2. Despojo y desentierro de lo oculto. Los extractivismos en los territorios rurales

En los territorios rurales, fundamentalmente en aquellos cercanos a las urbes, la ruralidad - comprendida como la relación que se construye entre la población y el territorio-, se configura de una manera particular a partir de la concurrencia de la apropiación del espacio por parte del capital y las urgentes necesidades sociales habitacionales, dando lugar a nuevos modos de habitarlos. Los estudios de la periurbanización, la nueva relación campo-ciudad o la expresión territorial de lo urbano y lo rural se profundizan desde principios del siglo XXI (^{Ávila Sánchez, 2005}; ^{Garaiges de Lemos et. al., 2006}; ^{Tecco, 1999}) dando cuenta de las nuevas formas de territorialización del capital. Estas se vinculan con la realidad configurada a partir de la salida que encuentra el capital en la década del 70 ante la crisis de sobreacumulación de la posguerra y la ruptura del equilibrio fordista entre capital y trabajo (^{Composto y Navarro, 2014}). El neoliberalismo sentó las bases jurídicas, políticas y económicas sobre las que se desarrollaron los modelos mega extractivistas, que -sustentados en la racionalidad económica moderna y con la naturaleza convertida en fuente de recursos-, utilizaron la violencia, el fraude y la depredación para acumular.

A este proceso, llevado adelante por el capital, ^{Harvey (2005}) lo denomina “acumulación por despojo”, y lo relaciona directamente con la acumulación originaria descripta por ^{Marx (1957}) en el Capítulo XXIV del Capital, en el que alude a la génesis del capital en el marco de “la expropiación de la gran masa del pueblo, privándola de la tierra y de los medios de vida e instrumentos de trabajo, esta horrible y penosa expropiación de la masa del pueblo forma la prehistoria del capital” (: 239). El mismo autor, afirma que este proceso implantó la depredación, el fraude y la violencia como pilares fundacionales del capitalismo, implicando tanto procesos de expansión colonial a nivel global como al interior de las economías capitalistas ya consolidadas. Reconoce un carácter permanente y no sólo generativo del capitalismo en los territorios que incluyen “la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad - común, colectiva, estatal etc.- en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes…” (^{Harvey, 2005}: 113).

De este modo, los despojos de la naturaleza y de los “mundos vividos” por las personas son la contracara necesaria de la reproducción ampliada del capital (^{Composto y Navarro, 2014}). Los mega extractivismos refieren fundamentalmente a estos procesos contemporáneos de “extracción predatoria de ingentes cantidades de materias primas que serán valorizadas como commodities en el mercado global, con indiferencia de las consecuencias ambientales y sociales provocadas en los sitios de extracción” (^{Rabinovich y Arach, 2018}: 79). La megaminería, la explotación de hidrocarburos, de la vida de los mares, los monocultivos transgénicos en grandes extensiones, se constituyen en algunos ejemplos de modelos de la acumulación actual que se reproducen y sustentan en una racionalidad económica y en los supuestos de la modernidad.

La instalación de megaproyectos extractivos, implica la reconfiguración de los territorios, y el surgimiento de múltiples disputas por los diferentes modos y “sentidos de ser/estar en el mundo” (Porto ^{Gonçalves, 2017}). En estos procesos, se van subsumiendo relaciones sociales, productivas, ecológicas y políticas a una lógica instrumental que conlleva la ruptura de lazos comunitarios, la destrucción de las economías regionales, la pérdida de diversidad cultural y la degradación de las condiciones ambientales (^{Composto y Navarro, 2014}).

Pero son precisamente los sujetos quienes van construyendo el espacio, el territorio y su relación con la naturaleza, gestando distintas territorialidades a partir de las luchas y de relaciones que establecen en los distintos ámbitos de acción cotidiana. En este sentido ^{Viñar (2019}) afirma que “el territorio se construye desde múltiples territorialidades que se solapan, este concepto pone el acento en la forma en la cual los actores, a través de sus prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas, se organizan en el espacio y, sobre todo, le dan significado” (: 112).

Esta idea conduce también a reconocer aquella dimensión inmaterial del territorio que se encuentra fuertemente imbricada con la material en una relación que dificulta separar “lugar y población” (^{Giraldo, 2018}: 83). Desde allí, se comprende que los procesos de desterritorialización siempre implican despojo físico, pero a la vez simbólico, es decir, la irrupción en el espacio biofísico habitado y en aquellas perspectivas del ser/hacer/conocer atadas a estos lugares.

De esta manera, los modos de acumulación del capital en los territorios rurales latinoamericanos, se van transformando en un proceso complejo y conflictivo en el que se desarrollan territorialidades múltiples que establecen diferentes relaciones con la naturaleza y particularmente entre los sujetos y sus cosmologías. En los espacios cercanos a las ciudades, se presentan características singulares, ya que la relación de los sujetos con lo rural y la naturaleza se renueva en el marco de una expansión particular pero que en definitiva, se funda en la misma racionalidad extractiva. De este modo se van generando procesos de desterritorialización en esos espacios, dando lugar a nuevos escenarios en el que prevalece una imposición racional e instrumental de la lógica capitalista (^{Haesbaert, 2013}).

En el actual contexto global, la necesidad de expansión geográfica del capital en los territorios rurales, se expresa a través de un enjambre de maniobras de acumulación por despojo que buscan nuevas fuentes de riqueza en la naturaleza. En estas estrategias se hace presente la “particular forma de significar el mundo, según los códigos de la ciencia económica y los supuestos simbólicos de la modernidad occidental” (^{Giraldo, 2018}: 106). Se construyen modelos fundados en supuestos y creencias que implican la necesidad de desocultar lo oculto en la naturaleza, para ponerlo en función del hombre como centro de la existencia; considerándola como algo externo al sujeto, es decir, como un objeto pasible de conocer para dominar y planificar con el fin de hacer más eficiente su usufructo.

Efectivamente, la “búsqueda insaciable de desocultar cada elemento de la tierra para extraerlo y volverlo presencia disponible, y así convertirlo en recurso ‘útil’ para la acumulación económica y la valorización del capital” (^{Giraldo, 2018}: 26), es una característica constituyente de los extractivismos, y está particularmente presente en la explotación de la tierra con fines residenciales de las periferias urbanas, donde el elemento a extraer es diferente: en la tierra fraccionada y comercializada de los territorios rurales lo que se convierte en valor de cambio serán características particulares que se le adjudican a lo rural, a la vida en la naturaleza y al paisaje.

Esta revalorización del espacio rural para fines residenciales se va generando dado que la ciudad, como espacio de vida, en alguna medida entra en crisis desde la década de los 90, no sólo por el abarrotamiento y hacinamiento poblacional que consumió el espacio para viviendas dentro de los éjidos urbanos, sino también porque, tal como postula ^{Carneiro (1998}):

La sociedad fundada en la aceleración del ritmo de la industrialización pasa a ser cuestionada por la degradación de las condiciones de vida… El contacto con la naturaleza es, entonces, realzado por un sistema de valores alternativos, neo-ruralista y antiproductivista. El aire puro, la simplicidad de la vida y la naturaleza son vistos como elementos “purificadores” del cuerpo y del espíritu contaminados por la sociedad industrial. El campo pasa a ser reconocido como espacio de ocio o incluso de residencia (: 56).

En este marco, se descubren características deseables en lo rural que reúne aspectos que los hacen atractivos para vivir, generando un nuevo valor de cambio que le agrega a la tierra-mercancía. Este deseo quizás se funda en aquel conjunto de representaciones sobre el mundo natural intocado o intocable al que alude ^{Dieguez (2000}), cuando describe que el espacio presenta “elementos míticos, que reportan a la idea del paraíso perdido, de la belleza primitiva de la naturaleza anterior a la intervención humana, de la exuberancia del mundo natural que lleva al hombre urbanizado a apreciar lo bello, lo armonioso, la paz interior proveniente de la admiración del paisaje intocado” (: 56). La seguridad, la tranquilidad, lo impoluto, lo apacible, incluso “la participación en la vida comunitaria” (^{Wanderley, 2009}: 219) del idílico mundo rural, son presentadas como característica asociada a la parcela y su entorno, y puestas en valor por el mercado inmobiliario creciente. De este modo, la racionalidad económica mercantiliza la naturaleza, las conductas ecológicas y los valores culturales (^{Leff, 2004}).

