ARTÍCULO

Experiencias formativas, auto-adscripciones y conflictos ambientales en el sudoeste de Misiones (Argentina)

Formative experiences, self-identifications and environmental conflicts in the southwest of Misiones (Argentina)

 

Ana Padawer, María Laura Canciani

Instituto de Ciencias Antropológicas - Universidad de Buenos Aires
CONICET. Argentina
apadawer66@gmail.com
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación - Universidad de Buenos Aires
CONICET. Argentina
lcanciani@yahoo.com

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Resumen

En este artículo abordaremos cómo se relacionan las experiencias formativas vinculadas al trabajo rural, las identificaciones y los conflictos ambientales en San Ignacio, Misiones (Argentina). Nos interesa problematizar cómo los aprendizajes ligados a las tareas rurales se vinculan con las auto-adscripciones de los sujetos, teniendo como referencia las categorías de actores sociales agrarios regionales y las denominaciones que provienen de agendas estatales de intervención. Estos procesos acontecen en un contexto de creciente concentración de propiedades que se destinan a la explotación forestal, donde observamos, en algunos casos, cierta ambientalización de los históricos conflictos territoriales. Utilizando materiales provenientes de un trabajo de campo etnográfico que iniciamos en 2008, presentaremos a dos familias de pobladores rurales. En ambos casos es posible ver cómo el acceso a la tierra es decisivo para las experiencias formativas en las actividades de reproducción social, y que se liga con identificaciones como "gente de la colonia" y una incipiente referencia a la "agricultura familiar" a partir de las intervenciones del Estado. Estas dos familias permiten mostrar cómo las experiencias e identificaciones se expresan en el contexto de la participación de los sujetos en conflictos sociales, que asumen en un caso la forma histórica de reclamos fundiarios mientras que, en el otro, es posible ver que el ambiente tiene protagonismo incipiente.

Palabras clave: Educación rural; Campesinado; Trabajo; Participación política.

Abstract

In this article we analyze how the formative experiences on farm work are related with identifications and environmental conflicts in San Ignacio, Misiones (Argentina). Our aim is problematize how learning on rural tasks is related with self-identifications, considering social agrarian structure`s categories, and denominations derived from the intervention of state agencies. These processes take place in a context of land`s concentration devoted to forestry, where we observe some environmental turn of historical territorial conflicts. Using data from an ethnography fieldwork that began in 2008, we present two families of rural people. In both cases we can observe how access to land is decisive in formative experiences about social reproduction activities, linked with identifications as "country people" and an incipient reference to "family farming" derived from State interventions. These two families show how experiences and identifications are expressed in the context of subject`s participation in social conflicts, which assume in one case the historical form of land claims while, in the other, we can see the environment as an emerging protagonist.

Keywords: Rural Education; Peasantry; Labor; Political Participation.

