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Mundo agrario

versión On-line ISSN 1515-5994

Mundo agr. v.9 n.17 La Plata jun./dic. 2008

 

Cautivos en las estancias de la frontera uruguayo – brasileña

Eduardo R. Palermo

Centro Regional de Profesores del Norte-Rivera. Uruguay
Universidad de Passo Fundo. Brasil
palermohistoria@hotmail.com
palermohistoria@gmail.com

Captives on the estates of Uruguayan-Brazilian's border

Resumen
El presente artículo es una aproximación a la situación laboral y jurídica de los afrodescendientes, esclavizados y libertos, en la frontera uruguayo-brasileña, en la segunda mitad del siglo XIX, particularmente en lo que hace a su captura y secuestro para ser vendidos como mano de obra esclavizada cuando ya estaba abolida la esclavitud en el Uruguay. A diferencia del proceso de liberación ocurrido en Montevideo y sur uruguayo, la persistencia de mano de obra servil, ya sea como esclavos reconocidos en su condición de tal o como peones contratados, formulismo legal adoptado para disfrazar su condición de esclavizados ante las leyes uruguayas, persistió hasta finales del siglo XIX en las estancias de la frontera norte y este de ese país. Con el fin del tráfico negrero atlántico, se desarrolló en esos territorios un intenso tráfico subregional que abasteció la demanda de mano de obra esclavizada de los saladeros de Pelotas y de la cafeicultura de São Paulo y Río de Janeiro. Ese tráfico cuestiona el poder del Estado Oriental de hacer valer las leyes en el territorio y demuestra la dependencia del Brasil durante el período.

Palabras clave: Uruguay; Brasil; Tráfico esclavista; Afrodescendientes; Mano de obra.

Abstract
The present article is an approximation to the working and legal situation of the afro-descendants, enslaved and freed, on the Uruguayan-Brazilian's border, on the second half of the XIXth century, specially related to their capture and kidnapping for selling as enslaved workmanship when slavery was about to be forsaken on Uruguay. Unlike the progressive slave-release on Montevideo and the Uruguay 's south, the persistency of servile workmanship, be it of slaves recognized as such or contracted labourers, a legal formula adopted to hide their condition of enslaved before the Uruguayan laws. This situation persisted till the end of the XIXth century on the estates on the north and east border of that country. With the end of the Atlantic's slavery traffic it was developed a very intense sub-regional traffic on those territories that met the demand of slave workmanship of the Pelotas salting places and coffee-agriculture of Sao Paolo and Rio de Janeiro . This traffic put in question the power of the Oriental State to enforce the law on the territory and demonstrated the dependency of Brazil during the period.

Keywords: Uruguay ; Brazil ; Slave traffic; Afro-descendants; Workmanship.

1. Introducción

"Anteayer fue conducido a la cárcel de esta villa un pardo brasileño de nombre Sergio, peón contratado al estilo del Imperio, es decir para pagar su libertad, del estanciero Fermiano Cardozo. A propósito del contrato de ese peón, se nos viene a la mente la idea de cuando desaparecerá de nuestros protocolos internacionales ese infamante tratado que nos obliga a devolver los esclavos al Brasil, sino también admitir esos contratos en que aquellos infelices se obligan servir un largo número de años bajo el falso nombre de peones por un mísero salario que deben dejar en manos del señor para amortizar la cantidad en que se ha convenido la manumisión".(1)

   Esta nota aparece publicada en un periódico de la villa de San Fructuoso de Tacuarembó, a escasos 100 kilómetros de la frontera uruguayo-brasileña en octubre de 1880. Por si sola derriba las afirmaciones en cuanto a la inexistencia de trabajadores esclavizados en territorio oriental con posterioridad a 1852. En las zonas rurales del Uruguay, y en menor grado en las villas y poblaciones cercanas a la frontera con el Brasil, la utilización de mano de obra servil, trabajadores esclavizados, continuaba existiendo en contraposición a las leyes abolicionistas uruguayas, la última de 1846, y a las afirmaciones de sus gobernantes.
Esto requiere algunas explicaciones previas. Los territorios fronterizos con Brasil estaban poblados mayoritariamente por propietarios de origen sulriograndense, desde 1821 en forma masiva, debido a los repartos de tierras realizados por el General lusitano, Carlos Federico Lecor y seguida por Fructuoso Rivera durante los primeros años de la década de 1830, particularmente en los actuales departamentos de Artigas, Rivera y Tacuarembó. Durante la Revolución Farroupilha (1835-1845) muchos emigrados se refugiaron en los campos fronterizos uruguayos, adquiriendo nuevas estancias, trasladándose con sus ganados y esclavos.
   En el período 1843-1851 todo el territorio uruguayo, excepto Montevideo, quedo bajo la dominación del Gobierno del Cerrito encabezado por Manuel Oribe. Su política de prohibir la exportación de ganado en pie al Brasil (1848), el combate al contrabando de haciendas y particularmente la declaración efectiva de abolición de la esclavitud, el 26 de octubre de 18 46, promovieron la reacción de los hacendados sulriograndenses, que sintieron afectados sus intereses económicos, reclamando ante el gobierno Imperial acciones concretas para que se respetara sus derechos sobre la propiedad de esclavizados y ganados.
   Desde 1845, culminada la guerra farroupilha y no satisfecha la promesa de libertad a los cautivos inscritos en el ejército republicano, se intensificaron las fugas de esclavizados. La mayoría de los fugados eran incorporados al ejército de línea uruguayo y luego de un período de actuación, en principio de 5 años, eran considerados libres.
   El gobierno brasileño acusaba a los comandantes militares orientales en la frontera de seducir a los "esclavos" para que huyeran. Silmei Petiz, historiador brasileño, afirma que, en 1845:

"em circular que o general Oribe expediu a chefes de departamentos, chamava atenção para a necessidade do recrutamento de negros para o exército, onde se percebe a clara e angustiosa necessidade de braços, afirmava: Estoy informado que en esos destinos se hallan algunos negros y mulatos desertores de los farrapos. Con que usted haga una reunión de todos ellos y me los remita en la primera oportunidad, me habrá hecho un servicio que se lo estimaré mucho y más que todo la patria".(De Sant Ana Petiz, 2001:30 y Magariños de Mello, 1948, t. 1:412 Documento 331)

