1. Introducción

En este trabajo nos proponemos describir y explicar los hechos acontecidos en la ciudad de Baradero, Provincia de Buenos Aires, el 21 de marzo de 2010. Esa mañana, luego de la muerte de dos adolescentes en un incidente con una camioneta de control de tránsito de la municipalidad, vecinos de la ciudad produjeron destrozos de diversos edificios locales en protesta por lo que fue considerado un homicidio. Se presentan las acciones como un caso que ejemplifica el modo en que se desarrollan las acciones colectivas de violencia punitiva, particularmente un tipo especial de éstas: los estallidos en demanda de justicia. Así pues, en primer lugar, haremos una caracterización de la presencia de las acciones colectivas de violencia punitiva en la Argentina reciente, explicitando las hipótesis sobre las que sostenemos se asienta el crecimiento de estas acciones. Posteriormente presentaremos el caso realizando una reconstrucción minuciosa de los hechos a la luz del marco teórico de la violencia colectiva de ^{Tilly (2007}) para mostrar cómo la dinámica relacional de las interacciones dio lugar a episodios de destrucción. A través de la exposición de la secuencia de acciones colectivas de ese día, los mecanismos y procesos que explican su desarrollo, la participación de actores en su concreción y el examen de las diversas interpretaciones que ubican dichas acciones en un contexto determinado, mostraremos que en la concreción de este estallido se pusieron en juego dimensiones de la protesta social, la violencia colectiva y la política institucional. Para ello hemos realizado 12 entrevistas en profundidad a informantes clave, testigos de los hechos, funcionarios, amigos de las víctimas, periodistas, vecinos. La crónica de los hechos fue reconstruida a través de la versión periodística publicada los días subsiguientes en los diarios Clarín, La Nación, Página 12 y los portales informativos locales Baradero te informa y Baradero Hoy. Además, se sumaron los aportes de las declaraciones y los elementos de prueba recogidos en la Investigación Penal Preparatoria nro. 01 994/10 de la Unidad Funcional de Instrucción nro. 5 del Departamento Judicial de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en relación a los destrozos producidos aquel día. Dichos elementos constan de declaraciones testimoniales de testigos de los hechos, fotografías recabadas en el expediente y videos de los cuales se tiene un resumen taquigráfico. En segundo lugar, se analizará el rol de la muerte de los chicos como factor precipitante de la violencia hacia diferentes objetivos. Este hecho catalizó las acciones de violencia porque parte de la comunidad entendió que el hecho había sido consecuencia del accionar de agentes de tránsito de la ciudad. A pesar de la existencia de otro conjunto de versiones que contradicen esa percepción, el marco de malestares preexistentes fue la condición de posibilidad para que algunos rumores y corrientes de opinión sean percibidos como ciertos más allá de su veracidad objetiva. Precisamente, en tercer lugar, se analizará el contexto de tensiones preexistentes que dio lugar a la reacción violenta y orientó las acciones hacia objetos específicos. A pesar de las caracterizaciones de “furia” y del aparente caos, el análisis relacional de la violencia muestra que las acciones tuvieron una lógica que puede desentrañarse a partir de la exposición de los mecanismos y procesos concretos que ordenaron las acciones. El cuarto apartado, por último, muestra la influencia de la política institucional y sus organizaciones en el desarrollo de las acciones. Lejos de la dicotomía entre una “pueblada” espontánea o un evento totalmente organizado por dirigentes partidarios, enmarcaremos las acciones de ese día en ambos registros, mostrando que la violencia colectiva fue tanto la expresión de la indignación ante la muerte de los jóvenes como un recurso para manifestar la disconformidad social por las regulaciones de tránsito por parte del municipio, contando con el probable apoyo de grupos políticos que operan en el marco de la institucionalidad local. Todos estos condimentos muestran que el estallido se encuentra en una zona de intersección entre la protesta social, la violencia colectiva y la política institucional.

2. Las acciones colectivas de violencia punitiva en Argentina

Desde mediados de los años noventa los registros muestran que se produce con cada vez mayor frecuencia en Argentina un tipo de acción colectiva particular consistente en provocar “intencionalmente un daño físico sobre cuerpos y cosas con el objeto de expresar la disconformidad y/o la represalia en relación a un hecho de violencia previo. Se trata de eventos en los que un colectivo de personas pretende sancionar y/o demandar una sanción en relación a un agravio anterior a partir de acciones de violencia ejercida hacia los considerados responsables (directos o indirectos), sus bienes y/o sus familiares” (^{Gamallo, 2020}a: 2). Nos referimos a las acciones colectivas de violencia punitiva (ACVP) conceptualizadas y registradas por ^{González et al. (2011}) y clasificadas en tres tipos distintos por investigaciones de nuestra autoría más recientes (^{Gamallo, 2020}a). En efecto, partiendo explícitamente de las teorías de la acción colectiva de los autores de la llamada estructuras de oportunidades políticas (^{McAdam et al., 2005}; ^{Tarrow, 1997}; ^{Tilly, 2000}), encontramos respaldo empírico para construir una tipología de ACVP en función de algunas dimensiones de análisis como el grado de coordinación de las acciones, los factores precipitantes y los objetos atacados, entre otras. Según esta tipología, las ACVP en Argentina se manifiestan en linchamientos a personas, generalmente poco coordinados, más espontáneos y en el espacio público de los centros urbanos; ataques a viviendas o bienes de presuntos perpetradores de crímenes considerados aberrantes como violaciones, abusos de menores, homicidios, por lo general más organizados, producidos en barrios de los suburbios urbanos y en los que tanto atacantes como atacados suelen conocerse entre sí y estallidos en los que generalmente se destruyen edificios públicos con la participación masiva de personas producidos a veces en ciudades intermedias o pequeñas también luego de crímenes con gran impacto local o nacional.

Estas tres performances de acción colectiva están relativamente instaladas en el repertorio de acciones de confrontación de la Argentina contemporánea y se suceden cada vez más frecuentemente en diversas partes del país (^{Gamallo y González, 2022}). Nuestra hipótesis sostiene que detrás de este crecimiento se encuentran dos procesos estructurales de mediano plazo relacionados con cambios en dimensiones de la acción colectiva en dicho país. Por un lado, teniendo en cuenta las transformaciones en las formas de acción, las ACVP se inscriben como un tipo particular dentro de otras formas de violencia colectiva como los saqueos, las puebladas, los ataques a formaciones ferroviarias o los enfrentamientos y destrucciones en el marco de protestas, entre otras (^{Rebón y Gamallo, 2014}). Es decir que una de las condiciones de posibilidad de las ACVP es la permanencia de la violencia colectiva como una forma posible dentro del repertorio de acciones en la Argentina contemporánea. Por otro lado, sostenemos que las ACVP se enmarcan en una tendencia al protagonismo de las demandas de justicia y lucha por la reparación de víctimas de violencias diversas. En este sentido, el desarrollo de las ACVP se encuentra vinculado a la emergencia de colectivos muy diversos como los familiares de víctimas de violencia de la represión policial-institucional, víctimas de accidentes o tragedias colectivas, víctimas del delito común en demanda de mayor seguridad, entre otras (^{Pereyra, 2011}). Es así que las ACVP se instalan sobre cambios en las demandas de las acciones colectivas y de la composición de los sujetos que reclaman, particularmente sobre el protagonismo cada vez mayor de las víctimas y sus familiares y allegados, un rol que fue adquiriendo cada vez más privilegio en el campo de enunciación de reclamos y discursos públicos (^{Pita y Pereyra, 2022}; ^{Cerruti, 2015}).

3. Los hechos

La ciudad de Baradero, capital del partido homónimo, se ubica en el norte de la Provincia de Buenos Aires, a 140 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a 150 kilómetros al sur de la ciudad de Rosario. A mitad de camino entre dos de las tres ciudades más importantes de la Argentina, debe su nombre al río sobre el que descansa, afluente del río Paraná. A pesar de ser un distrito históricamente vinculado con la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, durante las décadas del 1990 y 2000 la ciudad estuvo gobernada por el Partido Justicialista hasta que, en las elecciones de 2015, la Alianza Cambiemos destronó al peronismo del gobierno local. Al momento de los incidentes, Aldo Carossi era el intendente de Baradero en representación del Partido Justicialista.

Según el censo del año 2010, la ciudad contaba con 28.537 habitantes, bastante menos que las ciudades cercanas que se encuentran a lo largo de la ruta nacional 9. Su ritmo habitual, dicen los baraderenses, es el de un pueblo. El ritmo sereno y tranquilo de la ciudad se vería roto la mañana del domingo 21 de marzo de 2010. Eran las cinco y media de la mañana y, para los jóvenes baraderenses, todavía era noche de sábado. Como de costumbre, muchos habían confluido en el local bailable “Punta Madero” de la esquina de las calles Oro y Sáenz. Las crónicas periodísticas hablan de más de mil adolescentes en el boliche esa noche. Minutos antes de las seis de la madrugada, Miguel Portugal y Giuliana Jiménez decidieron regresar a sus casas. Tenían 16 años, eran compañeros del secundario industrial y volvían en una moto conducida por Miguel. Ambos iban sin casco. Al llegar a la intersección de las calles Anchorena y Gallo, a sólo cinco cuadras de la plaza principal, la moto colisionó con una camioneta de la Dirección de Inspección de Tránsito de la Municipalidad de Baradero, provocando la caída violenta de los dos chicos: Giuliana falleció en el acto en la vereda; Miguel fue trasladado con vida al nosocomio local, donde falleció pocas horas después.