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Introducción

En este artículo abordamos las experiencias formativas vinculadas al trabajo de pobladores rurales de San Ignacio, Misiones, zona en la que nos encontramos realizando un trabajo de campo etnográfico desde 2008. Nos interesa caracterizar las actividades de reproducción social realizadas por los grupos domésticos, vinculándolas con las auto-adscripciones de los sujetos que refieren a categorías de actores sociales agrarios regionales como "colonos", "ocupantes" y "agricultores familiares". Estas identificaciones se producen en un contexto de creciente concentración de la propiedad de la tierra destinada a la explotación forestal de especies exóticas de rápido crecimiento, por lo que los términos de referencia que los sujetos utilizan se ven atravesados por la acentuación de estas restricciones en su acceso a la tierra y, por ende, en las posibilidades de formar a sus sucesores en las actividades de reproducción social¹.
En este artículo procuramos vincular las experiencias formativas en el trabajo rural, las identificaciones sociales y la participación heterogénea de los sujetos en conflictos sociales que expresan históricas demandas territoriales, donde no es posible establecer relaciones univocas. En las disputas en el espacio público participan sujetos que se identifican como colonos, ocupantes y/o agricultores familiares; estas categorías de auto-adscripción son cambiantes en el tiempo y en relación al interlocutor, aunque pueden establecerse, no obstante, algunas regularidades. Por un lado, la renovada vigencia del término "colono" aun por parte de quienes reconocen que son ocupantes de las tierras. Por otro lado, la participación conjunta en los conflictos de ocupantes y propietarios, organizados en asociaciones de base vinculadas a la agricultura familiar, donde observamos en algunos casos cierta ambientalización de conflictos fundiarios pre-existentes. Finalmente, es posible advertir que las posibilidades diferenciales de acceso a los recursos como tierra, agua, caminos, maquinaria son decisivas en las experiencias formativas de los sujetos vinculadas a la reproducción social, y por ende, en las posibilidades de establecer sucesores para la continuidad del trabajo en el predio familiar.
Partimos de considerar las experiencias formativas de los sujetos como aprendizajes prácticos a partir del trabajo predial, producidas a través de comunidades de práctica que exceden los grupos domésticos y que permiten confrontar modos de hacer y relacionarse con el ambiente, social e históricamente construido (Lave y Wenger, 2007). La centralidad de las actividades agrícolas en la reproducción de los grupos domésticos en el sudoeste misionero se vincula con procesos de autoadscripción a la categoría de "colonos", cuya historicidad y pertinencia para el contexto regional ha sido estudiada desde los ’70, en el seno de debates acerca de la condición campesina en la Argentina (Schiavoni, 2005).
Debido a que esta zona de Misiones fue poblada tempranamente, su configuración productiva actual está mayoritariamente comprendida por grandes propietarios y herederos del proceso de colonización producido durante la primera mitad del siglo XX, siendo la "ocupación" de los terrenos minoritaria en relación con otras áreas de la provincia. Del trabajo de campo surge que la categoría socio-histórica de "colonos" ha renovado sus sentidos, incluyendo una heterogeneidad de situaciones de acceso a la tierra, capitalización y uso de mano de obra que hace poco visibles los conflictos territoriales derivados de la condición de ocupantes de numerosas familias sanignaceñas.
El problema histórico del acceso diferencial a la tierra, que en el sudoeste misionero se actualiza debido al incremento de la producción forestal en detrimento de la tradición yerbatera, se ve atravesado de modo reciente por lo que ha sido descripto como una ambientalización de los conflictos sociales (Leite Lopes, 2006) o, según otros autores, como el desarrollo de conflictos ambientalistas (Soto Fernández y otros, 2007). De este modo, es posible ver en San Ignacio cómo las experiencias formativas vinculadas a las identificaciones como colonos y/o agricultores familiares, que implican la transmisión intergeneracional de conocimientos sobre el trabajo rural, son puestas en juego en la arena pública de modo creciente incluyendo una dimensión ambiental: algunas demandas que en generaciones anteriores habían sido expresadas como territoriales o fundiarias asumen en ocasiones aspectos de reivindicación de problemas ambientales.
Como hemos anticipado, iniciamos el trabajo de campo en el sudoeste de Misiones en 2008. Hasta el momento nos hemos concentrado en una reconstrucción empírica de las actividades productivas en predios familiares y en la intervención de organismos gubernamentales (especialmente las oficinas locales dependientes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación) e instituciones educativas (escuelas primarias rurales y secundarias de orientación agrícola), a través de observaciones participantes y entrevistas abiertas.
Asimismo, hemos trabajado con estadísticas (Censo Nacional Agropecuario, Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda) e información geo-referenciada, las que nos han permitido vincular las perspectivas de los sujetos y los registros de campo sobre la estructura social agraria de la zona, con otro tipo de fuentes de información agregada. A partir del trabajo realizado, en este artículo analizaremos cómo las experiencias formativas vinculadas al trabajo rural de dos familias de ocupantes de la zona rural de San Ignacio (los Ramos y los Salas) se vinculan con el acceso restringido a la tierra que usufructúan, con las auto-identificaciones como colonos y/o agricultores familiares, y con la participación heterogénea en demandas territoriales y/o ambientales.
En el caso de la familia Ramos², cuya actividad principal de subsistencia es la chacra, es posible analizar la participación de los ocupantes en un conflicto social territorial de relevancia local: el desalojo conocido como "Lote 5", en la zona de Colonia Pastoreo. Esta situación es recordada por la familia como un hito, que implicó el despliegue de estrategias diversas para sobrellevar el momento de crisis y generar nuevas condiciones de reproducción social, así como su incorporación a espacios colectivos de organización de productores rurales. Una vez asentados en el "Lote 5", la familia Ramos logró acordar con el dueño de un predio cercano hacerse cargo de la organización de la producción forestal y agrícola a cambio de una participación en las ganancias; asimismo, se sumaron a distintas organizaciones, recientemente a la Cooperativa de Pequeños Productores Kurupi, promovida por la actual Secretaría de Agricultura Familiar.
En el caso de la familia Salas, en los últimos treinta años las distintas generaciones han combinado el trabajo asalariado con la actividad predial de subsistencia. Si bien la tenencia de la tierra es precaria, no han sido forzados a abandonar su chacra como en el caso de los Ramos. Los Salas participaron en la conformación de la Cooperativa de Pequeños Productores Kurupi y cuentan con una historia de participación social activa en distintas acciones colectivas, organizaciones de base y programas agropecuarios, que es recuperada y puesta en juego en un conflicto social ambientalizado: las protestas por la instalación de un transformador de energía en la zona de Colonia Aparicio Cué.
Aun cuando se identifiquen a sí mismos como ocupantes, colonos y/o agricultores familiares, de acuerdo al momento y el interlocutor, la condición social de estas dos familias puede definirse en términos de la estructura social agraria regional como la de "ocupantes-campesinos" (Baranger, 2008). De este modo, la renovación en el uso del término "colonos" y la emergencia de la categoría de "agricultores familiares" forman parte de las transformaciones en las formas de representación y los estilos organizativos vinculados a la crisis del modelo de expansión agrícola de los últimos años (Schiavoni, 2008).

