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Mundo agrario

versão On-line ISSN 1515-5994

Mundo agr. vol.13 no.25 La Plata dez. 2012

 

DOSSIER

Presentación del dossier: Lo agrario en los siglos XVIII y XIX en la América Latina: pueblos indios

 

Antonio Escobar Ohmstede

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Sede Distrito Federal, México.
hmstede@ciesas.edu.mx

Presentation of dossier: Rural life in the eighteenth and nineteenth centuries in Latin America: indian villages

 

Si bien con los diversos hechos históricos que se presentaron en las últimas décadas del siglo XVIII y las tres primeras del siglo XIX estaríamos hablando de una nueva forma de ver las cosas por parte de los actores sociales, el proceso de transición recién comenzaba a llevarse a cabo, lo que no implicó forzosamente la consolidación del nuevo régimen ni un giro de 360 grados en las estructuras mentales, como de alguna manera sí comienza a verse en la segunda mitad del siglo XIX de la América Latina. Después de 1821 seguimos encontrando formas corporativas (resguardos, comunidades, ayuntamientos, cofradías), lo que nos muestra que el proceso de concebir al individuo desprendido de ellas no se había consolidado; ello no impide pensar en regímenes políticos fundados en individuos libremente asociados, a pesar de que las sociedades siguieron estructuradas esencialmente en vínculos de tipo antiguo, es decir no contractuales. En este sentido, el indígena siguió en mucho como antes, enfrentándose a viejos (funcionarios "convertidos", hacendados, militares, rancheros, comerciantes) y nuevos actores sociales (jefes políticos, jueces de justicia, ayuntamientos, jefes militares): Esto es, el sistema de dominación había cambiado poco en términos de estructuras mentales y más en términos de la jerarquización del territorio y de los espacios políticos, como puede verse en la conformación de muchos resguardos indígenas en Colombia con la categoría de distritos, o con la "conversión" de varias repúblicas de indios en ayuntamientos en México.

En diversos países de la actual América Latina el proceso de la tierra no estuvo desligado de otros aspectos, como el fiscal o el político. Podemos considerar que con posterioridad a la independencia de España, en diversos momentos, en el continente americano (desde el río Bravo hasta el estrecho de Magallanes) se pretendió que el ayuntamiento gaditano y su heredero se sobrepusieran a las autoridades étnicas, y eliminaran a la cabeza piramidal del gobierno indio. De esta manera, la cabecera política asumió los derechos, obligaciones y funciones que recaían en los gobernadores y entraron en conflictos con los resabios de la estructura borbónica colonial pregaditana. Se puede apreciar un desplazamiento del centro político a localidades subalternas; en otras palabras, los pueblos de indios volvieron a recrear su estructura, ya no en las cabeceras sino en los pueblos-sujetos, barrios y rancherías. Ahora, el regidor es el representante de la territorialidad indígena, con lo que se da una refuncionalización de la forma en que se organizaba el espacio territorial. Sin embargo, no debemos soslayar que muchos de los nuevos ayuntamientos, al asentarse en las antiguas cabeceras, se convirtieron en una especie de ayuntamiento-cabecera de Provincia, como pareció suceder en México, y en algunos casos impulsaron la formación de ayuntamientos en localidades que se encontraban inmersas en su jurisdicción "parroquial". En el caso colombiano, frente a los intentos posteriores a 1821 de que los indígenas se igualaran ante la ley, se optó por una política de repartimiento individual de los resguardos y se mantuvo la vigencia del gobierno/cabildo indígena hasta que se lograra su repartición total; a la vez, se dio un reordenamiento territorial con base en la agregación de los vecinos al sistema parroquial.

Varios autores que han escrito sobre el sur de América coinciden en que la Constitución de 1812 no eliminó las estructuras políticas y fiscales indias, aunque se dio una especie de desconocimiento de los derechos de los señores naturales. Básicamente, se reconoció un tipo de autoridad ciudadana, aun cuando se considera una desestructuración del sistema de gobierno de la población indígena rural al incorporarse blancos, mestizos e indígenas en un mismo cabildo. Sin embargo, en un primer momento parece que, si bien el "título" desapareció, las funciones recayeron en funcionarios étnicos que antes se consideraban de segundo nivel, como los regidores o alcaldes.