Con el incidente consumado, varias personas se concentraron en la esquina del hecho. Fueron llegando vecinos, amigos y familiares preguntando por las causas del siniestro y exigiendo explicaciones a todos los funcionarios policiales y judiciales presentes. Los informes policiales describen entre 50 y 100 personas exaltadas que insultaron e increparon a las autoridades, algunas de las cuales debieron retirarse. Allí se registró la primera acción colectiva de la jornada: impedir que trasladaran el cuerpo de Giuliana y los vehículos protagonistas del choque. El colectivo exigía la presencia de un fiscal que garantizara la investigación del hecho. Mientras esto se realizaba, algunos individuos arremetieron contra el vehículo municipal protagonista de la fatalidad. Un piedrazo sobre los cristales de la camioneta inauguró una serie de agresiones y destrozos que se sucedieron hasta el mediodía. Testimonios policiales informan la rotura de baldosas para arrojarlas contra los cristales, así como puntapiés a las ópticas del vehículo y un intento de vuelco de la camioneta infructuoso (Investigación Penal Preparatoria 01- 994/10, s/f: 48). Fotos consignadas en el expediente judicial muestran a jóvenes saltando sobre el techo del mismo y luego a individuos en el interior de la cabina comenzando presuntamente con el fuego. (^{Investigación Penal Preparatoria 01-994/10, s/f}: 290-291). Este primer destrozo tendría consecuencias negativas para la investigación del incidente inicial: la destrucción del elemento de prueba principal del siniestro. Ocurrió entonces algo que se repetiría varias veces ese día: llegó la autobomba a sofocar el fuego, pero un grupo de individuos le impidió violentamente el paso. Cuando ya la camioneta ardía en su totalidad se permitió que los bomberos apagaran las llamas, a instancias de algunos vecinos que temían por las consecuencias del siniestro.

Tras esto se gestó una movilización hacia la plaza principal, lugar en el que se encuentra el edificio municipal. Familiares e individuos sin relación con los chicos accidentados comenzaron a efectuar cánticos e insultos contra el intendente Carossi y el entonces Director de Inspección General de Tránsito del municipio, Pablo Scarfoni. Rompieron las baldosas de las veredas de la municipalidad y las arrojaron contra el frente de la misma, destruyendo las vidrieras del edificio. Imágenes brindadas por periodistas locales muestran a un allegado de uno de los chicos llorando y arrojando piedras sobre el frente de la municipalidad. Algunos testimonios indican que, en ese momento de la mañana, alrededor de las 8 horas, circuló una cadena de mensajes de texto a través de teléfonos celulares, en la cual se informaba que el propio Scarfoni conducía la camioneta municipal que, según dicha versión, había perseguido y ocasionado el accidente fatal. El mensaje llamaba a concentrarse en la plaza principal de la ciudad para reclamar por la muerte de los chicos. Más allá de la convocatoria, a esa altura de la mañana los hechos ya eran una noticia que había circulado por toda la ciudad y un nutrido grupo de personas concurrió a la plaza municipal, conformando una multitud de curiosos que presenciaron los hechos. Algunos los festejaron y azuzaron, otros simplemente miraron. Algunos pocos atinaron a frenarlos.

Minutos después, un grupo de manifestantes colocó cubiertas sobre la calle de la municipalidad y las prendieron fuego. Pudo verse a varios hombres bajar de una camioneta un conjunto de ruedas de automóvil para ser incendiadas. Luego llevaron las cubiertas al frente de la municipalidad, ingresaron algunas y las prendieron. El expediente judicial informa que algunos de los individuos observados en el ataque a la camioneta fueron también identificados en el ataque a la municipalidad. Mientras tanto, el corte de calle con ruedas prendidas permaneció, de modo que las autobombas no pudieron acudir a apagar el fuego. Los informes periciales de bomberos indican que el fuego se produjo intencionalmente a partir de seis focos ígneos distintos y separados entre sí (^{Investigación Penal Preparatoria 01-994/10}, s/f: 127-133). En un momento, un concejal intervino para aplacar a la multitud y solicitar el cese de los destrozos en el edificio municipal. Su intento fue abortado rápidamente cuando le arrojaron todo tipo de elementos contundentes y tuvo que abandonar rápidamente la escena. Al final de la jornada, el incendio del edificio era tan grande que debieron trabajar dos dotaciones de bomberos para apagarlo.

Los informes y declaraciones de oficiales de policía indican que, al verse desbordados en número, tuvieron la orden de no actuar y solicitar apoyo a la seccional local y a oficiales de la comisaría de San Pedro y de la departamental de San Nicolás. Dada la ausencia de resistencia policial, aquellos que atacaron el edificio comunal pudieron ingresar al patio interno en el que habitualmente se encuentran estacionados los vehículos de los funcionarios municipales. Los dos vehículos que sufrieron destrozos fueron principalmente una camioneta de inspección, que fue incendiada, y el auto particular de Scarfoni. El rodado, un Peugeot 205 gris, fue atacado a golpes, provocando la destrucción de todos los cristales. Luego sufrió abolladuras en el techo y otros sitios y, por último, el vehículo fue volcado.

Al tiempo que sucedía esto, un grupo se dirigió al Juzgado de Faltas, que se encuentra en un edificio anexo a la municipalidad, y repitió el accionar visto frente a la comuna. En principio, se arrojaron piedras contra vidrios y ventanas para luego arrojar elementos encendidos y provocar un incendio generalizado.

Una vez más, se impidió la llegada de la autobomba, pero tras unos minutos de tensión y atendiendo quizás al riesgo que corrían las propiedades cercanas, los bomberos pudieron llegar hasta el lugar y apagar el fuego.

Luego de lo ocurrido en el edificio municipal, se trasladaron hasta el lugar en el que funcionan las oficinas de la Dirección de Inspección General de Tránsito y el Registro Civil. Los esperaba un grupo de policías, ubicado a las puertas del lugar con intención de disuadir a los que se acercaban. Al frente de ese grupo se hallaba un comisario local señalado por algunos entrevistados como un exponente de la “mano dura” que solía el hostigar a los jóvenes conductores. El oficial intentó repeler a la multitud lanzando tiros de escopeta al aire. Lejos de tranquilizar a los manifestantes, fue duramente insultado y agredido a piedrazos. En uno de los videos proporcionados por periodistas locales puede verse a un grupo de seis policías resistiendo una lluvia de piedras y elementos contundentes. Ante el cariz que tomaban los hechos, el grupo policial optó por retirarse y así fue que, despejada nuevamente el área, las oficinas sufrieron el mayor ataque: destrozos generalizados contra puertas y ventanas, saqueos de computadoras y muebles y un incendio integral. Por su ubicación en el frente del edificio, la oficina local de IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial) resultó totalmente arrasada por efectos del fuego, el humo y las piedras. Al final del día pudieron observarse numerosos trozos de expedientes tirados en el suelo en carácter de irrecuperables. Además, se provocaron destrozos en el inmueble de la radio FM “El Tiempo”, lindera con el Palacio Municipal, mientras estaba al aire emitiendo informes para el canal de cable porteño "Todo Noticias".

Posteriormente, un grupo de personas se acercó a la vivienda de los padres del Jefe de Inspección del municipio, Pablo Scarfoni, con intención de atacarla. Policías con casco, escudos de protección y armados con escopetas, estaban ubicados como para impedir que las personas llegaran hasta las puertas del hogar de la familia Scarfoni. Una versión periodística indica que, ante la presunción de lo que iba a ocurrir, algunos vecinos intentaron disuadir a los que llegaban. Sin embargo, las primeras piedras partieron hacia la policía, que repelió la agresión disparando balas de goma. Esa actitud irritó a los manifestantes que arremetieron contra el piquete policial que, ampliamente superado en número, optó nuevamente por retirarse (“Fuego en lo de Scarfoni”, ²⁰¹⁰). Una lluvia de piedras de todo tamaño se abatió sobre los vidrios del portón de la casa y sobre la ventana y puerta de acceso principal. Luego de romper la puerta, se introdujeron elementos en llamas con la intención de encender la casa y el mobiliario. Otro video filmado por testigos muestra que, en el momento en que se violentó la entrada de la casa, un numeroso grupo que observaba las acciones festejó los hechos con un aplauso cerrado. Como en todos los casos, una camioneta de bomberos llegó al lugar para extinguir el fuego.

Poco antes de las 13:30hs., los manifestantes comenzaron a regresar a sus respectivos hogares, en medio de una lluvia intensa que contribuyó a extinguir los incendios. Según uno de los jefes de Bomberos Voluntarios de Baradero, en total trabajaron siete dotaciones con 35 bomberos, muchos de los cuáles llegaron desde ciudades vecinas como San Pedro. El entonces jefe de la Policía Bonaerense, José Pagni, confirmó que se envió a la zona de los incidentes "una muy importante cantidad de efectivos. Tuvimos que desplazar los refuerzos necesarios para contener la situación y colaborar con las autoridades y recobrar la tranquilidad pública" (“‘No tienen derecho a encerrar una moto…’”, ²⁰¹⁰). Por otro lado, se registraron entre seis y ocho efectivos de la policía lesionados por las agresiones recibidas en distintos puntos de la ciudad, a las que también fueron sometidos comisarios y el jefe de la departamental, sin recibir consecuencias físicas. El comisario mayor Hugo Prado, titular de la Jefatura Departamental San Nicolás, de donde depende la policía de Baradero, indicó que en un momento de la protesta llegó a haber unas "dos mil personas" (“Baradero: velan a los chicos y continúa el pedido de justicia”, ²⁰¹⁰).

