Cuando disciplinar fue ocupar (Santa Fe, 1850-90)

Bonaudo, Marta; Sonzogni, Elida

Universidad Nacional de Rosario

"La precarización hace que la gente en última instancia vaya siendo preparada para vivir sin empleo" (Castel, 1996)

     En el reactualizado debate acerca de las formas de desarrollo capitalista en los países latinoamericanos, una hipótesis es reiteradamente puesta a prueba. Ella se refiere a las particulares relaciones que se traban entre el Estado en vías de unificación y el mercado en sus momentos constitutivos, definiendo aquéllas ya por su antagonismo, ya por su complementariedad. En tal contexto, nuestro propósito es analizarlas desde un área de la región pampeana argentina y particularmente en el proceso de conformación del mercado de trabajo rural durante la segunda mitad del siglo XIX. La elección no es de ninguna manera casual dado que intenta recuperar la centralidad del sector agrario en una sociedad que, a diferencia de los modelos clásicos, no potencia en las etapas iniciales las actividades industriales. A su vez el caso santafesino se distingue de otros espacios pampeanos por cuanto el eje agroexportador exhibe como rasgo distintivo el peso de su producción cerealera y las particulares formas que adopta el proceso de apropiación de la tierra.
    La construcción histórica de este mercado implicó -sin duda- la necesidad de producir cambios profundos en las relaciones sociales y entre el Estado y la sociedad que afectaban concomitantemente al mundo de las mercancías en general y a la propiedad en particular. Mercantilizar la fuerza de trabajo escasa, obligándola a abandonar circuitos marginales de sustento, a formalizar relaciones laborales hasta entonces esporádicas y precarias, a identificar y asociar el trabajo asalariado con reglas de juego claras y definidas, se convierte en una prioridad.
   El Estado Confederal primero y luego el Estado-Nación así como las administraciones provinciales se enfrentarán rápidamente al desafío de la construcción de un orden burgués donde el capital y la fuerza de trabajo son los grandes ausentes. Superar los límites de estas carencias provoca, en pos de la concreción del modelo de desarrollo agroexportador, su conversión como objetivos privilegiados para la administración central y para las provinciales.
   El presente artículo pretende, en consecuencia, examinar cómo pensaron y llevaron a la práctica las gestiones que definieron las políticas santafesinas, el lema rector del orden posrosista: gobernar es poblar y cual fue el rol jugado por los grupos empresariales, ya en el interior de la sociedad civil, ya sobre el Estado, para garantizar una fuerza de trabajo suficiente, apta y disciplinada. Finalmente, nuestro objetivo es analizar el impacto que la institucionalización de nuevas pautas y valores en el mundo del trabajo- proceso en el que el Estado Provincial cumple un activo papel- tuvo sobre los derechos civiles y sociales de los ciudadanos.

1. El espacio santafesino y sus transformaciones

   Si bien la caída de Rosas no significa el fin de los enfrentamientos que todavía deberán esperar otros treinta años para eliminarse, sí señala el primer intento sistemático continuado de reorganización social y de unificación estatal.Bajo la consigna de vencer el desierto y sentar las bases de un orden burgués acorde a las demandas de la nueva coyuntura mundial, el gobierno de Urquiza elabora los primeros proyectos en esa dirección. Por una parte, adquiere prioridad el garantizar una verdadera soberanía territorial que supere los niveles de atomización y fragmentación existentes y dé respuestas eficaces a la cuestión indígena. No son ajenos a este objetivo los esfuerzos que se despliegan para reactivar y asegurar el tránsito fluvial concurrentemente con el esbozo de los primeros diseños para potenciar el traslado de bienes y personas a través de las mensajerías y del ferrocarril. Los símbolos de la modernización son la contracara de las constantes avanzadas militares destinadas a la apropiación del espacio de dominio  indígena. A ello se articula la búsqueda deliberada en el Viejo Mundo de dos elementos indispensables para impulsar los niveles de acumulación: capital y fuerza de trabajo. Los límites de la propuesta urquicista serán superados por las tres gestiones que suceden al conflicto dirimido en l862 con Pavón, que marca el fin de la secesión del Estado de Buenos Aires y la Confederación.
   Santa Fe no había escapado a la desolación y el aislamiento que caracteriza la situación de muchas jurisdicciones durante la primera mitad del siglo XIX. Del grupo de provincias del entonces Litoral, ella ofrece las visiones más negativas de estancamiento económico, despoblación, amenaza indígena, que marcan fuertes obstáculos para un verdadero despegue. Hasta Caseros, con oscilaciones cíclicas, los pilares económicos de la provincia se asientan sobre la actividad mercantil y la ganadería, afectados empero por la persistencia de las guerras civiles sobre su suelo y la irrupción sorpresiva de los malones. A ello se suman los condicionamientos externos desde el sur(Buenos Aires) y desde el norte (Paraguay) para un aprovechamiento integral de su principal vía de navegación, el río Paraná (1)
   El triunfo urquicista y la organización de la Confederación influyen fuertemente sobre el destino de la provincia. Dos decisiones, una de carácter geopolítico y otra jurídica, le abren nuevas perspectivas. En el primer caso, la elevación del oscuro Pago de los Arroyos(Rosario) al rango de principal puerto de la Confederación. En el segundo, la sanción de la ley de Derechos Diferenciales procura menguar la competencia con el puerto de Buenos Aires. Ello permite una primera reactivación comercial -particularmente en la ciudad del sur- que irá potenciándose conjuntamente con otros emprendimientos alentados desde el propio Estado Provincial y que tipificará de manera singular la especialización productiva de la provincia.
   Estos primeros intentos de dar respuesta a un verdadero desafío planteado por la realidad provincial de los sesenta se vuelven más complejos y ambiciosos a lo largo de las décadas siguientes y en el horizonte de los noventa es otra la sociedad que se ha plasmado.
   El acelerado crecimiento demográfico que exhibe Santa Fe ya desde los sesenta, motivado por el aporte de la inmigración europea, revitaliza las débiles tasas de crecimiento vegetativo. La información censal indica con claridad el incremento de la participación extranjera en la composición demográfica. A lo largo de casi cuarenta años, los inmigrantes pasan de un 10% en 1858 al 42% en 1895 respecto de la población total (ver Blanc-Blocquel,Bonaudo, Sonzogni,Yensina, 1986-87: 275). Pero su impacto no es sólo numérico sino que modifica también otras variables demográficas: se amplían los segmentos etarios correspondientes a edades productivas y se refuerzan los índices de masculinidad. A su vez la provincia, tradicionalmente receptora de migrantes internos que proceden de un arco diverso de representación provincial, se potencia a través de los años, con quienes provienen de estados limítrofes. Cordobeses y bonaerenses se localizan en el sur santafesino, mientras que correntinos, en mayor escala, pero también entrerrianos se ubican en el norte y en las zonas ribereñas.
   De este modo, el paisaje provincial abandona su chata y árida fisonomía de la primera mitad del siglo pasado. La tenaz difusión de la colonización agrícola basada en la pequeña y mediana propiedad ha sembrado de núcleos poblados el centro-oeste santafesino, pero también otras áreas: las que conforman el hinterland rosarino y las que, con tendencias más débiles se desarrollan en el norte y en la costa.
   El fenómeno de urbanización - estrechamente vinculado al aumento de la población- muestra por una parte, la más alta concentración demográfica en la capital provincial- la ciudad de Santa Fe- aunque con mayor pujanza en Rosario, el puerto del sur. Por otra, esa primacía no impide la formación de otros espacios urbanos, en general cabeceras de los departamentos en que se divide el territorio, cuyos procesos formativos se articulan al proyecto de colonización agrícola. El crecimiento demográfico y la urbanización que registra el área corren paralelos a su expansión productiva. Esta se desarrolla no sólo en un espacio constantemente ampliado, sino que obliga a una verdadera modificación del eje dinámico de la producción. Las antiguas estancias del centro- este y las del sur comienzan a sufrir un paulatino proceso de subdivisión, al tiempo que la chacra -unidad productiva presente en etapas más tempranas- se redefine en el interior del nuevo escenario. En el marco de tales condiciones, ésta puede adoptar diferentes apariencias en cuanto a la relación entre propiedad y tenencia. Pero es sin duda, la responsable de la evolución agrícola santafesina que convierte a la provincia en el principal centro exportador de cereales en la última década del siglo(Cortés Conde,1979: 64).
   Esta particular configuración social asentada sobre el presupuesto de la agricultura como vehículo de un proceso de redención social, cuyas bases se vinculan con la acertada conjunción de agricultura, propiedad y trabajo familiar, al llegar a los noventa y más allá de la prosperidad alcanzada revela sus límites. Al bloquearse, en esa coyuntura, el acceso a la propiedad, el capitalismo agrario santafesino se sostendrá en una estructura de estancia que apela a la pequeña unidad, ahora de tenentes, como estrategia de potenciación de cultivos combinados. (ver Gallo,1983; Halperin Donghi, l987; Bonaudo y Sonzogni, 1990)

2. En busca de trabajadores para un orden nuevo

   Las condiciones previas y la magnitud de la empresa que los santafesinos debieron acometer para construir un verdadero mercado de trabajo rural dan cuenta de las dimensiones de los obstáculos a sortear. Varios son los factores que incidieron en ello: por un lado, una correlación negativa entre la vastedad del territorio y su densidad demográfica, agravada por la falta de control y más aún, de dominio sobre aquél . En segundo lugar, la heterogeneidad de condiciones en las que opera esa población potencialmente activa que va desde quienes arrastran una acendrada tradición de movilidad geográfica y una recurrencia esporádica a vínculos laborales orgánicos hasta quienes se manejan en los ámbitos comunitarios tribales con escasos niveles de sedentarización. Entre ambos extremos se ubican las experiencias residuales de una agricultura cuasi de subsistencia que alcanza a colocar sus excedentes en los circuitos locales. El imperativo de la nueva etapa es entonces, penetrar y desestructurar las relaciones preexistentes e imponer las pautas básicas del capitalismo. ¿Quiénes van a generar estas modificaciones? Sin duda, los dos grandes demandantes de esa fuerza de trabajo: el Estado y los sectores empresariales. Ellos perfilan distintas estrategias a ser aplicadas sobre la masa ya existente de potenciales trabajadores. No obstante, irán apelando, frente a la clara carencia de brazos, a fomentar el ingreso de otros nuevos.

