Mateo, Graciela¹; Solveira, Beatriz²

¹gmateo@unq.edu.ar; ²bsolveira@ciudad.com.ar  

    Las últimas décadas asisten al renacimiento y reformulación de la expresión “economía social” y de sus contenidos. Su trascendencia, tratamiento y pretensiones difieren según los países, pero no cabe duda que es un tema de actualidad práctica, doctrinal y obviamente política, de acuerdo con su creciente status legislativo, proceso iniciado en Francia a partir de la década de 1980.
    Las raíces ideológicas de la economía social se reconocen en Robert Owen, Saint Simon, Charles Fourier, Proudhon y Philippe Bouchez, entre otros, es decir los precursores del socialismo utópico y asociacionista y del anarquismo, y hacedores a la vez del cooperativismo y mutualismo. Pero el concepto de economía social, de manera explícita comienza a ser utilizado a fines del primer tercio del siglo XIX en Francia por la obra de varios tratadistas, entre los que se destaca Charles Guide, titular de la cátedra de Economía Social en la Facultad de Derecho de París. Su origen se vincula a la conmoción desatada por las graves consecuencias sociales producidas por la Revolución Industrial, y como respuesta a la omisión que la ciencia económica dominante hacía de la dimensión social. Se manifiesta en las distintas escuelas de la época (socialista, social-cristiana, liberal, anarquista), aunque el uso de la expresión está más referido a una prolongación de la economía política. El desmedido empleo del término “social”, el triunfo del Estado en el debate entre éste y la sociedad civil, y la fragmentación de los movimientos asociativos, constituyen algunos de los factores que provocaron el desuso del concepto por cierto tiempo (1).
    La fórmula resurge a partir de la crisis de comienzos de la década de 1970, atendiendo a una doble motivación: como reacción ante las carencias del capitalismo y de la gestión pública, y como desconfianza y ruptura frente a los valores hegemónicos. Sin embargo, el modelo de economía social setentista no pretende sustituir el sistema, por cuanto se erige como una de sus instituciones, cuyo objetivo es impulsar la descentralización y adaptación de la producción, mediante la potenciación de los niveles locales y el desarrollo de tecnologías intermedias y nuevas formas de trabajo.
    La dimensión de economía social tiene variados alcances, con distintos matices que van desde percibirlo como un tercer gran sector de la economía hasta reducirlo a un pensamiento fugaz sin fuerza intelectual. No obstante su crecimiento institucional y doctrinal, como el reconocimiento legal del que es objeto en numerosos países, son claros indicadores de un “campo fronterizo de análisis económico”, cuya trascendencia es imposible de soslayar (2).
    A pesar de la ambigüedad de la expresión y de la falta de acuerdo general sobre su significado y alcances es posible afirmar que la economía social fundacional u orgánica contiene a entidades asociativas cuya ética se traduce en las siguientes características: servir a sus miembros o a la comunidad más que simplemente generar beneficios u orientarse al rendimiento financiero; poseer autonomía de gestión con relación al Estado; integrar en sus estatutos y en sus formas de hacer un proceso de decisión democrático que implica usuarios y trabajadores; defender la primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de sus excedentes e ingresos; fundar sus actividades en los principios de participación y responsabilidad individual y colectiva.
    De alguna manera, esta definición tiene la ventaja de combinar el enfoque jurídico–institucional y la afirmación de valores y principios que impiden que un mero estatuto o reglamento baste para establecer la sustancia de este tipo de entidades. Engloba las dos dimensiones: la de una estrategia participativa de desarrollo local asociativo y el movimiento sociocultural que la contiene y le da fundamento(3).
