El cooperativismo agrario en la provincia de Buenos Aires (1946-1955)

Mateo, Graciela

Universidad Nacional de Quilmes
gmateo@unq.edu.ar

   El presente estudio histórico se propone analizar el lugar que el movimiento cooperativo ocupa en la política económica del peronismo a nivel nacional y particularmente en la provincia de Buenos Aires. La hipótesis a confrontar se estructura a partir de la relación entre el Estado planificador, dirigista y popular y las cooperativas agrarias, partiendo de tres ejes: el discurso oficial y de los cooperadores, la acción cooperativa y el crédito oficial otorgado a dichas organizaciones, para llegar a hipótesis más específicas que nos permitan avanzar en el análisis de las políticas económicas que en relación al cooperativismo formularon los mandatarios que estuvieron al frente de la provincia de Buenos Aires durante el peronismo histórico. En tal sentido resulta necesario conocer las estrategias empleadas por Domingo Mercante y Carlos Aloé para preservar, quizás más que el gobierno nacional, un sutil equilibrio entre los intereses económicos de los sectores agropecuarios que tradicionalmente sustentaron la estructura productiva de la provincia y la nueva categoría de medianos y pequeños industriales que radican sus empresas en los partidos del conurbano. Para ello parece interesante conocer qué papel ocupa en ese proyecto el cooperativismo agrario identificado con el clásico perfil de la Argentina rural y – al mismo tiempo - considerado un mecanismo ideal para bajar los costos de intermediación; a qué sectores pretende llegar y con qué expresiones concretas. Por otra parte, si entre los objetivos oficialistas figura como una de las prioridades salvaguardar al agro – primero para impulsar a la industria nacional y desde 1950 para lograr la recuperación económica, parece interesante y necesario distinguir qué rol le asigna el Estado peronista, desde el discurso, la legislación propuesta y sancionada al cooperativismo agrario; así como el discurso de las federaciones cooperativas agrarias sobre la función que cumplen y la política gubernativa. Por último, si entre las proposiciones del Estado peronista figura la necesidad de establecer una mejor y mayor distribución regional del excedente económico, resulta útil para la comprensión del objetivo central del presente estudio, conocer cuál fue el apoyo financiero que recibieron las cooperativas agrarias bonaerenses.

1. Orígenes y significado del cooperativismo agrario.

    Dentro de la economía cooperativa, el cooperativismo agrario se presenta en un principio, como un terreno litigioso entre la cooperación de consumo y la asociación de campesinos pero con el tiempo tiende a quedar en manos de esta última. Uno de los más calificados especialistas argentinos sobre los principios y la práctica del cooperativismo, el doctor Emilio Bottini, considera que la cooperación agraria presenta objetivos claramente definidos: 1) beneficiar a los agricultores que explotan pequeñas fracciones de tierra, para alcanzar mejores precios, mayor uniformidad y calidad en su producción; 2) proveer de crédito al pequeño o mediano productor; 3) prestar asesoramiento legal e impositivo a sus asociados; 4) aprovisionar al asociado de artículos de uso y consumo; 5) transformar las materias primas de sus socios; 6) tomar a su cargo el transporte de productos de los cooperadores; y 7) estrechar la colaboración entre la producción y el consumo, limitando drásticamente la acción de los intermediarios (Bottini, 1959:39 y ss.).
    El cooperativismo agrario presta importantes servicios al asociado en materia de abastecimiento, comercialización y transformación. Una prestación que se traduce en una utilización más eficiente de la tierra y su mejoramiento, el mayor volumen de negocios, el mejoramiento en la calidad del producto, el uso eficiente del capital (rebaja en el costo de producción y precios más remunerativos), aumento de la demanda al ampliarse los mercados e introducción de servicios que cada agricultor por si solo no puede tener (1).
    En nuestro país la cooperación agrícola surge a fines del siglo XIX. Es un producto de la Argentina Moderna nacida en los años ´80, con su gran afluencia inmigratoria, la ampliación de la infraestructura y el desarrollo de la agricultura extensiva y de la ganadería refinada y de alta mestización, que sustentan la economía agroexportadora;  y se vincula a la expansión y difusión de las ideas cooperativistas europeas aparecidas hacia mediados de esa centuria y avaladas por el Primer Congreso de la Cooperación reunido en Londres en 1895. No obstante la existencia de otros antecedentes, puede convenirse que la primera manifestación cooperativa del agro argentino data del año 1898, cuando se funda “El Progreso Agrícola” en la localidad de Pigüé, al sur de la provincia de Buenos Aires, dedicada a asegurar las cosechas contra el granizo, por y para los agricultores, según lo establece su reglamento. En el año 1900 se funda la “Cooperativa Agrícola Lucienville” de Basavilbaso, Entre Ríos, y desde sus comienzos adopta un sistema que servirá luego de modelo para la mayoría de las cooperativas llamadas mixtas o multiactivas (trascendiendo el objetivo meramente asegurador de las primeras entidades) que pueblan toda la zona cerealera del país. La primera cooperativa algodonera se forma en 1905 en Margarita Belén (Chaco), mientras el año 1908 ve el nacimiento de la primera cooperativa agrícola de Santa Fe. Son los primeros pasos de la labor cooperativista agraria argentina. (2)
    El desconocimiento del sistema cooperativo, por un lado, y los intereses de los grandes exportadores, los consignatarios y el comerciante local que ven afectados sus intereses con la difusión de asociaciones de esta índole, la falta de fomento oficial, la presencia arraigada del latifundio y el aislamiento del productor rural, conspiran durante largo tiempo contra la proliferación y arraigo de las sociedades cooperativas en el medio rural. No obstante lentamente, según expresión de Juan B. Justo, “por sobre la experiencia frustrante de las huelgas fue creciendo un nuevo concepto, la solidaridad de hacer que exige un grado de capacidad histórica mucho más elevado que la acción gremial negativa de las huelgas” (Justo, 1938:33). En lugar de protestar contra el almacén de ramos generales o contra el acopiador, los productores van organizándose y reemplazándolos por cooperativas.
   El movimiento cooperativo pasa por tres etapas bien definidas: la del aprovisionamiento, la de comercialización de la producción, y la de la industrialización de esa producción.
   Así como la acción gremial agraria tiene su época crucial entre 1912 y 1921/23, la experiencia cooperativa tiene su momento fundador entre 1922 y 1956, años en que se institucionaliza el movimiento, alcanzando su integración vertical con la primera federación de cooperativas: la Asociación de Cooperativas Agrarias (ACA), entidad que agrupa a un número importante de cooperativas de primer grado y representa a un nutrido grupo de medianos productores dedicados a la explotación agrícola y ganadera radicados especialmente aunque no de forma exclusiva en la región pampeana (Mateo, 2001a).    
    Las transformaciones operadas en la propiedad agraria, la estabilidad que daba al productor la ley N º 11.170 sobre arrendamientos –sancionada en 1921- y la que, en forma precaria agrega la legislación de emergencia, contribuyen al crecimiento cooperativo. En tal sentido influye también la tendencia de las explotaciones a manejarse como empresas comerciales más que dedicadas a la economía de subsistencia.
    Los congresos cooperativos reunidos entre 1919 y 1921 logran significativas resoluciones que preparan el ambiente propicio para dictar una legislación cooperativa de alcance nacional. El 20 de diciembre de 1926 se sanciona y promulga la ley de cooperativas N º 11.388 que otorga estatuto legal en el marco de la política nacional a estas instituciones, que bajan los costos de intermediación, agrupan  y dan auxilio a los productores rurales. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa dan muestras de la progresiva consolidación del movimiento cooperativo agrario, que se extiende en los años ’30 hacia el territorio del Chaco y su explotación algodonera. El ejemplo chaqueño no tarda en ser imitado por los productores misioneros y en 1939, una decena de entidades cooperativas fundan la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones, con el propósito de realizar en conjunto las compras necesarias para abastecer a los almacenes cooperativos y comercializar la producción de los asociados, promoviendo la industrialización de los productos. En 1945, el 44 % de la yerba mate que llega al mercado de consumo y el 75 % del algodón cosechado se vincula con el accionar de las cooperativas (Sienrra, 1946:262).
    La función productora e industrializadora de las cooperativas encuentra una expresión exitosa en la actividad tambera. Sus orígenes datan de 1918, cuando se constituye en Zavalla (Santa Fe) la primera cooperativa de tamberos, dedicada a la elaboración de quesos, cremas y leche pasteurizada, denominada “Sociedad Cooperativa de Lechería de Zavalla Ltda. Es la precursora de una vasta organización de entidades similares que se expanden en Santa Fe y Córdoba, especialmente, y que se convierten en auténticas defensoras del trabajo del pequeño y mediano productor tambero. Para 1945 las 235 cooperativas tamberas radicadas en el país (11 en Santa Fe y 87 en Córdoba) representan a 12.703 socios y registran un capital suscripto y casi totalmente realizado de $ 6.981,785 (Cavallone Brebbia, 1947:131-135).
    Hasta aquí algunos ejemplos de los avances del movimiento cooperativo radicado en el ámbito rural y del aumento sostenido de su participación en la economía agropecuaria nacional.