El capital inmobiliario descubre estas tierras situadas en las afueras de las ciudades, esta naturaleza que estaba reposando en la soledad y el silencio, la hace presente como mercancía. De manera concomitante, se desarrolla una cuidadosa planificación territorial por parte de grupos económicos y del Estado, en sus distintos niveles jurisdiccionales, que proyectan y ejecutan grandes obras de rutas, barrios y redes de servicios públicos (agua, gas, luz, fibra óptica) que se trazan en mapas y dibujan tejidos reticulares que se densifican cerca de las arterias principales que se dirigen a la ciudad; formas que de alguna manera parecen redes de tuberías que extraen de los rincones de los espacios rurales esos valores que busca el capital: la tranquilidad, la apacibilidad, la seguridad, el espacio que brindan los entornos naturales.

Este proceso, fundado en la tecnología y la planificación moderna, se asienta fuertemente en la idea de “progreso” en la que “las sociedades transcurren en un decurso civilizatorio en donde todo futuro será superior al presente” (^{Giraldo, 2018}: 38). De tal forma, se avanza hacia la inevitable modernización, donde todas aquellas creencias que no sean afines con las lógicas de la modernidad occidental, están condenadas a desaparecer. Así se transcurre de lo atrasado a lo moderno, de lo subdesarrollado a lo desarrollado, de lo rural a lo urbano, y el pasado, el polo inicial de esta dicotomía, se convierte en aquello que ha de ser superado.

El despojo y la avasallante racionalidad económica que buscan aquella utópica acumulación sin fin, van transformando -en su dimensión material e inmaterial-, la vida rural de estos territorios. Son precisamente las prácticas concretas de los sujetos, la vida cotidiana, la historias, los artefactos y las distintas expresiones de la vida social, los que construyen las realidades y territorializan las identidades. En tal sentido, ^{Machado Aráoz (2011}) afirma:

No solamente se cortan los flujos de relaciones sobre los que se funda la vida en general, y la ecología humana en particular, sino que además se produce un vuelco histórico inédito que invierte radicalmente los fines, objetivos, modos de concepción y funcionamiento del sistema de prácticas sociales relativas a la producción y abastecimiento de las necesidades vitales (: 17).

El poblamiento aparentemente descontrolado sobre estas zonas rurales; la implantación de grandes obras de infraestructura que agilizan el tránsito y el acceso; el tendido de redes de diversos servicios básicos; la explosiva construcción de viviendas, complejos turísticos y habitacionales; la división de la tierra con cercamientos; la alteración de la flora existente para adecuar las posibilidades de edificación y convivencia; así como los cambios en los modos de producir alimentos y de relaciones; entre otras manifestaciones, son aspectos de un fenómeno que se relaciona con procesos de despojo y con aquella racionalidad económica fundada en la cultura y el pensamiento de la modernidad.

3. Procesos de desterritorializaciones múltiples del Valle de Paravachasaca

Paravachasca es una región de la Provincia de Córdoba, caracterizada oficialmente como un valle turístico y que toma su nombre del vocablo con el que denominaban a estos terruños los habitantes comechingones. La tradición le adjudica al término el significado de “monte o vegetación enmarañada”, posiblemente “en razón de la existencia de gran cantidad de algarrobos, quebrachos, talas, espinillos, cocos, chañares, molles y otras especies” (^{Mazzucco, 1998}) que caracterizaba el territorio.

El límite oeste de esta región lo conforma el extremo meridional de las Sierras Chicas, cordón montañoso que le pone coto a la región pampeana argentina. Así, la zona combina un sector de llanura y otro de sierras, en los cuales crecen incesantemente la ciudad de Alta Gracia y otros poblados más pequeños que se agrupan en torno a los ríos Anisacate y Los Molinos como Anisacate, Villa La Bolsa, Los Aromos, La Serranita, San José de la Quintana, Villa San Isidro, Los Molinos y Dique Chico (Figura 1).

Fuente: https://www.paravachasca.ar/

Figura 1. Geolocalización del Valle de Paravachasca (Córdoba, Argentina) 

En el período colonial, este territorio fue sede de estancias que proveyeron de víveres a diversos sectores del poder eclesial en base a trabajo esclavo e indígena. Desde fines del siglo XVIII, estas grandes extensiones de tierra quedaron paulatinamente en manos de familias de alto poder adquisitivo que residían en la ciudad de Córdoba fundamentalmente. A principios del siglo XX, figuran entre los compradores algunos inmigrantes italianos recién llegados que arribaron con las divisas necesarias para adquirir extensiones de entre 70 y 400 hectáreas. En ese período, la producción de frutales, cereales y el tambo ocupó abundante mano de obra y proveyó de alimentos a la ciudad de Alta Gracia y Córdoba (^{Mazzucco, 1998}). Algunos pobladores actuales, refieren que esta fuerza de trabajo provenía de unidades domésticas que ocupaban tierras más marginales o parcelas de las estancias con producción para el autoconsumo y que vendían excedentes (ganado menor, zapallo, etc.) en estas ciudades cercanas.

A fines del siglo XIX, un hecho importante comienza a moldear también el perfil económico de la región: el ferrocarril llega a la ciudad de Alta Gracia, fundamentalmente para llevar la cal y balastro de antiguas canteras jesuitas. El tren también se convirtió en el principal medio de transporte que favorecerá el turismo en la región, una actividad promocionada en otras regiones particularmente por las condiciones geográficas y climáticas del lugar. El creciente interés de los turistas por la región, llevó a construir residencias y establecimientos para alojar a las familias provenientes de todo el país. Así, en 1906 se colocaron los primeros cimientos de la obra que sería el Sierras Hotel de Alta Gracia, un famoso complejo hotelero con lujosas prestaciones que atrajo un público de alto poder adquisitivo. Estos factores comenzaron a abonar el territorio de la ciudad y de las zonas aledañas generando condiciones propicias para el desarrollo de emprendimientos relacionados a la actividad turística.

A partir de la década del 40, con el desarrollo del turismo social, la actividad turística comenzó a hacer presión sobre la tierra, fundamentalmente en las zonas serranas y más próximas a los ríos de la región. En relación a esta cuestión ^{Moreschi (2014}) describe: “alrededor del núcleo original de la estancia de Anisacate y por la delimitación de veinte loteos, se crearon las áreas urbanas que nacieron con un sentido netamente turístico, en la cual se establecieron numerosos pobladores estacionales con una pintoresca tipología de casas de fin de semana algunas sencillas, otras relevantes…Se radicaron además colonias y complejos de vacaciones de distintos gremios de diferentes provincias, se crearon los campings, balnearios, confiterías y negocios que dieron fama a la región del Anisacate” (: 12)

De esta manera, la tierra de algunas estancias fue fraccionada y vendida a particulares o empresas loteadoras, perdiendo paulatinamente su función productiva. En ese período, los “loteos” de parcelas para uso residencial se promocionaron para la venta fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero la mayoría no logró ser vendida. Fraccionadas legalmente y “desocupadas” o “abandonadas”, fueron utilizadas de hecho por pequeñas unidades domésticas para la producción familiar de alimentos particularmente. Este hecho, como más adelante se describe, es fundamental para comprender el modo de avance de la urbanización en las últimas décadas.

El proceso de fraccionamiento de la tierra no fue exclusivo de esta región, sino que se produjo de forma global en distintos puntos serranos desde la primera mitad del siglo XX. En el año 1949 se sanciona la ^{Ley Provincial N°4146} que crea el denominado “Régimen de fraccionamiento en loteos en el territorio de la Provincia” que, en su artículo 3, impuso disposiciones a las que se debían ajustar los nuevos fraccionamientos de la tierra para uso residencial, realizados en los ejidos municipales, en “lugares habitables en zonas de turismo” o en “lugares simplemente habitables”. De esta manera, la normativa aporta criterios para el tamaño de los lotes resultantes, de los espacios verdes, los espacios comunitarios, las dimensiones de las calles, impone requisitos, disposiciones administrativas y pautas para publicitar el negocio de la venta de terrenos. Así, la transformación del paisaje se va constituyendo de forma enmarañada entre un tejido de casas de veraneo o de fin de semana -asentadas en fraccionamientos con diferentes características según el año de su aprobación-; y un entramado productivo regional de pequeña o mediana escala.