El mismo domingo de los hechos el Concejo Deliberante de la localidad reclamó al intendente, Aldo Carossi, que separe a funcionarios por su accionar frente a los incidentes. Los ediles, además, exigieron a Carossi que aparte de sus funciones a los jefes policiales de la ciudad, a quienes criticaron por su actitud durante los incidentes. Tan solo cinco días después, la cúpula policial de Baradero; el jefe de Inspección General de Tránsito de Baradero, Pablo Antonio Scarfoni y todo el gabinete del intendente Aldo Carossi presentaron su renuncia. Días más tarde, un colectivo de familiares y amigos de los chicos comenzaron una campaña de recolección de firmas solicitando al presidente del Consejo Deliberante y al gobernador de la Provincia de Buenos Aires la destitución y encarcelamiento de los agentes involucrados y del entonces intendente Aldo Carossi. Dicha carta cosechó 6000 firmas, aproximadamente un 20% de la población de la ciudad. Por la muerte de los jóvenes, la agresión a la camioneta y el ataque a la Municipalidad se abrieron dos causas distintas. En 2014, se dictaminó el sobreseimiento para los agentes involucrados en el deceso de los jóvenes. La causa por los destrozos fue elevada a juicio oral, dictándosele el procesamiento a once personas. Hasta agosto de 2022 el juicio no había comenzado.

5. ¿Accidente u homicidio? Muertes violentas. Muertes jóvenes

En una primera mirada de los hechos resulta evidente que las acciones se derivan del incidente que culminó con la muerte de Miguel y Giuliana. Esas muertes fueron el factor precipitante (^{Smelser, 1995}) de la violencia colectiva posterior y, en este sentido, nos brindan información acerca del universo moral de quienes reaccionan y permiten acercarnos a los procesos enmarcadores de la violencia colectiva (^{Hunt, Benford y Snow, 1994}). ¿Por qué los habitantes de Baradero reaccionaron de esa manera ante la muerte de los adolescentes?

Algunas muertes violentas, entendidas como decesos producidos por una causa no “natural”, es decir, “homicidios dolosos, culposos, muertes individuales y colectivas, incluso muertes no efectivamente comprobadas por la ausencia de los cuerpos” (^{Galar, 2015}), posibilitan una serie de intervenciones, demandas y articulaciones a partir de una serie de significados socialmente construidos en un contexto específico. Otros decesos, sin embargo, pasan desapercibidos, es decir, no son establecidos como un problema significativo para una comunidad. En este sentido, las muertes violentas “habilitan disrupciones en el espacio público” (^{Galar, 2015}) a condición de que determinados sujetos intermedien sobre ese acontecimiento interpelando a los poderes y la opinión pública a través de discursos, protestas, etc.

Específicamente, las muertes violentas de individuos jóvenes suelen generar un gran impacto social, en tanto son percibidas como una anomalía (^{Carozzi, 2006}) que trastoca los sentidos comunes y las expectativas sociales que asocian juventud con proyección de vida. La interrupción inesperada (violenta) de la vida de jóvenes resulta “un acontecimiento fuera de lugar que resulta notorio, memorable…” (^{Carozzi, 2006}: 103). Para ^{Noel (2013}: 229), hechos de este tipo son “una amenaza a nuestra capacidad de comprensión” que, por lo tanto, requieren ser procesados por nuestro marco cognitivo habitual. El traspaso de esos límites tiene como consecuencia la aparición de “intentos por domesticar la trasgresión, esto es, por incluirla en uno o más marcos de interpretación que permitan restituir el orden cognitivo o moral de nuestros mundos de experiencia” (^{Noel, 2013}: 229). Si bien en algunos territorios caracterizados por la rutinización de las interacciones violentas, la muerte y el encarcelamiento de los jóvenes pierden su carácter anómalo y se convierten en hechos cotidianos (^{Auyero y Berti, 2013}); ésta no es la situación que se vivía ni se vive en Baradero. Por el contrario, el accidente y los acontecimientos posteriores fueron percibidos como hechos sumamente excepcionales que cambiaron la historia de la ciudad (^{Genoud, 2010}; ^{Caravaca, 2020}).

Así, pues, ante la muerte violenta de jóvenes, se activan diversos repertorios morales (^{Howell, 1997}) para explicar, entender y procesar dichas muertes de modos disímiles. En otras palabras, “son muertes que exigen ser explicadas, no (o no sólo) en el sentido jurídico-forense de establecer su mecánica material y sus circunstancias, sino en un sentido que hace a la moral y la justicia tanto del mismo hecho como sus diversos participantes” (^{Noel, 2013}: 248). Esas distintas lecturas pueden articularse o diferenciarse, de manera que puede establecerse una “fractura moral” al interior de las comunidades en las que suceden estos hechos (Noel, 2013). Dicha “fractura” se observa en Baradero a raíz del incidente que culminó con la muerte de los chicos, en la medida en que las interpretaciones acerca de lo que sucedió pueden agruparse en dos grandes grupos. Si bien no todos los testimonios se agrupan linealmente en uno u otro, es posible distinguir argumentos antitéticos en dos sentidos contrarios. Estas interpretaciones han sido realizadas a posteriori de los hechos y resulta difícil saber si operaron efectivamente aquel día. Sin embargo, nos brindan una aproximación a los distintos modos de significar los acontecimientos. Por un lado, luego del accidente, rápidamente comenzó a circular en la ciudad la versión de que la camioneta municipal perseguía a los chicos. Los rumores afirmaban que las muertes no fueron accidentales, sino que fueron provocadas por la imprudencia de los inspectores que persiguieron a la moto, la encerraron contra el cordón de la vereda y la rozaron, produciendo la caída fatal. Se afirmaba que, luego del choque, la camioneta no detuvo su marcha, sino que continuó para cambiar los hechos y simular que la camioneta llegó al lugar luego del accidente. Por otro lado, una serie de discursos entiende que lo que sucedió fue un accidente fortuito en el que la responsabilidad principal de la muerte de los adolescentes fue de los propios chicos. Los testimonios de los agentes municipales y otros testigos sostienen que la moto transitaba por la calle Gallo y se cruzó con la camioneta que venía por la calle Anchorena. El choque habría sido accidental, producto de la imprudencia del conductor de la moto, que no cedió el paso al vehículo que venía por su derecha. Esta versión de los hechos fue ratificada años después por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Zárate, que sobreseyó a los conductores y desechó todas las hipótesis que relacionaban la causa de los hechos con una persecución e intencionalidad previa.¹El informe incluso destaca la ausencia de casco en los dos chicos fallecidos y la presencia de alcohol en sangre en el conductor, Miguel Portugal, lo cual habría incidido en una “conducta imprudente” de su parte. Entre otros considerandos, el fallo de los camaristas reproducido en un periódico local afirma:

Está comprobado que [la moto] arribó a la esquina en exceso de velocidad y que tanto él [Miguel Portugal] como su acompañante no llevaban colocado casco protector. Pero fundamentalmente quedó demostrado que al enfrentar la bocacalle era él quien debía ceder el paso al vehículo que se aproximaba por su derecha. No me cabe duda de que su conducción temeraria ha sido el desencadenante principal del suceso. Pero el conductor pagó con su vida y la de su acompañante, el resultado de su propia imprudencia”. (Absolvieron a Oscar Micucci, en la causa por las muertes de Miguel Portugal y Giuliana Jiménez, ^{20 de marzo de 2014}).

Este tipo de valoraciones acerca de lo que pasó también fueron encontradas en testimonios de vecinos de la ciudad.

La verdad que ya hace mucho tiempo habían tenido accidentes menores por la misma situación: andar corriendo por las calles sin casco y de manera imprudente. Ahora en vez de salir a reclamar en su momento ellos mismos por la falta de responsabilidad de los mismos padres dándoles ciclomotores, dando el mal ejemplo de andar sin cascos, y la falta de respeto a las autoridades a la hora de detenerse dieron nuevamente sus consecuencias, en 2008 o 2009 ya habían sido el mal ejemplo del país cuando las cámaras demostraron la falta de interés a la vida que demostraron en su manera de circular. ¿Y hoy lloran lo que era fácilmente evitable y además indican que fue culpa de las autoridades? Mmm… no me cierra la historia, y los padres de los adolescentes ni siquiera hicieron un poco de autocrítica, si no que volvieron a indicar lo mismo que hace la sociedad constantemente: la culpa fue del otro, no de mi hijo… (Comentario de lector en “Baradero: Furia, dolor y dudas por Giuliana y Miguel”, ^{25 de marzo de 2014}).

De este modo, la posición que ve un accidente en los hechos exime de responsabilidad a los agentes de tránsito y, por lo tanto, al municipio. Pero esa lectura no afirma sólo eso, viene acompañada con una connotación moral acerca del comportamiento general de los jóvenes y sus actitudes con respecto a las normas, tal como quedaba reflejado en el fallo judicial. En este sentido, uno de nuestros entrevistados afirmó:

En este caso lo que había era indisciplina y falta de aceptación de la imposición extremadamente rígida que se había tomado con la decisión de poner ley y tolerancia cero del municipio (…) La gran parte de infractores eran los pibes que son los propensos a querer burlar esta situación (Alberto, periodista local, 52 años, entrevista realizada por el autor, diciembre de 2014).²

Se produce una asociación entre juventud y anomia o entre juventud y trasgresión que termina explicando la muerte de los chicos a partir de su propia (ir)responsabilidad. Incluso, como muestra ^{Caravaca (2015}b), algunos testimonios responsabilizan a los padres de los chicos por no haberlos cuidado y no haberles inculcado una buena cultura vial. Desde este punto de vista, los adolescentes ni siquiera son responsables de sus propias acciones y la culpa recae sobre los padres.

Otro conjunto de lecturas, sin embargo, se erigió en torno a la responsabilidad de los conductores de la municipalidad, manifiesta en que el vehículo municipal “arrinconó” a la motocicleta para que se detuviera:

Y ese día venían de una fiesta de disfraces. Ellos venían...la autopsia dice una cosa, la gente dice otra. Los chicos dicen que los venían arrinconando y hay fotos… en las que se ve que la camioneta tiene un rayón naranja y se ve en la moto en la despintada. (Martín, 22 años, amigo de Miguel Portugal. Entrevista hecha por el autor, agosto de 2015).