   Ese mismo año, en correspondencia privada al Coronel Lasala, jefe del ejército oribista, el Comandante de Tacuarembó decía: "Sobre los negros y mulatos […] están bien escasos, pero debo mandar algunos en cuanto vagen […] los arroyos pues ya tengo en Taqbo algunos y voy juntando conforme van apareciendo".(2)
   Esas situaciones, probablemente aceleraron la intervención imperial brasileña en el conflicto. Desde Río de Janeiro, el representante diplomático de Montevideo, Andrés Lamas, agitaba, por la prensa, la idea de la formación de un ejército federalista rosista con los esclavizados fugados y los libertos, que provocaría una invasión al Brasil. El miedo de una alianza de las fuerzas oribistas y federales apoyados por un ejército de libertos excitaba la política y la imaginación popular en Río de Janeiro, donde el número de esclavizados superaba ampliamente al resto de la población, lo cuál Andrés Lamas, desde el periódico El Comercio de allí, se encargaba de aumentar. En los hechos, el gobierno brasileño afirmaba que desde la ley abolicionista de 1846 se había cuadruplicado la cifra de cautivos fugados (Pelfort, 1996:68).
   En un artículo publicado en el periódico montevideano El Nacional , Alejando Magariños, agitaba el peligro de un ejército de libertos liderados por Rosas:

"El dictador [Rosas] aspira nada menos que a derribar el Imperio, ora promoviendo sediciones en las provincias fronterizas con la República del Uruguay, ora declarando en su Gaceta, que la monarquía es planta exótica y un escándalo en América y que ya es tiempo que ese emperador Banana deponga una corona y un cetro carcomidos […] Hay en Brasil veinte negros, mulatos, etc., para cada blanco y el día que el moderno Atila traspasase victorioso sus fronteras proclamando la libertad de los esclavos, la igualdad de derechos y el comunismo en acción, por que no merece otro nombre el despojo y exterminio de la clase ilustrada y opulenta por la ignorante y miserable –cuyo número es infinitamente superior- el triunfo del sistema rojo será infalible". (Pelfort, 1996:72)

   La participación militar brasileña definió la victoria del Partido Colorado asediado en Montevideo desde 1843 y la posterior derrota de Rosas a manos de su antiguo aliado Urquiza. El enfrentamiento uruguayo culmina con la firma de los Tratados de 1851, impulsados en Río de Janeiro por el representante oriental Andrés Lamas. Los cinco tratados: Límites, Comercio y navegación, Alianza, Prestación de socorros y Extradición, representaron la conjunción de los intereses del imperio con el de los estancieros riograndenses que desde 1850 reclamaban por las medidas adoptadas por Oribe.
   Esos tratados acabaron creando las condiciones legales para que los hacendados riograndenses continuasen utilizando la región al norte del Río Negro como invernada de ganados destinados a los saladeros de Bagé, Pelotas y Jaguarão. Las excelentes pasturas y los precios accesibles de las tierras sumados a las garantías legales ahora respaldadas por el gobierno imperial constituyeron un fuerte argumento para el retorno masivo de hacendados riograndenses. Las estancias en sus manos sumaban, hacia 1850, más de 1.600 leguas cuadradas, es decir 4 millones de hectáreas, con una población estimada en 1 millón de bovinos.
   El propio Lamas, creador de ese afrentoso conjunto de tratados se lamentará de su creación reiteradas veces:

"[…] los criadores riograndenses monopolizando el terreno sobre las líneas fronterizas monopolizan el ganado para alimentar los saladeros de su provincia, no solo por el hecho de la ocupación de la tierra, sino por los gastos, embarazos y trasbordos que con violación de los tratados se ha agobiado a los productos de los saladeros orientales. A estos establecimientos los han herido de muerte, los han arruinado, los extinguirán del todo si el presente estado de cosas no se modifica sustancialmente. Una extensa zona del territorio oriental fronterizo está convertida, exclusivamente, en criadero de ganado, de materia prima, para alimentar los saladeros riograndenses" (Barrán y Nahum, 1967:51).

   Los números reflejan con claridad esas opiniones.

Tabla 1: Evolución de la exportación de charque uruguayo. 1850-1855

Años

Arrobas de charque exportadas

1850 – 1851

619.000

1851 – 1852

256.000

1852 – 1853

231.000

1853 – 1854

212.000

1854 – 1855

126.000

Nota: Una arroba equivale aproximadamente a 11,5 kilos
Fuente: Barrán y Nahum, 1967, t. 1:51

   La industria saladeril oriental que unos años antes había crecido en forma importante e incorporado tecnología, estaba quebrada, condenada a muerte. En el mismo período las existencias de ganado de cría introducido al país desde Rio Grande do Sul superaba el medio millón de cabezas y sus exportaciones de charque, alcanzaron cifras muy importantes:

Tabla 2: Evolución de la exportación de charque riograndense. 1851-1854

Años

Arrobas de charque exportados

1851

1.900.000

1852

1.493.000

1853

1.755.000

1854

1.400.000

Fuente: Barrán y Nahum, 1967, t. 1:51

   Como corolario se firmó el Tratado de Extradición, que esencialmente apuntaba a la recuperación de los esclavos refugiados en territorio oriental, lo cual constituía una clara ilegalidad. Ese acuerdo permitió la continuidad de las prácticas esclavistas por parte de estancieros riograndenses en la región norte y este uruguaya. En conjunción con la producción ganadera, en algunas estancias fronterizas se estableció la reproducción de esclavos, que luego serían vendidos en territorio brasileño, especialmente en Pelotas, centro principal de los saladeros.
   En esas tierras casi desiertas, con una demografía casi exclusivamente integrada por brasileños,(3) se instalaron los nuevos propietarios con sus familias y sus esclavos. Los emigrados riograndenses continuaban considerándose súbditos del imperio e ignorando la legislación uruguaya, trasladando una esclavitud apenas disfrazada. En 1857:

"[...] estimava-se que os riograndenses possuíssem cerca de 30% do território oriental. Em meados do séc. XIX, o Uruguai estava convertido num imenso campo de engorda de gado para a indústria de charque brasileira. Convertido em invernada dos estancieiros riograndenses que necessitavam cada vez de mais terras, tendo em vista sua exploração extensiva, a fronteira norte da República Oriental, transformara-se em um apêndice econômico do Império" (Bleil y Pereira Prado, 1999).