2. La política agraria peronista y el cooperativismo.

    En las propuestas contenidas en el programa del Partido Laborista (que por cierto no integraba ninguna organización política gremial representante del sector rural) para las elecciones de febrero de 1946 se sumaban a las reivindicaciones urbanas destinadas a captar al “obrero que votaba” aquellas otras que respondieran a las demandas de un electorado rural importante en número (31% del total de votantes) (Lattuada, 1986:40-45).
    La división de la tierra y la eliminación del latifundio, la aplicación de un impuesto progresivo a la herencia y a la tierra, la intención de llevar a cabo una política que favoreciera a los pequeños agricultores para transformarlos en clase media rural, la extensión de la justicia social a los trabajadores del campo, reglamentaciones de sus condiciones laborales, participación en las ganancias de las empresas, salario mínimo obligatorio, educación técnica, y establecimiento de colonias sanitarias en la campaña son algunas de las propuestas programáticas del Laborismo (Fayt, 1967:121-123). A esta extensa lista debe agregarse la prometida continuidad y profundización de aquellas medidas socioeconómicas que la Revolución del ’43 había puesto en marcha –algunas a instancias del mismo Perón- en beneficio del más alicaído sector de la población rural. Entre ellas figuran:
   La sanción en noviembre de 1943 del Decreto-Ley N° 14.001 que concede una rebaja obligatoria del 20 % en el precio vigente para los arriendos, con el propósito de amortiguar los efectos de la difícil situación financiera por la que éstos atraviesan, al tiempo que mantiene en vigencia la prórroga de contratos y la suspensión de los juicios de desalojo que fijaba la Ley N° 12.771 de 1942 (Girbal-Blacha, 1998a:54).
    La aprobación del Estatuto del Peón el 17/10/1944, cuyas consecuencias son evaluadas por Carlos Emery –segundo ministro de Agricultura del primer gobierno de Perón- en un doble sentido: por un lado, otorgaba a los asalariados rurales permanentes condiciones económicas y sociales desconocidas para  la época y, por otro, permitía amortiguar, a través de la organización y control de los trabajadores del campo, los potenciales conflictos que pudieran afectar el “normal” desenvolvimiento de la explotación agropecuaria tan necesaria para el desarrollo de los otros sectores de la economía (Emery, 1949:365-366).
    La creciente actividad propagandística desplegada por el Consejo Agrario Nacional, creado en 1940 y dirigido por el Dr. Antonio Molinari, abogado de la Federación Agraria Argentina y redactor de su diario La Tierra. Este organismo contribuye a difundir la estrategia electoral del líder del Partido Laborista quien en un discurso abiertamente hostil hacia los hacendados y rentistas expresa: “Tiene [el estanciero] 10,5,2 leguas de campo para hacerlas producir una insignificancia. Y eso lo puede hacer merced a que no le paga a los hombres que la trabajan. Ese señor es el intermediario de la tierra. Pero la tierra no puede ser ya un bien de renta. El que tenga tierra tiene que sacarle el jugo porque ella es la riqueza del Estado. El día que pueda ponerse la tierra al alcance de la gente se solucionará el problema.” (3) Del texto del discurso se desprende que, además de la atracción electoral que podía ejercer, existía también una advertencia a los propietarios: la necesidad de que no quedaran tierras aptas para la producción agropecuaria ociosas o semiproductivas. Este despliegue propagandístico estuvo acompañado de algunas expropiaciones en áreas espaciales de regular productividad, como en Entre Ríos (latifundio El Potrero), en la localidad bonaerense de Salto (Rincón de Estrugamou) y dos campos de Patrón Costas ubicados en Perico de Carmen (Jujuy). Hacia fines de 1944 el Poder Ejecutivo Nacional pone en actividad a los consejos agrarios que se instalan en las colonias creadas por el Consejo Agrario Nacional y que cuentan con la participación de arrendatarios y propietarios, el agrónomo regional respectivo y la supervisión del gerente del Banco Nación de la zona y que deben fomentar y controlar la producción agrícola, destinada a seguir ocupando un importante papel en la política económica del país. 
    Entre las realizaciones que el Laborismo exhibe en tiempos de campaña electoral también figura el fomento del cooperativismo agrario para la comercialización e industrialización de los productos; la adquisición de maquinarias, implementos, abonos, insecticidas, la formación de estaciones zootécnicas, herrerías, asociaciones de crédito, seguros, lucha contra las plagas, etc., fijando el Consejo Agrario Nacional las normas para la constitución de estas sociedades en las colonias bajo su dependencia (Universidad de Buenos Aires, 1951:476-479).    
    A partir de 1945 la Secretaría de Trabajo y Previsión beneficia a los trabajadores rurales transitorios a través de un fortalecimiento del poder de negociación de los Centros de Oficios Varios, denominación que adquirieron los sindicatos rurales.
    Por último el Estatuto del Tambero-Mediero sancionado por Decreto-Ley N° 3.750 del 5/2/1946 que rige las condiciones laborales de estos trabajadores y que fuera reconocido incluso por la Federación Agraria Argentina como “uno de los reglamentos más criteriosos”, a diferencia del Estatuto del Peón considerado, en virtud de los intereses que la entidad representa, como contrario a los “intereses morales, técnicos y económicos de los que sirven y trabajan en el campo” (4). 
    Las realizaciones a favor de los arrendatarios y trabajadores rurales concretadas durante la gestión de Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión y sus amenazantes discursos pre-electorales que presagiaban una revolución agraria y que tanto alarmaban a los terratenientes y propietarios no tuvieron a partir de 1946 un correlato significativo en los hechos que terminaron mostrando más acuerdos que confrontaciones (Girbal-Blacha, 1998b). Prueba de ello es la sanción del Decreto-Ley N° 14.959/46 del 24/05/1946 que establece que el Consejo Agrario Nacional y la aplicación de la Ley de Colonización N° 12.636, que antes dependiera del Banco Central, pasarían a estar a cargo del Banco de la Nación Argentina. Si bien Perón fundamentó la medida en la necesidad de darle sustento financiero al Consejo, es evidente que el Poder Ejecutivo Nacional tenía claras intenciones de recortar las atribuciones del organismo, cuando quienes lo conducen alientan una reforma agraria radical y no “capitalista y bancaria”, según las propias palabras de Antonio Molinari, cuya dimisión al frente del Consejo se concreta cinco días antes de que Perón asuma la Presidencia (Gambini, 1983:115).  En esos mismos días se conoce el nombramiento del Ministro de Agricultura del flamante gabinete nacional que recae en el hacendado Juan Carlos Picazo Elordy, con intereses agropecuarios en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires y hombre de la tradicional Sociedad Rural Argentina, entidad que representa los intereses de los grandes estancieros y terratenientes asentados especialmente en la rica pampa húmeda. De esta forma se frustraron las aspiraciones a ocupar esa importante cartera de Mauricio Birabent, el otro estrecho colaborador de la estrategia electoral laborista para el sector rural, quien también terminó alejándose.
    Una nueva etapa comienza a delinearse en materia de política agraria al asumir Perón el poder en 1946. La planificación económica que se implementa apunta a la obtención de un aumento sostenido de la producción en general y agropecuaria en particular, pudiéndolo obtener a través de dos caminos: profundizar los cambios en la estructura agraria, expropiando a los terratenientes arrendadores, y haciendo producir esas tierras ya sea por los antiguos arrendatarios, aparceros y ocupantes, y por el Estado mismo, acompañando esos cambios con una activa participación estatal en el fomento de la producción agropecuaria; o recurrir a los incentivos económicos ortodoxos y crear las condiciones “deseadas” por los propietarios del capital y la tierra para aumentar la producción de sus explotaciones.
    En la medida en que para alcanzar la pretendida redistribución del ingreso a favor de la pequeña y mediana industria que produce para un mercado interno en expansión, se requería acrecentar la producción agropecuaria,  minimizar el conflicto social y evitar el desgaste político, el peronismo opta por la segunda de esas vías. De ahí entonces que el campo siga desempeñando un “papel estratégico” (Lattuada, 1986:72) en la planificación peronista y el cooperativismo agrario acompañará, no sin recurrentes reclamos, la política económica de estos años que cuenta con la acción monopolizadora del Instituto Argentino para la promoción del Intercambio (IAPI) (Novick, 1986).    
    Durante la gestión de Juan Domingo Perón se forman 113 organizaciones cooperativas, constituyendo la época de mayor expansión numérica del cooperativismo agrario argentino, que se detiene en la década siguiente con sólo 18 incorporaciones (Carracedo, 1984:76-77). El Estado mantiene relaciones con el movimiento cooperativo en dos planos: en tanto representación de los productores agrarios agrupados en las cooperativas y en la función estatal de fomento, supervisión y control en resguardo de los intereses de la comunidad; una función que tiene a su cargo la División Nacional de Cooperativas, dependiente primero del Ministerio de Agricultura y desde 1948 elevada al rango de Dirección del Ministerio de Industria y Comercio de la Nación (5).

Tabla 1: Cooperativas agropecuarias en la Argentina.

