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Mundo agrario

On-line version ISSN 1515-5994

Mundo agr. vol.11 no.22 La Plata Jan./June 2011

 

DOSSIER

El cooperativismo y la financiación agrícola en Baja California, México (1930-1950). Una aproximación inicial

The Cooperativism and Agricultural Credit in Baja California, Mexico (1930-1950). A first approach

 

Jesús Méndez Reyes

Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Autónoma de Baja California
jmreyes@uabc.edu.mx

 


Resumen
Para la teoría neoclásica convencional el funcionamiento de los mercados de crédito soporta dos dificultades básicas: la información imperfecta o asimétrica y la selección adversa del prestatario aunada al riesgo del no pago. En el otro extremo, más heterodoxo, el colectivismo, el capital social y la formación de redes informales y sociedades de crédito suelen reducir los costes de transacción ligados al problema de la financiación. Este tipo de organización facilita el desenvolvimiento del cooperativismo en la economía.
En México, después de la Revolución y la conformación de un régimen político autoritario y vertical, el cooperativismo se constituyó en uno de los referentes de la organización campesina para conseguir crédito de la banca pública y privada. En el noroeste del país y la península de Baja California, la existencia de cooperativas pesqueras, ganaderas, agrícolas y de transporte significó un despunte de la actividad económica y uno de los canales del desarrollo de la región. El propósito del artículo es perfilar qué tipo de cooperativismo se articuló en el Distrito Norte de la península de Baja California y qué tipo de relación guardó con el movimiento cooperativista nacional entre 1930 y 1950.

Palabras claves: Cooperativismo; Crédito agrario; Baja California.

Abstract
In order to the neoclassic conventional theory the operation of the credit markets face two basic difficulties: the asymmetric or imperfect information and the adverse selection of the borrower come together with the nonpayment risk. On and other side, more heterodox, the collectivism, the social capital and the creation of informal nets and credit societies, use to low down the transaction costs related to the financing problem. This kind of organization makes easier the development of cooperativism in economy.
In México, after the Revolution and the establishment of an authoritarian political and vertical regimen, the cooperativism became one of the referents of the rural organization in order to get credit of private and public banks. In the northeast of the country and Baja California peninsula, the existence of fishing, cattle raising, farming and transportation cooperatives means a blunt of economical activity and one of the channels of development in the zone. The purpose of this article is to shape what kind of cooperativism was set up in the Northern District of Baja California and what type of relation kept with the national cooperative movement between 1930 and 1950.

Keywords: Cooperativism; Agrarian credit; Baja California.


 

1. Introducción

La organización cooperativa en el agro requiere de derechos claros de propiedad sobre la tenencia de la tierra y condiciones básicas para los arreglos entre los participantes, así como otras formas de acción colectiva que permitan la coexistencia con el mercado, el crédito y la tecnología. El cooperativismo en México registró denodada actividad en el último tercio del siglo XIX y los primeros decenios del XX, aunque sus raíces se encuentran desde tiempo atrás merced a la organización del trabajo en común de los agricultores para hacer frente a los ciclos pluviales y productivos. Así como responder al aumento de precios de insumos para sembrar y a la astringencia crediticia para sufragar las actividades económicas propias del sector.
Las fuentes históricas y algunos trabajos académicos sugieren que el mercado de crédito y el cooperativismo agrario en México se organizaron a partir del abundante factor tierra y los procesos de desamortización de bienes comunales que golpearon a los pueblos de indios y a las comunidades eclesiásticas entre 1824 y 1882. Para esta última década, el gobierno del general Porfirio Díaz (1876-1910) generó estabilidad política en buena parte de la República Mexicana, proveyó la organización jurídica del comercio, echó a andar el ferrocarril, apuntaló la exportación de bienes primarios y metales preciosos e industriales. En otras palabras sentó las bases del capitalismo en el país, incluidas la zona noroeste y la lejana península de Baja California cercenada durante la pérdida de territorio a manos de los Estados Unidos.
Es en este proceso que se constituyó el trabajo cooperativo, tanto en las provincias de mayor industrialización como en las afectadas por los latifundios y agricultura extensiva, amén de dar bandera a uno de los grupos decisivos durante la Revolución mexicana (1910-1920). Durante aquella etapa el cooperativismo y sus principios fueron conocidos entre una parte de la población discutiéndose las formas de producir, la manera de financiar el campo, la educación rural y el uso de tecnología para trabajar la tierra. Entre las derivaciones de la Revolución destacaron la reforma agraria, la creación de un corpus legal para hacer funcionales las tierras públicas y la pequeña propiedad, así como agencias públicas que ofrecieron avío y refacción al sector agropecuario.
El reparto agrario que se dio en México entre 1915 y 1937, en algunas zonas del país, desestructuró la concentración del factor tierra en manos de latifundista y empresas extranjeras; en otras zonas desequilibró la economía y a los sectores productivos. El efecto de la reforma agraria en el corto plazo benefició a algunas comunidades indígenas y a numerosos agricultores medianos, empero, al avanzar el tiempo, los efectos se revirtieron por numerosas causas, entre ellas el manejo político sobre los agricultores y el enfrentamiento social entre una manera de producir para el mercado o simplemente para la subsistencia.
Los primeros gobiernos post revolucionarios generaron expectativas para seguir un modelo de producción no capitalista aunque ligado al vertiginoso mercado mundial de entreguerras, beneficiándose con las ideas socialistas de la época y la vertiente cooperativista impulsada por intelectuales de todo signo político. La característica de estas propuestas de colectivización y trabajo comunitario fue el apoyo a los productores particulares organizados en sociedades y colectividades de trabajo, siempre y cuando hubiese derechos claros de propiedad sobre la tierra. Merced a los efectos de la Gran Depresión, y a un par de gobiernos progresistas (1933-1940), el ejercicio cooperativista se extendió a los labriegos con propiedad comunal, a grupos indígenas ajenos al mercado capitalista y a los beneficiarios del reparto agrario que en varios casos nunca habían arado la tierra. Al tasar a todos los operarios del agro como iguales, ofreciéndoles tierra y crédito para trabajar el campo, el ejercicio cooperativista se complicó.
El balance histórico económico entre una y otra propuesta está por realizarse, tanto a nivel nacional como regional o provincial, amén de las organizaciones con nombre propio creadas a partir del ejido colectivo, las sociedades locales de crédito agrícola, las cooperativas ejidales, entre otras. Al parecer hacia 1952 el cooperativismo vino a menos y pocos agricultores, pescadores, operarios industriales, transportistas, por mencionar algunos, quisieron seguir en aquel ejercicio de economía social. Al mismo tiempo abandonaron algunos de los vectores resultantes de las iniciativas propias del cooperativismo, como la educación, las cajas de ahorro, la financiación, entre otras.
El propósito de este trabajo es sugerir algún camino para abordar, desde la historia agraria y la economía social, la histórica del cooperativismo en el noroeste de México, así como las particularidades de la producción, la comercialización y el crédito entre los productores de Baja California de aquellas décadas, cuando se registró un boom de exportación de algodón, trigo y productos del mar. Así como abundante migración, repatriación de mano de obra de Estados Unidos, salarios depreciados y demanda permanente de alimentos. Los alcances de este ensayo, sin embargo, resultan minúsculos por tratarse de una investigación en ciernes para la fracción norte de la península de Baja California, en el extremo noroeste de la República Mexicana, y la lenta tarea del rescate de documentos de archivo de los repositorios públicos de la capital del país.