   A tal punto llegó la situación que el Senador de São Paulo, Silva Ferraz, afirmará en 1859: "ao passar para o outro lado do Jaguarão senhores, o traje, o idioma, os costumes, as moedas, pesos e medidas, tudo, até a terra é brasileiro" (Bleil y Pereira Prado, 1999).
   Un censo de los propietarios brasileños en la frontera ordenado en 1850 por el gobierno imperial reveló la situación: frontera del Chuy, 35 hacendados con 342 leguas cuadradas, 154 propietarios en Cerro Largo y Treinta y Tres, en el distrito de Cerros Blancos 87 estancieros con 331 leguas, en Arapey grande y chico, cuchilla de Haedo y Cuareim 281 propietarios (Da Costa Franco, 2001:13). La lista general de propietarios brasileños en la frontera revelaba la existencia de 1.181 propietarios que sumaban 3.403 leguas de campo, es decir 8 millones y medio de hectáreas pobladas con ganados que alimentaban los saladeros fronterizos.

"En la hora actual, el Brasil, después de continuados y pacientes esfuerzos domina con sus súbditos, que son propietarios del suelo, casi todo el Norte de la República : en toda esa zona hasta el idioma nacional se ha perdido ya, puesto que es el portugués el que se habla con más generalidad". (Varela, 1910).

   El análisis de los datos estadísticos de 1880 en los departamentos de la frontera, Salto (incluye Artigas), Tacuarembó (incluye Rivera) y Cerro Largo (incluye Treinta y Tres) permiten afirmar que los propietarios extranjeros superan en número y valor de capitales a los nacionales. Dentro de ese sector los brasileños eran los más numerosos con valores muy cercanos a los 26 millones de pesos. En esos departamentos ocurre una alta concentración de los capitales norteños, ya que representaban el 70,15% del total de los capitales brasileños en el Uruguay en ese año.
   La frontera norte, abrasilerada y comprometida por sinnúmeros de "problemas", percibidos como tales desde las esferas del poder central, entre los cuales se destacaban: la extranjerización de la tierra, el contrabando, la persistencia de formas semi serviles y aún serviles de trabajo, un alto índice de delincuencia y la permanente fricción entre las autoridades a resultas de los continuos reclamos de los hacendados brasileños, dueños de la tierra, a lo que deben sumarse las profundas vinculaciones y alianzas políticas entre caudillos y partidos a ambos lados de la frontera, representaba uno de los principales obstáculos para crear la "unidad nacional" o más bien para consolidar el poder centralista del grupo agro exportador montevideano. El problema no puede ser situado en exclusiva en los propietarios brasileños, sino en la falta de poder real del Estado Oriental para hacer valer sus leyes y prerrogativas en su propio territorio. Tema de sumo interés pero que excede los límites de este artículo.

2. La permanencia de formas esclavistas

   Andrés Lamas, representante diplomático de Montevideo y promotor intelectual de los Tratados de 1851, en nota a Silva Paranhos, responsable de la cancillería brasileña para lo temas vinculados al Río de la Plata , afirmaba en 1856 que los hacendados traen "esclavos" a territorio Oriental bajo contratos que a veces se extienden por 30 años, con ello convierten al "esclavo" en colono y cuando conviene lo llevan al otro lado de la frontera, haciéndose costumbre que se los bautizara allí para que nazcan cautivos.

"Varios brasileños de los que ocupan la mejor parte del territorio oriental fronterizo han introducido notable número de personas de color para el servicio y manejo de sus establecimientos. Estas desgraciadas personas de color entran en la calidad ostensible de personas libres, ligadas al servicio del introductor por contratos de locación de servicios […] En el momento en que por cualquier circunstancia le conviene al poseedor de la persona de color, le hace trasponer la frontera y transpuesta cae el mentiroso y audaz disfraz con que se ha burlado las leyes de la República y la desamparada víctima vuelve a asumir su pública condición de esclavos. Las infelices personas de color que se introducen en la República , a la sombra de fraudulentos contratos […] no solo son tratados como esclavos […] sino que sufren allí, en aquel territorio en que nadie puede ser esclavo, la última y peor desgracia de la esclavitud, la de que la madre se vea arrebatar el fruto de sus entrañas para que la marca del cautiverio destruya en el la condición de hombre […] los hijos de las personas de color introducidas […] son traídos al Río Grande y allí bautizados como nacidos de vientre esclavo. Muchas veces ni aun traídas son las míseras criaturas, las sustituyen por otras en las pilas bautismales o no las sustituyen siquiera y obtienen una falsa fé de bautismo. De esta manera en algunos establecimientos del Estado Oriental no solo existe de hecho la esclavitud sino que al lado del criadero de vacas se establece un pequeño criadero de esclavos". (4)

   En las estancias ubicadas en los departamentos fronterizos, particularmente en Cerro Largo y en Tacuarembó, donde predominaba la población brasileña, la mano de obra esclavizada era numerosa. También existían formas de esclavización encubiertas bajo el genérico y amplio nombre de "contratos de trabajo" de 15, 20 y más años de plazo (Barrán y Nahum, 1971:36).
   El cronista del diario montevideano, La Constitución , de 1852, en viaje por la frontera comentaba:

"Entre varias cosas que han llamado mi atención me he fijado con especialidad en la desventaja en que se encuentran nuestros compatriotas dedicados a la cría de ganado, respecto de los hacen­dados Brasileños en la República. Mientras que uno de nuestros es­tancieros se ve obligado a pagar 10 o 12 pesos mensuales por el salario de un peón, los Brasileños tienen ese peón por el insignifi­cante de 5 pesos; pues que traen sus negros contratados desde el Brasil, donde aprovechándose del ascendiente de amos, obligan a los infelices esclavos a celebrar un contrato en que carecen absoluta­mente de libertad". (5)

   Esta realidad social de la frontera era conocida. En la sesión del 26 de marzo de 18 60, del parlamento uruguayo, el diputado Vázquez Sagastume proclamaba ilegales los contratos celebrados en el Brasil entre patrones y peones, sosteniendo:

"[…] informes que debo juzgar como muy exactos han hecho llenar a mi conocimiento, y es casi del dominio público, que la ciu­dadanía oriental se está extinguiendo en el Norte del Río Negro; que contra lo expreso de la Constitución de la República y lo es­tablecido por la liberalidad de nuestras Leyes, la esclavatura es un hecho en algunas partes: que la mayor parte de los estableci­mientos de campo situados al Norte del Río Negro están servidos por brasileños; unos como esclavos, y otros esclavos con el nombre de peones, que vienen del Brasil por contratos que hacen registrar en alguna Oficina Pública. En esa localidad tan importante de la República , puede decirse que ya no hay Estado Oriental: los usos, costumbres, el idioma, el modo de ser, todo es brasileño: puede de­cirse, como continuación del Río Grande del Sud" (citado en Barrán y Nahum, 1967:87).

