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Mundo agrario

versión On-line ISSN 1515-5994

Mundo agr. v.3 n.5 La Plata jul./dic. 2002

 

El peronismo y los sectores sociales agrarios. La resignificación del discurso como articulador de los cambios en las relaciones de dominación y la permanencia de las relaciones de producción

Lattuada, Mario1

1CONICET
lattuada@faa.com.ar

1. Introducción.

   El peronismo en la Argentina del período 1946-1955 es considerado un ejemplo paradigmático del fenómeno populista por las diferentes corrientes académicas que han abordado el tema. Su relación con los sectores industriales y asalariados urbanos ha sido profusamente estudiada, no así la mantenida con los diferentes segmentos sociales rurales que ha gozado de menor atención académica, a pesar del incremento en esta última dirección durante los últimos años. Estos, en la mayoría de los casos, han sido tenidos en cuenta prioritariamente como migrantes recientes que conformaron la nueva clase trabajadora urbana que apoyó al peronismo, o como fuente de los excedentes que el Peronismo redistribuyó desde el control del aparato estatal en favor de los sectores urbano industriales.
   Este trabajo explora la función jugada por el discurso en esa relación, desde el momento de génesis del movimiento peronista hasta su desplazamiento del poder, pasando por las etapas de auge y crisis de la economía política peronista. En ella trataremos de mostrar la estrategia del líder para ganar el apoyo electoral de diferentes sectores sociales agrarios, especialmente de los trabajadores y los pequeños y medianos productores sin tierras, en oposición a los sectores terratenientes. Y cómo, una vez en el poder, ante las complicaciones en las condiciones económicas, se redefine la estrategia hacia los sectores sociales agrarios.
   Esta interacción se manifestó tanto en la concesión o retiro de beneficios específicos para cada uno de los sectores involucrados en cada momento, como en el discurso político de Perón.
   La capacidad del líder para redefinir el significado de las palabras clave del discurso político, posibilitó en gran medida que acciones políticas y económicas contradictorias fueran tomadas por sus seguidores con unidad y armonía de sentido. Esta capacidad de redefinir sobre la marcha los conceptos claves del discurso juega un papel central para que el embate reformista sobre las relaciones de dominación pre-existentes no se trasladen a un cambio similar en las relaciones de producción. No obstante, la estructura económica y social no volverá a ser la misma después de una década de populismo en el poder.

2. El populismo como fenómeno multifacético.

   El debate académico sobre el concepto de populismo y su validez ha sido profuso en las ciencias sociales, como bien lo sintetizan, entre otros, los trabajos de De Ipola (1980; 1983), Mouzelis (1992), De la Torre (1992), Vilas (1992/93), Álvarez Junco y González Leandri (1994), y Quatrocchi Woisson (1997).
   Las críticas que sostienen que la heterogeneidad de referentes empíricos y fenómenos a que alude el término populismo lo constituyen en una herramienta teórica de escasa validez (Roxborough, 1984; Quintero, 1980), resultan extremas.
   Sin descartar la posibilidad de los errores en la generalización del fenómeno, y en ciertos casos de exceso en la manipulación del concepto que termina desvirtuando la capacidad explicativa del mismo -como pasó en algún momento con la teoría de la dependencia-, la noción de populismo continúa siendo importante para las ciencias sociales, aunque no se constituya en un punto pacífico del debate.
   La diversidad existente no implica la falta de consistencia del objeto, sino las diferentes facetas que han privilegiado las distintas ópticas disciplinarias conque se lo ha abordado.
   Esta posición no peca de ecléctica, como lo demuestra el hecho de que existen algunos ejemplos comunes que son paradigmáticos para cualquiera de esos enfoques, como el caso del Peronismo o del Varguismo. Ellos son referencia obligada, central o comparativa, de todos los estudios sobre populismo cualquiera fuese la vertiente teórica sustentada.
   El fenómeno populista ha sido observado desde una perspectiva sincrónica como manifestaciones en diferentes campos, aunque no sea producto exclusivo de uno de ellos. Así como también, desde una perspectiva histórica, se lo ha analizado como proceso de cambio en alguno de esos campos, poniéndose mayor énfasis en unos que en otros, según los autores y las disciplinas. De este modo podemos distinguir:
   Un campo político, como movimiento social o partido político de organización laxa, que moviliza e incorpora verticalmente las clases bajas a la vida política, bajo la conducción sin intermediarios de un líder carismático, (Mouzelis 1992, Angell 1968).
   Un campo social, como movimiento pluriclasista con preeminencia de sectores bajos y asalariados, y participación de sectores medios, destacándose entre ellos los trabajadores de reciente urbanización, pequeños y medianos industriales de capital nacional, y nuevos sectores de clase media, (Germani 1971, Di Tella 1973, Vilas 1992/93).
   Un campo económico, como estructura que prioriza la pequeña y mediana producción industrial local, destinada al mercado interno, asentada sobre el aumento del consumo popular, y la activa participación e intervención del Estado en la producción y redistribución, (Malloy 1987; Vilas 1992/93; Tourain 1989).
   Un campo ideológico, en el que si bien existe una ideología imprecisa producto de la pluralidad de clases constitutivas, se identifican y contraponen a través del discurso del líder dos campos antagónicos: el pueblo (trabajador) frente a la oligarquía (o sectores dominantes), (Laclau 1978).
   Finalmente, desde la perspectiva diacrónica, el populismo ha sido visto como estadio de cambio o transformación de los niveles anteriores. Como proceso que posibilita el paso de un sistema político de participación restringida a uno más amplio, a través de nuevas formas de organización y cambio en las relaciones de dominación, (Mouzelis, 1992); como transición modernizadora de segmentos sociales atrasados y tradicionales hacia pautas urbano industriales, (Germani, 1971); como una etapa del capitalismo dependiente o periférico estructurada en base a la sustitución de importaciones industriales destinados al mercado interno, que desplaza a una anterior basada en la exportación de bienes primarios, (O´Donnell, 1973; Vilas, 1992/93); y como proceso de construcción de una hegemonía en el campo ideológico para ocupar el espacio dejado por la crisis de las ideologías previas, (Laclau, 1978; De Ipola, 1980).
   No obstante, el grado de presencia y las formas de combinación de estos aspectos en los referentes empíricos suele generar grandes debates sobre su pertinencia en la definición del fenómeno populista. Quizás el mayor inconveniente para encuadrar los casos en un único significado resida en la propia naturaleza contradictoria del fenómeno.
   Vilas (1992/93: 414-415) devela las diferentes facetas en las que se manifiesta esa unidad contradictoria , reformista y conservadora a la vez, que le da identidad al populismo, y que genera su acceso al poder al mismo tiempo que erosiona su consolidación en él.
   Es la misma contradicción que hace del populismo un instrumento radical en la reestructuración de las relaciones de dominación previas pero sin una transformación similar de las relaciones de producción; rasgo que, por otra parte, lo diferencia de los movimientos revolucionarios, (Mouzelis 1992:344; Ranis 1975:164).
   La posibilidad de mantener como un todo esta unidad contradictoria radica, en gran parte, en la capacidad del líder para redefinir el contenido de las palabras claves del discurso político. En el populismo, el líder otorga a través del discurso nuevos significados a las palabras claves de su cultura política, (De la Torre 1992: 403-404).
   Pero este no es un proceso de una vez para siempre, ni acotado a la construcción de un cuerpo único reflejado a posteriori en la doctrina partidaria.
   La capacidad de una permanente resignificación de las palabras claves del discurso cumple la función de construir esa unidad de sentido de la que carecen acciones manifiestamente contradictorias.
   Como veremos a continuación, al analizar las relaciones del peronismo y los sectores agrarios en la Argentina, el mismo discurso político populista fue resignificado(1) para legitimar la adopción de políticas agrarias contradictorias con las que caracterizaron los primeros años del peronismo en el poder, lo cual implicaba también una redefinición de las alianzas sociales.(2)

