa retrospectiva y focalizada, que parte de los estudios más recientes y específicos, vinculados a nuestra temática de investigación. Las fuentes secundarias utilizadas para ello corresponden a nuestra investigación etnográfica previa (2009 - presente), como a la realizada en los últimos años por otras/os colegas en los oasis Norte y Valle de Uco de Mendoza4. Este ejercicio permitirá restituir el complejo mapa que surge del cruce entre migraciones y trabajo en territorios agrícolas, a la vez que remarcar las especificidades de cada actividad laboral en la que las/os migrantes bolivianas/os constituyen una mayoría.
4.1. Las cosechas agrícolas como puerta de ingreso al mercado de trabajo
La llegada de migrantes bolivianas/os a Mendoza coincide con la segunda ola inmigratoria a nivel nacional luego de la proveniente de Europa (de finales del siglo XIX). Ésta última tuvo lugar desde la década de 1940 y sus protagonistas fueron migrantes de regiones rurales de Argentina y de países limítrofes (Grimson, 2016), en su camino hacia las ciudades donde emergían las industrias. Estos flujos poblacionales se caracterizaron por constituir ‘migraciones desde abajo’ (Guarnizo y Smith, 1998), es decir que no respondieron a programas de promoción estatal de radicación de nuevos migrantes, como en el caso de la antigua inmigración europea. Por el contrario, otros factores económicos y sociales confluyeron en la producción de estos desplazamientos. Entre ellos se pueden destacar el crecimiento en la demanda de mano de obra en los centros industriales del país; la situación económica de Bolivia, que la convirtieron en una región expulsora de población (Ormachea Saavedra, 2015); la incorporación de la mecanización ahorradora de mano de obra en la industria azucarera del noroeste de Argentina, que desplazó a gran parte de esta masa de trabajadoras/es hacia regiones más dinámicas en el sur (Benencia y Karasik, 1995).
La inserción de estos migrantes en Mendoza tuvo lugar especialmente en los espacios rurales y en estrecha relación con la apertura de nuevas posibilidades laborales motivadas por el incremento constante de la superficie cultivada y por los lugares vacantes que dejaba la población nativa, que era alentada a trasladarse a las grandes metrópolis (Cavagnaro y Balussi, 1962) en busca de mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades de trabajo. En un primer momento se trataba de una movilidad estacional conformada mayoritariamente por varones jóvenes solteros, pero con el tiempo se incrementó la participación de mujeres5 (así como su visibilización) en el marco de migraciones familiares.
En este contexto de llegada de nuevos migrantes, los agricultores y bodegueros de Mendoza comenzaron a ver en estos flujos ‘una solución de mano de obra’ frente a la escasez provocada por la expansión de las actividades agrícolas (López Lucero, 1997). Con la renovación de estas migraciones año tras año, esta solución momentánea se tornó en una preferencia por contratar mano de obra migrante, visible en diversos mitos y narrativas de etnicidad que calificaban a ‘los bolivianos’ como trabajadores más adecuados para afrontar las duras faenas del campo6. En investigaciones previas hemos señalado que esta suerte de valoración y preferencia por las y los bolivianos/as no ha redundado en mejores condiciones de contratación y empleo, sino que las diversas cosechas y labores estacionales en que se desempeñan, han mantenido los rasgos históricos de precariedad visibles en la inestabilidad7, bajos niveles salariales8, falta de protección social y ausencia de sindicalización, vinculados a la irregularidad en la condición migratoria y a la falta de registro de la relación laboral (Moreno, 2019b).
La situación se complejiza además por el extendido uso de la intermediación laboral, donde destacan los ‘cuadrilleros’ que facilitan los mecanismos informales de contratación y traslado de las/os trabajadoras/es (Moreno, 2018). Se trata de agentes que previamente se han desempeñado como trabajadores estacionales y viven en los mismos barrios y caseríos que las/os migrantes. La presencia de estos intermediarios no sólo invisibiliza al efectivo empleador, sino que además limita las posibilidades de reclamo legal por las irregulares condiciones de contratación (Benencia y Quaranta, 2006).