2.1. El estado en la disyuntiva:¿coacción o civilización?

    Es indudable que en la instancia de reorganización que sucede a la sanción de la constitución provincial, cobran proyección las medidas destinadas a incorporar y retener la fuerza de trabajo existente.Dos son los sectores hacia los que se orientan principalmente las políticas de disciplinamiento: las tribus indígenas y el mundo del bandidismo y la vagancia. En esa dirección, el tratamiento elegido conlleva una fuerte carga de coerción.

a) Políticas hacia el mundo indígena

    Las administraciones,más allá de las diferencias, plantean idénticas posiciones en cuanto a los criterios de aplicabilidad de la coacción y los objetivos de disciplinamiento como adecuados forjadores de nuevas conductas y valores. Es por esto que, a lo largo de las décadas del 60 y 70, procuran viabilizar diversas metodologías frente a la cuestión indígena. Una de ellas la constituye las campañas militares para expandir las fronteras norte y sur que se inician en l858 y culminan en la década del 80.Estas tienen como finalidad el exterminio de los caciques y la chusma rebelde y la integración paulatina de las comunidades al sistema de reducciones(2). Calchines, San Javier, Sauce, San Pedro son las experiencias piloto sobre las que se pretende ejercer la acción transformadora de la escuela y la iglesia intentando recuperarlas para la civilización. Los indios reducidos son sometidos a la acción educativa y evangelizadora, estimulando el cambio de hábitos y la internalización de rudimentarios conocimientos de una agricultura de subsistencia y de otras destrezas domésticas. En l859, el Gobernador Rosendo Fraga se enorgullece de los avances de la reducción del Sauce, donde los indios abipones reciben "los adelantos de la escuela establecida y los trabajos benefactores de la comunidad de misioneros..."(Mensajes de Gobernadores, l972: 84) Cuando el éxito alcanza esa tarea de resocialización del aborigen- en el contexto normativo eurocéntrico- se instrumenta una segunda vía de integración. En no pocos casos, la siempre carente fuerza de milicianos aportados por el Estado Nacional o por los gobiernos provinciales en defensa de los cantones es auxiliada con lanceros provenientes de las propias reducciones(3). Una tercer alternativa que combina las anteriores consiste en la erradicación de las parcialidades de sus lugares de asentamiento natural, trasladándolos a las ciudades de Santa Fe y Rosario. En l866, el Gobierno dispone que

" estando en esta capital los indígenas que han resultado prisioneros de la expedición del Chaco que ha tenido lugar en el presente mes y deseando el gobierno proveer con solicitud a su educación como personas libres..."

 se nombren sendas comisiones de gente de honorable reputación, en ambas ciudades, a fin de distribuir en cada una de ellas a los indígenas, cuidando de que efectivamente éstos sean debidamente educados (Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe, l886).
    El reconocimiento de los derechos básicos constitucionales, reputando a los bárbaros depredadores como personas libres, es fundamentado de manera todavía más consistente con otras lógicas similares. La preocupación por fundar pueblos para que en ellos habiten las tribus sometidas expresan la confianza en dos elementos centrales del orden a establecer: la propiedad y la familia. Nuevamente es el Gobernador Fraga, protagonista de las primeras expediciones, su vocero:

"la causa de la disolución de las antiguas reducciones, ha sido la ausencia de esos principios constitutivos de la unión y el adelanto. No habiendo propiedad privada y siendo todos los bienes comunes sin el estímulo queproduce el incremento de lo que nos pertenece...era lógico que...los indios corrieran a buscar la libertad de los bosques y los alagos(sic) de la vida independiente del salvaje"(Mensajes de Gobernadores,1972: 103)

   Las reflexiones del jefe del Ejecutivo se orientan, en un sentido, a contraponer dos modelos societales: el que parece tener un carácter ancestral para los indios, cuya base de propiedad comunitaria tiene como contracara el retornar al estado de naturaleza y el que se propone desde la civilización, donde la propiedad privada asegura la unión y el adelanto. El enunciado discursivo tiene, no obstante, tremendos condicionamientos en su ejecución . A pesar de la decisión gubernamental de implementar esta política de radicación con reparto de predios en propiedad como estrategia de afincamiento, la carencia crónica de recursos obliga a reclamar - también en esta esfera - el aporte de los particulares. Los costos del progreso exceden largamente la capacidad económica de ese Estado, reiterándose, en consecuencia, durante esas primeras décadas la consecución de logros absolutamente limitados en esa dirección.(Mensajes de Gobernadores, 1972:164,235)

b)Bandolerismo y vagancia

   Paralelamente comienzan a desplegarse las acciones destinadas a terminar con cuatreros y bandidos, con vagos y malentretenidos. Si bien todo el espacio rural carece de seguridades es el área reactivada del Rosario la que muestra las mayores preocupaciones por las condiciones de su campaña. En ella se reiteran las demandas orientadas a la persecución y desarraigo definitivo de estos grupos marginales, particularmente de los vagos. Sin embargo, las circulares de los Jefes de Policía a los Comisarios de Campaña resultan poco precisas inicialmente en la identificación del sujeto que debe ser retenido y disciplinado cuando de vagos de habla. No pocas veces, en la percepción de algunos dirigentes, el vago se asimila al pobre, perspectiva que crea inconvenientes y malentendidos en el control. Así, en l855, aparecen varias solicitudes de los Comisarios dirigidas al Jefe Político del Rosario, reclamando mayores precisiones:

"... ruego a Ud. me diga qué hombres deben considerarse vagos... ya que en el distrito hay solamente familias pobres que no cuentan con más de un caballo o algunos con nada pero viven honradamente y sin causar daño alguno"

   Estas vendrán de la mano de Nicasio Oroño, a cargo desde el 55 de la Jefatura Política de aquel departamento(Archivo de la Jefatura Política, 1855). Oroño, elaborando el primer Reglamento de Campaña del período, pretende poner punto final a los perjuicios que originan vagos y malentretenidos sobre la propiedad y la seguridad de la vida rural(Archivo de la Jefatura Política, 1856). Para alcanzar tal objetivo, el funcionario sabe que es preciso articular los criterios coactivos con una legislación complementaria que ordene y garanta la propiedad rural, tanto como el control y la eliminación de los circuitos marginales que obran como espacios potenciales de reproducción de esa fuerza de trabajo. Desde la función que ejerce, no resulta posible incidir en la regulación de la propiedad territorial, pero sí está en condiciones de bloquear la llegada de estos sujetos a mercados informales de intercambio de frutos de la tierra o productos robados. Es por eso que al tiempo que ordena el conchavo obligatorio para " todo individuo que no tenga profesión ni oficio ni ocupación conocida" y la portación de la papeleta, documento de control ante propietarios y comisarios; prohibe la instalación de pulperías volantes e impone la exigencia de guías y pasaportes para ganados, venta de cueros y acarreo de animales salvajes(Archivo de Jefatura Política, l855).
   Tanto para la instancia departamental como provincial resulta imperativo retener esta mano de obra que se muestra tan reticente a aceptar las reglas que un mercado en construcción pretende imponerle. En realidad, cada administración sale a competir por ella con los empresarios rurales a medida que se acrecienta la demanda de hombres para las fronteras y para los diferentes emprendimientos públicos que comienzan a materializarse. Es por eso que quien viola las leyes de conchavo o atenta contra la propiedad en sus diferentes planos o altera el orden, es obligado a engancharse en las Guardias Nacionales o a realizar trabajos públicos(Archivo de Jefatura Política,l857).
   El tema de la frontera es, teóricamente, una responsabilidad del Estado Central, pero el costo del esfuerzo, la insuficiencia y fragilidad de los recursos militares, generan un accionar compartido entre las fuerzas nacionales y las guardias provinciales. A ellos, tarde o temprano, se suman los particulares en la medida que las operaciones militares exigen más recursos de los que pueden disponer ambas entidades. Para unos y otros, la frontera aparece explícitamente operando en dos frentes: como barrera ante la barbarie y como catalizador de la marginalidad y la pobreza(Halperín Donghi, 1987: 193)(4). El planteo de La Confederación, el diario editado por Federico de la Barra, muestra claramente la opinión de ciertos sectores de la sociedad:

   (refiriéndose a los campos)"... notamos que los recorren infinidad de vagos y criminales famosos, que se asilan huyendo y perseguidos quizás por sus crímenes en otras provincias...Esos individuos desconocidos hallan seguro albergue, techo y alimento, abusando de la hospitalidad genial en las campañas de nuestro país. Tienen carne abundante, tienen un cuero para dormir, tienen un lazo y el cuchillo para procurarse medios con que satisfacer sus vicios-¿Para qué han de trabajar? Nadie los persigue, nadie inquiere de donde son, de dónde vienen, de qué se ocupan ni adonde van...Hay otro vicio radical, que es necesario estirpar(sic) de una vez. Existen innumerables familias desheredadas y miserables que nada poseen absolutamente, que no trabajan, que no siembran; que no se molestan ni aún en cubrir sus taperas con pasto; pero esas gentes viven, casi a la intemperie, con una congregación de arrimados, con un enjambre de muchachos que crecen en el ocio, absorbiendo el measma(sic) de los malos ejemplos y del delito...¿Y qué comen y qué visten esas familias? La propiedad ajena indudablemente es su patrimonio...Bien pues, la autoridad debe fiscalizar esa manera de existir con daño de los demás; y debe averiguarlo precisamente para correjirlo(sic); precisamente para correjir(sic) el vicio mejorando la condición salvaje de esos seres olvidados; procurándoles trabajo, prosperidad, educación, bienestar, felicidad en fin...Hace tiempo que hay el pensamiento de reunir todas esas familias en un pueblo fronteriso(sic); darles allí terrenos, elementos de labranza; ponerlas bajo el cuestodio de una autoridad, dotarlas de medios de educar a sus hijos y proveerlas de los recursos espirituales que consuelan y regeneran el alma"(14 de abril, 1865)

   Mientras la frontera sea útil para neutralizar a los indeseables, el accionar gubernamental tendrá consenso y apoyo. Sin embargo, resulta imprescindible definir, en relación con ella y con la seguridad en general, tanto la función de las levas en este proceso como el sentido de la incorporación de los infractores al espacio fronterizo(5)
   La práctica del reclutamiento forzoso no ha desaparecido con la crisis del rosismo(Ver Salvatore, l992). Contrariamente a ello, las gestiones provinciales acuden a ésta intentando reproducir en el imaginario social y en la cotidianeidad su visión reformadora y disciplinadora en una sociedad convulsionada aún por los levantamientos militares, la guerra, los malones y el cuatrerismo(6). Esta perspectiva es compartida, sin duda, por algunos sectores:

"... La disminución de gente vaga y malentretenida, que antes pululaba en nuestros campos, se explica favorablemente por un hecho que nadie puede negar. Los contingentes que se han mandado al egército(sic) era de justicia y necesidad que se engrosaran con esa gente holgazana, que, lo mismo aquí que en todas partes, vive de la propiedad agena(sic)... Ha resultado, pues, de aquí, como era natural, que la vagancia ha tenido, o que someterse al trabajo, o que salir fuera de la provincia con gran bien de vidas y haciendas de nuestra campaña" (El Ferrocarril, 27 de enero, l866)

   Pero también aparecen niveles de disenso en la opinión pública o intentos de replanteo de los alcances de la leva desde el propio ámbito gubernamental.
   La Capital, el periódico rosarino que a partir de su creación viene señalando el impacto que sobre la ganadería tiene la escasez de trabajadores nativos "diezmados por el plomo paraguayo o en contínuo cuartel"(20 de junio, l868), despliega críticos editoriales en torno de un servicio militar que permanentemente viola las condiciones de pago y el tiempo de retención de unos recursos humanos escasos y no fácilmente reemplazables por los europeos:

"Pero, la más terrible, cuyo vencimiento no se conoce, la que hace temblar al campesino argentino, la leva en masa, subsiste, y el reclutador puede pasar mañana. Las cargas militares de los campesinos son: l) el servicio de gendarmería local 2)el servicio de fronteras 3)el servicio en campaña sin designación... El campesino no sembrará, no se casará, no emprenderá nada serio, mientras sepa que aún existe la leva en masa..."(La Capital, 9 de febrero, 1870)

   Para el periódico, esos enclaves de trabajo forzado que son el resultado del servicio de armas, operan como una rémora disruptiva en el proyecto de construcción de un nuevo orden. En definitiva, este supuesto lugar civilizador impacta negativamente sobre el mercado de trabajo, tanto en el ámbito rural como en el urbano y altera las condiciones en las que se presenta la oferta. Su escasez facilita los reclamos de jornales más altos estimulando asimismo, demandas referidas a la práctica laboral. Al analizar el servicio de peones demandado por el mercado rosarino, el diario afirma:

"... es el peor que puede verse en una plaza comercial. Es caro, y los pocos que hay, se hacen rogar y pagar lo que el capricho de la imaginación le sugiere; y para ello agregan, si es muy lejos, si lo que van a hacer es más pesado, y si aca barán tarde o temprano, para concluir después por declarar que no les conviene. Gustan más la generalidad de nuestros paisanos, de estar al lado del fogón del rancho miserable, tomando mate, echados de barriga que ganar un fuerte en dos horas" (La Capital, 22 de julio, 1868)

   A los efectos perturbadores sobre el mercado, se suma la brutal incidencia que la coacción tiene sobre el goce de las garantías constitucionales:

"...Echemos ahora una mirada sobre el habitante de la campaña. Para éstos, las garantías son una quimera. Estos son víctimas de los comisarios, de los jueces de paz, de los tenientes alcaldes, y por fin del último bandido que ha logrado prenderse el sable de vijilante(sic) de partida. He ahí todos los tutores que los gobiernos nombran para el pobre pastor o labrador. Una respuesta poco atenta dada a un juez de paz por uno de nuestros hombres de campaña cuando a éste se le cita para una elección o para servicios de patrulla, es una sentencia de persecución que acaba por destinarlo a la frontera o a un cuerpo de línea"(La Capital, 10 de abril, 1870)

   El editorialista deja al descubierto no sólo el desenlace del acto coactivo, sino también la fuerte articulación que se establece entre autoridades civiles y militares para concretarlo. En los hechos, esta vinculación del poder judicial y la fuerza policial, de la que participan frecuentemente los comandantes de campaña, otorga a las autoridades un alto margen de discrecionalidad en sus procedimientos.Tal situación induce a Guillermo Perkins, un interesado observador de las estrategias modernizadoras, a reclamar en 1863, la sanción legislativa del reglamento de campaña, elaborado por el entonces diputado Oroño:

"...Hoy, en mérito a la seca, ya comienzan las quejas y reclamos de los estancieros que vendrán luego a poner a la autoridad en conflicto, entre la necesidad de tomar medidas arbitrarias bajo la denominación de policiales, o dejar que todo se vuelva en la campaña un verdadero laberinto; que cada uno ande como quiera andar; que los vagos crucen y huelguen en todas direcciones; que los campos sean invadidos con millares de animales de los que no teniendo terrenos propios, crían en los ajenos" (El Ferrocarril, 6 de agosto,1863)

   Sin duda, este empresario es el vocero de quienes requieren respuesta a otra cuestión básica: la formalización de reglas claras para el espacio rural.

c) El camino hacia la codificación

    Un primer paso en esta dirección es, sin duda, llevar a cabo un verdadero reordenamiento de la policía de campaña para hacer frente a la "relajación de las mazas(sic)"(Mensajes de Gobernadores, l972: 99). Más allá de elaborar estrategias destinadas a favorecer la creación de puestos policiales y la multiplicación de las partidas volantes, se detecta una enorme dificultad tanto para aprovisionarlas adecuadamente, asegurándoles su paga, como para encontrar en esos recursos humanos garantías de idoneidad, educación y condiciones morales(7). Frente a estos condicionamientos, los gobiernos acuden a sectores representativos de la campaña y apelan a mecanismos para involucrarlos directamente como el de la designación de Comisarios entre "ciudadanos domiciliados y con intereses rurales, que no pueden menos de tener vigilancia hasta por sus propias conveniencias"(Mensajes de Gobernadores, 1972: 99). Otro, la conformación de una representación de hacendados "para asistir a la autoridad en las buenas obras de reglamentar la campaña y garantizar la propiedad"(La Confederación, 7 de abril, l860). El gobierno responde así a quienes pretenden recrear una experiencia exitosa en el ámbito bonaerense de la década del 50 por medio de la cual, los propios interesados convenían reglas para la contratación de peones, la persecución de vagos, la fijación de criterios y costumbres de trabajo, etc.(Fradkin, l997)
   Un segundo nivel de decisiones a adoptar se refiere a la elaboración de normativas en torno a lo que se consideran las aristas policiales del problema rural, así como a aquéllas atinentes a la regulación del trabajo, los intercambios y el afianzamiento del principio de propiedad. Las respuestas a tales inquietudes se plasman en el Reglamento de Policía Urbana y Rural(l864) y el Código Rural (l867), réplica del ya existente en Buenos Aires. Los dos instrumentos plantean prioridades tanto en el ámbito de la propiedad como en el campo laboral. En el primero, la intención explícita es modificar las prácticas consuetudinarias confirmando un único y exclusivo derecho de propiedad asentado sobre parámetros de privacidad y plenitud. En lo que al mercado de trabajo rural se refiere, establecen criterios homogéneos para la captación de la fuerza de trabajo remisa, legitimando la coerción. Asimismo, universalizan las reglas que, en adelante, regirán las relaciones laborales entre peones y patrones.
   Las instancias policiales(Jefes de Policía y Comisarios Generales) asociados a la Justicia de Paz se encargan de la fuerza de trabajo en tránsito o incapaz de comprobar su condición laboral. La policía es reponsable del registro actualizado de peones y sirvientes a jornal. proporcionándoles sus respectivas papeletas de ocupación(Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe, l882:20). Esta herramienta es, en realidad, el parteaguas en el mundo del trabajo, entre la legalidad y la ilegalidad. Todo individuo que circula o transita, es colocado bajo sospecha, debiendo presentar obligatoriamente el contrato o boleto de conchavo, so pena de ser catalogado y demás ulterioridades, como vago. Igual criterio se aplica en el caso de que el personaje que deambula intente acreditar su pertenencia a tropas de línea o milicias, sin portar las licencias o pases pertinentes(Reglamento, 1882: 43).
   En el Reglamento se advierte una más lograda definición de la vagancia, reputándose como la condición de quienes se ubican en algunas de estas situaciones:

"Primero: los que no tengan oficio, jornal ni medios lícitos como vivir. Segundo: los que teniendo algún oficio o industria no los ejerciten habitualmente careciendo de otros medios lícitos para su subsistencia. Tercero: los que con medios de subsistencia, pero insuficientes, no se dediquen a algún trabajo honesto y que frecuenten casas de juego y otros parajes sospechosos. Cuarto: los que sin impedimento para dedicarse al trabajo, se ejerciten en el oficio de mendigo..."(Reglamento, 1882:21)

   A estas categorías se suma una quinta que imputa igual calificación al peón o sirviente que deserte de su trabajo, sin causa justificada(Reglamento, 1882:20).
   La posterior sanción del Código Rural exhibe algunas novedades con respecto al precedente. Mientras en el Reglamento de Policía el concepto de vagancia aparece prácticamente como la contrafigura del valor que se pretende internalizar, el trabajo,el Código refuerza el prejuzgamiento, al asociar la carencia de aquel valor con una inevitable predisposición delictiva. Quien no posee domicilio fijo y medios conocidos de subsistencia, se inclinará naturalmente hacia el vicio(Código Rural de la Provincia de Santa Fe, 1886:53). Esta condición coloca al margen de la legalidad a estos sujetos que se hacen pasibles inmediatamente del estigma de su peligrosidad. En estas tempranas etapas de instalación del modelo capitalista, en las que todavía no ha penetrado el discurso y la práctica higienista ni el desarrollo de la criminología positivista, el recurso al que se apela es simplemente el punitivo(Ver Ruibal, l990). Sin embargo, en la medida en que lo que se pretende afianzar es aquella concepción, las condenas remiten como vía de recuperación a una integración compulsiva en la esfera laboral, ya sea destinándolos al servicio de armas, ya a los trabajo públicos, ya a concentrarlos en las colonias fronterizas en las que articularán los roles defensivos con los productivos.
   Otros matices diferenciales se observan en la consideración del universo del trabajo. Mientras en la definición de la relación laboral el Reglamento hace privar el costado punitivo, en el Código Rural prevalece el criterio de contractualidad, asentando el vínculo sobre bases más racionales en la clave de un intercambio entre iguales. Con tales objetivos no solamente están definidos los roles de patrones y peones, sino que se estipulan las pautas que debe reunir el contrato escrito indicando el tipo de trabajo al que se lo destina, el tiempo, las remuneraciones y los intervalos de descanso. Una excepción a la regla parece ser la del agregado cuyo status, si bien es legitimado, lo ubica en una condición de inferioridad ya que el propietario aparece como subsidiariamente responsable en el plano civil de delitos o causas en que aquél se vea involucrado. Evidentemente aquí el Estado- a través de los funcionarios judiciales y policiales- interviene claramente en las relaciones privadas. Dicha intervención se hace notoria en el articulado referido a la regulación del control de la mano de obra, especialmente aquélla de carácter itinerante; a las garantías que se otorgan para el mantenimiento del vínculo contractual, particularmente en épocas de mayor demanda, como la cosecha o la esquila; y al relacionado con la conflictividad entre patrones o entre éstos y sus peones. Respecto de esto último, dos conflictos parecen ser los habituales en el mundo rural: el que enfrenta, dada la escasez crónica de mano de obra, a unos empleadores con otros, generando situaciones de competencia desleal y el que se desata entre los trabajadores conchavados o a destajo con el patrón, ya sea por incumplimiento de las cláusulas contractuales, ya por su transgresión, ya, en fin, por su desconocimiento de los valores básicos que se suponen vigentes en esa sociedad: obediencia, laboriosidad y virtud(Código Rural, 1886:44).
   El afán disciplinador y su propósito moralizante no deja fuera de su preocupación el tiempo libre, señalando los límites admisibles y controlando los espacios en los que debe desarrollarse. El Reglamento de Policía aborda estos problemas legislando sobre las actividades o prácticas insumidas en el tiempo de ocio, en tanto el Código Rural sienta jurisprudencia sobre el contexto espacial de su ocurrencia, fundamentalmente definido como las pulperías volantes. En lo referido a las diversiones lícitas e ilícitas, el Reglamento expresa contundentemente la prohibición del juego del pato, deporte evidentemente ligado a las tradiciones culturales de los trabajadores criollos y pone bajo control otras prácticas, vinculadas también a ese mismo legado, como las carreras de caballos, los reñideros de gallos o los bailes y festejos que clausuran una actividad estacional de envergadura como la yerra o la cosecha(Reglamento, 1882: 53,54)
   El fundamento ideológico que subyace a estas formulaciones es el deseo de desestructurar la simbiosis entre el trabajo y la vida, típica de las comunidades campesinas donde el capitalismo aún no ha estampado su impronta. El objetivo es desalojar la noción de un tiempo que pasa sin apremios, entronizando la concepción de que aquél equivale a dinero y por lo tanto, debe ser gastado productivamente (Thompson, l979: 245).
   El lugar prototípico donde se dilapida es, sin duda, la pulpería, multiplicada en todo el territorio, a través de las tiendas o boliches movibles. Esta es vista desde la autoridad como el ámbito potenciador de duelos, pendencias, embriaguez y desorden y en consecuencia se intenta reglamentar las condiciones y horarios de su funcionamiento. En realidad, estos recintos constituyen un doble peligro para la moral burguesa que se insiste en imponer: en su calidad de ámbitos de esparcimiento pueden propiciar el desenfreno; en tanto sedes de transacciones, pueden favorecer los intercambios clandestinos, coadyuvando a la perduración de circuitos marginales.
   Tanto el Reglamento como el Código, en la búsqueda de la preservación del derecho de propiedad de tierras y haciendas, estipulan con mayor rigurosidad la prohibición de la caza furtiva, su venta, así como la de los productos espontáneos del suelo(Código Rural, l886: 47). En otro orden de cosas, imponen a los pulperos la obligación de justificar la procedencia de cueros por compra o permuta, con los correspondientes certificados o guías(Código Rural, 1886:56). En la misma dirección, figuran las disposiciones que penan el abijeato(Código Rural, 1886:39), ordenando la permanente realización de rodeos para dirimir la propiedad del ganado, asentando la obligación de marcas, contramarcas y señales(Código Rural, 1886: 8,9).
   Finalmente, como complemento a esta defensa de la propiedad pero también como eje articulador del modelo de desarrollo, en esas tres décadas se promulgan leyes que legitiman las apropiaciones precedentes de tierras y establecen los criterios para generar la privatización definitiva del fondo territorial público(8). La consolidación de estos derechos está orientada, sin duda, a potenciar la eficacia de las normativas referidas al mercado de trabajo.

d)Adaptaciones y resistencias. Estrategias de una fuerza de trabajo remisa

    Los destinatarios de tal jurisprudencia no aparecen como sujetos pasivos e inermes frente al poder, como se desprende de la crónica periodística, los informes policiales o de los jueces de paz. Por el contrario, elaboran diferentes estrategias facilitadas por los instersticios que les dejan las instancias de coacción así como por las oportunidades que les brinda el mercado. Los protagonistas son diversos actores que conservan todavía márgenes de autonomía: el peón que abandona el trabajo, el miliciano que deserta del servicio de armas, el deliberadamente ocioso que se las sigue ingeniando para sobrevivir. En el primer caso no pocas veces el abandono de un trabajo es el resultado del influjo del mercado. En realidad, estas situaciones están reflejando una contradicción entre las previsiones teóricas que se adoptan para engrosar y fijar la fuerza de trabajo y los mecanismos propios del mercado capitalista, basados en el libre juego de la oferta y la demanda. Un representativo funcionario de las décadas del 70 y 80, Gabriel Carrasco, destaca el anacronismo de cierto articulado del Reglamento de Policía, que penaliza a todos los que están seduciendo o sonsacando peones. Claramente imbuído de la lógica mercantil, se interroga sobre el sentido de esa seducción:

"...¿ ofrecerles mayor jornal u otras ventajas para que cambien de patrón? Esto podrá ser una falta de cortesía o una mala acción social, contra el patrón primitivo, pero de ninguna manera puede ser un delito. Todo el mundo tiene derecho de procurarse trabajadores ofreciendo el precio que quiera, y la ley no debe castigar sino lo que es punible..."(Reglamento, 1882: 44)

   Una alternativa también frecuente que puede conducir al abandono del conchavo se continúa encontrando hasta avanzada la década del 80, en un mercado de mercancías que deja todavía flancos por los que pueden introducirse los que reiteran su intención de mantenerse al margen de las imposiciones de un contrato. Uno de esos flancos lo ofrece la comercialización de haciendas ajenas, ya sea porque se arrea el ganado a otra jurisdicción o porque es muy difícil recuperar el cuerpo del delito, en la medida en que no pocos de esos animales son consumidos sobre la marcha(La Capital, 8 de julio, l870; 4 de agosto, 1874). En estos casos, no sólo se trata de peones sin conchavo o de indios, sino también de desertores o de soldados dados de baja de las filas del ejército, que utilizan su entrenamiento y sus pertrechos en beneficio propio(La Capital, 8 de julio, l870). Las argucias de la supervivencia pueden adoptar variadas formas, algunas de las cuales pretenden sacar rédito incluso de las propias falencias de los controladores, como se desprende del siguiente episodio:

"Un patrullante detuvo en su tránsito a uno de esos muchos transeúntes, interrogándole sobre su papeleta. El interrogado, que por lo visto estaba muy acostumbrado a los golpes maestros de evasiva, sacó con cuidado y toda gravedad un cartel de remate, que le habían espetado pocos momentos antes, en cuenta de boletín, y que él guardó para dar el mismo chasco a algún otro curioso; le presentó el susodicho cartel al oficial, éste lo tomó, y acercándolo a la luz del farol hizo que lo leía, en seguida se lo presentó y le dijo, Vaya con Dios. Un minuto después como arrepentido lo llama, preguntándole de qué cuerpo era. - Pero que no ha visto usted mi papeleta? le responde el individuo - Siga nomás, ya sé de qué cuerpo es.... Y como muy satisfecho continuó su tarea de apretar al pobre que no llevara papeleta"(La Capital, 23 de abril, l870)

    Más allá de las normativas y prescripciones puestas en práctica en procura del disciplinamiento laboral y más allá de las resistencias que ellas generan en la población afectada, es indudable que hay opinión compartida por funcionarios de gobierno, empresarios y publicistas para reclamar otras políticas destinadas a aumentar numéricamente la mano de obra y modificar su calidad. Ellas se encontrarán en la convocatoria a la inmigración extranjera.

2.2. Los colonos, entre el paradigma civilizador y las exigencias del mercado

a)La visión desde el Estado

   En la búsqueda de la superación del estancamiento que caracterizó la sociedad santafesina en la primera mitad del siglo XIX y simultáneamente a las medidas tendientes al disciplinamiento social, las administraciones provinciales colocan en el aporte inmigratorio todas sus expectativas: el será en primer término, el protagonista de una verdadera transformación productiva, el fondo de reserva de fuerza de trabajo y fundamentalmente, el portador del ideal civilizatorio que venza la barbarie.
   Tal vez la figura que resume con mayor claridad los sustentos del modelo fuertemente ligado a la inmigración es la de Nicasio Oroño. Desde su visión de estadista, aun avanzados los 70, reconoce que el Estado santafesino tiene todavía asignaturas pendientes(justicia, paz, educación, etc.). Sin embargo, considera que las sucesivas gestiones, más allá de los matices, admitieron la premisa fundamental del valor de la inmigración como vehículo de desarrollo y de renovación cultural. Este análisis está fuertemente vinculado a una concepción que encuentra en la tierra y en la orientación agrícola de su explotación una verdadera función civilizatoria(Halperín, l987: 192,193). En esta dirección, ve al Estado como el gran artífice de los procesos de enajenación de la tierra pública, otorgada en parcelas pequeñas o medianas, a precios fijos, módicos y a largo plazo. El objetivo es transformarle en una verdadera mercancía y no simplemente en un factor para incrementar las arcas fiscales:

"La tierra inculta, sin el auxilio del capital y del trabajo del hombre, es un valor muerto, es una materia prima que nada vale aunque pueda valer...La tierra vale por lo que produce, por el capital que representa"(Mensajes de Gobernadores,1972: 40)

    Desde su perspectiva, la acción civilizadora del arado no debe excluir al gaucho pobre, motivo por el cual propugna en l865, la sanción de una ley de tierras que garantice un acceso posible a la propiedad vía la compra o la donación, suprimiendo los sistemas de subasta que encarecen artificialmente el valor de los predios o las mercedes que crean condiciones de especulación y clientelismo político(Mensajes de Gobernadores, 1972: 38, 42). En definitiva, en Oroño aparece muy presente la visión sarmientina de asignar al protagonismo estatal las funciones de subdivisión y entrega de la tierra pública, el desarrollo cerealero y la conformación de una burguesía agraria en la que adquieran fuerte representatividad los pequeños y medianos propietarios, proyecto que no discrimina a los productores criollos.
   Desde otros agentes gubernamentales, así como desde ciertos grupos empresariales, se pretende atemperar el protagonismo del Estado. No pocos consideran que éste debe reducir su acción a la de proveedor de una tierra barata, estimulando su uso agrícola. La mayor divergencia se detecta en las vías de instrumentación del propio proceso colonizador. Algunos funcionarios nacionales y ciertos publicistas reconocen la necesidad de un trabajo eficiente del Estado a través de sus legaciones consulares en Europa, como herramienta fundamental para promover la inmigración y garantizar a los recién llegados - a través de organismos especiales- los apoyos imprescindibles para su instalación definitiva. El accionar de las Comisiones de Inmigración, del Ministerio de Gobierno en las décadas del 60 y 70 va a ser sistematizado con la sanción de la Ley de Inmigración (1876). Pero la mayor discusión se centra en torno a si el Estado debe o no comprometerse directamente con " el negocio de la inmigración o colonización por cuenta propia"(Wilcken, 1873: 318).
   La experiencia de dos décadas impulsa a algunos legisladores como Estanislao Zeballos, a desestimar lo que denomina colonización oficial porque el Estado no sólo carece de recursos humanos y administrativos idóneos, sino que además no tiene la capacidad para :

"elejir(sic) los inmigrantes, para la preferencia de las tierras y de su posición, para la dirección sucesiva de los colonos y para el manejo de los caudales aplicados a su fomento"(Zeballos, 1883: 242)

   Diez años antes, el Inspector de Colonias Guillermo Wilcken no sólo había alertado en torno a estas limitaciones, sino que apuntaba a otro peligro mayor que residía en las obligaciones y responsabilidades que el Estado nacional o los provinciales asumirían en estas circunstancias, quedando sujetos a potenciales controversias internacionales cuando no lograran hacerles frente. En cambio, Wilcken compartía con Oroño la visión de una Estado promotor y supervisor que no dejara en manos exclusivas de los particulares el problema de la inmigración. Mientras en Oroño priva la preocupación por las desviaciones que la sujeción del colono a las empresas produciría sobre el paradigma farmer (Oroño, 1920: 34), el Inspector Nacional de Colonias enfatiza sus prevenciones sobre las distorsiones que en el fenómeno colonizador pueden generar otras prácticas del mercado. Para Wilcken, ni los armadores de buques que buscan pasajeros para el Río de la Plata, ni las agencias vinculadas a las empresas colonizadoras están interesados "en el origen, naturaleza y condiciones" de los emigrantes. Estos rasgos resultan relevantes si de lo que se trata es el fomento de una población agrícola con aptitudes y conocimientos cuyos cimientos se dan en el núcleo familiar. El funcionario se muestra partidario de combinar criterios en cuanto a la conformación de los dos mercados de trabajo, el rural y el urbano. Para este último, considera operativa la llamada inmigración espontánea, que trae generalmente hombres solos, escasamente capacitados y cuya condición " los habilita para cualquier ocupación de peonaje"(Wilcken, 1873: 316). Para el primero, en cambio, propone la vía de la inmigración artificial, limitando el compromiso básico del Estado a garantizar el acceso a la propiedad. Con mayor énfasis que Zeballos, vuelve a reafirmarse la pretensión de potenciar un flujo migratorio que asegure el surgimiento y la expansión de las capas medias rurales.

