DOSSIER

Modernización estatal y regulación económica en provincias vitivinicultoras. Mendoza, 1936-1946

María Silvia Ospital

Universidad Nacional de Quilmes
CONICET
sospital@unq.edu.ar , sospital@vianetworks.net.ar

State modernization and economic regulation in the provinces winemakers. Mendoza, 1936-1946

Resumen
Las políticas implementadas en el país para superar las consecuencias de la crisis de 1930 se manifestaron, en el caso de las actividades agrarias y agroindustriales, en medidas de regulación de la producción y el comercio. La entidad creada para ocuparse de la vitivinicultura fue la Junta Reguladora de Vinos que comenzó a operar a partir de 1935. Al mismo tiempo que se ponían en ejecución las disposiciones emanadas de ese organismo nacional, las autoridades provinciales de la región productora arbitraban diversas prácticas destinadas a paliar las aristas más agudas de la crisis y a reposicionar a la agroindustria en el ámbito local y el mercado nacional.
En la provincia de Mendoza las autoridades provinciales instrumentaron, a partir de 1936, algunas normativas destinadas a modernizar el aparato estatal en un intento de lograr mayor eficiencia en la aplicación de las políticas de regulación y de adecuar la maquinaria gubernamental a las exigencias de la nueva etapa. La creación de un organismo dedicado específicamente a la elaboración de estadísticas y a la investigación económica, en el marco del ministerio de economía provincial fue la medida más importante en este aspecto, mientras otras disposiciones contemporáneas intentaban encontrar en el fomento del turismo una alternativa complementaria de la tradicional actividad vitivinícola.

Palabras clave: Políticas públicas; Regulación; Vitivinicultura.

Abstract
The policies implemented in the country to overcome the consequences of the crisis of 1930 were measures to regulate production and trade, in the case of agricultural activities and industries. The entity created to handle the winemaking was Junta Reguladora de Vinos, which began operations after 1935. At the same time that they put into execution the provisions adopted by this national institution, the provincial authorities in the producing region arbitrated various practices designed to offset the sharper edges of the crisis and to reposition the agricultural industry at local and national market.
In the province of Mendoza provincial authorities prescribed, starting in 1936, some regulations aimed at modernizing the state apparatus in an attempt to achieve greater efficiency in the implementation of regulatory policies and making the machinery of government to the demands of the new stage. The creation of a office specifically dedicated to the production of statistics and economic research under the provincial Ministry of Finance was the most important measure in this regard, while other provisions were trying to find in contemporary tourism development of a complementary alternative traditional wines.

Keywords: Public policy; Regulation; Viticulture.

"Sea cual fuere la posición que se adopte frente a las diversas tendencias de la economía: liberalismo, proteccionismo, planificación, regulación o dirección, es indudable que, como consecuencia de las condiciones cambiantes de la situación económica, la labor de los gobernantes es a diario más dificultosa, no pudiendo estar librada a la intuición o al simple empirismo de los hombres llamados a desempeñar las tareas directivas. "Nuevas condiciones -he dicho alguna vez, recordando la expresión de Franklin Roosevelt- imponen nuevas exigencias al gobierno y a aquellos que lo dirigen"."
R. Corominas Segura, gobernador de la provincia de Mendoza. Instituto Técnico de Investigaciones y Orientación Económica de la Producción, 1939.

