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Mundo agrario

On-line version ISSN 1515-5994

Mundo agr. vol.11 no.22 La Plata Jan./June 2011

 

DOSSIER

Agroindustria láctea, regulación estatal y cooperativismo, 1930-1955

Milkindustry, state regulation and dairy cooperative sector, 1930-1950

 

Gabriela Olivera

Universidad Nacional de Córdoba
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
golivera@ffyh.unc.edu.ar;
golivera@cordoba.net

 


Resumen
En este artículo presentamos los resultados de la investigación en curso sobre las estrategias institucionales desplegadas por el sector lácteo cooperativo y su injerencia en el diseño de las políticas sectoriales. Consideramos una variado repertorio de fuentes: legislación, diagnósticos, informes éditos e inéditos producidos por el Estado y por diversos actores del cooperativismo lácteo. En el tratamiento de esta temática problematizamos la cuestión de la lógica corporativa entre actores estatales y cooperativos. Consideramos además, los proceso de agregación de intereses en el espacio público que se dieron a partir de los debates y las experiencias de acción, organización y alianzas entre las entidades cooperativas lácteas.

Palabras claves: Cooperativismo agrario; Políticas agrarias; Agroindustria láctea; Historia agraria.

Abstract
We present the results of ongoing research into the strategies deployed by the dairy cooperative sector and the interference of these in the design of sectoral policies. We believe a diverse portfolio of sources: legislation, diagnoses, edit and unpublished reports produced by the State and by various actors in the dairy cooperative. In the treatment of this subject discussed the issue of corporate logic state actors and cooperative. We consider also the process of aggregation of interests in public space that came from the discussions and experiences of action, organization and partnerships between dairy cooperative entities.

Keywords: Cooperative agricultural; Agricultural policy; Agricultural history.


 

1. Introducción

En el último cuarto del siglo XIX la Argentina se incorporó a la división internacional del trabajo como proveedora de materias primas de clima templado (principalmente ganado y cereales). Inglaterra era su principal mercado de colocación y también, en la provisión de manufacturas industriales. El principal eje de la economía argentina pasaba por el mercado externo (Gerchunoff y Llach, 2000, pp. 18-34). No obstante, durante esta etapa hubo un cierto desarrollo industrial vinculado al mercado interno y derivado del "bien primario exportable", ya que para adecuar los niveles de producción agraria a la demanda agregada se generaban, por un lado, demanda de insumos tecnológicos que sí bien eran cubiertos mediante la importación, inducían al surgimiento de talleres de reparación y fabricación de partes de la maquinaria agrícola y, por el otro, actuaban como "eslabonamientos hacia delante", promoviendo el desarrollo de las industrias derivadas de la producción agropecuaria (Geller, 1975, pp. 156-200). Así, cobraron impulso las industrias harinera, frigorífica, azucarera, vitivinícola y láctea. La historia de la industria láctea, a diferencia de las otras mencionadas, está escasamente estudiada. Presenta además, la particularidad de que, desde sus orígenes, estuvo vinculada tanto al mercado interno como externo y en la cual la presencia del cooperativismo fue relevante.
A partir de 1930 el Estado comenzaría a intervenir más activamente en la economía y en la sociedad civil, a través de un conjunto de regulaciones. El accionar estatal actuaría como un importante motor en el proceso de acumulación que se basaba en la industrialización sustitutiva. No obstante, el sector agropecuario seguiría desempeñando un rol clave tanto en el mercado interno y como generador de divisas. El espacio público se expandiría con el fortalecimiento de los sindicatos obreros, los gremios agrarios y las diversas asociaciones, ahora sujetas al control estatal.
En este artículo se plantea cómo, durante el período histórico considerado, las cooperativas lácteas asumieron la función de defensa de los intereses de los productores tamberos frente a los terratenientes, a los comerciantes, a los industriales y al Estado, papel que no forzosamente le ha competido al mismo en períodos históricos posteriores y, cuyo sentido, por tanto, de debería naturalizarse. En las cooperativas existió una apelación a intereses económicos generales de los productores con un componente ideológico que señalaba las ventajas de las organizaciones cooperativas frente a la empresa privada en la representación frente al Estado y en la gestión de los negocios de los tamberos. Además, los diferentes colectivos de productores llevaban adelante sus operatorias económicas particulares en cada cooperativa primaria A esta particular configuración institucional que contempla intereses más generales y otros más particulares, con componentes económicos e ideológicos se refiere Lattuada cuando habla del "sincretismo" entre objetivos gremiales y cooperativos, presente, sobretodo en las organizaciones de segundo grado y referido entre otras cuestiones, a que "(...) sí bien es indiscutible su organización como asociación económica (no reivindicativa) (...) participan de reclamos o realizan acciones que benefician directa o indirectamente a un universo más extenso que el de sus asociados". (Lattuada, 2006, p. 23).
En pos de la persecución de los objetivos gremiales, las diversas entidades cooperativas lácteas apelaron a estrategias de alianzas entre sí e incluso con sociedades de productores no cooperativizados. Con el propósito de satisfacer sus demandas ejercieron presión corporativa sobre el Estado y su accionar conjunto incorporó a la acción colectiva como a uno de sus componentes (1).
Señalamos que el carácter cooperativo de la entidad láctea de segundo grado Sancor ("Fábricas de Manteca Sancor Cooperativas Unidas Limitadas"), la Federación de Cooperativas Tamberas, la Cooperativa mantequera de San Carlos y la Unión de Cooperativas de Frank -las que adquirían visibilidad en el espacio público- cohesionaba institucionalmente a los diferentes actores de la agroindustria (especialmente a directivos, técnicos y productores tamberos asociados) y que no se observaban fisuras significativas durante el período estudiado. El proyecto cooperativo se basaba en incentivos económicos de acceso a mercados (externos e internos) y a tecnologías de avanzada. A la misma dirección apuntaban las representaciones que circulaban en los ámbitos cooperativos sobre propiciar transformaciones de los productores tamberos en propietarios de la tierra, con mayores posibilidades de acumulación y plenamente integrados al mercado. Afirmamos, por último, que el accionar público y las estrategias de alianzas del cooperativismo lácteo propiciaron un proceso de agregación creciente de intereses en el sector lácteo cooperativo, el cual a su vez, se constituyó en un eje estructurador en la conformación de la entidad de tercer grado Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada) en 1956. En este proceso, existió una apelación a intereses económicos, pragmáticos y generales -en cuanto eran comunes al cooperativismo lácteo y también incluían a productores no agremiados o asociados a cooperativas-, con un componente ideológico que planteaba las ventajas de la organización cooperativa frente a la empresa privada.
Esta investigación se centra en el estudio de las cooperativas y en el uso de fuentes primarias cooperativas inexploradas anteriormente. No obstante y en consonancia a las dimensiones del objeto de estudio hemos recurrido a una diversidad de fuentes, tales como la legislación que sirve de base a la regulación estatal para el sector lácteo, a estudios realizados sobre la agroindustria láctea, la ganadería, el desarrollo agrario pampeano, sus actores, las políticas sectoriales implementadas y el censo de 1937.
A continuación presentamos un sucinto estado de la cuestión. En la segunda sección ofrecemos al lector un panorama general sobre la evolución de la agroindustria, del subsector primario y apuntamos a evaluar el peso relativo del subsector cooperativo en el conjunto agroindustrial. Analizamos un actor clave: el tambero-mediero, a la estructura organizacional de las cooperativas y cómo ésta operaba como incentivo a la conformación del nuevo sujeto social tambero-propietario, el que adquiriría centralidad posteriormente. El estudio de las estrategias institucionales del cooperativismo lácteo frente al Estado y su injerencia en la plasmación de las políticas públicas sectoriales ocupa un lugar central en la tercera sección y al respecto diferenciamos dos subperíodos (1934-1946 y 1946-1955).

1.2. Estado de la cuestión

Entre los conocimientos que sirven de base al planteamiento de la problemática e hipótesis que guían esta investigación, distinguimos tres ejes de análisis:

a) Las vinculaciones entre las transformaciones chacareras y la presencia cooperativa.
b) Los perfiles institucionales e ideológicos del cooperativismo agrario con relación a las políticas agrarias.
c) La consideración del cooperativismo como forma asociativa particular conectada a la problemática del gremialismo rural.