b)El paradigma civilizatorio subordinado al interés empresario

    El ideario estatal se redefine desde la óptica empresarial, particularmente en las experiencias que se materializan entre los 50 y los 70. En primer lugar, como bien lo señala Guillermo Perkins, posteriormente vinculado a la Compañía de Tierras del Central Argentino, la colonización debe ser entendida como un nuevo ámbito de especulación comercial y, por ende, permitir una maximización de los beneficios. En virtud de ello, la preocupación de los inversores no reside en promover exclusivamente la emergencia de una pequeña y mediana burguesía agraria(Ver Bonaudo, Sonzogni, Cragnolino, Albaizeta, l993: 53, 54). Esta parece ser solo una de las estrategias a desarrollar, particularmente al calor de las presiones gubernamentales o de ciertos sectores de la opinión pública, pero puede coexistir sin contradicciones con la gran propiedad, generadora de otras relaciones sociales como el peonazgo, el arrendamiento y/ o la mediería, o bien sus combinaciones. Tampoco son ajenas a esta realidad, los intentos de retener a la fuerza de trabajo, utilizando los mecanismos del endeudamiento.
   Sobre este diseño de los inversionistas, se sobreimprime la propia realidad de los inmigrantes. En el contexto de una convocatoria a familias agricultoras que reúnan de tres a cinco miembros adultos, se despliegan diversas modalidades cuando el propio grupo no puede dar respuesta a la consigna. De este modo, junto al cabeza de familia, el contrato incluye la presencia de asociados en paridad de condiciones o con participaciones proporcionales. En otros casos, los colonos con cierto patrimonio inicial, cubren los gastos de viaje de connacionales a los que incorporan en calidad de peones. Este acuerdo implica, a veces, una relación salarial corriente; otras, un vínculo a término que concluye al saldar la deuda pero que obliga al patrón en ese lapso, a la manutención y alojamiento. El lugar del peón puede ser ocupado por hombres o mujeres en edad activa que trabajan en el servicio doméstico(Gori,1947: 69,87).
   En los convenios que los empresarios suscriben con el Estado, éste se obliga a la cesión gratuita o a bajo precio del fondo territorial sobre el que se diseñará la colonia.(9) En oportunidades exige a las compañías, como en el caso de San Carlos, poblar con familias "escogidas escrupulosamente en Europa"(10). Las otras responsabilidades a cargo de las empresas, se limitan a solventar los gastos de pasaje, instalación y mantenimiento de los colonos durante un lapso que puede extenderse hasta el año. Esta deuda se salda en diversos plazos según los contratos; en cambio, las obligaciones relativas a la adquisición del predio, se amortizan con intereses en un período que puede alcanzar hasta los cinco años desde la instalación(11).
   Entre todos los ensayos de colonización que se reproducen hasta entrada la última década del siglo, la propuesta de Beck y Herzog para San Carlos parece exhibir un mayor grado de organicidad. En este caso, la Empresa asocia el nivel de rentabilidad a su capacidad de retener a la fuerza de trabajo e incrementar la productividad de las concesiones, obteniendo en el plazo más breve, la recuperación del capital y los beneficios esperados de tamaña inversión. Para ello, la sociedad parte de una selección previa de las familias a las cuales se aplicará una normativa clara y estricta. El Reglamento que acompaña el contrato que suscriben los colonos, convierte el emprendimiento en una gran propiedad puesta en producción por una mano de obra extranjera sobre la que se ejerce una fuerte dosis de adscripción personal. De este modo, el conjunto de cláusulas genera una tutela restrictiva: se coarta la libre movilidad, se impide el acceso directo al mercado para vender los excedentes y aún la posibilidad de disponer sin controles de la cosecha; se supervisa la capacidad para establecer vínculos contractuales con peones; se sujeta a los colonos a la ejecución de "trabajos públicos" que pueden insumir hasta veinte días por año, etc.(Archivo de la Colonización de San Carlos,s/f). Pero la injerencia de la Administración excede la esfera estricta de las relaciones de producción y de realización de las mercancías, para extenderse a un conjunto de libertades individuales y al goce del tiempo libre. Sus atribuciones alcanzan las prácticas religiosas, la consagración del matrimonio civil, la tutela y asistencia de huérfanos y viudas, la definición y castigo de los delitos, la aplicación de leyes de vagancia, llegando incluso a la expresa prohibición de la actividad política.
   Esta base organizativa se cumple a través del equipo de administradores permanentemente atentos a los ritmos de trabajo, las prácticas societales e incluso los avatares en la vida privada de los colonos. El celo y la marcada supervisión que se desprende de esta operatoria no alcanza, sin embargo, a garantizar la supervivencia de la especulación comercial. Cinco años después de la fundación de la Colonia, la Beck y Herzog entra en un proceso de liquidación, siendo sustituída por una nueva sociedad por acciones del mismo origen, que afronta la conclusión de la experiencia con otras perspectivas. Su campo de acción se inscribe en el de todo negocio inmobiliario rural, subdividiendo y vendiendo las parcelas a plazos y con el interés corriente en el mercado. Tanto las nuevas fundaciones que ésta concreta- Humboldt y Las Tunas - como las llevadas a cabo en otras áreas, se alejan totalmente de los criterios adscriptivos aun cuando también deben resolver problemas tales como el de la retención, de la fuerza de trabajo o el del endeudamiento. Los mecanismos a los que se apela resultan más coherentes con las pautas normales del capitalismo, actuando como incentivos de la competencia interempresarial a través de ofertas más atractivas para los potenciales compradores. En esta dirección, la Beck y Herzog había sufrido los mayores embates de sus rivales en la costa este santafesina o en la vecina provincia de Entre Ríos. Hacia allí huían o se desplazaban familias de colonos en procura de mejores condiciones laborales y de un más fácil acceso a la propiedad(12) De igual manera, la cuestión de la deuda se resuelve sustituyendo los pagos en especie, modalidad vigente en Esperanza y San Carlos, por cuotas en dinero(El Ferrocarril, 17 de diciembre,1863). Paralelamente, se acude a otras prácticas cuando persisten las dificultades de pago: la reconsideración de los términos contractuales, la renovación de los plazos regulados con una nueva escala de intereses, el embargo y la retroventa. La universalización de estos criterios que pretenden favorecer el horizonte de la propiedad, no quita que aún avanzada la década del 80, perduren ciertos resabios de discrecionalidad por parte de algunas empresas, en las que, como en el caso de Lehmann, los empresarios combinan el rol específico de inversores con el control estratégico de funciones públicas, particularmente la justicia de paz.(Sonzogni, l996: 277).
   Un segundo cuerpo de cuestiones emanadas del ensayo colonizador se refiere al imaginario forjado respecto de la población convocada. La visión de estos nuevos actores como partícipes de un proceso de regeneración social a través de la agricultura, comienza a ser matizada, a medida que se detectan ciertos desajustes. El primigenio arquetipo que presentaba al inmigrante como portador de nuevas fuerzas morales, hábitos de laboriosidad y ahorro, mejores formas de sociabilidad, valores todos que llegarían a transformar las atávicas costumbres de la población nativa es rediscutido. Esta rectificación deriva fundamentalmente de las características que ostenta la masa humana que ingresa al país. Para Perkins, por ejemplo:

"Casi todas estas familias fueron indijentes(sic) en sus países, peones, soldados y una clase aún peor, criminales. Estos nunca podrían haber abrigado la esperanza de levantarse más arriba de simples jornaleros en Europa"(El Ferrocarril, 15 de diciembre, 1863)

   Esta descalificación es compartida por el funcionario Wilcken, quien supone que las condiciones previas de vida, donde todo el esfuerzo ha sido puesto en el objetivo de garantizar la supervivencia, afectan a estos colonos en su capacitación y en el despliegue de su sociabilidad.
   Desde temprano es puesto en cuestión el grado de adiestramiento que para la práctica agrícola poseen estos trabajadores. Contrariamente a la percepción que rige el mundo ganadero, en donde la mano de obra, fundamentalmente criolla, aparece dotada con habilidades naturales para las actividades específicas, el escenario agrícola presupone estrategias formalizadas de capacitación y entrenamiento. Esta presunción surge de cierto diagnóstico de la situación. Por una parte, porque un sector considerable de los supuestos agricultores, no es tal, y, en segundo lugar, aún siéndolo, las dificultades emanan del desconocimiento del habitat, de sus condiciones climáticas y de los particulares ritmos del ciclo agrícola en el hemisferio(El Ferrocarril, 19 de noviembre, 1863). Los años posteriores modifican escasamente el balance. En l872, evaluando el estado general de las colonias en el país, el Inspector Wilcken afirma:

"Diminuto es el número de los que entre nuestros colonos puede llamarse un agricultor de profesión antes de llegar al país; y muchos de los que hoy dedican sus esfuerzos e inteligencia a esta noble industria, no conocieron al principio ni siquiera el modo de manejar la pala y servirse de la azada, cuanto menos del arado; de esto resulta, que, el modo de cultivar la tierra apesar(sic) de la perfección de los instrumentos con que se inician, es rudo, atrasado y primitivo" (Wilcken, 1873 : 276)

   A estas prevenciones circunscriptas a la esfera laboral, se añaden aquéllas vinculadas a la escala de valores de la cual se los suponía portadores. Los observadores destacan la escasa recuperación, por parte de los núcleos familiares, de sus propias tradiciones y la fragilidad de sus orientaciones valorativas. Estas tendencias le sirven a su vez, para explicar el acriollamiento y la propensión a frecuentar "la sociedad de la pulpería, la embriaguez y la pendencia"(Wilcken, 1873: 307).
   Para superar las trabas que plantean ambas situaciones, el empresariado y los funcionarios elaboran diferentes estrategias. Los primeros acuden a la instalación de granjas modelos que cumplen un doble cometido: ser un laboratorio de experimentación y consecuentemente de adquisición de conocimientos y, al mismo tiempo, un referente testigo para el control de la productividad( Gori, 1947: 119). En cuanto a la gestión política, las propuestas van desde la elaboración de materiales de asesoramiento(cartillas, manuales de agricultura) hasta una formación más específica de los estudios elementales, proyectando escuelas de agricultura. Así, en l885, el Gobernador Zavalla reclama al Congreso que arbitre los recursos necesarios a fin de concretar establecimientos de este tipo en Esperanza, San Carlos y Cañada de Gómez, para que en el futuro los hijos de los agricultores no reproduzcan "las mismas huellas y añejas prácticas de sus padres en la preparación y cultivo de la tierra"(Mensajes de Gobernadores, 1972: 189)
   Concomitantemente, avanzando en el terreno de la resocialización, desde ambos sectores se estimulan todas aquellas iniciativas y ámbitos institucionales que aseguren la consolidación de una visión eurocéntrica de la cultura y su consecuente proyección.De este modo, se arraigan en las colonias las asociaciones de ayuda mutua, las escuelas étnicas, las iglesias de culto católico y protestante, las sociedades de canto, de tiro al blanco, etc.

c)La contestación social de los nuevos trabajadores.