En el período del ocaso del siglo pasado y los albores del XXI, el capital agroextractivo irrumpió en la región con la propuesta del paquete tecnológico para el cultivo de soja transgénica. De este modo, aquellos productores locales de la región que contaban con un mayor capital de tierras adoptaron paulatinamente este modelo, a la vez que abrió la entrada a otros actores foráneos que encuentran en este lugar un espacio propicio para el negocio agroexportador propiciando un claro proceso de concentración de la tierra².

Abruptamente, el verde sintético y homogéneo de la soja, se expandió por toda superficie llana del valle, reemplazando la relativa policromía y diversificación existente por producciones agropecuarias homogeneizadas que ocasionaron una radical simplificación de los ecosistemas. De esta manera, la mancha verde se expandió penetrando en los tejidos poblacionales a fuerza de pocas y modernas sembradoras, cosechadoras y químicos que ya no demandaban la fuerza de trabajo que sostenían aquel paisaje irisado. Esta situación fue determinando un cambio en la actividad agraria en la región: se redujo la mano de obra ocupada en actividades rurales, disminuyeron las extensiones de tierras ociosas, se aminoraron los cultivos domésticos cercanos a las líneas de producción agroextractiva debido a la afección por parte de los agroquímicos; y paulatinamente fueron desapareciendo otros actores rurales como los encargados de la producción ya que las estancias se fueron arrendando y los predios de mayor superficie se convirtieron paulatinamente en pooles de siembra, empresas o grandes extensiones de sembradíos.

De este modo, la idea hegemónica del “progreso en el campo” se fue instalando en la región, materializándose paulatinamente en artefactos como las cosechadoras y los mosquitos fumigadores que comenzaron a ser parte del paisaje regional, mientras que los viejos tractores, rastras y arados se fueron descartando o destinando a decoraciones de los jardines o para la construcción de casas con estilo campestre. La mayor parte de lo producido en esas grandes extensiones no es consumido ni utilizado para generar fuentes de trabajo en la región, debido a que se destinan a la exportación.

En la misma década, y de manera solapada a la expansión del agronegocio, el territorio comenzó a ser afectado por un sector del negocio inmobiliario, debido a la expansión de la mancha urbana sobre regiones cercanas a grandes ciudades. En un primer momento avanzó sobre aquellos terrenos de loteos no materializados³ y posteriormente sobre amplias extensiones productivas que se convertirían en amplios y lujosos barrios residenciales. Este proceso de urbanización, inicialmente se desarrolló a través de procesos de despojo de las tierras habitadas por décadas por unidades domésticas que producían y/o realizaban tareas rurales para terceros ya que no contaban con títulos de propiedad.

Estas extensiones de tierra se ubicaban en los sectores de la sierra de baja rentabilidad y sobre loteos con planos aprobados pero que quedaron sin comercializarse, es decir, sin uso residencial ni productivo. Esta población fue expulsada con mecanismos más o menos violentos, según los casos, cuando comenzó a incrementarse exponencialmente el valor comercial por la creciente demanda del espacio para fines residenciales. Las metodologías para el despojo fueron diversas; algunas sustentadas en procesos que se desencadenan a partir de la sanción de controvertidas leyes provinciales⁴, y otras más relacionadas con procesos compulsivos de apropiación directa (desalojos, amedrentamientos y persecuciones), todas impulsadas por particulares con fin en común: quedarse con las tierras sin dinero a cambio para disponerlas a la venta.

La connivencia, incluso la coparticipación de los estados locales, fue un factor fundamental para que estos procesos se logren concretar. Por diversos motivos, los gobiernos comunales y municipales despertaron un súbito interés por la materialización de los loteos mediante la marcación de calles, el desalambrado, la anexión de zonas grises o rurales a sus ejidos, el reclamo de deudas por tasas de terrenos dibujados en planos que en el territorio real eran predios productivos de pequeña escala. De hecho, no fueron pocos los casos de autoridades gubernamentales y funcionarios involucrados en el intercambio por dinero de escrituras de cesión derechos posesorios o certificados de libre deuda impositiva de terrenos.

Esta debilidad jurídica en torno a la propiedad y la posesión de la tierra, habilitó además otros mecanismos para la apropiación de terrenos por parte de personas que, de forma colectiva o individual, fueron tomando y ocupando los terrenos ociosos. De este modo, y apelando al recurso del conocimiento jurídico, a la organización colectiva o al mero impulso generado por la necesidad habitacional; vastos sectores territoriales fueron ocupados de hecho por población proveniente de diversos puntos geográficos. Estas formas de habitar el territorio generaron importantes hechos de violencia y confrontaciones entre vecinos, con agentes comercializadores formales e informales y con personas o empresas que habían comprado o usufructuado el conjunto de lotes ocupados.

En esta yuxtaposición de procesos expansivos extractivistas, cuyo mayor apogeo se produce al inicio de la segunda década del siglo XXI, va complejizando la convivencia entre modelos de uso del territorio. Esta tensión de territorialidades se fue materializando a través de luchas, reclamos e iniciativas de vecinos que emprendieron fuertes protestas para la regulación del uso de agroquímicos, debido a la cercanía de las viviendas con los sembradíos de monocultivos. Estos reclamos inauguraron un proceso, que propició el cambio de las reglas de explotación y usos de la tierra, poniendo límites a la forma de utilización de químicos tóxicos para la salud humana en las cercanías de los poblados. Así, en 2012 se prohibieron y restringieron las fumigaciones en Anisacate y Alta Gracia. De este modo, los dueños de la tierra que se ven impedidos de hacer usufructo de la producción agrícola hegemónica deciden mayormente hacer efectivo el capital dando lugar a grandes loteos y barrios residenciales. Se produce así un movimiento de la frontera agropecuaria capitalista, cediendo espacio a la frontera urbana que hasta la actualidad sigue avanzando y expandiéndose a lo largo y ancho del valle.

Como correlato de estos procesos de urbanización, los paisajes del valle se van transformando adquiriendo paulatinamente singularidades urbanas. Imponentes carteles crecen sobre los márgenes de la ruta y en las redes sociales exhibiendo las numerosas virtudes que ofrece la región a través de frases publicitarias como: “urbanizaciones conscientes y sustentables”; “disfrutar la naturaleza, descubrir tu lugar en las sierras”; “un ámbito ideal y equilibrado, para vivir fuera de las grandes ciudades rodeado de naturaleza y encontrar todo lo que necesitas a sólo cinco minutos (colegios, supermercados y hospitales”. Estas estrategias de marketing se traducen, inclusive, en el nombre de los loteos o urbanizaciones que remiten a todo aquello necesario para vivir y resguardarse de ese mundo urbano: “monte”,” aires,” “lomas”, “vistas”.

La mancha urbana de la región crece vertiginosamente al ritmo de la población que va arribando. Este proceso es acompañado e impulsado con grandes inversiones en obra pública que mejoró los accesos a la región, a la vez que posibilitó habitarla con una moderna dignidad basada en el consumo de ciertos bienes y servicios básicos. En este marco la red vial desde hace 20 años, se densifica y expande de manera sostenida. Las paralelas Ruta Provincial Nº 5 (RP5) y la Nacional N°36 eran la única vía de acceso a este valle, y en el transcurso de estas dos últimas décadas se convirtieron en autovías iluminadas en su tramo hasta Córdoba. Se asfaltaron más de 80 kilómetros de antiguos caminos de ripio que unían distintos parajes rurales y vías secundarias, como lo son las actuales rutas C45, la E56, la S523 que unen distintos valles turísticos y residenciales de Córdoba (el valle de Calamuchita hacia el Sur, el de Punilla hacia el Norte y el de Traslasierra al Oeste). A la vez que la ruta C45 hacia el este conecta la ruta Nacional 9 que lleva a la Capital Federal. Este entramado de líneas asfálticas va conformando el denominado “segundo anillo” de Córdoba en torno al cual las distintas localidades van creciendo edilicia y demográficamente. En la actualidad se está construyendo un tramo paralelo a la RP5, que incluye en su trazado un nuevo puente sobre el río Anisacate, y que expandirá en un tramo de 28 km el entramado urbanístico sobre zonas que hoy cuentan con baja densidad poblacional, donde existen producciones agropecuarias de baja escala y persiste escaso monte nativo de la región. Al interior de las localidades, también se espesa el tejido urbano: caminos internos que expanden las nuevas viviendas y nuevas calles que atraviesan lo que, hasta hace escasos años atrás constituían sembradíos o corrales de animales.