2. Esbozo de una historia por contar: el cooperativismo mexicano

El cooperativismo puede abordarse como parte de la segunda generación de las teorías de la acción colectiva que rompe el supuesto de individuos atomizados, egoístas y totalmente racionales, que supone la economía convencional y en la que se sustenta el neoliberalismo del mundo occidental de las últimas décadas. ¿Cómo superar esta visión y coadyuvar a que las cooperativas y el trabajo mancomunado pervivan dentro del modelo económico vigente? Una explicación desde la academia para el caso mexicano es el análisis del capital social y el capital humano en el largo plazo; ambas herramientas teóricas pueden vincularse al cooperativismo y la acción colectiva que operaron en una economía abierta y luego cuasi-cerrada dirigida por el Estado.
Por otro lado, la historia agraria mexicana ha puesto énfasis en el reparto de tierra y ataque a los latifundios nacionales y extranjeros pero ha hecho poco por explicar por qué los campesinos, los ejidatarios, los obreros y las clases populares en México se sumaron a diversas iniciativas de cooperación colectiva dentro del capitalismo nacional, tanto antes como después de la Gran Depresión. El cooperativismo fue desarrollándose durante el primer tercio del siglo XX (Fujigaki y Olvera, 2004) como parte de la acción comunitaria y social —llamada también capital social—. En el periodo de entreguerras, el cooperativismo cuajó en el sector agropecuario, pesquero y laboral con buenos resultados (Fernández y Fernández, 1973:76-79), incluidos los ejidos que fueron una forma de tenencia comunal de la tierra de labranza, tanto por restitución como por dotación gubernamental. Uno de aquellos espacios de reparto fue el Distrito Norte de Baja California sobre todo en Mexicali, población limítrofe con Estados Unidos, a partir de 1937.
Por capital social entiendo los aspectos de la organización de una comunidad para la acción coordinada y el beneficio mutuo que permite contactos formales e informales entre sus miembros, la generación de redes y vínculos de confianza, así como la mejora de eficiencia en el intercambio social, económico y productivo (Ostrom, 2003. Bordieu, 1986). Este quehacer de acción colectiva se presentó en México entre 1921 y 1946, primordialmente con la organización de campesinos, pequeños propietarios, pescadores y ejidatarios beneficiados por la reforma agraria del presidente Lázaro Cárdenas. En esas décadas aparecieron algunas sociedades locales de crédito agrícola, de crédito regional, de organización ejidal, de producción pesquera, de consumo, de transporte y uniones de crédito.

Tabla 1: Algunas sociedades y cooperativas desarrolladas en Baja California (1925 - 1945)

Nombre Lugar y Año Nombre Lugar y Año
Soc. Cooperativa Colonia Progreso y anexas Mexicali, 1925 Asoc. de Ganaderos y Labradores de Tijuana, Soc. Cooperativa Limitada Tijuana, 1926
Colonias Agrícolas Tijuana y Mexicali 1922 - 1933 Soc. Cooperativa Nacionalista de Consumo y Producción Mexicali, 1927
Soc. Cooperativa de agricultores de Ensenada Puerto de Ensenada, 1927 Soc. Cooperativa Unión Lechera Mexicana Higiénica de Mexicali Mexicali, 1927
Transportadora y Explotadora de Mariscos Soc. Cooperativa. Puerto de San Felipe, 1927 Cooperativa de Agricultores y Ganaderos de la Baja California. Valle Redondo, Tijuana, 1927
Cooperativa de Consumo de la Confederación Regional Obrera de México. Tijuana, 1927 Soc. Cooperativa de Pescadores Puerto de San Felipe, 1930
Soc. Cooperativa General Ignacio Zaragoza Puerto de San Felipe, 1931 Soc. Cooperativa Benito Juárez Puerto de San Felipe, 1931
Sociedad Cooperativa Mixta de Pescadores Puerto de Ensenada, 1933 Sociedad Recreativa Mutualista Puerto de Ensenada, 1936
Reforma Agraria y creación de ejidos 1937-1945 Mexicali, Tijuana, Puertos de Ensenada y San Felipe. Soc. Cooperativa de Pescadores Nacionales de Abulón Isla de Cedros, 1939.
Soc. Cooperativa de Prod. Pesquera de Langosteros de San Ignacio San Ignacio, 1939 Federación Regional de las Soc. Cooperativas de la Industria Pesquera de Baja California Puerto de Ensenada, 1940
Soc. Cooperativa de Producción Pesquera Bahía de los Ángeles Bahía de los Ángeles, 1940 Cooperativa de buzos y pescadores Puerto de Ensenada, 1940
Soc. Cooperativa de pescadores de Punta Banda El Estero, Maneadero, 1941 Soc. Cooperativa de Producción Pesquera Juan Felipe Rico Puerto de San Felipe, 1945

Fuente: AGN, México. Fondos Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, varios expedientes 1934 - 1946. Comisión Nacional Agraria, 1922-1939.

Entre los potenciales cooperativistas-clientes-participantes encontramos en Baja California a labradores individuales y comunales, pequeños propietarios o rancheros, operarios industriales y comerciantes en pequeño. La organización de aquellos, por parte del Estado post revolucionario, concibió el crédito agrícola como una de las maneras de hacer fructificar el cooperativismo en el agro. El capital social en el campo articuló a los pequeños propietarios en sociedades locales (SLCA) y sociedades regionales (SRCA), tanto para producir como para conseguir crédito y comercializar sus productos. El eje que vertebró estos esfuerzos fue el Banco Nacional de Crédito Agrícola, institución financiera y crediticia de carácter público fundada en 1926, la cual engarzó varias de las ideas cooperativas de la década 1920. Además facilitó la operación e instrumentación de las tesis del cooperativismo para sacar adelante a las unidades familiares: formarlas en el ahorro, la instrucción en el trabajo comunitario y potenciar las capacidades de los actores sociales.(1)
Entre 1926 y 1930 las SRCA y las SLCA dieron buenos resultados en las diferentes regiones de México (tabla 2) aunque frenaron su crecimiento en los dos siguientes años y volvieron a retomar fuerza hacia 1933. En mayo de ese año se publicó la ley cooperativa bajo los principios del cooperativismo mundial de la época, aunque en el caso mexicano con un toque particular: brindar a los campesinos organizados en ejidos la posibilidad de acceder al financiamiento y asociarse de manera similar a las SRCA. La gran dificultad fue que los productores de los ejidos compartían la tenencia y el usufructo de la tierra de manera comunitaria por lo que "la propiedad de todos", y de los hijos que vinieron después, dificultó el cobro o la responsabilidad del crédito concedido a muchos y a nadie.