Estas condiciones laborales en la agricultura responden a la falta de políticas activas para atender a este segmento de trabajadores/as y a una postura estatal de ‘pasar por alto’ la irregularidad en el ingreso al país de los trabajadores estacionales, descargando en ellos la responsabilidad por sus propias condiciones de trabajo y de vida (Trpin y Moreno, 2020). Por lo tanto, aun cuando se reconoce la necesidad del aporte de mano de obra extra local para levantar las cosechas de Mendoza, los circuitos migratorios por los que se obtiene dicha fuerza de trabajo y las condiciones en las que viven y trabajan las/os migrantes, quedan por lo general en el terreno de la inacción estatal.
Esto favorece al mismo tiempo la posibilidad de que los intermediarios y empleadores del sector se sirvan de una mano de obra barata por hallarse en una situación de mayor vulnerabilidad, fruto de la intersección de diversas formas de desigualdad económica, social y jurídica consustanciales a su condición migrante. En relación a este aspecto, Courtis y Pacceca sostienen que “quienes trabajan en condiciones precarias son sin duda vulnerables, pero quienes trabajan en condiciones precarias y además son extranjeros en situación irregular, están permanentemente y estructuralmente al borde de la explotación” (2006: 4). En el caso de las cosechas agrícolas de Mendoza, este proceso se torna plausible en la construcción de una preferencia por contratar trabajadoras/es bolivianas/os basada en características supuestamente innatas (Moreno, 2017). Esta construcción de sentido les facilita a las y los migrantes adecuarse y acceder a estos segmentos laborales, aunque también contribuye a justificar condiciones de extrema precariedad en trabajos desempeñados en contextos de privación económica, que sólo se sostienen por la sobreexplotación de las/os migrantes (Moreno, 2019b).
4.2. Las Chacras hortícolas: una oportunidad de movilidad social ascendente
Para aquellas/os migrantes que decidieron establecerse en la provincia por un período de tiempo más prolongado, el trabajo en los contratos de aparcería hortícola habilitó en ciertas ocasiones la permanencia y la proyección de una movilidad social ascendente en lo que Roberto Benencia (2006) ha calificado como escalera boliviana9.
En Mendoza este proceso se produjo bajo el contexto de crisis vitivinícola de 1980. Van den Bosch y Bocco (2016) sostienen que esta crisis estuvo signada por erradicaciones y abandono masivos de fincas en todo el territorio provincial, que desalentaron las nuevas inversiones en viticultura y reorientaron los usos de tierras y capital hacia otras actividades productivas con mejores expectativas como los frutales y las hortalizas.
En este marco, comenzó a abrirse un nuevo horizonte con mayor perspectiva de movilidad ascendente para algunas familias procedentes de Bolivia, que se vinculaban a través de redes comandadas generalmente por los varones jefes de hogar. Este proceso se enmarca en una mayor oferta de tierras producto de la salida de muchos productores locales ante la reducción de los ingresos por el estancamiento de los precios de venta y el considerable aumento en los costos de producción, particularmente de los insumos10, junto a la falta de relevo de los adultos mayores por parte de sus hijos en dicha actividad. Esto provocó que un creciente número de productores “criollos” abandonara la producción hortícola para transformarse en arrendadores de sus tierras o pequeños patrones que ahora delegaban el trabajo directo en chacareros bolivianos11 (Carballo Hiramatsu, 2019).
La mayoría de los inmigrantes bolivianos ingresaron a la actividad durante este período. La modalidad adoptada para efectivizar los arreglos fueron los contratos de aparcería, que poseen larga presencia en la horticultura local. En estos contratos se establece que un 70 % de la producción le corresponde al patrón y el 30 % restante es para el chacarero. Bajo esta relación, el primero se hace cargo de todos los medios de producción, insumos y semillas, además de la tierra; mientras que el chacarero aporta todo el trabajo necesario, tanto el propio como el de su grupo familiar y en los momentos de mayor demanda, moviliza además trabajo adicional a través de relaciones de reciprocidad y paisanaje12.