A su vez el crecimiento poblacional fue exponencial, por ejemplo, la localidad de Anisacate contaba con 981 habitantes en 1991, mientras que en 2019 se contabilizaron alrededor de 9.000 personas residentes⁵. La expansión de los servicios públicos en la región es una muestra clara de este claro fenómeno de expansión urbanística en la región. Un ejemplo de ello se refleja en los datos que provee la Cooperativa de electricidad y servicios Públicos Anisacate Limitada., -que distribuye la energía eléctrica en la región-, quien pasó de tener 1.800 cuentas en el año 1995 a un total de 8.500 en el 2022, contabilizando un incremento anual del consumo residencial de entre el 10 y 12% en la última década. El tendido eléctrico acompaña por el aire el margen de las calles, expandiéndose gracias a obras que permitieron una mayor dotación de tensión para la zona, y por el subsuelo, cañerías van llegando paulatinamente hasta las viviendas, trasladando en un entramado subterráneo el agua de los ríos y de las napas profundas.

En 2018 una reconocida firma brasileña se encargó de instalar en la región, más específicamente a la vera de la RP5, el gasoducto central, que muy sosegadamente se va expandiendo por las calles internas, creando nuevas formas de calefaccionar, calentar el agua y cocinar. Esta obra trajo también por el subsuelo de las márgenes de la vía asfáltica principal la troncal de fibra óptica que va acercando en los últimos tiempos el nuevo servicio esencial de Internet entre otras prestaciones novedosas y modernas de servicios que resuelven necesidades aún no tan sentidas.

Asimismo, se fueron implementando importantes superficies comerciales en las que, de maneras más masivas y en el marco de un orden más moderno, proveen grandes cantidades de elementos de primera necesidad, así como recreación o servicios turísticos de alojamiento. Hipermercados, estaciones de servicio, complejos de cabañas, complejos recreativos, bares y restaurantes van acompañando a los automovilistas que se trasladan por la ruta principalmente, aunque en distintos rincones de las localidades cercanas a los cursos de agua también se irguen como rústicos mojones del progreso.

En este contexto, no solamente el forzamiento de la imposición de colores homogéneos y de las líneas rectas de los loteos, de las redes asfálticas y de servicios, cortan y afectan los ciclos naturales de la flora y de la fauna, sino también lo hacen la imposición de suaves y ordenadas curvas de parques y jardines con césped y vegetación que reemplazó al enmarañado monte nativo que se encuentra en peligro de extinción en la provincia. Por otra parte, el agua y el entorno ecológico y cultural que se construye en torno a ella, está siendo profundamente afectados por estos avances, ya que es considerada y tratada como un mero bien de consumo. La deficiencia del sistema de tratamiento cloacal de la ciudad de Alta Gracia y ausencia de metodologías colectivas de abordaje de estos desechos en las otras localidades, ha contaminado napas, arroyos y el río principal aguas abajo; mientras que aguas arriba, este curso ha sido perforado y embalsado para proveerla a la creciente población, poniendo en grave riesgo su caudal, la flora y la fauna que conviven con él. Los desechos domésticos, que crecen al ritmo de la población, cuentan con sistemas públicos precarios de recolección y ausencia de tratamiento, su depósito en el ejido de algunas comunas se realiza a orillas del río contaminando el agua, y en todos los casos vertiendo los lixiviados a las napas subterráneas y aportando a su contaminación. Entre estos hechos, que parecen recurrentes en distintos puntos geográficos de la Provincia, en esta región se da uno singular, que implicó el desmantelamiento de un sistema hídrico artificial, constituido por canales y acequias -algunas que datan de la época de las estancias jesuíticas-, que debido a las filtraciones de humedad en las construcciones particulares o para la adecuación del trazado de obra urbanística fueron cerrados en su totalidad y algunos enterrados.

No sólo las condiciones materiales de vida de los humanos que habitaban este territorio en proceso de transformación han sido afectadas. El cercamiento, el tránsito, los ruidos y la mayor densidad poblacional van corriendo la fauna a sectores más alejados donde pueden reproducirse y vivir con menos riesgos. A su vez, anualmente centenas de animales humanos y no humanos mueren, son mutilados o discapacitados en las rutas altamente transitadas.

De esta manera, el curso del desarrollo urbanístico en Paravachasca impone una idea de progreso aparentemente inevitable que propone superar el estadio que ya es parte del pasado, en el que primaba lo atrasado, lo desordenado, lo precario, lo lento, lo amenazante para la salud, lo esforzado, pero descubriendo y desocultando aquellos valores que se le asignan a lo rural. En esa dirección llegará el agua por medio de cañerías hasta la puerta de las viviendas, la luz mediante el tendido eléctrico, el acceso a los alimentos mediante grandes superficies comerciales, se “limpian “los terrenos para implantar otras especies diferentes a las autóctonas, ya no se trabaja tanto en la tierra y hay trabajos limpios como el de las oficinas o comercios, por ejemplo. Se deja atrás aquel tiempo en que el agua se implicaba en una relación vecinal, se vivía más a oscuras, se producían alimentos y se convivía más con el monte que aportaba alimentos y leña. Ese pasado, quizás no tan lejano, es relatado por algunos históricos vecinos como si fuera parte de otra historia, y en ocasiones, con un dejo de vergüenza o de hazaña extraordinaria: “así vivíamos”, “no teníamos nada”, “era mucho más difícil vivir”, “hoy se puede vivir en el campo con las comodidades de la ciudad”.

La lógica urbano capitalista de habitar los espacios, ha trasladado muchos de aquellos problemas de inseguridad, contaminación, estrés y salud a esta geografía, socavando, o más bien, extrayendo hasta su agotamiento, aquellas características que otorgaban el valor de cambio que impulsó la comercialización de estas tierras. (Figura 2)

Fuente: Google Earth

Figura 2. Imágenes satelitales del Valle de Paravachasca de 2005 y 2022 

Esta breve genealogía realizada da cuenta que el Valle de Paravachasca ha quedado integrado al circuito de acumulación del capital, articulando sus modos de producción más o menos campesinos con la economía capitalista e integrado totalmente al modo de producción de la agricultura moderna y extractiva desde la primera hora mediante la tecnología de punta implementada en los campos y estancias de la llanura fundamentalmente.

Lo que se busca en esta breve descripción histórica, no es afirmar -como en otras situaciones en las que se describe la irrupción del extractivismo-, que la racionalidad económica se instaló en esta región cuando unas décadas atrás era un “refugio” o reducto resguardado de la lógica moderna y una sociedad con características precapitalistas. La particularidad es que en el marco del neoliberalismo, la materialidad del territorio ha sido transformada abruptamente a partir del modo en que se expresan las creencias y valores que sustentan la racionalidad económica, transformando características que se le asignan a la naturaleza y a lo rural en valores de cambio, fraccionando así la tierra, en parcelas con usos residenciales, ordenando y planificando el espacio para ponerlo en función de la acumulación del capital.

4. Despojo de formas productivas y sus implicancias en la soberanía alimentaria

El proceso de construcción social y apropiación del espacio en el marco del avasallador despliegue de múltiples modelos extractivistas que van confluyendo en el valle, le inscriben al territorio un carácter marcadamente conflictivo que deviene de la disputa permanente, en los planos materiales e inmateriales, no sólo por el valor y uso de la tierra sino también por los modos de vida que comienzan a enmarañarse. Esta situación desnuda una tensión de territorialidades en la que se enfrentan formas diversas que adquieren los sentidos de ser/estar en el territorio, en una correlación de fuerzas que pareciera favorecer a la propuesta modernizante del capital acompañada por todos sus dispositivos. En este marco de avance de este modo de producción agrícola y de urbanización capitalista, la reconfiguración del territorio va sometiendo relaciones sociales, productivas, ecológicas y políticas a una lógica instrumental, transformando los lazos comunitarios, la economía regional y degradando las condiciones ambientales, a la vez que ha promovido el desenvolvimiento de otras redes de interacción entre los recientes e históricos pobladores.

Es preciso comprender que esta expansión del capital en el valle se produjo en un territorio cuya estructura social agraria comprendía unidades domésticas productivas con características campesinas, que llevaban adelante pequeñas extensiones de huerta, aromáticas, producción de zapallos, miel, aves de corral, ganado menor y a veces vacas, y donde el cercamiento de la tierra constituía un factor fundamental para el aprovechamiento de las pasturas en la alimentación de los animales. Se ubicaban de manera dispersa en todo el territorio, fundamentalmente sobre tierras serranas donde las dificultades para practicar la agricultura y ganadería desfavorecieron la renta de estas actividades en relación a la expectativa del agronegocio. Pero también se asentaban en pequeñas extensiones de tierras llanas -entre 0,5 a 30 hectáreas- que constituían aquellos truncos loteos.