	1937			1947			1951
lase de Cooperativa	Nº	Nº Socios	apital realizado m$n	Nº	Nº Socios	apital realizado m$n	Nº	Nº socios	apital realizado m$n
Agroganadera	138	33.233	6.551.930	192	61.729	13.045.093, 76	434	124.095	40.565.169, 41
Algodoneras	20	2.970	1.191.230	29	9.132	6.687.415,45	31	11.522	13.993.600,54
Granjeras	--	-----	-----	7	945	89.063,10	15	2.468	370.015,50
Tamberas	78	3.217	1.513.260	357	22.941	14.731.156,22	--	-----	------
Vinifrutícolas	29	1.182	1.541.820	26	2.946	2.833.465,68	46	5.399	7.944.169,05
Yerbateras y tabacaleras	13	1.590	383.300	17	8.012	1.813.687,16	18	8.725	3.786.014, 08
Molineras	--	-----	-----	-----	-----	-----	400	28.861	23.668.795,65
TOTAL	278	42.182	11.181.540	628	105.705	39.199.917,37	944	181.070	90.330.764, 23

Fuente: Yuri Izquierdo (1972:62)

   Una de las más destacadas centrales cooperativas que se constituyen por estos años es la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA), entidad de segundo grado vinculada a la histórica Federación Agraria Argentina, con sede en Rosario, que agrupa a cooperativas primarias, como complemento de la acción gremial. La provisión de implementos agrícolas y la venta en común de la producción de sus asociados constituyen sus principales funciones. La integración vertical también alcanza a otros rubros del cooperativismo rural: así surge la Unión de Cooperativas Ganaderas, la Unión de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza, IPSA Instituto Productor de Semillas y Afines, Asociación de Cooperativas Agropecuarias “ROSAFɔ, entre otras.

3. Domingo Mercante y su intento conciliador de los distintos intereses agropecuarios bonaerenses

    La provincia de Buenos Aires, que asienta su riqueza sobre tradicionales bases agrarias, está llamada a jugar un papel protagónico en una etapa cuya consigna es: “producir, producir, producir... pues sin aumento de [la producción] no se pueden sostener los beneficios sociales conseguidos” (6).
    Comparando los resultados de los censos agropecuarios de 1947 y 1952 se observa el incremento sostenido de la producción de los dos tradicionales cereales que caracterizan la estructura productiva bonaerense.

Tabla 2: Número de explotaciones y superficie cultivada en la provincia de Buenos Aires, según censos agropecuarios.  

Cultivo		1947	1952
Trigo	N° de Explotaciones	39.303	43.678
	Superficie Cultivada (has)	2.563.551	3.165.541
Maíz	N° de Explotaciones	50.634	63.166
	Superficie Cultivada (has)	1.174.549	1.313.909

 Fuente: República Argentina. Ministerio de Hacienda, Censo Agropecuario, Buenos Aires, Dirección Nacional de Estadística y Censos, 1953, pp. 76-77.

    En el  Plan Trienal se reconoce la necesidad de reacomodar la producción agrícolo-ganadera e industrial a las nuevas condiciones de la economía mundial de posguerra. Se impone la introducción de nuevas variedades de productos como cultivos especiales y plantas forrajeras e industriales, aromáticas y hortícolas, cuya producción se intensifica en la red de estaciones experimentales previstas en el mismo Plan.
    La explotación ganadera se fomenta de acuerdo con las aptitudes “ecológicas” de cada zona y se orienta al ganadero a producir lo que realmente sea de interés para el Estado, la industria y los mercados internacionales, aunque siguen prevaleciendo las explotaciones dedicadas a la cría de ganado bovino y ovino.

Tabla 3: Número de explotaciones y cantidad de ganado en la provincia de Buenos Aires, según censos agropecuarios.

Ganado		Año	N° de Explotaciones	N° de cabezas
Bovino	1947		87.670	16.428.004
	1952		96.779	18.367.879
Ovino	1947		43.026	16.294.738
	1952		46.003	18.138.204

 Fuente: República Argentina. Ministerio de Hacienda, Censo Agropecuario, Buenos Aires, Dirección Nacional de Estadística y Censos, 1953, pp. 50-53.

    Se fomentan  las industrias derivadas y la modernización de los métodos de trabajo, capaz de superar “la decadencia en el proceso de mecanización”, cuya causa principal fue la dificultad de importación de insumos, el “estancamiento en el proceso de cambio genético” y el “mantenimiento y aún retroceso del sistema estatal de generación y difusión de tecnología” (Barsky, 1988:76-77).

Tabla 4: Algunos rubros de maquinaria agrícola, según censos agropecuarios

Año de Censo	Cultivadoras s/ ruedas	Cosechadoras automotores	Desgranadoras a motor	Tractores	Ordeñadoras mecánicas	Pulverizadoras  sobre ruedas
1947	4.595	1.615	1.847	10.446	----------	1.629
1952	18.380	3.349	2.508	17.755	804	3.108

 Fuente: Presidencia de la Nación. Ministerio de Asuntos Técnicos, IV Censo General de la Nación, Buenos Aires, Dirección Nacional del Servicio Estadístico, 1948, Tomo II, parte IV, pp. 486-491. República Argentina. Ministerio de Hacienda, Censo Agropecuario Buenos Aires, Dirección Nacional de Estadística y Censos, 1953, pp. 113-119.

     En esta renovación del utillaje agrícola juega un papel destacado el Banco de la Provincia de Buenos Aires a través de una operatoria que intenta satisfacer algunas condiciones del Plan Trienal orientado a facilitar la importación de tractores e implementos agrícolas en beneficio de uno de los pilares de sustento de la economía provincial. Así la entidad bancaria ofrece una línea de créditos especiales tanto para productores como para contratistas rurales, con garantías suficientes para obtener un monto de hasta el 80% del valor de la maquinaria y conforme a estos límites: $ m/n 3.000 para repuestos y accesorios, $m/n 30.000 para tractores o cosechadoras nuevas, con un plazo de reembolso de hasta 5 años e interés del 5% anual. El beneficio se amplió otorgándose préstamos con régimen de prenda agraria a los agentes de fábrica o casas importadoras de implementos para el agro que fueron incluidos, en 1948, en el régimen de Crédito Rural de Habilitación (de bajo interés y largo plazo de reintegro). Entre 1946 y 1951 varias empresas de ese ramo (Simplex Máquinas Agrícolas S.R.L., Fábrica Argentina de Máquinas Agrícolas S.A., Mecánica Rural S.A. Comercial e Industrial) recibieron créditos del Banco Provincia, por importes que van entre los $ m/n 40.000 y 80.000 (Girbal-Blacha, 1998c:107-108).
    La reestructuración ministerial emprendida al comienzo de la gestión de Mercante también alcanza a las actividades rurales ya que primero se separa la Dirección Agropecuaria del antiguo organismo provincial que nucleaba a la agricultura y a la industria y se le anexa el Departamento de Caza y Pesca y el Fomento Pecuario con una orientación económica y no meramente técnica. La elevación de esta Dirección, en 1949, al rango de Ministerio de Asuntos Agrarios incluyendo las Direcciones de Colonización, Agricultura, Ganadería, Transformación y Cambio e Irrigación, denota el decisivo papel que se le asigna al agro en la política económica bonaerense. También se crea el Instituto Autárquico de Colonización (Ley N° 5286/48) que, dotado de un fondo inicial de $ m/n 30.000.000, aporta orientación técnica en los diversos tipos de explotaciones agropecuarias extensivas e intensivas a las colonias agrícolo-ganaderas, granjeras, hortícolas o frutícolas; fomenta el desarrollo del cooperativismo para la industrialización y comercialización de la materia prima; promueve la modernización de los medios de producción, la protección del Estado como ente colonizador y la capacitación práctica de los hijos de los colonos (7). El Instituto además de administrar las colonias existentes, funda las de General Pinto (5.000 has.), Caseros (968 has.) y colonia San Luis, habiéndose radicado 69 familias campesinas. En las tierras fiscales de Patagones se traza la colonia de San Martín, con 35.000 has. de superficie y 68 lotes adjudicados a auténticos pobladores. Particular atención se presta a la región del Delta, creándose el Instituto Provincial del Delta que traza un plan de canalización y saneamiento, para incorporar a la actividad económica una amplia y rica zona productiva.
    El gobierno bonaerense, conciliando los intereses de los variados actores del agro, es más bien cauto en cuanto a la política de tierras, no anuncia una abierta revolución agraria, antes que prometerle al agricultor la propiedad de la tierra, le ofrece seguridad y “libertad de acción” sobre la tierra que trabaja, proveyéndolo de conocimientos adecuados y entregándole elementos para perfeccionar sistemas de cultivo en forma de anticipos o préstamos (8).
    Domingo Mercante, atento a la estructura productiva de su provincia y al logro de un delicado equilibrio entre una variada gama de actores socio rurales y entre éstos y otros protagonistas económicos beneficiados con la redistribución del ingreso agrario, considera que se debe “conciliar el justo anhelo del hombre que quiere la posesión tranquila de su pequeña heredad, con las necesidades de la gran industria agraria. Ambas situaciones no se excluyen, como lo demuestra la experiencia, y el pequeño propietario puede subsistir al lado de la unidad económica necesaria para las explotaciones en gran escala” (9). En otras palabras, si bien se tiende a parcelar parte de los grandes establecimientos agropecuarios se procura también que la división de la tierra no destruya explotaciones bien organizadas. 