1. Introducción

    El impacto que la crisis de 1929-1930 tuvo sobre las economías de los países exportadores de materias primas es un tema ampliamente tratado por la historiografía. En el caso específico de la Argentina, las publicaciones han centrado su interés en la repercusión alcanzada por la debacle en el ámbito de la región pampeana, principal proveedora de granos y carnes para el mercado exterior. Junto con el análisis de las profundas consecuencias económicas y sociales producidas por el fenómeno, una parte importante de las investigaciones se dedicó a describir y comentar las políticas públicas implementadas por el Estado nacional para conjurar los efectos más graves, en un contexto de cambio de paradigmas referido a la función del gobierno en el ámbito de la economía.
    Menos atracción, con la correspondiente más escasa producción bibliográfica, ha ejercido la posible indagación sobre las huellas y marcas dejadas por los cambios internacionales en el espacio de las economías argentinas no pampeanas.(1) Esta falta de atención se extiende, también, al análisis de las estrategias desplegadas por los gobiernos provinciales, especialmente en el caso de los pertenecientes a las regiones básicamente monoproductoras, como el Norte azucarero y la zona cuyana vitivinícola.
    Este trabajo pretende realizar un aporte a la temática de las políticas reactivas frente a la crisis, instrumentadas por los gobiernos locales, enfocando el análisis en la provincia de Mendoza, principal productora de vinos en Argentina desde los inicios de la agroindustria hacia fines del siglo XIX. El conjunto de medidas aplicadas apuntó a complementar las decisiones del gobierno federal que había iniciado en 1935 la intervención en la agroindustria mediante la creación de la Junta Reguladora de Vinos, seguida poco después por el dictado de una Ley General de Vinos que regiría en todo el país. Si bien desde 1932, cuando la provincia recupera su institucionalidad luego de la intervención decretada por el gobierno de facto, se implementaron medidas de emergencia para solucionar la crisis de la agroindustria, es a partir del dictado de la legislación nacional que las autoridades mendocinas reforzaron su acción promulgando nuevas disposiciones en materia administrativa y económica, destinadas a adecuar el funcionamiento del gobierno provincial a fin de enfrentar con mayor eficiencia las nuevas condiciones económicas generadas por el profundo cambio en la situación internacional.
    Las administraciones que se sucedieron en la gobernación local buscaron acompañar el rumbo iniciado por el gobierno central en el sentido de ajustar el aparato del estado para la aplicación de medidas intervencionistas, con una clara inspiración en los modelos keynesianos. En ese sentido la orientación elegida fue acercándose a las formas adoptadas por el "new deal" estadounidense. Las referencias a la figura de Roosevelt, sus opiniones y medidas de gobierno –como se plantea en el epígrafe– fueron tanto explícitas en los discursos de los dirigentes, como tácitas en el conjunto de disposiciones emanadas del Estado provincial.

2. Política nacional y políticas provinciales

   La puesta en práctica de las políticas de regulación desde el gobierno nacional en el caso de la vitivinicultura, principal producción de Mendoza, se inicio con la creación de la Junta Reguladora de Vinos en 1935. Su acción, orientada a evitar o, al menos, paliar, los modos en que las sucesivas crisis de superproducción afectaban negativamente los precios de los vinos, consistió en la extirpación de viñas, el derrame de vinos y la prohibición de reemplazar, en las hectáreas despobladas, los antiguos cultivos por nuevas plantaciones de cepas. Aunque aplaudidas oficialmente por los dirigentes políticos locales, estas medidas fueron resistidas y criticadas por productores pequeños y viticultores sin bodega, los sectores mas perjudicados por estos procedimientos.