   En 1872 el Jefe Político de Tacuarembó recordaba a los comisarios de las diversas seccionales que "se prohíbe la entrega de esclavos fugados del Brasil" razón para creer que está era una práctica que se continuaba en el tiempo, y luego aconseja: "para evitar la costumbre inmoral de llevar negros libres de este Estado a esclavizarlos en el Brasil, se ordena a los comisarios de frontera apersonarse a los transeúntes que vayan acompañados de tales negros a fin de averiguar si lo hacen de libre y espontánea voluntad". (6)
   Ese mismo año el maestro director de la escuela de varones de Rivera y secretario de la Junta Administrativa solicitaba por escrito al Jefe de Policía la devolución de una joven esclavizada fugada de Livramento - su propietario era el Teniente Dinarte Correa, importante jerarca militar brasileño - "[…] para evitar molestias y mantener las normas de buena convivencia entre las dos poblaciones". La cautiva fue devuelta a su propietario en la línea divisoria acompañada por un policía.(7) Todo un ejemplo para la sociedad local expresada en la figura del preceptor público, quién además se preocupo de registrar todas las acciones en el libro de actas de la Junta Local , actitud reveladora de las percepciones culturales de la sociedad fronteriza de entonces.

3. Los contratos de peonaje (1850-1860)

   El análisis de los contratos de peonaje correspondientes al departamento de Cerro Largo, ilustra convenientemente la situación de los esclavizados (Palermo, 2005 y Frega, et.al., 2005).
   El documento se compone de 183 contratos realizados entre 1850 y 1860, 65% de los cuales se concentran entre 1853 y 1856, la edad promedio de los contratados es 25 años, los extremos etáreos son 66 años y 2 años, existiendo una marcada masculinización. El 29,5% son mujeres, su edad promedio es de 22 años y 25% de los contratos femeninos figuran sin edad. El valor promedio de los contratos era de 697 patacones. (8)
   Agrupados los datos siguiendo un criterio de escala de edades (de 1 a 9 años, de 10 a 17, de 18 a 24, de 25 a 29 y de 30 a 49 años), duración promedio de los contratos y el monto estipulado de los mismos, obtenemos el siguiente cuadro:
- la mayoría de los contratos son de individuos en plenitud de su fuerza laboral ( 18 a 49 años) representan el 64,5%, mientras que púberes y adolescentes representan el 13%.
- el promedio de duración de los contratos fue de 17 años, el valor promedio de los mismos fue de 697 patacones, pero debemos señalar que estos promedios varían según los sectores etáreos,
-
entre los contratados figuran niños de 2, 3, 4 y 6 años, con plazos de 20 a 40 años de extensión, valorados en algunos casos en 1.000 patacones, siendo la finalización de los mismos, en los casos extremos, entre 1895 y 1900.
-
en cuanto al sexo, 29,5% son mujeres, marcando así un claro predominio del sexo masculino.
   Lamentablemente aún no sabemos si estos contratos fueron cumplidos en su totalidad, parece poco probable que la validez de los mismos se sustentara ante la justicia y pensamos se habrían extinguido con el cambio de residencia o la muerte del contratante, ya que algunos finalizaban en 1900!
   De la lectura de los contratos se desprende la relación entre el plazo estipulado y el monto a pagar por el mismo, por ejemplo, 50 patacones por año, vale decir $4,16 por mes, lo que representa casi un tercio del salario de un peón libre. En 1859 el departamento de Tacuarembó registraba más de un millón de cabezas bovinas y en comparación, los salarios que se pagaban a los peones camperos en el Uruguay oscilaban entre 10 y 12 pesos mensuales, con ello el costo de producción era sensiblemente menor (Barrán y Nahum, 1967:332).
   Esos contratos fueron discutidos y condenados en el parlamento uruguayo por representar una forma encubierta de esclavitud. El presidente Bernardo Berro, pretendió prohibir, en 1861, la celebración de contratos de trabajo por más de 6 años. El proyecto de ley fue tratado en Comisión de Legislación y sufrió modificaciones, aunque finalmente no fue aprobado.
   Es interesante anotar que ante la constatación de las denuncias de esclavitud disfrazada y de pérdida de soberanía en la zona de frontera - "al Norte del Río Negro [...] puede decirse que no hay Estado Oriental, los usos, las costumbres, el idioma, el modo de ser, todo es brasileño" decía el diputado Vázquez Sagastume - las modificaciones propuestas apuntaron a reducir el plazo de los contratos a 10 años ya aumentar el "salario" de los trabajadores contratados, no pudiendo ser menor "de ocho pesos mensuales" (Barrán y Nahum, 1971:87). Observemos que esa modificación representaba un aumento del 100% en el "salario" de los contratos de peonaje, pero nada refiere a la eliminación de los mismos. El término salario utilizado es en realidad un eufemismo, ya que en el contrato de peonaje celebrado en Brasil, antes del ingreso del trabajador a territorio uruguayo, se acordaba que el esclavizado debía pagar con trabajo el valor de su manumisión. En ese sentido, aumentar el valor del "salario" no tenía consecuencias prácticas salvo la de acortar, en teoría, el plazo total del contrato. No obstante, en muchas ocasiones el trabajador contratado era trasladado a territorio brasileño, donde inmediatamente retornaba a su condición de esclavizado.
   Parece claro que la vigencia de los derechos de libertad asegurados por la ley de abolición de 1846, no era tenida en cuenta por los legisladores. El problema radicaba en que el Estado Oriental carecía entonces de una política de fronteras. Adicionalmente pesaba en las decisiones gubernamentales, las vinculaciones entre los representantes políticos brasileños, estancieros y diplomáticos, y las fuerzas políticas orientales, vinculaciones entre caudillos, particularmente en el caso del Partido Colorado, que operaban como justificativa, entre algunos sectores dominantes, para no afectar los intereses de los propietarios brasileños. Cabe recordar que en 1863 Venancio Flores invade el Uruguay, con el apoyo de los terratenientes fronterizos y bajo la consigna de defender los intereses de "la patria" convoca a los estancieros brasileños en territorio oriental, a luchar para "recuperar sus derechos". Los intereses partidistas de Flores se mezclan con los económicos de los estancieros brasileños quienes argumentaban ante el gobierno imperial que sus derechos habían sido avasallados por las autoridades uruguayas con reiteradas violaciones, así lo hace por ejemplo el General Souza Netto, portavoz de los estancieros riograndenses con campos en la frontera. Esos reclamos, en muchos casos infundados y exagerados, son refutados por los informes del Jefe Político de Tacuarembó, quien sostiene que las sanciones aplicadas a los súbditos brasileños fueron por violar diferentes leyes nacionales, cometer delitos comunes y "por el robo y caza de negros libres en nuestro territorio para ser conducidos a la provincia vecina y ser reducidos a esclavitud" (Barrios Pintos, 1963:126-127). La invasión florista implicaba un pacto con los gobiernos de Brasil y Argentina, cuya alianza llevará a la destrucción de la ciudad de Paysandú en 1865 y culminará en la Guerra del Paraguay.
   Es importante señalar que a partir de los Tratados de 1851 la justicia oriental se enfrentó a un problema de difícil solución, decidir en qué casos los cautivos huidos de Brasil y reclamados por sus amos o por la Cancillería Imperial podría ser devueltos.