    Los esfuerzos normativos y organizativos llevados a cabo por el Estado provincial en concordancia con las directivas nacionales, sumados a los realizados por las compañías colonizadoras, no encontraron - tampoco aquí- un sujeto totalmente pasivo y sumiso. Empero, las condiciones y medios a los que apela, diferencian sus marcos de autonomía de los del trabajador criollo o indígena. En primer lugar, se trata de una fuerza de trabajo que - por lo menos hasta la década del 80- tiene como horizonte posible convertirse él mismo en un productor propietario independiente. Por otra parte, sus estrategias no evaden el mercado, sino que por el contrario, están fuertemente marcadas por él. Por último, aquel objetivo y estos instrumentos lo pueden llevar incluso a transformarse a su vez, en extractor del excedente de otra fuerza de trabajo.
   Una serie de condiciones puede facilitar la resistencia de estos grupos a las presiones empresariales. Una de ellas es, sin duda, la existencia de una frontera agrícola todavía móvil hasta la primera década del siglo XX y que permite, en una primera etapa, acceder a la proopiedad en distintas áreas. Una vez clausurada, aún puede insertarse bajo las habituales formas de tenencia (arriendo, mediería, aparcería, tantería). Si bien las dos situaciones son disímiles, resultando la primera fuertemente atractiva, ambas postergan hacia adelante el fantasma de la proletarización.
   El corrimiento del área productiva y la emergencia de nuevos emprendimientos, tanto los que continúan ligados a la colonización como los vinculados a los procesos de modernización de las comunicaciones y los transportes, dan espacio para la competencia entre compañías o entre éstas y el Estado para atraer a la fuerza de trabajo inmigrante(13). Dicha puja provoca desplazamientos y cambios de asentamiento que no pocas veces marcan los peldaños de un proceso de ascenso social. Otras movilidades significan lisa y llanamente la huída de las formas adscriptivas impuestas por una empresa, a pesar de las propias presiones o de su connivencia con los funcionarios locales(14).
   A los intentos de búsqueda de mejores condiciones laborales en otros sitios, se agregan aquéllos que en el mismo lugar, les posibilitan poner coto a las exigencias de las compañías, tanto en el proceso de producción como de comercialización. Pese a que las empresas tienen como parámetro de la productividad los rendimientos alcanzados en las granjas de las Administraciones, éstos suelen distar de los resultados que cada colono obtiene en su parcela, especialmente cuando se lo obliga a saldar sus deudas en especie(El Ferrocarril, 17 de diciembre, 1863), razón por la cual algunos empresarios postulan la universalización de pautas monetarias. Paralelamente, la defensa de los criterios contractuales sirve a algunos de estos colonos para limitar las arbitrariedades de la Administración. Un episodio que refleja esta situación es el que en noviembre de l863 protagoniza un miembro de la familia Stetler de San Carlos a quien se pretende obligar a la entrega del tercio de la cosecha de porotos, en contravención con la cláusula que excluía las legumbres del pago anual(Gori, 1947 :82,83)
   En oportunidades, el eje del conflicto no está ni en la productividad ni en el tipo de producción sobre la que pesa la renta, sino en las fórmulas de evasión instrumentadas en el ciclo de la cosecha. Este es el caso de colono Kappeler, quien cosechó batatas sin dar el aviso obligatorio y pagó con ellas a las familias que trabajaron para él. El artilugio le significó el embargo de la cosecha, la prisión y la posterior expulsión.
   Estos conflictos individuales suelen, en virtud de las dificultades comunes que enfrentan los colonos para salir del endeudamiento, trasladarse a instancias colectivas. En l863, en San Carlos, se presenta una petición masiva a la Empresa solicitando la rebaja de los intereses de la deuda. La Administración se compromete a planificar una escala menor de intereses concomitantemente con otros ajustes: los peones- a cargo de los trabajos necesarios para la iglesia, la escuela y el dispensario- son despedidos, transfiriendo sus funciones a las familias agricultoras. Pasado un tiempo, la persistencia de las tensiones conduce al abandono de las estrategias de negociación, ingresando en la esfera de la acción directa. Así, dos años después, se consuman hechos de violencia que culminan con la quema de los archivos de la Administración. Si bien se logra acordar una nueva rebaja de intereses, la firma decide expulsar a doce familias. En los años sucesivos prosiguen las expulsiones, fenómeno que no es exclusivo de San Carlos, sino que aparece como solución frecuente para los inversores en otros espacios, ya que a través de ella se liberan no sólo de trabajadores díscolos sino también de deudores insolventes(Wilcken, 1873: 161; Memorias Anuales de la Schweizerische Gesellshaft Santa Fe, 1865-67,1874), que irán a engrosar el ejército de reserva ya en áreas rurales, ya en las urbanas.