(2) La clase dirigente local, conformada por políticos y empresarios bodegueros unidos por una estrecha red de alianzas familiares y comerciales, comenzó –a partir de ese momento– a desarrollar estrategias alternativas que le permitieran suavizar las aristas más ásperas de la crisis y mantener su posición económica y política en el contexto local y nacional. Para ello las autoridades promulgaron nuevas disposiciones en materia administrativa y económica, destinadas a modernizar el funcionamiento del gobierno provincial, adaptándolo a las reglas de un modelo más intervencionista.
   Pero si bien las condiciones impuestas a la Argentina por la nueva situación internacional, sumadas a los cambios internos ocurridos desde la década de 1920, las consecuencias del golpe institucional de 1930 y los gobiernos neo conservadores que le siguieron, determinaron un nuevo escenario para las acciones políticas y para las relaciones entre el Estado y los otros actores sociales involucrados en esta actividad económica, la mediación de los gobiernos provinciales en la vitivinicultura no representaba una novedad. Mientras en las primeras etapas las medidas partieron de la dirigencia política local, las crisis periódicas de la agroindustria empujaron a los empresarios a agruparse y solicitar la intervención creciente del Estado central para acercar soluciones a los problemas de la actividad regional, vicisitudes a las atribuían importancia nacional. Las demandas se referían, especialmente, a la urgencia en suprimir las diversas cargas impositivas que gravaban al vino en ámbitos provinciales, aumentando su precio y disminuyendo el consumo. Al mismo tiempo, en los centros productores, leyes de emergencia trataron de resolver las dificultades producidas por la superproducción mediante la destrucción de viñas o la compra de uva para no recolectarla.
   Con variantes en la planificación o en la ejecución, este fue el panorama de las políticas públicas entre 1918 y 1935. Leyes de emergencia dictadas por los gobiernos provinciales, demandas de grandes empresarios al gobierno nacional, comisiones de estudio de los problemas de la vitivinicultura enviadas desde Buenos Aires a la región cuyana; períodos de tranquilidad cuando los fenómenos naturales disminuían o hacían perder la cosecha -con el consiguiente alejamiento del fantasma de la superproducción- campañas publicitarias destinadas a aumentar el consumo se sucedieron o se superpusieron, mientras las hectáreas plantadas con viñas continuaban creciendo y las paulatinas mejoras tecnológicas permitían aumentos en la productividad. Las medidas de alcance parcial constituyeron la norma, en tanto que se mantenía pendiente el dictado de una legislación abarcadora de los múltiples aspectos de la agroindustria.
    El repaso del conjunto de leyes, disposiciones y medidas dictadas por los gobiernos provinciales y Estado nacional para la actividad vitivinícola, en las primeras décadas del siglo XX registra muchas líneas de continuidad y menor número de cambios de rumbo. Permite detectar una paulatina y creciente tendencia a sustituir decisiones emanadas de las autoridades provinciales por preceptos elaborados desde el gobierno federal. Dicho de otro modo, los problemas de la vitivinicultura dejaron de ser cuestiones de alcance regional para adquirir rasgos de asuntos de importancia nacional. Las autoridades locales aceptaron tácitamente la "intervención" del Estado nacional en su principal agroindustria y procedieron a secundarla, atendiendo cuestiones sociales, buscando consolidar consensos en torno a sus políticas, tratando de desarrollar alternativas productivas y modernizando la burocracia estatal.