4. Secuestros y tráfico subregional de afrodescendientes

   En julio de 1854 el representante diplomático oriental en Río de Janeiro, Andrés Lamas, dirige una nota de reclamo al gobierno imperial por el secuestro de nueve personas afrodescendientes en Tacuarembó. Relata Lamas que el hecho ocurrió:

" [ …] en la noche del 14 de abril ppdo., una gavilla compuesta de once hombres capitaneados por el brasileño Fermiano José de Mello asaltó diversas casas en las inmediaciones de aquella villa y arrebató de ellas a varias personas de color con el objeto presumido de reducirlas a esclavitud en el territorio brasileño para donde las condujo". (9)

   Esa "gavilla" compuesta de 11 hombres secuestró a:

"[…] Antonio Tavares, negro libre desde 1836, propietario de una chacra, donde vivía y desde donde fue secuestrado, intentó resistir el ataque y fue herido en la cabeza con un golpe de sable, Manuel, negro libre desde 1845, Juana, negra libre desde 1845, los negros Antonio y José, el negro Evaristo Borrego que servia en la infantería de Tacuarembó, dos negras de nombre Juana y Laureana, Antonio Piñeiro y su mujer María los cuales fueron liberados por su avanzada edad".

   La denuncia del secuestro fue registrada ante el Delegado de Policía de Bagé hacia donde se habría dirigido el grupo.
   Del estudio de los expedientes disponibles y que complementamos con datos de otras fuentes documentales, podemos inducir que el secuestro de ciudadanos orientales, afrodescendientes libres y de esclavos huidos del territorio de Brasil fue una práctica constante en la frontera oriental junto a otras estrategias como el bautismo de niños afrodescendientes nacidos en territorio oriental, en ciudades riograndenses, hijos de esclavizados en su mayoría, para mantener así su condición de tal.
   En noviembre 1854 se denunciaba a un hacendado fronterizo y al cura de Santa Ana do Livramento por "haber sido raptadas 5 criaturas nacidas de vientre libre en el Estado Oriental y bautizadas como esclavas" en dicha villa el 4 de agosto de 18 54. El Capitán Chagas, brasileño, estanciero, propietario de esclavos, residente en el actual departamento fronterizo de Rivera, trasladó al padre Joaquín Ferreira para que los bautizara en su casa y luego, en Santa Ana do Livramento se realizó el registro correspondiente en el libro parroquial. (10) El Presidente de la Provincia de Rio Grande do Sul, João Lins Viera condena el acto y reconoce:

"proceder com todo o rigor da Lei, não so contra aqueles individuos que fossem ao Estado Oriental raptar gente de cor, para os introducir nesta Provincia como escravos, mas tamben contra os que roubassem crianzas de ventre livre para nas freguezias da fronteira os baptizarem como cautivos e bem assim contra os padres que ministrassem esse sacramento". (11)

   Estas situaciones ocurrieron especialmente a partir de 1852, concomitantes con el fin del tráfico esclavista transatlántico y que acarreará una fuerte demanda de mano de obra servil y el consecuente tráfico ilegal, tanto para los saladeros fronterizos en Rio Grande do Sul como para el desarrollo de la cafeicultura en Río de Janeiro y San Pablo.
   Mario Maestri, historiador brasile ño, afirma con respecto a la dotación de esclavos de Pelotas durante la Revolución Farroupilha , que la misma cayó a poco menos de 31 mil hacia 1846, una disminución de 9 mil esclavos que sin dudas afectó el potencial productivo de la zona. Culminada la guerra se realizan compras masivas a tal punto que en 1858 el número de "cativos" alcanza los 72 mil, buena parte de los mismos adquiridos en el marco del tráfico ilegal (Maestri, 2002:153-167).

"Nos anos 1845-52 enquanto se extenguia a escravidao no Uruguay, o contrabando de cativos de criadores sulinos e uruguaios, desde os departamentos setentrionais daquele pais, para o Rio Grande do Sul contribui certamente para a a elevaçao da populaçao cativa sul riograndense" (Maestri, 2002:165).

   Este número elevado de trabajadores esclavizados permitió que esa Provincia se transformara en un importante exportador de cautivos. Maestri, sostiene que si después de 1850 Rio Grande do Sul exportó esclavos y paralelamente mantuvo el crecimiento de dicha población hasta 1880, "a única hipótesis e de expansão pelo crecimento natural […] acrecida […] pelo contrabando de cativos afro-uruguaios, ou homens livres uruguaios de origen africana" (Maestri, 2002:166).
   Efectivamente muchas de las denuncias permiten comprobar las afirmaciones del historiador brasileño, a la vez que rastrear los caminos del tráfico subregional y el destino de los infelices secuestrados que culminan en Río de Janeiro o en lugares más lejanos.