La forma de cubrir estas necesidades de mano de obra de parte del chacarero demuestra la enorme disparidad presente en esta relación. “Se trataría entonces de un trabajador incluso más precario que el asalariado, por cuanto ni siquiera posee una retribución fija o segura, dependiendo esto de la producción alcanzada y los precios obtenidos” (García, González y Lemmi, 2015: 71). El marcado riesgo y la inseguridad que definen las reglas del juego de esta actividad llevan a los productores hortícolas a concebirla como una timba (juego de azar). Para Carballo Hiramatsu (2019) esta calificación se asienta en dos factores. Por un lado, en el efecto de las incidencias climáticas que pueden provocar pérdidas totales y el reinicio del ciclo siguiente desde cero. Por otro lado, en las enormes variaciones en las superficies cultivadas de un año a otro, producto de elecciones individuales y descoordinadas que pueden traer aparejadas crisis de sobreproducción y pérdidas totales. Vemos así que el contrato de aparcería permite atenuar los riesgos frente a resultados económicos negativos inherentes a la actividad -bajos precios, pérdida de la producción, etc.-, ya que transforma una parte importante del costo fijo que implica la contratación de asalariados en un costo variable.
Como contraparte, un buen resultado económico puede dejarle al aparcero un ingreso superior al que obtendría como asalariado, posibilitándole acumular un parque de herramientas y capital sobre el cual ascender a la posición menos subordinada de arrendatarios, y en algunos casos a la de propietarios (Benencia, 1999), aunque esta posibilidad se encuentra condicionada por las fluctuaciones en la renta y en el mercado de tierras (Trpin y Moreno, 2020). No obstante, la búsqueda por convertirse en productores autónomos no pasa solo por la motivación de aumentar sus ingresos. Sino que esta condición permite afrontar en mejores condiciones la reproducción del grupo familiar que a través del trabajo estacional, ya que el acceso a la condición de campesinos13 permite romper con la inserción que asigna esta segregación. Al mismo tiempo, proporciona una ocupación más segura a aquellos miembros del grupo familiar que, de otra forma, por su condición de género o edad quedarían sometidos a situaciones más precarias aún14.
Así en la actualidad podemos considerar a esta forma de organización del trabajo como una relación que en muchos casos se asemeja a una asalarización encubierta y fuertemente precarizada. La forma que asumen los contratos de aparcería resulta una prueba de los vacíos legales que permiten la vulneración de derechos de las familias hortícolas migrantes. No obstante, se trata de un nicho laboral a través del cual muchas/os de estas/os migrantes han conseguido construir trayectorias de creciente autonomía en nuestro país y movilidad social ascendente. Pues estas formas de empleo están arraigadas en “cierta economía migrante” tal como sostiene Verónica Gago (2014).
4.3. Fábricas de conservas: segmento feminizado para migrantes bolivianas
La participación laboral femenina ha sido una dimensión destacada en el análisis de los procesos de reconversión productiva de los sectores agroindustriales de América Latina (Lara Flores, 1995; Bendini y Lara Flores, 2007). Estos estudios muestran la importancia de las mujeres en puestos de trabajo que son críticos para el proceso productivo (Mingo, 2014). En este sentido, Diana Deere (2006) advierte que lo novedoso ha sido el cambio en las tasas de participación femenina en el mercado de trabajo, hecho que visibiliza a las mujeres como trabajadoras asalariadas independientes15.