Como se mencionó, diversos mecanismos materializaron el despojo de la tierra a estos productores, algunos inclusive se realizaron de forma violenta e impulsiva. Los más comunes fueron diversos acuerdos que se producían en el marco de una franca asimetría de poder, en el que el productor obtuvo el derecho posesorio o escritura de posesión de una superficie menor -o del terreno en el que estaba edificada su vivienda-, a cambio de renunciar a los derechos de la otra gran parte a favor del especulador que lo amenazaba con la posibilidad de perder todo. De esta manera, gran parte de estas unidades domésticas perdieron superficies, lo cual les impidió continuar las producciones del modo en que las venían realizando. Otros desalojos se produjeron de manera solapada con la acción urbanizadora de los gobiernos locales: el desarrollo apremiante de los loteos implicó en muchos casos desalambrar compulsivamente los campos y marcar calles que desconfiguraron totalmente -y en pocos días-, extensiones de tierra que eran usadas para contener los animales.

En este marco de disputa, se pone en tensión también el plano inmaterial a través de los diferentes modos de habitar el territorio. De hecho, una de las principales problemáticas derivadas de esta nueva configuración social planteadas por las unidades domésticas para el sostenimiento de las actividades productivas, refieren a las diferentes representaciones de lo rural que le imprimen los nuevos actores sociales al territorio. Sostienen que cada vez se hace más complejo mantener producciones pecuarias, no sólo por la imposibilidad adquirir tierras para producir o expandir los emprendimientos, sino -y particularmente- porque los nuevos vecinos realizan denuncias constantes por los olores provenientes de las mismas o les efectúan reclamos incesantes por la invasión de animales a los jardines, de moscas o abejas en sus piscinas. En consecuencia, fueron surgiendo paulatinamente reglamentaciones (ordenanzas y resoluciones comunales) que fueron obstaculizando y desfavoreciendo las posibilidades de sostener algunas producciones agropecuarias, obligando en muchos casos a su reubicación o desaparición total.

El proceso de cerramiento de los terrenos, también tuvo implicancias negativas -tanto productivas como sociales y culturales-, porque no sólo imposibilitaba la disposición de predios que permitían el pastoreo libre, sino además, dificultaba y reducía la comunicación tradicional entre pobladores. Un ejemplo de ello es la reconfiguración e incluso desaparición de los senderos o líneas de deseos⁶ trazadas históricamente por las personas residentes, a través de la irrupción de los alambrados provenientes tanto del agronegocio como de las residencias particulares, dado que fue paulatinamente impidiendo la circulación de las personas por los espacios históricos de tránsito. Por consiguiente, se vieron obligados a extender sus senderos por las rutas formalmente trazadas, ocasionando amplias caminatas por zonas más riesgosas debido a la confluencia de los vehículos que circulan, o a depender de vehículos propios para moverse en la región.

Despojados de sus tierras, cercados, con sus predios reducidos, con vecinos nuevos de diferentes identidades e idiosincrasias, los pequeños productores se vieron obligados a reconfigurar sus estrategias de reproducción social, rediseñando -en la medida de sus posibilidades- estrategias individuales y colectivas para sostener sus actividades productivas. El cierre perimetral de los predios, la implantación de corrales, de gallineros, los sistemas de riego y de aprovechamiento del agua de lluvia, fueron estrategias de adaptación a las nuevas condiciones que posibilitaron en menor espacio continuar con la cría de animales y cultivos. Muchas veces estas estrategias fueron acompañadas por organizaciones técnicas estatales o no gubernamentales que incrementaron su participación en la región en las últimas décadas.

La diversificación⁷ fue otra de las estrategias que implementaron muchas unidades productivas. En ocasiones, esto se tradujo en intentos de incorporar producciones novedosas como cultivos de azafrán o cría de codornices, aunque estas iniciativas, -impulsadas particularmente por organizaciones sociales o técnicas-, tuvieron un anclaje débil, por lo que no pudieron sostenerse en el tiempo. No obstante, la reconversión de la base productiva doméstica, transcurrió fundamentalmente por la venta de la fuerza de trabajo en tareas de mayor demanda en la región no vinculadas a lo agrario. En este sentido, aquellos grupos domésticos lugareños que venían atravesando en sus historias paulatinos procesos de proletarización, en la actualidad se encuentran insertos en trabajos relacionados a la construcción, el mantenimiento de parques y jardines, trabajos domésticos de limpieza y cuidados en casas de otros, el comercio o el empleo público.

Muy pocos articularon inicialmente con el proyecto agroproductivo de oleaginosas sembrando algunas hectáreas de soja o maíz, y se capitalizaron; otros lograron acumular algún dinero con la negociación de sus tierras y pusieron un pequeño negocio o construyeron cabañas para el turismo. Estas escasas experiencias bastaron para que los gobiernos locales o los desarrollistas inmobiliarios graficaran el modelo de vida propuesto por el imparable “progreso” que adviene, subsumiendo y enterrando aquellos arcaicos y desvalorizados modos de vida más relacionados con la tierra.

Este proceso de desterritorializaciones y despojos múltiples implicó en los pequeños productores la desestructuración de sus mundos, modos de producción, temporalidades, significados y sentires (^{Giraldo, 2018}), y forzó de alguna manera a poner sus cuerpos a disposición del proyecto de acumulación del capital que transforma su territorio. De esta manera, las matrices extractivas imperantes en la región produjeron un importante debilitamiento de los sistemas locales de producción alimentaria -es decir, de las formas de reproducción de la vida a partir de estilos particulares de apropiación de la naturaleza- así como una acentuada dependencia del mercado extraregional de alimentos. Paulatinamente, fue disminuyendo el abastecimiento de alimentos de producción local como la leche, miel, huevos, gallinas, frutas, verduras e inclusive las producciones de tipo caseras derivadas de dichos productos.

Frente a este panorama regional no podemos soslayar la consecuente implicancia que tienen estos procesos sobre la cuestión de soberanía alimentaria de la región. Para ^{Holt Giménez (2013}), “soberanía significa que, además del acceso a los alimentos, la población de cada país tiene el derecho a producir” (: 51). Este mismo autor refiere que el control de la producción es fundamental para que las poblaciones tengan el acceso asegurado a los alimentos a lo largo de todo el año, y lo que verdaderamente garantiza la soberanía sobre sus vidas. Postula además que la soberanía alimentaria es más que un concepto: “Es un principio ético y un estilo de vida que no se correlaciona con una definición académica, sino que surge de un proceso colectivo y participativo, popular y progresista, cuya esencia se enriquece a través de varios debates y discusiones políticas agrarias en las organizaciones campesinas” (^{Holt Giménez, 2013}: 53).

Sin dudas este principio es un marco poderoso para organizar respuestas al sistema agroalimentario global que hoy tiene una fuerte presencia en la región estudiada. Para ello, la conexión del control y la toma de decisiones en forma local y democrática con las actividades que sustentan los modos de producir y comercializar alimentos podría constituirse en un poderoso agente de cambio en muchos niveles (^{Holt Giménez, 2013}). En este sentido nos preguntamos ¿los constantes despojos y desplazamientos sobre los espacios productivos ha disminuido la autonomía regional para producir y consumir alimentos? ¿Cuáles son las posibilidades concretas que este nuevo territorio otorga a la población para facilitar procesos que promuevan la soberanía alimentaria? Además, si comprendemos que la soberanía alimentaria es un concepto que se construye a partir de la soberanía popular ¿Es posible re-tejer, recrear y construir colectivamente nuevas formas y tramas a favor de la soberanía alimentaria en la región?