Las experiencias formativas en el trabajo rural y las identificaciones sociales

Como anticipamos, las labores rurales orientadas a la reproducción familiar doméstica pueden ser conceptualizadas como experiencias formativas, en las que la participación periférica legítima en comunidades de práctica es condición para la transmisión inter-generacional del patrimonio de saberes (Lave y Wagner, 2007), lo que permite la construcción de sucesores en las actividades de subsistencia desarrolladas por los grupos domésticos.
Esta perspectiva permite entender el trabajo como actividad que define la condición humana, y le otorga al sujeto autonomía y sociabilidad. En su dimensión propositiva, el diagnóstico sobre el "fin de la sociedad salarial" abre perspectivas interesantes para pensar en las actividades de la esfera doméstica –así como en diversas formas de empleo no mercantil, y en el trabajo de utilidad colectiva- como opciones formativas de los sujetos en las generaciones futuras (Neffa, 2001: 33).
Asimismo, teniendo en cuenta la articulación subordinada de las economías domésticas al mercado, es posible postular que el trabajo predial en el sudoeste misionero constituye experiencias formativas tanto debido a sus condiciones estructurales como a sus prácticas, que lo distinguen del trabajo asalariado de supervivencia. Estas últimas conducen a la conformación de sujetos autónomos; es decir que la cría de animales de granja y la producción hortícola no deben ser entendidas solamente como actividades que responden a las necesidades básicas de reproducción social. Si la relación asalariada no constituyó nunca la forma única y exclusiva de realización en el trabajo, las formas de trabajo no asalariadas como las que se emprenden en los predios familiares pueden entenderse como espacios de realización autónoma y colectiva de los sujetos rurales.
Como hemos anticipado, en Misiones los colonos se instalaron durante la primera mitad del siglo XX, y fueron objeto de investigación desde la década del ´70 (Bartolomé, 2007), así como lo han sido desde los ´90 los ocupantes, quienes se establecieron con posterioridad al proceso de colonización antedicho (Schiavoni, 2005; Baranger, 2008). Una de las cuestiones conceptuales que acompaña los estudios sociales agrarios de la región en estos dos momentos es la pertinencia de la noción de "campesinado", tanto para unos como para otros.
En el debate de los ´70, la condición campesina refería a la utilización de mano de obra familiar: si bien podían realizar transacciones de subsistencia en el mercado, un rasgo definitorio de los campesinos era la falta de beneficios al finalizar el ciclo anual. Los colonos fueron definidos como una categoría estructuralmente distinta porque, con mano de obra familiar y transacciones en el mercado, sus márgenes de ganancia les permitían contratar trabajadores temporales y acceder eventualmente al crédito (Bartolomé, 2007: 26-28 y 127-129; Baranger, 2008: 39-41).
A mediados de los ´50 finalizaron las mensuras estatales y privadas del proceso de colonización en Misiones, momento en que comienza una reconfiguración agraria en la que las sucesivas crisis del tung, el té y la yerba mate en los ´60 y ´70 condujeron a que un número importante de colonos comenzara a vender sus predios para migrar a las ciudades, otros redujeran sus actividades para una estricta supervivencia, mientras un número menor logró capitalizarse (Bartolomé 2007:138-139). El trabajo de campo en San Ignacio nos permitió observar que, en este último grupo, la opción tras la mejora económica fue el traslado de la familia al contexto urbano, en busca de condiciones de vida e infraestructura de servicios más confortables. De este modo lograron conservar e incluso acrecentar las chacras, que pasaron a combinar con emprendimientos urbanos en comercio y servicios.
Para las décadas que siguieron, el contexto misionero fue afectado por los cambios en las modalidades de acumulación capitalista que se produjeron en el país: la apertura comercial y la liberalización internacional del flujo de capitales financieros volvieron critico el acceso al crédito para pequeños y medianos productores agrícolas, con lo que se favoreció una reconversión productiva hacia el modelo agroindustrial. Este modelo, que se desarrollaría en las décadas siguientes, acentuó la concentración en la propiedad de la tierra como proceso estructural que los gobiernos democráticos sucesivos no pudieron revertir hasta hoy (Manzanal y Rofman 1989; Cragnolino 2001, Galafassi, 2008). En el área del sudoeste de Misiones donde trabajamos, las transformaciones del espacio rural acontecidas en las últimas décadas implicaron la reorientación de la producción latifundista hacia la industria forestal de especies exóticas de rápido crecimiento, y también la yerba mate –producto tradicional de los colonos- quedó bajo el modelo de agro-negocios en su integración vertical (Lapegna, 2005: 348).
Este proceso de reorientación productiva que ha caracterizado a la provincia de Misiones no excluye la permanencia y reivindicación del acceso a la tierra por parte de grupos domésticos con una economía de subsistencia, quienes pueden corresponder estructuralmente a las categorías de "colonos-pequeños propietarios" o de "ocupantes-campesinos" (Baranger, 2008; Schiavoni, 2008). En nuestro trabajo de campo en San Ignacio hemos registrado que ambos tipos de sujetos característicos de la sociedad agraria misionera tienden a autoidentificarse indistintamente como "gente de la colonia", aunque con menos frecuencia también recurren al término más tradicional de "colonos" o al más novedoso de "agricultores familiares". Es importante tener en cuenta que las auto-identificaciones de las familias rurales no son excluyentes sino contextualmente situadas, y deben ser entendidas como objeto de producción social y política en el que intervienen los académicos, los políticos y técnicos estatales, los sectores hegemónicos y los propios agentes en los distintos contextos sociohistóricos (Diez, 2013; Mastrangelo y Trpin, 2006).