El estudio del cooperativismo agrario se vincula de manera particular al actor chacarero. Esto es así, debido a que las cooperativas agrarias que alcanzaron mayor desarrollo, durante el siglo XX y hasta la década del 90, fueron las de comercialización (agrícola-ganaderas, agrícolas, agroindustriales y lecheras) y de consumo. Estas se proponían incrementar la capacidad de negociación de pequeños y medianos productores agropecuarios en la comercialización de la producción, en mejorar sus condiciones de aprovisionamiento, producción, transformación agroindustrial y cubrir sus necesidades de servicios (Olivera, 2006c, p. 25). Desde la década del 90 y en vinculación a los procesos de desregulación estatal y de concentración de la estructura social agraria, a las transformaciones de experimentaron los mercados de trabajo, comenzaron a tener mayor significación las cooperativas de trabajo y la participación de los productores y trabajadores rurales en las mismas (Vuotto, 2006).
Desde fines del siglo XIX aunque estaba en vigencia el sufragio universal masculino, existían limitaciones al ejercicio de la ciudadanía, a las libertades civiles y sociales. En pos de estos derechos trabajadores urbanos, rurales y chacareros se lanzaron al espacio público. Se movilizaron y peticionaron a las autoridades. Bregaban por el derecho a condiciones dignas de trabajo y de vida, a la expresión libre de sus ideas, a su derecho a asociarse (Bonaudo y Bandieri, 2000). El surgimiento y la difusión del cooperativismo formaron parte del conjunto de demandas que fueron llevadas al espacio público por diferentes grupos subalternos urbanos y rurales.
En las décadas que siguieron al Grito de Alcorta (1912), el Estado no había dado respuesta a las reivindicaciones del movimiento chacarero. Las condiciones pactadas eran desfavorables para los arrendatarios con relación a los propietarios y terratenientes. Tampoco se garantizaban los derechos de los agricultores para realizar libremente la venta de sus excedentes, ni se habían creado, entre otras cuestiones, las condiciones de un sistema de crédito accesible y barato para el pequeño productor. El sector chacarero bregaba por el ejercicio de libertades capitalistas (de arrendamiento, trilla, venta y seguro) (Boglich, 1937). Se pretendía mejorar las condiciones de comercialización de los productos primarios, abaratar el aprovisionamiento de los insumos y el consumo y, en pos de estos objetivos, se propendía a la formación de cooperativas agrarias. Por otra parte, bajo el impacto de la Revolución Rusa y de las luchas sociales europeas se produjo un aumento considerable de la combatividad obrera. Hubo un ciclo de general de huelgas y movilizaciones obreras durante 1917-1922. A éste, se sumaría la reanudación del conflicto chacarero y el de estibadores, carreros y braceros. Entre otras cuestiones, este ciclo histórico culminaría con la sanción de la ley nacional de arrendamientos de 1921, norma destinada a regular las relaciones entre propietarios y arrendatarios rurales. (Ansaldi, 1993ª, pp. 11-49). El movimiento agrario cooperativo surgía, de esta manera, entrelazado al movimiento reivindicativo chacarero.
La sanción de la ley nacional nº 11.388 de cooperativas del año 1926 marcaría un hito en la historia del cooperativismo en Argentina - incorporada al Código de Comercio y en vigencia hasta 1973- debido a que tomaba en referencia los principios rochedeleanos como componente fundante de las asociaciones cooperativas y, pretendía, de este modo, deslindar este tipo de organizaciones de otras, porque hasta este momento, incluso las entidades empresarias podían autodenominarse como cooperativas. Fue aprobada el 20 de diciembre de 1926. Ya entonces se sostenía el principio doctrinal de que cualquiera fuera el número de acciones que cada socio poseyera, todos tenían derecho a un solo voto. No se concedía ventaja alguna a los fundadores, directores de cooperativas, ni se daba preferencia en las decisiones a quienes habían aportado más capital. No se permitían tampoco los votos por poder en las asambleas y se facultaba a los Consejos Directivos a disponer de los retiros de capital social. Se adoptaba estatutariamente el principio doctrinal de desvinculación de las cooperativas de los grupos religiosos o de los partidos políticos (Rodríguez Tarditi, 1970, pp. 28-32). Para el Partido Socialista el cooperativismo formaba parte de su proyecto político y era complementario a la construcción de la organización partidaria, a la representación sindical y parlamentaria (Olivera, 2006c, p. 10). "La propuesta socialista era vista como una agregación de las tres instituciones esenciales en la que se condensaba históricamente la voluntad organizativa de la clase: el poder político, el sindicato y la cooperativa" (Aricó, 1999, p. 110).
En el ámbito agrario, desde la década de 1930 se rompería progresivamente "la estructura de representación dual", la cual reconocía como protagonistas a la Sociedad Rural Argentina -que constituía un espacio crucial de representación de los grupos hegemónicos rurales con fuerte gravitación en la política nacional- y a la Federación Agraria Argentina, que había surgido como expresión institucional de los grupos rurales marginados de los esquemas de articulación de poder y representación y, como espacio de resistencia de los chacareros, en aquel momento, en gran parte arrendatarios (Martínez Nogueira, 1988, pp. 295-300). Esta estructura dual daría lugar a otra más compleja, que reconocía la creciente importancia de otras entidades -como CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) y CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) (Lattuada, 2006, pp. 67 y 70), a nuevos contenidos en las demandas de los diferentes colectivos agrarios, la mayor articulación entre los diferentes grupos de productores. Estos cambios se anclaban, a su vez, en dos procesos entrelazados: cambios económicos y productivos en la configuración de la estructura social agraria (entre otros Cfr: Barsky y Pucciarelli, 1997, pp. 310-322; Balsa, 1999), ampliación y desarrollo del espacio público y de las agendas gubernamentales en el tratamiento de la temática agropecuaria y en el diseño de nuevos marcos regulatorios (Martínez Nogueira, 1988, p. 297).
Los cambios agrarios más significativos derivados de la crisis de 1930 fueron la reversión de la tendencia creciente al acceso a la propiedad de la tierra y el mayor peso relativo del arrendamiento, ya que una capa importante de productores se había endeudado y no habría podido hacer frente al pago de sus hipotecas. Desde comienzos de la década de 1940 se iniciaba un sostenido retroceso de la agricultura pampeana y una expansión ganadera con recomposición de unidades de producción ganadera de mayor tamaño (Barsky y Pucciarelli, 1997, pp. 103-109 y pp. 120-123).
Para evitar los desalojos de arrendatarios el Estado instrumentó una política de prórrogas y rebajas de cánones a arrendatarios y también, entre otras cuestiones, se creó una cámara arbitral de arrendamientos. Particularmente desde que el peronismo puso en vigencia el Segundo Plan Quinquenal, el Estado nacional desplegó una política favorable al cooperativismo agrario -basada principalmente en la ley de 1926 -a través de la asistencia técnica y económica. El crédito bancario, la provisión de materia prima, la exención o reducción de impuestos fueron los mecanismos principales de las políticas públicas y, en su implementación, el papel del Banco de la Nación argentina fue decisivo (Girbal-Blacha, 2003, p. 196). La política pública de fomento cooperativo viabilizaba y remodelaba iniciativas y proyectos que habían sido gestados durante la primera mitad del siglo XX, tanto en lo que respecta a los incentivos económicos, como al reconocimiento y legitimación de las organizaciones. Se conformó un entramado inter-institucional denso en el cual prevalecía una lógica de articulación corporativa entre los actores agrarios y estatales y, en el cual el cooperativismo agrario adquirió centralidad (Olivera, 2006b, pp. 8-19).
Martínez Nogueira afirmaba que, durante la etapa peronista, el crecimiento en el número de organizaciones de primer grado y la expansión geográfica de éstas incrementaba las necesidades de coordinación y la variedad de las cuestiones que requerían ser atendidas por las direcciones nacionales. Por otro, con el surgimiento de organizaciones de segundo y tercer grado se planteaba la cuestión de la autonomía de éstas con respecto a las cúpulas, la burocratización de las conducciones, su dependencia de los recursos provistos por las organizaciones de primer grado. Este autor marcaba que, durante las décadas de 1940 y 1950, el movimiento cooperativo experimentaba una expansión y vinculaba este proceso "(...) que no fue deliberado ni consciente, pero que llevó a transformaciones significativas por la decadencia del arrendamiento y por la mecanización agrícola (...)". (Martínez Nogueira, 1988, p. 313).
Ansaldi sostenía que el término chacarero que, en las primeras décadas del s. XX había designado simultáneamente al sujeto histórico y había definido conceptualmente a tal sujeto (categoría analítica), comenzaba a experimentar una mutación desde la década de 1920, y más claramente desde los '50, la que resultaría en la conversión de un estrato de chacareros en farmers: "en términos de categoría analítica, aunque mantenga la denominación histórica de chacareros". Más visiblemente desde la década de 1950, la categoría histórica comenzaba a contener a dos sujetos agrarios analíticamente diferenciados: los chacareros (arrendatarios) y los farmers (propietarios). Este proceso -señalaba el autor- se habría dado con mayor énfasis en el sector lácteo (Ansaldi, 1993b, p. 77).
En una reconstrucción histórica micro-regional comprobamos que la presencia cooperativa generaba un conjunto de incentivos simbólicos y materiales al comportamiento de los sectores chacareros, que apuntaban a la capitalización y al acceso a la propiedad de la tierra de éstos. Los primeros se referían al conjunto de representaciones que circulaban en los ámbitos cooperativos locales y los más amplios en torno a cuestiones cruciales en la reproducción económica y social de estos sectores, tales como las valoraciones acerca de las implicancias del acceso a la propiedad de la tierra, a ciertas tecnologías, al uso de la mano de obra familiar y asalariada. La adopción de criterios estandarizados y racionales en la construcción y el manejo del aparato administrativo y contable de las cooperativas primarias habría incidido en la gestión de las explotaciones de los socios cooperativos, cuestión de peso en el caso de productores que -hasta mediados del s. XX y tal como lo planteara Mascali (1986, p. 13) -no manejaban sus explotaciones en base a registros contables. Por otra parte, aunque era la política pública la que beneficiaba a las cooperativas -la que comenzaría a ser aun más significativa desde el Segundo Plan Quinquenal-, eran las organizaciones de primer grado aquellas que cumplían el papel clave de gestionar, viabilizar y administrar los créditos estatales (Olivera, 2006a, pp. 126-128).
A partir del crecimiento cooperativo y las transformaciones agrarias pampeanas a las que se ha hecho referencia brevemente, Lattuada y Renold construyen modelos de organizaciones institucionales cooperativas. Ellos observan que se produce un "progresivo distanciamiento" entre los valores y normas contenidos en la doctrina cooperativista (autoayuda, equidad, solidaridad, honestidad, etc.) y las prácticas de los actores. En los orígenes del cooperativismo agrario sostienen que prevalecía el tipo ideal de "Organización Institucional Consecuente", en donde "(...) las fricciones entre prácticas y valores se encuentran reducidas a una mínima expresión". Durante el "régimen social de acumulación" basado en la sustitución de importaciones, prevalecieron las Organizaciones Institucionales Paradojales. Este tipo ideal se asociaba al crecimiento económico de las operaciones de las cooperativas, del número de asociados, "una mayor complejidad técnico-administrativa y una división interna en dirigentes, administración y miembros". Entre la primera y segunda forma -se plantea- existe "(...) una tendencia a pasar de una representación y control directos y personales (...) a un tipo de representación delegada (...)" en la que los intereses de los asociados se escinden de los intereses de las instituciones". (Lattuada y Renold, 2004, pp. 88-89).
En el estudio histórico del cooperativismo agrario diferenciamos tres grandes vertientes en base al tipo de actividades económica a la que se dedicaban y también a un conjunto de componentes ideológicos, entre los cuales destacamos cómo se articulaban los intereses gremiales con los cooperativos y las posiciones asumidas por las organizaciones en materia de intervención estatal. Así, tanto en la vertiente ligada a la Federación Agraria Argentina (en adelante FAA), como a la Asociación de Cooperativas Argentinas (en adelante ACA) prevalecía la orientación agrícola-ganadera, mientras que existía una tercera vertiente, especializada en la producción, comercialización, agroindustrialización láctea y organizada en diferentes entidades de segundo grado. Mientras la Federación Agraria tenía una postura más proclive al dirigismo estatal, ACA y, como se verá, el cooperativismo lácteo asumía posiciones más liberales.
Para el cooperativismo lácteo y a aquel asociado a ACA los objetivos gremiales no entraban en coalición con el desempeño de las organizaciones cooperativas, ya que ambas situaban sus aspiraciones en relaciones de simetría y complementariedad (Mateo y Olivera, 2006, pp. 114-116). En cambio, para la Federación Agraria la organización cooperativa debía estar tutelada por los objetivos de la lucha gremial, ya que ésta representaba a los intereses económicos de los diferentes colectivos de productores, los que debían subordinarse a la perspectiva de los intereses generales chacareros, en términos clasistas, de defensa de los intereses de los arrendatarios y los pequeños productores rurales (Olivera, 2004, pp. 102-111).
A medida que avanzaba el siglo XX se hacía cada vez más perceptible cómo en la organización de los productores en cooperativas dejaba de prevalecer la aspiración al ejercicio de las libertades civiles o sociales -como lo había sido en sus orígenes- para pasar a predominar la lógica económica-corporativa en las tres vertientes que hemos distinguido. Esta cuestión podría interpretarse como parte de " (...) la oclusión de la clase chacarera (...) como la renuncia a pasar del momento económico-corporativo al más estrictamente político". (Ansaldi, 1993b, p. 86). El cooperativismo -que en el pensamiento de J. B. Justo- había sido concebido como instrumento de una propuesta de democratización radical de la sociedad (Aricó, 1999, p. 127) adquiriría un perfil corporativo, como se podrá comprobar a lo largo de estas páginas en el caso del cooperativismo lácteo.