Lo que queda claro del proceso gaditano es que fue el primer intento de homogeneizar a la población, al menos en el ámbito legal y político, y posteriormente en el fiscal, ya que a todos los nacidos en el Imperio se los consideró españoles y se les otorgó la ciudadanía; no obstante, los "originarios de África" quedaron excluidos de este "beneficio", aunque al parecer no en toda la América española. De esta manera, se consideraba que al sujeto se le otorgaba un derecho individual que era cubierto con una obligación política y económica. Sin embargo, siempre existieron dudas de parte de los funcionarios locales sobre si los indígenas debían tener "los derechos de ciudadanos", principalmente aquellos que se encontraban en la jurisdicción de las misiones (indios neófitos), como era el caso de varios pueblos de México y Bolivia. En este país, el reconocimiento discursivo de la igualdad civil como fundamento del sistema republicano implicó, para el caso indígena, una opción de renegociar el pacto que se había establecido durante la etapa constitucional anterior. El establecimiento de nuevas "reglas de juego" permitiría, desde la óptica indígena, lograr el reconocimiento estatal de su acceso a la tierra de una forma articulada entre la posesión individual y la gestión comunal. Para ello, era indispensable el compromiso de parte de los ayllus de seguir cancelando la ahora llamada "contribución indigenal". Desde esta perspectiva, puede entenderse el rechazo indígena a la propuesta de Sucre de crear un sistema impositivo único, más acorde con los principios liberales. Frente al desconocimiento de la autoridad de los caciques, la realización de un catastro oficial para establecer el monto de la nueva contribución implicaba un grave peligro de desintegración de la gestión comunal, por lo que era importante negociar un pacto que respondiera a sus propios intereses. De esta manera, los indígenas buscaron –y lograron en una primera etapa-establecer convenios implícitos por los cuales se mantenía el pago del tributo a cambio del reconocimiento de la gestión interna del acceso a la tierra. Este nuevo pacto se mantuvo vigente mientras el monto del tributo fue importante para el "Estado" boliviano y se fue resquebrajando conforme se fortaleció la visión liberal y moderna, que no todos los habitantes de los pueblos se dedicaban a la tierra.

Debemos ser claros: en general, la historiografía es un terreno disputado, un campo donde debaten discursos políticos contendientes, y obviamente posiciones contrastantes sobre un mismo proceso; en este caso, las implicaciones sobre la tierra, los derechos y las formas en que respondieron los diversos pueblos indios. En este sentido, una interpretación social nunca es una simple y objetiva representación sino más bien una especie de intervención directa, matizada o no, a través de nuestros ojos. Y el resultado de esta interpretación nos lleva a presentar dicotomías, (algunos hablarían de dualismos, otros de análisis binarios) jerárquicamente establecidas y en las que se construyen significados y relaciones de poder.

En general, utilizamos las dicotomías y los análisis binarios, y los aceptamos "inconscientemente" para suprimir ambigüedades, heterogeneidades internas; de esta manera se terminan convirtiendo en "historias fundadoras". Sin embargo, no todo es descartable en los análisis binarios que realizamos y quizá estemos sumamente influenciados por las fuentes que consultamos.