Según este testimonio, la colisión habría sido provocada por la persecución de la camioneta de inspección de tránsito y, por lo tanto, la muerte de los chicos habría sido un homicidio (en el mejor de los casos culposo). De esta interpretación de los hechos se desprenden una serie de consecuencias. En primer lugar, estaríamos ante un hecho de violencia institucional (^{Perelman y Tufró, 2017}) o violencia estatal (^{Guemureman et al., 2017}), en tanto que agentes estatales, actuando en representación del Estado, ejercieron violencia ilegal hacia jóvenes causándoles la muerte. Para quienes vieron en la muerte de Giuliana y Miguel el accionar violento del Estado municipal se trató de responder a ese agravio. En este sentido, las muertes de los chicos fueron rápidamente “politizadas” (^{Pita, 2011}) por quienes atribuyeron la responsabilidad del hecho a los agentes municipales. Interpretadas a la luz del accionar represivo del Estado, la violencia que, en algunos testimonios es presentada como un accidente cuya responsabilidad les cupo a los propios damnificados y/o a sus padres, en otros es un hecho de violencia institucional- estatal (un homicidio producido por agentes de tránsito municipales) con responsables en la esfera política local. Como afirma Pita, las muertes de víctimas de la violencia institucional no sólo son políticas en tanto “es el poder de policía, el rostro descubierto del poder del Estado el que las ha producido” (^{Pita, 2011:} 224); sino que son muertes politizadas por los propios actores sociales a través de la impugnación, la protesta y la irrupción pública de un colectivo organizado que lucha por la memoria y la justicia de los asesinados: los colectivos de familiares y amigos de las víctimas. Son especialmente ellos, “a través de la protesta, la denuncia y la impugnación de la violencia de estado” (Pita, 2011: 224), quienes producen la asociación pública entre la muerte violenta de su familiar y una cuestión política general. Fueron ellos quienes, ese día, produjeron los primeros incidentes:

Después el grupo nuestro… cuando nos enteramos, fue un grupo y quemó la camioneta de los zorros [se refiere a los agentes de tránsito]... (…) Nosotros íbamos a ir a la comisaría. Queríamos saber quién había sido. Ya sé que está mal, pero nosotros lo queríamos cagar a trompadas, le queríamos arrancar la cabeza. (Martín, amigo de Miguel Portugal, agosto de 2015).

Así, pues, la violencia estatal “habilita” la violencia en respuesta: si la muerte de los chicos fue producto del accionar de los inspectores de tránsito municipales, los responsables debían ser castigados violentamente incluso cuando sienten que “está mal” hacerlo. La muerte violenta de los jóvenes Miguel y Giuliana se constituyó como un hecho disruptivo de la rutina local a partir de la reacción de familiares y amigos de los chicos fallecidos provocada por la versión, difundida rápidamente en la ciudad, de que el choque había sido producto de la persecución y la maniobra temeraria de los agentes. Debemos ahora avanzar un paso más y analizar la secuencia completa de acciones para entender tanto la participación masiva de actores locales como los blancos de ataque elegidos.

6. “Esto ya se sabía que iba a pasar”. Acerca de lo que estalla

Es necesario ahora indagar el modo concreto en que se politizó la muerte de los chicos, es decir, sumergirnos detalladamente en las acciones de violencia y en el contexto local a partir del cual se configuraron un conjunto de significados que giraron en torno a los hechos de ese día y lo construyeron como un acontecimiento público. El análisis desarrollado hasta aquí expuso la importancia del factor precipitante: la muerte de los adolescentes previa a los hechos de violencia. Este hecho es fundamental en la medida en que, sin esas muertes jóvenes interpretadas como consecuencia del accionar de los agentes municipales, los hechos de violencia de esa jornada no se hubieran producido. Pero debemos dar cuenta, además, de las mediaciones relacionales entre el agravio inicial y la reacción violenta, de manera que podamos comprender exhaustivamente el surgimiento, la expansión y finalización de las hostilidades. Debemos examinar lo que McAdam, Tarrow y Tilly denominan “enmarcamiento” de las acciones, es decir, el “proceso colectivo de interpretación, atribución y construcción social [que] media entre la oportunidad y la acción” (²⁰⁰⁵:41).

Si la violencia generalizada de esa tarde fuera una reacción ante un caso de violencia institucional, deberíamos esperar acciones de este tipo cada vez que se producen abusos policiales. Sin embargo, las cosas no fueron así en otros casos. Menos de un año después, el 12 de febrero de 2011 Lucas Rotella, de 19 años, fue asesinado por un agente de la policía bonaerense en la plaza Colón de Baradero, luego de que intentara escapar de un control policial con su motocicleta. El agente de la policía bonaerense Gonzalo Kapp le disparó por la espalda con balas de goma y de plomo causándole la muerte. Las lamentables similitudes con el caso que analizamos son evidentes: una muerte joven violenta, un agente policial (en este caso de la policía bonaerense) indicado como su homicida, las motocicletas involucradas en los hechos. Si bien se informan algunos incidentes tras los hechos estos han tenido una escasa repercusión en relación a lo sucedió el año anterior. Como han mostrado numerosos trabajos algunas muertes violentas de jóvenes habilitan una disrupción del espacio público y una intervención en torno a demandas y disputas simbólicas y luchas políticas mientras que otras atraviesan la cartografía social sin la misma suerte (^{Gayol y Kessler, 2018}; ^{Pita y Pereyra, 2022}; ^{Caravaca, 2020} compara específicamente los dos casos mencionados aquí).

Lo que debemos indagar son entonces las condiciones de posibilidad de esas disrupciones públicas, es decir, el contenido del reclamo de esa jornada a través de un acercamiento concreto a las acciones de ese día. Si la violencia se entiende siempre en un proceso relacional en el que se juegan sentidos y motivaciones de actores concretos debemos discernir el sentido de las acciones de aquél día: ¿Qué objetos se atacaron? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo lo hicieron?

Los trabajos de ^{Caravaca (2011}, ²⁰¹⁵a, ²⁰¹⁵b) analizan el estallido de Baradero a partir de las narrativas, memorias y representaciones que distintos vecinos de la localidad construyeron de aquellas acciones. Allí se describe detalladamente la reacción que generaron estas muertes a partir de los marcos tradicionales de las protestas por violencia institucional, el proceso de victimización de los adolescentes fallecidos y la construcción de un caso justiciable en términos políticos, judiciales y sociales (^{Pita y Pereyra, 2022}). En este sentido, la violencia colectiva de aquél día se enmarca en el proceso de construcción de la demanda por memoria, verdad y justicia llevada a cabo por el colectivo de “familiares y amigos” en las semanas posteriores y en cada aniversario de la muerte de Giuliana y Miguel. Quisiéramos complementar esa mirada analizando las acciones concretas de violencia desplegadas ese día ya no en el proceso de elaboración posterior, sino en el contexto de tensiones previas que la enmarcan. Creemos que es justamente en el rastreo del malestar social preexistente donde podremos encontrar el significado total y concreto de la violencia puesta en juego esa jornada, los marcos de interpretación de las acciones colectivas.

Volvamos a los hechos. Luego del accidente se produjeron los primeros ataques a la camioneta municipal por parte de amigos de los chicos muertos y otros jóvenes que se iban enterando de lo sucedido. Como vimos en el testimonio de Martín, amigo de Miguel Portugal, los amigos de los chicos “les querían arrancar la cabeza” a los policías y agentes de tránsito³luego de que se conocieran los fallecimientos, reconociendo que en esas primeras acciones había una fuerte voluntad expresiva vinculada a realizar por sus propios medios una represalia violenta. Además, hubo en este primer episodio algo que fue determinante para la dinámica posterior de las acciones: la tolerancia policial hacia los primeros ataques. Dicha permisividad estuvo dada por la escasa fuerza policial para contener a los agresores (es decir que la policía no podía frenar la violencia porque no tenía los recursos para hacerlo) y, además, por una decisión de la propia fuerza de no alterar todavía más los ánimos de los jóvenes. En esto también juegan un papel clave las relaciones sociales cercanas entre individuos en una ciudad pequeña, en la medida en que, como afirmaron varios entrevistados, en Baradero “se conocen todos”.

La policía llegó un punto que ya no podía hacer nada. Acá es un pueblo chico, es una sola comisaría. Primero, te conocés a todos los milicos, todos. Si todos te quieren arrancar la cabeza ¿Qué vas a hacer?... (Martín, amigo de Miguel Portugal, agosto de 2015, entrevista hecha por el autor).

En una ciudad pequeña la policía no es un organismo impersonal, sino que los oficiales son vecinos, amigos, familiares. De modo que la represión policial es, también, la violencia de un individuo con nombre y apellido que es pasible de ser respondida, dando lugar a conflictos posteriores. La pasividad de ese primer episodio envió un mensaje que fue captado por familiares y amigos y por el resto de la comunidad baraderense: la policía no respondería (lo haría de manera excepcional) a los ataques violentos de esa jornada.

Luego del primer ataque, las cadenas de mensajes propagando los rumores fueron fundamentales para lanzar la convocatoria a la plaza principal. Las mismas se constituyeron como una “espiral de señales” (^{McAdam et al., 2005}) invitando a sumarse a la protesta a todos aquellos que fueron agraviados directa o indirectamente.

Se empezó a circular el rumor de que los estaban persiguiendo con la camioneta y que los encerraron. El mito era que la camioneta los encierra para que se paren, resbalan, caen y se golpean. (…) Inclusive circularon correos que decían que los inspectores mataron a los chicos (…) El tema comienza en la esquina. Había gente que iba a la municipalidad...Comienza a decirse en las redes, a través de los celulares, que los mataron (Claudio, Abogado defensor de un imputado por los hechos, agosto de 2015, entrevista hecha por el autor).

