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SUMARIO
Introducción. 1. La aparición del rancho en los discursos estatales. 1.1. El rancho como expresión de una dicotomía histórica. 1.2. La Enfermedad de Chagas asociada a los ranchos rurales. 2. El descubrimiento “del interior”. 2.1. La llegada del peronismo y su impacto en las políticas habitacionales. 2.2. Disrupciones y continuidades discursivas. 3. El desarrollo del hábitat rural. 3.1. El rol de los organismos internacionales. 4. La consolidación de las tecnologías neoliberales de gobierno. Conclusiones. Bibliografía
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Introducción
En 2006 el gobierno de Córdoba, provincia ubicada al centro de Argentina, implementó una política pública habitacional denominada Plan de Sustitución de Viviendas Precarias y Erradicación de Mal de Chagas - en adelante PSVPEMCh -. Su objetivo principal fue sustituir las viviendas locales de la zona noroeste de la Provincia, por otras de materiales industrializados. La meta del programa era erradicar la vinchuca, en tanto insecto vector que transmite el agente causal de la enfermedad de Chagas que, bajo su diagnóstico, anida en las construcciones típicas de la zona. El conjunto de viviendas rurales alcanzadas por el plan son un tipo de edificación realizada con los materiales que las familias encuentran en la zona (cañas, palos, ramas, distintos tipos de tierra, madera), erigidas generalmente a través de la autoconstrucción y denominadas comúnmente ranchos. En su reemplazo, el Estado construyó viviendas de materiales industriales, con una tipología que, en principio, no es adecuada para las prácticas habituales de los grupos campesinos y tampoco a sus condiciones tanto ambientales como sociales.
A través del análisis de este instrumento público se advierte que operó en él una articulación recortada sobre el problema de la enfermedad de Chagas, planteando que eliminando la vivienda, se combatiría el problema. Sin embargo, este planteo de causa-consecuencia entre la vivienda de adobe y el Chagas, no coincide con lo que efectivamente se observa en el territorio, por dos motivos principales. Por un lado, porque el material de construcción per se no es factor endémico1. Por otro lado, ya que de acuerdo a los relatos de algunos habitantes de las zonas donde el PSVPEMCh se implementó, el Chagas es una enfermedad que actualmente no resulta problemática en la población rural de la zona2.
Aun siendo razones rebatibles y advertidas entre sus habitantes, esos diagnósticos fueron la justificación que estableció las bases para instalar en el sentido común la necesidad de erradicar los ranchos3. Ahora bien, si no es necesario destruir la vivienda rancho para controlar significativamente la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas, entonces… ¿por qué erradicarla?
Para develar este interrogante, este artículo considera la noción de hábitat rural como parte de un sistema discursivo complejo en donde se interrelacionan diversos factores, que juntos, le dan sentido. En ese marco, nos valemos del análisis del discurso como método para comprender de qué manera se entraman los sentidos y significados en torno al hábitat rural. Para ello, tomamos los aportes de Michel Foucault para quien, el discurso, es un conjunto de enunciados producidos de acuerdo a determinadas condiciones de existencia y de transformación.
De manera que, partir del análisis del discurso, implica atender a los enunciados que describen, explican, juzgan, disputan, etc. esos discursos. Al tiempo de advertir que estos enunciados hacen referencia a objetos, conceptos, posiciones de sujetos que no son uniformes, sino que se encuentran dispersos. Desde allí, se entiende el discurso como una experiencia histórica singular que puede ser analizada desde los campos de saber a los que refiere, los tipos de normatividad que regulan sus prácticas y las formas de subjetividad que se asocian a estos discursos (Restrepo, 2004:74).
En ese marco, se indagó sobre cuáles son los factores coyunturales que históricamente propiciaron la emergencia de ciertos sentidos - y no otros - en torno al hábitat rural. Sin embargo, más allá de las particularidades, de las singularidades y discontinuidades que Foucault sugiere en el recorrido genealógico, en este capítulo también apuntamos ciertas continuidades y recurrencias, en tanto nos permiten comprender en qué medida otros elementos se constituyen en su singularidad. La apuesta radica en mostrar cómo, más allá de las características particulares de cada formación histórica que se transforman y retroalimentan a lo largo del tiempo, tanto por contextos externos e internos, existe una manifestación de poder que se mantiene intacta, a pesar de tener la capacidad de ir mutando los discursos. Partiendo de esta idea, el siguiente escrito muestra cómo se construyó el discurso en torno a la vivienda rural del noroeste de la Provincia de Córdoba, cuestionando cuáles son los focos de poder que configuraron esos discursos y mediante qué mecanismos y estrategias se fueron entramando los diversos dispositivos a lo largo del tiempo.
Metodológicamente se tuvieron en cuenta dos niveles de abordaje: uno geográfico y otro temporal. El criterio geográfico presenta el interjuego constante que se da entre los contextos políticos, sociales y económicos en tres niveles de análisis: a) nacional y provincial (Argentina/Córdoba), b) dentro del nivel provincial, el territorio urbano y rural (Córdoba urbana/Córdoba rural), y c) dentro del territorio rural, el sureste y el noroeste de la provincia. Esta propuesta se fundamenta en la importancia de analizar cómo lo que sucede en cada uno de estos niveles, se influencia mutuamente, presentando escenarios diferenciados pero sinérgicos. En cuanto al nivel temporal, se definieron tres grandes etapas: a) desde los últimos años del siglo XIX, hasta la tercera década del siglo XX, b) desde la segunda mitad de la década de 30 hasta la década de 60 y c) desde la década de 70 a finales del siglo XX. Estos períodos se definieron de acuerdo a ciertos acontecimientos que fueron moldeando el devenir histórico y que consideramos explicativos tanto de los cambios y particularidades como también de las continuidades en los procesos históricos que configuraron a la vivienda rural noroeste de la Provincia de Córdoba.
En función a lo anterior, el trabajo que aquí compartimos se basa en el estudio de diversas fuentes. Como fuentes primarias analizamos entrevistas y notas de campo efectuadas en encuentros con diferentes familias y agrupaciones campesinas de la provincia de Córdoba. Entre las fuentes secundarias estudiamos documentos oficiales (leyes, ordenanzas, informes de gestión y manuales públicos). Asimismo, analizamos registros históricos de organizaciones sanitarias nacionales.
1. La aparición del rancho en los discursos estatales
A mediados del siglo XIX, Argentina se constituyó en un país demandante de mano de obra para el modelo agroexportador, lo que trajo aparejado una ola migratoria de trabajadores, que generó un crecimiento muy significativo de la población4. Este aumento, mayor en ciudades que en zonas rurales, ocasionó una serie de desequilibrios tales como hacinamiento, nuevas enfermedades, aumento de la pobreza, entre otros, que impactaron en las condiciones de salud de la población. Esta situación se desarrolló paralelamente a la consolidación de ideas liberales y positivistas que dieron el marco propicio para que, entre 1880 y 1920, el higienismo emergiera a nivel nacional como dispositivo de regulación, que fundamentó la dominación política y la jerarquización social5.
La vivienda fue central en estos discursos de los sectores dominantes al ser considerada como la principal causa de la insalubridad de los habitantes (Boixadós, 2000). Tanto el rancho urbano como el conventillo6 fueron construidos discursivamente como un peligro para el resto de la sociedad. Esto ofreció las condiciones de posibilidad para la aparición, en Córdoba, de discursos sobre la necesidad de la erradicación de los ranchos urbanos como estrategia higienista del Estado. En este sentido, el gobernador Miguel Juárez Celman, expresaba en 1881:
La higiene pública (...) es una de las más importantes obligaciones que en las sociedades civilizadas pesan sobre la administración general y municipal, que tienen a su cargo, todas las funciones inherentes al régimen policial. Ella (…) sin embargo no había sido organizada hasta el presente en la Provincia (citado en Carbonetti, 2005: 96).
Así, se instaló en Córdoba un discurso por el cual los ranchos urbanos eran presentados como un espacio necesario de erradicar. Hasta ese momento, la preocupación central en torno a los ranchos era la imagen que le daban a la ciudad. Tal como expresa Valdemarca (2016) “el rancho (…) era despreciable en una ciudad que quería alejarse del pasado colonial y del atraso que significaba el lastre” (: 116). Además, ese discurso se retroalimentaba con un componente moralizador, consecuencia de fuerte intervención de entidades privadas de beneficencia en el sistema sanitario cordobés. Esto explica cómo, entre 1900 y 1920, los principales impulsores de las legislaciones sobre la vivienda obrera en Córdoba fueron médicos, destacados referentes del higienismo y el catolicismo.