Gráfico 1: Superficie (en has) de las explotaciones agropecuarias bonaerenses según el régimen legal de la tierra. Año 1947.
Fuente: Presidencia de la Nación. Ministerio de Asuntos Técnicos, IV Censo General de la Nación, Buenos Aires, Dirección Nacional del Servicio Estadístico, 1948, Tomo II, Parte I, pp. 2/3.

 

Gráfico 2: Superficie (en has) de las explotaciones agropecuarias bonaerenses según el régimen legal de la tierra. Año 1952
Fuente: República Argentina. Ministerio de Hacienda, Censo Agropecuario, Buenos Aires, Dirección Nacional de Estadística y Censos, 1953, pp. 26/27.

    Para efectivizar las medidas tendientes al logro de una más equitativa distribución de la tierra, el gobierno bonaerense cuenta con el recientemente creado Instituto Autárquico de Colonización, con la ley Orgánica de Colonización y con el Banco de la Provincia. Este último eleva a consideración del Banco Central un vasto proyecto en materia de tierras, que prioriza la amplitud crediticia a favor de los auténticos trabajadores rurales frente a la aparición de compradores sin mayores aptitudes agrarias, y amplía los recursos del Instituto de Colonización, avanzando más allá de lo estipulado por el gobierno nacional donde el Consejo Agrario Nacional ve recortadas sus atribuciones y suavizadas sus originarias propuestas de reforma agraria. En efecto, entre los años 1946 y 1949 el Banco de la Provincia  contribuye a la subdivisión de predios de más de 400.000 hectáreas. La región agroganadera oeste-sudoeste aglutina los mayores montos de préstamos hipotecarios rurales. En tanto, los proporcionalmente menores préstamos hipotecarios urbanos concentran sus importes máximos en el sudeste y norte bonaerense, donde se dejaban sentir la consolidación del impactante crecimiento del Gran Buenos Aires –ya iniciado en los años ’30- y la expansión de la urbanización atlántica.

Tabla 5: Sección Crédito Hipotecario.Préstamos efectuados anualmente según destino

Año	Total		Rurales		Urbanos
	N°	Importe ($)	N°	Importe ($)	N°	Importe $
1947	1.889	87.342.180	628	75.186.180	1.261	12.156.000
1948	4.175	185.081.970	1.836	110.380.670	2.339	74.701.300
1949	1.801	69.161.100	672	29.549.000	1.129	39.612.100
1950	2.031	146.108.400	146	15.640.900	1.885	130.467.500
1951	5.235	340.756.100	282	22.556.900	4.953	318.199.200
1952	4.697	268.868.400	240	17.746.200	4.457	251.122.200

 Fuente: Banco de la Provincia de Buenos Aires, Memorias, años 1947-1952.

    La industrialización que promueve el Primer Plan Quinquenal conduce a un notorio crecimiento del conurbano bonaerense al impulso de la pequeña y mediana industria. Los cambios derivados de esta situación obligan al gobierno de la provincia, cuyo perfil económico es netamente agropecuario, a intentar equilibrar el apoyo que, por medio del crédito, otorga a los distintos sectores productivos a fin de consolidar la tan mentada “paz social”.          
    Los montos de los préstamos en efectivo y en bonos acordados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires entre 1947 y 1950 muestran un claro predominio de los otorgados a actividades rurales - especialmente a la explotación mixta- a excepción de los concedidos a emprendimientos industriales radicados en los partidos del Gran Buenos Aires. El destinatario del crédito agrario es el productor rural que se preocupa por el mejoramiento de los índices de rendimiento y calidad de sus cosechas, considerados éstos condiciones imprescindibles para preservar la racionalidad económica del productor, que dependía de la relación costos, precios y rindes. Si bien los destinatarios de gran parte de estos créditos agrarios – cuyos montos individuales oscilaban entre los $m/n 50.000 y $m/n 1.265.000- son el pequeño y mediano productor; no están ausentes, entre los beneficiarios, importantes empresas ganaderas (Juan Berisso Hnos. S.A., Bullrich y Cía. Ltda. S.A.), frigoríficas (Regional de Trenque Lauquen, The Smithfield Argentina Meat Co. Ltd.), consignatarias e inmobiliarias (Chivilcoy S.A. Financiera e Inmobiliaria, Alpesa Inmobiliaria)  que, entre 1946 y 1950 percibieron montos que van de los $m/n 30.000 a $ m/n 1.750.000. El análisis de casos específicos permite deducir que gran parte de esos préstamos se destinaron a la compra de equipamiento técnico-ganadero y al aumento y mejora de los planteles pecuarios.
    La política agraria de Mercante enfatiza asuntos como la conservación de los suelos, forestación, difusión de las estaciones fitotécnicas y educación de la masa rural. Se presta particular atención a los terrenos comprendidos entre la zona oeste y sudoeste de la provincia por ser los más afectados por la erosión, y los que se hallan sobre la costa atlántica en regiones bajas y pantanosas. Si bien no se llega a la recuperación total de los 2.000.000 de hectáreas que ocupan estas tierras, la Dirección Agropecuaria en el marco del Plan Trienal realiza amplias plantaciones tendientes a la conservación del suelo y destinadas a impedir inundaciones. Asimismo se incrementa la forestación de la provincia para satisfacer necesidades primordiales de índole particular e industrial y conservar la estabilidad de la agricultura y ganadería. La producción de plantas destinadas a la forestación crece de 5.000.000 de ejemplares en 1947 a 20.000.000 en 1950, inaugurándose  nuevos viveros en La Plata, Bahía Blanca, Saladillo, Necochea, Mercedes, Junín, Rivadavia, Sierra de la Ventana, San Francisco de Bellocq, Coronel Dorrego, a los que se anexa el ex vivero nacional de Campana que amplía las capacidades de la Estación Experimental del Delta. Especial atención se presta a la conservación de las reservas forestales, constituyendo el Parque “Los Derechos de la Ancianidad” un ejemplo emblemático, ya por la expropiación de las estancias San Juan y Santa Rosa, verdadero latifundio de 45.000 has, propiedad de la tradicional familia Pereyra Iraola, como por su objetivo de preservar la sustantividad de la ciudad de La Plata frente al crecimiento del Gran Buenos Aires.
    El fomento del desarrollo agropecuario y el arraigo de la población rural constituyen uno de los objetivos primordiales de la política económica de Mercante ya que ve, con preocupación, cómo aumenta la emigración de los habitantes de los distritos rurales hacia los centros urbanos, iniciada en los años ’20 y acrecentada radicalmente en los ’30 (Mateo, 1999). El Censo de población de 1947 ya registra que sobre un total de 4.273.900 habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires, 1.741.300 (40,74 %) están radicados en partidos que corresponden al conurbano y 2.532.500 en el resto del territorio provincial (10).
    Una de las estrategias empleadas para evitar que el “atractivo urbanístico sustraiga brazos al campo” es el de la capacitación de la “masa de la población rural.” En tal sentido, la enseñanza agrícola ocupa un lugar destacado en la planificación provincial, a diferencia del Primer Plan Quinquenal, cuya atención está focalizada en la educación técnico-urbana (Mateo, 2001b).
    Se crean escuelas agrícolas en los partidos de Adolfo Alsina, Alberti, Saladillo, Campana y Carmen de Patagones. Al tiempo que se mejoran las de Dolores y Coronel Vidal y aumenta el número de escuelas primarias rurales. El discurso del gobierno bonaerense también apela a la mujer rural, enfatizando su rol hogareño como planificadora doméstica, a través de los ya tradicionales cursos del Hogar agrícola, y a los niños, potenciales difusores de una “conciencia agraria” pero también de las políticas oficiales dirigidas al agro (Gutiérrez, 1996).