Los mensajes intentaron activar la correduría (^{Tilly, 2007})⁴, ampliando la conformación del bando agresor a individuos que previamente no se encontraban en él, buscando conexiones de sentido a parir de la construcción del incidente como “la gota que rebalsó el vaso”. Los responsables de la difusión de esa convocatoria fungieron como “emprendedores políticos” (Tilly, 2007) que activaron (en realidad, reactivaron) las divisorias entre “ellos” (los agentes municipales, la policía, el director general de tránsito y, en última instancia, el propio municipio) y “nosotros” (familiares y amigos de los chicos fallecidos y, a partir de ese momento, todo aquél que se sintiera agraviado por la política de tránsito). La invitación a concentrarse en la plaza principal de la ciudad, frente al edificio municipal, remitía a una forma de acción anclada en la memoria popular de las luchas argentinas: la movilización a los centros políticos de las ciudades, expresando la disconformidad con las autoridades políticas correspondientes.

Este mecanismo de difusión y convocatoria funcionó porque actualizó un malestar social y un antagonismo preexistente ligado a la política del control del tránsito llevada a cabo por el municipio a través de su Inspector General de Tránsito, Diego Scarfoni. Antes de que comenzara la entrevista y podamos hacerle una pregunta, Martín, amigo de los chicos fallecidos, nos dijo enfáticamente:

Esto ya se sabía que iba a pasar. Antes estaba Scarfoni como jefe de tránsito. Scarfoni había puesto una regla de parar o parar. Ya se venía haciendo que vos venías en moto, vos venías y tenías una camioneta a la par y la camioneta venía y te abría la puerta. La camioneta de los inspectores te arrinconaba, cosa que vos tengas que parar o parar. (Martín, amigo de Miguel Portugal, agosto de 2015, entrevista hecha por el autor).

Lo que “ya se sabía que iba a pasar” era la muerte de una joven provocada por el hostigamiento de los agentes de tránsito. Ahora entendemos las condiciones del surgimiento de los rumores, es decir, el contexto en el que la versión que indicaba que el propio Scarfoni persiguió, arrinconó y, por lo tanto, mató a los chicos podía ser dada por cierta más allá de su veracidad objetiva. Esos rumores circularon en un contexto que explica tanto su origen como su potencia como discurso verídico; en otras palabras, ese hecho era creíble porque descansaba sobre una experiencia colectiva previa. De este modo, casi todos los testimonios coinciden en remarcar que una de las razones principales del malestar de ese día tenía que ver no sólo con la muerte de los chicos, sino con la política de “mano dura” llevada adelante por el municipio en el control del tránsito.

Ahí se fueron acumulando muchas cuestiones. Había una cuestión política, un condimento político muy importante con una política que se estaba llevando a cabo... porque el disparador fue, en realidad, la muerte de estos dos chicos. Se estaba realizando una política no de prevención sino... muy punitiva, muy de persecución, era muy recaudatoria. Tránsito era la vedette del municipio. En el sentido en que era el área que le estaba reportando más beneficio lucrativo al municipio en base a… no una política preventiva sino de la multa y persecución. El personaje que estaba a cargo de eso estaba bastante cuestionado [Scarfoni], con el condimento que había un comisario que venía con un curriculum vitae muy a favor de la represión. (Julio, funcionario de la municipalidad de Baradero, marzo de 2016).

Así pues, el episodio de la muerte de los chicos fue “uno más” de un conjunto de hostilidades y abusos de los agentes de tránsito y los policías en esa época en Baradero. Esa política era indicada como la responsable de las muertes y era, fundamentalmente, repudiada por una parte de la población que se moviliza en motocicleta por las calles de la ciudad y consideraba a los nuevos controles como una medida recaudatoria. Pero también respondía a una demanda de la ciudadanía en relación a la regulación del tránsito de la ciudad. Al respecto, una encuesta del portal baraderohoy.com que lamentablemente no está fechada, preguntó cuál era la preocupación más importante de la ciudad para los baraderenses. Sobre un total de 1454 votos, “el tránsito” fue la temática más votada, agrupando el 42% de los votos, por encima de la “inseguridad” (40%) y “la limpieza de la ciudad” (15%) (“Baradero Hoy. Municipalidad de Baradero”, ²⁰¹⁶).⁵El propio intendente en aquél entonces lo reconoce:

Nosotros teníamos dos años de asumir el mandato con una política dura en lo que hace al tema tránsito. El tema tránsito fue, es y seguirá siendo un gran dilema a resolver en los pueblos como los nuestros; sobre todo a partir de la irrupción como medio masivo de traslado de las motos (…) Nosotros, atento a la gran cantidad de accidentes… endurecimos la posición y quisimos tratar de que se cumpliera la norma (…) Cuando ocurre el accidente, con este trasfondo que te decía de gente insatisfecha porque le habían secuestrado la moto… Te decía que era tal el nivel de infracciones que la municipalidad tenía más de mil motos secuestradas en un galpón…Y aprovechando estas circunstancias de disconformidad por esa situación, por la imposición de la ley, esto fue aprovechado por unos agitadores… (Entrevista a Carossi, intendente de Baradero en el momento del estallido, marzo de 2016. Entrevista hecha por el autor).

Así, pues, lejos de negar la importancia de la muerte de Giuliana y Miguel como hecho que precipita la violencia colectiva, es necesario entender el contexto de malestar social que fue activado por ese acontecimiento, un malestar ligado a los rígidos controles de tránsito que implicaban multas, secuestros de vehículos y estaban acompañados muchas veces con represión de los agentes de y los policías locales. Se había construido un “sistema productor de disconformidad” (^{Pérez, 2013}), ante el cual la ciudadanía baraderense no había podido construir reclamos de manera pacífica. En este sentido, todos los testimonios coinciden en presentar la reacción violenta como una consecuencia de la regulación del tránsito, pero nadie refiere a que hubiera protestas colectivas previas a este accidente. Tal como Pérez analiza para los estallidos ferroviarios, la violencia colectiva aparece en condiciones en las que hay una producción sistémica de malestar social y una ausencia o incapacidad relativa de los afectados de expresar colectivamente ese malestar y transformarlo en disconformidad abierta por canales pacíficos.

Si no explicamos ese contexto de molestias y agravios acumulados tampoco podremos comprender concretamente la violencia de ese día. Los ataques se produjeron sucesivamente sobre la municipalidad, el auto de Scarfoni, el juzgado de faltas, las oficinas de la Dirección de Inspección General de Tránsito, el Registro Civil, la propia casa de Scarfoni y el edificio de una radio local. Era evidente que casi todas las acciones llevadas a cabo tenían un patrón, en la medida en que las agresiones se dirigieron a todas las dependencias relacionadas con el área de inspección de tránsito. Cabe destacar que el Juzgado de Faltas es parte de la estructura de la inspección de tránsito ya que en él se diligencian y abonan las multas que por distintas infracciones cometen los conductores.

La violencia de aquella jornada tuvo una lógica muy particular, pasible de ser comprendida a partir del examen concreto de las acciones, sujetos y objetos atacados. A pesar de la insistencia con que se asocia a la violencia con actos de irracionalidad o locura, es necesario leer estas acciones en toda su complejidad, captando los “mensajes de piedra” (^{Merklen, 2006}) que cada ataque envía principalmente al Estado y las autoridades políticas.⁶En todos los casos hubo una correspondencia entre los objetos atacados y la fuente de disconformidad social vinculada con la política de tránsito del municipio. Fue tal la lógica del castigo a los considerados responsables que en los casos en que los efectos de la violencia parecían trascender los objetos del malestar el colectivo actuaba para detenerla, como en el incendio en el juzgado de faltas el colectivo permitió el accionar de los bomberos cuando el fuego parecía extenderse más allá de los blancos elegidos. El ataque a la casa privada de Scarfoni como parte del estallido muestra que los ataques a los bienes particulares de los funcionarios se entremezclan con las destrucciones de edificios públicos, una lógica que ya habían mostrado ^{Auyero (2002}) y ^{Farinetti (2000}) en el análisis del estallido en Santiago del Estero. Como hemos demostrado (^{Gamallo, 2017}), los ataques a viviendas forman parte de las respuestas colectivas violentas fundamentalmente en aquellos territorios en los que los vínculos vecinales permiten conocer el domicilio de los atacados.

En todos los casos la dinámica de las acciones fue muy similar. En un primer momento, una “vanguardia” (^{Auyero, 2007}) comenzó con las hostilidades hacia el blanco elegido: la camioneta de la inspección de tránsito municipal o alguno de los edificios atacados con posterioridad. Ese grupo activó la “chispa” que se propagó en otros que se sumaron al ataque. La policía se vio desbordada, tomando explícitamente una posición indiferente en casi todos los casos. Cuando intentó reprimir, como lo hizo el comisario local arrojando disparos al aire, intensificó las agresiones, ocasionando que los individuos arremetieran contra los oficiales aún con más ahínco. Debe recordarse que buena parte de la disconformidad estaba dirigida también hacia la policía, considerada también parte del aparato represivo ligado al control del tránsito.

El entonces intendente asume la pasividad y explica la actitud policial aquella mañana:

Yo ordené que no reprimieran porque sabía que reprimir con un movimiento de esas características, la gente confundida… no podía terminar en otra cosa que en muertos. Los dos pibes ya estaban muertos, la municipalidad se quemó, pero el seguro la pagó y la reconstruimos. Pero la sociedad por lo menos no tuvo ese estigma de tener muertes en una rebelión social.

¿Operativamente significaba que la policía se retirara?

Significaba circunscribir el problema a lo que estaba y no lo magnificara. (Entrevista a Carossi, intendente de Baradero en el momento del estallido, marzo de 2016. Entrevista hecha por el autor).