2. La agroindustria láctea y el cooperativismo

El origen de la industria láctea en Argentina se remonta a fines del siglo XIX y a principios del XX. Al expandirse, experimentó procesos de modernización que implicaban la incorporación de un conjunto de tecnologías de avanzada, referidas tanto a la producción de leche fluida como de productos derivados (principalmente manteca y caseína). El tendido de la red ferroviaria permitió transportar la producción láctea desde el interior argentino (principalmente desde la región pampeana, epicentro de la agricultura de exportación) a los principales centros urbanos y a los puertos. El mercado interno se dinamizaba y su expansión era incentivada por el "aluvión" inmigratorio europeo que experimentaba Argentina desde principios del s. XIX. Fue relevante también la producción para el mercado externo, principalmente la colocación de la manteca a Inglaterra y la caseína a EEUU.
Hubo dos vertientes sociales en el origen y la expansión de la lechería argentina. Por un lado, se destacaba la participación pionera de los inmigrantes colonos (principalmente vascos, suizos, escandinavos e italianos) quienes comenzaron a desarrollar la actividad tambera, organizaron las primeras cremerías (2), fueron inventores e introductores de maquinaria en la industria láctea. Algunos de éstos, a través de la acumulación alcanzada en la actividad lechera habrían accedido a la propiedad de la tierra. Por otro lado, un sector de grandes estancieros, con una dotación tal de capital que podía hacer "cabaña" (invernada) con las razas bovinas lecheras, se habría sumado cuando advertía la expansión y el promisorio futuro de esta actividad, el cual se expresaba en una creciente valorización de las razas lecheras y del precio de la tierra apta para ganado lechero (Ferrero y Cravero, 1988, pp. 8-15).
La producción láctea nacional presentaba un crecimiento sostenido desde principios del siglo XX hasta la década de 1950. Como se puede observar en el cuadro que sigue los volúmenes de materia prima destinada al consumo y a la industrialización se incrementaban; aquel .destinado a la industrialización lo hacía a un ritmo mayor que el consumo.

Tabla 1: Producción y destino de la leche en Argentina (1915-1954)

Período Total millones
de litros
Consumo Industrialización
Millones de litros % Millones de litros %
1915/19 1477 845 57,2 632 42,8
1920/24 2144 954 44,5 1,19 55,5
1925/29 2136 1114 52,2 1,022 47,8
1930/34 2384 1251 52,5 1133 47,5
1935/39 2634 1360 51,6 1274 48,4
1940/44 3519 1577 44,8 1942 55,2
1945/49 3926 1613 41,1 2313 58,9
1950/54 4270 1696 39,7 2574 60,3

Fuente: Asociación Provincial de la Industria Lechera: 1965: p. 17.

Durante el período considerado el progresivo proceso de refinamiento del ganado vacuno y la mayor difusión de las razas lecheras darían cuenta y brindarían una base más sólida para el desarrollo de la industria lechera. Durante el período 1914-1937 el stock de vacunos había aumentado en un 28%, mientras que el ganado refinado lo hacía en un 60%. El número de vacas de ordeñe aumentó de modo similar, y su proporción sobre el total se mantuvo en torno al 8,5%. Hubo también cambios significativos en la distribución territorial, que marcaron un incremento del stock vacuno en la región pampeana, el que ascendió desde el 58% al 68% del total y su importancia fue aún mayor en la producción total de leche, ya que en 1937 la región pampeana producía el 75% del total nacional, con un rendimiento por vaca que era un 40% superior al resto del país. Aun así, con 1.200 litros por vaca, estaba lejos de la media norteamericana, estimada en 1.900 litros (Jáuregui y Regalsky, 2010, p. 11).
La raza Holando, que recién en 1937 comenzaba a ser reconocida como tal, era casi irrelevante, ya que solo representaba un 2,5% del total y era apenas un poco más representativa diez años después, con un 6% del total. Lo más destacable era su implantación diferencial en las provincias de Santa Fe y Córdoba, donde alcanzaba un 15% y 11% respectivamente del vacuno refinado, en contraposición con Buenos Aires, donde solo llegaba al 2%. Esta diferenciación al interior de la región pampeana daría cuenta de las más tempranas innovaciones tecnológicas que se estaban produciendo en vinculación a la incorporación de razas lecheras y al manejo del rodeo de ordeñe en la agroindustria láctea cooperativa, ubicada en la cuenca cordobesa-santafesina. (Jáuregui y Regalsky, 2010, p. 12).
Según información producida por Sancor, en 1942 la producción de manteca del conjunto de las entidades cooperativas representaba el 50% del total nacional y alcanzaba en la caseína al 40% (Revista Sancor, nº 1, 1942).
Es difícil conocer la importancia relativa de la producción láctea cooperativa con relación a la industria privada a través de los censos nacionales, ya que esta fuente no diferencia a estos dos tipos de sociedades en el período considerado, y reconoce solo a categorías ocupacionales tales como a obreros, empleados, propietarios, directores y gerentes, cuando los proveedores de leche y crema a las usinas pasteurizadoras y a las fábricas eran productores familiares. Contamos con datos sobre producción y comercialización solo para Sancor y no para las otras entidades cooperativas de primero y segundo grado. No obstante, conocemos que en 1947 el valor agregado del conjunto de la agroindustria láctea ascendía a 144.085.000 m$n, mientras que ese mismo año el capital social de Sancor era de 4.754.000 m$n, es decir representaba un 32,9% del total (Censo Nacional de 1947 y Memoria y Balance de Sancor de 1948). Sí desagregamos este valor total por rubros productivos, podemos observar que la producción de Sancor era importante en la manteca y la caseína, ya que producía el 34,5% y el 23,5% de las respectivas producciones nacionales. Desde el momento de conformación de Sancor en 1938 hasta 1947 la cantidad de cooperativas asociadas se había incrementado de 16 a 155, cuando se había expandido territorialmente desde San Carlos hasta Ceres en Santa Fe y desde Las Varillas (en Córdoba) hasta el límite de la provincia de Santiago del Estero (Revista Sancor, nº 54, 1947; Memorias y Balances, 1940 y 1947). En 1952, la cuenca lechera cordobesa-santafesina contaba con 234 cooperativas adheridas (Revista Sancor, nº 166, 1953).
El tambo constituye un núcleo central en las relaciones socioeconómicas en torno a la producción de la materia prima láctea y a esta cuestión nos referimos específicamente en el apartado siguiente.