3. Discurso oficial y acciones de gobierno

   En materia de política interna, el estado provincial estuvo intervenido por el gobierno federal desde 1930 y recuperó la institucionalidad, fraude electoral mediante, en 1932. A partir de esa fecha el Ejecutivo provincial estuvo en manos del partido conservador local, en sintonía política con las autoridades nacionales. Es posible constatar el carácter de esa relación con la lectura del capítulo referido a Mendoza incluido en un volumen de homenaje al presidente Agustín P. Justo, publicado al finalizar su presidencia –en 1939- con clara intención electoralista y propagandística. La obra dedicaba diversos apartados a destacar la situación de las provincias argentinas, sus autoridades y sus municipios. El mensaje apuntaba a mostrar un país integrado y exitoso, que había superado sus problemas bajo la "preclara e iluminada guía" de los dirigentes políticos neoconservadores.
   Con independencia del impacto que la legislación reguladora nacional tuvo en la producción vitivinícola y sin hacer hincapié en los acomodamientos políticos de los dirigentes provinciales, la sección referida a Mendoza designaba al periodo 1932- 1939 como la época de "tres gobiernos de orden que comprenden un ciclo de progreso de la provincia". Los gobernadores en cuestión habían sido Ricardo Videla, Guillermo C. Cano y Rodolfo Corominas Segura, en funciones en el momento de la publicación. Figuras prominentes, todos ellos, del Partido Demócrata Nacional, tenían viejos y aceitados lazos con la clase empresaria vitivinícola. Es interesante destacar que el texto presentaba a la nueva etapa como "la reiniciación del ciclo de progreso iniciado durante la gobernación ilustre de Civit, propulsor magnifico del adelanto mendocino " (Justo, 1939). La referencia al decidido propulsor de múltiples medidas impulsoras de la agroindustria en su etapa de consolidación no era gratuita; los nuevos gobernadores continuarían aquella línea fundadora.
   En consonancia con los términos usados en las primeras paginas, la publicación continuaba detallando los progresos de la provincia, su ajustado ordenamiento financiero, el conjunto de obras públicas y de embellecimiento de las ciudades, la extensión de las obras viales. También, en concordancia con los lineamientos de la política nacional, destacaba las virtudes provinciales en tanto centro turístico en crecimiento. Al hablar de la industria vitivinícola afirmaba que "la acción del Gobierno ha hecho desaparecer para los productores vitivinícolas el fantasma de la superproducción". A la "acertada" orientación impulsada por las autoridades nacionales, debía sumarse la "meticulosa" labor de control de calidad de los vinos realizada por el gobierno provincial, sin perder de vista el "progresista esfuerzo" de los industriales locales.
    Si bien este documento de carácter semi-oficial arroja cierta luz sobre las aceitadas relaciones que, en el seno de la clase política, existían entre funcionarios en puestos federales y dirigentes provinciales y pone de manifiesto la importancia que esa elite otorgaba a la publicidad de los actos de gobierno, es importante destacar que los equipos gobernantes que se sucedieron al frente del Estado provincial mendocino a partir de 1932 compartieron ampliamente esa voluntad propagandística. Memorias, relaciones de medidas legislativas, transcripciones de discursos y proyectos, resúmenes de propuestas y disposiciones concretas constituyen –además de un apreciable material heurístico- una clara manifestación de la orientación que estos políticos pretendían darle a la relación entre gobierno y gobernados. Puede decirse que, en la construcción de consensos aseguradores de una "paz social", la publicidad de los actos de gobierno adquiría un carácter central, jugando un papel fundamental para la promoción de un elenco gobernante de pretendida excelencia. La acción gubernativa de la época puede seguirse a partir del análisis del discurso mismo de los actores políticos.
    Guillermo G. Cano hizo publicar, al término de su paso por la gobernación, una síntesis de sus "3 años de gobierno". Segundo gobernador perteneciente al partido Demócrata Nacional, había sido ministro de Hacienda durante la administración de su correligionario Ricardo Videla. Iniciaba la publicación oficial que comentamos con una reproducción de su discurso de proclamación, en el que puntualizaba su programa de gobierno. Allí destacaba su profunda vinculación con la provincia, "he vivido constantemente y desarrollado siempre en ella mis actividades" (Provincia de Mendoza, 1938), a la vez que se deshacía en alabanzas para con su partido y su acción desde 1932, en franco contraste con los períodos anteriores a esa fecha, sumidos en la "cruda demagogia y el desorden financiero". A continuación se definía y especificaba el sentido preciso que orientaría el ejercicio de su cargo: "no siendo la política mi actividad característica, y sobre todo, por necesitarlo así fundamentalmente la provincia, he de hacer un gobierno sustancialmente administrativo y constructor " (Provincia de Mendoza, 1938:IX).