5. Secuestros y robos. Autoridades públicas implicadas

   En agosto de 1866 el esclavizado Matías Correa, cautivo en Rio de Janeiro, solicitaba el apoyo de la Legación Oriental allí establecida, declarando que:

"[…] fue esclavo del brasileño Juan Correa y trabajaba en la estancia de la costa de San Luis propiedad de dicho Correa y hoy de sus herederos. Quedó libre después de 1842, y aunque trabajo como peón en la dicha estancia algún tiempo mas, vino después como libre que era a trabajar por su cuenta en la villa de Rocha. […]De allí fue tomado con otro compañero llamado Juan Correa por los años de 1856 o 1857 [ …] y los condujeron a la frontera del Chuy y de alli al Río Grande donde los entregaron a Manuel Correa, hijo de su antiguo amo, quien lo recibió y lo trato como esclavos. Como esclavos el dicho Correa los mando vender a Río de Janeiro, donde sin embargo de haber declarado siempre que era libre fue vendido como esclavo y ha vivido y se encuentra en esclavitud".(12)

   En la medida que las denuncias alcanzaban un grado importante de detalles, los traficantes, sintiéndose descubiertos, intentaron, con el auxilio de las autoridades locales, despistar el tráfico, obteniendo documentos falsos, que cambiaban la identidad de los secuestrados y demostraban la antigüedad en el tiempo del esclavizado. La representación diplomática oriental detectó y denunció esta maniobra con la que podían trasladar "su mercancía" a otras regiones. Tal es el caso de "la negra Gregoria, oriental, libre, de 14 años, vendida como esclava en Río Grande y de allí enviada a Río de Janeiro con el nombre de María Tomasa". Según lo denunciado por la Cancillería uruguaya, el 17 de setiembre de 18 57 a las 2 y media de la mañana Gregoria fue secuestrada de su casa por el capitán Joaquín José Molina, llevada a Jaguarão, territorio brasileño, y de allí al puerto de Río Grande donde, Molina, la vendió como su esclava, remitiéndola a Río de Janeiro. Solicitada la captura de Gregoria, la justicia brasileña ordena que sea devuelta a su amo, Molina, por ser esclava y su propietario exhibir los documentos correspondientes.(13) El gobierno brasileño responde que a instancia de la información que pose, María Tomasa no es Gregoria ni es oriental y sí es esclava.(14)
   Ante el número elevado de denuncias que le hacia llegar la cancillería oriental y no obstante las demoras en las respuestas, el gobierno imperial no podía ser omiso y finalmente terminó reconociendo la existencia de tales hechos delictivos.
   En años posteriores se repiten varios documentos como el antes citado y van confirmando la existencia de una persistente acción de secuestros y ventas ilegales de personas, ello permite suponer que se elevarían a cientos los casos totales. Las denuncias permiten reconstruir la secuencia de los "negocios de tráfico con carne humana", como lo denomina Andrés Lamas.
   El caso del afrodescendiente Juan Vicente es indicativo, nacido en Cerro Largo de vientre libre, sirvió como soldado en el ejercito oriental al mando del capitán Gutiérrez, hallándose como policía en Mansavillagra fue capturado por una partida del ejército brasileño que evacuaba el territorio uruguayo en 1852 (al finalizar la Guerra Grande ) y conducido por el capitán Oroño a una casa situada en Jaguarão. En dicho lugar lo mantuvieron con grillos algunos meses obligándolo por medio de frecuentes castigos a aprender el idioma portugués. Trasladado a Pelotas, no pudo ser vendido por que era " notoriamente" oriental - así lo expresa el expediente del consulado uruguayo en Río de Janeiro. Trasladado a Río Grande, sus captores fraguaron la documentación de Juan Vicente, "haciéndolo" esclavo, con lo cual fue embarcado a Río de Janeiro y colocado a la venta en la Rua da Quitanda. En esa circunstancia, y junto a otros trabajadores esclavizados allí depositados, la policía realizo un allanamiento, exigiendo se presentaran los documentos de los esclavizados, lo cual no pudo cumplir el secuestrador de Juan Vicente escondiéndolo en el almacén de tabacos de la Rua de S ã o Pedro. Finalmente, el periplo de Juan culmina con su venta a José Riveiro Silva quien lo lleva a su chacra del Caminho Velho do Botafogo, de donde se fugó para refugiarse en la Legación Oriental. (15)
   El procedimiento de secuestro y legalización del secuestrado como esclavo cumplía varias etapas, siendo el principal circuito de "colocación y venta" el que estamos investigando: territorio fronterizo oriental, Jaguarão, Pelotas, Río Grande y Río de Janeiro.
   Otro caso denunciado es el secuestro, el 20 de abril de 18 58, de la afrodescendiente oriental, Emilia, de 30 años, y sus dos hijos menores siendo trasladados al Jaguarão. En esa localidad el principal responsable de "recibir" los secuestrados era un ciudadano de nombre Terra. Este vendió a Emilia, como esclavizada, por 600 patacones. Denunciado el hecho ante la policía de aquel lugar, Emilia desapareció inmediatamente, siendo luego vendida en Pelotas y de allí trasladada a Río Grande y luego a Río de Janeiro.(16)
   En otro caso similar, el Cónsul oriental en Pelotas, denunciaba la esclavización de Petrona y su hijo, a manos de Federico de Freitas. Días después de la denuncia, los mismos desaparecen.

"Petrona fue llevada a la ciudad de Rio Grande en el vapor Especulación, allí fue depositada ocultamente en el almacén de Fco. Manuel Barboza, […] d e allí fue sacada de noche y embarcada en el patacho Cyro, que la llevó a bordo del bergantín Ligeiro que estaba a salir para este puerto de Río de Janeiro y en el que quedó embarcada clandestinamente".(17)