4. El cooperativismo en la provincia de Buenos Aires

    De acuerdo con estadísticas suministradas por la División de Cooperativas dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación para el 30 de junio de 1946 existen en el país un total 900 entidades cooperativas que agrupan a 495.837 asociados, con un capital suscripto de $ 95.539.756 y que realizan operaciones por un monto de $ 366.627.340. La provincia de  Buenos Aireas aparece en segundo lugar – después de Santa Fe- con 209 cooperativas pero cuenta con el mayor número de asociados, 164.084 en total, en tanto su capital suscripto asciende a $ 23.495.020, y el monto de las operaciones que realizan - $ 106.188.667- figura en primer lugar dentro del movimiento cooperativo nacional.  
    De los 900 organismos cooperativos 154 son cooperativas agrícolas; 30 algodoneras; 99 de consumo; 91 de crédito; 107 de electricidad; 14 de seguros urbanos; 6 de  seguros rurales; 261 tamberas; 71 varias urbanas; 23 varias rurales; 28 vitivinícolas, frutícolas y hortícolas; 16 tabacaleras y yerbateras. Como puede apreciarse el grupo de las cooperativas agrarias tiene una especial incidencia en el movimiento y a ellas corresponde el mayor monto de las operaciones con $ 118.561.631. Se señala asimismo que las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y los Territorios del Chaco, Misiones, La Pampa y Río Negro tienen ya amplia representación cooperativa.
    Dentro del grupo de las cooperativas agrarias, las de carácter agrícola suman 154 sociedades y de ellas 79 funcionan en la provincia de Buenos Aires con un total de 20.459 asociados, con $ 5.048.015 de capital suscripto; con un monto total de operaciones de $ 73.858.703. También están radicadas en Buenos Aires 22 cooperativas tamberas y 1 frutihortícola (11).
    Dentro de la “orientación productivista” del programa económico de Mercante, construido sobre “la arquitectura moral del 4 de junio”, su Plan Agrario aspira a organizar a los productores del campo bajo el régimen de la Ley Nacional Nº 11.388 que propicia la fundación de asociaciones cooperativas de Consumo, Producción, Industrialización y Comercialización. El gobernador le atribuye a la cooperativa el fin primario de “destruir el monopolio poniendo en relación directa a los productores y consumidores bajo la tutela del Estado que armoniza los intereses comunes. Por eso nos hemos dedicado a incrementarlas entre los núcleos de auténticos agricultores a fin de que se pueda con el apoyo del Estado consolidar las condiciones sociales y económicas creadas por la Revolución Nacional” (12). Mercante también percibe a esta forma de organización económica como una eficaz estrategia para que una multitud de colonos alcancen el arraigo definitivo de la tierra que trabajan.
    En consonancia con el Poder Ejecutivo la Legislatura bonaerense dicta en 1947 una ley declarando obligatoria la enseñanza, teórica y práctica, de la cooperación en las escuelas, sean ellas oficiales o particulares.
    La Dirección Nacional de Cooperativas para el 30 de junio de 1950 consigna que están radicadas en el país 1413 cooperativas que reúnen a 702.932 cooperadores, con un capital realizado de $ 190.599.598, habiendo concretado operaciones por $ 1.210.057.753. Ahora la provincia de Buenos Aires ha reunido el mayor número de sociedades y de socios (374 y 238.937, respectivamente) siguiéndole Santa Fe, Córdoba, Capital Federal, Entre Ríos. El cooperativismo bonaerense también registra la mayor cantidad de entidades agrícolas (172), superando ampliamente a Santa Fe (61) y a Córdoba y Entre Ríos (38). Las estadísticas revelan también que con sus 31 sociedades el movimiento cooperativo tambero se ubica en tercer lugar después de Santa Fe (190) y de Córdoba (140); que Buenos Aires cuenta con 9 de las 11 cooperativas granjeras que hay en el país, y 4 frutihortícolas (Grattarola, 1954:42-43).  
    En 1950, cuando el gobierno nacional se apresta a llevar a la práctica “la vuelta al campo”, varias cooperativas, en su mayoría situadas en la provincia de Buenos Aires, fundan la Asociación de Cooperativas Agrarias Ltda. (ADCA) que instala su sede central en la Capital Federal y sucursales en territorio bonaerense y santafesino. La colocación de la producción de granos de sus socios, es su principal actividad. Otra entidad de segundo grado que se constituye en 1950 es la Asociación de Cooperativas Hortícolas Bonaerenses Ltda. con sede en Avellaneda. De esta forma distintas entidades federativas agrupan a las cooperativas agrarias de primer grado de la provincia para reforzar su presencia frente a los poderes públicos, sumándose al accionar de la pionera ACA, que por estos años inicia una clara etapa de expansión, pasando de 32 cooperativas adheridas en 1937 a 116, diez años después, de las cuales 73 se ubican en la provincia de Buenos Aires. Es allí donde más ha florecido el cooperativismo agrario debido a dos factores fundamentales: en primer término, al grado de capacidad societaria y económica de los productores en ella radicados; y en segundo lugar a la acción de Celestino Sienrra (h), presidente de la institución durante la gestión peronista, quien promueve una vasta gama de actividades, entre ellas, giras por distintas localidades a los efectos de difundir los principios del cooperativismo agrario, logrando la constitución de más de medio centenar de asociaciones primarias y su posterior adhesión a la Central. También encabeza la organización de varios congresos agrarios cooperativistas en diferentes puntos que, en líneas generales, ratifican las resoluciones tomadas por el V Congreso Agrario Cooperativista Argentino reunido en 1946 en Buenos Aires, que congrega a 360 cooperativas y 1500 delegados, destacándose la presencia de delegaciones cooperativas sudamericanas y de las Universidades Nacionales. Desde allí se insiste para que en materia de colonización se ponga en actividad la Ley N º 12.636 por juzgarla un elemento adecuado a tal fin; se vuelva a la libre comercialización de la producción agraria, sin más intervención del Estado que la aplicación de las leyes represivas de los monopolios; se active la industrialización cooperativa de la producción; se favorezca la libertad de trabajo en las chacras y la libertad de transporte(13).
    Sienrra y los hombres que lo acompañan al frente de la ACA advierten que para asegurar la supervivencia de las cooperativas y lograr una mayor difusión del cooperativismo es imprescindible canalizar el impulso y las inquietudes de los jóvenes agrarios (hijos y nietos de los socios fundadores de las cooperativas). Se genera entonces una institución aun vigente, cuyas características la hacen única en el mundo: las Juventudes Agrarias Cooperativistas y el organismo que las agrupa, el Consejo Central de Juventudes Agrarias Cooperativistas que también desarrolla una campaña de difusión y concientización cooperativa, creando bibliotecas, publicando revistas y organizando semilleros, talleres mecánicos, de corte y confección que producen y prestan sus servicios de acuerdo con el sistema cooperativo (Mateo, 2002).
    Durante la vigencia del Primer Plan Quinquenal, la evolución económica y financiera de la ACA es ponderada como “extraordinaria” por los mismos cooperativistas (14), quienes, si bien aducen soportar el peso del financiamiento que el Estado hace de la pequeña y mediana empresa, se ven favorecidos por el crédito oficial.
    En marzo de 1950 se reúne en el recinto de la Legislatura, con el auspicio del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia y con la presencia de altas autoridades nacionales y provinciales, la Primera Conferencia de Cooperativas Agrarias, quedando constituida una nueva central, la Asociación de Cooperativas Agrarias Bonaerenses, que contará con el apoyo del gobierno bonaerense. En su intento por incorporar un creciente número de entidades de primer grado, la nueva central superpone su accionar al de otros organismos. Con el respaldo de la cartera agraria de la provincia esta nueva federación se beneficia con la primera adjudicación de 125 máquinas agrícolas que llegan al país a mediados de 1950 y con los envases necesarios para la cosecha. Las otras asociaciones cooperativas no permanecen calladas ante la situación de privilegio planteada. El presidente de la ACA se refiere a los propósitos gubernamentales de constituir nuevas cooperativas en el territorio de Buenos Aires:

   “no queremos luchar con el gobierno de Buenos Aires, ni con ningún gobierno,... sino levantar el índice de la producción agraria y el índice económico de los productores;  y debemos decir, una vez más, que no nos preocupa que el gobierno de esa provincia funde cooperativas en su territorio, y menos que les preste a los organismos de su creación todo el apoyo económico que juzgue oportuno; la única objeción que hemos formulado a la actividad cooperativa del gobierno bonaerense fue la de que no superpusieran cooperativas en zonas donde ya funcionaban entidades de ese género.”  

   Refiriéndose a la conducción del movimiento cooperativo, Sienrra opina:

   “Lo fundamental es mantenerlo libre de toda injerencia política, tal como lo establece, tan sabiamente, nuestra ley nacional de cooperativas... En nuestros organismos pueden convivir, sin rozamientos, peronistas, radicales, socialistas, conservadores... Frente a cualquier divergencia ideológica... debemos mantener esa unidad, como debemos seguir administrando bien a nuestros organismos, no olvidarnos nunca el fin social que perseguimos, trabajar en ellas a puertas abiertas y con el constante conocimiento de la masa de sus asociados, procurando que sean siempre ellos quienes decidan e intervengan en las cuestiones sustanciales, e informándolos al detalle de los intereses sociales”(15).

   Por su parte FACA que agrupa a las cooperativas dependientes de la Federación Agraria Argentina declara:

   “que no está de acuerdo con las actitudes que se vienen asumiendo en pro de un cooperativismo levantado al calor de un crédito oficial del cien por cien y, lo que es peor, de aquél que es organizado por el propio Estado, porque entonces no habrá una conjunción de voluntades y de intereses entre el productor organizado y el Estado mismo, sino que será este último que habrá diseminado por el interior una serie de nuevas dependencias de cooperativas, donde los intereses de la burocracia serán los que exijan, y el agricultor el que obedezca sin personería real de ninguna naturaleza”(16).