En el caso de Mendoza, las investigaciones han documentado una larga trayectoria femenina entre la mano de obra rural. Es decir, que no resulta novedosa la presencia de mujeres trabajando en los diversos cultivos ya que han sido parte de la fuerza de trabajo agrícola primero y agroindustrial después, a lo largo del desarrollo del modelo productivo provincial (Mingo, 2014)16. Según estos estudios, la mayor demanda de mujeres se vincula con requerimientos de calidad impuestos a las producciones agroalimentarias, en el marco de la reestructuración productiva que ya hemos reseñado. Una clave para alcanzar estos parámetros se ha sustentado en la introducción de etapas casi artesanales en el manejo y control de la producción. Dentro de estas fases productivas es la mano de obra femenina la que aporta las ‘herramientas de trabajo’ específicas para estas tareas, a partir de ciertos atributos como la constancia, la responsabilidad y la paciencia (Mingo, 2011). Para Elena Mingo, este conjunto de destrezas es considerado como un patrimonio de la femineidad normativa. De este modo, se identifica como saber tácito al “saber hacer” de estas trabajadoras, que es adquirido en largas trayectorias de aprendizaje, tanto individuales como colectivas, en los diferentes oficios necesarios para desempeñarse en la agricultura (Mingo, 2012; 2015).
A los trabajos de Elena Mingo (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) que dan cuenta de la segregación por género en las labores de selección de las agroindustrias en el Valle de Uco, María Florencia Linardelli (2020) suma la condición migratoria de muchas de estas mujeres, sobre todo en las industrias emplazadas en territorios próximos a las barriadas migrantes en el oasis Norte de Mendoza. La autora menciona que se conjugan dos elementos en este proceso de segregación: a la constancia y responsabilidad que caracteriza a las mujeres, se le suma la presunta resistencia física natural de las trabajadoras de nacionalidad boliviana y de aquellas nativas - norteñas e indígenas - que se le parecen física y culturalmente.
Estas representaciones e imaginarios sobre las mujeres y sus atributos organizan la demanda e impactan en la división del trabajo, tornándose en una fuente de mayores exigencias en el desempeño laboral de las trabajadoras, sin que ésta se vea reflejada en mejores salarios en virtud de su consideración como cualidades innatas.
Entre las actividades que comenzaron a segregarse en base al género dentro de las empresas agroindustriales de Mendoza, se cuenta la selección de fruta, así como la limpieza y llenado de latas de conservas (Idem). También las labores de limpieza general del galpón y de armado de cajas de embalaje, constituyen puestos ocupados exclusivamente por mujeres en la agroindustria (Mingo, 2013). Estas actividades se remuneran por día, es decir, por jornadas de 8 horas de trabajo en turnos rotativos. De acuerdo con Linardelli (2020), para las trabajadoras esto supone un ritmo de trabajo de menor intensidad y una retribución levemente mayor a la obtenida en el trabajo de viña17. No obstante, se trata de las labores de menor jerarquía y niveles salariales, que además no cuentan con la posibilidad de ascenso laboral.
Respecto a la estabilidad y a las formas de registración de esta actividad, se observan continuidades, así como cambios con respecto del trabajo estacional agrícola. Al igual que en las fincas, las agroindustrias no establecen ningún mecanismo que les garantice la continuidad laboral en cada temporada, aun cuando este derecho está contemplado en el convenio colectivo del sector18. Por otro lado, son empleos que no se organizan sobre la base de cuadrillas o intermediarios, sino que las trabajadoras efectúan una inscripción anual en la convocatoria de personal de las fábricas.
Sin embargo, esta forma de contratación no incide en una mayor cercanía respecto a los empleadores o dueños de las explotaciones. Por el contrario, sus únicos referentes son los encargados o personal jerárquico inmediatamente superior a ellas dentro de los establecimientos, cuyas funciones suelen ser las de supervisión y control de las trabajadoras.
Por otro lado, las trabajadoras suelen ser registradas bajo estas modalidades de trabajo, aunque esta práctica no se traduce siempre en mejores condiciones de trabajo, ya que múltiples derechos son vulnerados por incumplimientos laborales de la legislación vigente, como la registración bajo la categoría de “trabajadora transitoria” en lugar de “permanente discontinua” que computa la antigüedad; así como la escasa posibilidad de solicitar licencias bajo amenaza de despido (Idem).