Tabla 2: Algunas sociedades locales y regionales que obtuvieron préstamo del Banco Nacional de Crédito Agrícola

COAHUILA OAXACA ESTADO de MÉXICO
La Nueva Era, Rosales Tehuantepec, S.L.C.A. El Calvario, Acolman
Cooperativa Sta. Gertrudis La Verdad, Ixtaltepec San Mateo Huitzilzingo
Agricultores y Campesinos del Río Grande Agrícola Itsmeña, Chahuites Sta. María Tlalmimilolpan
Luz del siglo XX, Santa Mónica San José del Chilar San Diego Huehuecalco
San Nicolás PUEBLA B. Juárez Coyotepec
Mayrán, S.L.C.A. Campesinos de Chignahuapan San Marcos Huixtoco
Las Habas, S.L.C.A. Alsesequense, Alseseca San Bartolo Otzoltepec
Vega de los Chivos, S.L.C.A. Emiliano Zapata, Tlaltenango Cuauhtémoc Ixtlahuaca
CHIAPAS Progresistas, Huixcolotla Cooperativa Plutarco Elías Calles Capulhuac
El Edén, Tapachula Miguel Hidalgo, Temoxtitla Agrícola Atlapulco
Agrícola y Ganadera de Huixtla Defensa del Honor Nacional Ahuatepec Cooperativa Tenango del Valle
Cooperativa Agrícola de Carrillo Puerto Agricultores de Papa, Oyameles más otras 6 Sociedades El Trabajo, Jajalpa y 50 Sociedades más
Productores de Escuintla TAMAULIPAS VERACRUZ
CHIHUAHUA Sociedad Agrícola e Industrial de Tampico Cafeteros Cuautlalpan
Ceres S.L.C.A. Sociedad Agrícola de Ollama Cooperativa Zapoapita, 3 más
MORELOS Cooperativa de Caballeros TLAXCALA
6 cooperativas de agricultores de Tenextepango Alumnos de la Escuela Agrícola Regional Mutualista Aquiahuac y 4 sociedades más
BAJA CALIFORNIA
Incluye apoyo del Banco Nacional de Crédito Ejidal
Sociedad Cooperativa de Valle Redondo Sociedad Cooperativa de Agricultores del Valle de Mexicali

Fuente: Memorándum sobre la labor social del Banco Nacional de Crédito Agrícola en Fideicomiso de los Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, Fondo Elías Calles, gaveta 8 exp. 42, inventario 493, legajo 3/4. Archivo General de la Nación, Fondo Lázaro Cárdenas, caja 18 exp. 17

No obstante, la incubación de sucursales y agencias del Banco Agrícola a lo largo del país generaría un avance importante de unidades de economía social; los dos tipos de sociedades (SLCA y SRCA) funcionaron como cooperativas de productores de servicios múltiples, como unidades de economía social para allegarse avío y tecnología, así como multiplicadores de la actividad comercial y de la demanda agregada en sus ámbitos de acción.
Las SRCA en M éxico se registraban legalmente como cooperativas o sociedades anónimas, cuyo objeto era ofrecer préstamos de avío, refaccionarios o inmobiliarios para fines agrícolas a sus asociados. La construcción o administración de obras de mejoramiento, compraventa o alquiler de aperos, ganados, maquinaria y útiles de labranza, además de la formación de empresas que industrializaran los productos del campo, grandes almacenes de depósito y seguros contra los desastres naturales y la fluctuación de precios.
Las colectividades formadas por el gobierno federal, para el reparto de tierra, recibieron terrenos de desigual composición y productividad para las tareas agrícolas. Asimismo el Banco Nacional de Crédito Ejidal ofreció crédito para apoyar a los "nuevos" agricultores que nunca antes habían trabajado en conjunto ni recursos financieros para su administración. En el largo plazo, el problema del "no pago" y las amortizaciones de los créditos ahorcó a los ejidatarios y a la propia institución financiera (Méndez Reyes, 2009). Sin embargo, el uso político que la clase dirigente le infundió a los actores y sociedades cooperativas de buena parte del país desvió sus orígenes, apostando más por las asociaciones gremiales que por la acción colectiva a favor de los socios. El partido político de estado, el revolucionario institucional (PRI), aprovechó el conglomerado de cooperativistas y la estructura creada para engrosar sus filas y mítines, sobre todo durante las elecciones federales y locales. El resultado en las décadas ulteriores fue desaprovechar el capital social formado como responsabilidad social y cooperativismo en las décadas ulteriores.
Los participantes o socios de una SRCA podían ser propietarios, agricultores y empresarios de explotaciones agrícolas de una misma región geográfica o económica del país. Al igual que los usuarios de aguas nacionales, los empresarios productores de energía eléctrica, los dedicados al transporte, los propietarios en pequeño y hasta los administradores de ganados o de cualquier género con intereses agrícolas regionales. Entre las condiciones administrativas para crear las SRCA se requería una inversión conjunta de quinientos pesos como mínimo, diez socios debidamente registrados y la posibilidad de emitir acciones nominativas de diez pesos cada una. Esta clase de acciones nominativas no podían ser enajenadas ni gravadas si no junto con las tierras o los establecimientos industriales u otros derechos. Cuando la SRCA estuviese registrada en la oficina central podía solicitar financiamiento del Banco Agrícola o Ejidal, la representación de las instituciones financieras se extendió a lo largo del país y por lo menos hubo una agencia o delegación en las principales localidades de cada provincia o entidad federativa.
La administración de una SRCA debía ajustase al Código de Comercio vigente. Los consejeros debían ser oriundos de la región, designados en Asamblea General de Accionistas y sin remuneración alguna. Por su parte las SLCA eran compañías de responsabilidad limitada otorgando préstamo de avío o refaccionario a los agricultores de la localidad —literalmente entre la gente de la ranchería o el pueblo— y operando como caja de ahorros. El objeto principal era facilitar recursos a sus asociados para el avío, la refacción y la organización de la explotación agrícola, esto es, adquirir para el uso común, venta o alquiler a los asociados, maquinaria agrícola, semillas, abonos, herramientas, ganado, aves y sementales.
Las SLCA debían iniciar sus trabajos al menos con 20 asociados formando una "comunidad económica y social" ya fuera por su antigüedad en la cooperativa, la unidad de sus cultivos o "por el estrecho conocimiento personal que tienen los asociados, unos de otros". Bajo el supuesto de la confianza y la reciprocidad de los cooperativistas se desarrollaron las Sociedades Regionales de Crédito Agrícola, las Sociedades Locales de Crédito Agrícola, las Uniones de Crédito, las Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera y las Cooperativas Ejidales. Así pues, la responsabilidad social de las cooperativas las distinguía del resto de las unidades productivas de la economía nacional, un trabajo similar al descrito en el modelo de Ostrom (2003) o de las recientes cooperativas de crédito españolas (Server y Villalonga, 2008).
A pesar de que las sociedades de crédito estuvieron reguladas por las leyes agraria y bancaria de 1926, 1934, 1938 y 1943, las decisiones de peso, como cuánto otorgar de crédito, a qué productos beneficiar, a qué cooperativas o zonas del país beneficiar, pasó por el cedazo de la decisión política de los gobiernos en turno. Tan sólo entre los años de 1933 y 1941 la ley cooperativa se modificó tres veces y la formación de SLCA y SRCA poco a poco se fue frenando. En cambio, cuando el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización creó sociedades ejidales la operación política con los ejidatarios y las cooperativas se fortaleció y politizó (tabla 3).