    El rápido crecimiento inicial de la Asociación de Cooperativas Agrarias Bonaerenses motiva la ampliación de su ámbito de acción a todo el país. Al término del ejercicio finalizado el 30 de abril de 1953, cuenta con 186 cooperativas socias y un capital de $ m/n 915.500. Esta central cooperativa opera principalmente en los rubros de comercialización de productos agrícolas y pecuarios y de abastecimiento de artículos de uso y consumo para sus afiliadas. Por su parte la ACA y FACA rechazan los argumentos de esa Asociación y del gobierno bonaerense que sostienen que afiliarse a ella es apoyar el plan económico de Perón y el beneficio de los productores. La primera tiene, para 1950, en la provincia de Buenos Aires 98 organismos constituidos, algunos de ellos con 30 años de actuación; muchos tan poderosos que agrupan el 80 % de los productores de determinados partidos; la segunda cuenta también con un número creciente de cooperativas asociadas; y hay otro número de entidades cooperativas que no están afiliadas a ninguna central pero que “en conjunto o individualmente defienden su economía y sirven disciplinadamente los intereses del país”(17).
    Domingo Mercante, sin caer en los extremos del minifundio, pretende que el hombre de campo alcance la propiedad de los lotes que trabaja y el impulso dado a la asociación de los productores a través de cooperativas agrarias reunidas, a su vez, en instituciones de segundo grado, constituye un claro ejemplo de su propósito de conciliar los intereses de los diversos actores socio rurales y entre éstos y otros protagonistas económicos beneficiados con la redistribución del ingreso. De esta forma la provincia de Buenos Aires - que en 1951 cuenta con 294 cooperativas, de las cuales 240 son agrícolo-ganaderas, 36 tamberas, 10 granjeras y 8 frutihortícolas- se encuadra plenamente dentro de la política del Peronismo que, habiendo emprendido el cambio de rumbo, le asigna al cooperativismo agrario un papel fundamental en su intento de aumentar la producción y reducir los costos de intermediación.

5. Carlos Aloé y su apoyo al cooperativismo agrario.

    En 1952 Carlos Aloé asume la titularidad del Poder Ejecutivo provincial. Un nuevo estilo político se une al replanteo de los alcances y objetivos del gobierno nacional. “La defensa del agro”, “la campaña del maíz” y “la represión del agio” son las consignas emanadas del Plan Económico de 1952, y a ellas responde con adhesión plena la gestión del flamante mandatario provincial. A partir del segundo semestre de 1952 se crean en territorio bonaerense 35 cooperativas, en mayor mediada agropecuarias, pero también las hay hortícolas, pesqueras e industriales, que cuentan con el asesoramiento y asistencia  en materia de estatutos, documentación, inscripción y demás trámites del gobierno de la provincia. Por decreto del Poder Ejecutivo provincial se crean los Mercados de Concentración que estarán administradas por asociaciones cooperativas; mientras que el decreto N º 13.871 del 29/12/1953 y la ley provincial N º 5.742 /53 que rige las personas jurídicas, reglamentan el sistema cooperativo y su funcionamiento dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires.  
    El amplio apoyo crediticio brindado a las cooperativas agropecuarias, así como la promoción de algunas producciones regionales y el fomento a la mecanización del campo se inscriben entonces en el marco de una campaña favorable a la capitalización empresaria. En tanto, la realización - en 1955 - del Primer Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social, así como los incentivos dados a la actividad granjera, al transporte y a la vivienda popular buscan identificarse con los principios básicos de la Doctrina Nacional Peronista de la nueva Argentina.
    Carlos Aloé demuestra en todo su accionar el alineamiento con el Poder Ejecutivo Nacional - en momentos en que éste también mimetiza Estado y Partido, acentúa su totalitarismo y demagogia al tiempo que liberaliza la economía – e impulsa, al igual que Perón, una campaña pro aumento del área sembrada de trigo y maíz bajo la consigna de apretar filas en cooperativas regionales. Su lema “siembra y cría” encabeza la segunda planificación quinquenal que “es para nosotros fundamentalmente cooperativo”, dirá el Presidente de la Nación, al tiempo que agrega... “Aspiramos, asimismo, a que cada trabajador agrario sea un productor, que cada productor sea un propietario y que cada propietario sea un cooperativista. Para nosotros el cooperativismo es, en los productores, lo que el sindicalismo en los trabajadores” (18). El gobernador bonaerense reiteradamente se refiere al Plan Quinquenal al que califica de “profundamente doctrinario” ya que “busca la organización del pueblo en sus asociaciones políticas, sociales y económicas” y la cooperativa “es una forma de organización... De ahí que no haya que verla solamente como un ente económico, como un ente mercantil, sino como una expresión, una realización social, que en el fondo comporta su mayor virtud” (19). En este Segundo plan Quinquenal se incorpora el Decálogo Cooperativista Agrario. En él el Estado auspicia la organización de un sistema nacional unitario de cooperativas de productores; y su participación en el proceso productivo mediante el uso racional del utillaje agropecuario; en el proceso de comercialización interna de las cosechas en mercados oficiales, proveedurías, etc.; en el proceso de comercialización y defensa de la producción en los mercados internacionales; en el proceso de industrialización regional primaria de la producción de sus asociados; la participación a la acción estatal tendiente a suprimir toda intermediación comercial innecesaria; la participación en la fijación de los precios diferenciales a favor de las cooperativas; en la distribución de los márgenes de utilidad; en la acción social directa a cumplirse en forma integral en beneficio de los productores agrarios, y, finalmente, la participación en el proceso colonizador y en la acción estatal y privada tendiente a una distribución territorial en unidades económicas sociales adecuadas (20).
    En oportunidad de realizarse un Curso de Cooperativismo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, Aloé al exponer el Decálogo advierte que el mismo “no es una mera enunciación de principios, sino que se está realizando, muy particularmente en la provincia de Buenos Aires”, donde el Mercado de Concentración de La Plata está administrado por la Cooperativa de Horticultores de esa ciudad; el Mercado de Avellaneda está manejado por las Cooperativas de Horticultores de La Plata y Avellaneda; el Mercado Provincial de Papas de Balcarce está administrado por la Cooperativa local; las cooperativas frutícolas de Tigre manejan el mercado concentrador de Frutos de Tigre. El gobernador brinda cifras por demás elocuentes del crecimiento operado por el movimiento cooperativo en tiempos del peronismo. Antes de 1946 sólo un 3,5 % de la producción cerealera del país se comercializaba por intermedio de las cooperativas agrícolas, mientras que para 1953 el 55 % de la producción total se comercializa a través de entidades cooperativas, sean éstas de primer o segundo grado. De manera más categórica Aloé expresa: “El sistema cooperativista tiende a monopolizar el comercio del campo argentino... Tenemos las cooperativas agrarias... como órganos de producción y de comercialización interna hasta este momento, pero es intención del Excelentísimo señor Presidente darles la comercialización exterior de los granos argentinos, cuando estén capacitados para ello (21). Por eso es fundamental para los cooperativistas la capacitación” (22)
    En tal sentido la cultura y la educación cooperativa deben enseñarse en las escuelas primarias y secundarias y difundirse cursos de cooperación en las universidades. Dando cumplimiento, una vez más, a las directivas del Presidente, el gobernador bonaerense organiza desde el Ministerio de Asuntos Agrarios, cursos de cooperativismo que se dictan en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata en 1952, en la ciudad de San Nicolás (1953) y en la recientemente creada Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata (1954), donde también se crea el Instituto de Estudios Cooperativos. Dirigidos en un principio a capacitar a los gerentes de las cooperativas y a funcionarios del gobierno, estos cursos extendieron la difusión de los principios y prácticas cooperativos tanto en el medio rural como en las principales ciudades de la provincia (23).