Parte del entramado de justificaciones que naturalizan esta clase de inserciones en el caso de las mujeres resulta de considerar que la participación en el trabajo asalariado es secundaria al ‘rol eminentemente femenino’, es decir, al desempeño en los ámbitos reproductivos. Esto obtura las posibilidades de las trabajadoras para desempeñarse en puestos de trabajo de mayor continuidad durante el año y las sujeta a los períodos de alta demanda durante los picos del ciclo productivo (Deere y León, 1986).
Para finalizar, nos interesa destacar que la construcción social de la disponibilidad de cierto tipo de trabajadoras/es no solamente asigna determinados puestos de trabajo, restringidos en el caso de las mujeres, sino que además impone un valor diferente a la fuerza de trabajo (Mingo, 2013). Al respecto, Pedreño sostiene que socialmente se asigna determinado valor a la fuerza de trabajo que, al sostenerse en categorías sociales débiles19, resulta altamente vulnerable y adecuada a las necesidades de gestión de la mano de obra en la agricultura empresarial (Pedreño Cánovas, 1999). Vemos así que el proceso de segregación de la mano de obra por sexo cumple un rol fundamental en las estrategias de acumulación de capital en el que las empresas apelan a determinados rasgos de género, así como de clase y origen nacional, para organizar más eficientemente la mano de obra.
4.4. Las ferias populares: un refugio feminizado en contextos de marcada inestabilidad
Entre aquellas migrantes que se asentaron en Mendoza desde 1980, el comercio en ferias20 se tornó en una valiosa opción laboral no agrícola autónoma que facilitaba sus oportunidades de reproducción social en contextos de inestabilidad y crisis (Moreno y Martínez Espínola, 2017). Una particularidad de estas formas de comercio está dada por la presencia mayoritaria de mujeres, que replica el protagonismo femenino en los mercados de Bolivia (Martínez Espínola y Moreno, 2019). Rivera Cusicanqui sostiene en este sentido que esta presencia feminizada en los mercados data del período prehispánico y es uno de los aspectos que diferencian esta sociedad de sus vecinas respecto de algunas representaciones vinculadas a lo femenino, al uso del espacio público, a la capacidad de atravesar fronteras étnicas y al manejo del dinero por parte de las mujeres (Rivera Cusicanqui, 2015).
En Argentina, autores como José Luís Coraggio y Verónica Gago se han preocupado por teorizar estas formas de economía popular que se construyen alrededor de estas ferias y mercados. Coraggio las define como un “sustrato imprescindible del sistema económico en su conjunto, ya que cumple funciones vitales, aunque aún subordinadas a la lógica mercantil capitalista” (Coraggio, 2014: 22). Se trata de la economía de los trabajadores, sus familias y comunidades primarias, cuya lógica es la de la obtención de medios para la reproducción de la vida. Por su parte, Verónica Gago acude a la noción de ‘economías barrocas’ que mixturan saberes comunitarios autogestivos e intimidad con el saber-hacer en la crisis, dando cuerpo a un conjunto de alternativas económicas para los sectores populares (Gago, 2014).
Para Gago (2014, 2016) las economías populares (y sus organizaciones) tienen una fuerte composición migrante en Argentina. De acuerdo con Grabois y Pérsico (en Perissinotti, 2020: 112), la economía popular es, en primer lugar, la economía de los excluidos, pues está conformada por todas aquellas actividades precarizadas y desprotegidas que surgieron como consecuencia de la incapacidad del mercado para ofrecer empleo a todos los ciudadanos. En estos contextos, lo que emerge con fuerza son las formas comunitarias de organización socio-económica. Como explica María Victoria Perissinotti (2020), es en este marco que las familias migrantes encuentran resquicios del mercado donde insertarse y reproducirse. Las prácticas de las economías migrantes que estas personas ponen a andar están principalmente destinadas a conseguir recursos para asentarse, invertir y producir, prácticas destinadas a facilitar la permanencia en el contexto de destino.