Al respecto, los estudios sociales agrarios han advertido que en el caso misionero se observan escasos procesos de reivindicación territorial estructurados en torno a un conflicto político con grandes propietarios, como es el caso de otras zonas de la Argentina. Una importante excepción la constituyen los conflictos de tierras que se han producido en los últimos 30 años sobre la RN14, donde Pozo Azul en el Departamento de San Pedro se convirtió en el epicentro simbólico de la lucha de los ocupantes misioneros (Baranger, 2008). Como hemos anticipado, en San Ignacio existe un conflicto fundiario de menor envergadura, conocido como "el Lote 5". Pero de manera general, puede decirse que en Misiones la ocupación de propiedades se ha llevado mayoritariamente a cabo en el marco de las estrategias de reproducción familiar de los pequeños productores quienes, en general, pueden definirse como agricultores interesados en obtener una renta de su actividad y adquirir tierra para la instalación agrícola de sus hijos (Schiavoni, 2005).

La ambientalización de los conflictos sociales

Dado que los conflictos territoriales en el espacio misionero se han dado mayoritariamente mediante ocupaciones de unidades domésticas como estrategias de reproducción familiar, una mirada histórica sobre ellas como dimensión constitutiva de las relaciones sociales implicará reconocer las condiciones histórico-sociales concretas en las cuales se desarrollan, pero también reconocer el carácter productivo en términos de aprendizaje (Azuela y Mussetta, 2008).
Hemos anticipado que nuestro trabajo de campo evidencia cierta ambientalización de conflictos sociales (Leite Lopes, 2006), que en nuestro caso fueron definidos históricamente en términos fundiarios. Esta conceptualización nos ha permitido problematizar de qué modo se ha expresado el conflicto social en relación con las identificaciones socio-históricas de los sujetos y los procesos de formación de sucesores en la producción predial. Es decir, cómo ciertas problemáticas definidas como ambientales entran en escena en un panorama de históricos conflictos territoriales, no sólo en las demandas colectivas que se producen en ciertos momentos específicos, sino también en las estrategias cotidianas de apropiación del espacio social rural.
Caracterizar ciertos procesos que acontecen en el SO misionero como conflictos ambientales supone considerar las transformaciones del modelo de acumulación en el capitalismo contemporáneo. El desarrollo histórico de un nuevo imperialismo, es decir una nueva forma de expansión del capital que entraña un proceso de acumulación por desposesión, implica el control y la explotación de los recursos naturales como forma de dominación geopolítica (Harvey, 2003). En este sentido, el avance de la mercantilización sobre la naturaleza implica una reconfiguración del espacio social agrario en la que los recursos naturales emergen como elemento en disputa, ya sea de modo colectivo o desde las actividades de reproducción social cotidianas.
Coincidentemente, pero desde una perspectiva histórica sobre los conflictos ambientales que protagonizó el campesinado en los dos últimos siglos, es posible distinguir "conflictos ambientales" y "conflictos ambientalistas" (Soto Fernández y otros, 2007). El "conflicto ambiental" alude a aquel en cuyo centro esté la disputa por un recurso y por las externalidades que produce su uso, y ninguno de los involucrados manifiesta una intención explícita de sustentabilidad. Lo que distingue al "conflicto ambientalista", que consideramos equivalente a la "ambientalización de los conflictos" (Leite Lopes, 2006), es el propósito explícito de al menos una de las partes de conservar o hacer un uso sustentable del recurso.
En nuestro caso, es importante considerar que la provincia de Misiones comienza a ser valorada internacionalmente en términos ambientales desde 1980, cuando se la reconoce por contener el último remanente continuo de selva paranaense, un tipo de selva subtropical que hasta fines del siglo XIX ocupó una importante porción del Cono Sur (Ferrero, 2005). Asimismo, es considerada una de las áreas geográficas más importantes de la región por incluir, junto con zonas aledañas de Brasil y Paraguay, el cuarto reservorio de agua potable más grande del mundo, pero el primero en la categoría de renovable: el Acuífero Guaraní (Bruzzone, 2012). Desde entonces, el territorio misionero ha pasado a ser objeto de políticas conservacionistas destinadas a la creación de reservas naturales y de proyectos de desarrollo sustentable, a partir de los cuales numerosas poblaciones rurales e indígenas empiezan a ser integradas, no sin conflictos, a los procesos de creación de "territorios ambientalistas" (Gomez y Ferrero, 2011).
El proceso de transformación del paradigma ambientalista en Misiones fue descripto como una nueva institucionalidad que reconfigura las relaciones al interior de las comunidades, en la que surgen nuevas actitudes hacia el ambiente así como también nuevos actores políticos en el Estado y la sociedad civil, atravesados por las relaciones de poder y las desigualdades históricas en el acceso a y distribución de los recursos naturales en la provincia (Ferrero, 2008; Fleitas, 2011). Por ello, además de las definiciones conflictivas de espacios de conservación, el territorio misionero en su conjunto está atravesado por conflictos sociales que se reconfiguran a la luz de las transformaciones globales que la cuestión ambiental impone a nivel mundial, aunque se expresan en la escala local de manera propia.