   Denunciada la situación ante el jefe de policía de Rio Grande este ordena el rescate de ambos. Pero el jefe de policía de Pelotas, Alejandro Viera da Cunha en vez de detener al traficante le expide un pasaporte para embarcarla como esclava hacia Río de Janeiro.
   El apoyo de las autoridades brasileñas era explícito y con pretendidos fundamentos legales, así ocurrió también, en el caso de Joaquín, quien solicita protección del vicecónsul oriental de Pelotas, aduciendo que es oriental y libre, para lo cual presentó 3 testigos. El subdelegado de Pelotas desconoció ese procedimiento basado en el artículo 75, numeral 2 del código de proceso criminal brasileño, que dice "no se admite denuncia del esclavo contra su señor".(18)
   En algunas circunstancias las propias autoridades estaban involucradas en la compra - venta de los secuestrados. Son varios los casos donde los secuestradores y negociantes son autoridades policiales o militares. Es el caso denunciado en enero de 1857, cuando fue asaltada la casa de Justo Costa en el arroyo Monzón por dos brasileños, quienes se llevaron al afrodescendiente José Rodríguez, asaltando en el camino otra casa y llevándose a otro afrodescendiente como cautivo a la frontera del Jaguarão. El segundo secuestrado fue entregado a Luis de Farías Santos quien pago 12 onzas de oro. José Rodríguez fue vendido a Jerónimo Viera Costa, delegado de policía de Jaguarão. Dice Lamas al respecto: "aquí existe un hombre llamado Manoca Diogo, que estaba tomando a comisión el robo de negros en el Estado oriental mediante porcentaje".(19) Los detalles de cómo se realizaban los negocios revelan que los mismos eran desarrollados sin mayores discreciones ya que se trataba de una comercialización legal en territorio brasileño.
   Para la cancillería oriental no era tarea simple llevar adelante las denuncias, en muchos casos las mismas carecen de señas particulares de los afectados, pero en compensación hay lujos de detalles sobre la forma y características del transporte y venta de los afrodescendientes. Estos detalles permitieron que algunas de las denuncias no pudieran ser desestimadas y fueran reconocidas como secuestros reales y comercio ilegal.
   La existencia legal de los contratos de trabajo, dificultaba los reclamos sobre el tráfico esclavista. Aún en 1866, Lamas afirmaba:

"[…] los hombres de color introducidos en territorio oriental para el servicio de los establecimientos que poseen los brasileños en este territorio son considerados esclavos en Rio Grande del Sur, aún en los casos en que fueron introducidos por medio de contratos registrados en los vice consulados de la republica y que en consecuencia, desde que los dichos hombres de color vuelven a ser traídos a la provincia de Rio Grande del Sur, lo que se verifica sin dificultad, vuelven a su anterior condición de esclavos y siendo tratados como tal se venden, se compran e incluyen como cosa en los inventarios y particiones de herencias".(20)

   En los departamentos fronterizos, las relaciones políticas y el poder económico de los hacendados riograndeses, provocaba que las autoridades locales no aplicaran muchas veces la legislación vigente. La realidad social de la época marcaba una clara diferencia entre los aspectos jurídicos y la aplicación de las leyes emanadas desde el gobierno oriental, lo cual demostraban una ambigüedad tal, que permitía una interpretación más o menos libre de la legislación vigente por parte de los poderes locales. Es el caso del Jefe Político de Cerro Largo, quién constataba en 1853 que:

"[…] existen en algunas estancias de Brasileños porción de esclavos introducidos furtivamente, en el territorio de la República que en virtud del tenor espreso de la circular espedida por orden del Gobierno Imperial publicada por la presidencia del Rio Grande fecha 7 de Agosto de 18 52 y comunicada a esta Jefatura en 15 de Octubre del mismo por el ministerio de V.E deben quedar manumitidos dichos esclavos según el espíritu de nuestras leyes y la prevención espresa del Gobierno Imperial a sus súbditos. Considero de mi deber dar este paso y llevar a efecto la manumisión de estos siervos, pero reflexionando sobre el estado de nuestra política con el Imperio por la suspensión de el deslinde del territorio, y deseoso de no crear embarazo al Gobierno pido una resolución que me sirva de regla en este caso".(21)

   Dice el Jefe Político, "pero reflexionando sobre el estado actual de nuestra política", considera mejor "consultar" ya que se había detenido la demarcación de las fronteras, establecido por el acuerdo de Límites de 1851. Agrega, "para no crear embarazos al gobierno", lo que en definitiva configura una disculpa para evitar una confrontación directa con los estancieros de la zona, algunos de los cuales eran destacados caudillos.
   La respuesta del Ministerio de Gobierno a la nota del Jefe Político es la siguiente: "contéstese con la instrucción acordada". Cuál era dicha instrucción,

"[…] respecto de los contratos con que son introducidos al territorio de la República , las gentes de color en calidad de peones de Brasileños; ha resuelto se diga a V.E. que en aquellos contratos, la única intervención que debe tener la autoridad, es asegurarse de la libre voluntad de los contratantes, sin entrar a avalorar la conveniencia que forma siempre la materia de los contratos entre personas libres".(22)

   En definitiva asumir los contratos realizados en Brasil entre patrones y esclavizados, respetándolos como acto voluntario entre hombres libres. La respuesta es paradojal ya que equipara al cautivo con un hombre libre para la firma de un contrato, en el cual la parte firmante no tenía opción de decir que no, y signaba con una cruz o el dedo pulgar como conformidad. Era una forma de aceptar la prolongación de la condición servil por medios ilusoriamente legales, desconociendo que dentro de dichos contratos, se incluyeron niños menores de 4 años como firmantes.
   Los compromisos asumidos por el Estado Oriental a partir del Tratado de Extradición impusieron una situación de difícil explicación, por un lado se reclamaba por los derechos de las personas secuestradas, se pedía al gobierno brasileño que considerara libres a todos los esclavizados introducidos al territorio oriental por medio de los contratos de trabajo, se denunciaba que dichos contratos era una forma de esclavitud disfrazada, pero no se derogaban los mismos, adoptando una postura de excesivo respeto a los tratados internacionales, que claramente se transforma en temor y connivencia con el gobierno imperial, más allá de la letra de los documentos.
   En memorando elevado al gobierno imperial, en 1874, con motivo de rectificar el Tratado de extradición de 1851, Carlos María Ramírez sostiene:

"[…] no pueden sostenerse más las cláusulas relativas a la extradición de esclavos ya que las mismas está fuera de todo principio de derecho internacional. Las naciones que recibieron del pasado la pesada herencia esclavista no pueden imponerla a aquellos países que no tienen este problema […] no puede reconocerse como delito la fuga del esclavo, es ocioso demostrar que el delito legal del esclavo fugitivo no se encuentra en esas indeclinables condiciones, ¿se justifica entonces la extradición de esclavos como observación de los deberes generales de buena vecindad?, esa es una de las razones que más pesaron en la celebración de las estipulaciones vigentes". (23)