Tabla 3: Algunos ejidos en Baja California con apoyo del partido revolucionario institucional (1945-1950)

Adolfo Ruiz Cortínez Lázaro Cárdenas Dieciocho de marzo Guerrero
Aguaje Arroyo León Carrizal Dos Cerro Prieto Hermenegildo Galeana
Aguascalientes Cerro Prieto Emiliano Zapata (mancomunado) Hermosillo
Álamo Ciudad Victoria Ensenada Héroes Independencia
Algodones Coahuila Eréndira Hindú
Aquiles Colonia Dos Cerro Prieto Félix Ireta (mancomunado) Ignacio Sánchez (mancomunado)
Arriba Jalisco Compuertas Francisco Villa (mancomunado) Indiviso
Artículo 3° 1910 (mancomunado) Cuauhtémoc Gabino Vázquez Pachuca
Artículo 23 (mancomunado) Cucapás Mestizos Gallo Islas Agrarias
Baja California Cuernavaca Gral. Alberto Oviedo Mota Jacume
Benito Canales Chilpancingo Gral. Gabriel Leyva Velázquez José Ma. Morelos
Benito Juárez (mancomunado) Chapultepec Grupo Hidalgo no. 2 Josefa Ortiz de Domínguez
Braulio Maldonado Chiapas Gral. Melitón Albañez (mancomunado) Kilómetro 49
Buenavista Delta Guadalupe Victoria Kilómetro 57
Calmalli Desiertos Vizcaino Guanajuato Mazatlán

Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Adolfo Ruiz Cortínes, expedientes Ejidos.

En el caso de Baja California, ese tipo de acción colectiva a través del ejido dejó mucho que desear, pero siempre con la promesa a los campesinos de nuevos recursos monetarios para sembrar, cosechar y vender su escasa producción.
En el otro extremo, la acci ón colectiva de las sociedades formadas por propietarios privados funcionó en los primeros años tanto para el ámbito agropecuario como, más tarde, para la pesca, la silvicultura, los servicios, el transporte, entre otros, haciendo funcionar el crédito proveniente de del Banco Nacional de Crédito Agrícola, el Banco Nacional de Crédito Ejidal y la banca privada.
¿Operó mejor el cooperativismo agrario con productores privados que con ejidatarios con tierras comunales? No necesariamente. ¿Funciona mejor el cooperativismo con agentes libres y la organización responsable de los mutuatarios y deudores? Al parecer sí cuando los trabajos del cooperativismo se proyectan para el largo plazo y el papel del gobierno apunta en la misma dirección. Las fuentes documentales indican que el ciclo político también alcanzó a las Sociedades Locales y Regionales de Crédito Agrícola, al igual que las Uniones de Crédito. La intervención política del gobierno y los partidos políticos regionales "congestionaron" el modelo con otro tipo de demandas y a través del control electoral. La evidencia empírica constata que la intervención del gobierno entre 1925 y 1938 fue benéfica hasta que los intereses del grupo político en el poder socavaron las bases del cooperativismo mexicano.

3. El crédito y la financiación agraria.

Los créditos que el Banco Agrícola otorgó a las sociedades locales y regionales eran débitos en moneda corriente. El destino era para operaciones con sus asociados, préstamos de avío (en cuenta corriente y de corto plazo) o de refacción (crédito a plazo fijo). Tan pronto eran aprobados los recursos monetarios, los socios resultaban mutuatarios solidarios de la deuda y la acción cooperativa evitaba gestiones dispendiosas. La confianza entre los prestatarios —por el conocimiento tan cercano que tenían como vecinos o conocidos— así como la discusión colectiva de lo que necesitaban en la comunidad/sociedad facilitó el pago del principal y los intereses. El ejercicio colectivo preparó también la proyección de nuevos préstamos, el tipo de maquinaria a comprar y la manera en cómo repartirse el trabajo y las ganancias futuras.
Al operar los dos tipos de sociedades, locales y regionales, como colectividad, los socios resolvieron el problema financiero y legal sobre la naturaleza del solicitante (personal o real) y el tipo de garantía. Las sociedades de crédito operando como cooperativas de responsabilidad limitada, abrieron la posibilidad de contratar préstamos de avío (para gastos de cultivo y de cosecha), de refacción (para preparar la tierra, adquirir ganados, aperos, abonos, semillas, maquinaria e implementos agrícolas) e inmobiliario (para obras permanentes y construcción, irrigación o comunicaciones), ampliando además, la zona de influencia y la temporalidad del contrato. El cooperativismo cuajaba en México extendiéndose a buena parte del país.
En el caso del Banco Agrícola, el crecimiento de las sociedades y su dispersión a lo largo del territorio nacional (tabla 4, mapa 1), favoreció la regionalización y la atención de las cooperativas en el país. Inclusive extendió los beneficios a aquellas que financiaron la producción y comercialización de los bienes primarios con gran demanda durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo el guayule (hule), el café, el garbanzo, el henequén, la lechuguilla (ixtle) y el algodón. Sin embargo, al ir cambiando la política económica y la intervención del Estado en la economía, el sistema cooperativo inicial pasó a una segunda etapa, la de preferir al ejido como unidad productiva.

Tabla 4: Atención a cooperativas agrícolas por zonas geográficas (1943)

Zona centro
(V)
Zona Golfo y Occidente
(II, V)
Zona Norte
(I, III)
Zona sur
(IV)
Amecameca, Estado de México Camargo, Tamaulipas Anáhuac, Nuevo León Pichucalco, Chiapas
Pabellón, Aguacalientes Victoria, Tamaulipas C. García, Zacatecas Puebla capital
Pachuca, Hidalgo Guadalajara, Jalisco Obregón, Sonora
Silao, Guanajuato Matamoros, Tamaulipas Culiacán, Sinaloa
Toluca, Estado de México Veracruz, Veracruz Delicias y Chihuahua capital
Uruapan, Michoacán Durango, Durango
Villa Acuña, Coahuila
Mexicali, Baja California. 54 sociedades de crédito colectivo ejidal divididas en 9 sectores con las cuales se formaron colonias ejidales en la zona del valle

(2) Fuente: Banco Nacional de Crédito Agrícola, Depto. de Contaduría, 1943. Archivo Histórico del Estado de Baja California, caja 45, exp. 7, 2 fojas.