Descripción de la zona de estudio en relación con las experiencias formativas, las identificaciones y los conflictos ambientes

Como anticipamos, nuestra zona de estudio está situada en el sudoeste de la provincia, región que fue colonizada tempranamente y, por ende, donde las tierras fiscales se agotaron con anterioridad a otras áreas. Los datos estadísticos disponibles a nivel municipal refieren a una ciudad cabecera de 7.772 habitantes y 3.438 pobladores rurales (Gobierno de Misiones, 2010).
El área de referencia de este artículo se focaliza principalmente en Aparicio Cué, Invernada y Pastoreo, parajes identificados como "colonias" del Municipio de San Ignacio, en un espacio rural que se extiende por 20 km en dirección oeste a partir de la intersección de la RN 12 y a lo largo del trazado de las RP 210 y RP 216. La primera atraviesa la provincia en la dirección NO-SO acompañando el curso del rio Paraná, un corredor terrestre que es transitado por transportistas de yerba mate y madera, así como por turistas. La segunda y tercera vía, en contraste, son caminos sin pavimentar transitados por "gente de la colonia" y transportistas de madera, y sólo en el caso de la RP 210 -que atraviesa las Colonias Aparicio Cué y Pastoreo-, recientemente se ha incorporado un servicio público de transporte que la recorre una vez al día.
En esta zona confluyen distintas actividades productivas que ponen de manifiesto una amalgama de intereses en torno a la apropiación, distribución y uso de los recursos naturales, históricamente sobre la tierra y más recientemente sobre el agua, que generan una trama de conflictos sociales complejos. Del trabajo de campo surgen las diferentes formas en que los pobladores rurales perciben, valoran y significan sus actividades productivas en relación con el acceso al territorio, construyen sus identificaciones y demandas, así como sus transformaciones a lo largo de la historia. Estas formas inciden de manera significativa en las características que asume el trabajo predial y en las distintas estrategias que ponen en juego para proyectar herederos que permitan continuar la vida en el campo.
Además de las estrategias de la "gente de la colonia" para ocupar tierras en la reproducción de las unidades domésticas, en la zona de estudio se ha desplegado un conflicto fundiario reciente (que ya anticipamos al presentar a la familia Ramos), conocido localmente como "el Lote 5". Se trata de un área de 385 ha ubicada en Colonia Pastoreo, donde viven en la actualidad aproximadamente 70 familias, de las cuales 14 sufrieron en el año 1991 una experiencia de desalojo traumática de sus tierras, que ocupaban en el "Lote 14" de Colonia Isolina.
La relocalización y la ocupación en el Lote 5 surgieron a partir de una demanda colectiva, y se hicieron efectivas tres años después del desalojo, cuando en el año 1994 el Estado compró el terreno, que inscribió a nombre de una cooperadora perteneciente al municipio. Si bien fue una forma de dar una respuesta coyuntural a un reclamo estructural, las familias lograron conservar hasta la actualidad -y transcurridos quince años del desalojo- una tenencia precaria de la tierra, por lo que han generado a lo largo del tiempo distintas formas organizativas en pos de la titularización (Hlebovich, Kostlin, Regunega, Vidal y Garrido, 2013). La más reciente iniciativa en la que participan algunas de las familias involucradas en el conflicto del Lote 5 ha sido la organización de la Cooperativa de Pequeños Productores Kurupi, que fue creada en el 2013 con el apoyo de personal técnico de la actual Secretaría de Agricultura Familiar. Este ha resultado un ámbito de formación y pertenencia significativo para dichas familias, sobre el que volveremos más adelante.
Otra situación de conflicto reciente que podemos destacar (anticipada en este caso en la presentación de la familia Salas) se encuentra enmarcada más explícitamente como un conflicto ambientalista (Soto Fernandez, 2007); o, en otros términos, como una ambientalización de un conflicto (Leite Lopes, 2006). Se trata en este caso de acciones de resistencia de varias familias de pobladores rurales de la Colonia Aparicio Cué, que se vieron obligadas a ceder sus tierras para la construcción de una estación de transferencia eléctrica en el marco del Plan de Terminación de Yacyretá. El proyecto fue conducido por la empresa Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) y la Empresa Binacional Yacyretá (EBY), y forma parte de las obras de ampliación del trazado de la línea de 132 kw, entre Calendaria y Puerto Mineral.
Cuando se produce la llegada de las maquinas que iban a comenzar la construcción de la estación de transferencia, la "gente de la colonia" organizó una acción colectiva de protesta, a la que acudieron también miembros de la Cooperativa Kurupi (en ese momento en ciernes), quienes se encontraban ocasionalmente reunidos en la zona. Los vecinos fueron obligados a retirarse del lugar por medio de las fuerzas policiales y agentes municipales; no obstante, la protesta fue experimentada positivamente por los pobladores ya que se trató de un momento de unión, que resultó en una demora de aproximadamente un año de la instalación.
La "ambientalización" de este conflicto surge en la medida en que los vecinos de Aparicio Cué no solamente cuestionaron el uso de sus chacras para la instalación de torres y transformadores, sino que alertaron sobre el impacto ambiental en el lugar de construcción de la planta y los riesgos a la salud de las poblaciones aledañas, especialmente en los niños, además de interrumpir un camino vecinal y una vertiente de agua dulce. Si bien solicitaron que la planta transformadora se construyera en una zona despoblada, la empresa logró retomar las obras en 2012 tras una intervención política y judicial.
Estos dos conflictos sociales que hemos presentado sucintamente (y retomaremos mas adelante) se recortan en un contexto que, a partir de datos censales, catastrales y del trabajo de campo, podemos describir como un espacio rural en disputa. En tal sentido, la extensión de explotaciones forestales resulta quizás el hecho más significativo de los últimos años, con la creciente presencia de la empresa Alto Paraná S.A. en la zona de estudio representando una amenaza latente para las familias que allí residen, por el uso de agrotóxicos que afectan la salud humana, vegetal y animal, así como por el valor económico que para la explotación forestal adquieren terrenos ocupados por generaciones de pequeños productores.
Pese a que tiene más de un 30% de su población viviendo en ámbitos rurales, el municipio de San Ignacio se desarrolla a espaldas de "las colonias". En el discurso político y la opinión general de los pobladores, esta orientación se fundamenta en el carácter "improductivo" de las chacras de la zona, como rasgo que permite diagnosticar cierta "decadencia" en comparación con otras colonias más productivas del Departamento. Además de las Ruinas Jesuítico Guaraníes de San Ignacio Miní, ubicadas en el casco urbano, en los últimos años existe una tendencia a valorizar dos zonas dentro del Municipio, ambas sobre el Río Paraná y en dirección opuesta a la zona de colonias referida: un área privada destinada a actividades recreativas y deportes náuticos que es promocionada turísticamente como el "Club del Río" y una zona donde se encuentran el Parque Provincial Teyú Cuaré y la Reserva Ozonunu (actualmente gestionada por la fundación Temaikén), áreas naturales protegidas.
Como hemos anticipado, los colonos capitalizados y los grandes propietarios no viven en el campo en San Ignacio: Aparicio Cué, Pastoreo e Invernada son residencia de comunidades indígenas y familias auto-identificadas generalmente como "gente de la colonia", las que disponen de parcelas de 25-50 hectáreas (excepcionalmente 100-200) o son ocupantes. Allí desarrollan pequeñas huertas y plantaciones (generalmente de mandioca, maíz y caña de azúcar), crían animales de granja y reciben planes asistenciales del Estado. En el trazado de la RP 210 se encuentran cuatro establecimientos educativos de nivel primario, una planta de procesamiento de yerba mate, un obrador de una empresa contratista que realizó durante los últimos años construcciones viales derivadas de la empresa hidroeléctrica localizada en el río Paraná, algunos viveros e importantes plantaciones de pinos.
Dada la escasa distancia de esta zona rural con el centro urbano, los pobladores de Aparicio Cué y Pastoreo (en menor medida los de Invernada) tienen facilidades relativas para circular entre ambos espacios, o incluso alternar el lugar de residencia cuando se les impone la necesidad. Del trabajo de campo surge que los desplazamientos desde el campo a la ciudad ocurren cuando los pobladores deben vender su predio por razones económicas, cuando el número elevado de descendientes no les permite continuar a todos ellos en el predio de forma económicamente sostenible o cuando su carácter de ocupantes plantea algún conflicto con los propietarios. La vuelta al campo se produce cuando logran cierta capitalización en la ciudad que les permite comprar algún predio, o bien cuando logran la ocupación de algún espacio fiscal (en esta zona, generalmente en el trazado de calles aún no "abiertas") y/o privado.