Este factor es imprescindible para entender la contundencia y las dimensiones de las destrucciones, en la medida en que los ataques no encontraron ningún impedimento en su realización. De hecho, los escasos momentos en que el comisario intentó poner orden con muestras de autoritarismo se registró un aumento en la intensidad y relevancia (^{Tilly, 2007}) de los ataques. Aquí cabe recordar el rol que este comisario tenía en los operativos y cómo era visto en la ciudad: casi todos los testimonios lo mencionan como un policía “duro”, responsable de acciones de abuso y violencia policial. Las fuerzas de seguridad juegan un rol clave en la represión o extensión de las acciones, tolerando o reprimiendo la violencia civil. Como se ha mostrado en otros episodios de violencia colectiva (^{Auyero, 2007}; ^{Gamallo y Tafuro, 2009}), si se extiende la percepción de que las fuerzas estatales no reprimirán los ataques, estos se acentúan, en la medida en que se crea una oportunidad para atacar, dado que las acciones de violencia parecen no tener costo alguno. Como mencionábamos recién, la tolerancia policial no hizo que las acciones se ampliaran hacia objetivos no relacionados con el malestar social recientemente descripto, como acciones de saqueos o destrucciones indiscriminadas de objetos, algo que suele ocurrir en episodios de alta magnitud violenta.

Además del factor precipitante, la espiral de señales, las propias acciones de violencia, los objetivos atacados y el rol de las fuerzas policiales, algo clave para comprender la dinámica del estallido es la presencia de participantes de manera pasiva: un conjunto de personas que observó los hechos y, en algunas oportunidades, los festejó y vitoreó con cánticos. Muchos otros probablemente hayan presenciado la violencia sin brindar un apoyo explícito, pero sin impedirla tampoco. La presencia de este colectivo legitimó la violencia y actuó como caja de resonancia de las acciones. Como suele suceder en las acciones colectivas violentas masivas (^{Pérez y Rebón, 2012}), los que protagonizan los destrozos son una minoría en relación a los que participan pasivamente de los mismos. Esos miles de vecinos también enviaron un mensaje:

La gente miraba y no hacía nada, pero tenía bronca. La gente miraba la municipalidad, no hacía nada de bronca…Era como que todo el mundo pensaba: “No me meto, pero está bien. En un punto se lo merecen" (Martín, amigo de Miguel Portugal. Entrevista hecha por el autor en agosto de 2015).

A mí la impresión que me dio era... Primero, como que no podían salir del estupor... "mirá la locura que están haciendo...” pero el otro contestaba "Sí, pero viste…" como que en el fondo había una justificación para hacerlo. Pero nadie atinó a poner el cuerpo adelante, o decir "chicos paren, déjense de joder, esto es una locura. Hay otras maneras de protestar". Era como bueno.… "está mal, pero lo amerita la situación"...

Lo que mencionabas del hartazgo...

Claro, el hartazgo había llevado a que todo el mundo diga... "bueno... de alguna manera se tenían que dar cuenta" (Alberto, periodista local, agosto de 2015. Entrevista hecha por el autor).

A pesar de que hubo intentos individuales de concejales y referentes sociales de la ciudad para parar la violencia, estos intentos fueron igualmente agredidos. Esto probablemente haya explicado que buena parte de la multitud presente optara por no impedir el destrozo de las instalaciones. Sin embargo, al parecer hubo una tolerancia generalizada a los destrozos que luego fue auto-reprochada por buena parte de los vecinos baraderenses:

Lo más notable de ese momento, la imagen que a mí me queda de ese día es: cuatro, cinco muchachos tirando piedras, arrancando las baldosas de la plaza y tirando piedras a los vidrios del municipio y una gran cantidad de gente -cada vez más- amparando eso. Esa imagen me quedó terriblemente grabada porque fue tan evitable... Personalmente me pregunté muchas veces porque no participé para conversar con alguien para parar semejante locura. (Alberto, periodista local, agosto de 2015. Entrevista hecha por el autor).

Este testimonio es sumamente interesante y revela el carácter contextual de la violencia y su legitimidad: el entrevistado, en otro contexto, no puede entender cómo habilitó los destrozos de ese día. No podría ser de otra manera: en otro contexto las acciones, y sus apoyos explícitos e implícitos, no pueden entenderse.

7. ¿Pueblada o conspiración? Protesta, política y violencia en Argentina

Como acabamos de repasar, las acciones colectivas de violencia fueron impulsadas por la muerte de los chicos, en un contexto específico de malestar social ligado a la regulación del tránsito y el control social represivo en torno al mismo. En este sentido, las acciones expresaron una protesta social hacia la fuerza política que gobernaba el municipio por aquel entonces y una devolución de la violencia hacia los considerados responsables directos (Scarfoni, la policía, el municipio, etc.). Sin embargo, varios de los testimonios de entrevistados y de vecinos en charlas informales en la ciudad parecían estar de acuerdo en indicar que la causa de la violencia colectiva de ese día era “la política”, implicando a dirigentes partidarios en la organización de las acciones. Así, pues, a pesar del consenso en torno al gran malestar social como causa de las destrucciones, la percepción generalizada era que los episodios de destrucción estaban “armados”. Lejos de la imagen de unanimidad ligada a una protesta popular masiva, la mayoría de los testimonios hacían hincapié en una persona como la organizadora de los eventos: el “Chengue” López, un dirigente opositor al entonces intendente. Algunos pocos discursos contradecían esto afirmando que la violencia de ese día tenía que ver con la disconformidad de los vecinos de la ciudad con la política municipal, catalizada a partir de la muerte de los adolescentes.

La “posta” es que puede ser que haya un activista, pibes que activaban en otros términos, pero en la medida en que se sabe de la muerte de los pibes, era de madrugada… se corre, se reúne la gente y ante la reunión de la gente la cosa se pudre. Van contra la municipalidad. Aparte de la falta de respuestas, tiene que ver con todo un hartazgo en relación a la forma de la municipalidad. Hacía 20 años que estaban ahí, el mismo intendente entre él y el padre. (Pablo, vecino de la ciudad, marzo de 2016. Entrevista hecha por el autor).

Esta versión ratifica lo expuesto hasta aquí, en relación al malestar que se activó a raíz de la muerte de Miguel y Giuliana y provocó los destrozos. A pesar del reconocimiento de la posibilidad de la presencia de “activistas”, el énfasis se coloca en la protesta que trascendía ese hecho ya que, según el entrevistado, el malestar era por “la muerte de los pibes”, por “la falta de respuestas”, pero era fundamentalmente “en relación a la forma de la municipalidad”, es decir, era un acto de protesta contra el entonces intendente. De la misma manera lo entiende el “Chengue” López, dirigente opositor a Carossi que, ante las acusaciones que lo indican como el responsable de la violencia, se defiende:

En el primer momento eran 25, 30 personas. Ahí había que pararlo. Esos 25 empezaron a llamar cada vez más, cada vez más (…) No eran mandados porque a las seis de la mañana, siete no podés armar nada. La gente venía con una bronca… No tendría que haber sido así, porque se la agarraron con la municipalidad, rompieron todos los edificios. Imposible de armarlo, nadie tiene a esa hora de la mañana una forma de armar esto. Ellos [El municipio] lo habían armado con el odio que le habían agarrado los jóvenes. Perseguían a los jóvenes los de tránsito (…) Para mí fue una pueblada… ¿Cómo salió la pueblada? Por lo que habían sembrado ellos [El municipio] en el tema tránsito. Se levantó sola la gente (…) Fue tipo pueblada pero espontánea. Imposible, yo estoy acostumbrado a organizar… si vos me decís ahora a las seis de la tarde hay un reclamo porque quieren sacar a una gente pobre... y a mí siempre me han llamado (…) Eso fue espontáneo por la bronca que estaba sembrada. (“Chengue” López, marzo de 2016. Entrevista hecha por el autor).

La caracterización de “pueblada” para describir los hechos pretende contraponerse a la idea de que estuvieron “armados”. La “pueblada” es presentada como espontánea, legítima y popular; el modo en que buena parte de la ciudad expresó su disconformidad con el municipio. Pero, como decíamos, para la mayoría de los entrevistados también estuvieron involucrados actores políticos que ejercieron violencia con una intencionalidad ajena a la muerte de los adolescentes. De este modo, según estas versiones, los protagonistas principales de las destrucciones de esa mañana fueron actores que intervinieron para generar desestabilización en el gobierno municipal y provocar la renuncia del intendente o desgastar su gestión. Esta interpretación es la enunciada por el propio Carossi, quien denunció el accionar de individuos que respondían al “Chengue” López.

El primer hecho después que ocurre el accidente es el incendio de la camioneta. Y en ese incendio ya había un activista dando vuelta. Se llama López, él estaba en el lugar del hecho. Gran parte de la población sostiene que fue él por acción o, por lo menos, por omisión (Aldo Carossi, intendente de Baradero al momento del estallido, marzo de 2016. Entrevista hecha por el autor).

Desde este punto de vista, la causa principal de los destrozos estaría vinculada a un aprovechamiento y un uso político de la muerte de los adolescentes, cuya causa habría sido accidental. La participación de López estaría verificada “por acción”, es decir, ordenando los ataques a individuos que responden políticamente a él, o “por omisión”, sin frenar a los violentos de ese día. Si bien López reconoce haber presenciado los hechos, niega rotundamente haber participado en ellos o haberlos instigado, afirmando incluso haber querido detener a los violentos:

Cuando llego a la esquina de la plaza también había políticos y nadie se metió a defender. Yo tengo cuatro, cinco muchachos [menciona nombres] (…), gente conocida mía de la política, de Baradero que podemos ir a parar un poco. Quisimos parar y dejar entrar a los bomberos, se estaba por prender fuego la municipalidad… Me insultaron de arriba abajo. Venía la gente y me decía: “dejá, cómo te vas a meter, estos hicieron un desastre, la culpa la tiene Carossi”. La gente se la agarró con el municipio, rompió todo… (“Chengue” López, marzo de 2016. Entrevista hecha por el autor).