2.1. El tambero-mediero: relaciones sociales y marcos regulatorios

El censo de 1937 registraba la existencia de 11.352 tambos y, por otro lado, afirmaba que en 68.541 explotaciones se desarrollaban actividades lecheras (Censo de 1937, T. III, p. 406). Esto implica que 57.189 unidades, es decir el 83,43% del total, se dedicaban a la actividad láctea como uno de los componentes de una economía diversificada, presumiblemente familiar. Estas unidades serían caracterizadas y figurarían como "Chacras", "Explotaciones ganaderas", "Explotaciones mixtas" u "otras". Esta misma fuente constataba que 19.000 explotaciones llevaban adelante la actividad láctea sin ningún tipo de instalaciones tamberas, lo que implicaba que en este tipo de establecimientos no había ningún tipo de incorporación tecnológica (Jáuregui y Regalsky, 2010, p. 11).
La diversificación productiva habría obedecido al objetivo de minimizar riesgos y optimizar los ingresos ante una economía agraria que presentaba incertidumbres y fuertes fluctuaciones de mercado (Sábato, 1991) La amplia difusión de una raza vacuna de doble uso (carne y leche) como la Shorton daba cuenta de lo que se señala. Esta representaba en 1937 el 75% del total de las razas vacunas refinadas y todavía en 1947 más del 60% de las mismas (Censos de 1937 y 1947).
Está aún fresco en la memoria de quienes dependieron, veinte años atrás, exclusivamente de la agricultura, el recuerdo de las penurias vividas ante continuos fracasos de cosechas y otros inconvenientes que los colocaron al borde de la ruina. El recurso del tambo para llegar a la chacra mixta fue la tabla de salvación. Era muy triste tener que depender de la libreta que otorgaba el comerciante de ramos generales, para atender las necesidades de la familia y quienes vivieron esa etapa no olvidarán jamás que las vacas lecheras -que ahora algunos proyectan malvender- fueron quienes lo salvaron de esa situación, brindándoles a fin de cada mes, un ingreso monetario seguro y permanente, y al final de cada año, un lote de novillos o vaquillonas para vender (...) (Revista Sancor, nº 235, 1962, p. 5).
Tanto en el caso del productor especializado en el tambo como del productor que hacía lechería dentro de un contexto de economía familiar diversificada habrían prevalecido relaciones de mediería. El tambero-mediero era un productor directo que trabajaba con su familia, que podía aportar diferentes instrumentos de trabajo y cuotas de capital con el objetivo de llevar adelante la actividad de producción primaria. La retribución podía variar desde una remuneración exclusivamente monetaria a otra basada solo en un porcentaje sobre la producción (3).
A fines del s. XIX Scobie señalaba la relevancia de la mediería y subrayaba la precariedad de esta forma de trabajo familiar:

Si solo podía ofrecer dos fuertes brazos y el trabajo de su esposa e hijos, el arrendatario se iniciaba como mediero*, un aparcero que recibía implementos y semillas del dueño de la tierra, y le entregaba en pago la mitad de la cosecha. Se encontraba en el nivel inferior de la clase de arrendatarios (...) No poseía capitales ni herramientas...el mediero sólo proporcionaba la mano de obra (la K es del autor) (Scobie, 1968, p. 77)

Barsky y Pucciarelli destacaban la importancia de la mediería en la producción láctea primaria en el censo de 1937. Advertían que bajo las relaciones de mediería podían existir diferentes relaciones contractuales (más o menos formalizadas), de acceso a la tierra e instrumentos de trabajo y de pago. Afirmaban que: "(...) también es muy alto el sistema de arrendamiento (mediería) a nivel de los tambos que en la región pampeana, el que llega a un 63% (...)". En cambio, la figura del tambero-propietario aparecía menos difundida y en total constituía solo el 32%. Hay que tener en cuenta que esta estadística dejaba afuera ni más ni menos que a 57.189 establecimientos agropecuarios que también tenían algún tipo de actividad láctea dentro de una economía agraria diversificada. El pago en dinero era predominante en la región pampeana, ya que alcanzaba al 87,9% de los tambos. Pese a la relevancia del arrendamiento y del pago en dinero en el tambo, se puntualizaba que en 1937 la mitad de las explotaciones arrendadas en el tambo no tenían contratos y se observaban fuertes asimetrías entre explotaciones con relaciones contractuales formales y otras sujetas a acuerdos verbales tradicionales (Barsky y Pucciarelli, 1997, pp. 110-120).
El trabajo de este actor clave en la producción primaria láctea comenzaba a ser reconocido y regulado por el Estado desde la sanción del Estatuto del Tambero-mediero Este se sancionó diez días antes de las elecciones que ungirían a Perón como presidente en 1946 (4). Esta normativa venía a formalizar un conjunto de relaciones sociales que hasta ese momento no reconocían injerencia del estado. Por ello, se comenzaba caracterizando al trabajo del tambero-mediero como un régimen de explotación "sui-generis" y que eran objetivos del mismo el instituir un "régimen mínimo que regule sus relaciones de manera que el reconocimiento de sus derechos y obligaciones" (Anales de la Legislación Argentina, 1966).
Se definía al tambero-mediero como a aquel trabajador que estaba a cargo de la explotación de tambos en participación, con su trabajo directo. Los propietarios de los tambos deberían abonar a los tamberos-medieros un porcentaje sobre la producción en leche, en concepto de retribución por sus servicios. En la producción de leche que se destinara al abasto, el tambero-mediero recibiría como retribución un mínimo del 40% de la leche, libre de fletes, siempre que aportara los caballos necesarios, los vehículos apropiados y los arneses para el transporte de la leche, además de los utensilios e implementos necesarios al ordeño. En el caso de los tambos con ordeño mecánico -que en el momento de la sanción del estatuto eran muy pocos- la retribución de los tamberos-medieros se establecería por convención de las partes (Anales de la Legislación Argentina, 1966).
En el Congreso de Cooperativa Tamberas de Rosario de 1945 se objetó, de manera unánime, la obligación patronal de pagar indemnizaciones en caso de enfermedad, estipulada en el estatuto. Sin embargo, se aceptaron la mayoría de los otros artículos, condicionando su cumplimiento al mejoramiento de los precios pagados al productor por la grasa butirométrica (Revista Sancor, nº 38, 1945).

2. 2. Incentivos económicos en las organizaciones cooperativas lácteas en el horizonte hacia la construcción de un nuevo sujeto: el tambero-propietario.

En el grupo dirigente fundacional de Sancor, el incentivo económico de conformación "de una cooperativa fuerte, que reúna mucha producción, para poder gravitar en el mercado" prevalecería por sobre las disidencias que se habían planteado sobre la cuestión de sí fundar una organización de tipo cooperativa o gremial, cuando el denominado "movimiento de Brinkmann" -sostenido por los grupos cooperativos de Morteros, Freyre, Sunchales, Moisés Ville y San Jerónimo Norte- apostaban a la organización cooperativa, mientras que el grupo de San Jerónimo era apuntalado por el Centro de Productores Lecheros, el que propugnaba la formación de una asociación gremial. Ambos grupos coincidían en la finalidad de construir una fábrica de manteca y esta coincidencia -asociada a representaciones de futuros beneficios económicos- prevalecería por sobre las diferencias sobre el tipo de asociación a construir y operaría como el elemento de cohesión institucional que permitiría agregar intereses localistas, cuestión que se ponía en evidencia en las disputas en torno a la localización de la primera fábrica de manteca, cuando los delegados de las diferentes cooperativas locales pugnaban entre sí porque ésta se instalara en sus propias localidades. La temática de obtención de recursos para acceder a un importante paquete tecnológico y a los mercados de colocación de la producción ocupó un papel destacado en la dirigencia cooperativa desde el inicio. Se estimaba que la organización cooperativa presentaba la ventaja de generar menores gastos de elaboración y administración con respecto a la empresa láctea privada, es decir se situaba la ventaja principalmente en el plano económico.
Aunque tan tempranamente como en 1941 se transitaba hacia formas cada vez más delegadas de representación de los asociados, ya que se comenzaba a cuestionar la representación basada en un Director por cooperativa primaria, esto no implicaba un resquebrajamiento en las relaciones con los asociados, ni una renuncia al proyecto cooperativo, ya que éste se definía en términos de ventajas primordialmente económicas con relación al sector privado y, además, debido a que la delegación en sí misma no era percibida como renuncia a un proyecto de participación "democrática". El Estatuto aprobado en la asamblea constitutiva, planteaba que la principal finalidad de la sociedad era la elaboración agroindustrial y la comercialización de la producción láctea, para su "colocación en mercados de consumo internos y externos", a cuyo efecto se establecerían usinas apropiadas. (Actas del Directorio de Sancor, nº 1, 1938). La Revista Sancor planteaba:

¿Por qué hay que ser cooperador? Porque aumenta el poder adquisitivo; la cooperativa da el peso justo y retribuye lo justo; (la cooperativa) devuelve el excedente de consumo o producción, elimina intermediarios, disciplina y orienta la economía doméstica y arranca de las garras usurarias del crédito. (Revista Sancor, nº 72, 1948)

Aunque a partir de la reforma estatutaria de 1943, la representación se hacía más delegada, ya que los directores elegidos por las asambleas de las cooperativas primarias -nombrados en la forma que determinaran los estatutos de las respectivas cooperativas- dejaban de ser directores de la entidad de segundo grado, estos seguirían siendo -se argumentaba- delegados de las asambleas generales de Sancor, en las cuales existían diferentes listas de candidatos al directorio. Se argüía que no se transgredían los principios cooperativos, ya que cada cooperativa continuaría teniendo un solo voto -sea cual fuera la cantidad de acciones suscritas-, que continuaba en vigencia la obligatoriedad de entregar la totalidad de la producción a Sancor, y que la pertenencia basada en la necesaria condición de ser "productor asociado a una cooperativa adherida con tambo en actividad" sería el elemento que garantizaría que sus dirigentes no se alejaran de las demandas de las bases. (Memoria y Balance de Sancor, 1953-1954, 1).
En el discurso sobre la necesidad de adoptar una forma de representación interna más delegada al interior de la organización que la prevista inicialmente ocupaba un lugar central el argumento sobre la urgencia en la toma de decisiones técnico-gerenciales:

Este sistema (cooperativo) podrá dar buenos resultados porque permite encarar la venta en gran escala, pero para ello es menester dar amplia libertad al Directorio porque, de otro modo, poniéndose trabas mediante consultas previas con los interesados se pierde un tiempo precioso y se malogran oportunidades favorables para el negocio (Sancor, 1988, p. 123)

Estas instituciones cooperativas compartían el criterio de priorizar la obtención de recursos para acceder a importantes paquetes tecnológicos y a los mercados de colocación de la producción. Tenían también toda una propuesta sobre las transformaciones que serían pertinentes propiciar entre los productores lácteos asociados. Encontramos un discurso que interpela al tambero a convertirse en propietario, a alcanzar la prosperidad económica e incorporar tecnologías de avanzada, no sólo en lo que atañe a la fabricación de la crema en la cooperativa primaria, sino en cuanto al refinamiento y al manejo de los rodeos en la explotación, en la incorporación del ordeño mecánico, etc.