La familia Ramos y la familia Salas

El panorama local anteriormente presentado oficiará de trasfondo para analizar cómo las experiencias formativas vinculadas al trabajo rural de dos familias de ocupantes de la zona rural de Aparicio Cué y Pastoreo se vinculan con las auto-identificaciones como colonos, ocupantes y/o agricultores familiares, con el acceso restringido a la tierra que usufructúan, y con la participación heterogénea en demandas colectivas.

La familia Ramos

Conocimos a la familia Ramos en el año 2013 cuando, al presenciar una reunión de la cooperativa en la que ellos participan, recibimos la invitación para conocer a la familia y su trabajo en la chacra. Como anticipamos, la Cooperativa Kurupi reúne a pequeños productores de algunas colonias del Departamento de San Ignacio: Aparicio Cué, Invernada, Pastoreo (algunos de ellos desalojados del "Lote 5") y Roca Chica. Por ese entonces se encontraba en proceso de conformación legal, en el cual eran apoyados por personal técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar, que además colaboraba en la gestión de distintas líneas de crédito y financiamiento del Ministerio de Agricultura de la Nación.
La familia Ramos fue la anfitriona de la reunión en su casa de Colonia Pastoreo, donde el matrimonio de Enrique y Rita vive con su hija menor, Leila. Días después nos contaron, mates de por medio y caminatas por la chacra, acerca de su historia familiar y productiva. Enrique es oriundo de Santo Domingo Savio (Departamento de San Ignacio), de padre y madre nacidos en Campo Viera (Departamento de Oberá) y uno de los hijos menores de un total de 13 hermanos: 8 varones y 5 mujeres. Tanto él como su esposa cursaron estudios primarios: Enrique hasta 7° grado y Rita hasta 3°.
Tanto los padres de Enrique como los de Rita eran tabacaleros y ellos continuaron con el trabajo de sus padres cuando formaron una familia en Colonia Isolina. Tienen 9 hijos (8 mujeres y un varón) y varios nietos. Al momento de conocerlos, el único hijo varón del matrimonio, de profesión gendarme, tenía planificado asentarse en la Colonia una vez confirmado el pase a San Ignacio. Por ello Enrique se encontraba construyendo una vivienda al lado de su casa para que su hijo pudiera instalarse allí con su futura familia. "Acá nunca se van a morir de hambre", nos aseguró Ramos: "lo único es que hay que trabajar, siempre hay cosas para hacer y yo lo espero… entre los dos vamos a poder trabajar mejor". Respecto de sus hijas, dos viven y trabajan en Buenos Aires y las seis restantes formaron familia y se asentaron en zonas aledañas, a excepción de Leila, de 18 años, que vive con ellos en Pastoreo y asiste a la escuela secundaria en Alberdi.
La familia vivió principalmente de la plantación de tabaco pero hace cinco años aproximadamente decidieron "cambiar a la mandioca" por distintos motivos, entre ellos la inversión que el tabaco implica en mano de obra y los problemas de salud asociados al uso habitual de agro-tóxicos en los tabacales. Por entonces, Enrique logró incrementar la producción de su chacra de 5 hectáreas mediante el "arreglo" con el dueño de un predio cercano (quien vive en la ciudad y cuenta con 500 hectáreas de tierra). Así, los Ramos pudieron acceder a 50 hectáreas, que utilizan para plantar sus cultivos anuales a cambio del cuidado de dicho predio y la participación en las ganancias. Enrique es el encargado del trabajo y organización de la peonada como también de la administración y el mantenimiento del tractor.
Uno de los primeros hechos que nos contó al visitar su chacra fue la experiencia traumática de desalojo que vivió la familia hace más de 20 años: el conflicto de "Lote 5" que anticipamos en apartados anteriores. Además de proporcionarnos detalles sobre la genealogía del conflicto y el proceso de asentamiento de las 14 familias en el actual terreno de Colonia Pastoreo, nos explicó que, a pesar de los años transcurridos, todos continúan en una situación irregular de tenencia de la tierra. A su juicio, el fenómeno de familias ocupantes constituye uno de los problemas más importantes de la colonia ya que, entre otras cuestiones, inhabilita el acceso a créditos y financiamientos productivos, y por ende a la posibilidad de proyectar a futuro el trabajo y la familia.
El desalojo fue un momento difícil, de incertidumbre y angustia por haber perdido "todo". Por más de un año tuvieron que acampar en un espacio que cedió la iglesia para las familias desalojadas. Mientras tanto, Enrique participó activamente en las negociaciones políticas para conseguir el terreno y una vez lograda esa instancia, trabajó para levantar nuevamente su vivienda y recomenzar la producción: "Yo tenía mi casa, mis animales, mi chacra: tenía todo. Estábamos bien allá, era un colono. Cuando yo llegué acá era todo monte, no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos camino ni colectivo. Íbamos a pie a San Ignacio, caminando 17 km. Pensamos en urbanizar y fuimos haciendo la Colonia. Pero hoy sostenerse en Pastoreo es difícil… Mi idea es llegar a vivir de la chacra otra vez. Ya basta de salir por el jornal para afuera… porque la fuerza del hombre se va… y yo quiero vivir de mi chacra".
De lo anterior es posible intuir que la experiencia del desalojo implicó para Enrique una redefinición en su posición de sujeto y en las formas de auto-identificación respecto de las circunstancias vividas: si bien no tenía la propiedad de la tierra, "era un colono" que se vio obligado a procurar estrategias de ocupación de un nuevo predio destinado a la chacra, a emplearse como asalariado rural y a participar de instancias de organización política y productiva para garantizar la reproducción de su familia.
Enrique nos relató así el momento de desalojo: "Teníamos la policía en el camino, no podíamos entrar ni salir, ni comprar ni vender nada de la chacra. Yo tenía los viveros de tabaco esperando para plantar pero no dejaban entrar a nadie. Entonces, por medio de los que estaban afuera, llamé a la compañía en Alem [propietaria del terreno], de ahí venimos [fuimos] a la Municipalidad de San Ignacio… Nada… Entonces yo vine de vuelta y en nuestra Colonia reuní a todos los vecinos y les dije: `Así es el tema, vamos a buscar otro medio´. Así que nos juntamos, fuimos a hablar con el intendente, yo fui varias veces. Le pedimos que espere dos o tres días para intentar buscar otras vías y que no nos dejen en el camino. Yo no sé hablar, no sé expresarme, pero un día yo hablé en la radio y dije lo que estaba pasando".
El relato de Enrique nos permite pensar en los procesos formativos que se desarrollaron en el marco del conflicto, vinculados a los procesos de negociación política para acceder al terreno, al momento de organizar social y territorialmente a las familias desalojadas para su reubicación en el Lote 5, y al reiniciar el trabajo productivo en su nueva chacra, en un espacio donde "era todo monte" y donde comenzó la reconversión productiva del tabaco a la mandioca.
Con el paso del tiempo, Enrique comenzó a participar en la conformación de la Cooperativa de Pequeños Productores Kurupí, un espacio de organización social y productiva a través del cual hoy continúa gestionando colectivamente los reclamos de tierras correspondientes, y realizando actividades productivas en conjunto que le permiten proyectar un futuro en la chacra. Como surge de los testimonios anteriores, este espacio institucional no se encuentra ajeno a las experiencias formativas que Enrique desarrolla y despliega cotidianamente en la chacra, las que se integran a su historia personal y productiva y le permiten encontrar nuevos sentidos a la identificación como "gente de la colonia", a partir de las posibilidades y relaciones sociales que estos espacios institucionales generan.
Enrique reconoce la cooperativa como un lugar de pertenencia y apuesta al futuro: "Yo le digo a la gente [de Pastoreo]: hay que agruparse y soñar, pelear para mejorar la calidad de vida en todo sentido… Para poder progresar porque si no ¿qué van a hacer tus hijos, qué van a hacer tus nietos? ¿Qué visión van a tener ellos, cómo van a ir a la escuela? Yo no quiero que ellos pasen lo que yo pasé de chico; yo quiero que ellos estudien y trabajen en la chacra, para que si vos plantás una planta sea para vos, no para otro. Por eso es importante la cooperativa, que es nueva. La cooperativa nació ayer y nosotros estamos golpeados de hace más de 20 años, pero hay que aportar. Todos queremos salir a mirar el sol".
En este sentido, podemos pensar que los aprendizajes producidos en el marco de los conflictos –en este caso, demandar un terreno al Estado, organizar una colonia, establecer una chacra en un terreno inexplotado- no son posibles de establecer a priori y guardan estrecha relación con el devenir del desarrollo mismo del conflicto. Son heterogéneos, y en ellos pueden confluir distintas dimensiones y aspectos del aprendizaje que exceden el marco del conflicto, y se nutren de los distintos sujetos y las relaciones sociales que establecen entre ellos. Por eso, por un lado, Enrique recupera la experiencia del desalojo y es a partir de allí que encuentra sentido específico a su participación en la cooperativa como continuidad de aquel.
Por otro lado, frente a las pocas hectáreas que les fueron otorgadas en el Lote 5, Enrique despliega un conjunto de estrategias que le permiten hacer efectivas formas concretas de trabajo en la chacra a partir de condiciones y formas socio-productivas que construye a partir del conflicto (el "arreglo"). Estas estrategias se construyen y dinamizan cotidianamente en relación con otros sujetos, al calor de los vaivenes de la inestable situación de ocupantes, en la que el uso, apropiación y puesta en práctica de saberes se encuentran estrechamente vinculados con formas de territorialización –la chacra en el Lote 5, las 50 ha que "hace producir", el cambio productivo del tabaco a la mandioca-, las que ponen en evidencia la compleja relación entre sistemas y prácticas de producción, procesos de identificación y experiencias formativas.