    La economía social de primera generación incluye a mutuales, fundaciones y una de sus manifestaciones más genuina y exitosa, la organización cooperativa, elemento dinámico y progresista en el devenir de los pueblos que constituye un pilar fundamental en que se asienta el desarrollo económico de los mismos. A través de las organizaciones de economía solidaria el instinto de cooperación, innato en el hombre, ha dado forma a un nuevo estilo de vida y echado las bases de una nueva estructura en la que el hombre es el principio y fin de la actividad económica. Además, la versatilidad de sus principios fundamentales le ha permitido adaptarse a todas las manifestaciones de esa actividad y como sistema económico lejos de superar su esquema, se perfecciona a través de la asimilación de nuevas experiencias que permanentemente amplían su radio de acción a múltiples actividades y necesidades humanas.
    El cooperativismo como modelo de economía solidaria tiene en la Argentina una larga tradición que arranca a fines del siglo XIX y que por su fuerza y su penetración en la población, en particular del interior del país, llega a ocupar un lugar destacado entre los movimientos cooperativos de América Latina. No obstante, aunque el conjunto de empresas cooperativas constituye desde entonces un sector relevante dentro de la estructura de la economía argentina ( especialmente de pequeñas y medianas empresas), hasta el presente ha sido poco analizado por economistas, sociólogos y demás investigadores sociales, entre los que se encuentran los historiadores.
    El estudio de la experiencia cooperativa es un campo hasta ahora descuidado por la historiografía argentina, la que sólo en los últimos años ha comenzado a prestarle atención. Este reciente y promisorio interés, particularmente visible en lo que se refiere al cooperativismo agrario, respecto del cual se han producido ya interesantes estudios, es sin embargo todavía limitado porque aún no se ha incursionado en otros tipos de cooperativas -las de servicios públicos o las lecheras, por ejemplo-, ni ha sido acompañado de una clara preocupación por el uso de herramientas teóricas y conceptuales que sustenten el trabajo empírico y que promuevan una más intensa búsqueda de nuevas fuentes y metodologías de trabajo. Por lo tanto, la economía social continúa siendo un área de investigación que reclama de los historiadores argentinos una mayor preocupación teórico-metodológica y que, por sobre todo, debe tender a abarcar todas las manifestaciones del cooperativismo en nuestro país . Sólo cuando se haya logrado avanzar en ese tipo de estudios, será posible establecer comparaciones entre las trayectorias seguidas por las diferentes experiencias cooperativas y avanzar, a su vez, hacia caracterizaciones más generales del cooperativismo argentino.
    El objetivo de este dossier es contribuir a la difusión de algunos estudios que vinculan el desarrollo del movimiento cooperativo argentino con las políticas públicas -nacionales como provinciales-, destacando no sólo los cambios sino también las continuidades que se dan, tanto en la economía social como en el papel jugado por el Estado en torno a ella. Como fuerza de organización y coerción, el Estado es uno de los actores más característicos de los últimos tiempos, que aparece jugando un rol de importancia creciente en la economía y la sociedad. El incremento de su intervención ha dado lugar a numerosos y amplios estudios, que van desde el análisis de la naturaleza del Estado a investigaciones -históricas, políticas, legales, económicas y de teoría política- acerca del papel del poder, pero que han soslayado sus relaciones con el movimiento cooperativo en la República Argentina. De allí la necesidad de profundizar en el conocimiento de esas vinculaciones en una centuria en que se suceden distintas concepciones de Estado, que transitan por la prescindencia, la intervención, el dirigismo y finalmente por el deseo de desligarse del Estado. Y de allí también la oportunidad de este dossier que se nutre con los trabajos expuestos en la mesa temática que con el mismo título sesionó en el marco de las X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, realizadas en la Universidad Nacional de Rosario en septiembre de 2005.