Todos conocemos que la diferencia que existe entre la chacra de un propietario y la de un arrendatario es inmensamente grande. En la primera, hay vida, reina la esperanza, el amor al trabajo y el optimismo; en la segunda impera la incertidumbre y el desaliento. (Revista Sancor, nº 76, 1949).

El ideal de tambero-propietario asociado a la cooperativa no era un gran productor terrateniente, ni tampoco un pequeño arrendatario descapitalizado, sino un productor integrado al mercado en términos beneficiosos para su reproducción social. En esa transformación el acceso al capital agroindustrial, a los paquetes tecnológicos de la industria láctea, a los mercados internos y externos que proveían las organizaciones cooperativas de segundo grado eran claves e implicaban un monitoreo cotidiano de la explotaciones agropecuarias, un debate permanente acerca de cómo aumentar la productividad del tambero-propietario.

2. 3. Los objetivos gremiales del cooperativismo lácteo

El principal reclamo se refería a que el trabajo del productor tambero no recibía la compensación justa por parte del empresario industrial, es decir se centraba en la distribución del ingreso. No obstante, una cuestión que se articulaba a la anterior y que ocupaba un lugar destacado en las representaciones del cooperativismo lácteo se refería al control del productor sobre el tenor graso de la leche, denominado como "control lechero", ya que la producción se abonaba por kilo de grasa butirométrica. Se denunciaba que algunos industriales falsificaban estas mediciones y la aspiración a tener control sobre esta variable tenía amplia repercusión entre los productores. Otros reclamos se vinculaban a la puntualidad en las fechas de pago de la producción y a recibir alguna bonificación en concepto de la caseína (Revista Sancor, nº 114, 1951).
Durante el período considerado la consigna de ofrecer precios más beneficiosos para los productores que los ofertados por la industria privada, de que éstos fueran productos del acuerdos y consensos con los productores a través de sus asociaciones operó como un eje de articulación de intereses y se convirtió en una demanda que aunaba al accionar público de éstas frente al Estado, en un reclamo que unificaba a la oposición cooperativa frente a -como veremos- una política de control estatal creciente sobre los precios de los productos lácteos en las diferentes fases de la cadena agroindustrial. Esta misma cuestión jugaría también un papel significativo en la expansión territorial de Sancor. En sus revistas y memorias se informaba de manera reiterada y con data estadística detallada cómo Sancor pagaba a sus productores asociados una alícuota más elevada por el kilo de grasa butirométrica que la industria privada. En esta ventaja económica -a la cual se le adicionaba la percepción de retornos- estaba -se planteaba- la evidencia de la ventaja de la organización cooperativa con relación a la empresa privada. La cita a continuación sirve de ejemplo ilustrativo de lo que planteamos:

Estamos seguros de manifestar que Cooperativas que entregan a fábricas particulares, las cuales han cobrado $ 0, 15 m/n menos por Kg de grasa que lo percibido por nuestras asociadas y sí agregamos a esta cantidad la suma de $ 0,26837 m/n que es el retorno de Cooperativas Unidas, tienen $ 0,41837 m/n por Kilo de grasa, como cantidad perdida por las Cooperativas alejadas de nuestra Entidad. Así que, siguiendo con los datos que sirven para este comentario, el tambero de referencia, en vez de estar asociado a la Cooperativa de Frías lo fuera de una de las que no está en nuestras filas, hubiera percibido la suma de $ 771,80 m/n menos que el monto cobrado y que hacemos referencia a través de este comentario (Revista Sancor, nº 1, 1942, pp. 10-11).

Para el cooperativismo lácteo era prioritario también poder eliminar a los intermediarios y así obtener ventajas económicas con relación a la industria privada. La presencia de la cooperativa primaria eliminaba la necesidad de intermediación del "cremero" o "quesero"; la existencia de las cooperativas de segundo grado sustituía al industrial lácteo e implicaba que los productores asociados podían gravitar en el mercado.

Nos organizamos en cooperativas de segundo grado cuando ya teníamos constituidas muchas cooperativas tamberas de primer grado, con las cuales eliminamos al primer intermediario, o sea al cremero, quesero o dulcero particular, que nos hacía análisis fraudulentos, nos recibía la leche cuando le convenía y nos pagaba el precio que quería......librándonos del gran intermediario, del trust capitalista, del gran industrial exportador. (Revista Sancor, nº 70, 1948)

En el conjunto de las reivindicaciones mencionadas ocupaba el lugar central, sin duda, la defensa del precio de la producción láctea tambera, la que tendía a acercar no sólo a las entidades cooperativas, sino incluso a las gremiales, tales como el Centro de Productores Lecheros y la Federación Argentina de Cooperativas (1941). El involucramiento cooperativo en espacios asociativos y funciones gremiales expresan, a nuestro entender, un rasgo muy importante en el perfil de estas instituciones: como los objetivos gremiales se imbricaban a los cooperativos.

3. Las estrategias institucionales del cooperativismo lácteo y su injerencia en la política estatal durante 1934-1946

Durante la década de 1930, al compás de la creación de nuevas agencias estatales que procuraban ejercer, entre otras cuestiones, funciones de regulación de la producción agropecuaria, tales como la Junta Nacional de Carnes (1933) y la de Granos (1933), se creó, por el decreto nº 40.140, en abril de 1934, la Junta Reguladora de la Industria Lechera, la que tenía por misión asesorar al Poder Ejecutivo, estimular el consumo interno de lácteos, controlar los precios y subvencionar a los productores tamberos. La subvención se costearía con los fondos obtenidos de dos fuentes; en primer lugar con la diferencia a favor del gobierno de las ventas de letras de cambio procedentes de la exportación de manteca y caseína y, en segundo lugar, del gravamen de las ventas de manteca en el mercado interno, cuando los precios fueran lo suficientemente bajos como para permitir su implantación. Con estos recursos se constituía un fondo compensador. La Junta estaba presidida por tres personas designadas por el Poder Ejecutivo, con el acuerdo del Senado y estaría asesorada por una comisión de representantes de los productores tamberos, de las industrias mantequeras y queseras, de las usinas pasteurizadoras, los comerciantes de los productos lácteos y los consumidores. Según Persello, aunque esta ley no se sancionó formalmente, la actividad lechera siguió estando regulada por la comisión que se formó ad-hoc. (Persello, 2006, p. 96). Integraron esta junta representantes de los grandes industriales, de la talla de la The River Plate Dairy Co. A poco de andar, surgieron conflictos relevantes entre los productores tamberos y el sector agroindustrial y por esta razón fue disuelta en 1938 (Ferrero y Cravero, 1988, p. 45).
En su reemplazo se formó en 1938 la Dirección de la Industria Lechera (Decreto nº 125.201), bajo la dependencia del Departamento de Agricultura (Anales de la Legislación Argentina, T. X-B, 1958). Se sancionaba tomando como base la ley nacional nº 12.160 de 1935 que permitía al Poder Ejecutivo crear organismos de fomento agrario con las diferencias de letras de cambio provenientes de la exportación. Esta dirección pasó al año siguiente a denominarse como Comisión Nacional de la Industria Lechera y en sus funciones de control estatal era acompañada por una Comisión Nacional de Abastecimientos y por un Consejo Consultivo. Este último estaba compuesto por miembros honorarios, cuyo número y proporción determinaría el Poder Ejecutivo. Representaban al gobierno, a los productores que abastecían a la Capital Federal, a los que elaboraran productos lácteos, a los distribuidores de leche para consumo y a las usinas pasteurizadoras de leche para consumo en la Capital Federal, a los consumidores con preferencia a las sociedades cooperativas de consumo de empleados y obreros), al Colegio de Médicos, al Instituto Municipal de la Nutrición, al Departamento Nacional de Higiene, a la inspección veterinaria de la Municipalidad de la Capital, a los exportadores de productos lácteos, a las empresas ferroviarias y navieras de transporte (Anales de la Legislación Argentina, T. X-B, 1958).
La Comisión Nacional de la Industria Lechera pasaba a fijar, entre otras cuestiones, los precios mínimos pagados al productor tambero por la proporción de grasa butirométrica contenida en la leche en una dinámica interinstitucional en la cual -tal como veremos seguidamente- la acción colectiva y la presión corporativa que ejercían el cooperativismo y el gremialismo lácteo ocupaban un papel destacado.
En 1942 y a raíz de un conflicto puntual sobre incremento de los precios lácteos durante el gobierno de Castillo, la Comisión Nacional de la Industria Lechera había renunciado en pleno. En una concentración realizada en Aldao en la cual participaron la Federación de Cooperativas Tamberas, Sancor, la Cooperativa Mantequera de San Carlos y la Unión de Cooperativas de Franck, éstas plantearon al Presidente Castillo que rechazara las renuncias de los miembros de la Comisión Nacional de la Industria Lechera, ya que:

La fijación de los precios que esta comisión hace de los precios que los industriales pagan a los tamberos por la leche en tenor de grasa butirométrica, y que lo hace después de escuchar a los representantes de los productores y fabricantes constituye un 'arbitraje insustituible'. Que al dictar la Comisión Especial de Control de Abastecimiento estableciendo los precios máximos que el consumidor paga por la leche y la manteca y los industriales y repartidores pagan al productor, ha invadido funciones de que eran específicas de la Comisión Nacional de la Industria Lechera y no de esta Comisión Especial de abastecimientos, motivando la renuncia de los integrantes de la Comisión- (Revista Sancor, nº 3, 1942)

Además, se sostenía que hasta que esta comisión entrara en funciones:

los precios sean fijados mensualmente por los representantes de Federación Argentina de Cooperativas Tamberas, Sancor, Cooperativa Mantequera de San Carlos Centro y de la Unión Tamberos de Franck....que el precio fijado de esta forma se titule 'precio cooperativo'. (Revista Sancor, nº 3, 1942)

El cooperativismo lácteo logró restituir en sus funciones a la Comisión Nacional de la Industria lechera. En los años subsiguientes esta siguió apelando a una mecánica de fijación de precios en la cual la injerencia cooperativa y gremial era significativa y el cual existía un componente relevante de acción colectiva (5). En la raíz del pensamiento cooperativo, estaba la idea de que la fijación gubernamental de precios atentaba contra el libre juego de la oferta y la demanda aunque haya "(...) querido evitar la especulación, el acaparamiento y el alza injustificada de precios" y que ello en realidad lesionaba indebidamente el interés de los productores de leche" (Revista Sancor, nº 6, 1942 y Revista Sancor, nº 25, 1945).
Se cuestionaba además que la representación de los productores tamberos fuera restringida en la Comisión Consultiva de la Industria Lechera. Se afirmaba que debía darse mayor protagonismo a la voz de los productores en la misma, ya que ésta se limitada a "(...) personas que solamente se dedican a la venta de leche para el consumo". Por otra parte, se solicitaba un tipo de cambio libre para la exportación de la caseína, la preferencia a los productos lácteos en las adjudicaciones de bodegas de la Flota Mercante, debido a las dificultades de colocación de la producción en los habituales compradores europeos y por las restricciones del gobierno norteamericano. La temática de suavizar las exigencias de los Códigos Bromatológicos provinciales con respecto a la salubridad e higiene del Estado- la que se profundizaba durante las décadas de 1940 y 1950- y establecía normas precisas con respecto a la calidad y a la tipificación de los productos, era un reclamo recurrente en el cooperativismo lácteo y, entre sus argumentaciones, figuraba frecuentemente la escasez de medios y conocimientos en las cremerías.
La temática de la oposición cooperativa a la injerencia estatal en la fijación de los precios, el establecimiento de un tipo de cambio libre o preferencial para las exportaciones lácteas, la mayor participación de los productores en la toma de decisiones de las políticas sectoriales fueron ejes articuladoras de la protesta durante toda la década de 1940 y también durante los dos primeros gobiernos peronistas.
La injerencia cooperativa en el diseño de las políticas públicas se manifestaba además, en la creación de una Dirección específicamente referida a la lechería (dependiente del Ministerio de Agricultura) (Decret. nº 10.678). Esta tendría a su cargo los servicios de inspección de la capacidad de los envases en uso para el transporte de la leche cuando ellos fueran utilizados como medidas de capacidad de su contenido (Anales de la Legislación Argentina, T.VI, 1966), Su uso fraudulento repercutía en una baja del precio real pagado al productor y esta cuestión había sido denunciaba reiteradamente por diferentes agrupaciones cooperativas y gremiales.

3.1. Los núcleos de la política láctea peronista: dirigismo estatal, mercadointernismo y acceso al crédito oficial

Con la llegada de Perón a la Presidencia de la Nación la política láctea tenía como objetivos el abastecimiento del mercado interno por sobre la exportación y el poder garantizar precios favorables a los consumidores. Debido a que la industria láctea trabajaba simultáneamente con los mercados externo e interno, cada vez que mejoraban las oportunidades de exportación (por incremento de la demanda o del precio), se producía un vuelco de la producción al mercado externo. Esta competencia entre el destino de la producción para el mercado externo o interno era una característica inherente a la dinámica de la agroindustria y generaba tensiones entre los actores involucrados por el reparto de la "renta láctea". Pensó ser controlado desde la esfera gubernamental, principalmente a través de dos mecanismos: el involucramiento estatal directo en materia de fijación de precios (máximos y mínimos) en diferentes instancias de la cadena agroindustrial y para diferentes productos lácteos y, por otra parte, el otorgamiento de subsidios, dirigidos principalmente a las usinas pasteurizadoras de leche (privadas y cooperativas).
La Secretaría de Industria y Comercio pasaba a ser la agencia estatal que cumpliría el papel clave en la fijación de los precios de la leche y demás productos lácteos. Arbitraba medidas restrictivas en la exportación de lácteos. Proponía el volumen de leche que podría ser industrializado e incluso podía decretar la suspensión de las actividades de una fábrica, sí las empresas no seguían los lineamientos gubernamentales. Para reforzar las atribuciones de la Secretaría de Industria y Comercio en lo relativo a las condiciones de comercialización de la leche y la crema destinada al consumo, a la industrialización y en la fijación de los precios se disolvía la Comisión Nacional de la Industria Lechera, la que había sido creada en 1939 por el Decreto n º 19.341 (Anales de la Legislación Argentina, T. VI, 1966). Considerando que se priorizaban "(...) las necesidades de abasto interno a precios razonables y el fomento industrial del país (...)" y que la "(...) ley nº 12.880 faculta al Poder Ejecutivo a restringir la exportación de productos o mercaderías cuando lo requieran las necesidades del país", sólo se daría curso a las solicitudes de exportación de caseína, queso y manteca, sí éstas estaban previamente autorizadas por el IAPI (Instituto Argentino de Promoción al Intercambio). (Decret. 1885 del 23/8/1946). Aunque la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación era la máxima autoridad competente en la fijación de los precios de los productos lácteos, se preveía también la incumbencia de los estados provinciales (6), particularmente en lo que se refiere a las propuestas del Poder Ejecutivo en la fijación provincial de los precios de la leche de consumo.
La fijación estatal de precios constituyó un componente central de la política dirigista en materia láctea. Se refería a la fijación de precios minoristas y máximos, de venta de leche y manteca. Ante los diversos conflictos existentes entre los actores se apelaba a un mayor involucramiento en cada una de las esferas de la cadena agroindustrial, es decir a un reforzamiento de los lineamientos centrales de la política económica. Además de persistir la fijación de precios máximos en la venta de leche al público, se establecían también precios máximos de compra de la leche al productor tambero, precios máximos de venta a los repartidores a domicilio, flete máximo a los porteadores, con excepción de los ferrocarriles. Los infractores a estas disposiciones serían plausibles a ser sancionados. Por ejemplo, en junio de 1946 a raíz de un conflicto planteado en Capital Federal con los repartidores de leche "por no obtener con la venta del producto un beneficio razonable" se aplicó este tipo de política. Se advertía de manera explícita que el acaparamiento sería sancionado, ya que:

Los distribuidores del producto comprendido en el apartado anterior deberán ponerlo a disposición de sus respectivos compradores en la medida de la demanda y deberán exhibir en los locales o cualquier otro lugar de expendio las listas oficiales de precio máximos (Anales de la Legislación Argentina, T. VI, 1966).

Ya a finales del régimen peronista y debido a las dificultades crecientes de manejar los conflictos a través del mecanismo de fijación de precios, se establecieron además, niveles máximos de beneficios para comerciantes mayoristas y minoristas (7). Para amortiguar las protestas que la política pública suscitaba se apeló a dos recursos estatales: la política crediticia y a restringir la participación de las entidades sectoriales en las agencias estatales. Existieron subsidios directos e indirectos, otorgados por la Secretaría de Comercio y Justicia. En los primeros se concedían montos fijos por cada litro de productos que produjeran las usinas pasteurizadoras de leche (fueran privadas o cooperativas), pero siempre bajo la condición que esta producción se destinara al consumo directo de la población (8). En los segundos se otorgaban precios de excepción para la venta de alimento al ganado lechero (expellers de lino, maíz y subproductos de la molienda) (Anales de la Legislación Argentina, T. VII, 1962).
Una gran parte de los créditos otorgados al sector lácteo se habrían realizado a través de las operatorias del Banco Nación y de los Bancos Provinciales Oficiales. En el caso de la provincia de Córdoba estos créditos figuraban desagregados en los siguientes ítems: para compra de hacienda y de reproductores, para adquisición de tinglados de ordeño, para adquisición de forrajes, productos lácteos, etc. (Banco Provincia de Córdoba, Memorias y Balances, 1946-1955)
Otra respuesta gubernamental ante la crítica situación planteada fue restringir la participación de las entidades sectoriales, ya que tan tempranamente como en 1948 se disolvió la comisión que asesoraba a la Secretaría de Industria y Comercio en la que participaban no sólo representantes del Ministerio de Agricultura de la Nación, sino representantes de la Industria Lechera, los productores de leche, los distribuidores urbanos de leche pasteurizada y cruda, los fabricantes de diversos productos lácteos. La función de asesoramiento quedaba exclusivamente en manos de los actores estatales, ya que la anterior comisión era reemplazaba por la "Comisión Especial para el estudio de los problemas de la industria lechera", la que sería presidida por el Secretario de Industria y Comercio e integrada por representantes de esta secretaría, del Ministerio de Agricultura, del Banco Central, de la Municipalidad de la Capital. En los fundamentos de la creación de esta comisión se afirmaba que:

Vistas las presentaciones y el conflicto entre los establecimientos transportadores del producto y su personal con motivo del reclamo de aumento de retribuciones que ha sido solucionado provisoriamente...la restricción en las entregas de algunos tamberos a la espera de mayores precios y por la paralización de la distribución de establecimientos respectivos, renovándose el problema que se suscita periódicamente con respecto al abastecimiento de la leche de consumo directo. (Anales de la Legislación Argentina, T. VIII, 1960).