La familia Salas

Conocimos a la familia Salas a través de Susana quien, en el año 2012, nos recibió en una dependencia municipal donde se desempeñaba en un puesto vinculado con el agro y la producción. Nos contó que desde la infancia vivía y trabajaba en la chacra, aun cuando reconocía que esta tarea había quedado relegada recientemente por sus nuevas obligaciones laborales en el gobierno local.
Por ese entonces, la unidad doméstica estaba compuesta por su esposo, sus dos hijas pequeñas y su madre, su hermana y tres sobrinos que momentáneamente residían allí. Susana es la menor de 7 hermanos, y recuerda que de niña acostumbraban a levantarse temprano para atender a los animales junto con su padre. Alimentaban a los cerdos, se "pegaban una lavada" y luego se dirigían a la escuela caminando unos siete kilómetros. A la tarde continuaban trabajando en la chacra, ya que era una familia numerosa y necesitaban, para garantizar la alimentación diaria, la producción para el autoconsumo y también el empleo informal: el "raleo del pino", "hacer carbón" y la producción de miel de caña.
Susana comenzó sus estudios secundarios en una escuela de modalidad agrícola, pero debió abandonarla para dedicarse al trabajo en la chacra y las labores domésticas. Sin embargo, y a diferencia de sus hermanos, le interesó acompañar a su padre a distintas actividades relacionadas con organizaciones de base y programas estatales, en especial el Programa Social Agropecuario, los que motivaron su posterior participación en demandas colectivas sobre la cuestión social agraria.
Susana recuerda que su primera participación activa fue en una demanda colectiva de carácter ambientalista, cuando representó a la población de San Ignacio en defensa de los ríos y en solidaridad con trabajadores de las olerías ubicadas a orillas del río Paraná, afectados por una represa: "Nosotros estamos afectados por Yacyretá, en realidad todo San Ignacio. El arroyo Cazador, por ejemplo, es afluente del Yabebirí, y es el arroyo que bordea el terreno donde vivo; si llega a crecer un poco más, la cota nos afecta directamente. Hubo bastantes conflictos en la zona, especialmente con las olerías y con los compañeros que hacían ladrillos a la orilla del río… levantaban la cota y les tapaban las olerías, y después le bajaban [la cota], para que la gente se canse y se vaya. Muchos eran ocupantes sin título de propiedad y contratados así nomás, y no le reconocieron ni su tierra ni su trabajo".
De joven trabajó con su madre, Doña Amelia, comercializando los productos de la chacra en la Feria Franca del pueblo. Fue así como se constituyó en una referente activa en la Unión de Jóvenes Feriantes y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar, lo cual le brindó cierta experiencia en la militancia social agraria. Participó también en cursos de producción y comercialización para jóvenes rurales, impulsados por la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, en los que adquirió conocimientos de computación y saberes vinculados a la elaboración de planes de negocios, cálculo de costos y organización de la demanda, además de estimular su interés en promover la organización social y productiva en su territorio.
Para Susana, pasar de un espacio de militancia social al trabajo en la gestión municipal no resultó una decisión fácil, pero asumió el desafío de aportar desde allí a la construcción comunitaria de propuestas para el sector. En el 2012, a un año de andar ese camino, nos señaló su convencimiento de que "en la agricultura familiar es fundamental la organización social", como condición de posibilidad y sostenimiento de la producción: "Sin organización social no puede pensarse lo productivo. Es necesario asumir que lo colectivo es fundamental para pensar en cómo producir y defender nuestra tierra".
Por ese convencimiento, Susana había promovido, junto con técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, la conformación de la Cooperativa de Pequeños Productores Kurupi en San Ignacio (institución a la que luego se incorporó Enrique Ramos), donde se generó un espacio de organización socio-productiva que procuraba dinamizar la participación de los pequeños agricultores de la zona y que, en sí misma, podemos considerar como un ámbito educativo significativo por la heterogeneidad de experiencias formativas que ha producido.
En el contexto de conformación de la cooperativa, junto con otros pobladores de la zona, participó activamente en la resistencia contra la construcción de la planta de transferencia eléctrica de Aparicio Cué: "Estábamos en un plenario de la Cooperativa y había dos productores que estaban en conflicto con una empresa de electricidad porque le iban a construir una planta de luz dentro del terreno; a uno le ocupan media ha y al otro 50m2. Es un proyecto nacional y no tenían ni siquiera estudio de impacto ambiental para demostrar que pueden construir ahí y que no va a dañar la salud. En el plenario, llega un productor y cuenta desesperado que la gente de la empresa quiere entrar al terreno para empezar a medir y no hay forma de frenarlos. Suspendimos el plenario, fuimos al terreno, ocupamos el espacio... y se fueron. Se postergó la obra un año pero empezaron nuevamente la construcción... Ahora ya no hay forma de frenarlos; además, tapan la vertiente de agua que tienen las familias en la chacra. Dijeron que le van a hacer una perforación y una red de agua… Igual no sirve, esa gente pierde su tierra, su espacio, su salud: es una falta de respeto".
Si bien el caso de Enrique Ramos resulta paradigmático de un conflicto social fundiario, el caso de Susana Salas también comparte estas experiencias, dado su carácter de ocupante. La familia de su marido había ocupado 22 ha a ambos lados de la RP 210, a la vera del arroyo Cazador, durante más de 30 años, si bien no habían logrado regularizar el título de propiedad. En el año 2004, parte de ese espacio fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante, debido al emplazamiento de un balneario en el arroyo que bordea su terreno.
Entre 2010 y 2011, ocho hectáreas de un lado de la ruta fueron destinadas para la construcción de un plan de viviendas sociales, y otras dos hectáreas fueron afectadas por el crecimiento de los cauces de agua tras el incremento de la cota de la represa de Yacyretá, por lo que ese sector del terreno fue desocupado por la familia. Por ello, las 12 hectáreas del otro lado de la ruta fueron el espacio que Susana y su marido utilizan hasta hoy: como la familia Salas había enfrentado varios intentos de ocupación del terreno y robos de animales, abandonaron la vivienda ubicada al fondo del predio y la relocalizaron en la entrada, a fin de poder hacer visible su ocupación. Allí también reubicaron su chacra y el criadero de cerdos y gallinas.
Si bien Enrique Ramos no contó con una experiencia intergeneracional de participación en demandas sociales agrarias y, en algunos casos, en conflictos ambientales como Susana Salas (los oleros de San Ignacio afectados por las cotas Yacyreta, la estación de transferencia eléctrica de Aparicio Cué), ambos han podido contextualizar su trabajo predial en un marco de relaciones socio-históricas complejas y amplias. Así, las experiencias formativas no han consistido solamente en la transmisión de saberes intra-predio, limitados a una forma familiar de producción, sino que también han conllevado la posibilidad de construir con otros, en diversos espacios y experiencias, una reflexión acerca del propio trabajo, en particular acerca de la creciente integración entre la cuestión agraria y la cuestión ambiental.