Esta conjunción de elementos, dio paso al discurso (y las prácticas) de erradicación de la vivienda rural. De esta manera, el “rancho” se constituyó como objeto discursivo antagonista a la salud pública cordobesa y a las buenas costumbres, al atribuirle una serie de características menospreciables, en el marco del proyecto modernizador. En ese sentido, nos encontramos con relatos tales como los de Cafferata, que expresaba:
Cuando el viajero se aproxima a Córdoba por sus grandes vías ferrocarrileras, experimenta primero una impresión ingrata. (…) Un enjambre de construcciones miserables, verdaderas chozas de salvajes, se levantan en las pequeñas mesetas, en las lomas o en las cañadas, sin orden y sin plan, a la voluntad de sus dueños y a merced de su capricho. La estética, la higiene, la profilaxis, se encuentran, si existen, en estado absolutamente rudimentario (Cafferata, 1916: 350).
Otro aspecto que emergía eran los materiales con los que el rancho estaba construido. Así, el barro y la paja eran presentados como el polo negativo, en relación a los materiales industriales de construcción. Sobre esto, en su conferencia Juan Cafferata expresaba en relación a “la vivienda primitiva”:
Su aspecto es característico y su construcción elemental. Un poco de madera rudimentaria labrada, paja y barro, son sus materiales. Por excepción algunos llevan techo de fierro galvanizado. Su índole primitiva le permite emplazarse en cualquier parte, en hacinamiento, sin consultar reglas de construcción ni de higiene (Cafferata, 1916: 366).
Además, el rancho se proyectaba como un foco de promiscuidad y, por lo tanto, sus habitantes eran considerados como una amenaza para la población decente. En ese sentido, Garzón Maceda se expresaba de este modo, en 1906:
No puedo dejar de acentuar el tinte rojo que marca el hacinamiento de ranchos en terrenos estrechos, y el hacinamiento de personas en los ranchos en una promiscuidad de sexos y de bienes repugnante y corruptor. Allí crecen los hijos aprendiendo del ejemplo de los adultos, que sin nociones de moral ni de religión viven supeditados al influjo de los instintos pasionales de su naturaleza animal desenfrenada (Exposición del diputado Garzón Maceda, 1906; citado en Remedi, 1998:127).
El siguiente párrafo corresponde a sesiones del Concejo Deliberante entre 1902-1903 y representa una síntesis de los elementos que orbitaban en torno al rancho como objeto discursivo:
Bajo una organización tal de las asociaciones de protección al necesitado, no estaría lejano el día en que (…) puedan levantar la vivienda blanca, higiénica, saludable del obrero en substitución del rancho negro que hasta hoy se asienta en todos los barrios de la ciudad, como un estigma de nuestra cultura; donde germinan muchos males sociales reparables, y donde se incuban y cultivan todas las enfermedades epidémicas que con demasiada frecuencia y persistencia, nos invaden y acentúan en la doble forma de insalubridad y merma de población. Allí está el cáncer de nuestro malestar sanitario, trasmitiéndose por generaciones con mengua del bien público, y llevando en su seno detestable todas las malas herencias mórbidas, que señalan los cuadros de la estadística, y que se manifiestan en todas las edades de la vida (Machado, 1902; citado en Remedi, 1998: 72).
En este contexto, se inició una etapa de urbanización que pretendió ordenar los espacios y dar a cada sector social un lugar en esa ciudad (Valdemarca, 2016).
1.1 El rancho rural como expresión de una dicotomía histórica
La situación del escenario urbano, se replicaría en el ámbito rural cordobés de aquel momento, donde es posible demarcar dos regiones diferenciadas en función del proyecto modernizador de la época. Durante la primera década del siglo XX, todavía carecía de contornos precisos, era un espacio dividido en “territorio en llanuras y montañas” (Ortiz Bergia, 2019: 7), respondiendo a la morfología de cada zona como identificación y delimitación geográfica.
Pocos años después, Ramón José Cárcano, por entonces gobernador de Córdoba, profundizaría aquella diferenciación “llanura/montaña” añadiéndole otras características construidas a instancias de su desempeño económico y su contribución al progreso provincial. Así, aparecía la “rica llanura del cereal”, para identificar a la zona sureste de la provincia, en contraposición a la “pobre montaña”, para hacer referencia a la zona serrana de Córdoba en donde habitaba “la población más pobre y aislada” (Cárcano, 1916: 160). Es así como, a partir de esa regionalización, desde el sur pampeano se comenzó a mirar el norte y oeste provincial como un territorio económico marginal y atrasado. Las causas de este atraso se atribuían tanto a sus deficiencias naturales, ligadas a su sistema hídrico, como a “la falta de deseo de progreso de la sociedad serrana” (Garnero, 2017; citado en Ortiz Bergia, 2019: 11). Esto dio lugar a la construcción discursiva del concepto “norte” en referencia a sus deficientes condiciones productivas.
En ese marco, las viviendas se convirtieron en un indicador indirecto para comprobar el carácter segmentado del sector rural. Así, la región sudeste contaba con mejores condiciones de vida, debido a la mayor presencia de construcciones de ladrillo frente a las realizadas en barro y paja. En contraposición, el predominio de viviendas precarias en el noroeste respondía a su lugar marginal dentro del modelo productivo de la época, lo que repercutía negativamente en el valor de la tierra. De manera que la oposición entre abundancia y escasez, se veía reflejada en la estancia sureña y el rancho norteño (Moreyra y Remedi, 2005), evidenciando una trama social segmentada, no solo entre la ciudad y el campo, sino también al interior del escenario rural.
En ese contexto, las consideraciones que por entonces se hacían sobre algunos aspectos del rancho rural, no diferían demasiado con respecto a las del rancho urbano. En ambos casos se acudía a enunciaciones peyorativas que dejaban a estas viviendas por fuera del proyecto modernizador. Sin embargo, la construcción discursiva que se hacía en torno al rancho rural se diferenciaba de la de la ciudad, fundamentalmente respecto a las “condiciones de higiene física y moral”, ya que, en la ruralidad no se asociaba al rancho con un foco de diseminación de enfermedades (por la distancia de las viviendas), ni tampoco un centro de promiscuidades. Las malas condiciones de salud de la región se atribuían a factores tales como el alcoholismo y la mala alimentación. En este sentido, en el año 1916, se expresaba:
La vivienda obrera en la campaña, si no difiere en orden arquitectónico, a la ciudad, pues es acaso tan simple como ella, se aparta en su consecuencia fundamentalmente, porque el aislamiento la coloca en condiciones de higiene física y moral ideales para el obrero. (…) Allí habita la familia tradicional de la campaña argentina. El padre es señor; la madre dueña de casa; los hijos sumisos a la autoridad; dentro del exterior rústico y de las formas bruscas. Las enfermedades hacen poca presa, salvo que la miseria y el alcoholismo preparen el terreno. Por lo que toca al espíritu, el contacto con la naturaleza parece que mantiene vivo el sentimiento religioso, que es la regla en el paisano (Cafferata, 1916:14).
Lo mismo sucedía con el contexto en donde se emplazaban los rancheríos. Lejos de asignarles las características desagradables e indecorosas que se le daban en la ciudad, aquí se describían de maneras casi poéticas:
Ese rancho tradicional que el gaucho ama con tanta razón. El nido independiente, donde se crían los hijos con amor, donde se ama sin recelos, donde se habla sin cuchicheos. (…) Un árbol vecino sirve de abrigo contra los rigores del sol. Es generalmente un algarrobo secular de tronco petrificado por los años de corazón infatigable! (Bialet Massé, 1916; citado en Cafferata, 1916:13).
Es advertible que las razones que fundamentaban los discursos del rancho rural como una “vivienda ideal para la familia tradicional argentina”, tenían que ver con una intención de la élite dominante, de construir una imagen del campo que contribuyera a formar aquel cuerpo social vigoroso, acorde al proyecto de orden y progreso al que se aspiraba.