Mapa 1

La fundación de nuevos ejidos para sacar al campesinado del atraso y dejándose a un lado el trabajo individual y colectivo de las sociedades locales y regionales. Es decir, hubo preeminencia de la propiedad colectiva sobre la pequeña propiedad y el reparto agrario per se, en contra de las parcelas con títulos de propiedad individual. Lo que no implica que el ejido como respuesta al abandonado agro mexicano haya fallado del todo, pero un esquema ideado para trabajar con propietarios privados que sumaban esfuerzos para trabajo común superponiéndolo a otra manera de producir, organizar la vida y remedando las sociedades de crédito fue una temeridad y tal vez un fracaso.
Desafortunadamente las cooperativas de crédito ejidal se armaron como una calca de las sociedades locales y regionales de crédito agrícola llevando al trabajo colectivo de la responsabilidad ilimitada a la "responsabilidad limitada y suplementada. (Fernández y Fernández, 1973: 47-50). Legalmente las cooperativas de crédito ejidal tuvieron como función organizar la explotación colectiva del ejido, obtener crédito para el desarrollo de sus trabajos y conceder a sus socios préstamos comerciales, de avío, refaccionarios, inmobiliarios, entre otros. Esto es, funciones casi idénticas a las sociedades que trabajaban con pequeños propietarios, la diferencia en la práctica no fue evidente sino hasta conocerse sus resultados. Asimismo, el tipo de propietarios a quienes atendían las cooperativas ejidales carecían de títulos individuales de propiedad pues legalmente el ejido era de todos, una verdadera comunidad utópica pero sin sentido del mercado, con manejo político de los líderes, llamados comisarios ejidales y egoísmo difíciles de controlar por las dádivas del partido político oficial.
Las cooperativas colectivas ejidales dependieron de los repartos de tierras incultas, baldíos sin dueño, fincas arrebatadas a terratenientes o acaparadores y entregados a los campesinos de manera comunitaria. La reglamentación mencionaba que se restituía tierra a los pueblos a quienes se les había despojado en el pasado, así como a "nuevos campesinos" a quienes se les dotaba parcelas y ejidos para cumplir con una de las demandas de la Revolución mexicana. Así inició la reforma agraria mexicana y luego, a través de un engorroso trámite que podía extenderse por años, el presidente de la República aprobaba su posesión y el título correspondiente para formar el ejido. Éste no podía ser enajenable ni embargable aunque con el tiempo se hizo a un lado la ley al grado de arrendar o prestar la parcela, inclusive venderla con la oposición natural del resto de la comunidad.
La reforma agraria del presidente Lázaro Cárdenas inició en la entidad donde él nació, Michoacán, y en los estados norteños como Coahuila y Baja California. En este sentido, las parcelas entregada entre 1934 y 1937 no siempre fueron las mejores, la proporción entre las áridas, arenosas o de temporal y las que contaban con riego y humedad para las siembras estuvo en el orden de 1 a 5. La política cardenista se encaminó a apoyar a los ejidatarios con ambos tipos de tierras, el resultado fue desproporcionado: unos ejidos con excelentes tierras para la agricultura, otros con rezago considerable y baja productividad que difícilmente gozaron de crédito.
La ley agraria de enero de 1934, pero sobre todo las modificaciones a raíz del cooperativismo mundial de 1937, orillaron al gobierno a constituir todo tipo de sociedades cooperativas para el campo con el 75% de sus miembros salidos del bloque de ejidatarios. Las dos administraciones políticas de la década 1940 intentaron llevar adelante la política crediticia de antaño, al parecer los resultados no fueron los esperados. No obstante, en el caso de Baja California, la siembra de algodón y el aumento de la demanda internacional, durante la Segunda Guerra Mundial, creó expectativas favorables entre los productores. Al caerse la demanda de aquella materia prima, el ciclo negativo siguiente sumió a los ejidatarios y exportadores privados en una fuerte crisis que replanteó el papel del crédito agrario. Sobre todo cuestionó la política de reparto a los campesinos que por causas varias abandonaban las tierras que dos décadas atrás recibieron como dádiva revolucionaria.