3. Cambio de contexto y redefinición de alianzas y conflictos con los sectores sociales agrarios.

   Hacia 1930, las condiciones internas y externas del modelo de desarrollo agroexportador primario que habían colocado a la Argentina entre las principales economías del mundo habían cambiado drásticamente. Por una parte, la ocupación horizontal de las fértiles tierras pampeanas había llegado a su fin al concluir la década del 20 (Cortés Conde, 1966:493), y por otra, el quiebre del comercio multilateral y del patrón oro en el marco internacional, las políticas proteccionistas, las recurrentes crisis de precios internacionales de los productos primarios, los inconvenientes para las importaciones y exportaciones generados por las guerras mundiales, y el crecimiento de las inversiones norteamericanas, establecieron un escenario internacional sustancialmente diferente, (Di Tella y Zymelman, 1967: 103-136).
   La élite dirigente se escindió entre quienes pensaban que los cambios eran transitorios y que en el corto plazo se retomaría la senda que tan buenos resultados les había deparado, y aquellos que consideraban que los años dorados no volverían y era necesario reformular el modelo de desarrollo.
   Estos últimos plantearon un cambio en el modelo de desarrollo vigente, a partir de la promoción de una mayor intervención del Estado en la economía, a través de la construcción de obras públicas y viviendas, el apoyo preferencial a las industrias de exportación basadas en productos con ventajas naturales, la compra por el estado de las cosechas invendibles a los productores, y una serie de mecanismos cambiarios y financieros que permitiera desplazar progresivamente el eje de influencia de Gran Bretaña hacia el de la nueva potencia que adquiría creciente hegemonía: los EEUU.(3)
   A pesar de la derrota política del proyecto, las condiciones impuestas por el desarrollo del conflicto bélico entre 1939-1945, llevaron a que muchas de esas medidas fueran implementadas de facto.
   La economía política del Peronismo retomó algunos de esos instrumentos,(4) pero el modelo agroindustrial exportador fue reemplazado por un modelo autárquico centrado en el mercado interno, el pleno empleo y el aumento del consumo de la población. Ya desde 1944 se adoptaron medidas para desalentar las exportaciones industriales, dado que sus productos competían con el abastecimiento interno, y por lo tanto generaban inflación restringiendo el nivel de ingresos y de consumo de las masas.(5)
   Paralelamente al debilitamiento de las relaciones económicas con Inglaterra y al crecimiento de las inversiones americanas, se consolidaba en la Argentina su sector industrial. Si bien ya en 1929 era el país latinoamericano con mayor participación de la industria en su PBI alcanzando el 22,8% (Vila, 1992/93: 397), es hacia 1946, cuando apoyada por la protección implícita del conflicto bélico, los niveles de producción y de empleo industrial duplicaron los de una década atrás. A partir de ese momento, el producto bruto industrial supera al generado por el sector agropecuario en un proceso que sería irreversible, (Sourrouille, 1980:3).
   Con la industrialización y consecuente urbanización se consolidó un segmento de pequeños y medianos empresarios industriales de capital nacional, cuya producción era destinada al mercado interno, así como un proletariado urbano-industrial numeroso con un cúmulo de demandas insatisfechas, (Murmis y Portantiero, 1971).
   El sector agropecuario, por su parte, se vio afectado por la guerra ante la falta de bodegas para el transporte y la desaparición de sus tradicionales mercados europeos, en particular para los productos agrícolas. Esto produjo un desplazamiento en el uso de las tierras hacia actividades más extensivas, como la ganadería, con la consecuente expulsión de arrendatarios y trabajadores agrícolas, agudizando los conflictos entre terratenientes y arrendatarios y entre productores familiares y trabajadores rurales, (Di Tella y Zymelman, 1967: 459-474; Mascali, 1986).
   Esta situación contribuyó, por una parte, al fuerte proceso migratorio rural-urbano (Germani, 1973), y por otra, al crecimiento de demandas y expectativas antagónicas en cada uno de los segmentos sociales agrarios.
   A comienzos de 1940, la imagen predominante sobre el sector agropecuario, era la de un sistema de producción basado primordialmente en el trabajo indirecto -arrendamientos y aparcerías-, y una estructura agraria caracterizada por la desigual distribución de la propiedad, del ingreso y del poder de negociación entre los sujetos sociales participantes.(6)
   De este modo, la estructura social agraria era percibida como integrada por un grupo muy reducido que constituía una cúspide monopólica y parásita -los terratenientes que integraban la oligarquía dominante de la Argentina- que controlaba la mayor parte de las tierras productivas, por las cuales obtenía altas rentas sobre la base de sus ventajas naturales comparativas. Y, en relación asimétrica, como subordinados y enfrentados a aquellos, un numeroso sector de productores no propietarios -arrendatarios y aparceros- con canales de acumulación bloqueados ya por el pago de altos cánones de renta, por la inestabilidad en el uso del predio, y por las desventajosas condiciones de financiación y comercialización que mantenían con los proveedores locales y los representantes de las comercializadoras transnacionales.
   Finalmente, en el último peldaño de la escala, alrededor de un millón de trabajadores rurales entre permanentes y de cosecha o transitorios, sin organización gremial ni legislación social, con ingresos ínfimos, frecuente movilidad y desocupación, y condiciones laborales impuestas unilateralmente por los productores.
   Las medidas en materia de política agraria adoptadas por el gobierno militar de la Revolución de 1943, profundizaron las tendencias y conflictos existentes en el sector agropecuario, y abrieron nuevos frentes de conflicto, ahora entre el estado y poderosos grupos de interés, al intentar modificar las relaciones de poder imperantes en el sector agropecuario.(7)