Un aspecto que me gustaría resaltar, aunque en sí mismo parecería un poco obvio: al hablar de liberalismo como la corriente ideológica imperante desde fines del siglo XVIII y durante gran parte del siglo XIX, en muchas ocasiones diferenciamos sus diversas perspectivas (económica, social, política), y en otras lo vemos como uno solo. Poco recordamos que el liberalismo no era uno, pero debemos tener claro que el liberalismo económico tenía como premisa eliminar los vínculos corporativos heredados, en el caso de la actual América Latina, de la sociedad colonial; mientras que la vertiente política pugnaba por crear una sociedad regulada y protegida por el derecho, en el que las prácticas corporativas eran viables ¿Cómo ubicar el vínculo crucial de este posible enigma circular? Una posible explicación es que el liberalismo fue acompañado por reacomodos regionales y nacionales, en los que las coaliciones necesitaban ser realineadas, y quienes propugnaban por él necesitaban adquirir una base de posibles aliados más amplia para poder llevar a cabo las reformas. Esta fue la que, con base en las negociaciones y búsqueda de resquicios legales, de alguna manera propugnó por lo que se ha denominado genéricamente como liberalismo popular. Sin embargo, los regímenes supuestamente liberales a nivel estatal en muchas ocasiones aprobaron leyes y reglamentos, además de continuar prácticas, que ya sea por diseño o por consecuencia, contradijeron el liberalismo económico, por lo que quizá también podríamos hablar de una especie de "liberalismo" surgido desde los gobiernos estatales, y lo podríamos observar como un liberalismo estatal o regional. En otros momentos, podríamos hablar de una especie de conservadurismo liberal, sobre todo cuando algunos sectores políticos propugnaban por cambios más acordes al pasado colonial.

Ahora bien, la mayoría de los trabajos que están bajo el cobijo de este Dossier tratan de una manera directa, abierta o velada, una amplia discusión sobre las implicaciones del liberalismo, principalmente de la vertiente económica, aunque varios consideran la política y otros, una combinación de ambos. En los trabajos, que cubren una espacialidad que va de México, pasando por Guatemala, Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela, hasta la Argentina, con base en sus diversas periodizaciones, podemos percibir cómo las reformas liberales presentaron una gran uniformidad en la actual América Latina, casi semejante a la acontecida en España, con la diferencia de que su aparición y fortalecimiento se dieron en diversos momentos y procesos históricos. A la par, podemos considerar que cada grupo de poder, nacional o regional, vio en el liberalismo y sus diversas manifestaciones el argumento central para eliminar obstáculos o reminiscencias de instituciones que a sus ojos eran poco funcionales; esta eliminación es, al entender de muchos de los autores, un requisito para lograr el crecimiento. Con esto, queremos aclarar que no hubo una uniformidad de las reformas liberales en los diversos países.

La inexistencia de una uniformidad puede verse en el caso del Perú, que no desarrolló una ley como la que México expidió en 1856; o en las leyes de Bolivia de 1866 y 1874; o en los procesos de privatización de las tierras consideradas como comunales y de los municipios en El Salvador en la década de los ochenta; sin embargo, aquí no se utilizó la fuerza del gobierno central para reclutar trabajadores para las plantaciones cafetaleras, como sí se hizo en Guatemala bajo las leyes de mandamiento y contribución de los años setenta. En Brasil, las reformas de los primeros años de los cincuenta del siglo XIX se han considerado como impactantes y quizá hasta "pobres", y se limitaron principalmente a la eliminación del comercio de esclavos, aun cuando los grupos de poder brasileños se aferraron a la institución de la esclavitud.

De esta manera, lo que muestran los diversos artículos es el modo en que el liberalismo fue readecuado, transformado, interpretado y reinterpretado no solamente por los grupos de poder sino también por los mismos a los que iban dirigidas las reformas, lo que a su vez ha tenido diversas interpretaciones por parte de la historiografía. Estos procesos dependieron de las coyunturas de los países y de la paulatina consolidación de las naciones, vistas primero como una comunidad de ciudadanos y luego, desde una perspectiva cultural, en una consolidación que no fue tajante ni abrupta.

Habrá que dejar al lector la conclusión de si realmente el liberalismo se pudo implantar como fue concebido en Europa y Estados Unidos, o si en América Latina se desarrollaron liberalismos, que no solamente fueron concebidos y llevados de manera diferente por los países sino, incluso, dentro de estos. Quizá la misma historiografía ha magnificado o hemos magnificado los impactos de los liberalismos sobre los diversos actores, y poco hemos considerado los efectos de esas reformas que no se dieron en las variadas sociedades e instituciones que formaron la América Latina republicana.

Fecha de recibido: 3 de septiembre de 2012
Fecha de aceptado: 25 de octubre de 2012
Fecha de publicado: 8 de febrero de 2013

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