En Mendoza estas modalidades de comercio comenzaron a expandirse desde 1980 para multiplicarse a partir de la profunda crisis que atravesó el país en 2001, que tornó a las ‘ferias populares’ y los ‘clubes del trueque’ en la única opción frente a la desocupación y a la caída general de los ingresos familiares (Colque et al., 2015; Martínez Espínola y Moreno, 2019). Es interesante destacar que, para las mujeres migrantes que integran la economía popular, estos modos de ganarse la vida vinculados al cuentrapropismo, al comercio, a la venta informal no constituyeron una novedad, como en el caso de las poblaciones nativas que, hacia finales de la década de 1990, debieron crear nuevas formas de ganarse la vida frente a la creciente desintegración del mundo asalariado formal. Como sostiene Perissinotti (2020: 130), “dichas formas de comercio y actividad venían ‘migrando’ con ellas a través de trayectorias familiares y de vida mucho más largas vinculadas a sus territorios de origen”. Formas de hacer, saberes prácticos, técnicas y conocimientos aprendidos en otros tiempos y en otros espacios, se tornaron en una fuente de saber específico, “un saber hacer, un acervo experiencial, que se tiene a mano” (Gago 2014: 255) y que fue reutilizado frente a los avatares de la nueva situación.
Estos saberes aparecen, además, asociados a un imaginario de progreso, de dejar atrás empleos peor evaluados (Magliano, Perissinotti y Zenklusen 2013), como en nuestro caso el trabajo agroindustrial. En este sentido, las investigaciones han documentado un conjunto de atractivos asociados a esta actividad. En particular se valora el mayor margen de independencia horaria, propio de un trabajo ‘sin patrón’, que además brinda la posibilidad de compatibilizar mejor las labores productivas con las reproductivas, vinculadas con la crianza de las/os hijas/os menores (Martínez Espínola et al., 2015). Las interrupciones en las trayectorias laborales femeninas por la maternidad llevan a muchas migrantes a apreciar la actividad en el comercio como una alternativa que permite ‘ganarse la vida’ sin tener que descuidar a sus hijos (Moreno y Martínez Espínola, 2017). Asimismo, estas formas de trabajo se convierten en la única opción laboral para las/os adultas/os mayores que, habiendo trabajado toda su vida, no pueden acceder al beneficio de una jubilación ante la imposibilidad de continuar trabajando en la agricultura por el desgaste físico acumulado. En todos los casos se señala la ventaja de contar con dinero efectivo en forma inmediata y en muchos de ellos, de reducir los gastos del hogar, por ejemplo, cuando se comercializan alimentos que también se consumen (verduras, alimentos no perecederos etc.), o que satisfacen algunas necesidades familiares (textiles, tejidos, accesorios).
Las ferias forman parte del paisaje dominical en las barriadas rururbanas de Mendoza, cuyos asistentes también son en su mayoría trabajadoras/es migrantes que pertenecen a los sectores populares (trabajadoras/es estacionales, chacareras/os, horticultores y tanteras/os, trabajadoras de la fábrica y peones al día) cuyos momentos libres son destinados a realizar las compras semanales, degustar alguna ‘comida típica’, distenderse y socializar con vecinos y compatriotas (Moreno, 2019a).
Una particularidad que presenta esta actividad se encuentra en las redes de parentesco y de paisanaje que habilitan el ingreso y la permanencia en el rubro (Benencia y Karasik, 1995), donde se afianza una ‘lógica comunitaria’ en las formas de organización boliviana, lógica que tanto Rivera Cusicanqui (2004) como Gutiérrez Aguilar (2008, 2017) han investigado en profundidad. Esta lógica comunitaria hace referencia a “la capacidad de cooperar entre distintos en condiciones más o menos paritarias jamás exentas de tensión” (Gutiérrez Aguilar, 2008: 15), que se vinculan con antiguas formas de reciprocidad andina (Godelier, 1974). Rivera Cusicanqui (2004: 77) refiere que la transmisión de saberes ‘comerciales’ a través de vínculos de consanguineidad, afinidad, paisanaje y gremio, es una de las formas en que las mujeres migrantes tejen ‘redes horizontales’ propias de la lógica comunitaria. El éxito de los emprendimientos de esta clase, sostiene la autora, depende en gran medida de la transmisión de estos conocimientos y del tejido de estas redes (Rivera Cusicanqui, 2004: 119).