   Por una parte, generó una amenaza real sobre los intereses terratenientes, a partir de las decisiones del Ministerio de agricultura de poner en marcha acciones de expropiación de tierras privadas para colonización en zonas de conflicto; de renovar la prórroga de los contratos de arrendamientos vencidos -decisión ya tomada por el gobierno conservador en 1942 ante los perjuicios de las cosechas invendibles-; y además, de decretar una rebaja del 20% en el precio de los arrendamientos y la suspensión de los desalojos.
   Por otra, afectó los negocios de las grandes empresas transnacionales de la comercialización, a partir del avance del control estatal sobre los procesos de comercialización internos y externo, y el arrendamiento bajo advertencia de expropiación de toda la red privada de almacenamiento y elevadores de granos.
   Finalmente, la política de control de precios ganaderos, el decreto por el que se establecía un reordenamiento y control de la representación gremial del agro, y las acciones en favor de los trabajadores rurales tomadas por la Secretaría de Trabajo, restaron el apoyo de los sectores de pequeños y medianos productores y arrendatarios, agrícolas y ganaderos del interior del país, que en un primer momento habían apoyado el accionar del Ministerio de Agricultura.
   La interpretación de estas condiciones de la estructura económica y social, y las respuestas desde el discurso y la acción desplegada por Perón, fueron factores importantes en su triunfo electoral.
   A mediados de la década del cuarenta, estas clases subordinadas -productores sin tierras y trabajadores rurales- de la estructura agraria representaban un importante caudal electoral, si se tiene en cuenta que los varones, argentinos y en edad de sufragar constituían alrededor del 30% del total de votantes del país.(8) A ello debe agregarse que entre el 30 y el 50% de los nuevos asalariados urbanos,(9) a quienes se le otorga una fuerte asociación con el voto peronista, eran migrantes relativamente recientes, provenientes del medio rural, y por lo tanto con una memoria fresca respecto de los conflictos y demandas agrarias.
   Como vemos, el medio rural tenía un aporte decisivo para las aspiraciones de cualquier fuerza política que supiera interpretar el cúmulo de expectativas y reivindicaciones insatisfechas. En particular, si se tiene en cuenta que el Peronismo superó a la Unión Democrática por un estrecho margen de votos.(10)
   A partir de 1944, el coronel Juan Domingo Perón comenzó a consolidar un mayor espacio político dentro del gobierno militar. Su participación en el Consejo Nacional de Posguerra, organismo encargado de diagnosticar los principales problemas que el país debería enfrentar y establecer los lineamentos gubernamentales a seguir, le proporcionó un conocimiento del dinámico contexto en que se encontraba.
   Es a partir de este primer organismo, muchas de cuyas indicaciones se incorporan al Primer Plan Quinquenal de gobierno, cuando comienza a tomar forma los rasgos que caracterizaron la economía política peronista: autarquía y crecimiento industrial con destino al mercado interno, movilizado por el pleno empleo y el aumento del consumo de las masas.
   En este esquema el sector rural debía cumplir dos funciones. Una, satisfacer a bajo costo las necesidades alimentarias de la población, y posibilitar el desarrollo del sector urbano industrial a partir de su excedente. La otra, formando parte de la demanda, asegurar el pleno empleo en el sector rural y aumentar la capacidad de consumo de los sectores rurales más postergados .
   Estos objetivos articulados a la imagen construida sobre el sector agropecuario y sus actores, enmarcaron la estrategia pre-electoral de Perón dirigidas a captar el voto de los sectores rurales no propietarios, y la política agraria de los primeros dos años de gobierno.
   La propuesta agraria se fue constituyendo en el mismo proceso de conformación del movimiento y la consolidación de la imagen del líder entre 1944 y 1946.
   En su origen es planteada como un proyecto antioligárquico y antiterrateniente, avalado por acciones políticas concretas a partir de las expropiaciones y el dictado de normas regulatorias respecto de la tenencia de la tierra y de las relaciones laborales, y una amplia campaña propagandística sobre la reforma agraria.
   Ella proponía acciones que privilegiaban la intervención directa del Estado con el objeto de cambiar en forma rápida y profunda las relaciones de poder y de producción hasta ese momento imperantes. El Estado regularía las relaciones contractuales, desalentaría las formas de producción indirecta, y se encargaría de subdividir las grandes propiedades y redistribuir sus tierras, fomentando el desarrollo de unidades de producción familiares capitalizadas bajo el sistema de propiedad privada, o de arrendamiento con usufructo vitalicio en tierras propiedad del estado. En forma complementaria serían promovidas experiencias piloto de explotaciones cooperativas y colectivas. El Estado también intervendría en la regulación de las relaciones laborales, dictando una legislación pertinente, creando organismos específicos para su control, y promoviendo la organización gremial de los trabajadores. También monopolizaría el comercio exterior y regularía todas las etapas del comercio interno, así como fomentaría la consolidación de asociaciones cooperativas de los productores a partir de las cuales pudiesen intervenir en los procesos de comercialización e industrialización de la producción primaria. Finalmente, era también un rol estatal la promoción del desarrollo sectorial a través del apoyo crediticio, la creación de infraestructura de almacenamiento y transporte, y los programas sociales y comunitarios.
   La propuesta tuvo diversos canales de expresión, desde los discursos del líder a las masas agrarias, hasta en los documentos y plataforma electoral del Partido Laborista, estructura que oficializaba la candidatura de Perón, pasando por una serie de acciones programadas para otorgar reivindicaciones concretas desde los diferentes funciones de gobierno desempeñadas por Perón. Finalmente, una vez en el gobierno, en las leyes dictadas entre 1946 y 1948 y en el accionar agrario desplegado por distintas agencias estatales.
   En la Declaración de principios del Partido Laborista, se establecía un clivaje de la sociedad en dos sectores antagónicos claramente diferenciados.(11)