Conclusiones

Consideramos que el trabajo predial rural puede ser concebido como una experiencia formativa que implica aprendizajes acerca del mundo natural y social a través de las prácticas cotidianas, individuales y colectivas. La reproducción social requiere de la construcción de sucesores pero, como lo anticipan las discusiones acerca de la crisis del trabajo, éste puede ser entendido más allá de la mera reproducción física, como un espacio de realización personal y social, donde se adquiere autonomía a partir de un conocimiento que deriva de su labor.
Por medio de las dos familias presentadas, es posible ver cómo, si bien ambas están ubicadas estructuralmente en la categoría de ocupantes, responden de modo diferencial y situacional a las auto-descripciones, y también pueden reconocerse como colonos o agricultores familiares, dependiendo estas referencias de una menor o mayor vinculación con las políticas estatales del sector respectivamente. Sea con una u otra denominación, es posible asistir a los intentos de los pobladores rurales por permanecer en el campo, lo que puede ser interpretado como formas cotidianas de resistencia a una estructura social agraria de corte extractivista, establecida históricamente en la zona pero que se ha visto incrementada en las últimas décadas.
En esta proyección de un futuro rural, nuestros interlocutores reconocen el valor de lo que se aprende por medio del trabajo en la chacra, en tanto implica saberes específicos y una moralidad basada en los principios de autonomía y autosostenimiento en la reproducción social. El hecho de participar de demandas colectivas y políticas al Estado proporciona, no obstante, características distintas a estas experiencias formativas prediales: mientras Enrique Ramos las problematiza en términos de los conflictos en términos territoriales, Susana Salas articula las cuestiones fundiarias con demandas ambientales que exceden incluso a la "gente de la colonia": por eso apoya a los oleros afectados por Yacyretá y a los vecinos de Aparicio Cue frente a la instalación de la estación de transferencia eléctrica, anticipando inadvertidamente en el primer caso las consecuencias que luego sufriría ella misma en su chacra.
Al comparar las dos familias, es posible observar que comparten una situación estructural similar (son ocupantes y combinan coyunturalmente el trabajo predial con trabajo asalariado), y ambas se identifican como "gente de la colonia". Sin embargo, es importante notar que han participado en distinto tipo de conflictos (fundiarios en el caso de Enrique Ramos y territoriales-ambientales en el de Susana Salas), así como en organizaciones sociales heterogéneas (Ferias Francas en el caso de Susana Salas, la cooperativas de productores en ambos casos). De esta forma, los sujetos comparten sus experiencias cotidianas vinculadas a las actividades de reproducción social con otros interlocutores, y conforman redes complejas que les permiten confrontar modos de producir en el campo, articulándose estos saberes con el conocimiento organizacional y político.
Al poner en relación las experiencias formativas vinculadas a la reproducción social, las identificaciones y los conflictos sociales agrarios, es posible intuir un plano que no suele reconocerse con tanta frecuencia por su carácter menos visible: la creciente ambientalización en la problematización cotidiana de nuestros interlocutores acerca del trabajo rural.
Es así cómo, aunque no tengan una expresión evidente en la esfera pública, las cuestiones ambientales emergen en las referencias a los cambios en las propias tareas agrícolas, y también en las transformaciones acontecidas a lo largo de generaciones. Los productores pueden "dejar el tabaco" por razones ligadas a la salud y el ambiente, a las que acceden a partir de su participación en comunidades de práctica heterogéneas, aun cuando no se integren en demandas "ambientalizadas". En estos procesos cotidianos de interlocución se producen las experiencias formativas que incluyen, asimismo, los momentos de conflicto: permiten que los sujetos se integren en espacios institucionales heterogéneos en su vida cotidiana, habilitando procesos de reflexión en torno al trabajo rural en los que la problematización del ambiente está progresivamente presente y se construye en el desarrollo del hacer, sea éste de lo más ordinario o el más conflictivo.

Notas

¹ Este artículo está basado en la ponencia "Experiencias formativas en el trabajo predial: demandas colectivas y reflexiones cotidianas sobre conflictos ambientales y territoriales en el sudoeste misionero", presentada en el 11º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo – ASET (2013). Agradecemos las sugerencias efectuadas por las dos evaluaciones anónimas de la revista Mundo Agrario, que nos permitieron aclarar el argumento principal de este artículo.

² Todos los nombres que utilizamos en este artículo se han modificado para preservar el anonimato de nuestros interlocutores.

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Fecha de recibido: 24 de octubre de 2013
Fecha de aceptado: 28 de mayo de 2014
Fecha de publicado: 1 de abril de 2015