5. Los procesos de reterritorialización en clave de soberanía alimentaria. Cartografías inconclusas de experiencias emergentes en el Valle de Paravachasca

Más allá de las formas descarnadas y renovadas del despojo capitalista que avanza incesantemente en el valle -y que configuran una cartografía de la devastación (Toro ^{Velosa, 2021})-, constantemente prosperan otros modos de hacer y habitar el lugar que irrumpen como una especie de fisura rebelde en el interior de la frenética pulsión de muerte del capitalismo (^{Giraldo y Toro, 2020}). En este contexto, se dibujan, tejen y trazan experiencias vivas vinculados al respeto, la protección y la defensa de la vida en el territorio que se direccionan hacia diferentes frentes: el bienestar físico, la salud o la economía, la espiritualidad, la bioconstrucción, la agroecología, la alimentación alternativa, pedagogías alternativas de educación, comunicación social y defensa de los seres naturales. Estas iniciativas “son impulsadas por los habitantes que no sólo desean vivir de forma sencilla, sino que están movilizados para que los territorios que habitan circulen por procesos de transición hacia formas de producción, consumo e intercambio sostenibles” (^{Mattioli, 2018}: 157).

Las motivaciones son diversas, pero particularmente surgen como respuesta a la preocupación local por la preservación de los bienes comunes naturales y del ambiente frente al avance del extractivismo, la depredación de los ecosistemas y la contaminación. Se erigen allí numerosas apuestas productivas, socioculturales, educativas y constructivas a partir de redes comunitarias (^{Mattioli, 2018}), que son capaces de narrar otra historia ante la hegemonía del sistema capitalista imperante y aportan otras estéticas al paisaje de la región. Estas nuevas territorialidades alternativas, van delineando una especie de cartografías de la esperanza, que podrían implicar en sí mismo un movimiento de reterritorialización, es decir, “una reconstrucción sobre otras bases simbólicas, incluyendo otros deseos, afectos, sentidos, percepciones, emociones y discursos que derivan en una nueva producción del espacio” (Toro ^{Velosa, 2021}: 22).

Una característica significativa que inscriben estas experiencias es el interés común por sustituir los valores de racionalidad económica y productivista imperante, orientando las acciones hacia un tipo de ética y racionalidad ambiental, más conectados a los entramados de vida. Podemos comprenderlas como estrategias de contrapoder, que funcionan como líneas de fuga frente a lo instituido y lo hegemónico, ya que no necesariamente buscan confrontar, oponerse o cuestionar de forma directa el orden establecido, sino que se trata de una potencia afirmativa que crea otros sentidos, se escabulle y emprende un camino discreto y paulatino de transformación (Toro ^{Velosa, 2021}). Si bien algunas experiencias se encuentran en forma embrionaria -y otras se van hilvanando y deshilvanando constantemente-, proponen y ensayan salidas ontológicas, epistémicas y éticas relacionales, que se contraponen a los modelos de la devastación que se constituyen como síntoma de la concepción del ser separado de la naturaleza (^{Giraldo y Toro, 2020}).

Se trata de vivencias individuales, familiares o colectivas que vienen ensayando nuevas y renovadas formas de regeneración de vínculos fértiles para sostener la vida (^{Gutiérrez Aguilar et. al., 2018}), y que intentan impugnar y subvertir el mundo que habitamos. En ellas se anclan proyectos de vida y nuevos modos de pensar, de hacer, de sentir, de relacionarse entre humanos y no humanos. Esto se produce en espacios cada vez más amplios y densos, pero donde aún persisten los lazos sociales cercanos, donde los ritmos son más lentos, donde lo no humano está más presente y los ciclos de la naturaleza son aún más evidentes. Estas expresiones se originan y desprenden de la diversidad y heterogeneidad de formas del habitar que le inscriben las personas que van ocupando el territorio. De este modo se crean formas de conocer el mundo, de vivirlo y de producir alimentos que tiene características promisorias de cambios ontológicos más profundos, relacionados con modos horizontales de relacionamiento, con procesos de creciente autonomía y cuyo devenir es incierto ante los caminos que se abren.

Las iniciativas de espacios de encuentro, luchas y resistencia emprendidas desde agenciamientos colectivos diversos en la región -temporales o permanentes- “tejen redes de base local que nutren la vincularidad en los procesos de producción del hábitat, dando lugar a territorialidades emergentes: habitabilidades que crean maneras mutuamente enriquecedoras de interacción entre las personas y entre éstas y su espacio vital (^{Mattioli, 2018}: 6). Estas experiencias, que podrían comprenderse como el resultado del encuentro entre cuerpos⁸, dan cuenta de expresiones cotidianas en las que se despliegan tramas vinculares que religan a los habitantes en nuevas formas de territorializar el lugar que habitan.

Particularmente en este trabajo, nos interesa particularmente destacar y nombrar aquellas iniciativas que proponen otras lógicas de producción y consumo de alimentos, que crean y recrean identidades y procesos diversos, dotando de otro significado a los alimentos. Diversas experiencias que se despliegan a lo largo del territorio han comenzado a construir alternativas que moldean otras formas de vinculación con el alimento y discuten el modelo agroalimentario en un sentido integral, poniendo de relieve la necesidad de amasar procesos colectivos, que incluyan a agricultores y consumidores como parte de una misma trama (^{Rossi, 2020}).

Pudimos reconocer una aglomeración de acciones -algunas más silenciosas que otras- que se vienen multiplicando de forma simultánea al acrecentamiento de la cantidad y diversidad de actores en el territorio. La heterogeneidad de estrategias y saberes desplegados en las mismas se derivan justamente de esta multiplicidad de visiones, formas de pensar y sentir el territorio de los diversos actores que actualmente habitan el valle.

Si bien consideramos que hay limitaciones para clasificar la población en grupos, y que todo intento es arbitrario, reconocemos que el tiempo de residencia en el lugar, los intereses y deseos puestos en juego en la confluencia en el territorio y las relaciones que van enlazando configuran distintas posiciones y características de los sujetos que ensayamos determinar con fines analíticos. Teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en la zona, hay grupos domésticos que residen desde hace más de 20 años, que provienen mayormente de familias que habitaron en el lugar por varias generaciones y han observado y vivido los cambios de este período. A su vez hay grupos domésticos “nuevos” o “los recién llegados” como los denomina Julieta Quirós (²⁰¹⁹) describiendo procesos similares en otros puntos geográficos de la provincia, que se asentaron en el marco del proceso de crecimiento poblacional descrito. Esta clasificación simple y arbitraria, por supuesto, no determina grupos con características homogéneas.

Entre los residentes más antiguos hay una evidente diversidad de trayectorias y situaciones desde las que se va construyendo un modo de estar y habitar el territorio. Están aquellas personas que nacieron en el lugar; quienes contaban con extensiones más grandes de tierra que les posibilitó mayor producción; personas pertenecientes a familias cuyas historias se han cruzado en algunos conflictos y disputas; también aquellos completamente proletarizados que se han alejado definitivamente de los trabajos con la tierra; y muchas otras trayectorias que van gestando los modos desde donde y como se vive y se construye este territorio.

A su vez, el movimiento migratorio ciudad-campo ha impactado en el desarrollo poblacional de la región, contribuyendo con la policromía del tejido social. Se entrelazan una diversidad de historias y experiencias de personas que, cuestionando las virtudes de la vida citadina, buscan un modo de vida alternativo en la región. En una descripción inacabada, se puede reconocer la existencia de una multiplicidad de actores sociales: un grupo que podría denominarse como “los hippies”, que son familias generalmente jóvenes, permacultores que construyen viviendas con materiales alternativos (adobe, madera local, objetos reciclados, etc.); también están los que arriban al lugar fundamentalmente por la accesibilidad económica de la tierra que posibilita la construcción de la vivienda propia que en ocasiones sostiene su vida laboral en la ciudad de Córdoba o Alta Gracia; pero también existen aquellas familias residentes en la ciudad de Córdoba -e inclusive de Buenos Aires-, que construyen una segunda en la región con la finalidad de ser utilizada como lugar de descanso para la época estival o fines de semana y con la idea de que se conviertan en permanentes a la hora de jubilarse o cuando las condiciones laborales lo posibiliten. De forma creciente, se constituyen barrios o zonas conformadas por familias provenientes principalmente de Bolivia, que en el marco de estrategias productivas en torno a la producción de verduras o de ladrillos, se asientan en el valle de forma permanente.

De la convivencia de los distintos sujetos surgen también discursos y representaciones en torno al espacio y a la historia reciente del lugar. Así, se encuentran quienes reflejan posiciones -a veces difusas y contradictorias-, en torno a la función productiva del ámbito rural y que se expresa en las demandas en torno a las condiciones de producción, en la necesidad de adecuación tecnológica, entre otras. A su vez aparecen posicionamientos que priorizan la función residencial y de placer que tiene el lugar, los que se manifiestan en la contrariedad que generan los efectos o los modos de producción (el uso de los recursos naturales, de los agroquímicos y diversas prácticas productivas). También surgen las posturas conservacionistas que se oponen a todo tipo de cambios en el paisaje y los usos de la tierra (^{Caminos, 2016}). Estos sentidos diversos, conviven cotidianamente en el territorio y se expresan en las diferentes experiencias y prácticas productivas. Justamente estas policromías sociales, comienzan a tejer una identidad propia al lugar, y que se va a expresar en estas experiencias.