1.2 La Enfermedad de Chagas asociada a los ranchos rurales
El estudio de la enfermedad de Chagas comienza en Argentina cuando se descubrieron casos de hombres y perros infectados. En 1933, se identificaron los primeros casos, a partir de lo cual comienzan a desarrollarse investigaciones por la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina -MEPRA-, cuyo director y fundador era el médico Salvador Mazza, llegando en pocos años a identificar cientos de casos. La emergencia de este problema de salud pública se dio en el marco de una serie de estrategias fundamentales que configuraron “prácticas sociales” (Foucault, 1996), por lo que las definiciones que se dieron desde el plano institucional, moldearon la conformación de la enfermedad, a lo largo de su historia, como objeto de salud pública y como tema de investigación científica. Así, puede afirmarse que el estudio de las enfermedades del noroeste argentino, y específicamente el surgimiento del Chagas, como patología de interés en nuestro país, fue posible dado el establecimiento de un aparato médico institucional, expresión del proyecto cientificista de la época, basado en concepciones de afirmación nacional. Muestra de ello, eran las ideas expresadas en el marco de la fundación de la MEPRA:
Aspiramos a fundar una nación fuerte y robusta. Y anhelamos sinceramente la suma de la felicidad para sus habitantes. Entonces tenemos el deber de afrontar valientemente y aún a costa de grandes sacrificios los problemas epidemiológicos regionales que arrebatan más vidas que la peor de las guerras, como así también el mejoramiento del tipo humano, hoy preocupación universal acrecentando su capacidad de lucha y de resistencia y su adaptación más perfecta a cada unidad política geográfica (Villagran, R., 1949; citado en Fleitas, 2014:78).
La constatación de una gran cantidad de casos de Chagas en el país, colocó a la enfermedad dentro del mapa de intereses de la comunidad médica y de la salud pública nacional. Si bien hacia finales de 1930, el Chagas ya se había reconocido como problema sanitario por parte del Estado, recién en la década de 1940, alcanzó una mayor relevancia dado el contexto de política sanitaria impulsada por Ramón Carrillo, ministro de salud del gobierno de Perón, caracterizado por el reconocimiento y lucha contra las epidemias. A partir de allí, el Chagas fue considerado como un “problema nacional” (Zabala, 2012), constituyéndose en torno a él un aparato institucional que incluyó programas de lucha contra el vector, planificación de tareas de diagnóstico, investigación y desarrollo de alternativas de tratamiento, etc.
Desde aquel entonces hasta la actualidad, el tratamiento sobre la enfermedad de Chagas se ha modificado tanto en el campo científico, institucional y político. De este modo, a lo largo del tiempo se ha descartado su importancia, luego se ha elevado a nivel de causa nacional y paulatinamente se ha vuelto a dejar en el margen de las agendas. Sin embargo, un elemento ha sido constante desde su descubrimiento hasta la actualidad, y es que la enfermedad fue concebida y entendida como un problema de vivienda rural, y por ende, como un problema de logística necesaria para desinfectar las viviendas. Si bien más tarde, a mediados del siglo XX, se comenzó a tratar no solo como un problema exclusivamente rural sino también urbano, la asociación directa entre Chagas-vivienda rural, quedó instalado como un “régimen de verdad” (Foucault, 1979).
La vinchuca busca refugiarse especialmente en orificios y grietas, por lo que las formas de prevención más efectivas son la periódica fumigación (química o blanqueo con cal), el orden de la vivienda (evitar acumular objetos y rotar los mismos), un acabado prolijo de los revoques y un correcto mantenimiento o adecuación de la estructura. En línea con esto, son escasos los estudios científicos que consideran a los materiales naturales, per se, como factor de riesgo ya que, en realidad, cualquier material de construcción que presente una mala resolución constituye un factor de riesgo (Rolón et. al., 2016). En contraposición, el discurso por el cual la sola presencia de las técnicas de construcción con tierra (como los muros de mampostería de adobe, las quinchas, los bahareques o cualquiera de las otras técnicas constructivas mixtas o entramadas) propias del hábitat rural, son factores de riesgo por sí mismas, se encuentra absolutamente arraigado al dispositivo de pensamiento hegemónico y, por lo tanto, también la idea de su erradicación como solución definitiva al problema. En ese sentido, ya desde la década de 1930, Salvador Mazza sugería la eliminación de los ranchos y su reemplazo con viviendas más higiénicas como una medida sanitaria prioritaria (Mazza, 1939; citado en Rolón et. al., 2016: 4).
Es decir que son diversos los factores de riesgo que favorecen la infestación de la vivienda, y ha sido justamente la definición imprecisa de estos factores, lo que ha generado esa valoración negativa de los materiales de construcción de las viviendas rurales, considerándolos como factores casi exclusivos de la presencia del vector transmisor. Este “régimen de verdad” (Foucault, 1979), configurado en gran parte por la academia, coló directamente en el abordaje de las políticas públicas diseñadas e implementadas para el tratamiento de la enfermedad.
2. El descubrimiento “del interior”
La crisis económica mundial de 1929 trajo aparejada la transformación de la economía argentina, que pasó a centrarse en la producción destinada al mercado interno, con una fuerte apuesta al desarrollo de la industria. Además, la crisis internacional frenó la inmigración europea al país, al tiempo que se generó un proceso de migración interna campo-ciudad para cubrir la mano de obra requerida7, al punto que el despoblamiento rural llegó a convertirse en una preocupación entre los funcionarios del Estado nacional.
La característica principal de la época fue la modernización del país. Uno de los elementos centrales que contribuyó a este escenario fue la construcción de la red caminera troncal que estructuraría las comunicaciones nacionales por las siguientes décadas, centrado en el transporte automotor, desplazando de esa manera al ferrocarril. A esto, se le sumó el petróleo, cuya importancia no solo crecía de la mano del automóvil sino también del desarrollo industrial. En el espacio urbano, este símbolo de los nuevos tiempos se manifestó en las viviendas, dando lugar a la aparición de las casas de renta o edificios desarrollados en altura, especialmente en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Esta modalidad de vivienda transformó la relación habitantes - hábitat, hacia formas más modernas, hecho que fue celebrado por la opinión pública. Como contrapartida de este escenario, y en gran parte por la gran desocupación provocada por la crisis del 29, comenzaron a desarrollarse las primeras villas miserias en algunas ciudades (Ballent y Gorelik, 2016).
Dado el contexto, Argentina debía encontrar roles adecuados al nuevo escenario mundial, para estar a la altura de un desarrollo autónomo, que requería de un régimen de producción que abarcara a todo el territorio nacional. Fue así que emergió el lema “crear mercado”. Este discurso se impuso con fuerza para dar sentido a la aspiración de una integración territorial que permitiera la conquista del mercado nacional con regiones diversificadas, pero en permanente contacto, para complementar la producción y el consumo (Ballent y Gorelik, 2016). De esta manera, se asistió al “descubrimiento del interior”. Pero, además, existía otro factor por el que se daba este “encuentro” con el interior. El éxodo masivo de migrantes internos, campo-ciudad, traía consigo la visibilización de la Argentina rural, sus habitantes, necesidades y conflictos. Al mismo tiempo, ocurría el despoblamiento del campo, la crisis agraria, la emergencia de epidemias y de la pobreza que, según el discurso preponderante de la época, dañaban la fortaleza de la Nación.
Entre las políticas con las que el Estado abordó la situación, estaban las iniciativas sobre vivienda popular rural que hasta entonces habían sido tratadas marginalmente, siempre centradas en la vivienda obrera urbana. Esto explica la aparición, por esa época, de varios proyectos de ley destinados al bienestar rural, específicamente la proliferación de propuestas de crédito rural. Sin embargo, estas políticas no lograron quebrar el abordaje sesgado propio de la modernidad, hecho que se vio reflejado en varios aspectos: por un lado, en la vigencia de la relación dicotómica y desigual urbano/rural. Por otro lado, en términos económico- productivos, no solo que las medidas fueron pensadas casi exclusivamente para la recuperación del agro, sino que, siguió vigente la desigualdad entre las zonas agrícola-ganaderas mayormente productivas y las que no. En las primeras se pudo asistir a un incremento de las obras públicas, traducido mayormente en una modernización de la infraestructura de transporte, riego y almacenamiento de la producción y de las condiciones de la vida rural, que buscaba una mayor eficiencia en la producción agrícola-ganadera. Las otras continuaron ocupando un lugar rezagado en cuanto al destino de las obras públicas.