4. La financiación agraria en Baja California, una tarea pendiente.

La península de Baja California fue dividida administrativamente en dos distritos, norte y sur. El área de análisis en este estudio comprende la franja norte que colinda con Estados Unidos e incluye a ciudades como Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, San Quintín y los puertos de Ensenada y San Felipe. Hacia 1932 el estatus político del Distrito fue modificado a Territorio Norte rigiéndose baja la reglamentación del Distrito Federal y veinte años después se convirtió en una entidad federativa más de la República Mexicana. El gobierno federal designó desde 1920 al gobernador o encargado del Territorio y a partir del nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, antecedente del PRI, ganó las elecciones de manera permanente con la manipulación del proceso electoral y la movilización de los campesinos y las clases populares.
Los campesinos aglutinados en las sociedades y cooperativas ejidales no fueron ajenos a la política partidista. De hecho, cualquier campesino o colectividad que deseara tierra y permanecer con ella debía agremiarse a la Confederación Nacional Campesina, atender las recomendaciones del Departamento Agrario con sede en la ciudad de México y agencias en Tijuana y Mexicali, así como recurrir al Banco Nacional de Crédito Ejidal para allegarse de crédito.
Por su parte, el Banco Nacional de Crédito Agrícola poco a poco sustituyó la preeminencia de trabajo con pequeños y medianos propietarios para atender a las cooperativas ejidales, incluso con la existencia del Banco Nacional de Crédito Ejidal, que en teoría debió atender a estas últimas. Fue en ese momento, entre 1937 y 1940, que apareció clara la diferenciación entre cooperativas de crédito vinculadas por la confianza y la acción colectiva y las asociadas al comisariado ejidal, al líder agrario y al Partido político que el general Lázaro Cárdenas denominó Partido de la Revolución Mexicana.
Aunque la distinción "no sea tajante" (Fernández y Fernández, 1973:48) entre las cooperativas ejidales de Baja California y el resto del país, el contraste básico fue la manipulación política desde el inicio del cooperativismo agrario en la región. En este sentido, la tarea de la historia es presentar los hechos ocurridos de la manera más nítida sin hacer juicios de valor de los hombres y las mujeres que intervinieron en el proceso. No obstante, si la evidencia empírica y la investigación analítica derrumba a los héroes de la historia oficial, nada más alejado del historiador que tomar posturas a favor o en contra. En todo caso, el propósito inicial de las pesquisas fue entender por qué el cooperativismo agrario en los ejidos no benefició a la mayor parte de los agricultores como venían haciéndolo las sociedades locales y regionales de crédito.
Asimismo, entre las preguntas de investigación que aún no han sido resueltas por los historiadores mexicanistas y estudiosos nacionales está el verdadero impacto del ejido colectivo en la producción local, la organización del campesinado que llegó de fuera de la región, el desplazamiento de la mano de obra asiática que trabajaba en los campos algodoneros y la repatriación de connacionales de Estados Unidos por efecto de la Gran Depresión y luego por el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Posterior a la revisión de varios expedientes del Archivo Histórico de la Nación, las cooperativas ejidales bajacalifornianas, generaron magros resultados al cooperativismo propiamente dicho. Aquel tipo de cooperativas crecieron de manera considerable en el mediano plazo, pero al mismo tiempo incrementaron el papel del cacique (Ankerson, 1998) como intermediario entre la oferta de crédito, la comercialización y la elección del tipo de producto que se vendería (3). Debe aceptarse que hubo éxitos en la política ejidal, como en el caso de la Comarca Lagunera cuyas cooperativas de crédito ejidal integraron uniones de crédito importantes en las décadas 1940-1950. Además por el tipo de bien comercializable, el algodón, altamente cotizado durante la Segunda Guerra Mundial y el proceso mexicano de sustitución de importaciones, las cooperativas fueron un éxito hasta la depresión agrícola y la sustitución de la fibra natural por fibras sintéticas.
Otro apoyo fundamental, para que saliera adelante la Comarca Lagunera, fue el papel del banco central mexicano que inició una permanente "absorción" de la cartera vencida de los ejidatarios, tanto de saldos insolutos como de créditos irrecuperables de parte del Banco Nacional de Crédito Ejidal. El mismo proceso ocurriría en otras provincias del país como Morelos, Michoacán, Tamaulipas y Puebla. Esto es, la política agraria del colectivismo ejidal descapitalizó a la institución financiera pública que al final provocó su quiebra.
¿Qué pasó con la otra agencia pública oferente de crédito para el campo? La descapitalización del Banco Nacional de Crédito Agrícola redujo las operaciones y recursos a favor de las sociedades locales y regionales hacia 1933, imposibilitando la aparición de nuevas cooperativas de productores en pequeño y dueños de su parcela hacia 1937. No se cancelaron las SLCA o las SRCA pero sí se debilitaron. Además los gobiernos anteriores al populismo económico de Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas, endilgaron al Banco Nacional de Crédito Agrícola adeudos federales para amortizar bonos de deuda agraria y la administración de fincas rústicas y urbanas incautadas o confiscadas durante el proceso revolucionario(4)
Muchos de los créditos hipotecarios, negocios y ranchos confiscados fueron a parar a manos de políticos y líderes sindicales. Por ejemplo las haciendas (estancias) de Santa Rosa y El Porvenir en Nuevo León, los Ébanos en Tamaulipas, dos decenas en Guanajuato y Veracruz, así como el ingenio central de Ayotla en Oaxaca. Entre 1927 y 1939, el gobierno federal continuó adjudicándole al Banco Agrícola haciendas intervenidas por razones políticas, órdenes judiciales o traspasos hipotecarios incobrables de los antiguos acreedores. En el caso de Baja California fueron pocas las haciendas de nacionales confiscadas, las que sí se sometieron a la reforma agraria fueron las de extranjeros asentados en la península, como la Colorado River Land Company, y otras de capital mixto como La Compañía Industrial Jabonera del Pacífico, Sociedad Cooperativa Limitada.
En resumen, buena parte del experimento cooperativo y colectivista de la post revolución funcionó en buena parte del país merced al Banco Nacional de Crédito Agrícola, la formación de cooperativas de consumo, comercialización y exportación vinculadas a los propietarios, rancheros, operarios y comerciantes individuales que voluntariamente decidieron sumarse a la acción colectiva. La extensión del modelo cooperativista hacia los ejidatarios creó las cooperativas ejidales pero forzó el esquema, en primer lugar por la falta de títulos de propiedad individual, el reparto de tierra y la creación de unidades ejidales con gente de diferentes lugares del país, la falta de un programa de instrucción en los principios del cooperativismo y, sobre todo, que el cooperativismo quedó subsumido a los intereses políticos del partido único de Estado
Las cooperativas ejidales de crédito nacieron con deficiencias insalvables. Al recurrir al Banco Nacional creado ex profeso para atenderlas pero sin la responsabilidad limitada y el pleno conocimiento de la reglas del cooperativismo, se construyó en arena movediza. Además los beneficios magros que genera la agricultura de temporal frente a la de regadío fue la característica de la propiedad ejidal. La tecnología y el riego alcanzaron tardíamente a los campesinos y ejidatarios de buena parte del país, quienes a partir de 1940 emigraron al norte del país para cruzar Estados Unidos y sumarse como fuerza laboral en los campos y manufactura de las ciudades fronterizas.

5. Hacia una historia del cooperativismo en Baja California

El ejido como figura jurídica de tenencia de la tierra quedó excluido de la división y la privatización de tierras comunales durante el Porfiriato. La mayor contrariedad es que continuó subdividiéndose en todo ese tiempo hasta que entraron en vigor la ley agraria de 1915 y la ley del Patrimonio Ejidal Familiar de 1925 (Knowlton, 1998: 92-93). En aquella jurisprudencia se estableció la naturaleza de la propiedad ejidal: inalienable, inembargable, con pleno derecho de usufructo y ninguna posibilidad de venderse, hipotecarse o arrendarse. Empero, si dejaba de cultivarse por dos años, el ejidatario podría perder su tierra y las autoridades del poblado asignarla a otro miembro de la misma población, incluso a vecinos cercanos o fuereños "interesados en trabajarla".

Este sistema por medio del cual el comité podía distribuir las parcelas arbitrariamente entre los ejidatarios, originó una gran corrupción entre los líderes locales (al entregar las mejores parcelas a familiares y amigos) y se volvió un arma de presión política contra los campesinos, los cuales estaban temerosos de que les privaran de derecho de su parcela si eran malagradecidos con los políticos locales. (Eckstein, 1966, p. 52).