    La economía social del agro argentino se vale de la cooperativa como instrumento de organización, intentando cumplir el papel de base empresarial de los productores agropecuarios con un doble objetivo: el primero, de carácter social, está destinado a la prestación de un servicio y, el segundo, de carácter económico, está orientado a la defensa de los intereses y a la mejora de los ingresos y situación económica de sus asociados. Poco a poco, las cooperativas van ocupando actividades y regiones desatendidas por el gran capital y por el Estado, constituyendo así un tejido de fuerte anclaje local, con eslabonamientos horizontales y verticales que posibilitan la articulación flexible entre la descentralización de cada unidad productiva y de servicios y la fortaleza de la escala federativa, que encuentra en la Asociación de Cooperativas Argentinas, una de sus concreciones más perdurables. Es precisamente el fundador de esta institución, el objeto del estudio de Susana Bichsel y Martha Costa, en su artículo titulado Juan Costa: un pionero del cooperativismo rural argentino, 1916-1927 . Las autoras retoman una línea de la biografía histórica –género que durante décadas es denostado y que afortunadamente en los años ´90 recobra vitalidad y se agiorna al abrigo de renovados marcos teóricos y metodológicos- para dar a conocer a un verdadero pionero del cooperativismo agrario, del que poco o nada se conoce, a pesar de ser el fundador de cooperativas primarias de la región productiva más importante del país y de la primera cooperativa de cooperativas que ha prosperado y que aun hoy perdura, constituyendo una empresa exitosa, un verdadero grupo económico, como es ACA. Los antecedentes familiares, su formación, su actuación política dentro de las filas del yrigoyenismo, pero sobre todo las preocupaciones que Costa manifiesta por problemáticas diversas como las condiciones laborales del chacarero, la educación rural, el rol de los jóvenes y de la mujer para la pervivencia de la familia agraria, la salud especialmente la de los niños, son abordadas por las autoras a través de fuentes primarias, periódicas y orales.
    El segundo de los trabajos sobre la problemática cooperativa rural se titula Las organizaciones cooperativas en el agro argentino: apuntes metodológicos para su estudio en base al Censo Nacional Agropecuario de 1937. Su autor, Carlos Makler se propone determinar las correspondencias y los quiebres que - tanto por defecto o por exceso- se operan entre la doctrina cooperativa y las prácticas de los cooperadores agrarios, a partir de sus diferentes opciones de comercialización, utilizando indicadores de asociación, adhesión e integración. El artículo, que retoma modelos morfológicos provenientes de la sociología rural, constituye una contribución metodológica al estudio del cooperativismo al proponer una serie de herramientas que permiten dar cuenta del anclaje del movimiento en el mundo agropecuario, atendiendo a su presencia en relación con el total de explotaciones, por un lado; y a la toma de decisiones de sus asociados, por el otro.
    Por último el trabajo de Gabriela Olivera Cooperativas, crédito estatal y desarrollo rural. Una primera aproximación a su estudio en el caso de Córdoba (1940- 1960) se propone analizar e n qué forma y con relación a qué aspectos el accionar cooperativo se vincula a las transformaciones de las sociedades familiares, generándose un conjunto de incentivos al comportamiento de los actores sociales y a los cursos de desarrollo rural local que apuntala la capitalización y el acceso a la propiedad de la tierra de las capas medias rurales, y la modernización y mecanización de los chacareros. Para corroborar sus hipótesis, la autora utiliza una escala de análisis micro: el Departamento Tercero Arriba, dentro de la región pampeana cordobesa. El artículo combina el análisis socioeconómico a partir de la compulsa de datos estadísticos provenientes de los censos de 1947 y de 1960, de las memorias y balances de cooperativas primarias y de la entidad de segundo grado FACA, con el político-institucional. Así se refiere a la política agraria del peronismo, en particular a partir del cambio de rumbo y la vuelta al campo, resaltando los estímulos materiales que tuvieron productores y cooperativas especialmente desde la puesta en marcha del Segundo Plan Quinquenal, y a través de la política crediticia del Banco de la Provincia de Córdoba.
    La aparición del movimiento cooperativo eléctrico argentino es un poco posterior al agrario y su amplia difusión se verifica también más tardíamente, en la segunda mitad del siglo XX, pero registra un desenvolvimiento comparable al agrario pese a lo cual hasta el presente sólo cuenta con una muy limitada producción historiográfica que dé cuenta de ese desarrollo. Por esa razón los cuatro artículos incluidos en esta parte del dossier, que examinan el cooperativismo eléctrico desde dos perspectivas diferentes: estudios de caso sobre la trayectoria de una cooperativa en particular y el análisis de la evolución y aportes del cooperativismo eléctrico al proceso de electrificación de una provincia en particular, han de contribuir a llenar en parte ese vacío historiográfico.