Estas circunstancias, llevaron a que en el ámbito de la arquitectura se comenzara a discutir sobre la creación de una arquitectura nacional, en búsqueda de un modelo de obra en donde pudieran confluir las necesidades modernas y las características regionales. Este “descubrimiento” del interior, entendido como conocimiento directo de las condiciones de vida populares y rurales, pareciera haberle conferido a la arquitectura moderna un tono social. No obstante, el bienestar rural en relación a la vivienda, era pensado en función de los códigos urbanos. En relación a esto, en 1939, Alejandro Bunge impulsaba la idea de implementar políticas destinadas a la construcción en las zonas rurales de “viviendas dignas e higiénicas”, hecho que evidenciaba una continuidad con los discursos vigentes desde principios del siglo XX. En este sentido, es posible observar cómo estas perspectivas, no ponían en duda los parámetros del progreso, por los cuales la vivienda rural no se consideraba una opción para el abordaje de estos proyectos, sino que era desvalorizada y anulada. En la misma línea, el Grupo Austral sostenía que,
La morada es la primera de las necesidades humanas, pero nuestro campesino debe conformarse (el costo de los métodos tradicionales no le permite otra alternativa) con una vivienda cualquiera; no puede llegar a la vivienda máxima que debe contener todo lo que pueda encerrar las alegrías de una familia, las iniciativas, las esperanzas y en una palabra, todo lo que puede dar a cada hora del día su pleno sabor (Grupo Austral, 1939:12).
De modo que, es posible afirmar que varios de los dispositivos que comenzaron a implementarse sobre los espacios rurales hasta la primera mitad de la década del 40, mostraron una invisibilización de las peculiaridades propias de estos. Sobre la segunda mitad de la década, las políticas sociales parecieron instituirse a partir de un complejo conjunto de relaciones, intereses e ideas que se presentaron en función de reclamos de “justicia social”, pero respondiendo a necesidades de la estructura productiva.
A nivel local, en Córdoba también se asistió a la promoción por parte del Estado de una arquitectura moderna. Los gobiernos provinciales incorporaron el problema de la integración económica territorial como uno de sus ejes de acción. En cuanto a lo habitacional, esta aspiración se vio reflejada en la utilización de un lenguaje asociado a lo urbano, con la pretensión de replicarse sobre el paisaje rural de las pequeñas localidades del interior. En este sentido, el Estado apostaba a que “el progreso rescataría de su atraso al habitante del interior” (Ballent y Gorelik, 2016:154).
La centralidad de las obras públicas para fortalecer el territorio rural se expresó en los gobiernos radicales en Córdoba entre 1936 y 1943, representados por Sabattini y Del Castillo respectivamente, con su eslogan "Agua para el Norte, caminos para el Sur y escuelas para toda la provincia", proyecto que entendía al agro como un eslabón fundamental para modernizar la Argentina (Ortiz Bergia, 2019). Este proyecto se tradujo en la construcción de caminos en la “pampa gringa” y de diques para potenciar la energía eléctrica, el impulso a la educación técnica y agrícola y la promoción de cooperativas para la comercialización de productos agrícolas.
La regionalización construida alrededor de las diferencias productivas que se venía dando a nivel nacional, implicó en Córdoba, la aparición de un discurso que homogenizó y delimitó el territorio provincial a partir de un eje ligado a una matriz económica. La región pampeana siguió constituyendo el parámetro desde el cual fueron pensados los otros espacios, crónicamente fallidos en relación a un “modelo de integración económica hegemónico” (Haesbaert, 2010). A ese criterio, se le incorporaron nuevos sentidos, con la inclusión de una evaluación del impacto social producido por los desajustes económicos. Y es que, la zona Noroeste de la Provincia de Córdoba presentaba significativos rasgos de marginalidad, fundados en la disparidad en términos de desarrollo socioeconómico con la región pampeana. A esto se le sumó un período de profundos conflictos político-ideológicos entre los gobiernos nacional conservador y el radicalismo sabattinista a nivel provincial, lo cual hizo que, las intervenciones estatales dependieran casi exclusivamente de las dinámicas de la agenda provincial y con ello de las profundas brechas en las capacidades materiales y de recursos humanos especializados a este nivel estatal (Ortiz Bergia, 2012).
En ese marco, el gobierno radical cordobés dio comienzo a una etapa tendiente a valorizar la intervención del Estado como medio para reorganizar la sociedad. Así, se desarrollaron políticas más sistemáticas de las enfermedades endémicas en el Noroeste provincial. Para 1938, ya existían registros de la enfermedad de Chagas, cuya aparición supuso un punto de inflexión en aquella concepción romantizada que se tenía hasta el momento de las viviendas rurales. A partir de allí, pasaron a constituirse como el principal factor de transmisión y, a erigirse como objeto discursivo cristalizador de las condiciones sociales, culturales y sanitarias del territorio rural que, bajo los parámetros de la modernidad imperante en la época, se consideraban como “enemigas del progreso”. Este discurso construido alrededor del rancho quedaba expresado en el siguiente fragmento del director de la Estación Sanitaria del Noroeste:
La profilaxis de esta enfermedad va a resultar difícil, por cuanto el triatoma vector encuentra condiciones propicias para su vida, en los ranchos, que construidos de barro, quincha o rama, constituyen la habitación de mucha gente obrera o campesina de esta zona, donde la miseria impera, desmintiendo a cada paso nuestra fama de pueblo civilizado y rico. Para hacer la profilaxis sería necesario incendiar todos los ranchos hoy plagados de vinchucas y levantar en su lugar, la habitación obrera limpia y humana (Argüello Lencinas, 1938; citado en Remedi, 1998:521).
A pesar de que la irrupción del Chagas instaló un discurso que tejió una relación directa entre esta dolencia y las condiciones constructivas de la vivienda rancho, faltarían algunos años para que se llevaran a cabo políticas públicas sanitarias enfocadas a las viviendas rurales.
2.1. La llegada del peronismo y su impacto en las políticas habitacionales
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se inició una etapa caracterizada por la puesta en marcha de políticas sociales más activas, fundamentadas en un punto de vista difundido en aquella época, por el cual la acción estatal debía evitar la desocupación y la miseria de las poblaciones.
En ese marco, en 1946 asume como presidente de Argentina Juan Domingo Perón. En consonancia con la coyuntura mundial, se asistió a la consolidación de discursos sobre planificación que incluyeron la temática de las disparidades regionales en la agenda del Estado, y la generación de planes de regionalización y de reforma económica. De manera que las desigualdades existentes en el territorio fueron convertidas en tópicos de la agenda pública nacional. La situación económica de país al culminar la guerra presentaba dos características principales: por un lado, se disponía de divisas acumuladas de varios años de balanza comercial favorable (los precios de los productos agropecuarios se presentaron en alza, fortaleciendo el saldo). Por otro lado, el sector industrial asociado a la sustitución de importaciones, se amplió y consolidó. Otra área central de ese período fue la salud pública. En lo institucional, se crearon reparticiones estatales dedicadas exclusivamente a esta cuestión, tales como la Dirección Nacional de Salud Pública en 1943 (transformada en Ministerio en 1949). En este marco, el médico sanitarista Ramón Carrillo, (a cargo de esta dependencia hasta 1954), impulsó campañas para la prevención de enfermedades y para la erradicación de otras y se llevaron a cabo masivas acciones de vacunación.
En relación al abordaje del territorio rural, se observó un intento de acción pública más sistemático para su población. Ejemplo de ello es la sanción e intento de aplicación del llamado Estatuto del Peón, que por primera vez establecía derechos para los trabajadores rurales e intervenía en las relaciones laborales en el sector, así como también las políticas de sanitarismo. Si bien esto muestra una atención más sistemática de los problemas, demandas y conflictos de la Argentina rural, en ocasiones estas perspectivas no lograron erosionar la noción de que el crecimiento del país estaba fundamentado en la expansión de los sectores industriales y en la urbanización de la vida moderna. Es decir, persistió la tendencia a tratar los problemas rurales con una lógica urbana y a adecuar la agenda del bienestar social rural con la agenda productiva. Entre 1949 y 1950, las condiciones económicas comenzaron a cambiar. Las autoridades del área económica también cambiaron y las actuales apostaron al fortalecimiento del sector rural, basados en la idea de que era imprescindible aumentar las exportaciones para sostener el crecimiento de la industria.