La producción ejidal y la conformación de cooperativas de crédito comunitario fue una constante del agro mexicano entre 1937 y 1950. En buena parte del país se convirtió en la única forma de instrumentar el cooperativismo políticamente correcto y legalmente operante, tanto para recibir recursos de la banca de desarrollo como la protección del PRI y la benevolencia de los caciques locales para preservar el ejido como instrumento del corporativismo mexicano en el agro. (Falcón, 1977. 1984).
Frente a la ausencia de estudios sobre el crédito agrícola y el cooperativismo mexicano que permitan comparar regiones no queda más que hipotetizar o elucubrar sobre lo ocurrido entre la conformación del ejido colectivo y la financiación al campo. Por ejemplo, para entender el caso de Baja California identificamos cuatro periodos que no necesariamente corresponden con los ejidos exitosos de la Comarca Lagunera o el Yaqui en Sonora. A saber, 1890-1915, cuando la Revolución mexicana alcanza la península en todas sus áreas y con varias de sus propuestas de cambio; 1915-1933, periodo en el que se conforman las primeras cooperativas, colonias agrícolas y mancomunidades; 1933-1941 que incluye el periodo de entreguerras y el boom algodonero de exportación de fibra y semilla; 1942-1950 con la preeminencia del ejido colectivo, la desestructuración de la gran propiedad y sociedades locales, regionales y cooperativas no ejidales que funcionaban de manera adecuada, como el caso de la Jabonera Industrial.
Baja California es la extensa península del noroeste mexicano que formó parte de la California novohispana en la que destacó la labor misional de jesuitas, franciscanos y dominicos con los grupos indígenas de la región hasta bien entrado el siglo XIX. La riqueza natural con la que cuenta la península incluye recursos piscícolas, mineros, agrarios, ganaderos, entre otros. Buena parte de aquellos fueron cercenados con la pérdida del territorio nacional a manos de Estados Unidos entre 1836 y 1848. A partir de entonces la zona fronteriza tuvo su propia dinámica sobre todo durante el gobierno de Porfirio Díaz (1876-1911) cuando se sentaron las bases del capitalismo mexicano.
Como mencionamos en el apartado anterior, al iniciar el siglo XX la península de Baja California estaba organizada administrativamente en dos departamentos, el norte y el sur. En el norte las principales poblaciones fueron Ensenada, Tijuana, Tecate y Mexicali. La primera como engarce con el departamento del sur vía marítima, así como con el suroeste de los Estados Unidos y la cuenca del Pacífico. Las tres últimas, limítrofes con poblados estadunidenses que crecieron y se desarrollaron económicamente al unísono, incluso frente a sus pares del otro lado de la frontera, como el caso de Caléxico - Mexicali, denominadas así por la combinación de las palabras México, California.
Aquel espacio comprendido entre Valle Imperial y Caléxico, EE.UU. y el valle de Mexicali en territorio mexicano contó con abundantes terrenos irrigables y buenas tierras para el cultivo de trigo, algodón y hortalizas. En las primeras décadas del siglo XX destacaron como unidades productivas la Colorado River Land Company y algodoneras y despepitadoras que abastecían a ambos países. El desarrollo de la región fue acompañado con la construcción del ferrocarril Mexicali - Yuma, por parte de la Southern Pacific Railway, detonando la agricultura comercial de la zona, los negocios y comercios, la edificación de viviendas y la llegada de nueva población nacional y extranjera, destacando chinos e hindúes.
Uno de los cultivos clave de aquel desarrollo fue el algodón en rama y semi manufacturado en pacas estándar para su confección en el mercado nacional y de exportación. La producción mexicana de algodón se remonta al siglo XVI pero fue en la década 1860, durante la Guerra de Secesión del país vecino, que el norte mexicano aceleró el cultivo y exportación del "oro blanco" en rama y procesado. La producción en gran escala del algodón data veinte años atrás básicamente en el norte de México, destacando el valle de Conchos en Chihuahua y extendiéndose al valle de Matamoros en Tamaulipas, la Comarca Lagunera, el valle de Mexicali, la región del Yaqui, Sonora y Don Martín en Nuevo León entre 1890 y 1935. Ya avanzada la década 1920 se sumaron otras poblaciones en el occidente y el sur de la República, como Sinaloa, Nayarit y Veracruz.
A finales del año 1935, México ocupó el octavo lugar de producción mundial de algodón y en 1943 subió un peldaño, muy cercano a Egipto de donde es originario ese commodity. No obstante, Estados Unidos continuó proveyendo más de la mitad del producto a nivel mundial y México continuó dedicando extensiones cada vez más amplias para la producción de algodón, henequén y semilla de algodón, así como productos agrícolas de alta demanda en épocas de guerra.
En todos los casos destacaron grandes productores privados y algunas sociedades locales y regionales de crédito agrícola, cooperativas ejidales y grupos que pusieron en marcha su capital humano y la economía social para contribuir al desempeño económico de la zona. Por ejemplo la Compañía Algodonera de Baja California, la Mexican Chinese Ginning Company, la Lower Colorado River Ginning Company, la Jabonera del Pacífico, la Unión Agrícola y Ganadera, las fraccionadoras y constructoras, entre otras.
Es probable que la demanda internacional de bienes primarios, generada por la Segunda Guerra Mundial, orillara al gobierno mexicano a aprovechar la coyuntura sumando a los ejidatarios, a quienes la política agraria del gobierno poco a poco iba organizando a lo largo del país. A final de cuentas esa fue una de las intenciones de hacer la revolución, integrar a un número mayor de habitantes a las actividades productivas con salarios adecuados y mejores condiciones sociales para la población. El algodón fue aprovechado en rama y en paca, en semilla natural y mejorada, inclusive las semillas después del despepite sirvieron para elaborar pólvora sin humo.
De este modo, la producción de algodón en México cobró importancia y colocó al valle de Mexicali, Baja California, en un permanente segundo lugar como oferente del "oro blanco", sólo por debajo de la Comarca Lagunera, otra de las regiones donde la reforma agraria dotó de terrenos a los agricultores para formar ejidos y cooperativas de crédito dependientes del Banco Nacional de Crédito Ejidal.Las sociedades de agricultores, pescadores, artesanos, camioneros que formaron parte del cooperativismo bajacaliforniano y la acción colectiva durante el segundo cuarto del siglo XX son las que analizamos como ejercicio de economía social. La investigación de largo plazo tratará de comprobar parte de la hipótesis planteada en este texto, que el cooperativismo para la financiación del campo fue una de las estrategias de economía social de los agricultores de aquel tiempo en la península de Baja California. En el futuro tendrá que demostrarse que el reparto agrario cardenista en la región fue impuesto y de ningún modo "el asalto a las tierras" —que la historiografía local ha elogiado como el inicio de la reforma agraria en contra de la Colorado River Land Company— fue el cumplimiento de una demanda revolucionaria de corte agrario en Baja California. Inclusive dejó fuera a varias de las comunidades indígenas que desde el siglo XIX reclamaron sus antiguos territorios en ambos lados de la frontera México - EEUU, posterior a la pérdida definitiva de la Alta California en 1856.
Un segundo proyecto de largo plazo deberá versar en la aplicación de las tesis del cooperativismo agrario y la formación de poco más de 40 núcleos ejidales que debieron trabajar en común, por la naturaleza jurídica del ejido y por la política agraria seguida por el gobierno mexicano. En este caso, las primeras evidencias empíricas nos orillan a cuestionar el verdadero papel de la intervención gubernamental en el agro bajacaliforniano entre 1937 y 1950. La pretendida reforma agraria en Mexicali inició en enero de 1937 y en abril de ese año llegó el Banco Nacional de Crédito Ejidal a ofrecer dos pesos diarios a cada ejidatario, poco menos de un dólar estadunidense, la moneda de uso corriente en la frontera.