    La presentación del ejercicio del cargo público como una tarea de administración y construcción, despojándola de su carácter eminentemente político, fue común a varias figuras y reparticiones del gobierno nacional durante la década de 1930. A fin de marcar las diferencias entre las administraciones anteriores a 1930, buscando adquirir una nueva legitimidad y demostrar eficiencia, la actividad gubernativa era mostrada como labor de gestión y tarea de profesionales. En este sentido, como en otros aspectos desarrollados más adelante en esta contribución, la clase dirigente local imitaba o repetía actitudes y declaraciones elaboradas por el elenco político que regía los destinos del país desde Buenos Aires. El trabajo del gobernador, su gestión, -como la gestión de las autoridades federales- se exhibía como labor "no-política". La presencia del Estado se ponía de manifiesto, y se justificaba, a través de la eficiencia. En el mismo sentido, ocuparse de los problemas de la provincia era, no una práctica de política pública, sino la obligación del gobernante, miembro y representante de la clase dirigente de rasgos neoconservadores.
    La lista de cuestiones que conformaban el plan de gobierno de Cano estaba encabezada, como era de esperarse, por referencias a la importancia de la industria vitivinícola y a las medidas a tomarse para su fomento. El sistema a implementar debía asegurar "a la uva y al vino un precio mínimo básico, que haga posible la subsistencia de la industria y la vigorización de la economía provincial". Era necesario, además, unificar los impuestos internos sobre el vino, abaratar los fletes ferroviarios para su transporte, estimular el consumo de lo producido por la industria -mejorando la calidad de los vinos y realizando una propaganda efectiva- desarrollar industrias derivadas y ampliar la exportación de uva fresca al resto del país. Se trataba de la agenda que, desde décadas atrás, constituía la demanda tradicional del sector, profundamente sacudido ahora por las políticas de regulación implementadas desde el gobierno nacional. En esta nueva etapa era el propio candidato a gobernador quien asumía estas peticiones como propias, las incorporaba al programa electoral con el que esperaba obtener el apoyo de sus conciudadanos y, finalmente, consideraba oportuno incluirlas en la publicación oficial que, al término de su gestión, celebraba su acción de gobierno.
    En otros puntos de ese programa aparecía la preocupación por las cuestiones sociales. El combate de la desocupación y el perfeccionamiento de una legislación laboral orientada a "mitigar las consecuencias de la desigualdad de condiciones sociales y económicas", eran citados expresamente como objetivos a cumplir. A ellos se agregaban declaraciones sobre la necesidad de proteger eficazmente a la maternidad y a la primera infancia, de establecer vacaciones anuales, escalafón y estabilidad para los empleados y obreros permanentes del Estado, de implantar salas de primeros auxilios en áreas rurales y ampliar los servicios hospitalarios y de suministrar gratuitamente ropa, libros, útiles y merienda escolar a los niños pobres. Se combatiría el analfabetismo asegurando financieramente la educación pública provincial, a la vez que se proponía una instrucción primaria más práctica, orientada a la enseñanza de oficios manuales y labores agrícolas elementales. Se buscaría fomentar el régimen de la pequeña propiedad, proteger la granja y otorgar facilidades para la adquisición de tierra por el que trabaja.
   Preocupación por la principal actividad económica de la provincia, su estímulo y crecimiento; cierta ansiedad por atender problemas derivados de la desocupación; intenciones de mejorar condiciones de vida de la población fomentando la actividad chacarera, facilitando el acceso a la pequeña propiedad y estableciendo medidas sobre salud y educación, constituían los ejes de este proyecto político.
    En las páginas dedicadas a enumerar las realizaciones concretas, el gobernador se extendía sobre las labores emprendidas por el ministerio de Industrias y Obras Públicas. Comenzaba aceptando la legislación nacional que ponía "en manos de la Nación todos los resortes de regulación, sustrayéndolos expresamente a los gobiernos de Provincia", y explicaba de qué manera había colaborado en la tarea. Su accionar había consistido en negociaciones con el gobierno central pidiendo que la Junta Reguladora comprara uva para mantener su precio en niveles razonables, además de algunas medidas de control de calidad y fomento del consumo de vinos. Las posiciones respectivas del gobierno federal y el provincial, los alcances atribuidos a las políticas de cada una de estas administraciones, quedaban claramente expresadas en la publicación oficial mendocina.