6. Conclusiones

   La vida cotidiana de las ciudades de frontera se encargaban de borrar afirmaciones como las anteriores. A partir de la segunda década del siglo XIX, en un territorio donde la frontera seca es extensa y los cursos de agua no son un impedimento mayor, fue muy intenso el tránsito de la mano de obra en general, ganados y bienes. Particularmente después de 1851, fue muy difícil controlar el contrabando, robos y secuestros donde estaban involucrados hacendados y autoridades de ambos lados de la línea divisoria. El libre tránsito y la escasa consolidación de los poderes nacionales del Estado, a uno y otro lado, hizo de estos territorios el escenario propicio para que los jefes militares y políticos, erigidos en caudillos rurales, omnipotentes por la posesión de las armas y el dinero, detentaran el poder y lo utilizaran a su real saber y entender.
   El secuestro y tráfico de afrodescendientes libres o libertos se transformó en la segunda década del siglo XIX en un excelente negocio, dado el valor que había alcanzado la mano de obra servil a partir de la paralización del tráfico atlántico y de la creciente demanda de trabajadores en los centros productores de Río de Janeiro y S ã o Paulo. La provincia sulriograndense aparece durante esos años como una de las abastecedoras de esclavizados, producto de un aumento demográfico de ese sector de la población y seguramente también de un intenso tráfico terrestre, aún no cuantificado. Lamas denunciaba en 1857, que varios estancieros brasileños radicados en Uruguay habían establecido junto a la cría de ganado, "criaderos de esclavos", en clara alusión a la reproducción de la mano de obra servil, sin dudas en forma y escala diferente a las "plantation" del sur norteamericano, pero en una escala conveniente a la región.
   Las ventajas comparativas de la utilización de mano de obra esclava en las haciendas fronterizas, donde obtener trabajadores asalariados era difícil y caro, empezó a declinar en cuanto el Estado Oriental comenzó su proceso de centralización y concentración del poder en torno a la oligarquía montevideana y particularmente con la dictadura militar de Latorre, desde la mitad de la década de 1870 hasta finales del siglo XIX.
   El código rural, el alambrado de los campos, la policía rural armada con Remington y la cárcel para los que no pudieran demostrar que tenían trabajo fijo, fueron utilizados como herramientas para obtener el disciplinamiento directo de las masas rurales y favorecer el establecimiento de mano de obra asalariada. El cercamiento de los campos promovió la expulsión de los ocupantes de la tierra sin título y de los pequeños propietarios que se transformaron en asalariados rurales en competencia por acceder a un empleo, esto determinó en parte la baja de los salarios altos de otrora y la pérdida de las ventajas comparativas del esclavo. Ese proceso en la frontera fue lento y no implicó la desaparición de los contratos de peonaje en forma inmediata, pero si promovió el trabajo asalariado.
   Paralelamente el movimiento abolicionista brasileño tuvo también su incidencia en el proceso de declinio del trabajador esclavizado. Si bien en la zona fronteriza con Uruguay, las estancias brasileñas fueron el último reducto de los trabajadores esclavizados ya que en la zona norte y central de Rio Grande do Sul, la fuerte inmigración europea promovió el trabajo asalariado.

Notas

(1) El Norte – 10/10/1880 – Tacuarembó, Biblioteca Nacional.(BN). Montevideo

(2) A.G.N. - A.G.A. Libro 1379- Carta de 29 de abril de 18 45.

(3) En 1851 las poblaciones fronterizas del Norte uruguayo eran Tacuarembó y Melo, en el Este, Río Branco y la villa de Rocha. Del lado brasileño, Livramento, Bagé, Don Pedrito, Jaguar ã o y Pelotas. De tal forma los territorios entre la frontera norte y el río Uruguay eran estancias, en su mayoría propiedad de brasileños.

(4) Archivo General de la Nación. Montevideo (AGN). Caja 102.Carpeta 124 A . pp.1 a 5.

(5) Diario La Constitución , 29 de diciembre de 18 52. Nº 146. Biblioteca Nacional. Montevideo.

(6) AGN. Tacuarembó. 1872

(7) AGN. Rivera. 1866 – 1883.

(8) Museo Histórico Nacional. Archivo del Coronel José Gabriel Palomeque. Tomo III. 1862

(9) Nota de Andrés Lamas a Antonio Paulino Limpo de Abreu. Río de Janeiro. 4 de julio de 18 54. AGN. Caja 106. Exp. 35.

(10) Nota de Andrés Lamas a Antonio Paulino Limpo de Abreu. Río de Janeiro. 19 de enero de 18 55. AGN. Caja 106. Exp. 72.

(11) AGN. Caja 106. Exp. 72- Copia 49 de Nota del Presidente de Rio Grande del Sur, Joao Lins Vieira Cansansao do Sinimbú a Antonio Paulino Limpo de Abreu. Porto Alegre. 12 de dezembro de 18 54.

(12) Nota de Andrés Lamas al Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Alberto Flangini. Río de Janeiro. 20 de agosto de 18 66. AGN. Caja 107. Exp. 289.

(13) Nota del Vizconde de Maranguape al Sr. Andrés Lamas. Río de Janeiro, 22 de julio de 18 58. AGN. Caja 89. Exp. 163.

(14) Nota de Andrés Lamas al Consejero Vizconde de Maranguape. Río de Janeiro. 31 de agosto de 18 58. AGN. Caja 89. Exp. 163.

(15) AGN. Caja 106- Expediente 58. 24 de setiembre de 18 54.

(16) AGN. Caja 89 – Expediente 182. 31 de agosto de 18 58.

(17) AGN. Caja 89 -Expediente 185. 4 de octubre de 18 58.

(18) AGN. Caja 89 – Expediente 187. 4 de octubre de 18 58.

(19) AGN. Caja 102 – Expediente 128. 11 de abril de 18 58.

(20) AGN. Caja 107. Expediente 315. Nota de Lamas a Flangini. 27 de setiembre de 18 66.

(21) AGN. AGA. Caja 1004. hoja 2. Febrero 24 de 1853.

(22) AGN- AGA. Caja 1004. Nota al Jefe Político de Cerro Largo. 14 de marzo de 18 53.

(23) AGN- Caja 101. Expediente 370. 29 de mayo de 18 74.

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Fecha de recibido: 19 de febrero de 2008.
Fecha de publicado: 16 de diciembre de 2008.

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