En términos simbólicos, el peronismo llevó a cabo grandes transformaciones en cuanto a prácticas, lealtades y valores en la sociedad, a través de la incorporación de un sector de la población, hasta entonces excluido, al consumo de bienes tanto materiales como culturales, con lo cual su impronta se caracterizó por ser profundamente social. En ese sentido, se puede afirmar que se produjo un cambio de lo que hasta entonces había sido “´el orden natural de las cosas´ y el ´sentido de los límites´ acerca de lo que se podía o no se podía discutir y expresar legítimamente” (James, 2005; citado en Rosa, 2011: 9). En ese marco, el peronismo hizo aparecer en el escenario coyuntural a diversos sujetos, objetos, conceptos y estrategias discursivas, que en términos generales supusieron una contrafrente a los principios y costumbres de las élites, identificadas con “una estética blanca, europea y culta, y en muchos casos opuesta a la industrialización con visos de autarquía como forma de desarrollo nacional” (Rosa, 2011:9). De esta forma, las figuras del obrero (como trabajador urbano) y del peón (como trabajador rural), fueron referentes del discurso peronista, ya que servían para representar los cambios operados en la realidad socioeconómica del país.
En materia habitacional, durante este período se produjo un quiebre, ya que a partir de allí se comienza a instalar la idea de la vivienda como derecho. Así, la “vivienda digna” pasó a ser un componente que contribuía a la armonía entre capital y trabajo. El “derecho a la vivienda” fue un estandarte en los discursos del peronismo. “El sueño de la casa propia”, funcionaría como expresión de aquella aspiración de ascenso social y de ideario de igualación social, que emergieron en el período. La casa se constituyó en un objeto estratégico para visualizar los cambios sociales y culturales producidos durante el peronismo. En torno a la vivienda, se construyeron una serie de ideas y discursos que impactaron hacia otros conceptos como la familia, las costumbres, los comportamientos sociales, etc. El espacio material de las viviendas, sirvió como productor de las identidades que el proyecto nacional procuraba formar. Tal como plantea Aboy (2003) “El barrio proletario, la ciudad de inquilinos, los pabellones en el parque, en un medio ambiente higiénico y moderno podía ser un escenario apto para moldear los ciudadanos de la Nueva Argentina, bajo la tutela de un estado benefactor y propietario” (: 22). Estas decisiones se materializaron en el uso de tipologías arquitectónicas específicas y diversos cuerpos técnicos, para poder dar respuesta al problema habitacional de los sectores más desfavorecidos.
En los territorios urbanos, y tal como venía sucediendo desde años anteriores, se asociaban los problemas habitacionales a cuestiones de salubridad y morales. En el territorio rural, aunque las deficiencias habitacionales en el sector fueron reconocidas, estuvieron relegadas a un segundo plano con respecto a los problemas habitacionales urbanos. En ese marco, las políticas impulsadas fueron asimétricas en cuanto a su implementación territorial, ya que en la mayoría de los casos, no alcanzó las zonas rurales. A partir de 1947, se inauguró la fase de construcción masiva. Mientras que, en detrimento de estas políticas de crecimiento, y de la mano de la migración interna campo-ciudad que continuaba desde las décadas anteriores, el número de villas miseria crecía.
En Córdoba se pueden distinguir dos períodos durante las décadas peronistas. Un primer periodo caracterizado por la ausencia del Estado, sin iniciativas habitacionales. Un segundo período, a partir de 1949, en el que la provincia dio un fuerte impulso a las obras públicas. En la ciudad capitalina, las políticas de vivienda presentaron transformaciones tanto cualitativas como cuantitativas que impactaron en el escenario urbano y posibilitaron el acceso a la propiedad a una parte importante de la población trabajadora. Para fines de la década de 1940, las viviendas de adobe ya dejaban de ser habituales en la imagen urbana, a medida que las casas de mampostería crecían al ritmo de un mayor acceso al ahorro por parte de las familias. Sin embargo, en poco tiempo el intenso crecimiento poblacional de Córdoba (aproximadamente el 52%), generó un fuerte desfasaje entre la oferta y la demanda de viviendas.
Aunque la proporción de ranchos en la ciudad se redujo, su presencia persistió con la aparición de las “villas de emergencia”. Estos nuevos fenómenos sociales ligados a la vivienda mostraban la desigual distribución del bienestar en la ciudad de Córdoba. Con respecto a esto, el periódico La Voz del Interior describía, en 1954, el barrio Coreo del Norte como un:
Auténtico barrio de las latas, con el rango de su miseria y su ostracismo ciudadano, ha ido absorbiendo en su perímetro de improvisado campamento, como un islote de la necesidad, a muchos de los rezagos humanos de la ciudad, y al presente, más de cien ranchos y suerte de taperas y cubiles, amontonan a una población semi menesterosa, que se refugió allí para tener un lugar de afincamiento (La Voz del Interior, 1954; citado en Ortiz Bergia, 2012:49).
Es posible observar la manera en la que la ciudad se compuso como un dispositivo, en el que la arquitectura, la estética, la localización, construyeron un discurso social, fundado en relaciones de poder: el estado y sus políticas habitacionales y sanitarias, el mercado inmobiliario pujante y el mercado laboral para quienes llegaban a la ciudad desde el campo.
2.2 Disrupciones y continuidades discursivas
El Primer Plan Quinquenal planteaba que, para frenar el éxodo rural a las ciudades y por ende lograr una distribución más racional de la población, era necesario generar políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población rural. En relación a esto, se expresaba que era preciso llevar “a las zonas agrícolas, elementales medios de subsistencia digna que se obtendrán procurándoles vivienda cómoda y medios de aumentar la eficiencia del trabajo” (Cerdá y Salomón 2017:200). En este extracto, es posible advertir una idea por la cual habría que “llevar dignidad” al medio rural, presuponiendo que sus habitabilidades no lo eran.
Posterior al freno económico de 1949, se siguió fomentando la idea sobre el arraigo rural, a través de la intervención en las condiciones habitacionales rurales, convirtiéndose en un objetivo más puntual, escoltado por el concepto de “vivienda digna”. El diagnóstico por el cual se fundamentaba la necesidad de “arraigar al hombre de campo a su terruño, brindándole […] un standard de vida que le permita atender con dignidad a su subsistencia y la de los suyos” (Perón, J. D., 1950; citado en Cerdá y Salomón, 2017:202), puede ser analizado en clave urbanocéntrica e higienista. El componente urbanocéntrico, se cristaliza en la idea de replicar en las habitabilidades rurales, los modos característicos de habitar de la ciudad, naturalizando la idea por la cual los modos de vida citadinos son superiores al resto de las habitabilidades, en este caso, rurales. Estas prácticas discursivas, suponían una continuidad con respecto a las décadas anteriores. En esa línea, el economista Bonifacio Cejuela expresaba:
Demos vivienda adecuada al hombre de campo, enseñémosle a vivir, no solamente facilitándole la compra de la tierra se logra ello, sino permitiendo adquiera elementos para que su nivel de vida sea apropiado; el confort […] influye notablemente en la sedimentación del hombre al medio (Cejuela, 1958; citado en Cerdá y Salomón, 2017:204).
Además, el discurso de la época, suponía bajo una operación generalista y sesgada, que las condiciones de habitabilidad rural carecían de condiciones de higiene. En relación a esto, la Revista de Economía Argentina expresaba en 1946: “es muy común que vivan familias muy numerosas en los famosos ranchos, carentes, la mayoría de las veces, de las más elementales condiciones de espacio e higiene” (citado en Cerdá y Salomón, 2017:203). Paralelamente, las acciones en el ámbito de salud a cargo de Carrillo, fueron protagonistas para pensar el problema de la vivienda rural. El Ministro planteaba que la vivienda colaboraría a resolver los inconvenientes en materia de salud del sector rural, “llevando las ventajas sanitarias de la ciudad al medio rural”, sosteniendo la idea de “urbanizar al campo” característica de los años treinta. No obstante, esto no se plasmó en acciones concretas. Al igual que en la etapa anterior, los planes de vivienda se centraron en las ciudades, “donde las realizaciones aseguraban mayor visibilidad de la gestión y las insuficiencias eran estimadas más apremiantes, dejando al descubierto nuevamente, la visión “urbano-céntrica” de su abordaje” (Cerdá y Salomón, 2017:201).
En este sentido, es posible observar que el peronismo presentó algunos elementos disruptivos y también ciertas las continuidades, al interior de sus prácticas discursivas. Por una parte, instaló un discurso revalorizador de prácticas, costumbres y representaciones de las clases populares, reapropiándose de la estigmatización de éstas por parte de los sectores medios altos y altos de la sociedad argentina e invirtiendo su sentido negativo. En el caso específico del territorio rural, esto se expresó en la promoción de un discurso reivindicativo del trabajador rural, encarnado en la figura del peón. Sim embargo, por otra parte, es posible observar ciertas continuidades reflejadas en la persistencia de un planteo obturado sobre la necesidad de llevar esos “ideales” al territorio rural como única manera de mejorar sus condiciones de vida, sin advertir las peculiaridades de las formas de vivir rurales. La efectiva prioridad que ocuparon las políticas habitacionales rurales en relación a las “urgencias” del hábitat urbano, son pruebas de ello.