   Otros dos aspectos importantes se destacaban en el recuento de las prácticas de gobierno: el fomento del turismo y el apoyo a la segunda industria de la provincia, la fruticultura. En el primer caso, estas declaraciones estaban, ellas también, en sintonía con los lineamientos políticos que emanaban de las manifestaciones y acciones del Estado nacional. En efecto, la creación de la Dirección de Parques Nacionales por una parte y el establecimiento y funcionamiento de la Dirección Nacional de Vialidad – ambas creaciones de 1933 y 1934 – apuntaban a reorientar las corrientes turísticas de los sectores acomodados hacia el interior del país, redescubriendo y recuperando el territorio nacional, extendiendo la presencia del Estado central en áreas de frontera. La situación internacional, que desaconsejaba los tradicionales viajes al continente europeo en un contexto de crisis e inquietudes, sumada a la cada vez mayor vinculación con los intereses económicos estadounidenses -representados en este caso por los automóviles y las carreteras- eran condicionantes importantes de estas decisiones (Ospital, 2005b).
   El territorio mendocino había sido, desde tiempo atrás, un conocido destino para los turistas. Los hoteles de montaña, en varios casos construidos y regenteados por compañías relacionadas con el ferrocarril, eran conocidos y muy frecuentados desde décadas anteriores. El Estado provincial, bajo la administración conservadora, introducía el fomento de esta actividad en el conjunto de las preocupaciones de gobierno creando una Dirección de Turismo provincial, con sede en Mendoza y una oficina de promoción en Buenos Aires. Se buscaba estimular la economía local apelando a las bellezas naturales de la provincia, destacando, también la importancia de las transformaciones que la industria vitivinícola había introducido en el paisaje local. La construcción del "Arco del Desaguadero", inaugurado en octubre de 1936 a la entrada de la ruta de acceso a la provincia, daba orgullosamente la bienvenida a los visitantes a la "tierra del sol y del buen vino".(3)
   El establecimiento de la Fiesta de la Vendimia, a partir de 1936, es un acontecimiento que puede ser leído en esta misma clave. Construcción de tradiciones relacionadas con la vitivinicultura, dirigidas desde el Estado hacia el conjunto de la sociedad, búsqueda de alternativas superadoras de la profunda crisis de la agroindustria, recuperación de iniciativas políticas frente a un gobierno federal que ejercía, a través de la Junta Reguladora, el control central sobre viñas, uvas y vinos, eran condicionamientos y causales de los discursos y prácticas emitidos y propiciados desde el Ejecutivo provincial. La instalación de un festejo de magnitud, movilizador de "fuerzas vivas" en toda la provincia, intentaba reforzar consensos entre poder político y sociedad civil y construir algún tipo de legitimidad para la autoridad provincial en una época de cuestionamientos más o menos encubiertos al funcionamiento del sistema electoral.(4)
   El desarrollo de la fruticultura, actividad que la dirigencia local propició con entusiasmo, recuperando viejas practicas de cultivos artesanales, surgió como una alternativa productiva, capaz de apuntalar una vitivinicultura en crisis. En el apartado correspondiente al trabajo del Ministerio de Industrias y Obras Públicas -en esta prolija recopilación de la acción de gobierno de Cano- se destacaba la importancia de la sanción y aplicación de la ley 1165, orientada a "afianzar y fomentar esta industria [la de la fruta], la segunda en importancia que hay en la provincia ". Se buscaba estimular a los productores para que mejoraran sus cultivos, a la vez que se controlaba cuidadosamente el empaque de la fruta para asegurar su llegada, en óptimas condiciones, a los lugares de consumo. Fotografías sobre exposiciones de frutas organizadas oficialmente, vistas del edificio de la fábrica de conservas de frutas "Arcanco", en Godoy Cruz y plantaciones de manzanos en Tunuyán ilustraban el capitulo, que pretendía poner de manifiesto la activa promoción realizada por el Ejecutivo local a favor de la nueva, o renovada, agroindustria (Provincia de Mendoza, 1938:229-232).
    Otra fuente utilizable para conocer la acción del gobierno mendocino en esos años es el Álbum de Mendoza, Reseña Geográfica, Histórica, Cultural, Política, Comercial e Industrial, publicado en 1939. De factura semejante a otras publicaciones comunes en las primeras décadas del siglo XX, figuraba realizado por Ramón Francisco Morey (1939). Aunque aparecía como una empresa editorial particular, sus abundantes referencias a la actividad de las autoridades de turno lo convierten en una obra evidentemente respaldada por la dirigencia política.