3. 2. Oposición creciente del cooperativismo lácteo a la política peronista y agregación de intereses agrarios cooperativos.

El núcleo de las críticas de Sancor y de las otras entidades lácteas cooperativas a la política peronista apuntaba a la política dirigista sectorial de precios, a la política cambiaria de exportación y a la política crediticia sectorial. No obstante, no se cuestionaba la legitimidad el IAPI (9), ni la relevancia de abastecer al mercado interno (10). La oposición de estas entidades fue creciente durante los dos gobiernos peronistas. No obstante, esta oposición se combinaba con la participación en diversas agencias estatales técnicas y crediticias.
Durante 1948 y 1949 se constituyó una comisión de representantes de cooperativas tamberas de segundo grado -donde participaban Sancor, las fábricas de mantecas de Freyre, Franck, Ceres y San Carlos Centro- para demandar que se elevaran los precios de la industria mantequera y que se colocaran al mismo nivel que los de la industria quesera. (R.S. dic. de 1948 a enero de 1949). Sancor afirmaba que, ante la tendencia existente cada vez más pronunciada a liquidar los tambos, se realizaban concentraciones en las cuales se solicitaba al gobierno nacional que se elevara el precio de la leche destinada a elaborar manteca y caseína (Revista Sancor, nº 80, 1949).
En 1952 Sancor, la Unión Cooperativas Ltda., la Mantequería San Carlos Centro, la Asociación Cooperativa Ltda. Fábrica de Freyre, la Unión Tamberos Cooperativa Ltda. de Franck y la Unión Mantequerías de Ceres Ltda. se reunían en Sunchales por motivo de la sequía y peticionaban al Ministro de Finanzas y al de Industria y Comercio de la Nación para lograr mejores precios por la caseína y para que se liberara el precio tope fijado a la manteca, con la expresa condición de que éstos se reajustarían de modo que no excedieran lo razonable y equitativo. Revista Sancor, nº 110, 1952). Concentraciones, manifestaciones, asambleas y petitorios realizados en los diferentes pueblos pampeanos eran las formas más frecuentes a las cuales recurrían las diferentes federaciones cooperativas y gremiales.
El planteo de Sancor era que para evitar el aumento de los productos lácteos y, por ende, para incrementar las posibilidades de consumo de la población era necesario evitar la intermediación en la agroindustria láctea y, con este objetivo, propugnaban la idea de formar sociedades dedicadas a las ventas directas al consumidor en los centros urbanos más importantes (Revista Sancor, nº 93, 1950). Otro núcleo relevante de demandas comunes del cooperativismo lácteo se refería a un cambio oficial libre para las negociaciones de las divisas provenientes de la exportación de los productos lácteos (principalmente caseína y manteca).
El Estado accedía a estas demandas en varias oportunidades, a través, por ejemplo, de que el Banco Central otorgara cambios preferenciales para la caseína, la manteca o el queso (11). Solicitaban la conformación de una Comisión Especial ad-hoc -en la que participarían diversas entidades lácteas cooperativas- la que tendría a su cargo la comercialización de los productos lácteos en el mercado externo y la fijación de precios en el mercado interno. Proponían la liberación de todo derecho aduanero para la introducción de maquinarias, permisos para la introducción de los camiones de las marcas Ford y Chevrolet. Pedían que el 10 por ciento de las divisas que el Estado obtenía de la exportación de los productos elaborados por Sancor, le fuera facilitado a ésta para la adquisición de maquinarias e implementos inexistentes en el país (Revista Sancor, nº 92, 1950).
A través de las fuentes que trabajamos se percibe con claridad cómo los reclamos del cooperativismo lácteo, en algunas oportunidades, operaban elevando los precios, ya que el gobierno, aunque reacio, se veía forzado a dar lugar a estas peticiones. Esto da cuenta del poder de negociación colectiva de este actor frente al Estado (12).
No obstante al cambio de rumbo de la política económica durante el segundo Plan Quinquenal, estas peticiones se intensificaron. Se exhortaba a liberar los precios de exportación, debido -se argumentaba- a los elevados y crecientes costos de producción, los que comprendían un alto valor por las vacas lecheras adquiridas, las semillas forrajeras, los implementos del tambo, las mejoras de los salarios del personal de la industria lechera. Existía además, descontento por las dificultades de importación de la maquinaria necesaria a la industria láctea, tales como tractores "Diesel", herramientas y repuestos de los tractores "Zetor", desnatadoras, motores empaquetadores y grupos electrógenos.
Tanto Sancor como las otras entidades lácteas cooperativas presionaban al Estado por intensificar aun más la política crediticia oficial a su favor: argumentaban que el abastecimiento de los productos lácteos en el mercado interno solo se tornaría viable sí el gobierno profundizaba el acceso del sector lácteo al crédito oficial. Al respecto, se demandaba el otorgamiento de créditos a la promoción lechera, para mejorar las instalaciones de los tambos (tinglados, pisos, bretes, ambientes para guardar y conservar leche, equipos refrescadores de leche, máquinas ordeñadoras, etc.), para máquinas acondicionadoras de forrajes (cortadoras, trituradoras, picadoras, acondicionadoras de forraje y para ensilar y conservar pasto), para implantación de pasturas, construcción de silos, etc., para solventar los gastos de la implantación de forrajes, para compra de reproductores, etc. (Revista Sancor, nº 92, 1950).
Por esa vía se lograrían alcanzar "precios compensatorios", lo que se asociaba a un proceso permanente de modernización de la industria láctea, con incorporación de tecnologías de avanzada.

Formar con capital propio o con la ayuda de los bancos oficiales para establecer una sección de créditos que serían utilizados para financiar las necesidades de las entidades de segundo y tercer grado, para facilitar la producción, industrialización y comercialización de los productos, para el fomento y progreso del cooperativismo, para establecer vinculaciones permanentes con el gobierno nacional y con movimientos cooperativos internacionales, bregar para obtener representantes en comisiones o cámaras que puedan regular o legislar sobre actividades agropecuarias, ser fiel sostenedora de precios compensatorios. (Revista Sancor, nº 111, 1952)

Los debates y las experiencias de acción y organización de las entidades cooperativas lácteas iban delineando procesos de agregación de intereses en el espacio público, los que se daban desde un nivel muy desagregado de pequeños colectivos de productores en las cooperativas primarias locales, a las entidades de segundo grado, las federaciones, la coordinación entre diferentes entidades, experiencias que confluyeron en la conformación de Coninagro en 1956 (13).
Sancor fue un baluarte importante en la formación de la entidad de tercer grado y se incorporó en 1958, ya que reconoció un proceso de integración interna durante 1956-1958, con la incorporación de algunas entidades lácteas a Sancor. El cooperativismo lácteo no fue la única base de sustentación de Coninagro. Otra importante fue ACA. A esta entidad se sumaron además: la UCAL, la Federación Entrerriana, la Federación de Misiones, la Fraternidad Agraria, la FACA (Federación Argentina de Cooperativas Agrarias), la Asociación de Cooperativas Agrarias Ltda. (Fundada en 1950 con el nombre de Asociación de Cooperativas Agrarias Bonaerenses y luego denominada como "La Unión"), la Asociación de Cooperativas Agropecuarias "Rosafé" (fundada en 1954 en Rosario) y la Federación Regional de Cooperativas de Río Negro y Neuquén (fundada en 1946) (Coninagro, s.f.).
La base social de esta corporación era en extremo heterogénea, ya que comprendía desde pequeños productores no propietarios yerbateros y algodoneros hasta medianos productores familiares pampeanos, muy incorporados al mercado y con posibilidades de acumulación. Albergaba en su seno intereses agrícolas, ganaderos, de las agroindustrias lácteas, yerbateras, algodoneras, frutihortícolas, etc., que abarcaban al agro pampeano y a economías regionales extra-pampeanas, que provenían de las tres vertientes cooperativas -que cómo señalamos- existían en la década de 1940. Aunque cada uno de los miembros de Coninagro reconocía autonomía en el diseño de sus propias políticas cooperativas, gremiales y en la posible adhesión a la política partidaria individual, los ejes que cohesionaron a este colectivo fueron las políticas cambiarias, arancelarias, tributarias, distributivas, fiscales y crediticias a favor del cooperativismo y del agro. Es importante remarcar cómo su programa fundante no fue solo pro-cooperativo, sino que tuvo un fuerte sesgo agroexportador y cómo el mismo fue gestado cuando prevalecían políticas estatales mercadointernistas.