Para las décadas de 1940-1950, la Provincia de Córdoba estaba dividida, según el Ministerio de Asuntos Gremiales provincial, en tres regiones: una zona agrícola-ganadera (conformada por los departamentos Río Segundo, Tercero Arriba, San Justo, San Martín, Unión, Marcos Juárez, Juárez Celman, Roque Sáenz Peña, General Roca, Santa María y Río Cuarto); una segunda zona, caracterizada principalmente por la riqueza forestal (conformada por los departamentos Totoral, Tulumba, Río Seco, Sobremonte, Cruz del Eje, Ischilín, Minas y Pocho); y una tercera zona distinguida principalmente por contar con la principal industria hotelera y la riqueza minera de la provincia (compuesta por los departamentos de Punilla, San Alberto, San Javier, Calamuchita y Colón) (Antinucci, 1952; citado en Ortiz Bergia, 2019:6). Detrás de cada una de estas zonas, se erigieron discursos legitimados y expresados en los lenguajes oficiales, con el objetivo de distinguir a cada una de ellas. Sin embargo, a pesar de esta pretensión de presentar una alternativa en las formas de regionalización del espacio cordobés, la dicotomía noroeste pobre/sureste rico, seguía siendo la categorización más importante al momento de etiquetar el territorio de la Provincia.
Con el advenimiento del peronismo, la asimetría característica de este binomio, se presentó como una diferencia que el Estado debía remediar. Algunos dirigentes peronistas introdujeron la noción de que la zona norte no solo era “pobre y atrasada” sino que además constituían “zonas hasta ahora huérfanas de toda colaboración estatal” (Auchter, 1947; citado en Ortiz Bergia, 2019:16). Sin embargo, esta visibilización en el campo discursivo no supuso un quiebre de las jerarquías existentes y, en materia de políticas públicas, si bien fue dispar en cuanto a las diferentes áreas de intervención, no terminaron de revertir la construcción simbólica del abandono histórico de la región.
Una muestra de ello se puede observar en materia de vivienda rural, donde no hubo políticas específicas destinadas a este sector. El ámbito de mayor intervención por parte del Estado fue la salud, expresado especialmente en dos elementos: por un lado, en la expansión de infraestructura sanitaria (construcción de hospitales, dispensarios, consultorios, salas de primeros auxilios atendidas por enfermeros locales); y, por otro lado, en un impulso muy importante a las políticas preventivas de salud, tanto desde el nivel nacional como provincial. En ese marco, en la zona del noroeste cordobés, enfermedades como el paludismo, la brucelosis y el Chagas8 comenzaron a instalarse como problema sanitario de importancia.
3. El desarrollo del hábitat rural
Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento de la Guerra Fría, cambiaron las estrategias de intervención por parte de las potencias mundiales hacia el resto de los países. Ya no se trataba de ataques directos como antes, sino de intervenciones a través de mecanismos indirectos. En ese marco, desde Estados Unidos como único centro hegemónico de poder, se desplegaron una serie de iniciativas, diseñadas en cooperación con los gobiernos latinoamericanos, que giraban en torno a un nuevo concepto: el desarrollo.
El desarrollo comenzó a ser entendido como política internacional y nacional de modernización. A través de una concepción evolucionista, unilineal y con pretensión universal, se planteó como modelo el de los países capitalistas dominantes de occidente. Esto consolidó un paradigma moderno, industrial y urbano, que debía cumplir un rol dinámico en la transformación de un sector “atrasado y necesitado” de alcanzar ese ideal de desarrollo. Para ello, la incorporación de tecnología moderna, de avances científicos y la inversión de capital e infraestructura que posibiliten el aumento de la producción, la productividad y los ingresos, constituyeron la base de la transformación estructural propuesta. En el medio rural, esto implicaba modernizar la tecnología utilizada en el sector agropecuario, impulsar la agricultura comercial y promover una rápida industrialización y urbanización, para reemplazar un sector tradicional basado en la agricultura de subsistencia, de baja productividad y con escasas articulaciones con el mercado comercial (Lattuada, 2014).
Alrededor del concepto de desarrollo, se desplegaron mecanismos que vinculaban los comportamientos económicos, sociales y personales con los objetivos sociopolíticos, que en aquel momento apuntaban principalmente a evitar que las sociedades latinoamericanas se vieran inmersas en el discurso comunista (Miller y Rose, 1990). De esa manera, se desplegó lo que Escobar (2007) denomina la institucionalización y la profesionalización del desarrollo. Para la década de 1960, el discurso de desarrollo ya había permeado en Argentina. Este hecho se observó en la constitución de una gubernamentalidad del desarrollo, que impactó en la instalación de agencias, la capacitación de personas, publicaciones y la circulación de conceptos en torno a este nuevo modelo. Este período se caracterizó por un alto grado de institucionalización y concentración de las actividades científico-tecnológicas, tendientes a construir una estructura nacional de desarrollo.
A partir de la década del 60, se profundizaron las transformaciones en las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones rurales. Si bien estos cambios tuvieron sus particularidades regionales y locales, fue un fenómeno común a los territorios rurales de toda América Latina. Una de las razones de esto, tuvo que ver con el impulso a la recuperación agropecuaria, fruto de nuevas inversiones y medidas llevadas a cabo por los actores que veían en el sector agrícola una clave fundamental para estructurar el modelo de desarrollo. En este marco, “la tenencia de la tierra, la promoción de la tecnología, la eficiencia y el desarrollo social de la comunidad signaron las iniciativas en torno al papel de la familia agrícola, en consonancia con las recomendaciones de los OI y el apoyo norteamericano a América Latina” (Gutiérrez, 2009; citado en Ortiz Bergia, 2020:29).
Otra de las razones que se encontraba en estrecha relación con las transformaciones acaecidas en el territorio rural, tenían que ver con el despoblamiento de esas zonas y por ende, la concentración poblacional en las ciudades. Estos movimientos migratorios internos campo-ciudad, seguían encontrando su motivación en la creencia, construida por los discursos de la modernidad (ahora del desarrollo), por los cuales el estilo de vida citadino era estimado positivamente, al tiempo que se desvalorizaba al campo como lugar de residencia.
En relación a la vivienda, el desarrollo comenzó a permear las medidas en Argentina. Desde la arquitectura se apostaba al planeamiento regional y a la dispersión humana como herramientas para asegurar un desarrollo balanceado y progreso social tanto en las áreas urbanas como en las rurales. En particular, la vivienda rural era considerada por los arquitectos, como un instrumento significativo de planificación y distribución racional de la urbanización, favorecer una producción eficiente y mejorar las condiciones de vida. Dentro del sector público, aunque la atención se enfocó mayormente en los problemas habitacionales urbanos, había quienes reconocían que la “crisis de la vivienda” alcanzaba al campo. A partir de entonces, los diseños para el mejoramiento de las condiciones de vivienda de la población rural, giraron en torno al “bienestar rural”, como categoría experta para la evaluación de los múltiples e interdependientes elementos que componían la vida rural. El “bienestar rural” como concepto del desarrollo, estaba integrado, tal como plantea Ortiz Bergia (2020), por códigos morales, normas estéticas, reglas de conducta, que servían para justificar el “bajo nivel de vida” de los campesinos, expresado en sus malas condiciones habitacionales, en contraste con el progreso de los sectores urbano. De esta manera, alrededor de este concepto orbitaban múltiples y variados indicadores, que servían de parámetros para determinar aquellas condiciones necesarias de ser transformadas.
3.1 El rol de los organismos internacionales
En los años 70, las problemáticas sanitarias rurales cobraron centralidad a nivel internacional llevando a cabo una fuerte difusión de campañas de saneamiento, prevención, promoción comunitaria de salud y la generación de una agenda técnica fuertemente orientada a conocer, diagnosticar, intervenir y transformar los espacios rurales (Cueto y Palmer; citado en Ortiz Bergia, 2020). Las enfermedades como el Chagas, y sobre todo su dispersión hacia los territorios urbanos (producto de las migraciones campo-ciudad), hicieron que las condiciones de vida de la población rural cobren centralidad en los discursos políticos. Para la década de 1960-1970, el Noroeste de Córdoba ya se había constituido discursivamente como una entidad problemática.