No obstante, al tratarse de ‘economías barrocas’ “que se concretan más allá de la voluntad de un gobierno, o de su legitimidad” (Gago, 2014: 12); se enfrentan de manera recurrente con el límite demarcado por la presencia estatal (Martínez Espínola y Moreno, 2019). Dentro del ámbito de la sociología del trabajo, de la Garza Toledo (2011) remarca que el principal antagonista en estos ‘trabajos atípicos’ es el gobierno, que actúa como ‘cuasi patrón’ en la gestión del espacio público. Se trata de una lucha por el uso de este espacio y por el derecho al trabajo propio, nociones que en la actualidad se ven cuestionadas por la novedad y heterogeneidad que asumen.
Aun cuando el Estado no siempre avala el funcionamiento de estas ferias, las mismas se erigen como formas de resistencia que habilitan el consumo popular a través de la pequeña escala y permiten el acceso a bienes y servicios a bajo precio. Por esta misma razón acaban por cumplir además un importante rol en la disminución de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo que se desempeña en los segmentos precarizados del mercado de trabajo21. El conjunto de necesidades a las que responden estas ferias, tanto para las vendedoras como para sus clientes, permite situarlas como estrategias laborales autónomas de las mujeres, que contribuyen a la sostenibilidad de la vida porque permiten la subsistencia y refuerzan el tejido social, contribuyendo a sobrellevar las exigencias del mundo laboral. Tal como afirma Gago, las prácticas de las economías migrantes que estas personas pusieron a andar como un modo posible de conseguir recursos para asentarse, invertir y producir, influyeron en la creación de una “racionalidad productiva popular” que desbordó las fronteras de los espacios propiamente migrantes (Gago 2014: 213).
5. Conclusiones
En este trabajo abordamos las particularidades que asume la participación de migrantes bolivianas/nos en la agricultura de Mendoza. Para ello inicialmente revisamos los aportes teóricos sobre segregación laboral de las poblaciones migrantes junto a los antecedentes sobre migrantes bolivianas/os y su inserción laboral en Argentina. Este recorrido nos permitió recalcar el modo en que a las/os migrantes se les reserva los peores puestos del mercado de trabajo.
En el caso de Mendoza pudimos constatar que las/os migrantes procedentes de Bolivia enfrentan un abanico restringido de trabajos posibles en los territorios rurales de la provincia, que presentan como rasgo compartido una marcada precariedad laboral. El análisis de los procesos de segregación laboral permitió poner de relieve una segregación múltiple de estas/os migrantes en el trabajo estacional agrícola, los contratos en la producción hortícola, el empleo estacional en fábricas de conservas y el comercio en ferias. Actividades que pueden sucederse cronológicamente a lo largo de varios años en las trayectorias laborales, o bien constituir un único ciclo anual de trabajo -con diferentes características y formas de organización- a las que acude la población migrante para subsistir.
El enfoque interseccional resultó un punto de vista fructífero para analizar los mecanismos de segregación de la fuerza de trabajo, por su focalización en el entrecruzamiento de desigualdades que se (re)configuran para delimitar el universo de lugares permitidos y prohibidos para las/os migrantes. El abordaje del trabajo en articulación con otras marcaciones abrió un campo de indagación sobre la segregación de los mercados de trabajo en relación a los condicionamientos estructurales desde los cuales se organizan y reproducen. Desde este enfoque mostramos cómo el entrecruzamiento de desigualdades de clase, etnia, raza y condición migratoria condicionó la participación de migrantes bolivianas/os en las cosechas agrícolas desde mediados del siglo pasado, por su presunta predisposición al trabajo pesado, su fortaleza y sumisión. Posteriormente, reconstruimos el modo en que más recientemente estas clasificaciones se han actualizado y plegado a ciertas cualidades sexo-genéricas para abrir un segmento destinado a las mujeres -en especial bolivianas- en el empleo estacional en fábricas agroindustriales de frutas y conservas.