Algunas experiencias están directamente relacionadas al trabajo de la tierra -desarrollo de huertas, producción de frutales, gallinas, hongos comestibles, etc.-, más acorde a los ciclos de la vida y a las condiciones materiales y simbólicas de existencia del lugar, que marcan un proceso de paulatina pero sostenida reterritorialización de una Agri-Cultura⁹ ecológica (^{Giraldo, 2022}). Así, van germinando diversas formas de producción de alimentos de escala familiar que ofrecen una gran variedad de productos artesanales y caseros que son comercializados a nivel local. Muchas de ellas incorporan un componente socio-organizativo y adquieren formas diversas de designación como ferias francas, nodos, redes de compras comunitarias, cooperativas de productores, entre otros. En el seno de esos procesos individuales y socio-organizativos la noción de soberanía alimentaria se ha convertido en uno de los principios de lucha fundamentales para disputar los territorios, con prácticas concretas que se fundan en otro tipo de racionalidades.

Entre las formas de autoproducción de alimentos, más expandidas en la región, se destacan las huertas familiares. En ese sentido el programa ProHuerta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cobra vital relevancia, ya que desde hace tres décadas otorga paquetes de semillas para la producción de verduras a pequeña escala que son distribuidas a través de organismos estatales, organizaciones sociales y una escuela agrotécnica de la región. Debido a la creciente demanda de este insumo por parte de las familias y la insuficiente provisión por parte del programa, en las diversas localidades se recurre a medidas variadas, como la subdivisión de los kits entre vecinos o a la compra comunitaria de semillas por parte de organizaciones sociales o de las propias comunas o municipalidades (^{INTA, 2020}). Un acontecimiento que manifiesta la relevancia que tiene la producción de hortalizas a escala familiar, se vio reflejado durante la gestión de gobierno nacional del período 2015-2019 donde la entrega de semillas se vio afectada. La preocupación e interés social en torno a dicha situación, derivó en la organización de vecinos y entidades locales para la compra comunitaria de semillas, que permitió garantizar el abastecimiento a nivel local.

Por su parte, la asociación civil GETAL -en el marco de su línea de trabajo de apoyo a la agricultura familiar y economía doméstica-, sostiene hace 12 años un sistema de compras comunitarias de diversos recursos e insumos para la producción de alimentos en el ámbito doméstico como pollos, gallinas, maíz, balanceados, plantines y frutales, que posibilita el acceso a precio más justo. En el transcurso de este lapso se logró concretar la compra de más de 8.000 árboles frutales y más de 3.000 aves de corral. El momento de entrega de insumos se consolida además como un espacio de intercambio de saberes, de experiencias y otras prácticas que trascienden lo técnico productivo. En este marco se van construyendo experiencias basadas en la confianza, que interpelan los modos comunes de relacionarse comercialmente: centenas de vecinos de la región participan entregando dinero anticipadamente a otros que se encargan de la compra y la logística. Estos modos de provisión de insumos para la producción doméstica se van tornando fundamentales para el encuentro y el hacer colectivo con sentido práctico y es también desde donde han surgido no sólo tácticas concretas del hacer, sino particularmente ensamblajes de saberes y afectos.

Como parte del mismo fenómeno, en el período de aislamiento por la pandemia de Covid, se conformó un grupo de WhatsApp denominado Huertas de Paravachasca donde participan activamente cientos de vecinos de diversas localidades. En la dinámica del mismo se producen intercambios de saberes sobre prácticas basadas en principios agroecológicos -propiedades de las plantas, técnicas productivas, métodos para recuperación de semillas, entre otras- y se movilizan soluciones internas a problemas comunes a partir de experiencias situadas.

A través de estas experiencias podemos reconocer de qué manera se privilegia no sólo la producción para el consumo propio, sino también la circulación de valores de uso entre agentes cercanos mediante diversos sistemas basados en la reciprocidad y la colaboración (^{Giraldo, 2022}).

Estas iniciativas sin lugar a dudas promueven modos de producción de conocimientos y de trabajar la tierra basados fundamentalmente en saberes populares y situados en el territorio y se revaloriza la construcción colectiva de los conocimientos a partir de la experiencia de los que más práctica tienen. De este modo no jerárquico ni centrado en los saberes expertos, van generando una re-comunalización de los alimentos que se traza a partir de sentimientos de pertenencia a un cuerpo social, la activación de los lazos comunitarios y la ayuda mutua (^{Giraldo, 2018}).

En este cúmulo de intercambios recíprocos, se han conformado diversas experiencias colectivas de producción de alimentos con sustento agroecológico de huevos, carne de pollo, miel, verduras, carne vacuna, insumos para la producción orgánica, que son comercializadas particularmente en el mercado local o dispuestas en comedores comunitarios. Entre ellas se destaca una iniciativa que se lleva adelante en el Refugio Libertad, un predio de 880 hectáreas ubicado en la localidad José de la Quintana -donde se encontraba el ex Grupo de Artillería 141 del Ejército Argentino-, que funcionaba como centro clandestino de detención y tortura durante la dictadura militar. El espacio fue recuperado por la organización Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), los denominados Trabajadores Unidos por la Tierra. El fuerte trabajo colectivo y la articulación con políticas públicas les permitió en el año 2018 lograr la posesión de esas tierras públicas permitiéndoles convertir el lugar en un campo comunitario donde participan más de 60 familias y funcionan unas diez unidades productivas de distintos tipos: vacunas, porcinas, ovinas, agricultura, apicultura, cunicultura, y de huerta, entre otras (^{Pennacchioni,2021}). Los alimentos que producen en el lugar abastecen a comedores populares y se comercializan a nivel local, ya que las capacidades productivas aún presentan limitaciones para generar alimentos a mayor escala.

Pero los procesos sociales del Valle, vinculados a la soberanía alimentaria, no se limitan únicamente a la producción, sino que abarcan además la generación de experiencias de intercambio basadas en economías sociales y populares. En ese sentido, el desarrollo de ferias francas y agroecológicas ha ido creciendo en los últimos años. Entre ellas podemos mencionar la Feria Agroecológica de Paravachasca¹⁰ -un proyecto productivo y cultural que reúne a más de cuarenta familias productoras de todos los rincones del Valle-; el Mercado de Productos Agroecológicos y Caseros de Alta Gracia; y la Feria de Productores y Artesanos del Valle de Paravachasca. También se lleva a cabo la feria de productores y artesanos de Villa La Bolsa, que desde hace más de diez años viene consolidando un núcleo productivo y cultural que dinamiza la región por su gran atractivo para los turistas, sobre todo en la temporada de verano.

No obstante, la estrategia de comercialización a través de ferias suele enfrentar múltiples obstáculos en precios, sistemas de transporte y mantenimiento de la oferta a lo largo de todo el año, circunstancias que muchas veces limitan la posibilidad de participación de productores locales. En la exploración de alternativas, algunos buscan desarrollar mecanismos de distribución directa en los domicilios de las personas o incorporan sus producciones a los circuitos de compras colectivas. En ese sentido, puede reconocerse en los últimos años una vasta proliferación de innovadoras experiencias asociativas de circuitos alimentarios - nodos o redes de compras comunitarias-, que vinculan de manera más directa a productores locales con familias organizadas para el mejor acceso al consumo de alimentos (^{Pastore, 2020}). En su mayoría se establecen como espacios informales organizados por vecinos que realizan compras colectivas con el propósito de acceder a alimentos sanos y a un precio más justo. No obstante, algunas experiencias tienen una mayor estructura organizativa y se configuran como redes o circuitos socioeconómicos de alimentos¹¹. Un caso que ilustra este tipo de iniciativas es el Corredor Ruta 5, que opera bajo el modelo de intermediación solidaria con nodos de consumo (^{Arnaiz, 2022}). Se trata de una red de organizaciones de consumidores y productores (prosumidores)¹² que tiene como objetivo fortalecer y promover la soberanía de los pueblos y el desarrollo local a través del acceso a alimentos sanos y de calidad (^{MSA, 2016}). Se estructura a través de nodos locales ubicados a lo largo de la RP5 de la provincia de Córdoba -que le otorga la denominación al corredor- abarcando localidades de los valles de Calamuchita y Paravachasca. Estos nodos están integrados por organizaciones sociales del propio territorio, una comuna y familias interesadas en realizar esta labor (^{Bocco et. al., 2020})

Pero en el territorio también confluyen otras experiencias similares de circuitos socioeconómicos de alimentos, cada una con dinámicas y estructuras organizativas específicas, pero que comparten el mismo sentido. Entre ellas podemos mencionar La Creciente-UTEP; la Cooperativa Agraria El Brote y la red de Orgánicos sí o sí, entre otras. Todos estos circuitos (nodos, redes, ferias, mercados) se constituyen en experiencias que apuestan a un consumo de alimentos más arraigado al propio territorio, y promueve el contacto más directo entre agentes del sistema alimentario, recuperando el espacio relacional que se pierde en los grandes formatos comerciales del modelo global.