   "..la mayoría del pueblo, constituida por obreros, empleados y campesinos, juntamente con profesionales, artistas e intelectuales asalariados, así como pequeños comerciantes, industriales y agricultores...sometida al predominio de una minoría poderosa y egoísta, ..constituida por latifundistas, hacendados, industriales, comerciantes, banqueros y rentistas, y todas las variedades del gran capitalismo nacional o extranjero." . (12)

   El Programa del Partido Laborista para las elecciones de 1946 detallaba las propuestas agrarias para revertir la situación existente: división de la tierra para eliminar el latifundio, aplicación de un impuesto progresivo a la herencia y a la tierra, implementar una política en favor de los pequeños productores, extensión de la justicia social a los trabajadores del campo, formación de cooperativas de productores con el apoyo y participación del estado, nacionalización del comercio exterior y regulación del abastecimiento de los artículos esenciales, y asegurar la continuidad de las reivindicaciones otorgadas por el gobierno militar a los sectores rurales entre 1943-46.
   Estos documentos no hacían más que dar forma escrita a los conceptos que Perón desgranaba en los discursos que tenían como destinatarios a los sectores rurales.
   Sobre los trabajadores rurales sostenía:

   "La situación del peón en el país es de extraordinario desmedro para los hombres que trabajan el campo. La Constitución del 53 abolió la esclavitud, pero lo hizo teóricamente, porque no es menor la esclavitud de un hombre que en el año 44 trabaja para ganar 12, 15 o 30 pesos por mes" . (13)

   Y en el caso de los arrendatarios y aparceros destacaba que:

   "El problema argentino está en la tierra:`dad al chacarero una roca en propiedad y él os devolverá un jardín; dad al chacarero un jardín en arrendamiento y él os devolverá una roca´. La tierra no debe ser un bien de renta, sino un instrumento de producción y trabajo. La tierra debe ser del que la trabaja, y no del que vive consumiendo sin producir a expensas del que la labora." (14)

   En consecuencia Perón en sus discursos de 1944 y 1945 prometía a los agricultores sin tierras:

   "La Revolución ha cumplido su etapa social asegurando a los trabajadores de las ciudades condiciones mínimas de dignidad para una subsistencia próspera. Habría faltado al más grave de sus deberes si no se enfrentara al que han enfrentado los movimientos revolucionarios dignos de ese nombre que recuerde la historia: el problema del régimen de la tierra; el problema arriesgado y sumamente difícil de resolver, que los demagogos han eludido siempre y que nosotros, que no somos demagogos, sino forjadores auténticos del bien -único orden social posible, ya que se basa en la justicia- vamos a encarar con decisión y con fe, confiando en la comprensión de los argentinos" .(15)
   "Sabemos que los hombres que trabajan la tierra reclaman mejoras y aspiramos a establecer definitivamente que en este país la tierra no debe ser un bien de renta, sino que debe pertenecer al que la fecunda con su esfuerzo. No podemos realizar este propósito de una sola vez, pero les prometo que, encarado y resuelto el problema de la tierra, no habrá un sólo argentino que no tenga derecho a ser propietario en su propia tierra" .(16)