    La administración especialmente analizada en este documento es la de Rodolfo Corominas Segura. El primer aspecto comentado, en tono laudatorio, fue el referido a la tarea llevada a cabo por el ministerio de Gobierno y Asistencia Social. Esta repartición correspondía a una iniciativa del gobernador, surgida de la fusión entre el viejo ministerio de Gobierno y las oficinas de Acción Social. El cambio indicaba la voluntad de priorizar las políticas sociales y era presentado como una de las realizaciones que mostraban los ideales modernizadores de los funcionarios de turno. A su frente se encontraba el doctor Adolfo Vicchi, figura vinculada a la producción bodeguera, con trayectoria política conocida y que se convirtió en el siguiente gobernador de Mendoza. Las funciones de la nueva oficina se extenderían desde las tradicionales tareas referidas a la marcha del Estado, a las más elevadas y nobles englobadas en el concepto de asistencia a los habitantes de la provincia.
   La repartición se ocuparía, y de hecho ya había iniciado sus actividades, de combatir el analfabetismo disponiendo generosas porciones del presupuesto provincial para instrucción pública, aumentando el personal docente y construyendo nuevos edificios para escuelas. Se creaba, asimismo, un Instituto de Perfeccionamiento Docente. La atención de ancianos y menores, así como el cuidado de la maternidad, entraban en la órbita de una Oficina de Servicio Social. De ella dependían colonias-hogar, y escuelas para madres. Complemento de estas actividades de asistencia, encaradas con el enfoque paternalista propio de la época, era el funcionamiento de una Caja de Pensión a la Vejez e Invalidez. El documento se extendía en alabanzas a la progresista legislación social que existía en la provincia, comparable a la de los países más desarrollados.
   Parece superfluo indicar que el valor de verdad de un documento de este tipo solamente puede extenderse a las afirmaciones sobre el nombre y tipo de las oficinas existentes, los temas de la competencia de cada una y los funcionarios que estaban a su frente. Conocer el real alcance de estas medidas en materia de educación y políticas de bienestar requiere de otro tipo de investigación. Pero estos textos sí informan sobre la forma en que los gobiernos locales querían mostrarse y sobre los temas que consideraban dignos de ser atendidos. La reflexión es atinente si el objetivo es exponer el conjunto de inquietudes de la época que los elencos gobernantes percibían y recortaban del universo existente y las valoraciones comparativas que de ellos realizaban.
   En la tarea de modernizar el aparato administrativo de la provincia, el gobernador Corominas Segura también puso en funcionamiento, en 1939, el Instituto Técnico de Investigaciones y Orientación Económica de la Producción, creado por ley provincial a partir de un proyecto del Ejecutivo. En el primer número de la Revista editada por la nueva repartición el gobernador explicaba el significado de la propuesta y ofrecía una descripción del panorama de la época, tal como lo concebía la dirigencia local que él representaba. Los profundos cambios experimentados a nivel internacional en sistemas monetarios y comerciales, así como las prolongadas crisis de superproducción iniciadas a fines de 1920, decía el funcionario, habían producido alteraciones especialmente graves en los países agrícolas, cuyas industrias agropecuarias poseían menor elasticidad para adaptarse a las variaciones del consumo. Ante esta situación, el Estado había contraído nuevas obligaciones, traducidas en la necesidad de intervenir en los procesos económicos como orientador y regulador. A la vez, se hacía imprescindible contar con estadísticas científicamente elaboradas para poder planificar y poner en práctica una acción económica esencialmente previsora y lograr obtener positivos resultados (Instituto Técnico de Investigaciones y Orientación Económica de la Producción, 1939).
   El organismo compilaría las estadísticas provinciales correspondientes a actividades rurales, industria y comercio; se vincularía estrechamente con las oficinas nacionales del ramo y realizaría detallados estudios sobre los distintos aspectos de la situación económica provincial. Sus trabajos serían de utilidad para empresarios, comerciantes e industriales, así como para los investigadores interesados en el desenvolvimiento económico mendocino. Las condiciones internacionales -la Segunda Guerra Mundial ya había comenzado- y el nuevo papel intervencionista del Estado exigían una activa política modernizadora sobre bases científicas. La organización de una eficiente labor estadística era un elemento central en el escenario político.
   Los distintos textos citados, oficiales y no, dedicaban parte de sus páginas a las obras de riego, mejoramiento de caminos vecinales y embellecimiento de plazas y paseos que eran el resultado de las "progresistas administraciones".