No hemos podido establecer a lo largo de nuestro trabajo de campo en Baradero y a partir de las entrevistas y la consulta del expediente judicial si efectivamente había militantes que actuaron respondiendo a estructuras políticas partidarias. No se trata aquí de demostrar la responsabilidad de ningún actor en particular, sino de exponer la relación íntima entre la política institucional y la violencia colectiva, lo que ^{Auyero (2007}) denominó como “zona gris”. Tenemos evidentes indicios de que esa relación existe en Baradero, tal como existe en muchos otros territorios de la Argentina. Parte de esos indicios los da el propio “Chengue” López, en la defensa que acabamos de presentar. Allí admite que tiene “cuatro o cinco muchachos” con capacidad de detener (y, por lo tanto, de generar) cualquier episodio de violencia colectiva en la ciudad. Esta afirmación revela que los dirigentes políticos

baraderenses controlan militantes capaces de ejercer violencia si es necesario. Lo que no sabemos a ciencia cierta es si esos lazos se activaron desde los resortes políticos para sumarse a las acciones de violencia colectiva de aquel día. El argumento del entonces intendente para mostrar la presencia de militantes políticos dentro de los agitadores, es la presencia de la camioneta con neumáticos y la circulación de los rumores que daban por cierta una de las versiones del hecho y, sobre todo, convocaban la movilización en la plaza principal:

Esto fue aprovechado por unos agitadores, la política por supuesto se metió en el medio… y generaron un rumor de que el accidente se había producido cuando la camioneta municipal perseguía a los pibes en moto. Con ese argumento levantaron a estos disconformes (…). Algunos activistas políticos reclutaron a “equis” cantidad de personas. Aportaron las gomas para que las carguen en una camioneta y las lleven al municipio, todo ese tipo de cosas (Aldo Carossi, intendente de Baradero al momento del estallido, marzo de 2016. Entrevista hecha por el autor).

La presencia de la camioneta y los neumáticos para iniciar y propagar los incendios revela un grado de organización con capacidad de movilizar recursos para llevar adelante, en este caso, destrucciones masivas y coordinadas como las que se produjeron ese día. Nos referimos a la presencia de “emprendedores políticos” (^{Tilly, 2007}), que impulsaron acciones violentas. Lo que no queda claro en ambos hechos es si fueron “espontáneos” u organizados por alguna estructura política. ¿Quién ordenó el traslado de la camioneta con neumáticos? ¿Fue una iniciativa autónoma de “vecinos indignados”? El expediente judicial reconoce a los individuos responsables del hecho, pero no traza ninguna relación con dirigentes políticos locales. Por otra parte, tampoco sabemos quiénes iniciaron los rumores que circularon esa mañana. Para Carossi, queda claro que ambas situaciones fueron producidas por dirigentes políticos opositores. Si esto efectivamente fue así, se trataría de “especialistas en violencia” (Tilly, 2007) que provocaron destrozos porque “sabían” las consecuencias que estas acciones podrían tener en el ámbito institucional, es decir, usaron la violencia previendo el impacto que ésta tendría en las relaciones de fuerza político-institucionales de la ciudad.

La explicación de la activación política de los hechos es acompañada también por sujetos que tuvieron un rol protagónico aquel día, como el colectivo de amigos de los chicos.

Los amigos de los pibes estábamos en el hospital. Y después cuando llegamos ya estaba todo quemado. Vos te parabas en la mitad de la calle y lo que veías era: por un lado, los que estaban quemando la municipalidad, que cantaban, festejaban, se reían. Y, del otro lado en la plaza que queda enfrente, todos llorando. No tenía nada que ver, acá es todo la política. Se aprovecharon de la situación. (Martín, amigo de Miguel Portugal, agosto de 2015. Entrevista hecha por el autor).

El argumento de los jóvenes tiende a deslegitimar el uso de la violencia como el recurso de “unos pocos” en contraposición al repudio de la comunidad ante las destrucciones. Este grupo se desliga de los ataques, marcando una diferencia entre aquellos que protestaban por la muerte de los chicos (de manera pacífica) y aquellos que fueron movilizados a raíz de intereses políticos. A diferencia de otros estallidos en los que los actores reivindican su participación y justifican sus acciones a partir de criterios morales que rescatan el uso de violencia,⁷quienes participaron de una u otra manera del estallido baraderense parecen estar arrepentidos de haberlo hecho, como vimos en el testimonio final del apartado anterior, o niegan rotundamente haber participado de los hechos. Con el correr del tiempo se generó un consenso en la ciudad en torno al carácter negativo del estallido y, sobre todo, en torno a lo innecesario y lo improductivo de las destrucciones como recurso de protesta.⁸En este caso, la violencia, sacada del contexto en el que se produjo, originó una distancia moral ante la cual todos parecen querer desligarse. Esto probablemente haya aumentado la percepción acerca de que los episodios “estaban armados”. El colectivo de amigos de los chicos no sólo no se siente parte de la reacción social violenta tras la muerte de sus amigos, sino que repudia dicho accionar aun cuando admiten haber sido parte al menos en el inicio de las acciones. Al sostener esta versión coinciden, paradójicamente, con quien pretenden enfrentar: el entonces intendente Aldo Carossi, incluso acusando al mismo actor:

Si vos te ponés a averiguar, vos tenés el tipo que fue, estacionó la camioneta de él enfrente de la municipalidad y bajaba las cubiertas... López…. ¿De dónde lo conocía al Portu? Nada que ver... Es como que ya tenía la camioneta preparada, vos me decís a mí juntate 7 cubiertas en una hora y no las junto. El portu chocó a las 7, murió a las 8 y las 8:30 ya estaba todo prendido fuego.

¿Cómo hizo para juntarlas no me preguntes? (Martín, amigo de Miguel Portugal, agosto de 2015. Entrevista hecha por el autor).

Más allá del ex intendente y el colectivo de amigos de los adolescentes fallecidos, esta mirada de los hechos también es compartida por un gran número de “vecinos”, para quienes la violencia fue el resultado de la acción coordinada de militantes “esperando” que esto sucediera para provocar este tipo de desmanes. Desde este punto de vista, lo que “ya se sabía que iba a pasar” no era solamente la muerte de algún motociclista, sino un estallido social contra las autoridades municipales.

Ya se veía venir, ¿entendés? Estaban esperando. Como que todo el mundo ya sabía que iba a pasar y estos locos estaban esperando. Aprovecharon el momento justo (Martín, amigo de Miguel Portugal, agosto de 2015. Entrevista hecha por el autor).

A mí me parece que estaban esperando que esto ocurriera para que explote, para aprovecharlo. La gente que estaba en la plaza no se metió. La gente se quedaba y miraba. (…) Pero no es un Baraderazo, hay ciertos manejos políticos que evidentemente necesitan de un detonante (…) Hay una camioneta de la que se bajan las gomas. Esa camioneta pertenece a un fulano, que él y su hijo trabajan para un político (…) (Abogado defensor de un imputado por los hechos, agosto de 2015. Entrevista hecha por el autor).

Aquello que a simple vista era imposible, en realidad, “ya se veía venir”. El estallido en “el pueblo en el que nunca podía pasar nada” (^{Genoud, 2010}) resultó ser el evento que “estaban esperando” actores políticos para capitalizar las consecuencias del mismo. Lo que, en abstracto, parece el producto de la imaginación más apocalíptica,⁹ puesto en un contexto determinado resulta un hecho esperable. En el marco de relaciones de fuerza que conformaban las tensiones sociales y políticas que, ahora sabemos, eran inmensas, la violencia colectiva era “esperada” aun en una ciudad apacible y tranquila como Baradero. Nuevamente, vemos cómo conviven dos explicaciones aparentemente contradictorias en el mismo marco argumentativo: estallido como protesta social (espontánea) y estallido como producto (organizado) de la participación de militantes políticos.

Es como que existe una línea que se había sobrepasado y los grupos asociados políticamente lo aprovecharon. Ojo, había cierta disconformidad en mucha gente... Nunca se sabe bien si la gente está convencida de lo que está haciendo o es medio como llevada ¿no? Yo te trato de dar los testimonios de lo que yo tengo... (Abogado defensor de un imputado por los hechos, agosto de 2015. Entrevista hecha por el autor).

Así pues, ambas dimensiones se solapan tensionando la propia coherencia de la explicación argumental: “nunca se sabe”, en realidad, cuál es la que está operando definitivamente. Es probable que, años después de los hechos, el repudio a la violencia de aquella jornada provoque esta distancia moral y vaya forjando la percepción común de que la violencia la protagonizaron “los políticos”, desconociendo la presencia multitudinaria de vecinos aquella mañana. De todos modos, si se comprobara la presencia de activaciones por parte de organizaciones políticas nunca podría tratarse de un episodio meramente “orquestado”. Se trataría, en ese caso, del cruce entre el malestar social “espontáneo” y la supuesta presencia de “emprendedores políticos” (^{Tilly, 2007}) que habrían generado corrientes de opinión, vehiculizado la violencia y orientado las acciones hacia determinados objetos. Nunca sería una o la otra; se trataría de una y la otra. La espontaneidad del malestar canalizado en ataques y la supuesta organización de los sujetos que intervinieron para capitalizar políticamente los destrozos parecieran mostrar las dos caras de la moneda del estallido en Baradero. Y esto sería así no sólo porque la violencia fue ejecutada por vecinos, familiares y amigos indignados y tal vez por militantes políticos. Es de este modo porque, en una ciudad como Baradero, los individuos pueden personificar esos dos roles al mismo tiempo.