4. Reflexiones finales

En un contexto histórico de retroceso de la agricultura y recomposición de unidades de producción ganaderas en el agro pampeano, progresivo refinamiento del ganado, difusión de las razas de doble uso y lecheras, incremento de la producción primaria e industrial láctea crecieron y cobraron significación las cooperativas lácteas. Estas asumieron funciones de defensa de los intereses de los productores tamberos frente a los terratenientes, a los comerciantes, a los industriales y al Estado.
Las cooperativas lácteas eran instituciones en las cuales se priorizaba la obtención de recursos, créditos estatales, el acceso a paquetes tecnológicos de avanzada y a mercados de colocación de la producción. Existía una propuesta integral de transformación del tambo, de pasaje desde el tambero-mediero -que era el actor que prevalecía en el sector lácteo primario- al tambero-propietario, que invertía los altos ingresos que obtenía en incrementar la productividad del tambo.
Buscamos indagar con este trabajo cómo la consigna de ofrecer precios más beneficiosos para los productores (que los ofertados por la industria privada), que éstos fueran productos del acuerdos y consensos con los productores a través de sus asociaciones cooperativas y gremiales operó como un eje de articulación de intereses y se convirtió en una demanda que aunaba su accionar público frente al Estado, en un reclamo que unificaba a la oposición cooperativa frente a una política estatal crecientemente intervencionista, de ampliación de las agendas gubernamentales en el tratamiento de la temática agropecuaria y en el diseño de nuevos marcos regulatorios. Con el propósito de satisfacer sus demandas sectoriales ejercieron presión corporativa sobre el Estado y aunque su accionar podía adquirir ribetes contenciosos en determinadas coyunturas, los elementos disruptivos tendían a reforzar la presión corporativa.
Durante el peronismo la fijación estatal de precios constituyó un componente central de la política dirigista en materia láctea. Ante los diversos conflictos existentes entre los actores se apelaba a un mayor involucramiento en cada una de las esferas de la cadena agroindustrial, es decir a un reforzamiento de los lineamientos centrales de la política económica.
La temática de la oposición cooperativa a la injerencia estatal en la fijación de precios, el establecimiento de un tipo de cambio preferencial o libre para las exportaciones lácteas, la mayor participación de las entidades de los productores en la toma de decisiones de las políticas sectoriales, la profundización de la política crediticia sectorial fueron ejes articuladoras de la protesta durante toda la década de 1940 y también durante los dos primeros gobiernos peronistas. Aun con el cambio de rumbo de la política económica durante el segundo Plan Quinquenal, estas peticiones se intensificaron. Entre el conjunto de demandas que se llevaron al espacio público ocuparon un lugar central aquellas relativas a la liberación de precios en el mercado interno, el cambio libre para las exportaciones la liberación de las cuotas de importación, es decir consignas relativas a la libertad de los mercados.
Los debates y las experiencias de acción y organización de las entidades cooperativas lácteas iban delineando procesos de agregación de intereses en el espacio público, los que se daban desde un nivel muy desagregado de pequeños colectivos de productores en las cooperativas primarias locales, a las entidades de segundo grado, las federaciones, la coordinación entre diferentes entidades, hasta confluir en la conformación de la entidad de tercer grado, Coninagro en 1956.

Notas

(1) A diferencia de la acción colectiva contenciosa, objeto de estudio principal de las diferentes teorías sobre los nuevos movimientos sociales (Mc Adam, Mc Carthy y Zald, 1999), planteamos que, en este caso, nos encontramos frente a un tipo de acción colectiva que aunque incluso en determinadas coyunturas, pueda adquirir ribetes contenciosos, tiende substancialmente a reforzar la presión corporativa.

(2) La estación de desnate o cremería era el proceso de descremado de la leche entera. El suero blanco obtenido se destinaba a la alimentación humana o animal, a la fabricación de caseína, quesos magros, etc. La crema podía utilizarse directamente como alimento o bien en la elaboración de la manteca. (Ferrari, 1978)

(3) En la actualidad y pese a los procesos de modernización productiva, la mediería no ha perdido centralidad en el sector lácteo y sigue incluyendo a una diversidad de formas contractuales. (Benencia y Quaranta, 2003).

(4) Según Lattuada, la sanción de este estatuto obedecía al propósito de intensificar su captación sobre los sectores subalternos rurales, a partir de trasladar el Consejo Agrario Nacional a una dependencia directa de la Secretaría de Trabajo y Previsión, a su cargo (Lattuada, 1986, pp. 47-48).

(5) Por su importancia, mencionamos la asamblea general extraordinaria de delegados de las cooperativas tamberas del país, la que contó con la representación de 193 cooperativas que involucraban a 9.519 productores tamberos. Estuvo presente la Comisión Nacional de la Industria lechera, Sienrra por ACA, la Unión de Cooperativas de San Carlos Centro, Cooperativas Asociadas de Freyre, la Unión tamberos de Franck y la Asociación de Cooperativas de Ceres, con adhesión del Centro de la Industria lechera. Todas estas entidades "(...) aspiran obtener un aumento equitativo en el precio de la leche, ante los precios fijados por la Comisión Nacional de la Industria lechera. (Revista Sancor, nº 36, 1945).

(6) El decreto nº 1504 del 21 de junio de 1946 fijaba precios máximos de la leche para la compra al productor y venta al público. El Poder Ejecutivo Nacional autorizaba a los gobiernos provinciales a establecer los precios máximos por el art. 3 del decreto-ley nº 16.216/948, como medidas de emergencia para el abastecimiento público (Anales de la Legislación Argentina, T. VI, 1966)

(7) Los comerciantes minoristas no podrán obtener beneficios superiores a los resultantes de aplicar sobre el costo de compra, puestos en sus locales de venta, un porcentaje del 30% cuando los expendan fraccionados y del 25% cuando la venta se efectúe por piezas (...) Los precios de venta mayoristas no podrán ser superiores a los resultantes del precio minorista, menos los márgenes o bonificaciones habituales. Los comerciantes mayoristas, minoristas y distribuidores son responsables de que dichas mercaderías sean entregadas al público consumidor con su correspondiente marcación de precios. (Anales de la Legislación Argentina, T. XV-A, 1955. p. 654)

(8) El discurso que fundamentaba el subsidio a las usinas pasteurizadoras de leche que se otorgó en 1946 afirmaba que:
(...) es necesario asegurar el abastecimiento de leche para el consumo en Capital Federal y otros centros urbanos a los precios máximos (...) que la demanda sostenida de los mercados del exterior sobre los productos lácteos ha determinado una mayor actividad de los establecimientos industriales acentuando la competencia de estos últimos con las usinas de pasteurización y los distribuidores de leche para el consumo (...) que el aumento de salarios, transporte y repuestos inciden en el costo de pasteurización (...) que es imprescindible mantener el precio tope de la leche de consumo sin recurrir para ello a restricciones a la exportación (Anales de la Legislación Argentina, T. VI, 1966, p. 127).

(9) Creado el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio y desaparecida así la libre comercialización, la venta colectiva no dejó de ser por ello buen sistema, puesto que sí bien debía venderse a un solo comprador y al precio único prefijado, se pudo obtener la preferencia que se tiene para quienes pueden ofrecer cantidades de volumen, facilitando así los negocios. (Sancor, Memoria y Balance 1947. p. 14).

(10) Señala una editorial de Sancor, cuyas líneas básicas se reiterarían ante la sanción del Segundo Plan Quinquenal:
La palabra de orden de nuestra entidad de hoy: Aumentar la producción, para con ello contribuir a que el país pueda contar con los productos suficientes a fin de poder satisfacer a todos los hogares argentinos de acuerdo a sus necesidades. De proceder de esa forma, el tambero no sólo tendrá las maquinarias para su tambo y su valiosa cooperativa, sino que también aportará su valiosa colaboración para que se logren las divisas correspondientes para importar tractores, arados, automóviles, medicamentos, etc. (Revista Sancor, 91, 1950, p. 6)

(11) Sancor peticionaba ante los Ministros de Asuntos Económicos, Industria y Comercio, el otorgamiento del cambio oficial libre para la negociación de las divisas provenientes de la exportación de productos lácteos y la liberación del precio tope que regía para la venta de la manteca en el mercado interno. En la Revista Sancor estas solicitudes abundaban desde 1948 a 1952.

(12) El Ministerio de Industria y Comercio de la Nación, interpretando los pedidos de un mayor precio efectuado por las entidades representativas autoriza la elevación de los precios de la manteca (...) Sancor continua las gestiones, solicitando que en lo sucesivo se permita a las Centrales Cooperativas Mantequeras la fijación del precio de venta de la manteca, de acuerdo con los costos de producción. (Revista Sancor, 110, 1952, p. 3).
Sancor logra la liberación de precios para la exportación de la caseína, lo que significa que por la Oficina de verificaciones de precios y control de aduana deja sin efecto el precio mínimo para la venta de caseína al exterior" (Revista Sancor, 113, 1952, p. 2)
(...) ante la paralización del mercado caseinero, ante esta situación el IAPI que está a cargo de la exportación de caseína ha dejado sin efecto el precio mínimo de 21 1/2 centv de dólar por libra FOB resolviendo ahora 'considerar la propuestas que se presenten, conforme a las oscilaciones del mercado'. Nosotros ya lo habíamos dicho, dado que no podíamos pretender la venta de nuestro producto a un precio superior al del mercado internacional y sugerimos en aquel momento seguir con las oscilaciones del mercado. Creemos que ha llegado el momento de entregar libremente a las cooperativas tamberas de segundo grado la comercialización exterior de la caseína permitiendo incluso llevar la mercadería en consignación al extranjero (Revista Sancor, nº 128, 1954, p. 5)

(13) Como antecedente, en 1953 se había conformado el Consejo Intercooperativo Agrario de Coordinación y Arbitraje, el cual estaba integrado por un representante titular y otro suplente por cada una de las cooperativas de segundo grado adheridas y contaba con una Comisión Consultiva de Cooperativas Agropecuarias que ejercía las funciones de representación frente al gobierno (Dec. nº 9358). (Coninagro. s.f.)

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Fecha de recibido: 7 de julio de 2010.
Fecha de aceptado: 3 de febrero de 2011.
Fecha de publicado: 25 de julio de 2011.