   Si algo diferenció a Perón, entre muchas cosas, de sus adversarios políticos, fue un discurso que resultaba verosímil a su audiencia, y por lo tanto de tremenda efectividad en el triunfo de su estrategia ideológica y política. Esto fue posibilitado, en buena medida, por las acciones políticas en beneficio de esos sectores que afectaban en forma decisiva las condiciones de recepción de su discurso.(17) Una estrategia que el líder expresaba en una de sus populares consignas: "mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar" . De este modo, una estrategia similar a la implementada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión para los asalariados urbanos(18) se extendió con la misma efectividad sobre trabajadores y productores no propietarios del agro.
   Entre 1944 y 1946, antes de las elecciones, Perón dictó desde su cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Estatuto del Peón que establecía salarios mínimo sustancialmente más saltos que los existentes y condiciones sociales para los trabajadores rurales permanentes; fortaleció el poder de negociación de los sindicatos rurales que nucleaban a los trabajadores transitorios o de cosecha; dictó el Estatuto del Tambero-Mediero que regulaba las relaciones entre el propietario de los tambos y el productor que tenía a su cargo el trabajo; respaldó públicamente y se comprometió a mantener la rebaja obligatoria del precio de los arrendamientos y la suspensión de los desalojos establecida por el Ministerio de Agricultura del gobierno militar; y hasta llegó a modificar el organigrama estatal haciendo trasladar el Consejo Agrario Nacional, organismo a cargo de la colonización oficial, de la órbita de agricultura a la Secretaría de Trabajo bajo su conducción. Desde allí montó una activa campaña sobre la reforma agraria peronista, a partir de algunas expropiaciones y mucha propaganda a través de programas de radio, edición de periódicos, y participación del líder y sus colaboradores en actos populares del interior del país, donde arengaban a los hombres de campo.(19)
   Sin embargo, los lineamentos del Peronismo en el gobierno no profundizaron las promesas y acciones más radicales que caracterizaron la campaña electoral. Las reivindicaciones socioeconómicas y el cambio social alentados durante aquella, y en menor medida sostenidos en los dos primeros años de gobierno, fueron progresivamente dejados de lado en la medida en que la situación macroeconómica se complicaba. En su lugar se instaló como preocupación dominante la búsqueda de un aumento de la producción agropecuaria por los caminos tradicionales de incentivos económicos, el retraimiento de los procesos más conflictivos generados con los propietarios rurales, y el disciplinamiento de los trabajadores del agro.
   En consecuencia, pueden distinguirse nítidamente dos período en la política agraria peronista, caracterizados por orientaciones opuestas: 1946-1948 y 1949-1955.
   El primer período, comprende desde el ascenso al gobierno hasta los primeros síntomas de dificultades en la balanza de pagos.
   La legislación que materializó los lineamentos políticos de esta etapa fueron: la ley nº 13246 sobre Arrendamientos y Aparcerías, la ley nº:13020 de 1947 sobre trabajo rural, así como las acciones de colonización llevadas a cabo por el Consejo Agrario Nacional, y la financiación para compra de tierras realizadas por el Banco de la Nación y el Banco Hipotecario Nacional. También se estatizó el comercio exterior con la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, se expropiaron los elevadores y silos de las empresas privadas, y se regularon todas las etapas de comercialización interna, (Lattuada, 1986).
   El Estado a través del monopolio del comercio exterior, el manejo de la política cambiaria, y el control del sistema de precios internos, produjo una fuerte translación de ingresos desde el sector agropecuario hacia los sectores urbano industriales.
   Dada la política de reducción y congelamiento de los cánones de arrendamientos, el monopolio del comercio, y la nacionalización de los transportes, la riqueza de origen agropecuario que redistribuyó el Estado fue, en buena medida, la renta diferencial a escala internacional que por el sistema anterior quedaba en mano de propietarios y terratenientes, y parte de la ganancia obtenida por los monopolios internacionales de la comercialización y el transporte, (Flichman, 1977:111-113).
   La política en materia de arrendamientos y aparcerías rurales, que redujo y congeló los precios y porcentajes abonados por los productores a los terratenientes por el uso de la tierra, compensó en buena medida los bajos precios -en relación a los internacionales- establecidos por el gobierno para comprar la producción agrícola.(20) En este mismo sentido actuó la activa política de expropiaciones y colonización, y la generosa política crediticia para la compra de las tierras que trabajaban.
   La política hacia los trabajadores rurales durante este primer período consistió en aumentar su nivel de ingresos, reglamentar sus condiciones de trabajo, promover su organización y agremiación, y fortalecer la capacidad de negociación frente a los patrones. Tanto el Estatuto del Peón dictado cuando Perón ocupaba la Secretaría de Trabajo para los trabajadores permanentes, como la Ley nº 13.020 del año 1947 para los trabajadores transitorios, que materializaban esos beneficios, fueron acompañados por acciones de apoyo a los sindicatos rurales por parte de gobiernos y funcionarios judiciales locales bajo instrucciones del gobierno nacional.
   Esta situación generó numerosos conflictos entre productores familiares y sindicatos rurales sobre la competencia de determinados trabajos, exigencias de pago por trabajos no realizados, y otras estrategias por las que se intentaba asegurar el pleno empleo en el sector rural. Una situación de intranquilidad que se reproducía en cada cosecha, llegando a esporádicos y puntuales episodios de confrontación armada entre productores y trabajadores, (Mascali, 1986).
   Hacia fines de 1948, el gobierno advirtió sobre las dificultades de la balanza de pagos y el proceso inflacionario interno;(21) deterioro que se profundizó con las sequías que afectan las cosechas en dos campañas sucesivas,(22) y en respuesta a la cual el gobierno propuso el Plan Económico de Emergencia de 1952. Si bien la situación evolucionó favorablemente hacia fines del período, el Peronismo había iniciado un cambio irreversible en la orientación de algunas de sus políticas, como en lo referente al capital extranjero y a la política agraria.
   Las urgencias del sector externo de la economía que requerían de un rápido aumento de las exportaciones agropecuarias, no debía afectar en forma significativa los ingresos de los asalariados; base de sustentación del movimiento y la economía política peronista. Por lo tanto, una drásticas devaluaciones de la moneda con congelamiento de salarios no podía ser utilizada.(23)
   En su lugar, se adoptaron diversas medidas de estímulo económico al sector. Se mejoraron los precios al productor. Se promovió y subsidió la incorporación de tecnología, fuertemente postergada por el conflicto bélico, la política de restricción de insumos estratégicos de EEUU que afecto a los países no aliados (Escudé, 1983), y la escasa relevancia otorgada por el gobierno hasta ese momento. Se redujeron los créditos para compras de tierra y se aumentó la disponibilidad y tasas preferenciales para los destinados al ciclo productivo.(24)
   Pero a su vez, los incentivos económicos fueron acompañados por la decisión política de bloquear todas aquellas medidas en materia de política de tierras y relaciones laborales, en su momento alentadas desde el gobierno, que generaban conflictos en el sector agrario que pudieran entorpecer el normal desarrollo de las actividades productivas. Tanto el decreto nº:33425 de 1948, como el Plan Económico de 1952 tienen recomendaciones explícitas sobre estos puntos, (Cfr. Lattuada, 1986:136,144,194).
   En correspondencia con tal decisión, se redujo hasta casi desaparecer la colonización estatal, se detuvieron las expropiaciones de tierras, tanto nuevas como en proceso, y se dictó una nueva legislación que otorgaba mayor seguridad a los propietarios.
   Es así que mientras los préstamos bancarios para adquisición de inmuebles rurales recuperaron sus niveles en 1954, después de superada la crisis de 1952/53, la colonización y su instrumento más conflictivo, la expropiación de tierras privadas, llegaron a finales del gobierno peronista siendo prácticamente nulas. Este comportamiento dispar demostró que mientras los primeros respondieron a los vaivenes de la política monetaria de esos años, los segundos formaban parte de una decisión política sobre el proyecto a seguir.
   La colonización planteaba conflictos frontales con los grandes propietarios y terratenientes. Dado que el Estado ya no conseguía tierras aptas para colonizar a través de instrumentos consensuales como la licitación pública, se recurría cada vez con mayor asiduidad a la siempre conflictiva herramienta de la expropiación indemnizada. El año 1948 fue precisamente el más activo en ese sentido.
   Pero a partir de las renovadas necesidades de un mayor producción y exportación agropecuaria, la acción directa del Estado sobre las grandes propiedades es abandonada por el gobierno, y en algunos casos se retrocede en procesos ya substanciados, en lugar de intensificar el proceso reformista promovido desde la Revolución de 1943.
   Este cambio de orientación no sólo se manifestó en la inacción de los organismos encargados, o la implementación de las nuevas medidas económicas, sino en una resignificación del discurso peronista sobre la cuestión agraria, expresado en los textos de los planes de acción de gobierno, en una nueva legislación, y en los mensajes de Perón a los agricultores.(25)
   El II Plan quinquenal, que orientaría la acción gobierno a partir de 1953, daba coherencia a la nueva dirección política iniciada en 1949. El objetivo del Plan en materia de acción agraria consistía en "..alcanzar una máxima y mejor producción que satisfaga el consumo interno y proporcione convenientes saldos exportables.." , y para ello se implementarían medidas crediticias e impositivas, (Cfr. Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, 1953: 111-140).
   El instrumento impositivo era previsto como una forma de evitar que los propietarios pudiesen mantener tierras productivas inexplotadas, exigiendo por lo menos un índice mínimo de productividad en relación a su capacidad potencial; así como desalentar el trabajo indirecto de las tierras, ya que se proponía un gravamen especial para aquellos que explotaran sus tierras otorgándolas en arrendamientos o aparcerías. Cabe destacar que ninguna de las medidas impositivas mencionadas fue efectivamente elaborada y por lo tanto menos aún implementada; por la sencilla razón de que aún siendo un instrumento menos amenazante para los propietarios que las expropiaciones, continuaba siendo igualmente conflictivo con sus intereses.
   La colonización a partir del Plan tendría el objetivo de incorporar nuevas tierras a la producción, entendiéndose por tales, las habilitadas a la producción por la construcción de obras hidráulicas, las recuperadas de la erosión por programas estatales, las tierras fiscales que aún permanecieran en poder de los estados provinciales o nacional, y recién en último lugar, aquellas tierras privadas que fueran consideradas latifundios.
   Pero el concepto de latifundio en esta etapa no era el mismo que el discurso peronista había dado en sus orígenes. Mientras en el Iº Plan Quinquenal de gobierno (1946), el latifundio fue definido como toda propiedad superior a las 700 hectáreas (s/d.:63), ahora se consideraba como tal, a toda superficie, sin importar su extensión, que teniendo aptitud para la explotación agropecuaria se mantuviera improductiva o subexplotada.
   Perón se encargó en persona de explicar a los hombres de campo cómo debían interpretarse los nuevos lineamentos de la acción agraria. Si bien ya se encontraban antecedentes sobre la nueva orientación en discursos del líder de 1949, será en su mensaje a los agricultores reunidos en el Teatro Colón de Buenos Aires el 11 de julio de 1953, donde expresará con la mayor claridad la nueva posición. A continuación reproducimos fragmentos seleccionados del mismo, tan extensos como ricos, para ejemplificar la resignificación del discurso agrario peronista:

   "Cuando hablamos de latifundio, el peor latifundio es el de la tierra fiscal, que está abandonada, no produce y no dejamos que produzca nada. En consecuencia, la reforma agraria debe empezar por el gobierno y por el Estado, entregando esa tierra fiscal para que sea elaborada; y entregándola en propiedad como establece la Constitución.
   Este es el primer punto de la reforma agraria. El segundo punto de la reforma agraria es hacer producir a las tierras improductivas que hay actualmente en las zonas de gran producción.
   Es indudable que estas son las dos medidas más elementales y fundamentales de nuestra reforma agraria. Cuando se haya realizado eso, habrá llegado el momento de pensar si la tierra tiene una explotación racional. Primero explotamos toda la tierra aunque sea irracionalmente y después, vamos a apretar tornillito por tornillito para hacerla rendir todo lo que deba rendir. Naturalmente, esto tampoco lo vamos a hacer violentamente.
   Algunos hablan de latifundios y muy pocos hacen mención a los minifundios. No hay que limitar inicialmente el máximo; lo que hay que limitar es el mínimo para no crear problemas en el futuro. Hay algunos que vienen y dicen: `Ve, esta compañía tiene acá veinte mil hectáreas que siembra y obtiene y obtiene una producción extraordinaria. ¿Porqué no la divide?´ ¿Ustedes quieren algo más antieconómico que eso? Si se hacen producir a veinte o cincuenta mil hectáreas y se saca a la tierra una gran riqueza, ¿cómo vamos a dividir? Sería lo mismo que tomar una gran industria de acá y dividirla en cien pequeños talleres para que fuera antieconómico.
   El latifundio no se califica por el número de hectáreas o la extensión de la tierra que se hace producir, el latifundio se califica por la cantidad de hectáreas, aunque sean pocas, que son improductivas. Dios nos libre si fuéramos tan cortos de entendimiento que nos lanzáramos a la destrucción de las grandes explotaciones, teniendo las inmensas extensiones que tenemos nosotros para que cada agricultor argentino pueda tener todo el campo que se le antoje " , (Perón, 1953: 103-116).

   Es también en esta etapa donde la noción ambigua y difusa "la propiedad de la tierra en función social" inunda el discurso agrario, a partir de su incorporación al texto constitucional dictado por el Peronismo en 1949. Ahora, el sentido original de que cada productor debía ser propietario de la tierra que trabajaba daba lugar a otro, por el que si bien se reconocía la importancia del acceso a la propiedad por los productores, se incorporaba un sentido económico: que las tierras aptas produzcan bienes para la sociedad. En otras palabras, la propiedad en función social, era aquella que no se acaparaba con fines especulativos sino que producía, y por esa sóla condición se deducía que cumplía una función en beneficio de la sociedad en su conjunto, aunque sus beneficios fuesen apropiados en forma privada.
   Como era de esperar, la manifestación del nuevo discurso se plasmó en nuevos textos legales.
   La ley de colonización nº 14.392 sancionada por el Peronismo en 1954 bajo imperio de la nueva constitución, otorgó mayores garantías a los intereses terratenientes que la ley nº 12.636 a la que reemplazaba, sancionada durante el gobierno conservador de 1940 y bajo la vigencia de la Constitución liberal de 1853.
   La nueva ley eliminaba el límite de dos mil hectáreas, a partir del cual se podían expropiar tierras privadas cualquiera fuese su grado de explotación, y en su lugar se establecía un no definido criterio de "explotación irracional" cualquiera fuese la superficie. En segundo lugar, en coherencia con la ley de expropiaciones dictada también durante esta segunda etapa del gobierno, las expropiaciones no podrían ser realizadas por decreto del Poder Ejecutivo a solicitud del organismo encargado de la colonización, sino por una ley que debía sancionar el Congreso Nacional para cada caso específico. Finalmente, incorporaba los valores venales -de mercado- al cómputo del precio a pagar por indemnización a los propietarios, cuando anteriormente se lo hacía por los valores fiscales, sustancialmente más bajo que los de mercado.
   En este período tampoco fue tratado por el Congreso, con mayoría Peronista, los proyectos presentados por diputados de esa fuerza política en mayo de 1948 sobre expropiación de campos ocupados por arrendatarios y aparceros, (Cfr. Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones 1948: 128).
   Por su parte, el gobierno peronista de la Provincia de Buenos Aires, decidió dictar un nuevo proyecto con el objeto de bloquear las acciones de expropiación que por Ley provincial nº 5.101 de octubre de 1946, se había dispuesto sobre 25.000 has. correspondientes a fracciones de campo pertenecientes a varias familias tradicionales de terratenientes de las zonas de Lincoln y 25 de mayo.
   Aún en el caso del congelamiento de los precios de los arrendamientos y la suspensión de desalojos, conflicto que el peronismo mantuvo con los terratenientes hasta su derrocamiento, hubo intentos de implementar algunos mecanismos para promover una salida progresiva al libre convenio de las partes. Con ese objetivo, se sancionó sobre las vísperas del golpe de estado de 1955 una nueva ley de arrendamientos y aparcerías qué reemplazaba la de 1948.
   Más allá de las intenciones, este era un problema social y político de difícil y larga resolución. Así lo demostró posteriormente el hecho de que se extendiera hasta 1970, a pesar de los esfuerzos de los sucesivos gobiernos militares y civiles, muchos de ellos afines a los intereses de los terratenientes. Cabe destacar que los planes de transformación agraria implementados con ese objetivo se basaron en una variante del mismo mecanismo propuesto por la ley de 1954.
   El cambio de orientación sobre la política agraria, implicaba un cambio en la estrategia de alianzas sociales de Perón. Esto fue claramente percibido, y hasta inducido por la Sociedad Rural Argentina, representante de los grandes propietarios y terratenientes pampeanos, según las declaraciones de José Alfredo Martínez de Hoz, quien fuera presidente de esta institución identificada con la oligarquía argentina:

   "Yo lo convencí a Perón -dice- de que expropiar estancias es un error y que el minifundio es más peligroso. Meses después en el teatro Colón repitió mis palabras a los agricultores reunidos. También lo convencí a Mercante -gobernador de la Provincia de Buenos Aires- de rectificar el disparate aprobado n la legislatura bonaerense, cuando se expropió la cuarta parte de más de 30 estancias de Lincoln y 25 de Mayo" , (Gambini, 1983: 119-120).

   La política laboral también tuvo un punto de inflexión en esta etapa. La agremiación promovida desde un comienzo para fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores rurales, fue luego utilizada para controlar sus demandas, cuando la imperiosa necesidad de una mayor producción se hizo presente. El Plan de emergencia económica de 1952 dedicó párrafos especiales sobre la firme decisión gubernamental de disciplinar a los trabajadores rurales que adoptaran medidas de fuerza o continuaran los conflictos mantenidos con los productores familiares desde 1945, y para lo cual solicitaba la colaboración de las organizaciones patronales y obreras.(26)
   Una vez más, Perón a través de su discurso se encargó personalmente de dejar en claro el significado de las exigencias que planteaba el Plan Económico de 1952:

   "Cuando un hombre no produce lo que puede es un saboteador y, en consecuencia, un enemigo común."
   "Cuando hemos afirmado que el lema argentino de la hora económica ha de ser producir, producir, y producir, hemos pensado en esto y en otras innumerables circunstancias. El éxito de todo el Plan Económico depende de que cada uno cumpla su deber consciente y solidariamente, descartando influencias extrañas.." , (Consejo Económico Nacional, 1952).

4. Discurso e identidad. Expresión y control de la esencia contradictoria del populismo.

   El Peronismo, una vez consolidado como movimiento de masas, y logrado el acceso al control del aparato estatal, inició un proceso que tuvo por objetivo limitar y controlar los procesos de cambio promovidos.
   Esto no constituye una singularidad de esta experiencia histórica, sino una rasgo distintivo del populismo como fenómeno. Logrado el cambio en las relaciones de dominación se hace necesario que las fuerzas no transgredan el orden de las relaciones de producción capitalistas.(27)
   Es también a partir de este punto, donde emergen las contradicciones latentes de su composición pluriclasista, las que en el llano se encuentran retraídas ante en el antagonismo convocante contra el orden conservador. Pero una vez que el populismo accede al control del aparato estatal y estas contradicciones se hacen presentes en el duelo acumulación versus distribución, se requiere un doble esfuerzo desde la política para mantener la coherencia de la alianza.
   Uno de tipo organizativo, traducido en los proyectos de organización corporativa de la sociedad, bajo tutela del Estado que actuará como árbitro de la comunidad organizada . El otro, consiste en la recreación de los significados del discurso político, para adaptarlo a una fuerza que ya no es oposición sino gobierno, que ya no lucha contra el poder sino que reúne el poder.
   Si en un primer momento, etapa de génesis y consolidación del movimiento, el discurso populista se caracteriza por recuperar términos y dar nuevo significado a las palabras claves del discurso político pre-establecido, en el paso por el poder se realiza una resignificación del propio discurso para otorgar coherencia y unidad a orientaciones de su accionar gubernamental que resultan contradictorias a las propuestas originales.
   Estas acciones ya no tienen como únicos y principales beneficiarios a los sectores sociales que respaldaron el acceso al poder del líder, sino que establecen precisamente el límite al que han arribado. Dado que, la efectividad del discurso depende, entre otros factores, de las condiciones de producción del mismo, es de suponer que tuviera receptividad positiva en aquellos sectores hasta ese momento enfrentados -empresarios y propietarios rurales, empresas de capital extranjero-, y negativa sobre las bases más tradicionales del movimiento.(28)
   No obstante, dado que del sentido de todo discurso no es único y genera “ un campo de efectos posibles” (Sigal y Verón, 1982) en distintos receptores , otros factores también deben ser incluidos en el análisis para comprender la mayor o menor efectividad del discurso populista desde el poder. Por ejemplo, el grado de control que pueden ejercer las estructuras corporativas montadas sobre sus afiliados -sindicatos-, el proceso de control ideológico en la educación y en los lugares de trabajo, y el ejercicio de la represión estatal.(29)
   Pero, quizás el más importante de ellos, lo constituya la memoria colectiva de lo ocurrido, es decir, la experiencia y la enseñanza que deja a cada grupo las acciones previas. Los trabajadores difícilmente podían olvidar que habían adquirido niveles de ingresos y condiciones de vida como nunca antes habían gozado; y ese logro no era reconocido como fruto de su propia lucha política, sino como concesión de un hombre: el líder.
   Los terratenientes y la oligarquía nunca perdonarían haber sido denostados públicamente, desplazados en forma permanente del poder político, y cercenados en su vía de ingresos más tradicional -la renta de la tierra-.
   Esta es, probablemente, una de las razones de mayor importancia para explicar porqué los terratenientes estuvieron entre los grupos civiles que apoyaron el golpe militar que derrocó al peronismo en el momento en que otorgaba mayores garantías a sus intereses, mientras que los trabajadores y sindicatos lo continuaron apoyando a pesar de encontrarse en una etapa en la que se exigían mayores sacrificios sin contrapartida alguna.