Finalmente, destacamos otra experiencia de intercambio de saberes vinculados a la soberanía alimentaria. Se trata del Encuentro con los Saberes del Monte y Feria de Semillas, una jornada regional que se lleva a cabo cada mes de octubre desde el año 2011 en la localidad de José de la Quintana. El encuentro busca replicar, mostrar, concientizar y compartir experiencias y saberes relacionados con la agroecología y antiguas prácticas tradicionales en el campo de las artes y la cultura, los oficios, la medicina, la agricultura y la educación. Es un espacio que procura revalorizar y visibilizar producciones locales con el fin de fomentar la economía para la autosustentabilidad de la comunidad. Es también una oportunidad para intercambiar semillas nativas y plantines para la preservación del monte nativo y su cultura; y reflexionar sobre temáticas vinculadas a prácticas y saberes ancestrales vinculados directamente con los alimentos.

De la mano -y solapadamente con estas experiencias- están cobrando fuerza también los proyectos de bibliotecas populares -como las de Anisacate, Villa La Bolsa, Valle de Anisacate, Alta Gracia y Los Aromos-, las radios comunitarias -Local Paravachasca, Tortuga entre otras-; como así también numerosos centros culturales y patios abiertos para el sostenimiento de la cultura popular local (^{Mattioli, 2018}). Se trata de iniciativas multidisciplinarias e intersectoriales conformadas por habitantes de la región -artesanos, artistas, productores locales y profesionales- que se vienen ocupando de la generación de espacios para dar lugar al trabajo inclusivo y comunitario. Todas forman parte de una red rizomática que vitaliza el habitar en la región (^{Mattioli, 2018}). Estos espacios son fundamentales porque, a través de diversas estrategias de promoción, visibilidad y divulgación, fortalecen y sustentan la red de producciones alimentarias alternativas en la región. Esta trama específica de relaciones permite generar lazos múltiples que son importantes no sólo para dinamizar la comercialización de alimentos de cercanía y facilitar su acceso a consumidores de la región, sino particularmente para reconectar entre actores territoriales en clave política. Si bien no están exentas de tensiones, contradicciones, incoherencias y fisuras, son procesos colectivos que no se conforman con lo pautado por la lógica de dominación y afirman su capacidad de darse forma y determinar su actividad para sacar adelante la vida (^{Navarro y Gutierrez, 2018}).

Quizás no sean experiencias pomposas ni tan politizadas como algunos quisieran, -ya que no todas incorporan explícitamente en su discurso la lucha contra el modelo agroindustrial y extractivista, ni se inscriben claramente en proyectos políticos explicitados -. Inclusive podría objetarse que algunas son preliminares ensayos y pequeñas desviaciones permisibles para el sistema. Estas impugnaciones tal vez puedan tener algo de verdad, no obstante, son iniciativas visibles y existentes que huyen de lo establecido, critican, cuestionan y se oponen, aunque no siempre de forma directa. De hecho, tal como expresa Toro ^{Velosa (2021}): “el responder a la crisis con un fuerte impulso hacia el ‘hacer’ es lo que les hace seres potencialmente disruptivos” (: 102). Esta misma autora, esquematiza a estas experiencias o líneas de fuga describiendo:

Como las raíces de un tubérculo que van creciendo silenciosamente bajo la tierra, las fugas se proyectan de manera impredecible; se expanden en forma rizomática, se relacionan, se contactan, se conectan, se retroalimentan e intercambian al interior de una lógica afectiva que da un nuevo sentido a este respirar y caminar sobre la tierra. La sensibilidad del intersticio abre el horizonte de los sentires y permite que le otorguemos otro sentido, es decir, una orientación diferente a lo que vivimos y a la forma como experimentamos la vida. Poco a poco, las cosas toman otra dirección: la dirección de la fuga (Toro ^{Velosa, 2021}: 103).

Tratándose de experiencias concretas, que buscan de alguna manera favorecer procesos de producción y consumo crítico de alimentos en los territorios, proponemos denominarlas como multitudes por la soberanía alimentaria¹³. Nos referimos a una coalición de movimientos y esfuerzos diseminados en torno a la producción, la distribución y consumo de alimentos alternativos. Un entretejido que aglomera a una heterogeneidad de sujetos del territorio, que paulatinamente van promoviendo mayores autonomías alimentarias, disputando de hecho la hegemonía de los sistemas agroalimentarios y los medios de producción en las estructuras de poder. Las comprendemos multitudes porque, tal como refiere ^{Giraldo (2022}) “las multitudes no son muchedumbres, sino multiplicidades de comunidades autónomas de pequeña dimensión, gestionándose no en las divisiones administrativas metafísicas del Estado nación, sino en territorialidades que siguen los pliegues de la tierra” (: 12). Son acciones que a su vez entraman nuevos sentidos de ser/estar en el territorio en torno a una relación productiva con la tierra, y en ese sentido acompañan procesos de reagrarización del territorio del valle de Paravachasca, en donde lo agrario se hace presente de una manera diferente inmbricandose de manera renovada en la vida rural, en el paisaje y las relaciones sociales.

6. Conclusiones

En su expansión, el capital extractivista y desterritorializante, ha llegado a distintos puntos del planeta que comunidades habitan con particulares modos de vida. En distintos puntos del planeta, se han producido múltiples mecanismos de despojo e imposición de la racionalidad económica mediante la presión de modelos de agricultura y urbanización fuertemente extractivista sin ponderar los daños ambientales y sociales consecuentes, y transformado espacial y relacionalmente aquellos territorios rurales. No obstante, estos procesos, que dibujan una cartografía de la devastación (Toro ^{Velosa, 2021}), no son lineales ni afectan de manera homogénea todos los territorios.

Consideramos que la región constituye un caso paradigmático en torno a los procesos vinculados a las autonomías alimentarias, dado que si bien se trata de un territorio signado por fuertes procesos de desterritorialización que hicieron mella sobre la histórica producción local de alimentos de pequeña escala; en la actualidad, emergen de forma silenciosa pero sostenida, renovadas experiencias del lugar, que podrían comprenderse como movimientos de reterritorialización en clave de soberanía alimentaria, dado que van tejiendo otros modos de vinculación con los alimentos, no plenamente capitalistas y basados en el respeto, la protección y la defensa de la vida humana y no humana. Esta red de relaciones dinámicas emergentes, que denominamos multitudes por la soberanía alimentaria, se configuran como bucles rizomáticos que, van amplificando el deseo de vida para habitar el espacio e inaugurando nuevas y enmarañadas territorialidades de la región. Estas otras ontologías en construcción, que se vienen tejiendo desde abajo, lo hacen justamente con el alimento como nudo madre, permitiendo re-entramar a las comunidades a través de otras formas de relacionarse con los alimentos y la naturaleza (^{Machado Aráoz y Rossi, 2020}) ya que en su quehacer van creando relaciones de otro tipo, más acordes al sostenimiento del territorio.

En esta breve -e inconclusa- genealogía del Valle de Paravachasca, se intentó bosquejar el complejo entramado de tensiones, disputas y resistencias en la producción del territorio para comprender los procesos de desterritorialización y reterritorialización en clave de soberanía alimentaria, que van configurando un singular escenario abigarrado del lugar.

Quizás no sea el fin de un modelo decrépito que funda su crecimiento en la destrucción de los espacios vitales, pero estamos convencidos que es urgente y necesario abonar lo nuevo que va germinando para defender la vida en los territorios.