6. Las cooperativas y el crédito.          

   Si bien la política económica del peronismo, en su primera fase, pone el énfasis en la expansión industrial, redistribuyendo a través del crédito la renta agraria, los sectores rurales no están exentos de la ayuda del Estado. La implementación del Primer Plan Quinquenal en 1947 sumada a las disposiciones de la reforma financiera que nacionalizan la banca y los depósitos, sustentan la doctrinaria “independencia económica” y otorgan al Banco de la Nación Argentina una responsabilidad directa en el fomento de las actividades rurales, interviniendo así en todo el ciclo de la explotación agropecuaria, formando granjas, cooperativas y explotaciones mixtas. El crédito con prenda agraria pasa de $ 16.400.000 en 1945 a $ 104.600.000 en 1947. Del conjunto de las sumas prestadas un 80 % se orienta a brindar auxilio a sociedades cooperativas y se benefician con él más de 25.000 cooperadores. En 1947 el saldo que éstas tienen con el Banco Nación asciende a $ 33.520.000; en tanto en 1948 unas 580 sociedades cooperativas aparecen vinculadas al Banco que les destina $ 110.058.000 distribuidos en 9.264 préstamos (Girbal-Blacha, 2001:262-263).
    Hacia 1949-50 las condiciones internacionales cambian, descienden los precios agrícolas mundiales ante las abundantes cosechas de Europa, Canadá y Estados Unidos y la inflación –después de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en 1949, que suprime la restricción a la emisión monetaria- comienza a jaquear a la economía argentina. El sistema financiero puesto al servicio del Estado es el que permite alentar un rápido “cambio de rumbo” y con él “la vuelta al campo” (Girbal-Blacha, 2000:3-26). El Banco Nación, ajustándose a la reorientación económica que impulsa el gobierno nacional amplía y flexibiliza sus líneas de crédito agrario y se presta a brindar “dinero en condiciones particularmente liberales a los ganaderos” para que puedan evolucionar y atender los compromisos internacionales. Los incrementos más importantes del crédito agrario se dan en la provincia de Buenos Aires ($ 123.700.000) y auxilian a los productores castigados por la sequía y refuerzan “el fomento del cooperativismo como valioso instrumento educativo”, dando claras muestras del acercamiento oficial a los sectores medios del agro (24).
    En 1950 el Banco Nación vuelve a ajustarse a la coyuntura económica y otorga preferente atención al crédito destinado a incrementar y mejorar la producción agropecuaria. Inicia entonces una campaña de movilización agraria, encabezada por el mismo Presidente Perón y que se refleja en la reunión de 289 asambleas de productores, en la región pampeana, de las que participan más de 77.000 agricultores, ganaderos y representantes de 720 cooperativas agrarias. El Banco interviene entonces activamente en la adquisición y distribución de semillas, compra de maquinaria agrícola, rebaja en los fletes ferroviarios para el transporte de ganado, provisión de medios para combatir plagas y distribución de bolsas (25). El auxilio financiero se generaliza: productores rurales pequeños, medianos y grandes se benefician con préstamos con plazos de reintegro de hasta 10 años y con un interés generalizado del 5 % anual. Los créditos a las 790 cooperativas de las 1400 que funcionan regularmente representan un 16,1 % del rubro Crédito Agrario y tiende a crecer dado el papel que ellas juegan en el nuevo escenario rural. La Asociación de Cooperativas Argentinas logra la ampliación del crédito otorgado por la institución, destinado a financiar las operaciones de venta que las cooperativas asociadas realizan a través de la central con el I.A.P.I. El Banco eleva el crédito de 6 a $ 12.000.000 ante los argumentos de la ACA y sus 45.000 productores, quienes comercializan por su intermedio 690.000 toneladas de cereales y oleaginosos por 128 millones de pesos; granos que en su casi totalidad son vendidos al IAPI, “con lo cual la Asociación de Cooperativas Argentinas ha pasado a ser el más importante vendedor de granos al citado organismo oficial.” Aunque la cifra se reconoce como importante la entidad aduce que si tuviera más margen de crédito ese guarismo podría ampliarse. Una propuesta que encaja en la nueva política auspiciada por el Poder Ejecutivo y acerca a las partes (26).
    El Presidente Perón reclama al Congreso su apoyo a “la acción del Poder Ejecutivo en esta campaña de reactivación agraria”, y reconoce en 1951 que “lo justo es que ahora la independencia económica sirva al bienestar del campo argentino” (27).
    Las malas cosechas de los años 1951/52, afectadas por la sequía, acentúan la crisis económica y obligan al gobierno a profundizar sus definiciones, expuestas en el Plan Económico de Emergencia del ’52 que propone acrecentar la producción y reducir el consumo, revisar las disposiciones sobre trabajo rural que impiden a los productores usar sus propios medios de transporte, y solicitar la colaboración de las organizaciones patronales y obreras para eliminar de los convenios laborales toda circunstancia capaz de limitar la producción sin causa justificada (28). Con el propósito de contribuir a la ejecución satisfactoria del Plan Económico el Banco de la Nación instrumenta el “crédito planificado” que se implanta para la zona Norte de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y parte de Presidente Perón (Chaco). Incrementar la producción del agro a través de la planificación del crédito rural, aplicando las conclusiones del mapa ecológico nacional y el fomento del cooperativismo, se convierten en las líneas rectoras del accionar de la entidad bancaria. La clientela donde se aplica el crédito agrario planificado incrementa las áreas sembradas con cereales y oleaginosos en un 30 % durante la campaña agrícola 1952/53. Muchos productores que participan del sistema cooperativo se benefician con esta operatoria, que entonces dirige el 13,5 % de ese crédito.
    En consonancia con los propósitos del Poder Ejecutivo Nacional el Banco crea en 1952 la Gerencia Departamental de Cooperativas, para dar mayor envergadura y jerarquía al crédito que se brinda a ese sector de la producción. La nueva dependencia se encargará de formar nuevas cooperativas, vigilar su funcionamiento y obviamente, facilitarles el crédito. 
    El Segundo Plan Quinquenal (1953-57) consolida esta renovada política agraria, con el fomento de una mayor y mejor producción en relación con el mercado interno y los saldos exportables, el fomento a la colonización y el reordenamiento en el uso de la tierra, el crédito, la mecanización, la tipificación de los granos, el impulso al cooperativismo y la implantación de un régimen impositivo que promueve una explotación racional del suelo. En su capítulo X se explicita el objetivo fundamental de la política económica de esa hora: “procurar el nivel social, material y cultural de la población rural, consolidando el hogar campesino, estimulando la cordial armonía entre todos los participantes del trabajo rural –productores y obreros- bases esenciales de la economía agraria” (29). La importancia que en esta coyuntura el gobierno nacional y provincial le dan a la organización cooperativa se revela, pues, tanto en el discurso como en los hechos y especialmente en el manejo del crédito. Hacia 1954 1209 cooperativas se encuentran vinculadas al Banco de la Nación Argentina, cuya asistencia crediticia va dirigida principalmente a promover y asegurar la realización regular de los diversos ciclos de las actividades agropecuarias.               
    Si bien el Banco Nación juega un papel destacado en la consolidación del cooperativismo bonaerense, no sólo por las líneas de crédito con que lo favorece sino también por su acción colonizadora y particularmente por la capacitación que ofrece a los cooperadores agrarios, el solvente Banco de la Provincia de Buenos Aires también será decisivo en el proceso de expansión de las cooperativas de la provincia. Arturo M. Jauretche y Pedro L. Fiorito, presidentes de la institución durante los años en que el peronismo gobernó el país, mantuvieron sus gestiones “ en armonía con la obra directriz del gobierno del coronel Mercante” y para ello propusieron “que la acción del Banco se especializara tanto en las zonas urbanas como en las agrícolas”, beneficiando a las últimas, entre otros, con el Crédito de Habilitación Rural Agrícola de bajo interés (5% anual), exento de sellado y largo plazo de reintegro, que también beneficia a los pequeños y medianos productores, pero que a partir de 1950  se extiende a todos los productores rurales. Comprende préstamos personales agropecuarios hasta $ m/n 20.000; préstamos de fomento hasta $ m/n 30.000; para recolección de cosecha hasta $ m/n 25.000; créditos a cooperativas con pagarés de los socios para ese mismo fin hasta $ m/n 50.000 y créditos prendarios hasta $ m/n 30.000 (Girbal-Blacha, 1998c:104-108).
    Con la llegada al gobierno bonaerense de Carlos Aloé, en momentos en que los distintos actores del agro pasan a ocupar un primer plano en el escenario económico del país, es natural que las cooperativas agrarias de la provincia logren de “su Banco” mayores ventajas crediticias que le permiten diversificar sus actividades, pasando del aprovisionamiento y comercialización a la fase de industrialización de la producción (tal el caso de la ACA); ampliar su zona de influencia, y consolidar su hegemonía entre los heterogéneos sectores rurales de la provincia.      

Tabla 6: Créditos a las principales cooperativas agropecuarias (1950-1956)

Nombre de la Cooperativa	Monto ($)	Int. Anual	Destino	Plazo
Agropecuaria e Ind. de Rojas Ltda.	887.400	6%	Compra elevador de granos	12 m.
Horticultora y Floric. Gral. San Martín Ltda.	600.000	6%	Compra parcial de propiedad	5 años
Agrícola Ganadera Ltda. Ascensión (Gral. Arenales)	2.400.000 1.300.000 1.707.000	4,5 % ídem ídem	Gastos recol. Cosecha. Ídem Semilla trigo	6 m. 15 m. 6 m.
Agropecuaria e Ind. De Balcarce Ltda.	3.000.000 2.000.000	4,5 % ídem	Levantar cosecha papas. Redescuento de documentos	3 m. 6 m.
Asociación de Cooperativas Argentinas	6.000.000	5,5 %	Desc. Pagarés coop. Asociadas	6 m.
Asociación de Cooperativas Agrarias Bonaerenses Ltda.	1.500.000 1.000.000 1.000.00 6.052.500	5,5 % ídem ídem ?	Desc. Pagarés. Compra girasol y lino al IAPI Compra de camiones (interm. IAPI) Crédito de imp. Sobre Holanda	6 m. 6 m. 45 días 9 m.
Agraria Ltda. de Ovalaría	2.000.000 3.500.000	5,5 % 4,5 %	Descubierto. Cta. cte. Desc. Documentos de asociados	2 m. 6 m.
Agropecuaria, Ind. y de Consumo Necochea Ltda.	1.500.000	4,5 %	Desc. Documentos de asociados	3 m.
Agropecuaria San Cayetano Ltda.	1.500.000 1.500.000	4,5% 4,5%	Recolección de cosecha fina, Idem	4 m. 45 días
Agrícola Ltda. de Puán	2.000.000	4,5 %	Recolección de cosecha fina	3 m.
La Ruta Agrícola Ltda. (Coronel Dorrego)	3.000.000	4,5 %	Desc. Pagarés y cosecha fina	3 m.
Agropecuaria Tres Arroyos Ltda.	1.500.000 2.000.000	4,5 % 4,5 %	Siembra; semilla Desc. Documentos	6 m. 6 m.
Agropecuaria de Pehuajó Ltda.	400.000 2.000.000	5 % ?	Desc. Pagarés. Acopio. Rechazado por falta de garantía	6 m.
Asociación Justicialista de Coop. Agrarias Ltda.	Crédito abierto. Se la exime de la fianza dispuesta por res. 21/4/55 para créditos.