No obstante, durante este recorrido también pusimos de relieve que las/os migrantes se abrieron espacios propios y alternativos a estos segmentos disponibles para ellas/os. Uno de estos espacios se configuró a partir de una coyuntura favorable que posibilitó el ascenso social de algunas familias oriundas de Bolivia -comandadas por los varones jefes de familias-, a partir de los contratos de aparcería y de la figura de los chacareros hortícolas. Modalidad bastante precarizada de trabajo que, sin embargo, habilitó ciertos intersticios para el ascenso de algunos migrantes hacia posiciones más autónomas de arrendatarios, e incluso propietarios, advirtiéndose una tendencia hacia la recampesinización.
El otro espacio se tejió alrededor de la actividad comercial en el marco de la inestabilidad y de las crisis recurrentes en la agricultura. En este contexto, las ferias se fueron posicionando como un refugio para mujeres y ancianas/os, ante la explotación laboral propia de los trabajos destinados a migrantes y al incremento en las cargas reproductivas. Se trata de actividades sumergidas de la economía, que operan bajo una logística subterránea, ‘oficialmente’ clandestina, pero altamente visible y vinculada al sistema capitalista hegemónico. Estas economías barrocas soportan periódicamente las embestidas del Estado a través de desalojos más o menos violentos. No obstante, resisten y le brindan tanto a vendedoras/es como consumidoras/es, la posibilidad de reproducir su vida y acceder al consumo, contribuyendo con ello al bienestar social.
En síntesis, el recorrido efectuado ha permitido establecer diversas lógicas detrás de las distintas actividades en las que participan las/os migrantes bolivianas/os, permitiendo comprender que no nos encontramos frente a alternativas medianamente equivalentes en lo que atañe a las condiciones de precariedad. Por el contrario, podemos dar cuenta de un doble proceso. Por un lado, el de concentración de migrantes en ciertos segmentos precarizados del mercado de trabajo con la reproducción de formas de explotación y dominación asociadas al trabajo migrante y al sector secundario del mercado laboral -ya sea femenino, masculino o de ambos-; y por el otro, el despliegue de un conjunto de prácticas autónomas y formas de resistencia frente al empobrecimiento y la precariedad que ha afectado a cada vez más sectores de la población migrante, que se materializan en algunas experiencias de recampesinización dentro de la actividad hortícola y en categorías como ‘neoliberalismo desde abajo’ o ‘economía popular informal’.
En este marco, cabe destacar siguiendo a Trpin y Moreno (2020), que estos intersticios de capitalización desde los cuales las/os migrantes proyectan una movilidad social y un crecimiento en su autonomía laboral, se sostienen con fragilidad y dependiendo de los vaivenes socioeconómicos que afectan los ‘contextos de recepción’. Es decir que es la apertura o cierre de oportunidades en cada territorio específico, la que delimita un campo de posibilidades al compás de sus transformaciones en las proyecciones de movilidad. A ella se suman las marcas de desigualdad en términos étnicos y las trayectorias como trabajadoras/es precarizadas/os y racializadas/os que portan en sus cuerpos.
En este sentido, resulta fundamental configurar nuevas nociones que contribuyan a la elaboración de preguntas creativas para pensar las dinámicas heterogéneas y cambiantes en los ámbitos laborales a los que se articulan las poblaciones migrantes. Particularmente, haciendo eje en las variadas estrategias de resistencia/subsistencia que se producen bajo correlaciones de fuerza desfavorables para este sector de la clase trabajadora. Desde una perspectiva atenta a la autonomía de las migraciones (Mezzadra, 2012), se busca recuperar la subjetividad y la capacidad de agencia bajo un ‘materialismo anti-idealista’ que habilita “la posibilidad de asumir el cálculo de expectativas y de deseo de un modo radical, en el sentido de su capacidad de motorizar y soportar sacrificios, riesgos y situaciones de durísima explotación, sin aplanar este cálculo en términos puramente neoliberales” (Gago, 2019: 312).