Esta cuota de dos pesos diarios por ejidatario no la determinó un estudio técnico previo, sino las circunstancias del momento que urgían ayuda económica pronta y eficaz para los nuevos ejidatarios que no podían recibir los beneficios de nuestra Institución ni la ayuda del crédito particular que les fue retirado inmediatamente después de haberse convertido en ejidatarios. Una vez hecho el estudio deberá hacerse un cálculo para determinar el verdadero préstamo diario que puede concederse a los socios activos de las diferentes colectivas... más de dos pesos a los socios cuya capacidad de trabajo sea superior, y menor de dos pesos para ejidatarios pertenecientes a sociedades que no tengan suficientes garantías o capacidad de trabajo.(5)

En el mediano plazo, el apoyo crediticio se condicionó, detuvo la producción extensiva y las economías de escala que pudieron haber logrado las sociedades locales y regionales de crédito agrícola. Para 1950 el Banco Nacional de Crédito Ejidal contaba a lo largo del país con más de veinte jefaturas de zona, dos centenas de sociedades de explotación individual, trescientas de explotación colectiva, veintitrés de interés colectivo agrícola y quince uniones de crédito. La experiencia de preferir al ejido en lugar de las sociedades locales o regionales se extendió hacia Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Baja California tanto para la agricultura como para la pesca, la ganadería, el comercio y el transporte.
Por último, no se cuestiona la reforma agraria cardenista por sus alcances políticos, era justo resarcir a los viejos pueblos y repúblicas de indios despojados en el tiempo, pero ese proceso no fue unívoco ni homogéneo. En el sur del país, la zona golfo y el occidente urgía repartir la tierra concentrada en unas pocas manos. En el norte y los territorios federales las demandas eran otras, la concentración de tierra existía pero no como demanda de reparto, ni siquiera había población suficiente para el mismo. En aquella zona del septentrión mexicano, Baja California por ejemplo, las grandes concentraciones y la pequeña propiedad convivían dentro del capitalismo de inicios del siglo XX. El problema para trabajar en el sector agropecuario fue el crédito, entre otras carencias, por lo que organizarse a través de cooperativas y de unidades de economía social proveyó a la población de una alternativa real y viable para hacerse de recursos monetarios.
Las primeras cooperativas vendrían a ser apoyadas por las sociedades locales y regionales del Banco Nacional de Crédito Agrícola, ofreciendo avío y refacción con la garantía solidaria de los socios y la producción de las parcelas de las que eran dueños. En el otro extremo, los mexicanos habilitados como ejidatarios, sin parcela propia, unos de la localidad fronteriza, otros llevados con la promesa de una finca para trabajarla en comunidad tardaron mucho tiempo en comprender qué era el cooperativismo y cómo recibir recursos financieros sin obligarse a pagarlos en tiempo y forma. Además el uso político que se le dio a los campesinos aglutinados en los ejidos incentivó la cultura del no pago: "porque los ejidatarios tienen celebrados contratos en condiciones desfavorables frente a los propietarios, rancheros y agricultores locales financiados por el Banco Nacional de Crédito Agrícola." (6)
Asimismo, el gobierno federal a través del banco central absorbió deudas permanentes de las cooperativas ejidales como parte del paternalismo del Estado mexicano y el proyecto político y económico del partido oficial

pues no puede permanecer insensible a [sus esfuerzos] y conviene fortalecer la moral de los ejidatarios auxiliándolos en la satisfacción de sus compromisos... [por tanto] deducirá el Banco Nacional de Crédito Ejidal, $251,817.76 de las sociedades locales de crédito ejidal de Mexicali, Hechicera, Cuervos y Tijuana. (7)

Otro tema no tratado y queda como corolario fueron las quejas permanentes que encontramos en los documentos agrarios de Baja California respecto a las comunidades indígenas, como los cucapá y los kiliwa, echados de sus tierras para crear y dotar de ejidos a los inmigrantes que fueron asentándose en la península. Además a varios agricultores mexicanos y chinos de antaño fueron despojados por los agraristas y los "nuevos ejidatarios" que tomaron para su provecho tierras desmontadas con antelación y con obras de irrigación y crédito asegurado por las excelentes cosechas anuales merced al crédito agrícola alcanzado a través del cooperativismo bajacaliforniano. El pequeño y lejano ejercicio de economía social que supo aprovechar el capital humano y las condiciones del Estado mexicano que proveyó de recursos a los socios a través del Banco Nacional de Crédito Agrícola.

Notas

(1) Ley de Crédito Agrícola, 1926, capítulo III, artículo 4º, apartados IV y V.

(2) N.B. La ubicación en el mapa está señalada en números romanos, aunque sólo para ubicar de manera general donde se encuentran las ciudades referidas.

(3) Por ejemplo, en el balance contable del Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1944 fueron reportadas 5,794 CEE o sociedades de crédito comunitario ejidal con 430,426 socios a quienes se benefició con la estratosférica cantidad de 12.8 millones de dólares de la época (1USD = $8.50).

(4) Una buena parte del fondo documental Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, sito en el Archivo General de la Nación, refiere el nombre de las fincas, su ubicación, su valor de mercado, sus antiguos propietarios y en algunos casos cómo pasaron aquellas al Banco Nacional de Crédito Agrícola.

(5) Carta del gerente del Banco Nacional de Crédito Ejidal al Lic. Agustín Leñero secretario particular del Presidente Lázaro Cárdenas, México, D.F., 24 de marzo de 1939, en: Archivo General de la Nación, Fondo Lázaro Cárdenas expediente 565.4/1852, 2 fojas.

(6) Telegrama de Julián Rodríguez Adame, representante del Banco Nacional de Crédito Ejidal, al Gral. Lázaro Cárdenas, La Paz, Baja California Sur, 15 de julio de 1939" en Acervo Documental del Instituto de Investigaciones Históricas, Fondo Lázaro Cárdenas, IIH-UABC, caja 22, expediente 34, 4 fojas.

(7) Acuerdo [presidencial] dirigido a las Secretarías de Agricultura y Fomento y de Hacienda y Crédito Público", México, D.F. 20 de diciembre de 1944, en: Archivo General de la Nación, Fondo Manuel Ávila Camacho, expediente ejidos.

Fuentes

Archivo General de la Nación, México, Fondo Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura. Fondos Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés.

Fideicomiso de los Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, Fondo Elías Calles.

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Fecha de recibido: 1 de diciembre de 2010.
Fecha de aceptado: 19 de mayo de 2011.
Fecha de publicado: 25 de julio de 2011.