Notas:

(1) Como expresan Sigal y Verón (1982) los invariantes que caracterizan la especificidad y la continuidad del discurso peronista a lo largo de su historia no son de contenidos , no componen una ideología, sino invariantes enunciativos , es decir, un particular modo de articular la palabra política al sistema político.
(2) Estas contradicciones también abarcaron otras áreas, como el de la política exterior , estudiado por Bagú (1961).
(3) LLach (1984), analiza en profundidad este proceso y las características del proyecto de esta facción de la clase dominante, conocido como Plan Pinedo, en honor a su autor el Ministro de Economía de 1940, y señala con precisión las diferencias con la economía política del Peronismo.
(4) Sobre las características de esta continuidad y posterior ruptura véase Sidicaro (2002).
(5) Las exportaciones de productos manufacturados no tradicionales pasaron de representar el 2,9% del total de las exportaciones argentinas en 1939 al 19,4% en 1943, para caer progresivamente hasta el 5,5% en 1947, (Llach, 1984: 532).
(6) Barsky et al (1992) exponen las ideas prevalecientes en distintas épocas sobre el sector agropecuario, a partir de una selección de obras de intelectuales, políticos y representantes de intereses del sector. Para este período consultar el capítulo V. La crisis .
(7) La fuente principal de las referencias realizadas sobre este breve, pero decisivo, período de la historia agraria argentina, es el excelente trabajo realizado por Tecuanhuey Sandoval (1988).
(8) En el sector rural existían aproximadamente 1.050.000 votantes, según estimaciones propias en base en base a los datos de Censo General de la Nación Año 1947, T.I. Censo Nacional de Población, pp.31, y T.II. Censo Nacional Agropecuario de 1947, Cuadros Inéditos, Características Económicas de la Población , pp. 156-157. Si de esa cifra se restaba los aproximadamente 170.000 propietarios, quedaban 880.000 votantes con un denominador común: no poseer tierras a pesar de trabajarlas, bajo nivel de ingresos, condiciones laborales inadecuadas, y permanente inestabilidad en el predio.
(9) Para la primera estimación ver Kenworthy (1975:756), mientras que para la segunda Germani (1973).
(10) En las elecciones de 1946, el Peronismo triunfó con 1.487.886 votos (52,40%) contra 1.207.080 de la Unión Democrática (42,51%), según los datos consignados por Cantón (1973:272).
(11) Este antagonismo pueblo versus oligarquía en el discurso constituye uno de los sellos de identidad del fenómeno populista. Para algunos autores un rasgo único y excluyente (Laclau 1978, Canovan 1981) y para otros una de las manifestaciones que debe estar articulada a formas específicas de organización (Mouzelis, 1992).
(12) Los documentos del Partido Laborista se encuentran transcriptos en Fayt (1967:118-123).
(13) Declaraciones del coronel Perón en la Conferencia de Prensa del 17.11.44. (Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, 1952).
(14) Discurso de J.D. Perón en diciembre de 1944, (Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, 1952:11).
(15) Perón, Juan Domingo (s.d), Doctrina Peronista , pp.232, fragmento del discurso del 08.08.1945.
(16) Discurso de J.D. Perón el 30.11.44. en San Andrés de Giles, (Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, 1952:11).
(17) Cfr. De Ipola (1980: 155-156).
(18) Sobre la estrategia hacia los sectores urbanos véase Murmis y Portantiero (1971).
(19) La campaña desplegada por Perón con el objeto de sumar el voto agrario, considerado un aporte imprescindible al respaldo de los trabajadores urbanos para obtener el triunfo electoral, ha sido relatada por Antonio Molinari y Mauricio Birabent, responsables de la misma, en el reportaje que les realizara Hugo Gambini (1983: 111-115).
(20) El ingreso real de los arrendatarios entre 1945 y 1949 habría aumentado un 30% respecto del nivel medio del período de preguerra, mientras que el de los terratenientes habría disminuido en alrededor del 70%. Este deterioro en el ingreso de los propietarios se profundizó hasta alcanzar en 1955 ingresos equivalentes al 10% de los niveles pre-peronistas, por efecto de la inflación, y a pesar de que entre 1948 y 1951 fue eliminada la reducción obligatoria de los precios decretada en 1944, y que en 1952 se autorizó un aumento del 15%, (CIDA, 1965:104).
(21) Los factores adversos a nivel externo de la economía que llevaron a un cambio de rumbo son expuestos por Di Tella y Zymelman (1967: 524-530). La primera señal en los documentos oficiales fue el decreto nº: 33425 del 27 de octubre de 1948, a partir del cual se establecían una serie de medidas con el objeto de combatir la inflación.
(22) Sobre la evolución de la producción y las variables de la política agraria durante este período puede consultarse Barsky (1988).
(23) Instrumento al que apelaron en sucesivas oportunidades los posteriores gobiernos militares ante cada crisis externa de la economía. El objetivo era, a partir de un violento cambio en los precios relativos, incentivar la producción y reducir el consumo interno de granos y carnes, principales bienes de exportación y a su vez bienes salarios de la población. Esto generaba también una menor actividad industrial, tanto por el encarecimiento de equipos e insumos importados que utilizaba la industria nacional, como por la menor demanda interna de productos manufacturados, ante la necesidad de destinar una mayor parte de los ingresos de la población a cubrir el mayor costo en alimentación.
(24) Para un análisis detallado sobre la evolución del crédito en la etapa peronista véase Girbal Blacha (2000ª, 2000b).
(25) Seguimos aquí a De Ipola quien identifica como expresión del discurso las declaraciones, debates, decretos, leyes, los que en buena medida dan cuenta de hechos políticos, (1980: 156).
(26) Ver las medidas propuestas en materia de producción agrícola por el Consejo Económico Nacional, (1952: 25).
(27) Es cuando toma pleno sentido los enunciados tales como: "No somos, de manera alguna, enemigos del capital, y se verá en el futuro que hemos sido sus verdaderos defensores", (Discurso de J. D. Perón del 21.10.1946, Perón, sd., Doctrina Peronista, pp.175).
(28) Aldo Ferrer (1977:94) al analizar la nueva orientación de la política económica peronista concluía: "..esta política, que ganó un considerable grado de respeto entre los representantes de los intereses dominantes en la conducción económica argentina antes de Perón, no era un esquema que pudiese mantener por mucho tiempo la alianza de los sectores que respaldaron el ascenso del peronismo al poder..".
(29) Cuya expresión en el Peronismo tomaron formas tan disímiles como el encarcelamiento de dirigentes sindicales no leales, o la devolución forzada de los coyas que vinieron desde la Puna a reclamar los títulos de propiedad de las tierras prometidas en la campaña electoral.

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Fecha de recibido:
Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2002