4. A modo de conclusión

    Esta revisión de las acciones de gobierno desplegadas por el elenco dirigente a cargo de la provincia en los años de 1930, temas relativamente poco analizados por la historiografía, (Mateu, 2006) ha sido realizada básicamente a partir de fuentes producidas por los mismos protagonistas políticos. Las voces que se escuchan son las de gobernadores o de particulares estrechamente vinculados a sus administraciones. Esta circunstancia no impide la formulación de algunas conclusiones.
    La crisis internacional impactó sobre una economía monoproductora que arrastraba graves dificultades desde 1928. El golpe de estado de 1930, además, ordenó la intervención federal a la provincia, que solo recuperó la institucionalidad, fraude electoral mediante, dos años después. A partir de esa fecha el Ejecutivo provincial estuvo en manos del partido conservador local, en sintonía política con las autoridades nacionales. Las medidas más importantes, tanto en materia administrativa como social y económica, se tomaron -sin embargo- a partir de 1936, con posterioridad a la creación de la Junta Reguladora de Vinos y el diseño de las políticas nacionales en la materia.
   Así como en los orígenes del desarrollo vitivinícola, hacia fines del siglo XIX, los dirigentes mendocinos contribuyeron a conformar la agroindustria "como una forma de integración local a la dinámica nacional", ajustándose "a la forma de acumulación dominante seguida por el país", (Collado, 2006) frente al impacto de la crisis adoptaron una estrategia semejante. En su intento de recuperar su posición en el contexto del modelo económico vigente, de creciente intervencionismo estatal, apoyaron las medidas centrales y procuraron modernizar la administración local, reestructurando reparticiones públicas, otorgando gran importancia a la elaboración de estadísticas económicas y fomentando políticas sociales.
   Fueron rasgos característicos de estas administraciones su pretensión de presentarse como profesionales y no políticos, en un intento de diferenciarse de los gobiernos anteriores a 1930 -hegemonizados por el lencinismo y las intervenciones del Ejecutivo nacional en manos de la Unión Cívica Radical- y fundar una nueva legitimidad. En consonancia con el gobierno central fomentaron el desarrollo vial y la obra pública, a fin de lograr un desarrollo urbanístico "apropiado" para las ciudades provinciales. Se ocuparon de cuestiones sociales, urgidos por el impacto de la crisis y preocupados por las posibles derivaciones de conflictos motivados por la desocupación y la miseria. Buscaron reemplazar las viñas arrancadas por la regulación con otros cultivos frutales, a fin de ubicar fruta fresca en el mercado interno y desarrollar una incipiente industria conservera, mientras se mantenían estrechamente atentos a los avatares de la vitivinicultura, que nunca dejó de ser la principal actividad provincial.
   En muchos aspectos recorrieron caminos paralelos a los adoptados en Buenos Aires. Al remarcar los elementos "profesionales" de su actividad como políticos buscaban vincular su desempeño con las tradiciones de los gobiernos conservadores de fines del siglo XIX -la referencia a la figura de Emilio Civit no era gratuita- recuperando un perfil de "líderes naturales". El estímulo a la construcción de caminos copiaba la acción de la Dirección Nacional de Vialidad, mientras la creación de la Dirección Provincial de Turismo imitaba la tarea de recuperación del territorio nacional como destino turístico que lideraba la Dirección de Parques Nacionales.
   Las reformas administrativas emprendidas, que incluyeron reorganizaciones ministeriales y la implantación de un nuevo sistema estadístico provincial, apuntaban a modernizar el aparato estatal. Esa "modernización", más visible a medida que se avanza cronológicamente en el análisis del período, estaba presente en el discurso y las prácticas de estos gobernadores, decididos a encuadrar sus administraciones bajo parámetros de eficiencia y profesionalidad. El perfil cada vez más técnico que imprimieron a su accionar los acercaba, también, a los modelos intervencionistas, de matriz keynesiana, que dominaban el panorama internacional. Luego de aceptar la ingerencia reguladora del gobierno federal en la principal producción de la provincia, intervinieron ellos mismos en obra pública y aspectos sociales, muchas veces presentados como actividades complementarias.
    La admiración por el progreso estadounidense, presente en muchas manifestaciones económicas y sociales argentinas desde 1920, no les fue ajena. Las citas al exitoso desarrollo del país del norte, a la capacidad de sus dirigentes y a las ventajas de copiar -en la medida de lo posible- políticas y prácticas allá aplicadas, formaron también parte importante de sus discursos y actividades. Estos rasgos fueron particularmente visibles en los planteos de Corominas Segura, pero ya se habían puesto de manifiesto en la forma en que se presentaban las potencialidades de las distintas zonas de la provincia en materia de fruticultura. Mendoza era denominada la California argentina, dotada de una naturaleza ideal para el cultivo de manzanas, duraznos y ciruelas, además de las uvas, ya fuesen trasformadas en vino o consumidas en la mesa familiar.
    Finalmente, el trabajo pretende avanzar en el conocimiento de la política y los políticos argentinos durante la década de 1930. Aunque la mirada, en este caso, está puesta sobre una realidad provincial, la intención es complejizar las interpretaciones sobre una etapa de la realidad nacional que, bajo administraciones conservadoras y decididamente elitistas, asistía a la puesta en práctica de las "ruedas menores" que ayudarían al funcionamiento de las "industrias madres" del país.

Notas

(1) Sobre la repercusión de la crisis en el interior del país, especialmente en Mendoza, Ospital, 2005a.

(2) Sobre la acción de la Junta en Mendoza, Mateu, 2005.

(3) El texto que comentamos dedica un apartado especial a esta inauguración. En el lugar funcionaba una delegación de la Dirección de Turismo provincial.

(4) La historia de la Fiesta de la Vendimia y sus múltiples significados no ha sido completada todavía. Algunos aportes están citados en Ospital, 2007.

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Fecha de recibido: 25 de noviembre de 2008.
Fecha de publicado: 30 de agosto de 2009.