Conclusión

    El análisis precedente permite abrir un conjunto de reflexiones sobre el particular proceso de construcción de un orden burgués en un espacio que va a incorporarse a las prácticas capitalistas a partir de un modelo agroexportador sin haber experimentado ni una instancia de revolución industrial ni tampoco de revolución agraria. De tal contexto deviene la alta significación que se le asigna a la conformación y consolidación de un mercado de trabajo rural. Durante las tres décadas que se abren a partir de los 50, los esfuerzos en los que se empeñan tanto el Estado como las fracciones burguesas van a generar- poniendo en juego distintas estrategias- una peculiar formación de clases sociales en el ámbito rural provincial. En esta etapa, la provincia se ve sometida a condiciones de fuerte movilidad social, en cuyo interior se van redefiniendo los mecanismos de apropiación de la tierra y consolidando nuevas relaciones sociales. Estos fenómenos se materializan en un escenario donde la tierra, factor potencial pero esencial para el proceso productivo, es recuperada del dominio indígena por la acción mancomunada del Estado y los particulares y reasignada luego al sector privado.
   Tal como lo hemos señalado en otros trabajos(Ver Bonaudo-Sonzogni, l993,l996) existe una masa significativa de tierra en manos del Estado como resultado de la conquista, las ocupaciones precarias y la labilidad de títulos de propiedad. De tal modo que la paulatina transferencia incide fuertemente sobre los intercambios. Si el discurso y gran parte de las normas jurídicas sancionadas en relación a ella conducen a pensar en el afianzamiento de condiciones de igualdad en el acceso a la tierra, el privilegio o la desigualdad aparecen rápidamente como marcas significativas, en distintas gradaciones que van desde las cesiones honoríficas a prohombres hasta las que se concretan a empresas de colonización, de transporte terrestre o fluvial, de infraestructura urbana, etc.
   Paralelamente se perfila otra preocupación central en las diversas administraciones referida a la necesidad de definir con claridad los contenidos y límites de una propiedad privada que tiende a imponerse desestructurando antiguas legalidades consuetudinarias. Desde esta perspectiva también se pretende avanzar sobre prácticas y tradiciones de usufructo, particularmente de los denominados productos espontáneos del suelo, reafirmando la preeminencia de los propietarios en su mercantilización , desestimando el uso doméstico tradicional y bloqueando intercambios marginales.
   En lo que respecta a las relaciones sociales varias son las innovaciones que se registran en el período.Por una parte, si bien se difunde la salarización tendiendo a establecer relaciones de equivalencia entre empresarios y trabajadores y a universalizar pautas contractualistas, éstas coexisten con formas adscriptivas previas y una serie de combinaciones que muchas veces expresan estadios de transitoriedad que van desde la domesticidad al peonazgo o desde la tenencia a la propiedad.
   Los dos grandes promotores de esa ingeniería social que operan desde una perspectiva verdaderamente simbiótica - Estado y empresarios - actúan dentro de una lógica que se desplaza entre la pulsión del disciplinamiento y la necesidad económica.
   La jurisprudencia que se sanciona para regular las relaciones en el mundo del trabajo rural - emanada del principio de la libertad individual-destaca, sin embargo, las preocupaciones por la fijación, aun cuando ésta no exhibe en el espacio pampeano santafesino las estrategias típicas empleadas en regiones extrapampeanas del país o en otras áreas de Latinoamérica. Con frecuencia, este parámetro antagoniza con el funcionamiento de la demanda en el interior del mercado. Justamente, en los momentos en que éste requiere imprescindiblemente de una fuerza de trabajo abundante, la papeleta de conchavo o las prohibiciones sobre la disolución del vínculo laboral entran en colisión con el libre juego de la oferta y la demanda.
   En la última década de nuestro análisis, cuando se ha avanzado en la consolidación de las relaciones capitalistas, resultan más evidentes aquellos desajustes. Desde la retórica liberal, aparecen entonces algunas voces que apelan a fundamentos emanados del derecho civil para cuestionar el anacronismo de cierta normativa presente en los reglamentos policiales y en la codificación rural que colocan en calidad de delito el incumplimiento de contratos civiles, tales como los que se establecen entre patrón y peón.(Reglamento, 1882 : 43,44) El propio Código Civil, que rige desde 1871, al instalar este tipo de contratos en el marco de la locación de servicios, refuerza el carácter consensual de un intercambio entre sujetos equivalentes.
   Por otra parte, la contradicción formulada desde esta perspectiva general adquiere, finalmente, especificidad en los proyectos de colonización agrícola. Frente a la heterogeneidad de los actores -nativos o extranjeros - destinatarios de las políticas y de las prácticas, una visión manifiesta un consenso generalizado: la de afianzar en el conjunto de la sociedad, dos valores primordiales del nuevo orden, la propiedad y el trabajo. A diferencia de lo que parece plantearse en el mundo urbano en donde la gestión política combinada con la acción de los particulares desarrolla prácticas de asistencialidad pasiva hacia pobres y mendigos, en el ámbito rural en el cual resulta imprescindible erradicar la inactividad voluntaria se planifican formas operativas de inserción por el trabajo. Las colonias indígenas y de fronteras, en las que comparten el espacio vagos, malentretenidos y menesterosos, expresan el afán disciplinador con una doble finalidad: la internalización de valores y la retención forzada de los sujetos.
   Sin que esté ausente la arista disciplinadora - como ya se ha visto - las experiencias que tienen como protagonistas a los grupos inmigrantes enfatizan los criterios económicos. El empresario promotor es un inversor capitalista en búsqueda de rentabilidad, en tanto el colono es un trabajador en búsqueda de la propiedad. Una parte sustancial de estos productores extranjeros en el área centro-oeste e incluso en el sur de la provincia accede al horizonte deseado. Desde esa instancia, no pocos multiplican las experiencias colonizadoras, desplazando algunos sus inversiones hacia la esfera de la producción manufacturera o de la comercialización y los servicios, y participando protagónicamente en la aceleración de la dinámica urbanizadora. El fracaso, en cambio, parece acompañar a la mayoría de las experiencias destinadas a la población nativa, indígena o criolla. En los ochenta, los grupos indígenas del norte alternan en su mayoría las actividades de subsistencia en el interior de la reducción con conchavos esporádicos en ingenios y obrajes de la costa noreste; en el sur, un mundo de trabajadores criollos que no logró retener la propiedad de la tierra, ya sea en la colonia fronteriza o en la cedida como premio militar, se inserta en las estancias - a veces con su única pertenencia, la majada - como capataces, puesteros, pastores o personal temporario. Los restantes engrosan la fuerza de trabajo urbana no calificada.
   Todo este conjunto de actores en su contacto con el mercado ha sufrido, en mayor o menor medida, la desestructuración de sus formas de organización social y cultural previas. Aquél, a partir de las necesidades de la demanda, pretendió rearticularlos en función de su propia lógica. Ahora bien, el mercado al que estamos haciendo referencia, necesita garantizar la existencia de un ejército de reserva, pero en su dinámica no lo reclama permanentemente por cuanto la producción agraria, que es su motor, presenta características cíclicas o estacionales que generan amplios períodos de inactividad . A esto se suma el bloqueo, avanzados los 90, del acceso a la tierra para el productor con escasos recursos.
   Mientras el paradigma del productor propietario comienza a desdibujarse sin desaparecer, los otros dos trabajadores emergentes de esta nueva realidad presentan rasgos peculiares. Por una parte, nos enfrentamos a un asalariado rural altamente móvil, con inserciones esporádicas y escasos niveles de calificación, aunque con una gran capacidad de adaptación a las condiciones de transitoriedad. Este trabajador combina la experiencia del mercado rural con el urbano y, en los momentos críticos, no desestima el acudir a las prácticas tradicionales. Por otra, a un tenente que resume distintos recorridos laborales en el mundo rural: el que perdió su calidad de propietario, los que llegaron en pleno proceso de valorización de la tierra y no pudieron acceder a ella, y quienes habiendo comenzado como peones rurales, ven en las formas de arrendamiento, mediería o tantería que les propone la estancia de cultivos combinados, la oportunidad de ascenso económico y social.
   En definitiva, el mercado que emerge en el área pampeana santafesina como en su par bonaerense( Sábato,1989)utiliza funcionalmente los criterios de esporadicidad, transformando en un dato estructural de la demanda, una condición tradicionalmente inherente de la oferta a la que la legislación punitiva pretendía eliminar.
   Finalmente, la lógica de libertad e igualdad impuesta por la experiencia del mercado en el marco de una nueva organización social, tampoco garantizó de por sí la autonomía de estos productores.La pervivencia de las formas transicionales que afectan al mercado de tierras y al de trabajo se reflejan, en no pocas oportunidades, en comportamientos heterónomos que se expresan tanto en la conflictividad social como en las prácticas políticas. El correlato de ambos postulados en lo económico(el trabajador libre y con capacidad de contratar en igualdad de condiciones) y en lo político(el ciudadano universal) da pie, en lo cotidiano, a la desigualdad y la subordinación.
   La tensión generada entre los postulados teóricos y las prácticas sociales concretas, obligan al Estado, entre el fin de siglo y la primera guerra mundial, a replantear su rol. Estos diferentes actores van generando- a través de sus demandas- la necesidad de rediscutir el papel punitivo de éste o su desempeño sólo como garante del orden en términos de legalidad. En esta etapa , se comienza a colocar en el primer plano de la discusión la importancia de reformular sus niveles de injerencia operando más ampliamente como regulador y árbitro de las relaciones sociales. Pero esa es otra historia...

Notas

(1) Los dos obstáculos están referidos a la fuerte primacía de la Aduana de Buenos Aires y a la guerra de la Triple Alianza.

(2)La modalidad de reducir a los indios está fuertemente arraigada en la tradición colonial.

(3) El gobernador Fraga transmite a la Legislatura Provincial en l860 que "el Gobierno ha podido remontar la guarnición de las fronteras... con 300 tiradores de a caballo...sin incluir en la cifra los lanceros de Sauce y San Pedro"(Mensajes de Gobernadores, l972: 101)

(4) El autor remarca la fuerte presencia, en esta política de fronteras, de la tradición borbónica.

(5) El gobernador Cabal duda de la constitucionalidad de la leva orientada al servicio de las Guardias Nacionales(Mensajes de Gobernadores, 1972: 235)

(6) A partir del 80, el Roquismo(1880-l886) produce realmente la clausura de estas fuertes tensiones e inaugura una etapa conocida históricamente como de Paz y Administración.

(7) Se suspende "el rancho y los vicios de entretenimiento"(Registro Oficial,1863: 3l)

(8) Tales disposiciones, inauguradas durante la gestión oroñista, no excluyen como destinatarios a quienes han servido a la Patria, generando en consecuencia, una deuda, la que a través de la entrega de tierras por premios militares, se supone saldada. Esta política de retribución se debilita hasta su completa desaparición a lo largo de la década del ochenta.

(9) En no pocos casos, se suma a esta cesión, una sustanciosa entrega de tierras públicas a los mismos inversores.

(10) Más que una actitud hostil, esto revela expectativas colocadas en la población extranjera y explica la prohibición de vender los predios a los habitantes del país.

(11) Para hacer frente a la deuda, miembros de la familia entran en servicio en las administraciones de las empresas; otros se conchavan en calidad de asalariados con otros productores; algunos alternan actividades rurales con artesanales, etc.

(12) Entre los principales competidores se encuentran Alejo Peyret, colonizador en Entre Ríos y el médico Teófilo Romang de Esperanza, quien sustrae buena parte de los colonos hacia Helvecia.

(13) La injerencia del Estado con este grupo particular de trabajadores se diferencia de su intervención con la mano de obra indígena o criolla. No existen aquí procedimientos coactivos directos. Su participación, a veces, puede admitir acciones de retención forzada de trabajadores, pero en general se abre al juego de la oferta y la demanda.

(14) El juez Trombert de Esperanza prohibe la salida hacia Cayastá de los colonos morosos( Archivo de Gobierno , Juzgado de Paz de Esperanza, 1868 :00029)

Fuentes

Archivo de Gobierno 1868 Archivo de Gobierno, Santa Fe, Juzgado de Paz de Esperanza(1857-76), folio 00029, 1º de Enero.

Archivo de la Colonización s/f .Archivo de la Colonización , San Carlos Centro(Santa Fe), Facsímil del Reglamento de la Colonia.

Archivo de la Jefatura Política 1855. Archivo de la Jefatura Política , Rosario, Volumen A 1856. Archivo de la Jefatura Política , Rosario, Volumen B 1857. Archivo de la Jefatura Política , Rosario, Volumen C

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