    En el primero de esos trabajos, titulado Estado peronista y cooperativismo eléctrico: El caso de la Cooperativa Eléctrica de Las Flores entre 1946 y 1951 , Luis Rodrigo La Scaleia estudia la trayectoria seguida por esta cooperativa bonaerense durante el primer gobierno peronista, período durante el cual esta entidad expande su acción a diversas zonas del Partido del cual es cabecera la localidad en la cual tiene su asiento, incrementando notoriamente tanto su masa societaria como su capacidad productiva, sus redes de distribución y su personal. El autor orienta su análisis hacia las principales variables económicas y sociales, las modalidades y estrategias desplegadas así como los alcances y limitaciones del desenvolvimiento de la cooperativa, en cuyos archivos encuentra la información pertinente .
    El artículo de María Elena Rodríguez, titulado La Cooperativa de Río Tercero: su gestión en torno al suministro de agua potable, 1943-1953 , analiza una cooperativa eléctrica que al incorporar la prestación del servicio de agua potable comienza a transitar el camino que la llevará a convertirse tiempo después en una cooperativa de servicios públicos. A través de las memorias y balances de la entidad la autora muestra la evolución del capital suscripto y realizado, el aumento de los asociados, de los usuarios y de la energía vendida, que hacen evidente el crecimiento económico-social logrado desde la constitución de la entidad. Las publicaciones periódicas, por su parte, le permiten ver el aliento que el Estado provincial le da a esta institución en particular y al cooperativismo en general, en consonancia con el fomento que el gobierno de Perón (especialmente a través del Segundo Plan Quinquenal) hace de las organizaciones cooperativas, a través del crédito, de las facilidades en la provisión de insumos y de la legislación.
    Liliana Mignola y Ángel Vicente Peñaloza aportan un estudio titulado Estado y cooperativismo eléctrico. El caso de la provincia de Córdoba, 1958-1966 , que retoma esas mismas cuestiones pero vistas desde la perspectiva de la política eléctrica provincial que asigna a las cooperativas eléctricas la función específica de llevar la electricidad a las poblaciones cordobesas que carecen de ella y a la empresa provincial de energía la función de fomentar la creación de ese tipo de entidades a través de un decidido apoyo técnico, legal, financiero, contable y administrativo. Los autores se detienen especialmente en el análisis del apoyo crediticio recibido por las cooperativas eléctricas cordobesas y a la vez ofrecen una síntesis de la evolución de las mismas durante el período estudiado.
    Finalmente, en el artículo titulado Estado, cooperativismo eléctrico y electrificación rural. La experiencia cordobesa entre 1930 y 1980 , Beatriz R. Solveira ofrece un panorama del proceso de electrificación de las áreas rurales de la provincia de Córdoba desde la perspectiva de la acción cooperativa, que es una temática hasta ahora escasamente abordada por la historiografía económica y social argentina. Junto con el análisis del proceso de electrificación rural y de sus rasgos centrales, tales como el ritmo de avance y las áreas efectivamente cubiertas, la autora se detiene asimismo en la acción estatal a través de la legislación y de incentivos puestos en juego por las autoridades provinciales.

(1). FERNÁNDEZ, J. 1992. Empresa cooperativa y economía social . Barcelona; Colección IURA-8 Promociones y Publicaciones Universitarias S. A

(2). SALMINIS, Javier. 2004. “Significados, alcances y perspectivas del sector de la economía social” Ministerio de Desarrollo Social. Secretaría de políticas sociales. Primer Encuentro Foro Federal de Investigadores y Docentes. La Universidad y la Economía Social en el Desarrollo Local . Buenos Aires. p 60

(3). ELGUE, Mario César. 2004. ” El sentido del desarrollo y la economía social”. Boletín de la CLAD. Buenos Aires

Fecha de recibido: 27 de septiembre de 2006
Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2006