Fuente: Girbal-Blacha, Noemí (1998c:120). 

Reflexiones finales.

    Domingo Mercante y Carlos Aloé encarnan dos modelos distintos de relación con el gobierno nacional. El primero, reconociéndose como Perón, un hombre político nacido de la Revolución del ’43, le imprime a su gestión perfiles propios, que sin llegar a contradecir los principios sustentados por el líder del movimiento, en ocasiones llegan a molestar al mismo Presidente. En contraposición, Carlos Aloé demuestra en todo su accionar el alineamiento con el Poder Ejecutivo Nacional llegando, en reiteradas oportunidades, a la obsecuencia y a confundir los planos político e institucional (González y Mateo, 1998).
    Sin embargo, más allá de sus diferencias de estilo ambos reconocen en la asociación cooperativa la exacta organización económica de la sociedad y fomentan la constitución de nuevas cooperativas, facilitándole los medios de que dispone el Estado, como el crédito que controla, para su estabilización y desarrollo. Ambos mandatarios provinciales reconocen que uno de los principales fines que cumplen las cooperativas es la defensa de sus intereses conexos aplicada a la distribución de los elementos básicos del trabajo agropecuario, a la comercialización de los productos y a la industrialización de la materia prima en los propios lugares de producción, tratando de suprimir a los intermediarios innecesarios. Asimismo señalan que el cooperativismo puede prestar señalados servicios en el proceso colonizador (Grattarola, 1954:76-77). 
    Durante la gestión de Mercante, si bien el gobierno nacional apoya a la pequeña y mediana industria, aunque los distintos sectores del agro no están exentos de la ayuda financiera oficial, las cooperativas agrarias de primer grado van a multiplicarse y a acrecentar su influencia sociocultural en los diferentes partidos de la provincia, al igual que las centrales o federaciones que con su integración vertical contribuirán a fortalecer la presencia del movimiento cooperativo bonaerense en el contexto nacional. El gobierno promueve la creación de nuevas entidades que asiste, como a muchas de las ya constituidas, con distintas líneas crediticias implementadas tanto por el Banco de la Nación como por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Mercante reconoce que:

   “La intervención del Estado en defensa del agricultor y de la producción rural debe proporcionar mejor estímulo por el crédito agrario, para permitir a las cooperativas una mejor amplitud en las operaciones comerciales toda vez que las tareas agrícolas desde la siembra y cosecha hasta la industrialización y venta de los productos debe ser convenientemente protegida y no dejada a las manipulaciones de los agiotistas, vale decir, que las tareas rurales para que rindan al trabajador [/] su máximo beneficio, requieren un respaldo financiero importante que sólo el Estado puede satisfacer” (30).   

    Con Carlos Aloé las entidades cooperativas de la provincia de Buenos Aires se verán aun más beneficiadas dada la trascendencia que Juan Perón le asigna al cooperativismo, plasmada en el Segundo Plan Quinquenal, en el que el cooperativismo agrario encontrará, un aliado incondicional para consolidar su protagonismo entre los variados actores del agro bonaerense. El decálogo de la acción cooperativista agraria propicia la “organización de un sistema nacional unitario de cooperativas de productores del país que defienda sus intereses económicos y sociales”. A la ayuda financiera se suma el equipamiento, asistencia técnica y la capacitación, ya que el cooperativismo no se afirma solamente cuando se forman muchas cooperativas, sino que más importante es la formación de cooperativistas. De ahí la importancia otorgada a la educación cooperativa que llega en 1954 a la Universidad Nacional de La Plata, donde se crea un Instituto de Estudios Cooperativos y se dictan cursos regulares abiertos a todas aquellas personas que deseen especializarse en la materia.
    Mercante y Aloé, como gobernadores de la provincia de Buenos Aires durante coyunturas económicas distintas coinciden en fomentar el cooperativismo agrario y sus políticas revelan que en la nueva Argentina, el tradicional perfil agropecuario del país muestra más continuidades que cambios en el modelo de desarrollo vigente.

Notas

(1). Banco De La Nación Argentina, Seminario Latino Americano sobre crédito agrario y cooperativas, Buenos Aires, 1962, pp 168-171.

(2). Más datos sobre cooperativas agrícolas en:  Bottini, 1944; Cavallone Brebbia, 1947: Cracogna, 1968 y 1977 y Merener, 1977.

(3).Presidencia de la Nación. Subsecretaría de Informaciones, El campo recuperado por Perón (1944-1952), Buenos Aires, 1952, p. 11. Declaraciones del Coronel Perón en la conferencia de prensa del 17/11/1944.

(4) Federación Agraria Argentina, “Otro Estatuto más. (El de los Tamberos-Medieros)”, en  La Tierra, Rosario, 26/02/1946 y 29/12/1944. 

(5). El tema de las relaciones entre el Estado y las cooperativas puede ampliarse en Bonner, 1964; Filho, 1965 y Belorgey, 2000.

(6). Presidencia de la Nación. Subsecretaría de Informaciones, Decálogo recomendado por Perón para el cumplimiento del Primer Plan Quinquenal de Gobierno en 1947, Buenos Aires, 1951, puntos 4 y 5, pp. 241-247.

(7). Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados, Diario de Sesiones. Año 1949, Sesión del 3 de mayo, pp. 48-49.

(8). Gobernación de Buenos Aires, Plan Trienal 1947-1949. Fundamentación técnico-económica, La Plata, 1947, p. 389.

(9).Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados, Diario de Sesiones. Año 1947, Sesión del 2 de mayo, p. 10.

(10). Instituto Nacional de Estadística y Censos, Anuario Estadístico de la República Argentina.1979-1980, Buenos Aires, 1981, p. 69.

(11). La Cooperación, órgano de prensa de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Buenos Aires, 7 de mayo de 1948, N º 1017, p.3.

(12). Primera Conferencia de Cooperativas Agrarias Bonaerenses, Conclusiones. Asociación de Cooperativas Agrarias Bonaerenses. Auspiciada por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, 1950, p. 39.

(13).Asociación de Cooperativas Argentinas, V Congreso Agrario Cooperativo. Resoluciones del Congreso. Versión taquigráfica de las sesiones, Buenos Aires, 26 al 30 de agosto de 1946.

(14).Asociación de Cooperativas Argentinas, Memoria y balance general correspondiente al ejercicio 1950-1951, Buenos Aires, 1951, pp. 84-90.

(15). La Cooperación, órgano de prensa de la Asociación de Cooperativas Argentinas, 8 de septiembre, nº 1134, pp. 1 y 3 y 3 de febrero de 1950, nº 1103, p. 3.

(16).Ibídem, 24 de febrero de 1950, nº 1106, p. 4.

(17). Ibídem, 8 de septiembre de 1950, nº 1134, p. 8.

(18).Banco de la Nación Argentina, Curso sobre Cooperativismo, Buenos Aires, Talleres Gráficos “Index”, 1955. 

(19). Universidad Nacional de Eva Perón. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Estudios Cooperativos, Curso de Cooperativismo, Eva Perón, División de Publicaciones, informaciones, prensa y actos, 1954, p. 27.

(20). Banco de la Nación Argentina, Curso sobre Cooperativismo, op. cit., p. 11

(21). Perón en una conferencia pronunciada en el Teatro Colón, el 13 de octubre de 1952, ante los delegados de las cooperativas agropecuarias de todo el país les propone una función por la que hace rato vienen reclamando, reemplazar al IAPI en el proceso de comercialización. Afirma entonces que “las cooperativas deben ser una garantía para todos los agricultores y todos los productores argentinos. Antes, hubiera sido aventurado hacerlo. El gobierno no tiene ningún interés especial en el IAPI, porque no es negocio para el gobierno”, y propone que en el futuro sean las sociedades cooperativas las que fijen los precios de garantía. La Cooperación, Buenos Aires, 18 de octubre de 1952, nº 1243, p. 8.

(22). Universidad Nacional de Eva Perón. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Estudios Cooperativos, Curso de Cooperativismo, op. cit., p. 34-35.

(23).Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Asuntos Agrarios, Segundo Curso de Cooperativismo Agrario, 1953, Vol. II, nº 57, diciembre de 1953.

(24). Banco de la Nación Argentina, Memoria y balance general correspondiente al año 1949, Buenos Aires, 1950, p. 13-14.

(25). La Cooperación, órgano de prensa de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Buenos Aires, 7 de julio de 1950, nº 1125, p. 4. 

(26).Ibídem, 20 de enero de 1950, N º 1101, p. 1.

(27). Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesiones. Año 1950, Buenos Aires, 1950, p. 20. Ibídem. Buenos Aires, 1951, vol. 1, p. 10. 

(28) Presidencia de la Nación. Subsecretaría de Informaciones, Perón y el plan económico de 1952. Ejecución y control, Buenos Aires, s/f.

(29) Presidencia de la Nación. Subsecretaría de Informaciones, Segundo Plan Quinquenal (1953-1957), Buenos Aires, 1953, p. 161.

(30) Primera Conferencia de Cooperativas Agrarias Bonaerenses, Conclusiones. Asociación de Cooperativas Agrarias Bonaerenses. Auspiciada por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, 1950, pp. 42-43.

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