Eso implicaría que, además de los amigos, hubieran venido otros a quemar cubiertas, tirar piedras. ¿Viste otros que no fueran los amigos?

Sí, el problema es que, en una comunidad como Baradero, todo el mundo es amigo de todo el mundo. Sobre todo, en distintos niveles. Los adolescentes son todos amigos, estamos hablando de 35 mil habitantes. (…) Vos decís, sí, este es de la línea opositora, pero también es primo hermano del otro, amigo de aquél... (Alberto, periodista local, agosto de 2015. Entrevista hecha por el autor).

De este modo, aquello que aparece en oposición (familiares que protestan espontáneamente o políticos que “arman” la violencia) está imbricado por la propia dinámica de la vida cotidiana en una ciudad pequeña y por las formas particulares en que se desarrollan las relaciones políticas en dichos lugares. Se trata del modo en que, con frecuencia, los actores de la política institucional actúan para transformar una correlación de fuerzas en un territorio particular: activando episodios de violencia colectiva (^{Gamallo, 2020}b). Buena parte de los dirigentes políticos en Argentina saben mejor que los analistas que “aquellos que tienen la capacidad de activar las conexiones clandestinas que definen la zona gris podrían usar la amenaza de la violencia y, al final, alterar la vida institucional” (^{Auyero, 2007}: 200). Más allá del protagonismo de actores políticos o no, el estallido no cambió sustancialmente el escenario político-institucional de la ciudad, pero produjo transformaciones en algunos ámbitos. El intento de destitución estuvo a un voto de aprobarse en el consejo Deliberante local, pero fracasó. Carossi no sólo no fue destituido, sino que fue reelegido un año después por una diferencia de más de 20%, confirmando que los procesos de disconformidad y protesta social no siempre tienen su correlato en la arena institucional: recordemos que el estallido en Santiago del Estero en 1993 que implicó una impugnación muy fuerte hacia todas las autoridades provinciales no desembocó en la derrota electoral de la fuerza entonces gobernante (^{Farinetti, 2000}). Sin embargo, si buena parte de las acciones de ese día se activaron contra una política municipal extremadamente punitiva de la regulación del tránsito, uno de los efectos principales del estallido fue la modificación de dicha política.

Después de eso se borraron los zorros... Y ahora ponele, me parece bien, están haciendo controles, pero ya no es como antes. Ahora te ponen doble control, no te persiguen. Si te vas, te agarra el otro. Y si te escapás, bueno te vas... Ahora usan más la cabeza (Martín, amigo de Miguel Portugal. Entrevista hecha por el autor).

Todos los testimonios coincidieron en marcar que la política de tránsito posterior al estallido se había relajado. Incluso para algunos entrevistados, se habían relajado tanto que estaban generando un caos.

El estallido tal vez no haya tenido ninguna consecuencia esperada para ninguno de los actores. El colectivo de familiares y amigos no logró que los agentes de tránsito involucrados en la muerte de los chicos sean responsables penalmente de las muertes, los políticos opositores a Carossi no lograron capitalizar políticamente el hecho y destituir al intendente y Carossi pagó un gran costo político al tener que reemplazar a todo su gabinete y afrontar la reconstrucción de los edificios municipales. Tal vez los jóvenes irritados que participaron de las manifestaciones cansados de ser perseguidos por los inspectores de tránsito y la policía y que sus motos sean decomisadas hayan logrado con las acciones de violencia colectiva terminar con dicha política. El costo ha sido muy alto para todos: Miguel y Giuliana aún faltan en la ciudad.

8. Más allá del caso: los estallidos de justicia en Argentina

La descripción analítica de las acciones de ese día nos ha proporcionado una explicación integral del estallido en Baradero. Al echar luz sobre la secuencia concreta del episodio fuimos dando cuenta de las dimensiones necesarias para que se diera de esa manera, dilucidando los mecanismos y procesos que generaron la violencia de ese día. El examen del factor precipitante y la reacción ante un hecho considerado aberrante, las tensiones sociales preexistentes en relación a la regulación del tránsito, la dinámica de los reclamos violentos expresada en los blancos atacados y las acciones contenciosas realizadas, el fundamental papel jugado por las fuerzas de seguridad en la tolerancia de las acciones y una posible agitación por parte de algunas fuerzas políticas de la ciudad son los condimentos que explican el estallido en Baradero. Todos estos elementos nos dan pautas para comprender las acciones violentas y darles un sentido concreto a las destrucciones. De este modo, la violencia colectiva sólo es inteligible a partir de su dinámica en el marco de relaciones que les dan significado a los enfrentamientos.

Como vimos a lo largo del análisis, el estallido presenta una diversidad de acciones que hacen de este hecho un episodio complejo y surcado por múltiples lógicas y sentidos. Si, por un lado, las primeras acciones de destrucción de los familiares y amigos muestran un carácter expresivo en la búsqueda de una represalia inmediata contra los considerados responsables, la posterior participación masiva de vecinos de la ciudad en la movilización hacia la casa de gobierno municipal y los ataques a distintos edificios municipales le dio tintes de reclamo. A mitad de camino entre las “típicas” protestas contemporáneas con demandas y reclamos explícitos y las formas expresivas que se disuelven inmediatamente tras su consumación, los estallidos muestran una combinación de lógicas en función también de la presencia de múltiples actores en su desarrollo. Indudablemente las primeras acciones tuvieron como objetivo “devolver” la violencia hacia los responsables directos e indirectos de la muerte de los chicos. De allí surge su carácter punitivo. No se trataba de acciones que reclamaban justicia al Estado; sino el ejercicio de la retribución de violencia “por sus propios medios”. En este sentido, dichas acciones pretendían lograr su objetivo sin ningún tipo de mediaciones políticas e institucionales. En otras palabras, la violencia colectiva expresa el carácter directo de las acciones en cuanto a los fines (^{Pérez y Rebón, 2012}): la represalia colectiva es el objetivo de las acciones que, por tanto, no son medios de un fin más allá de ellas. Los hechos posteriores, sin embargo, acercan el estallido a los eventos de protesta social, aunque con características particulares. Indudablemente dichas acciones articularon una disconformidad con las autoridades políticas encargadas de la regulación del tránsito, evidenciada en los blancos atacados y, fundamentalmente, a través de performances característicos de la protesta contemporánea como el corte de calles y la movilización a la plaza principal. Pero no fueron acciones estructuradas a partir de organizaciones con medios explícitos, formulación de demandas claras y homogéneas ni roles al interior de los colectivos que posibilitaran, por ejemplo, la negociación con las autoridades.

Como afirma ^{Farinetti (2000}), en los estallidos también se juega una dimensión “carnavalesca” gracias a la cual se invierten por una vez los roles y los actores cotidianamente oprimidos se ven situaciones dominantes ejerciendo acciones destructivas contra los considerados opresores. En este sentido, como afirma Pita, “encarar el análisis de estas prácticas de protesta qua rituales implica considerarlas como acciones colectivas expresivas” (^{Pita, 2010}) en las que se ponen en juego representaciones que subvierten las jerarquías establecidas. Sin embargo, como hemos visto a lo largo del análisis, en estos estallidos la complejidad y heterogeneidad parece ser una característica definitoria, en la medida en que conviven múltiples sentidos expresados en la violencia colectiva:

Podemos presuponer que lo que tienen en común quienes “estallan” es la percepción de una situación de crisis, de enorme incertidumbre; una experiencia de la fisura del orden cotidiano o del proceso habitual. La significación de la situación, los motivos para salir a la calle, los objetivos de la ira pueden perfectamente ser heterogéneos, y no, por ello mismo, la clave para fundar la unidad del objeto. (^{Farinetti, 2002}:71).

Más allá de los múltiples objetivos y discursos presentes en los estallidos punitivos parece indiscutible que estos tienen enormes repercusiones sobre los territorios en los que suceden, con implicancias sociales y políticas de mediana duración. El involucramiento de militantes y “punteros” políticos en los episodios refleja el “conocimiento” que las estructuras políticas tienen del efecto de estas acciones (^{Gamallo, 2020}b). Este tipo de participaciones involucran claramente una racionalidad de tipo instrumental que agrega más complejidad a los eventos destructivos. Estos serían no sólo la consumación de una represalia violenta combinada con la expresión de una disconformidad social hacia las autoridades políticas, sino también la utilización de las destrucciones con fines políticos de diverso tipo (desestabilización, pedidos de remoción, instalación de un clima represivo, cambios en los sistemas productores de disconformidad, entre otros). En este sentido la violencia es concebida como un medio para modificar las relaciones de fuerza al interior de las instituciones y forzar cambios políticos.

La particularidad de los estallidos y el entrecruzamiento de diversas dinámicas, lógicas y sentidos es que, precisamente, no pueden ser explicados a partir de algunas de ellas sin tener en cuenta las otras. De modo que cualquier interpretación de los hechos que lo definan como la mera expresión de “bronca” desarticulada, un acto insurreccional que habla del ascenso en la lucha de clases (“Estallido y pueblada en Baradero, ²⁰¹⁰) o una pura conspiración de facciones políticas no dará lo suficientemente cuenta de la complejidad que suelen tener este tipo de hechos. Tal vez por esta razón, la forma estallido no tiene un carácter rígido y guionado, sino flexible. Su característica principal es la emergencia repentina, masiva y ampliada de acciones de violencia colectiva hacia múltiples destinatarios. El repaso de estas acciones muestra que la lógica de esas acciones es compleja y que los estallidos muchas veces pueden darse en la intersección entre la violencia colectiva con lógicas más expresivas, la acción colectiva contenciosa de carácter estratégico y la posible participación de actores de la política institucional.