A finales de los años 70 en Córdoba, los programas sanitarios provinciales tenían como prioridad “la atención de la madre y el niño, la lucha contra la enfermedad de Chagas y la atención de la salud en las zonas sanitarias 1 y 2 (norte y oeste provincial)” (Provincia de Córdoba, 1977; citado en Ortiz Bergia, 2020:88). En función a esto, en la provincia fueron ejecutados programas destinados a la prevención y control del Chagas y se creó la figura de los “promotores sanitarios rurales” que ejecutaban políticas de prevención de las endemias rurales. Sin embargo, estas intervenciones se vieron restringidas, ya que, en aquel entonces, la inversión en salud en los niveles subnacionales, se interrumpió y el desempeño de las agencias estatales se vio afectado por los permanentes recambios institucionales, dada la inestabilidad política del período.
Hacia finales de la década, se estimaba que el 70% de la población adulta en la región noroeste de la provincia estaba infectada de Chagas (Provincia de Córdoba, 1977; citado en Ortiz Bergia, 2020). Las principales causas atribuidas a la proliferación de esta enfermedad eran “las deficientes condiciones de infraestructura como viviendas, agua potable, sistemas de desechos óptimos y acceso a los servicios de salud” (Ortiz Bergia, 2020:85). En relación a lo habitacional, la cantidad de ranchos de la región, eran presentados en el discurso público como la principal razón para la propagación de la enfermedad. En ese sentido, las explicaciones imperantes en aquella época expresaban que “La proliferación de esta enfermedad parasitaria era el producto de las condiciones del hábitat rural, el predominio de los ranchos, los altos índices de pobreza y la falta de educación para la salud”. (Ortiz Bergia, 2020:85). A través de ese discurso, se terminaba de instalar la asociación entre el rancho y el Chagas. Lo cierto es que la acuciante situación del Chagas en el noroeste, era producto, en gran parte, por la deficiencia del sector sanitario de la zona. Este hecho, se veía reflejado en las asimetrías en la distribución de los recursos médicos y las dificultades para asegurar servicios de salud básicos.
En el plano latinoamericano, a partir de los años 70, se llevaron a cabo en distintos países (Brasil, Venezuela, Argentina, entre otros), una serie de proyectos de diseño experimental bajo el auspicio de la OMS. Los estudios probaron diversos métodos de tratamiento de la enfermedad de Chagas para conocer su epidemiología. Si bien los informes de la OMS de principios de los años 90 sostenían la eficacia de algunos de estos métodos en el control de vectores, se puede observar cómo el organismo construyó a través de sus discursos, al rancho como causante de la propagación de la enfermedad. Es decir que los diseños arquitectónicos también jugaban un papel fundamental en la conducción de los sujetos hacia un ideal de desarrollo. En este sentido el informe expresa:
Una serie de características físicas y tipos de uso, que son comunes a las viviendas de los habitantes rurales de menos recursos de América Latina, favorecen la colonización de los vectores. En las características físicas influyen los tipos de materiales de construcción empleados, la tecnología de la construcción aplicada y el hecho de que el acabado de la mayoría de las casas es inadecuado o inexistente, y en cuanto a los tipos de uso, se trata de los hábitos y estilo de vida de los campesinos (OMS, 1991:52).
Al mismo tiempo, mediante la misma operación discursiva, la organización llevaba a cabo un análisis de los Determinantes sociales de las condiciones de vivienda inadecuadas (OMS, 1991), a través del cual, el campesino era considerado como un sujeto discursivo pasivo ante el contexto que lo rodea. En ese sentido expresa: “Los factores psicosociales, hacen que el campesino piense que es muy poco lo que puede hacer para combatir las enfermedades o determinar su propio futuro. (…) No sería realista pretender que el campesino mejore su casa por su propia cuenta” (OMS, 1991:53).
En Argentina, estas cruzadas experimentales de la OMS, se ejecutaron en zonas rurales de provincias del Noroeste del país. En términos metodológicos, este tipo de proyectos, generalmente invertían grandes esfuerzos técnicos en estudios de factibilidad que justificaran las inversiones y créditos otorgados. Al mismo tiempo, las líneas de acción se construían en sentido unidireccional desde los organismos de planificación y crédito hacia las poblaciones rurales pobres, hecho que trajo aparejado el fortalecimiento de relaciones de asistencialismo, paternalismo y asimetría en el interior de las comunidades (Lattuada, 2014). Estas primeras intervenciones sentaron las bases para las siguientes, las cuales, más allá de sus particulares abordajes, coinciden en algo: en la desatención de las costumbres, espacios, intereses e historias de los campesinos.
4. La consolidación de las tecnologías neoliberales de gobierno
La década de 1990 se caracterizó por políticas de ajuste, reforma del Estado y apertura económica en toda América Latina. En ese marco, el dinamismo experimentado por el sector agropecuario, tuvo como contrapartida un acelerado proceso de concentración, que amplió la brecha entre productores competitivos y no competitivos, trabajadores formales e informales, ciudades superpobladas y campos despoblados, ricos y pobres. Tal como expresa Valcárcel (2006), el desarrollo desde la perspectiva de la modernización, proponía sentar las bases para reproducir en todos los países las condiciones que caracterizaban la situación de las naciones económicamente más avanzadas: industrialización, alta tasa de urbanización y educación, tecnificación de la agricultura y adopción generalizada de los valores, principios y formas de organización de la modernidad (orden, racionalidad y actitud individual). En otras palabras, se comenzó a desplegar una tecnología de gobierno neoliberal que no tardó en instalarse.
En el medio rural, estas transformaciones se expresaron, entre otras cosas, en la introducción de insumos artificiales de origen industrial en las actividades agrícolas. La emergencia de este modelo fue posible, en parte, por las condiciones internacionales vinculadas a la difusión de normas y estándares de producción. La racionalidad en la que se enmarcan estos procesos de modernización de la producción agropecuaria se apoya en la construcción de una visión de mundo que potencia la creación de escasez tanto en el presente como en el futuro. El espacio rural no escapó de esa construcción conceptual, fundamentados en discursos y prácticas que promueven la linealidad del crecimiento económico (traducido como eficiencia productiva), el progreso y el desarrollo.
En Argentina, hasta la década del ‘90, la problemática de desarrollo rural no había formado parte de la agenda pública, dado que recién con el retorno a la democracia en 1983, se iniciaron en el país las primeras experiencias de programas de desarrollo rural. Pero a partir de allí, se pusieron en marcha una variedad de programas de asistencia y de desarrollo en distintas regiones, con diversos beneficiarios, modelos de intervención, fuentes de financiamiento, agencias responsables y actores públicos y privados involucrados. No obstante, los programas fueron insuficientes para paliar la magnitud de la crisis y la velocidad de concentración de la estructura agraria. Con el correr de la década, el desmantelamiento de la política social en el país ya era de gran magnitud. El lugar de la estructura agraria argentina comenzó a experimentar profundas transformaciones, cuyas manifestaciones más importantes fueron el incremento en la escala de los sistemas productivos, la desaparición de productores en muchas regiones del país y la concentración de las unidades de producción9. Todo este escenario profundizó la desigualdad económica y social en el país.
Paralelamente a la perspectiva de desarrollo centrada en la modernización, emergió otra propuesta de desarrollo, incorporando cuestiones ecológicas, sociales y culturales, dando lugar a las categorías de desarrollo sostenible, ecodesarrollo u otro desarrollo. Si bien estas propuestas intentaban complejizar el abordaje del concepto, el foco central siguió estando puesto en el desarrollo y por lo tanto el progreso como camino unidireccional siguió estando presente10. Al mismo tiempo, más allá de los diferentes paradigmas del desarrollo, persistió aquel relato por el cual se explicaba el funcionamiento del espacio rural en función a su opuesto: la ciudad.
El modelo cientificista agropecuario se terminó de consolidar a fines del siglo XX. Este modelo, centrado en la agroproducción de comodities, profundizó la incorporación de agentes tecno-científicos-informacionales en la producción agropecuaria, en conjunto con instituciones del agro, a través de la difusión de un discurso y estrategias tecnologizantes que influyeron en las decisiones tomadas por el estado. El comienzo del siglo XXI, trajo aparejado un perfeccionamiento en la innovación tecnológica (cultivos transgénicos, informática, etc.), junto con una retracción del mercado financiero y una proliferación de capitales extranjeros. Todo este escenario, profundizó las diferencias sociales que afectaron a los individuos, las familias y las organizaciones agrarias.
Las políticas habitacionales en la provincia de Córdoba fueron consecuentes con el contexto nacional e internacional. Una de las más relevantes fue la adaptación de los programas de vivienda a las demandas de los organismos financieros internacionales, que tuvo como consecuencia la apertura económica y la desregulación de la economía y, por lo tanto, la caída estrepitosa de las prestaciones sociales del Estado y de la demanda de mano de obra. Al mismo tiempo, las iniciativas habitacionales incorporaron como protagonista al tercer sector en los procesos de participación y en la gestión mancomunada de los recursos. La introducción abrupta de las ONG como brazo ejecutor de fondos para la acción social, encontró su justificación en el proceso de retirada del Estado y simultáneo relego de sus responsabilidades hacia otras entidades, sectores o agencias distantes del centro estatal, propias de la implementación de tecnologías neoliberales de gobierno.
En relación al territorio rural del noroeste de Córdoba, a partir del año 1983, bajo la gobernación de Eduardo Angeloz, se puso en marcha un proyecto financiado por el BID, para construir partes de viviendas que cada beneficiario necesitara. Sin embargo, esas políticas no se sostuvieron en el tiempo, en gran parte por las profundas transformaciones acaecidas en los territorios rurales en los años venideros. En las elecciones provinciales de 1995, el Partido Radical volvió a ganar las elecciones, esta vez representado por Ramón B. Mestre. Durante su gobernación, en el marco del Pacto Federal Educativo de 199411, se erradicaron escuelas rancho en algunas localidades del noroeste de la Provincia, como la de El Chacho o la de Piedritas Blancas. Un elemento que quedó en evidencia con la implementación de esta política fue el desconocimiento de las virtudes edilicias de las escuelas y su concordancia con las características y condiciones propias del lugar. En ese sentido, un técnico del INTA, expresaba:
“La erradicación de la escuela rancho, para mí, fue fundamental, porque es la que trajo la primera política masiva que yo veo que es el antecedente al cambio de las viviendas (…) ahí comienza a haber lo que fue y ahí está bueno hacer un análisis de lo que es la lógica de los proyectos ¿por qué? porque (…) nunca tuvo desarrollo local… Y ahí sí entra: compren local, veamos qué material, que la capacitación es un plus… todo lo que trae la construcción más localizada…” (Entrevista Técnico Extensión Rural INTA Cruz del Eje, 15/10/2020).
Con el triunfo de José Manuel de la Sota en el año 1999, se da inicio a una operación discursiva por la cual se buscaba la diferenciación con el gobierno radical precedente, especialmente en relación a los sectores rurales de la provincia. En ese marco, en 2006 se asiste al diseño e implementación del Plan de Sustitución de Viviendas Precarias y Erradicación del Mal de Chagas.
Conclusiones
Este artículo parte del planteo de que las formaciones discursivas que emergen en cada período histórico, han impuesto una forma de concebir el mundo, modelando percepciones que sirven para legitimar y sostener en el tiempo los modelos que se pretenden instalar o consolidar. A partir de allí, nuestro análisis se erigió mostrando cómo fue construida discursivamente la noción de hábitat rural, en los planos nacional y local como escalas analíticas, para demostrar que aquellas definiciones que estructuran las políticas públicas actuales, están ancladas en construcciones discursivas históricas.
El proyecto de Modernidad estableció parámetros que organizaron el tiempo y el espacio teniendo como patrón de referencia a la experiencia europea, hecho que fue posible gracias a un discurso que operó naturalizando esa supremacía. Esta disposición, produjo que la sociedad moderna se autoperciba como superior, transformando al resto de las expresiones culturales, de las sociedades, de sus formas de organizarse y de conocer, “no solo en diferentes, sino en carentes, en arcaicas, primitivas, tradicionales” (Lander, 1993:24). Esta “universalidad” impuesta a las experiencias particulares de cada sociedad alrededor del mundo, fue absolutamente excluyente ya que, tal como plantea Lander (1993), de ese espíritu universal no participan igualmente todos los pueblos. De manera que, la Modernidad delimitó al mismo tiempo, un interior y un exterior. En ese marco, al ahondar en el escenario nacional argentino de finales del siglo XIX y p
çrincipios del XX, observamos que el proyecto modernizador se encontraba instalado, acontecimiento que sirvió para comprender por qué la élite gobernante de aquel momento, estableció una serie de dispositivos con el objetivo de “alcanzar” aquel modelo societario propio de Europa. En ese afán, aquella “macro-diferenciación” moderno/no moderno, fue la base a partir de la cual una diversidad de elementos al interior de la sociedad argentina, comenzaron a ser concebidos en pares opuestos, de acuerdo a si se encontraban “más o menos dentro” del proyecto modernizador. Este esquema organizativo, no solo sirvió a la simplificación de las particularidades y complejidades, sino que impuso un modo de concebir la realidad a partir de pares dicotómicos.
Uno de los elementos en los que operó esa diferenciación dicotómica moderno/no moderno, fue el hábitat, expresándose en la significación de lo urbano/rural. A partir de allí, reconocemos un proceso por el cual la ciudad se erigió como espacio referencial del hábitat, invisibilizando las particularidades de las otras formas de habitar. Bajo ese modelo, la ciudad fue comprendida como el lugar de la cultura y del progreso y el campo como el espacio de atraso. Al mismo tiempo, la vivienda como expresión material del hábitat, también se organizó de acuerdo a pares contrapuestos en función especialmente de los materiales utilizados para su construcción. En ese marco, el rancho se constituyó como objeto discursivo representante de las formas no modernas de habitar, y así tempranamente se fundaron las condiciones para que se llevaran a cabo en el país los primeros antecedentes de políticas de erradicación de este tipo.
Para que este modelo diferencial moderno/no moderno pudiera sostenerse en el tiempo, fue acompañado de una serie de construcciones discursivas que lo legitimaron, lo reprodujeron y lo hicieron sostenerse en el tiempo. Esas formaciones discursivas fueron transformándose a lo largo del tiempo, mutando en sus significaciones, haciendo emerger algunos elementos diferentes, haciendo surgir estrategias discursivas que se adaptaran a las condiciones históricas de cada tiempo; sin embargo, ese trasfondo entre hábitat legítimo/ilegítimo fue una constante en la organización de los discursos habitacionales. Desde principios del siglo XX hasta la actualidad, esto puede observarse tanto en Argentina en general como en Córdoba en particular. Y es justamente esa constante la que funciona como hipótesis interpretativa que, como pujas de sentidos, se desplegaron a lo largo del artículo.
En ese sentido, es posible afirmar que el PSVPEMCh es la expresión cristalizada de todos los órdenes moderno/coloniales que fuimos mostrando a lo largo de la investigación, en tanto es el concepto de desarrollo, el que funciona como eje estructurador de estas prácticas de intervención estatal. Las relaciones que se establecen entre los elementos que la componen, tienen determinadas características que los hacen ser los instrumentos que operan simbólica y materialmente. En ese marco, el hábitat urbano toma una fuerte preponderancia en detrimento del hábitat rural. Una vez más, lo urbano se estableció como el modelo aspiracional sobre el cual avanzar, y el hábitat rural como aquello que se debe erradicar.
Sin embargo, es preciso seguir indagando en la tarea de construir otras realidades posibles. Cuando Foucault expresa que la realidad no es lineal, sino que es un entramado de hechos que se van tejiendo para formar una red de relaciones, lo que está queriendo expresar es que hay algo de todo ese entramado que no es (porque no puede ser) controlado por los dispositivos de poder; la realidad presenta siempre una serie de acontecimientos que son fortuitos. Y es justamente ahí, en esos intersticios, en donde los discursos de la resistencia pueden componer otros escenarios. Desde ahí, es necesario promover nuevas formas de subjetividad que supere esa individualidad que ha sido impuesta por siglos.
Tal como plantea el análisis posestructuralista, al interior de las prácticas discursivas se determinan quién puede hablar, de qué se puede hablar, desde qué puntos de vista e inclusive, qué es posible de ser imaginado. De esta forma, el horizonte debe estar puesto en sacar a la luz aquellas articulaciones discursivas históricamente injustas, para colaborar a construir desde este ínfimo lugar, otras formas de ser y estar más justas; para colaborar a construir, tal como dicen los zapatistas, un mundo en el que quepan muchos mundos.
